Tema 5 2/2 (2016)

Resumen Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Criminología - 2º curso
Asignatura Tipologías penales
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 15/04/2016
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Tipos agravados En atención a los sujetos pasivos o víctimas Art. 177 bis. 4 CP El Ap. 4, reformado contiene como subtipos agravados en consideración a las víctimas: a) La puesta en peligro de la vida o la integridad física o psíquica de las personas objeto del delito. Sólo cabe la puesta en peligro dolosa, excluyéndose la que se produjera por imprudencia grave debido a la regla de la taxatividad en la punición de comportamientos imprudentes del CP español.
b) La víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad, estado gestacional, discapacidad o situación personal, o sea menor de edad. El denominador común a todos ellos es la de producir en la víctimas una especial vulnerabilidad, la cual se distingue de la contenida en el Ap. 1 por su gravedad —especialmente—. Estos condicionamientos del sujeto pasivo son: 1. Enfermedad, la cual puede ser tanto física como psíquica y ha de entenderse que es grave.
2. Estado gestacional. Esta expresión plantea dos posibles entendimientos: 1. que la mera constatación del embarazo de la mujer objeto de la trata da lugar a este tipo agravado, o, por el contrario, 2. que se ha de tratar de mujeres embarazadas y que por su estado, generalmente avanzado o por problemas derivados de su particular gestación, las hace especialmente vulnerables.
3. Discapacidad. “A los efectos de este Código se entiende por discapacidad aquella situación en que se encuentra una persona con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras, puedan limitar o impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.
4. Situación personal, concepto cuya amplitud habrá de ser delimitado por el marco de la vulnerabilidad y la gravedad.
5. Sujeto pasivo menor de edad. Por tal se entiende a los que contaran con me- nos de 18 años al inicio de la acción de trata. Tiene su fundamento en la necesidad de una mayor protección de está víctimas, por su mayor vulnerabilidad y por el mayor peligro que para ellos supone la trata y la mayor gravedad de las secuelas que le dejarían.
El apdo. 4 establece dos reglas de agravación de la pena: a) agravación de primer grado, consistente en el castigo de cualquiera de los subtipos menciona- dos con pena superior en grado, esto es, de 8 años y un día a 14 años; b) agravación de segundo grado, consistente en que la pena anterior se podrá imponer en la mitad superior, esto es, de 11 años y un día a 14 años. En este segundo supuesto se exige que concurriere más de una circunstancia de las recogidas en el ap. 4 de cualquiera de sus letras a) y/o b).
Por la condición del sujeto activo Art. 177 bis. 5 CP El Ap. 5 contempla como subtipo agravado el prevalerse de la condición de autoridad, agente de esta o funcionario público, configurándose este tipo agravado como un delito especial impropio.
La acción de prevalerse implicará abusar de las mayores facilidades que tiene el sujeto activo por razón del cargo que se ocupa, no siendo necesario estar en el ejercicio de las propias funciones.
En cuanto a la penalidad se contemplan dos niveles de agravaciones: a) la pena superior en grado a la del apdo.
1 e inhabilitación absoluta de seis a doce años; b) concurriendo alguna de las circunstancias del ap. 4, se impondrán las penas anteriores en su mitad superior.
Por pertenencia a organización Art. 177 bis. 6 CP Para que concurra la agravación por organización será necesario: a) Que la organización o asociación se halle integrada por más de dos personas. En el caso de clanes predominantemente o exclusivamente familiares, concurriendo sus requisitos, puede aplicarse este subtipo agravado.
b) Que esta tenga una cierta permanencia, aunque sea de forma transitoria. Lo que viene exigiendo de manera reiterada la jurisprudencia es: 1. una red estable y jerarquizada, aunque sea elemental y transitoria; 2. que existan medios materiales y humanos coordinados para traer súbditos extranjeros que entran en España; 3. en todo caso, no es suficiente el mero concierto de varias personas, ya que si no estaríamos ante un mero caso de coautoría.
c) Que la organización o asociación se dedique a la realización de tales actividades. El término dedicación requiere la realización de al menos dos o más actividades de trata. Sin embargo, no será necesario que la dedicación a la trata por la organización o asociación sea única, pudiendo concurrir con otras actividades que, generalmente, hacen de tapadera de tal actividad.
Las penas a imponer se diferencian en función de: (a) La mera pertenencia a la organización, la cual será castigada con la pena superior en grado a la del apdo. 1, que se impondrán en su mitad superior si concurrieran las circunstancias del apdo. 4, además de la pena de inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por el tiempo de la condena y si concurrieren las del apdo. 5, las señaladas en este en su mitad superior.
(b) Que se trate de los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones o asociaciones. En este caso la pena se aplicará en su mitad superior que podrá llegar hasta la superior en un grado si concurrieran las circunstancias de los apdos. 4 o 5 de este artículo.
Problemática concursal El Ap. 9 recoge la denominada cláusula concursal —sin pejuicio— para los delitos que se cometan con ocasión de la trata de personas, los cuales estarán relacionados, fundamentalmente, con: a) Los medios comisivos determinados a los que alude el propio precepto: violencia (homicidio, lesiones), intimidación (amenazas, detenciones ilegales), en- gaño (estafas), o simultaneándose una trata de personas con un tráfico de drogas utilizando a la mujeres traficadas a la vez como “muleras”.
b) La realización de las finalidades típicas: 1º En los casos de finalidad de explotación sexual, incluida la pornografía, aprecian concurso medial entre la trata y los delitos de prostitución); 2º En los casos de finalidad de explotación laboral: este delito podrá entrar en concurso medial con los delitos relativos a los derechos contra los trabajadores; 3º Tratándose de menores o incapaces utilizados para la mendicidad el concurso real sería con el art. 232; 4º En el caso de la finalidad de extracción de órganos corporales, entraría en concurso con el respectivo tipo de lesiones. Sin embargo, con relación a las conductas del nuevo delito del art. 156 bis, éstas podrían comportarse como actos preparatorios o actos posteriores impunes; 5º En los casos de la finalidad de matrimonios forzosos podrían entrar en concurso ideal medial con el art. 218 o con el art. 172 bis; 6º Si la finalidad fuera de la explotación para realizar actividades delictivas entraría en concurso real con el delito inducido a realizar o del que fuera autor mediato, cuando se trate de menores de 14 años.
La trata de personas se diferenciará del tipo básico de tráfico ilegal o inmigración clandestina además de por el diferente bien jurídico penal protegido en: La trata de personas tiene que realizarse siempre sin el consentimiento del sujeto pasivo, con el consentimiento viciado o, en todo caso, tratarse de menores de edad, mientras que en el tráfico ilegal se realiza con el consentimiento de los extracomunitarios, salvo, en su caso, en el subtipo agravado del art. 318 bis. 3 b).
En la trata de personas es indiferente la nacionalidad de las víctimas, mientras que en el tráfico ilegal tienen que ser extracomunitarios.
En el tráfico ilegal basta el dolo, en la trata de personas es necesario que concurra cualquiera de las finalidades referidas.
En la trata de personas no se exige el carácter transnacional, sí ha de darse en el tráfico ilegal. Al tratarse de tipos diferentes, cabría la posibilidad, que entraran en concurso de delitos ambas figuras. Tras la reforma de la LO 1/2015, en el art. 177 bis se contiene un delito más gravemente penado que el del art. 318 bis, tanto en sus tipos básicos como en los subtipos agravados.
V. DELITOS DE DISCRIMINACIÓN Arts. 510–512 CP Discurso del odio punible Art. 510 CP Incitación a discriminación, odio o violencia Art. 510.1 CP Tras la reforma de 2015, el nuevo precepto se divide ahora en tres apartados: En el primero (a) se tipifican las conductas de “fomento, promoción o incitación al odio, hostilidad, discriminación o violencia”. La incitación equivaldría a la provocación de la anterior redacción del precepto. El fomento y la promoción constituyen, en cambio, conductas de favorecimiento más indirectas. Todas estas conductas pueden ser directas o indirectas y deben realizarse, en todo caso, “públicamente”. La conducta puede recaer no sólo sobre un colectivo, sino también sobre alguno de sus concretos integrantes. Además añade a los motivos discriminatorios las “razones de género”.
En el segundo apartado (b) se tipifica la producción, elaboración, posesión para distribuir o facilitar el acceso a terceros, distribución, difusión o venta de mate- rial idóneo para la realización de alguna de las conductas previstas en el apartado a).
Finalmente, en el Ap. 3 (c) se castigan los delitos de negación, trivialización o enaltecimiento grave de los delitos de genocidio, lesa humanidad o contra personas o bienes en caso de conflicto armado.
Debe recordarse, a este respecto, que el discurso del odio no queda amparado por la garantía de la libertad de expresión.
La trivialización consiste en cualquier conducta por la que se minimice o reste importancia a hechos tan graves como el genocidio, los delitos de lesa humanidad o los crímenes de guerra. La trivialización ha de ser “grave”.
Por último, la conducta de enaltecimiento implica la realización de loanza o encumbramiento de actos de genocidio, lesa humanidad o de guerra. El tipo también prevé el enaltecimiento de sus autores.
Difusión de informaciones injuriosas sobre determinados colectivos Art. 510.2 CP El nuevo precepto se divide en dos apartados: En el primero (a), se castiga cualquier conducta de “humillación, menosprecio o descrédito” objetivamente adecuada para lesionar la dignidad de alguno de los grupos previstos en el Ap. 1 o a alguno de sus miembros, por alguno de los motivos discriminatorios previstos en el tipo.
En el Ap. 2 b) se castiga el enaltecimiento o justificación de cualquier delito cometido contra un colectivo, una parte del mismo o alguno de sus miembros por alguno de los motivos discriminatorios previstos en el tipo. A diferencia de lo que sucede con el enaltecimiento, la justificación implica una valoración positiva del acto, así como una cierta vocación de despertar en terceros idéntica valoración. Diversas son las diferencias entre este supuesto y el previsto en el Ap. 1 c). Por una parte, en este último precepto no se castiga la justificación, cosa que sí sucede con el Ap. 2 b). Por otra, las conductas del Ap. 1 c) van referidas a actos de genocidio, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, mientras que las del Ap. 2 b) deben tener por objeto cualquier otro delito que se haya cometido por alguno de los motivos discriminatorios previstos en el tipo. Ambas conductas pueden ser realizadas “por cualquier medio de expresión pública o de difusión”.
Tipos agravados Art. 510.3 y 4 CP En el nuevo art. 510.3 se tipifica un tipo agravado consistente en la realización de alguna de las conductas previstas en los apartados anteriores “a través de un medio de comunicación social, por medio de Internet o mediante el uso de tecnologías de la información, de modo que aquél se hiciera accesible a un elevado número de personas”. Debe entenderse que la publicidad del Ap. 3 no se refiere a cualquier medio de comunicación pública, sino exclusivamente a sistemas objetivamente adecuados para llegar a un número masivo de personas.
El nuevo art. 510.4 prevé un tipo agravado para los supuestos en que cualquiera de las conductas previstas en los apartados anteriores resulte objetivamente adecuada para alterar la paz pública o para crear un grave sentimiento de inseguridad o temor entre los integrantes del grupo. Basta con que la conducta sea adecuada para provocar alteración de la Paz o sentimiento de inseguridad, sin que se precise, en cambio, la producción de un resultado efectivo de lesión de tales intereses.
Penas y medidas interdictivas En el art. 510.5 se prevé la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de determinadas profesiones. En el art. 510.6 se recoge la medida interdictiva consistente en la posible inutilización o destrucción judicial del material resultante de la comisión del delito o del medio a través del cual el mismo haya sido cometido.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas El nuevo art. 510 bis CP prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos previstos en el art. 510 CP, de acuerdo con las vías de imputación para las mismas previstas en el art. 31 bis.
Denegación discriminatoria de servicio en el ámbito público Art. 511 CP Según doc.may, por “particular encargado de un servicio público” debe en- tenderse aquel sujeto que, sin ser autoridad o funcionario público, desarrolla una función pública. La LO 1/15 introduce como motivos discriminatorios las “razones de género” y la “discapacidad”.
Se castiga la denegación de la prestación por razones discriminatorias, pero nada se dice, en cambio, sobre los supuestos en los que el servicio formalmente se presta, aunque en condiciones injustificadamente inferiores por razones discriminatorias. Un sector de doc. propone la inclusión en el precepto de la cláusula final “(…) o los proporcione en condiciones inferiores sin justificación objetiva y razonable”.
La persona a la que deniega la prestación debe “tener derecho” a la misma. Quedan fuera del tipo, de este modo, aquellos supuestos en los que el trato diferenciado se encuentre justificado o amparado normativamente.
El autor del delito debe actuar impulsado por alguno de los motivos racistas o discriminatorios previstos en el tipo. Se trata de un catálogo cerrado de motivos.
Denegación discriminatoria de servicio en el ámbito privado Art. 512 CP En su tenor literal actual, el precepto tipifica un delito especial, del que sólo pueden ser autores los profesionales o empresarios.
El precepto tipifica la denegación de servicios en el ámbito privado. No se basa en una prestación sobre la base de un derecho abstracto o poco preciso, sino en un derecho o expectativa concreta del particular a una prestación.
El autor del delito debe actuar impulsado por motivos racistas, antisemitas, o alguno de los motivos discriminatorios previstos en el tipo. En estos supuestos, el empresario no puede ampararse en el derecho de reserva de admisión.
Respecto a la consumación del delito, la misma se produce con la acción de denegar la prestación por parte del sujeto activo, no obstante posteriormente se accede a la prestación por intervención de terceros.
Por lo que hace a las consecuencias jurídicas del delito, en la práctica la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio, prevista como pena única en el precepto, no resulta efectiva en modo alguno. Ello se debe a que, en muchas ocasiones, la pena privativa de otros derechos en cuestión es burlada por el condenado, que prosigue con su actividad inscribiéndola a nombre de otra persona. Ciertamente, del delito de quebrantamiento de condena sólo puede autor el condenado. No obstante, el art. 31 permite hacer responder a quien actúa en nombre o representación del condenado para cometer el delito, y al condenado como cooperador necesario.
En lo que a la responsabilidad civil se refiere, debe tenerse que cuenta que la aseguradora del local respecto del cual se ha denegado el acceso a alguien por las razones mencionadas en el precepto ostenta la cualidad de responsable civil directa, a pesar de tratarse de un delito doloso, y sin perjuicio de la acción de repetición que puede ejercer contra el asegurado.
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