LECCION 1: EL DERECHO PENAL (2017)

Resumen Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura DERECHO PENAL
Año del apunte 2017
Páginas 5
Fecha de subida 09/06/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

EL DERECHO PENAL: EL DERECHO PENAL COMO MEDIO DE CONTROL SOCIAL El derecho penal constituye uno de los medios de control social existentes en las sociedades actuales (como a familia o la escuela). Todos ellos tienden a evitar determinados comportamientos sociales que se reputan (consideran) indeseables, acudiendo para ello a la amenaza de imposición de distintas sanciones para el caso que dichas conductas se realicen; pero el Derecho Penal se caracteriza por prever las sanciones en principio más graves (las penas y las medidas de seguridad) como forma de evitar los comportamientos que juzga especialmente: los delitos. Se trata pues, de una forma de control social lo suficientemente importante como para que, por una parte, haya sido “monopolizado por el Estado”, y por otra, constituya un apartado fundamental del poder estatal. De ahí que el poder punitivo, reservado al Estado, solo pueda ejercerse de acuerdo con lo previsto por determinadas normas legales, a aprobar por los representantes del pueblo (Parlamento). Tales normas, que constituyen el Derecho Penal, deben determinar con la mayor precisión posible qué conductas pueden considerarse constitutivas de delito y qué penas pueden sufrir quienes las realicen. Es lo que conocemos como “principio de legalidad”, y en ello consiste el carácter formalizado que distingue al Derecho Penal de otros medios de control social.
Aunque el Derecho Penal no es el único medio de control social que se ejerce a través de normas jurídicas que prevén sanciones formalizadas para ciertas conductas, pues a Administración Publica puede, así, imponer a través de sus funcionarios sanciones administrativas (multas de tráfico, etc.) y sin embargo ello no se halla previsto por el Derecho Penal, sino por el Administrativo.
El Derecho Penal solo determina las penas o las medidas de seguridad que pueden imponerse en un proceso judicial penal. El Legislador es quien decide qué sanciones puede confiar al Derecho Administrativo y cuáles, en cambio, han de reservarse al Derecho Penal. Éste ha de limitarse a ofrecer el último recurso (ultima ratio) para cuando los demás medios de control social, jurídicos o no, resultan insuficientes.
El límite entre el Derecho Penal y el Administrativo sancionador plantea una problemática tanto de lege lata (desde el Derecho vigente) como de lege ferenda (Derecho deseable).
De lege lata, lo único seguro es que las sanciones administrativas se distinguen de las penas por la razón del órgano llamado a imponerlas: si la impone un alcalde, por ejemplo, se trata de una sanción administrativa; mientras que será una pena aquella que imponga un Juez o Tribunal judicial en una condena penal.
En su caso, la Administración no puede imponer penas privativas de libertad, y esto abre el debate De lege ferenda, acerca del carácter de ultima ratio que suele atribuirse.
EL DERECHO PENAL EN SENTIDO OBJETIVO Y SUBJETIVO El Derecho Penal suele entenderse en 2 sentidos distintos, objetivo y subjetivo.
En el objetivo, significa el conjunto de normas penales; mientras que el Derecho Penal subjetivo (también llamado derecho a castigar o ius puniendi) es el derecho que corresponde al Estado a crear y a aplicar el Derecho Penal objetivo.
Profundizando en el Derecho Penal Objetivo, suele partirse de la definición que se propuso antaño: “Derecho Penal es el conjunto de normas jurídicas establecidas por el Estado, que asocian el crimen, como hecho, a la pena, como legitima consecuencia”. Pero resulta insuficiente, pues por un lado, ya no puede afirmarse que el Derecho Penal señale solo las “penas” o los delitos, sino que ahora dispone de un segundo mecanismo, el de las “medidas de seguridad”.
Por otra parte, el Derecho Penal no debe reducirse a las normas que establecen las penas y las medidas de seguridad, pues no solo constituye un conjunto de normas jurídicas dirigidas a los jueces ordenando imponer penas o medidas de seguridad, sino que comprende ante todo las normas que se dirigen a los ciudadanos para que no cometan delitos previstos por la ley, prohibiendo bajo la amenaza de una pena la comisión de delitos.
LA PENA Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD COMO COMPONENTES DEL DERECHO PENAL La pena constituye la sanción tradicional que caracteriza al Derecho Penal.
En sí, es un mal con el que amenaza el Derecho Penal para el caso de que se realice una conducta considerada delito. La privación de libertad para el que mate a otro, prevista por el Código Penal, o la señalada para el que robe una cosa, son ejemplos de penas.
Por otro lado, las medidas de seguridad no presuponen la amenaza de un mal (pena), sino de un tratamiento dirigido a evitar que un sujeto peligroso llegue a cometerlo. Así, el Derecho español se ha caracterizado por prever un amplio elenco de medidas de seguridad predelictuales, llamadas así porque no exigen como presupuesto la comisión previa de un delito. El CPenal admite solo las medidas de seguridad postdelictuales, que solo pueden imponerse cuando el sujeto ha demostrado su peligrosidad mediante la efectiva comisión de un delito previo. Estas medidas no se imponen como reacción frente al delito cometido, sino para evitar otros en el futuro, atendiendo a que la peligrosidad del sujeto queda comprobada cuando el mismo ya ha cometido un delito. Un ejemplo de las postdelictuales son las que regulan al enfermo mental que comete un delito, según las cuales éste podrá ser sometido a tratamiento o ingresado en un centro, no como pena, sino como ayuda para evitar que lo vuelva a hacer.
“Las penas y las medidas de seguridad coinciden en perseguir ambas la prevención de delitos”.
DEFINICION DE DERECHO PENAL OBJETIVO A tenor de lo explicado en estas últimas líneas, cabe decir que son Derecho Penal las normas jurídicas que asocian al delito, como presupuesto, penas y/o medidas de seguridad, como consecuencia jurídica. Ante todo, supone normas que prohíben la comisión de delitos, y está integrado no solo por normas en sentido estricto, sino también por valoraciones y principios.
Dicho esto, precisamos la definición de Derecho Penal: “Conjunto de normas, valores y principios jurídicos que desvaloran y prohíben la comisión de delitos y asocian a éstos las penas y/o medidas de seguridad, como consecuencia jurídica”. Es un instrumento de control social. (Es una norma con rango de ley orgánica) DERECHO PENAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO Además de penas y medidas de seguridad, la comisión de un delito puede acarrear una tercera consecuencia jurídica: la responsabilidad civil derivada de un delito. Se trata de decidir si las prescripciones que la establecen pertenecen o no al Derecho Penal.
La comisión de un delito puede ocasionar un daño patrimonial y/o moral en la victima u otros perjudicados. Mediante la pena no se resarce al perjudicado por dicho daño, así que para ello se prevé la responsabilidad civil, donde el autor del delito deberá reparar el daño economico causado o indemnizar los perjuicios mediante el pago de una cantidad. (El ladrón no solo debe sufrir la pena privativa de libertad, sino que está obligado a restituir la cosa robada y a indemnizar los daños causados a la víctima. Lo mismo pasa con un homicida).
En nuestro Derecho español, el CPenal regula la responsabilidad civil derivada del delito. A menudo, en los delitos poco graves puede tener mayor eficacia intimidatoria la responsabilidad civil que la penal.
Es de destacar que en la actualidad se abre paso a la tendencia, totalmente justificada, a contemplar la reparación económica del daño causado como una de las exigencias que impone una adecuada consideración de la víctima (y no solo del delincuente) como uno de los protagonistas centrales del delito.
La Política Criminal no debería preocuparse únicamente del delincuente, sino también de dar satisfacción a la víctima.
En este aspecto, el CPenal Español admitió la posibilidad de sustituir las penas de prisión de hasta 2 años de duración que en principio deberían imponerse por penas de multa y/o trabajos en beneficio de la comunidad. También admitió la posibilidad de conceder condena condicional al haber satisfecho, en lo posible, las responsabilidades civiles. Aunque cabe destacar que el concepto de “responsabilidad civil derivada del delito” trata, como su nombre indica, de una responsabilidad de carácter civil, de modo que aunque el CCivil remita al CPenal para su regulación, es preciso recurrir constantemente a los preceptos del Civil para llenar las lagunas de la regulación del Penal.
La pena, por su parte, se prevé como consecuencia de la infracción que prohíbe penalmente realizar el delito; en cambio, la responsabilidad civil derivada de delito n exige, necesariamente, la infracción de la norma que prohíbe delinquir.
Es decir, mientras que es concebible la pena sin una acción penalmente antijurídica, el CPenal establece la responsabilidad civil para sujetos que ni si quiera han intervenido en la realización del hecho. A diferencia de la pena, la responsabilidad civil no ha de verse como castigo por la infracción de una norma, sino como la reparación de un daño, que trata de restablecer la situación alterada por dicho daño. El deber de reparar se impone a aquel sujeto que ha causado el daño en determinadas circunstancias. Mientras que la ley prohíbe la realización del delito y la pena solo puede imponerse a quien infringe dicha prohibición, el sentido de las normas que establecen la responsabilidad civil no es prohibir a los responsables civiles la causación del daño patrimonial o moral antes de que se produzca, sino determinar quién o quienes deben asumir aquel daño una vez causado y en qué medida deben hacerlo.
Si por Derecho Penal se entiende el conjunto de las prescripciones penales en sentido estricto, las prescripciones reguladoras de la responsabilidad civil derivada de delito no podrán considerarse parte del Derecho Penal, pues se diferencias claramente de las prescripciones penales.
Por otro lado, junto a la Ciencia jurídico-penal y la Criminología, existe también la llamada Politica Criminal. En un primer sentido, se refiere al conjunto de criterios empleados o a emplear en el tratamiento de la criminalidad.
LÍMITES ESPACIALES DEL DERECHO PENAL ESPAÑOL Y EXTRADICIÓN El Derecho Penal español coexiste con las legislaciones penales de los demás países, y por tanto, la materia pertenecerá al Derecho internacional privado en la medida en que supone la “delimitación espacial de las legislaciones penales de diferentes Estados”.
• • El punto de partida es el Principio de territorialidad. Según el mismo, el Derecho español es aplicable a los hechos delictivos cometidos dentro del territorio español. (8.1 CC) El fundamento de dicho principio debe verse en el interés del Estado en el mantenimiento del orden público dentro del territorio en que ejerce su soberanía, tanto en tierra, mar y aire.
Por otro lado, el Principio del pabellón hace extensible la aplicación del Derecho Penal español a todos los hechos cometidos en una embarcación o aeronave española.
Junto al principio de territorialidad, cabe mencionar otros principios que permiten aplicar el Derecho Penal español a hechos cometidos fuera del territorio (extraterritoriales).
- El principio de personalidad, que permite aplicar el Derecho Penal español a españoles que delinquen en el extranjero.
Determina la extensión del Derecho español a los españoles que hayan delinquido fuera de España. Aunque este principio no podrá llevarse a cabo, entre otros preceptos establecidos, en el caso de que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o que al menos, no haya cumplido aún la condena.
• - El principio real o de protección, que lo hace aplicable a hechos cometidos en el extranjero contra ciertos bienes jurídicos que se considera necesario proteger de tales ataques extranjeros. Da lugar a que el Derecho penal español se extienda a hechos cometidos fuera del territorio español que constituyan determinados delitos lesivos de intereses del Estado español.
- El principio de derecho universal (o principio universal), que fundamenta la aplicación del Derecho Penal a delitos que lesionan bienes supranacionales cualquiera que sea el lugar de comisión o la nacionalidad del autor. Amplia el ámbito de vigencia a delitos considerados lesivos de intereses comunes a todo Estado, y que en principio todo Estado podría perseguir con independencia de la nacionalidad del autor y del lugar donde se encuentre. Aunque España restringe esa posibilidad a no ser que se trate de genocidio, lesa contra la humanidad, terrorismo, piratería, etc. Aun así, es preciso que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o que al menos, no haya cumplido aún la condena.
Para que el Derecho Penal español pueda aplicarse efectivamente a un sujeto en los casos anteriores, es preciso que se encuentre a disposición de los tribunales españoles. Si no es así porque el sujeto se halla en un país extranjero, habrá que distinguir según se trate de un de la UE o no.
Fuera de la UEuropea, la extradición es la única forma de poner a un sujeto que se halla en el extranjero a disposición de los Tribunales (españoles) contra su voluntad. Si el sujeto está en un Estado no miembro, España puede pedir a ese país la extradición del delincuente (extradición activa), y de ser al revés y tener que entregarlo a otro país, extradición pasiva.
Si el sujeto SÍ se encuentra en la UEuropea, podemos reclamarlo directamente por un juez español emitiendo una orden de detención europea dirigida al juez competente del país en que se encuentre el sujeto. No son aplicables por tanto los principios de la extradición ni sus procedimientos.
...