Tema 15 (2012)

Apunte Español
Universidad Universidad de Málaga
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Derecho civil I
Año del apunte 2012
Páginas 4
Fecha de subida 29/04/2016
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TEMA 15: LAS RESTRICCIONES JUDICIALES DE LA CAPACIDAD 1) LA INCAPACITACIÓN, PLANTEAMIENTO GENERAL.
Reformado por la ley de reforma 13/83 y a su vez, después del artículo 202 al 214 derogados por la LEC de 2000 ya que todo el tema paso a esta ley.
Es un Estado civil que modifica la capacidad de obrar de la persona, que dependiendo de la enfermedad, el sujeto quedará privado total o parcialmente de su capacidad de obrar.
Artículos 199 y 200 se deduce que nadie puede ser incapacitado si no hay sentencia judicial de por medio, es decir, un proceso previo y obviamente el pronunciamiento de una sentencia judicial. El 200 determina qué tipo de enfermedades son las que han de concurrir en esa persona para que se considere incapacitada. Estas pueden ser de carácter físico o psíquico y es fundamental que impida a la persona gobernarse por ella misma.
Antes de la reforma del 83, entre las enfermedades el legislador había decidido hacer alusión a enfermedades concretas: demencia, sordomudez, locura… El legislador, cuando llega esta reforma decide innovar en una causa genérica todo lo que son enfermedades físicas o psíquicas sin determinar qué tipo de enfermedad. Sobre las enfermedades en general, tienen que concurrir dos elementos para que sea válido: Volitivo e Intelectivo Si no se da alguno de estos dos elementos el acto será inválido. De modo que hay una serie de enfermedades que incapacitan a la persona para la realización de diferentes actos. Por lo que si una persona incapacitada para dicho acto, interviene, el acto será inválido. El artículo 1261 exige entre sus requisitos del negocio jurídico, el consentimiento y, estas personas no pueden consentir plenamente. La Ley de 24 de Octubre de 1983 modificó varias cosas: 1º. Se paso de la tutela de familia a la tutela de autoridad. Cuando existía una persona incapaz, quedaba bajo la custodia de la familia. Después de la reforma, se exige que esté bajo la tutela de un curador, un familiar o un tutor establecido por el juez. Con todo esto se evita la situación y se intenta garantizar tanto como la persona como los bienes del sujeto declarado incapaz.
2º. También se remodelan las causas de incapacitación. Ahora se habla de una causa general en la cual nosotros podemos introducir enfermedades nuevas que también pueden estar relacionadas.
3º. También se introduce una graduación en los efectos de la incapacitación. Ahora ya, si una persona queda sujeta a un proceso judicial para determinar su incapacidad o no, la respuesta va a ser el grado de incapacidad de esa persona, pudiendo ser incapacitada parcialmente, totalmente o simplemente tener un defensor judicial para algunos casos de administración. Esto se denomina incapacitación gradual.
Por eso, el legislador, tal y como dice el artículo 149 nadie puede ser incapacitado sin sentencia judicial. En esta sentencia vamos a ver como esta tiene que reunir una serie de requisitos y se van a realizar una serie de pronunciamientos tales como la extensión o límites de la incapacitación y la guarda o la custodia a la que va a quedar sujeta la persona. Se distinguen tres estados en función de la incapacitación de la persona:  El tutor: es representante legal, esto es, que sustituye a la persona en la realización de todos y cada uno de los actos que vaya a realizar, y va a administrar sus bienes. Por lo tanto, suple a la persona, se considera, que un tutor se nombra cuando la incapacidad es absoluta. En cambio, el artículo 162 nombra a un sector de los bienes de la persona, denominados bienes de la persona o derechos personalísimos, que no pueden ser suplidos por el tutor, porque corresponde a la esfera privada del incapacitado, aunque este tampoco puede realizarlos porque no tiene capacidad. La doctrina discute si el tutor puede asumir el papel de velar por esta persona en una serie de asuntos concretos y determinados, en aquellos en los que él no ejercicio de ese derecho consideraría un perjuicio considerable para esa persona.
 Curador: se considera un asistente, ya que su característica principal es que tiene carácter asistencial. El cargo de curador es más limitado que el de tutor, porque no suple al incapacitado, sino que tal y como dice el artículo 289.
 Defensor judicial: solo actúa en casos en los que de manera coyuntural no podrían hacerlo ni el curador ni el tutor.
En la sentencia de incapacitación se identificará qué tipo de custodia se le adjudicará al incapacitado.
1 La extensión ha de ser proporcional al grado de discernimiento. Cuando el grado es mínimo, procede la intervención de la tutela.
A veces, cuando se configura la tutela, el juez puede determinar qué actos puede realizar el incapacitado, incluso una serie de actos especificados en el artículo 271- 272 que necesitan autorización judicial para ser realizados por el tutor.
2) CAUSAS DE INCAPACITACIÓN Tal y como se especifica en el artículo 199.1 se podría esperar que el legislador realizara una enumeración como antiguamente hacía. Sin embargo, leyendo el 200 lo único que se puede encontrar es una causa general de incapacitación: enfermedad o demencia persistente de carácter físico o psíquico que impida a la persona gobernarse por sí misma. Al legislador le da igual el origen de la causa de la perturbación. Al juez lo único que le importa es el grado de discernimiento de esa persona. Incluso no les vincula el informe del Ministerio Fiscal. Los elementos que han de concurrir para que haya incapacitación son los siguientes:  Enfermedad o deficiencia de carácter físico o psíquico: el legislador con esta fórmula ha permitido englobar los supuestos en los que la persona no puede gobernarse por ella misma. Aunque nos hallemos ante enfermedades físicas, tendrán una connotación psíquica, ya que no tienen posibilidad de autogobierno. Por eso mismo no se consideran causas de incapacitación las deficiencias que no afectan al autogobierno de la persona.
 Persistencia: cuando hablamos de persistencia no significa que la enfermedad venga de hace mucho tiempo, sino que hablamos de futuro, esto es, que se prolongue en el tiempo. Durante un periodo de tiempo con una entidad suficiente como para que se adopten una serie de medidas que garanticen tanto la protección de la persona como la de su patrimonio. Dependerá de las pruebas que se aporten, de que los actos anteriores a la incapacitación sean invalidados, ya que a partir de la sentencia de incapacitación solo quedan invalidados los actos posteriores a dicha incapacitación.
 Enfermedades de carácter psíquico: hay una doctrina jurisprudencial que considera que estas enfermedades reúnen el requisito de la persistencia, porque a veces resulta bastante difícil probar el momento exacto en el que esa persona tenía un intervalo lúcido, por lo que ante la duda el juez decide incapacitar.
 Que las enfermedades o deficiencias impidan a la persona gobernarse por ella misma. Es preciso, que estas enfermedades sean de tal naturaleza e incida de tal manera en la capacidad natural de la persona, que se considere al final, que esta persona no puede actuar responsablemente en defensa de sus propios intereses. Es indiferente que la enfermedad sea congénita o adquirida. Es importante saber que el juez no queda vinculado por le informe médico y por eso el artículo 759.1 de la LEC, dice que el juez examina al incapaz.
No se deben confundir las causas de incapacitación con minusvalías que van a permitir a la persona, como persona con discapacidad. Cuando hablamos de una persona discapacitada, la Ley 41/2003 de 18.11 de Protección Patrimonial de las personas con discapacidad, hablamos de permitir la vinculación de un patrimonio a una persona discapacitada. La finalidad de esta ley es permitir una serie de bienes para que con ellos y al rentabilidad que con ello se produzca, se haga frente a las necesidades tanto ordinarias como extraordinarias de la vida de ese discapacitado, generalmente esta ley de patrimonios protegidos, ha permitido que por ejemplo; los padres de niños discapacitados no tienen que hacer donaciones o ventas y se les beneficia a efectos fiscales. Tampoco es igual un incapacitado que una persona en situación de dependencia, a ella se refiere la ley 9/2006 de 14.12 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Son personas que bien por enfermedad o vejez necesitan de otras personas para realizar sus necesidades más básicas, pero esto no significa que esté incapacitada.
3) PROCESO DE INCAPACITACIÓN Titulo 9 del Código Civil. Ha sido reformado por la ley del 83. Esta ley pasa a regularse de los artículos 748 a 7** de la LEC. Este procedimiento se sigue a través de un juicio verbal, legitimación activa: presunto incapaz, cónyuge o pareja de hecho, descendientes ascendientes o hermanos del presunto incapaz. Estos son los legitimados para el procedimiento de incapacitación. Cuando hablamos de menores el párrafo 4º del artículo 75* habla de estas personas. La incapacitación la pueden promover también el MF o si él tuviera conocimiento de la existencia de una persona incapacitada o no lo ha solicitado. También puede cualquier persona que tenga interés y conocimiento de la situación, que ha de ponerlo en conocimiento del MF. El juez que es el único en este caso que no puede incoar de oficio, tiene que ponerlo en conocimiento de MF para que éste lo informe a él.
2 Hasta que no exista sentencia de incapacitación se presume la capacidad de obrar.
incapacitación natural. El artículo 759 impone al juez la práctica de tres medios de prueba: Con ello se da una situación de  Oír a los parientes o allegados de esa persona  Examinar al presunto incapaz  Acordar los dictámenes necesarios en relación con las peticiones de la demanda.
Las medidas protectoras que puede adoptar el juez, son un medio para que la persona que se declara incapacitada quede protegida mientras se lleva a cabo el procedimiento son 1.
El nombramiento de un administrador para sus bienes 2.
Intervención de cuentas corrientes 3.
Nombramiento de un defensor 4.
Anotación preventiva de demanda de incapacitación en el Registro Civil o en el registro de propiedad.
El artículo 770 de la LEC dice que la sentencia que declare la incapacitación determinará la extensión y los límites de esta, el régimen de guarda y tutela al que ha de quedar sometido y también se ha de pronunciar sobre la necesidad o no de internamiento de esa persona. Generalmente, si se ha pedido todo en la demanda, esto se especifica en la sentencia. Una vez que se dicta la sentencia, nada impide que pueda en un futuro ulterior modificarse o intervenir con nuevos hechos de manera que se debe modificar igualmente dicha sentencia. Lo que significa que dicha sentencia no es permanente, sino que puede cambiar.
La sentencia de incapacitación puede ser: A. Declarativa: esta sentencia no sirve para determinar la incapacitación, ya que en esta sentencia el juez solo se basa en repetir algo que ya se sabe, sin atribuir ningún derecho a la persona.
B. Constitutiva: quiere decirse que uno pasa de un estado capaz, a un estado incapaz, a través de la sentencia.
La sentencia de incapacitación va a privar al incapacitado de la capacidad de obrar necesaria para la participación de los actos a los que se refiera. Generalmente, en términos prácticos el juez no especifica en la sentencia qué puede hacer cada persona, sino que es de carácter general, y ya se deduce posteriormente los actos para los que esa persona está incapacitada. Una vez se tiene la sentencia de incapacitación, el tutor o curador podrá impugnar todos y cada uno de los contratos celebrados por la persona incapacitada. El tercer punto es que quedan al margen de la sentencia de incapacitación determinados actos que no afectan al ámbito contractual y que tienen una especial relevancia en el ámbito personalísimo, por ejemplo: la ley permite que un incapacitado celebre matrimonio en intervalo lúcido o que reconozca a un hijo extramatrimonial. Otro punto de la sentencia es que tiene carácter constitutivo y carece de carácter retroactivo, es decir, la sentencia de incapacitación es para el futuro, aunque esto no quiere decir que los actos realizados antes de la sentencia no queden impugnados. Por último, la gradación de la incapacitación, el artículo 760 de la LEC en relación a lo que dispone el Código Civil establece que en la sentencia se fijará el grado de incapacitación dependiendo del mayor o menor discernimiento de la persona.
Sobre la reintegración y modificación de la capacidad de obrar. Es posible que una persona declarada incapaz, pueda en un futuro recuperar la capacidad de obrar. Los efectos de la incapacitación van a perdurar mientras que no se diga lo contrario. Las personas legítimas, para este procedimiento son: a) Los que ejercen el cargo tutelar o las personas que se encuentran a cargo del incapaz.
b) El Ministerio Fiscal.
c) El propio incapacitado.
Para ello, se suele pedir o bien la extinción de la incapacitación, por lo que lo que se solicita es que se le rehabilite la capacidad de obrar. También se suele pedir la modificación del alcance de la incapacitación. Finalmente con respecto a la publicidad se establece en el artículo 555 de la LEC y este artículo viene a decir que esa sentencia se va a comunicar de oficio al registro civil y a instancia de parte a otro registro.
3 Con lo que respecta al registro civil, la sentencia se va a inscribir en el registro civil, las maneras de acceder al registro es a través de dos vías fundamentales:  Anotación preventiva de demanda, se avisa a cualquiera que pretenda contratar con esa persona, de que esa persona se haya incursa en un procedimiento de incapacitación, “aviso a navegantes”.
 La otra manera es la inscripción, en este caso no es constitutiva de la incapacitación, ni de su modificación, ni de su extinción. A través de la inscripción se produce un cambio en el estado civil de la persona, lo que cambia el estado es la sentencia judicial y no la inscripción en el registro. Por tanto, si la inscripción no es constitutiva, tiene efectos probatorios.
El segundo registro al que puede acceder una sentencia de incapacitación es el registro de la propiedad. Artículo 4.2 de la LH contempla la inscripción de la sentencia de incapacitación en el folio de las fincas que posee el incapaz.
En el registro mercantil, el artículo 87.4 del reglamento del registro mercantil, hace referencia a la posibilidad de inscripción de la sentencia de incapacitación junto a la hoja abierta a cada empresario individual.
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