Unidad 7. El Tribunal Constitucional (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencia política y Gestión pública + Derecho - 1º curso
Asignatura Organización Constitucional del Estado
Año del apunte 2014
Páginas 4
Fecha de subida 03/12/2014
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Descripción

Unidad 7 de Organización Constitucional del Estado sobre el Tribunal Constitucional.

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Organización Constitucional del Estado Unidad 7. El tribunal Constitucional 1. El modelo de control de Constitucionalidad En España se sigue el modelo de control de Constitucionalidad concentrado, a diferencia de los Estados Unidos en que se emplea un modelo de control de Constitucionalidad difuso. En el concentrado, solo hay un único órgano que puede decir su una ley es constitucional o no. Todos los demás poderes, tienen la obligación de cumplir la ley, guste o no. Por este motivo, recibe el nombre de concentrado, ya que es el único órgano que tiene esta capacidad.
En el control difuso, cualquier juez a la hora de resolver un caso, un juicio, tiene la capacidad de inaplicar una ley si considera que esa ley es anticonstitucional en ese caso concreto. En el caso de apelación, llegaría al órgano equivalente a la Audiencia Provincial que dicta sentencia que se aplica en todo el territorio. Se pueden apelar las sentencias hasta llegar al Tribunal Supremo de los Estados Unidos que al considerar anticonstitucional una ley, esta lo será para todo el Estado.
2. La composición El Tribunal Constitución se compone de doce miembros. Hay que tener en cuenta que supone un problema que este número sea par y no impar. De estos:  Cuatro son propuestos por el Congreso de los Diputados por mayoría de tres quintos de sus miembros.
 Otros cuatro son propuestos por el Senado, con idéntica mayoría, de unos candidatos propuestos por las Comunidades Autónomas.
 Dos son propuestos por el Gobierno.
 Otros dos son propuestos por el Consejo General del Poder Judicial (159.1. CE) que generalmente designa a jueces.
El fuerte componente político en la selección de los magistrados se matiza con la exigencia al Congreso y al Senado de alcanzar una mayoría de tres quintas partes lo que obliga a buscar un alto grado de consenso. De esta forma se obliga a escoger de forma consensuada a las personas más capacitadas para poder ocupar ese cargo. Este es un procedimiento que, en la actualidad, ha perdido eficacia.
Los Magistrados del Tribunal, son elegidos entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de experiencia y con reconocido prestigio profesional entre Magistrados, fiscales, profesores de universidad, abogados, funcionarios públicos (159.2. CE). Estos son además independientes e inamovibles en el cargo, para poder garantizar esta independencia.
3. La duración del mandato Estos magistrados son elegidos por 9 años. Hay que tener en cuenta que: - No procede la reelección inmediata, salvo si se ha servido en el cargo por un plano no superior a tres años.
- No hay previsto límite de edad para su desempeño.
- La renovación se realiza por tercios a los efectos de asegurar la continuidad en las actuaciones del Tribuna (artículo 159.3. CE). El primer tercio es renovado por el Congreso, el segundo tercio es renovado por el Senado y el tercer tercio por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y Gobierno.
1 El Presidente del Tribunal Constitucional es elegido por los magistrados que integran el pleno (entre sus miembros) mediante votación secreta. Su mandato es de tres años, con la posibilidad de una solo reelección (art. 160 CE y art. 9 LOTC). Por el mismo procedimiento es elegido, también por tres años el Vicepresidente del TC.
4. Las competencias El Tribunal Constitucional puede funcionar, según los procesos que conozca en pleno o en salas. Las competencias del TC se pueden dividir en tres grandes bloques:  En materia de la constitucionalidad de Leyes y disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley.
 En materia de protección de los derechos fundamentales.
 En materia de la defensa de las competencias establecidas por la Constitución.
En el artículo 2.1 (LOTC), el Tribunal Constitucional conocerá en los casos y en la forma que esta Ley determina los procedimientos siguientes.
Primer bloque. La constitucionalidad de leyes El objeto de este grupo de competencias es expulsar del ordenamiento jurídico las normas anticonstitucionales a fin de garantizar que todas las normas se ajusten a lo establecido en la Constitución. Para ello se establecen tres tipos de principios:  El Recurso de Inconstitucionalidad (Art. 31 LOTC). Procede contra Leyes y normas con valor de ley (post constitucionales). Se declara derogado todo lo anterior a la Constitución contraria a la misma. Todo lo anterior pero constitucional, se mantiene. El Tribunal Constitucional solo tratará pues aquellas leyes o normas con valor de ley aprobadas después de la Constitución. El recurso de inconstitucional puede ser presentado por (art. 32 LOTC): o El Presidente del Gobierno.
o El Defensor del Pueblo.
o 50 diputados.
o 50 senadores.
o Los órganos colegiados ejecutivos y parlamentos de las Comunidades Autónomas contra leyes y normas con valor de Ley que puedan afectar el ámbito de sus competencias (art. 32.2 LOTC).
Sólo puede ser presentado por los órganos políticos señalados (no ciudadanos, no ONG’sm no partidos políticos, no colegios profesionales, etc.). No procede de oficio (no se llevará a cabo sin la presentación del recurso, es decir, no actúa por propia voluntad).
Ello origina que podría darse el caso de leyes cuyos contenidos sean inconstitucionales que se apliquen si no son recurridas. En la actualidad no procede el Recurso previo de Inconstitucional. Se presupone que las Cortes actúan constitucionalmente.
 La cuestión de Inconstitucionalidad. Procede cuando un Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte: o Al finalizar el proceso y estar para dictar sentencia.
o Considere que una norma con rango de Ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución.
o En tal caso, podrá plantear la cuestión al Tribunal Constitucional.
2 Cuando el juez observa que la norma que utilizará para dictar sentencia cree que es inconstitucional (ya que no se presentó ningún recurso de constitucionalidad). El juez no puede inaplicar la ley, lo único que pueda hacer es consultar al Tribunal Constitucional, lo que recibe el nombre de cuestión de inconstitucionalidad, lo que lleva a una suspensión del caso.
La representación de la cuestión de inconstitucionalidad implicará la suspensión de las actuaciones en el proceso hasta que el Tribunal Constitucional resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o norma con valor de la ley impugnada.
La presentación de la cuestión de inconstitucionalidad es voluntaria por parte del juez. Al juez se le puede instar, pero no obligar. Hay que tener en cuenta que este es un procedimiento poco utilizado por los jueces.
 Control de constitucionalidad de los Tratados Internacionales. (arts. 78 y 79 LOTC). La CE en el artículo 93, establece que si los tratados internacionales son publicados por el BOE, se incluyen en el Ordenamiento Jurídico, es decir, se incorporan como leyes. Si este o parte de este fuese inconstitucional, no podría entrar en vigor. El control de constitucionalidad de los Tratados Internacionales, puede realizarse en dos momentos diferentes: o Con carácter previo a su aprobación. En este caso puede ser solicitado por: el Gobierno, el Congreso y el Senado.
o Con carácter posterior a su aprobación. Deberá cumplir los requisitos o del Recurso de inconstitucionalidad o de la Cuestión de Inconstitucionalidad.
Los efectos de las sentencias en estos procesos (tanto los fundamentos jurídicos como el fallo) son Erga Omnes es decir vinculan a todos (poderes públicos y ciudadanos).
Las sentencias se conforman de la parte identificativa (número de la sentencia (por ejemplo: 14/2014, del 10 de octubre), el título de esta así como los magistrados que han participado en su redacción), de una parte reservada a la presentación de los hechos (qué ocurrió) y finalmente de los argumentos jurídicos, con un razonamiento jurídico con criterios jurídicos. Una vez fijados los hechos y los argumentos jurídicos se llega a la parte resolutoria, al fallo; si es constitucional o si no lo es.
Segundo bloque. En materia de protección de los derechos fundamentales El Tribunal Constitucional conoce del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades públicas relacionadas en el artículo 53.2 de la Constitución (es decir los artículos 14, más la Sección I del Capítulo II del Título I y el artículo 30.2).
La idea de los Derechos Fundamentales procede de Alemania. Allí la Constitución es llamada Ley Fundamental, de manera que los derechos allí incluidos se les denominaban derechos fundamentales. En el ámbito español, todos los derechos tendrían que ser considerados derechos constitucionales.
Ahora bien, el constituyente utilizó en la Constitución el término de derechos fundamentales, mientras que en otras partes utilizaba el nombre de derechos públicos o libertades públicos. El Tribunal Constitucional establece que los derechos incluidos en los artículos nombrados anteriormente, son los considerados derechos fundamentales, tendrán por tanto más garantías. Se encuentran fuera de estos, es decir, de los derechos fundamentales, los derechos sociales y económicos.
3 No procede por tanto el recurso de amparo para: - Para proteger otros derechos constitucionales que estén fuera de los artículos antes mencionados.
- Derechos reconocidos en normas infra-constitucionales o de naturaleza internacional.
- Ante otras pretensiones sociales.
El recurso de amparo sólo procede frente a lesiones de derechos por parte de los poderes públicos. No procede, por tanto, contra leyes ni frente a lesiones futuras o inciertas. Es de naturaleza subsidiaria, es decir, que si se ha vulnerado un derecho no se puede ir de manera directa al Tribunal Constitucional. La vía ordinaria son los jueces; hay que ir ante el juez, presentar un recurso y seguir toda la vía judicial para poder ir finalmente, al Tribunal Constitucional.
Es resulto únicamente por las Salas y no por el pleno. Los efectos de sus sentencias son fundamentos jurídicos, es decir, vinculan a todos aun que el fallo solo afecta a las partes.
Tercer bloque. En materia de defensa de las competencias establecidas por la Constitución El Tribunal Constitucional se encarga de: - Los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí (artículo 60 LOTC).
- Los conflictos de atribuciones entre los órganos constitucionales del Estado (artículo 73 LOTC).
- Los conflictos en defensa de la autonomía local (artículo 75 bis LOTC).
- La impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y de resoluciones de las CCAA (artículo 161.2 CE).
El solo hecho de presentar estos recursos y que sean admitidos, ya implica la suspensión de aquello recurrido.
Otras funciones El Tribunal Constitucional también conoce de:  La verificación de los nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional, para juzgar si los mimos reúnen los requisitos por la Constitución y la presente Ley.
 De las demás materias que le atribuyen la Constitución y las Leyes Orgánicas.
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