Tema 13 (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad Jaume I (UJI)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Introducción al derecho procesal
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 04/05/2016 (Actualizado: 06/05/2016)
Descargas 7
Subido por

Vista previa del texto

m.almendros  Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario “malmendros”.
Tema 13: PRINCIPIOS GENERALES DEL PROCESO.
1. LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO.
A) sentido de la teoría de los principios: cuando se habla de tales principios se hace referencia a las ideas base de determinados conjuntos de normas ideas que se deducen de la propia ley aunque no estén expresamente formuladas en ella. Las repercusiones prácticas de los principios pueden manifestarse en diversos campos: 1. Como elemento auxiliar de la interpretación.
2. Como elemento integrador de la analogía para los supuestos de laguna legal.
3. Como marco teórico para las discusiones de lege ferenda  propuestas de mejora de la ley para una reforma futura.
B) La constitucionalización de algunos principios: algunos principios del proceso, en cuanto ideas base de conjuntos de normas, son un reflejo de la ideología que produjo esas normas.
Tradicionalmente se vienen sosteniendo dos posturas en torno a la condición técnica o política: 1. Para un sector de la doctrina las normas reguladoras del proceso civil son un derecho técnico, de modo que las reformas de las leyes procesales se explican sólo por la intención de adecuarlas al pensamiento dogmático jurídico o a las necesidades prácticas del momento.
2. En el otro extremo se ha venido proclamando la dependencia del proceso de la ideología política, con lo que se pretendía ponerlo al servicio de una ideología determinada.
C) La internacionalización de algunos principios: este fenómeno tiene gran interés para España habida cuenta de que el art. 10.2 CE dispone que “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.
2. PRINCIPIOS COMUNES A TODOS LOS PROCESOS.
Hay algunos principios que son consustanciales con la idea misma de proceso. Otros principios, son realmente reglas conformadoras de los procesos en concreto. Los principios comunes, parten de que el proceso es un actus trium personarum, en el que necesariamente concurren dos partes parciales y un tercero imparcial, y atienden a la intervención de cada uno de esos sujetos en el proceso.
3. DUALIDAD DE POSICIONES.
Al que formula la demanda se le llama actor o demandante (CIVIL) y al que ejercita la acusación acusador (PENAL); a aquél contra el que se interpone la pretensión se le llamaba demandado (CIVIL) y, si lo ejercitado contra él es una acusación, acusado (PENAL). Cabe un proceso con más de dos partes, en el que todas ellas asuman con plenitud los derechos y cargas procesales, y esto sin que exista una tercera posición distinta de demandante-acusador y demandado-acusado.
A) PROCESO CIVIL: manteniéndose el principio de dualidad, éste debe referirse a las posiciones, no a las partes. Cada posición pude estar ocupada por más de una parte y todas ellas poder actuar con plena autonomía procesal en la defensa de su derecho. Las dos posiciones pueden estar ocupadas por más de una parte, con lo que estaremos ante lo que suele denominarse proceso con pluralidad de partes.
B) PROCESO PENAL: la pluralidad de partes debe distinguirse entre: 1º. Acusador: la posición de acusador puede estar ocupada por más de una persona. Si el supuesto se da, tendremos una posición activa ocupada por varias partes acusadoras, las cuales podrán actuar con autonomía.
2º. Acusado: siendo posible que existan varios acusados por el mismo delito, nunca podrá decirse que la parte acusada es única pero compleja, porque cada uno de los acusados ha de ser enjuiciado individualmente.
En conclusión, la enunciación correcta del principio es dualidad de posiciones, no de partes.
4. CONTRADICCIÓN Y DERECHO DE DEFENSA.
El enunciado “nadie puede ser condenado sin ser oído y vendido en juicio”, hace referencia al principio de contradicción i distingue dos aspectos: a) El principio: tienen sentido cuando se le entiende como mandato dirigido al legislador ordinario para que regule el proceso, cualquier proceso, partiendo de la base de que las partes han de disponer de plenas facultades procesales para tender a conformar la resolución que debe dictar el órgano jurisdiccional.
b) El derecho de defensa: se concibe como un derecho de rango fundamental, atribuido a las partes de todo proceso, y para ser respetado por el tribunal que conoce del mismo, que consiste básicamente en la necesidad de que éstas sean oídas, en el sentido de que puedan alegar y demostrar para conformar la resolución judicial, y en que conozcan y puedan rebatir sobre todos los materiales de hecho y de derecho que puedan influir en la resolución judicial.
- Derecho fundamental de audiencia o defensa: principio como derecho fundamental de las partes, y se ha constitucionalizado en el art. 24.1 CE cuando prohíbe la indefensión, y también en el párrafo 2 de modo genérico (derecho a un proceso “con todas las garantías”) y de modo específico (cuando constitucionaliza aspectos concretos del derecho).
1º. Sujetos afectados: se reconoce a todas las partes, al demandado o acusado y también al demandante o acusador.
2º. Derecho autónomo: el derecho fundamental a no sufrir indefensión, tiene que entenderse como un derecho autónomo.
3º. Contenido del derecho: puntos importantes: 1º. Las partes han de poder conocer todos los materiales de hecho y de derecho que puedan influir en la resolución judicial.
 De hecho: las partes tienen la posibilidad real de conocer los materiales de hecho alegados por la otra parte.
 De derecho: el tribunal conoce el Derecho, no estando vinculado por las alegaciones jurídicas que le hagan las partes, pero no siempre está garantizado que las partes puedan conocer y argumentar en torno a esa “tercera opinión” antes de que se dicte sentencia.
2º. El contenido fundamental de la necesidad de ser oído, se cumple cuando se ofrece a las partes la posibilidad real de ser oídas.
 La posibilidad real de ser oído supone: 1º. La realización de las citaciones y emplazamientos adoptando las máximas garantías para que lleguen a conocimiento de la parte.
 2º. La existencia de recursos que permitan declarar la nulidad de lo actuado ante la falta de notificación.
3º. Distinguiendo entre incomparecencia y rebeldía.
El ser oído tiene que suponer los dos elementos básicos de todo proceso: alegar y probar.
En el derecho civil el derecho se respeta cuando se ofrece a las partes esta posibilidad real, sin que sea necesario que éstas hagan uso efectivo de la misma.
En el proceso penal la necesidad de ser oído adquiere connotaciones especiales cuando se trata del acusado, pues para éste no es un derecho renunciable.
4º. Vulneración del derecho: es necesario que se infrinja una norma de esta naturaleza para que se niegue el derecho de defensa. No existe indefensión sin vulneración de norma procesal. Supone además que: 1º. Se ha negado a una parte de modo real el tomar conocimiento de alguno de los materiales de hecho o derecho que pueden influir en el contenido de la decisión a adoptar por el tribunal.
2º. Se le ha impedido alegar lo que estime necesario para su defensa y ofrecer los medios de prueba relativos, bien de modo positivo a sus alegaciones, bien de modo negativo a las alegaciones del contenido.
- Principio de contradicción: modo de organizar el proceso en el cual se respete el derecho fundamental, y ello con base en dos argumentos: 1º. Considera que la contradicción entre las partes es un eficaz instrumento técnico.
2º. Atiende a que el instrumento técnico tenga que respetar los principios y reglas constitucionalizadas, de modo que en caso contrario la ley que lo regule puede declararse inconstitucional.
5. IGUALDAD DE LAS PARTES.
Este principio completa los anteriores, y requiere conceder a las partes de un proceso los mismos derechos, posibilidades y cargas, de modo tal que no quepa la existencia de privilegios ni en favor ni en contra de alguna de ellas. La igualdad de las partes en el proceso es sólo un principio, no un hecho; las desigualdades sociales, culturales y económicas convierten el principio de igualdad en algo que hay que buscar, no en algo que se nos dé ya conseguido. El estudio del principio requiere distinguir dos planos; uno relativo a en qué medida las leyes procesales consignan formalmente la igualdad y otro sobre la realización práctica de la igualdad legal.
A) IGUALDAD LEGAL: a) PROCESO CIVIL: la Ley de Enjuiciamiento Civil, parte de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y de que las partes son iguales en el proceso. En la LEC existen claras manifestaciones de búsqueda de la igualdad real en el proceso, pero se es consciente de que no es la norma procesal la que debe realizar la igualdad en la realidad social.
b) PROCESO PENAL: hay que distinguir entre las dos fases del proceso que atienden a criterios distintos: 1º. En el proceso preliminar: La LECRIM partía de la desigualdad de las partes en el sumario. Después de las reformas realizadas las desigualdades se han suavizado.
2º. En el juicio oral: la tendencia es aquí manifiesta a la igualdad ya que la LECRIM habla en múltiples ocasiones de partes sin distinguir.
a) IGUALDAD PRÁCTICA: desde diversos sectores se ha pretendido corregir la desigualdad acudiendo a remedios que se consideran inadmisibles y son tres: 1º.
La igualdad de hecho no puede lograrse en el proceso por el camino de establecer legalmente una desigualdad de signo contrario.
2º.
Tampoco puede corregirse la desigualdad dejando al criterio del juez la conformación del proceso procedimiento, para que lo acomode a las especialidades del caso concreto.
3º.
Ha venido pretendiéndose por algunos que el juez debe abandonar su actitud de imparcialidad y convertirse en protector de la parte más débil pero una cosa es conceder al juez facultades para corregir y subsanar los defectos en que hayan incurrido las partes en la realización de los actos procesales, y otra cosa que se convierta en abogado de una de las partes frente a la otra. Quien tal cosa exigiera, se estaría mostrando partidario de una justicia clasista, aunque de signo contrario.
La igualdad podría lograrse mediante una serie de medidas complementarias: 1. Reconocido en el art. 24 CE el derecho de acción, deben entenderse derogados por la Constitución todos los obstáculos y limitaciones legales a ese derecho en cuanto no supongan un encauzar razonablemente el ejercicio del mismo.
2. La simplificación de los diversos tipos procesales.
3. En el proceso civil, el legislador debe favorecer todas aquellas instituciones que puedan servir para poner a la parte socialmente más débil en condiciones de paridad, y desechar aquellas otras que contribuyen a convertir la igualdad de derecho den desigualdad de hecho.
4. En el proceso penal, los abogados de oficio suponen una distinción entre ricos y pobres. Hay que reducir al Ministerio Fiscal a la condición de parte y evitar que existan medios distintos para sostener la acusación y para formular la defensa.
5. La duración del proceso. El derecho a un proceso “sin dilaciones indebidas” del art.
24.2 CE no es está respetando y las medidas basadas en suprimir trámites y abreviar plazos, suponen en muchos casos minoración de garantías fundamentales.
...