lectura 5: 12 tesis en materia de detención policial preprocesal (2016)

Resumen Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención - 4º curso
Asignatura Models policials
Año del apunte 2016
Páginas 7
Fecha de subida 05/11/2016
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Raquel Nofuentes Luque LECTURA 5: 12 tesis en materia de detención policial preprocesal 1. El DDFF que afecta a la privación de libertad es la libertad ambulatoria - El valor jurídico que protege el art. 17 CE es la libertad física = libertad de ambulatoria o de movimientos, es decir, a libertad de abandonar donde se encuentra el sujeto.
2. La prevención de la libertad puede afectar al DDFF a la seguridad individual - El art. 17 CE equipara la libertad y la seguridad, pero se refiere a la seguridad como garantía de libertad personal.
- Hay que distinguir entre seguridad ciudadana  orden público I seguridad individualDDFF que equivale a la certeza del OJ aplicable y los intereses jurídicamente tutelados. La seguridad ciudadana no puede limitar la libertad individual, ya que no es un DDFF.
- Cuando la policía en el ejercicio de sus funciones priva injustificadamente de la libertad de una persona está afectando su derecho a la seguridad individual 3. La detención preventiva es una especie del género de privación de libertad - La detención preventiva practicada por las fuerzas y cuerpos de seguridad pertenece al género de privación de libertad, caracterizada porque afecta a la persona de quien se sospecha que ha cometido un delito - ¿privación de libertad= detención preventiva? O la detención preventiva es un modo de privación? - Se tiende más a que el término privación de libertad es el género de lo que la detención prevención seria la especie.
- El TC dijo afirmó que no pueden encontrarse situaciones intermedias entre l detención y la libertad. Lo que se quiso decir es que no deber haber ninguna situación fáctica de privación de libertad que quede exenta de protección constitucional, ya que conceptualmente no puede haber una situación intermedia.
- Los cuerpos de seguridad pueden practicar privaciones de libertad diferentes de la detención preventiva: registros, requerimientos para la identificación y los controles en las vías públicas.
4. Como regla solo la autoridad judicial puede privar de libertad - El principio de legalidad nos permite afirmar que la restricción del derecho a la libertad del ciudadano solo puede ser adoptada por e juez penal y como consecuencia de la sospecha fundamentada de la comisión de un delito y a través de un proceso legal.
5. Las detenciones preventivas policiales son detenciones “a prevención “ de la autoridad judicial - Hay supuestos de detención policial que constituyen una excepción al monopolio jurisdiccional anterior.
Raquel Nofuentes Luque - Cuando los agentes practican una detención lo hacen en cualidad de agentes de la policía judicial, como consecuencia de la comisión de un hecho punible y en función de la instauración de un proceso penal. La poli judicial actúa como un órgano auxiliar de la jurisdicción penal 6. La policía solo ha de detener “ a prevención”….
- A las personas sorprendidas en un derecho flagrante , intentado o consumado, y a las personas sospechosas de cometer un delito cuando haya un fin legítimo que justifique la detención - El precepto anterior no es automático, es decir, en el caso de la detención policial, entendemos que no pueden desvincularse los supuestos en que corresponda la detención de su finalidad legítima, ya que podría darse el caso de que, aunque fuera necesaria la detención, faltara el objeto de la privación de libertad: por ejemplo, cuando la persona a detener, a pesar de que haya cometido un delito flagrante, ofreciera absolutas garantías de comparecer ante el juez. Por tanto, una lectura constitucional del precepto pasa por entender que el deber de detener no surge de la pura constatación de un hecho que tenga acomodamiento en la norma, sino de la verificación paralela de que concurren los fines legítimos que pudieran justificar la privación de libertad.
- Personas sorprendidas en delito flagrante no es necesaria su detención , el conocimiento fundamentado ni la constancia de la perpetración del delito justifican su detención.
- Personas sospechosas de la comisión de un delito requiere que la autoridad tenga motivos racionalmente suficientes para creer que se está cometiendo un delito y que ésta ha participado en el delito.
- Personas que intentaran cometer, que fueran sorprendidas cometiendo o de las que se sospeche que han cometido una falta : las falas solo son punibles si son contra personas o contra el patrimonio. Por norma general, no se puede detener por falta, a no ser que ésta no tenga domicilio conocido o no diera confianza. Cuando no tenga domicilio pero se le pueda localizar ( vagamundos que viven en el mismo banco siempre) no detención.
7. La detención preventiva es exclusivamente instrumental del proceso penal. La persona investigada no es un instrumento del proceso - La detención policial puede producir la preservación inmediata del orden público, ya que apacigua el contexto social.
- Detención preventiva tiene como objetivo la puesta a disposición judicial del sospechoso. Se exige que sea inmediata por parte de la poli, que no dure más del tiempo necesario para la realización de indagaciones para esclarecer los hechos y no puede superar las 72h ( antes eran 24h). n este tiempo se entiende que hacen que la poli hace las diligencias necesarias hasta que el juez se pueda hacer cargo.
Personas sospechosas sorprendidas en caso de delito flagrante, sea intentado o consumado Raquel Nofuentes Luque - - - - Esclarecimiento de los hechos si el delito flagrante es el delito presenciado por la poli, no se entiende que tipo de investigación hay que hacer para esclarecer los hechos.
Ahora bien, es indudable que la detención no constituye en sí un instrumento o una técnica de descubrimiento de hechos y que, por tanto, la presencia o ausencia de la persona sospechosa en dependencias policiales es, o debería ser, heurísticamente intranscendente (los agentes policiales pueden seguir practicando diligencias independientemente de la presencia o ausencia de la persona sospechosa). Por tanto, el esclarecimiento de los hechos no puede justificar este tipo concreto de detención.
Consignar las pruebas del delito que puedan desaparecer y recoger y poner en custodia todo aquello que conduzca a la comprobación  la detención preventiva exige el pronóstico de que la persona si estuviera en libertad podría hacer desaparecer pruebas. No se podía hacer conforma aun riesgo abstracto, sino a un peligro en concreto. Por tanto, y excepto que el riesgo pudiera provenir de la misma persona afectada, no sería justificada la detención por ese único motivo.
Proteger a las personas ofendidas y perjudicadas por el delito, a sus familiares y a otras personas en vez de detener a la persona se podría proteger a las victimas , ya que sería una alternativa menos perjudicial para la consecución del fin perseguido.
La sustracción (fuga) de la persona sospechosa a la acción de la justicia una vez valoradas la naturaleza del hecho, la gravedad de la pena que se pueda imponer y los datos identificativos del delincuente , si se puede extraer un pronóstico razonable que, en caso de que no se produzca privación de libertad, la persona sospechosa será ilocalizable, habrá que practicar la detención y, en caso contrario, habrá que descartarla. En definitiva, se trata de asegurar la puesta a disposición judicial para que sea efectivo el traslado de la imputación judicial. Este aseguramiento es congruente con la verdadera finalidad de la detención preventiva como medio exclusivamente instrumental del proceso, lo que no equivale a convertir a la persona sospechosa en instrumento del proceso mediante su detención automática Personas sospechosas de la comisión de un delito - - Esclarecimiento de los hechos exige que la autoridad policial tenga motivos racionalmente suficientes para creer en la existencia de un hecho que presente rasgos de delito, así como que la persona que se intente detener ha tenido participación La inaplazabilidad de la actuación policial Si la actuación policial es «a prevención» de la autoridad judicial, la detención, amparada en este supuesto, solo puede entenderse justificada cuando la urgencia de la situación impida que la policía pueda poner los hechos en conocimiento del juez, de manera que éste esté en disposición de ordenar directamente e inmediatamente la detención.
En la práctica se observan numerosas detenciones policiales, amparadas en este supuesto, en las que no solamente no se advierte la situación de urgencia que justifique la intervención policial directa sino que, a buen seguro, si se remiten las diligencias policiales al juzgado para comunicar la existencia de los indicios que avalan la participación de la persona sospechosa en el hecho investigado , muy probablemente el juez, con criterio prudente, acordaría previamente la citación de la Raquel Nofuentes Luque persona sospechosa para recibirla en declaración como imputada en lugar de su detención inmediata. Así, puede pasar, en primer lugar, que la policía conozca la identidad de la persona sospechosa y su ubicación; si no concurren motivos de urgencia que hagan inaplazable la actuación policial, porque es imposible esperar la decisión judicial sin causar un notable perjuicio a la investigación, no se explica la razón que habilite la intervención policial si lo es a prevención 8. La detención preventiva solo puede durar el tiempo estrictamente necesario para la puesta a disposición judicial - ES un tiempo que no necesariamente ha de coincidir con el requerido para la conclusión de las diligencias policiales de investigación —cuyo ritmo puede ser muy diferente— sino que es suficiente la elaboración de un atestado mínimo para poder trasladar la imputación, sin perjuicio, como es natural, de la remisión de los atestados ampliatorios que sean pertinentes en el decurso de la instrucción.
- Por todo eso, es difícilmente sostenible la necesidad de un término de setenta y dos horas cuando de lo que se trata es de conducir a la persona detenida a las dependencias judiciales, por lo que estimamos más que suficiente como regla el término de veinticuatro horas.
9. Las decisiones policiales en materia de detención han de explicitarse motivadamente en los atestados - La motivación de las decisiones que implican el ejercicio de un poder es consubstancial al Estado democrático de derecho. Mediante esta motivación, como es tópico afirmar, al exteriorizar el fundamento de la decisión puede comprobarse la razonabilidad y el grado de ajustamiento con el ordenamiento jurídico. Han de ser motivados, con una referencia sucinta de los hechos y los fundamentos de derecho, los actos que limitan derechos subjetivos o intereses legítimos.
- Los atestados han de reflejar específicamente no solamente el hecho de la detención sino el supuesto legal que la fundamenta y la finalidad concreta que se persigue con esta medida, no de manera estereotipada sino fundamentada razonablemente .
Asimismo, han de expresarse las razones por las cuales, una vez producido el acto de la detención, se estima imprescindible el mantenimiento de la privación de libertad hasta la puesta a disposición judicial, ya que puede pasar que en el curso de la detención decaigan los motivos que la habían justificado (constancia fehaciente de arraigo personal de la persona detenida), aunque eso sería poco probable si se tiene en cuenta la inmediatez con que debería de hacerse la puesta a disposición judicial. Con esta obligación, en todo caso, podría perfilarse con claridad meridiana si efectivamente se ha hecho una detención «a prevención» o, al contrario, se trata de una detención inicialmente practicada o posteriormente mantenida por puras razones de orden público.
10. Las otras privaciones de libertad - El sometimiento a las diligencias policiales de identificación, registros y controles constituye una privación de libertad diferente de la detención preventiva, que Raquel Nofuentes Luque - - - - - presenta un relevante déficit regulativo contrario al derecho a la seguridad individual y al principio de seguridad jurídica.
De la doctrina del TS y el TC se extrae la siguiente conclusión: las hipótesis de requerimientos para la práctica de identificaciones, registros superficiales y controles policiales en la vía pública o establecimientos abiertos al público, no afectan al derecho fundamental a la libertad, siempre que estas «inmovilizaciones» de personas sean momentáneas, proporcionadas, necesarias e instrumentales para labores de prevención o indagación de infracciones penales Se prevé el requerimiento policial al ciudadano para su acompañamiento a dependencias policiales con el objetivo de hacer la identificación, cuando se trate de una persona no identificada de la que razonable y fundamentadamente pueda presumirse que esté en disposición actual de cometer un ilícito penal o que haya cometido ya una infracción penal o administrativa y, además, que concurra la circunstancia de que la identificación no pueda conseguirse por ningún otro medio que no sea la conducción a dependencias policiales. El tc ha sostenido que va más allá de una mera inmovilización de la persona y que por lo tanto se ha considerar como una modalidad de privación de libertad. Se le deben reconocer los derechos de: a) el derecho a ser informada de la razón de la privación de libertad y de los derechos que, como privada de libertad, la asisten; b) el derecho a no declarar, excepto con relación a los extremos necesarios para su identificación; c) el derecho a que las diligencias de identificación no se alarguen más del tiempo imprescindible.
Por tanto, será la conjunción de los factores de voluntad condicionada y temporalidad en el sentido indicado antes la que permita concluir que habrá una privación de libertad siempre que al sujeto conminado para someterse a la medida en cuestión le falten alternativas jurídicamente seguras al acatamiento de la orden y por eso deba permanecer en el lugar del que se trate durante un tiempo suficientemente largo para que el mismo sujeto, en aquel espacio de tiempo, pudiera haber abandonado el lugar.
La privación de libertad, además, será ilegítima cuando la decisión de adopción o bien la ejecución de la decisión no se ajusten a la legalidad vigente.
Derechos de las personas privadas de libertad: a) El derecho a no declarar ha de ser incondicional porque lo contrario cosifica a la persona privada de libertad y genera la tentación de recurrir a técnicas abusivas para obtener información.
b) Siempre que en los supuestos a regular una persona privada de libertad deba acudir o permanecer un tiempo, por corto que sea, en dependencias policiales, el derecho a la asistencia letrada ha de ser inexcusable.
c) El derecho al procedimiento de habeas corpus no tiene que ofrecer ninguna duda en ninguno de los casos a regular.
Habría que plantearse la posibilidad de que para establecer controles en las vías públicas con el objetivo de identificar y registrar a personas y vehículos, excepto por razones fundamentadas de urgencias que lo impidieran, fuera necesaria la obtención de una resolución judicial autorizante previa. Podrá decirse que con eso se corre el riesgo de incurrir en un vicio reglamentista, pero consideramos preferible asumir ese Raquel Nofuentes Luque riesgo que tolerar la situación actual de incerteza, que estimamos incompatible no solamente con el principio de seguridad jurídica sino también con el derecho fundamental a la seguridad individual 11. Los juzgados de guardia tiene el deber inexcusable de recibir a las personas detenidas que se le presenten dentro de su horario de apertura - En la LECr se establece que el juez, después de practicar las diligencias, deberá elevar la detención a prisión o bien decretar la libertad dela persona detenida en un plazo de 24 horas desde que lo hubiera entregado.
- Según la CE y la doctrina actual el tiempo imprescindible, siempre dentro de 72 horas máximas. Se deben computar desde la puesta a disposición judicial o desde la entrega de la persona detenida al juez.
- ¿ cuándo se entiende producida la puesta a disposición del juez? O bien mediante la comunicación al juzgado , por cualquier medio que quede constancia de que se han finalizado las diligencias policiales, o mediante la entrega física dela persona en el juzgado si el objetivo es la audiencia detenida pero esta no puede ser inmediatamente, la persona seguiría estado bajo la custodia de la policía. La primera tesis es la más correcta.
- a) una vez concluidas las diligencias policiales, la persona detenida tiene derecho a ser puesta inmediatamente a disposición judicial b)solamente unas circunstancias muy razonadas pueden justificar el rechazo del juzgado a la puesta a disposición, siempre que no suponga la vulneración de limte de 72 h máximo.
C)horarios de apertura de los juzgados: tres tipologías de prestación del servicio de guardia: — partidos judiciales con treinta y tres o más juzgados de instrucción, en los cuales el servicio empieza cada día a las 9 de la mañana y se adarga ininterrumpidamente durante veinticuatro horas; — juzgados únicos, en que el servicio de guardia es permanente y se presta durante la jornada diaria de trabajo; — otros juzgados, en que el servicio se presta con periodicidad semanal, en régimen de jornada partida, de nueve a dos de la mañana y de cinco a ocho de la tarde, de lunes a sábado; los domingos y días festivos es de diez a dos.
La persona detenida tiene derecho como mínimo a pasar a disposición judicial dentro del periodo de guardia de cada juzgado.
- lo que es relevante es la inexcusable obligación que pesa sobre el órgano jurisdiccional de recibir a las personas detenidas siempre que sean presentadas dentro del horario de apertura del juzgado de guardia, porque sería paradoxal exigir a las fuerzas y los cuerpos de seguridad agilidad en la actuación para reducir el período temporal de privación de libertad para luego tolerar extensiones injustificables del plazo de detención imputables exclusivamente a los órganos judiciales encargados, por definición, de velar por la salvaguarda de los derechos fundamentales.
12. El procedimiento de habeas corpus es el pilar esencial de la regularidad de un sistema jurídico que admite detenciones preventivas - Hemos afirmado ya que: Raquel Nofuentes Luque - a) los supuestos de sometimiento a diligencias policiales de identificación, registros superficiales y controles en las vías públicas constituyen supuestos de privación de libertad; b) la detención preventiva sólo puede tener como objetivo legítimo la puesta a disposición judicial; c) la puesta a disposición no justifica en general extensiones del plazo de detención preventiva superiores a las veinticuatro horas; d) hay un deber judicial de admitir la puesta a disposición dentro de los horarios de apertura de los juzgados El remedio eficaz para acotar eventuales infracciones de los principios citados y, a la vez, proteger el derecho fundamental a la libertad y la seguridad, es precisamente el procedimiento de habeas corpus, ya que otras opciones, como el recurso a la vía penal ante los posibles responsables de privaciones ilícitas de libertad, actúen a posteriori, por lo que si bien pueden reparar el daño causado, carecen en sí mismas de eficacia protectora inmediata del derecho.
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