Delito Fiscal (2017)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 4º curso
Asignatura Derecho Penal Económico
Año del apunte 2017
Páginas 6
Fecha de subida 18/06/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Delito fiscal (305 a 305bis) Los delitos en general prescriben a los 5 años de la consumación, y en el caso de de los delitos tributario empezaríamos a contar des del momento en que se acaba el período de la presentación de la liquidación tributaria. Por ejemplo, el IRPF se debe presentar el 31 de junio, y en el caso de que se presentara en 2.009 lo que estamos declarando es lo ganado en el 2008, aunque esto no quita que existan pagos a cuenta de este impuesto, donde cada mes el empresario deberá hacer una retención de lo que cobran sus trabajadores, pero él no estaría cometiendo un delito fiscal ya que éste únicamente pueden cometerlo los obligados tributarios, y el empresario sería únicamente el que verifica el hecho de imponible.
Pero si volvemos a la prescripción, éste delito prescribiría el 1 de julio de 2.014, lo que significa que si no hay un auto de admisión de la querella por delito tributario referido al IRPF del 2008 el delito estaría prescrito.
En el caso de Impuesto de Sociedades, éste se liquida a los 25 días siguientes de los 6 meses siguientes a la verificación del cierre, esto quiere decir que deberemos comprobar en los estatutos de la sociedad cuando cierran ejercicio. Así pues si una empresa cierra el ejercicio fiscal el 25 de diciembre deberá liquidar el 25 de junio, por tanto, si tengo que presentarlo el 25 de junio del 2009, el 26 de junio de 2014 prescribirá el delito. En el supuesto del IVA no debemos de confundir el período de liquidación de los grandes contribuyentes, que liquidarán mensualmente, y en cambio los pequeños liquidarán trimestralmente. Pero, con independencia de la autoliquidación a cuenta que se efectúa, el IVA es anual y el IVA del 2008 se debe verificar el 20 de enero de 2009, salvo que éste día caiga en domingo, que entonces se trasladará a lunes, y el delito prescribirá el 21 de enero de 2014. Así pues el período de consumación dependerá de cuando se deba liquidar el impuesto.
Aquí estábamos hablando de impuesto de autoliquidación, pero hay impuestos que no se autoliquidan, como el impuesto de transmisiones, que cuando se ha verificado el hecho imponible debe liquidarse, o el impuesto de donaciones donde una vez hecha la donación deberá liquidarse, con lo cual deberemos ir caso a caso, y deberemos identificar siempre el tributo que se defrauda y el ejercicio defraudado.
Habrá tantos delitos como impuestos y ejercicios, y por ello una persona se la puede procesar por tres delitos tributarios referidos al IRPF de tres ejercicio diferentes. Se entiende que cada modalidad va referida a un tributo concreto, no hay continuidad delictiva, porque la afectación es a cada tributo concreto referido a un ejercicio en particular, con lo que cada ejercicio es un objeto de protección distinto y estamos ante el mismo sujeto pasivo, la misma víctima, que es la Hacienda Pública.
Tipo básico El delito contra la HP es un delito patrimonial, según la doctrina mayoritaria, que viene a tutelar el patrimonio Público, en su manifestación relativa a la recaudación tributaria. Aunque identificar el bien jurídico en este delito no es una cuestión pacífica, donde otra corriente expone el carácter pluriofensivo del delito, en el que se protege el patrimonio de la AP y también el orden económico.
Si vamos al artículo 305.1, nos está diciendo que el delito podrá realizarse tanto por acción como por omisión, y la cuantía de la cuota tributaria defraudada debe exceder de 120.000€. En el supuesto del IRPF, yo tengo una serie de ingresos y tienes una serie de gastos deducibles que son los que me permite la legislación en cada determinado momento. A esto le aplicamos un tipo, y de éste obtenemos una cuota que será la que debemos ingresas a las arcas del estado, y de esa cuota yo ya puedo haber hecho pagos a cuenta à en esencial para poder cometer el delito solo puedo hacer dos cosas o bien disminuyo ingresos o aumento gastos. Esa es la esencial muy primaria ya que puede ser más sofisticado, defraudando por ejemplo en la actividad que estoy desarrollando, podría no pagar impuesto de IRPF y conseguir que una sociedad me pagara indirectamente y se trata de deducir como gasto de impuesto de sociedades todos los gastos que me sirven para vivir a mi y me pagara mi casa, mis vacaciones, es decir, la sociedad está soportando unos gastos que no tiene. Hay muchos profesionales que intentan montar una sociedad para que su vida personal la pague la sociedad y todas las comidas, la ropa y las vacaciones las paga la sociedad, y lo que se pretende es que los gastos que parecen vinculados al objeto social no lo son, en definitiva son ingresos en especie que estoy recibiendo indirectamente, y si me los dieran a mi para que yo pagara el colegio de los niños serían ingresos en mi IRPF. Eso pasa muchas veces cuando se está haciendo una inspección al profesional por IRPF a la vez se hace una inspección de la sociedad en la que es administrador. Así pues la esencial del delito es ocultar ingresos y aumentar gastos, y la mayoría de los profesionales lo que hacen es cobrar en B así no tienen esos ingresos.
Pero, ¿qué quiere decir defraudar? Hay diversas teorías, los defensores de la teoría de la infracción del deber identifican defraudar como sinónimo del perjudico causado a la Administración como consecuencia de la infracción de deberes tributarios formales. Por el contrario, la jurisprudencia y doctrina mayoritaria defienden la teoría del engaño que exige la existencia de un engaño. Entonces esa defraudación podrá realizarse por acción o por omisión, es típico tanto si se realiza una incorrecta declaración tributaria como omitiendo la mismo, en la medida en que la falta de declaración sustrae a la Administración del único medio del que dispone para llegar al conocimiento del hecho imponible.
Aunque se presente la declaración o se haga la autoliquidación deberemos declararlo todo, habría igualmente defraudación sino lo declaramos todo.
Ya hemos dicho que la defraudación puede ser por acción o por omisión, es decir, o bien dejando de declarar o bien declarando menos aunque el modo en que se haga es irrelevante. El Estado nos dice a los ciudadanos que tenemos un deber de autoliquidación veraz y de tributación, donde nosotros mismos debemos hacer el pago y a liquidación, con lo cual se impone un deber activo al obligado tributario de tal forma que si se verifica el hecho imponible se debe declarar de forma correcta y tributar, y una vez impuesto este deber da igual si ha sido por acción o por omisión, simplemente debía declarar X à hay una infracción de un deber extrapenal, y defraudar implica en primer lugar incumplir ese deber. ¿Y el que no declara nada? El que no dice no engaña, pero des del momento en que se nos impone el deber de declarar implica que no declarando nada también estas engañando.
Exige el tipo penal que se produzca una ocultación, directa o indirecta, del hecho imponible o de sus circunstancias relevantes dificultando la liquidación produciéndose la ocultación tanto con la omisión de la declaración pues supone una ocultación dolosa del hecho imponible cuando ésta no tenga medios para averiguar el hecho imponible, como con la presentación de una declaración que falsea datos, ocultando aquellas circunstancias relevantes para la determinación del hecho imponible. Así pues la mera presentación de una declaración no excluye per se la responsabilidad penal. Otra situación sería que, el que declara, y posteriormente no paga, no estaría defraudando ya que no estaría engañando.
El sujeto pasivo serán todas las Haciendas sean la estatal, la autonómica, la foral o la local, y el CP después de establecer el sujeto pasivo nos dice la modalidad de resultado donde no esta tanto las formas en las que se puede cometer el delito, acción u omisión, sino como indicarnos las modalidades que afectan a la gestión tributaria: - Eludiendo el pago de tributario (más de 120.000€). Se consuma cuando finaliza el plazo concedido al obligado tributario, en función de las normas que regulan cada tributo, para presentar la liquidación del impuesto y efectuar el pago voluntario.
- Eludiendo el pago de cantidades retenidos o que se hubieren debido retener.
- La elusión de pago de ingresos a cuenta.
Éstos tres supuestos tienen en común que se trata de una elusión (evitar con astucia una dificultad o una obligación .
- Obteniendo indebidamente devoluciones. Consistente en la obtención por el sujeto activo del reintegro efectuado por parte de la Administración tributaria de una cantidad que no le corresponde. Estas conductas se reconducían con anterioridad a la inclusión expresa en el tipo de delito de estafa. El delito se consume cuando se produce un desplazamiento patrimonial realizado por la HP como consecuencia de pedir esa devolución fraudulenta. No se consume con la solicitud.
- Disfrutando de beneficios fiscales de la misma forma. Reconocimiento y disfrute de extensiones fiscales, bonificaciones o deducciones tributaria, que implicarán una reducción indebida de la cuota tributaria. Se consuma cuando finaliza el plazo concedido al obligado tributario, en función de las normas que regulan cada tributo, para presentar la liquidación del impuesto y efectuar el pago voluntario.
Con independencia de la modalidad de gestión lo determinante será que, al ser un delito de resultado, haya una defraudación superior a 120.000€. Dicha cuantía sería el resultado típico del delito, y la doctrina mayoritaria entiende que se trata de una condición objetiva de punibilidad. Esta cuantía defraudada se identificará con la cuota defraudada y no con la deuda tributaria que incluye otros conceptos, como los recargos e intereses de demora. La determinación de esta cuantía defraudada responde al cumplimiento de una serie de reglas específicas que atienden al carácter periódico o instantáneo del hecho imponible. Si se trata de tributos retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones periódicas, como sería el IRPF o el IS, o de declaraciones periódicas, como ocurre con el IVA que se trata de un impuesto instantáneo de declaración periódica, la cuantificación de la cuantía defraudada se limitará atendiendo al período impositivo o de declaración. Si el período impositivo es inferior a 12 meses, el importe de lo defraudado se referirá al año natural. Habrá un único delito por cada período impositivo o año natural siempre que el período impositivo sea inferior al año. Si se trata de un tributo instantáneo que no implica una declaración periódica, la cuantía se entiende referida a cada uno de los conceptos por los que un mismo hecho imponible es susceptible de liquidación. La realización de hechos imponibles similares en el período de un año natural no podrá dar lugar a la acumulación de todas las cuotas defraudadas por un mismo concepto.
Y quien tiene la consideración de sujeto activo será el obligado tributario. Además debemos tomar en consideración que dada la configuración del delito como una ley penal en blanco deberemos remitirnos a la legislación tributaria.
Otro aspecto importante del 305.1 es el hecho de que se impondrán las penas “salvo que se hubiese regularizado la situación”, por tanto el legislador dice que hay delito si defraudo y no regularizo, así pues la regularización es un elemento que excluye el delito pero no la pena, y así no se crean problemas con el delito de blanqueo de capitales à La esencia del delito de blanqueo es yo blanqueo efectos que provienen de un delito, por tanto, requiere de un delito previo (delito determinante) al de blanqueo, y así pues el delito fiscal puede ser un antecedente del delito de blanqueo, y todo el dinero que no he declarado y tengo en el bolsillo puede ser blanqueado. Debemos tener en cuenta que en materia tributaria existe el principio de pecunia non olet donde se debe declarar independientemente de que los ingresos sean de actividades ilegales. Que se excluya el delito significa pues que si el delito de blanqueo tiene como antecedente el delito dinero que yo no he pagado por los tributos, pero si yo regularizo no habrá delito, con lo cual no hay delito no puede haber blanqueo por delito fiscal.
Para que no quedara ninguna duda el legislador nos define en el propio Código Penal es una definición de regularización (305.4): Se haya producido por el obligado tributario, el completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria antes de que por la Administración tributaria se le haya notificado el inicio de la investigación tendente a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización o en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el MF, el abogado del Estado interponga querella o denuncia contra aquel dirigida o antes de que se le permita tener conocimiento de la investigación (elemento temporal) à es una norma más administrativa que penal y está pensado en la lógica de la descripción y se pretende contemplar todas las diferentes alternativas.
“Asimismo, los efectos de la regularización prevista en el párrafo anterior resultarán aplicables cuando se satisfagan deudas tributarias una vez prescrito el derecho de la Administración a su determinación en vía administrativa”: El legislador dice esto porque hay una diferencia entre el plazo de liquidación de la deuda en vía administrativa y el plazo de prescripción. Sabemos que la LGT nos establece que el plazo para el ejercicio por parte de la administración tributaria para la determinación de la deuda son 4 años, y en cambio el plazo de prescripción del delito son 5. Es por ello que hay quien decía que el delito fiscal prescribía en 4 años ya que si la Hacienda Pública únicamente podía cobrar en 4 años no se puede ir a regularizar a hacienda ya que Hacienda ya no puede determinar la deuda à no vale éste argumento ya que una ley tributaria no tiene la capacidad para determinar la eficacia de la prescripción de una norma penal, lo único que hace la norma tributaria regula el período de determinación de la deuda cuando no hay delito, ya que si en el ámbito de un proceso de inspección la administración tiene sospecha fundada de que hay delito lo que deberá hacer es paralizar el procedimiento, suspender la caducidad en el ámbito administrativo y remitir a Fiscalía. Debemos tener presente que en la regularización habrá incluido la deuda, los recargos, los intereses… La regularización es una cosa pero la conformidad es otra, en la conformidad ha habido delito, te dicen que repare el daño y concurrirá una circunstancia atenuante, en cambio en la regularización no hay delito.
Se había entendido que la regularización fiscal se configuraba como una excusa absolutoria que eximía de responsabilidad penal por razones de política criminal a quien había cometido un hecho típico. Sin embargo, tras la modificación, la doctrina se pronuncia respecto considerando éste “salvo que se hubiese regularización” como un elemento negativo del tipo; un elemento de carácter omisivo de la conducta típica; un supuesto de reparación del daño; una causa de justificación o exclusión de la atijuricidad; un supuesto de desistimiento voluntario; una excusa absolutoria.
Ya hemos dicho que para entender regularizada la situación en el ámbito penal es necesario, en cualquier caso, que el obligado tributario reconozca completamente y pague la deuda tributaria. Esto conlleva la elaboración de una declaración tributaria completa y veraz, debiendo ir acompañada del pago íntegro de la deuda tributaria, a diferencia de la regularización tributaria que basta con el reconocimiento de la deuda. Debe destacarse que el pago debe serlo de la deuda tributaria (integrada por la cuta o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las obligaciones de realiza pagos a cuenta, así como los intereses de demora y recargos) y no solo de la cuota defraudada.
Dicho reconocimiento y pago se debe producir en un momento temporal determinado à antes de que la Administración tributaria le notifique el inicio de las actuaciones para determinar la deuda tributaria objeto de regularización, o bien en aquellos casos en los que no existe un procedimiento administrativo de comprobación o investigación de la deuda, con anterioridad a la interposición de querella o denuncia por parte del MF, el Abogado del Estado o el Representante de la CCAA o local, o antes e que el MF o el Juez de instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias à si se realiza con anterioridad a esto se apreciará la reparación. Los efectos de la regularización serán aplicables incluso cuando se satisfagan las deudas tributarias una vez prescrito el derecho de la administración en vía administrativa. La regularización impedirá la persecución de irregularidades contables y falsedades instrumentales previas. Se exime también a los abogados o asesores como partícipes en caso de regularización.
Por lo que hace el tipo subjetivo se trata de un delito doloso, debiendo de acreditarse el conocimiento de la existencia de la obligación tributaria y la voluntad de eludirla, siendo suficiente la concurrencia de dolo eventual. El carácter técnico de los delitos en el ámbito tributario favorecen a que el sujeto activo caiga en error de prohibición o de tipo.
En los tributos de autoliquidación el delito se consumará en la fecha de finalización del plazo voluntario de liquidación.
- IRPF à 30 de junio del año siguiente del período liquidado.
- IS à 25 de julio del año siguiente del período liquidado.
- IVA à 31 de enero del año siguiente al ejercicio objeto de declaración.
Los tributos sin autoliquidación que necesitan de un acto administrativo, la consumación se identifica con el momento del acto liquidador efectuado por la AT y el correspondiente ingreso efectivo de la deuda.
...

Comprar Previsualizar