Casos Prácticos Dº Penal (2016)

Ejercicio Español
Universidad Universidad de las Palmas de Gran Canaria
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Derecho Penal I
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 28/03/2016
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº 1 Nº DE GRUPO: AUTORES: 1.
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CASO PRÁCTICO 1-1: PRINCIPIO DE LEGALIDAD Luis ha cometido el día 2 de febrero de 2011 una infracción de tráfico por conducir a una velocidad excesiva. Tras las correspondientes diligencias policiales, Luis resulta sancionado al pago de una multa administrativa de 500 euros, la cual recibe y abona oportunamente el día 15 de febrero de 2011. Además, se ha abierto un proceso judicial contra él que concluye en una condena penal el día 2 de marzo de 2011 por la comisión de un delito contra la seguridad vial del art. 379.1 CP al pago de una multa de 1200 euros. Expón razonadamente si es correcta esta dualidad sancionatoria y, en su caso, el modo de resolver la controversia.
RESOLUCIÓN DEL CASO PRÁCTICO Nos encontramos ante un supuesto en el que se vulnera el principio de legalidad penal, el principal límite impuesto por las exigencias del Estado de Derecho al ejercicio de la potestad punitiva. Incluye una serie de garantías para los ciudadanos reconduciéndose a la imposibilidad de que el Estado intervenga penalmente más allá de lo que permite la ley.
En este supuesto, no podrán acumularse ambas sanciones, puesto que se trata de un mismo sujeto, un mismo hecho y las sanciones tienen el mismo fundamento, principio non bis in ídem (STC 2/1981, 30 de enero). Se prohíbe que autoridades del mismo orden (orden judicial o administrativo) sancionen el mismo hecho a través de procedimientos distintos. La STC 159/1985, de 27 de noviembre, denegó la acumulación de una pena y una medida de seguridad impuestas ambas por órganos judiciales sobre unos mismos hechos.
Por tanto, en este caso se debería anular la sanción administrativa y descontar de la pena de multa la parte pagada a la administración, sancionando penalmente.
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CASO PRÁCTICO 1-2: APLICACIÓN TEMPORAL DE LAS LEYES PENALES Antonio dispara a Benito el día 1 de enero de 2011. Ese día el delito de homicidio se castiga con una pena de 10 años de prisión. El día 10 de enero de 2011 entra en vigor una reforma del Código Penal, según la cual el delito de homicidio pasará a castigarse con una pena de 13 años de prisión. Debido a las heridas producidas por el disparo, Benito fallece el día 15 de enero de 2011. Antonio es juzgado y condenado el día 22 de marzo de 2011. Expón razonadamente la pena que corresponderá imponer a Antonio por tales hechos.
RESOLUCIÓN DEL CASO PRÁCTICO Nos encontramos ante un supuesto en el que no está claro que legislación aplicar, puesto que tras haberse cometido el delito anteriormente señalado, se reforma el código penal y entra en vigor una nueva ley relativa a la pena impuesta por delito de homicidio.
El delito fue cometido el 01/01/2011, en ese momento la pena por homicidio era de 10 años.
Tras la reforma del código penal, la pena pasó a ser de 13 años.
El artículo 9.3 de la Constitución garantiza la “irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales”; la prohibición de la retroactividad de la ley perjudicial para el reo confirma el carácter del límite para el Estado y sirve de garantía al ciudadano que posee el principio de legalidad.
Actualmente, tras la prohibición general de retroactividad contenida en el apartado 1 del artículo 2 C.P, el apartado 2 establece que: “Tendrán efecto retroactivo las leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena”.
Pero en este caso se aplicará la ley vigente en el momento en el que se cometió el delito, por ser la más favorable, en virtud del principio de legalidad.
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CASO PRÁCTICO 1-3: APLICACIÓN ESPACIAL DE LAS LEYES PENALES El día 17 de marzo de 2014 Mamadou y Nyuma, residentes en España desde el año 2011 y de nacionalidad gambiana, someten a su hija (de la misma nacionalidad), de menos de un año de edad, a una ablación de clítoris. Este hecho es considerado delictivo en nuestro país según recoge el art. 149.2 CP. Sin embargo, se considera probado que en el país del que son originarios los padres la ablación es una práctica tradicional. La mutilación genital se produce en la casa de unos familiares durante un viaje de los padres a Gambia. Mamadou y Nyuma regresan, junto con su hija, a España el 14 de abril de 2014. La mutilación genital es detectada por el médico pediatra en una exploración rutinaria el día 15 de septiembre de 2014, fecha en la que pone el hecho en conocimiento de las autoridades. ¿Podrían estos hechos ser juzgados en España? Véase: Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011.
RESOLUCIÓN DEL CASO PRÁCTICO En este caso, los padres de la menor afectada si podrán ser juzgados, según lo dispuesto en el artículo 149.2 del código penal y según la Ley Orgánica 3/2005 de 8 de Julio que acordó perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital femenina: "....La mutilación genital femenina constituye un grave atentado contra los derechos humanos, es un ejercicio de violencia contra las mujeres que afecta directamente a su integridad como personas. La mutilación de los órganos genitales de las niñas y las jóvenes debe considerarse un trato "inhumano y degradante" incluido, junto a la tortura, en las prohibiciones del art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos....".
El acto cometido por Mamadou y Nyuma puede considerarse un tipo de violencia de género por permitir que las costumbres retrógradas y misóginas de su país de origen hayan dañado a su hija, además de ser considerado delito en España, por afectar a la integridad física, en este caso de una menor de edad. Además, también vulnera lo dispuesto en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, cuyos objetivos son : a) Proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia, y prevenir, perseguir y eliminar la violencia contra la mujer y la violencia doméstica; b) Contribuir a eliminar toda forma de discriminación contra la mujer y promover la igualdad real entre mujeres y hombres, incluyendo el empoderamiento de las mujeres; c) Concebir un marco global, políticas y medidas de protección y asistencia a todas las víctimas de violencia contra la mujer y la violencia doméstica; d) Promover la cooperación internacional para eliminar la violencia contra la mujer y la violencia doméstica; e) Apoyar y ayudar a las organizaciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad para cooperar de manera eficaz para adoptar un enfoque integrado con vistas a eliminar la violencia contra la mujer y la violencia doméstica.
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CASO PRÁCTICO 1-4: APLICACIÓN ESPACIAL DE LAS LEYES PENALES Abdu y Haman, ambos mayores de edad y de nacionalidad somalí, forman parte de un grupo de personas dedicado al asalto de personas y embarcaciones constituido hace más de veinte años con el nombre de “Burcad Badeed” (“Los que roban en el mar”).
Estas personas, junto con otras aún no identificadas, el día 2 de octubre de 2009, sobre las 7,52 horas, abordaron y apresaron el pesquero español “ALAKRANA” en aguas internacionales en el Océano Índico, apresamiento que se alargó durante 37 días y afectó a 36 personas, que componían la tripulación del referido pesquero.
Controlada la embarcación y sus tripulantes, Abdu, Haman y el resto de asaltantes, conminaron con sus armas al capitán y al patrón a entregarles cuantos objetos de valor y dinero hubiera en la caja fuerte del barco, apropiándose de los 50.000 euros que, aproximadamente, había en su interior.
El día 3 de octubre de 2009, en operación de reconocimiento del mencionado pesquero y su situación, un avión de patrulla marítima española se percató de que dos personas (Abdu y Haman) descendían del “ALAKRANA” y a bordo de un esquife ponían rumbo hacia la costa de Somalia.
Estos sujetos forman parte del grupo que ha asaltado la embarcación española, reteniendo contra su voluntad y mediante la fuerza a los treinta y seis miembros de la tripulación, de los que dieciséis son ciudadanos españoles.
Las fuerzas armadas, a bordo de la fragata “Canarias” procedieron al abordaje y detención de los ocupantes de dicha embarcación.
Ambos sujetos son trasladados a España y puestos a disposición judicial. Los miembros del grupo asaltante que permanecen a bordo del “ALAKRANA” exigieron el pago de 400.000 dólares americanos para liberar el barco y a sus ocupantes.
Teniendo en cuenta que tales hecho podrían ser calificados, entre otros, como delito de secuestro (art. 164 CP) y robo con violencia (art. 242 CP), ¿pueden los tribunales españoles enjuiciar los hechos anteriormente descritos? ¿Con base en qué principio? ¿Qué órgano judicial sería competente para juzgar tales hechos? Véase: Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988.
RESOLUCIÓN DEL CASO PRÁCTICO En este supuesto, los tribunales españoles si podrán enjuiciar el caso puesto que está reconocido como delito en el código penal con base en el principio de validez espacial de la ley penal, siendo juzgado por el Tribunal Supremo.
Según lo dispuesto en el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, los actos cometidos son considerados delitos, según el artículo 3 de dicha disposición: Artículo 3.
1.
Comete delito en el sentido del presente Convenio toda persona que ilícita e intencionadamente: a) se apodere de un buque o ejerza el control del mismo mediante violencia, amenaza de violencia o cualquier otra forma de intimidación; o b) realice algún acto de violencia contra una persona que se halle a bordo de un buque, si dicho acto puede poner en peligro la navegación segura de ese buque; o c) destruya un buque o cause daños a un buque o a su carga que puedan poner en peligro la navegación segura de ese buque; o d) coloque o haga colocar en un buque, por cualquier medio, un artefacto o una sustancia que pueda destruir el buque, o causar daños al buque o a su carga que pongan o puedan poner en peligro la navegación segura del buque; o e) destruya o cause daños importantes en las instalaciones y servicios de navegación marítima o entorpezca gravemente su funcionamiento, si cualquiera de tales actos puede poner en peligro la navegación segura de un buque; o f) difunda información a sabiendas esa persona de que es falsa, poniendo en peligro la navegación segura de un buque.
2.
También comete delito toda persona que amenace con cometer, formulando o no una condición, de conformidad con lo dispuesto en la legislación interna, con ánimo de obligar a una persona física o jurídica a ejecutar un acto o a abstenerse de ejecutarlo, cualquiera de los delitos enunciados en los párrafos 1 b), 1 c) y 1 e), si la amenaza puede poner en peligro la navegación segura del buque de que se trate.
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