Introducción al dº penal (parte 6) (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Introducción al derecho penal
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 03/08/2017
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Hay parte de la doctrina que entiende que hay que aplicar la más favorable, los más garantistas, pero los menos garantistas dicen que hay que aplicar la del principio general Si existe una ley intermedia más grave con carácter excepcional habrá que aplicar la ley excepcional, a estos se le denomina la excepción de la excepción o la ultraactividad de la ley penal más favorable, esto quiere decir que hay que aplicar la ley excepcional vigente en el momento de la comisión del hecho y no la más favorable que puede estar vigente en el momento del enjuiciamiento.
TEMA 7: Vigencia espacial de la Ley Penal I. EL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD La ley penal es sustancialmente una expresión de la soberanía del estado, es uno de los componentes integrantes del concepto de soberanía. el derecho penal tienen normas nacionales. Jhay distintas circusntancias en las que el derecho tiene normas de derecho internacional, sin embargo, el derecho penal es expresión del derecho de soberania de un estado, es decir suaplicacion se extiende solo y exclusivamente en el marco del territorio de un estado. Las reglas del derecho penal internacional son normas vinculadas a determinados tipos de delitos que se vinculan a crímenes internacionales (genocidio), que han llevado a la constitucon de una corte penal internacional y que tiene la posibilidad de aplicar una justicia penal en aquellos estados en los cuales el propio estado no garantiza el cumplimiento o el enjuiciamiento de determinados crímenes (este es el fundamento de la corte penal internacional). La jurisdicción de la corte penal internacional tiene esa particularidad.
El derecho penal, por tanto, solo se aplica al Estado.
DETERMINACIÓN DE LA LEY PENAL APLICABLE El territorio viene definido por las normas del derecho penal. El art. 21 y 23 LOPJ se establece la competencia y la jurisdicción de los tribunales españoles para enjuiciar determinados hechos. (Art. 23: circunstancias por las cuales, según qué caso, se puede aplicar la ley penal española en un hecho que no ha sido cometido en España).
Cuando hablamos del principio territorial nos referimos a la competencia de los tribunales españoles para tratar crímenes cometidos fuera de España, o entre españoles y extranjeros.
Este principio viene reconocido en el art. 21 LOPJ, excepto, aquellos supuestos en los que haya inmunidades (por ejemplo, un cuerpo diplomático), que se juzgaran conforme a los tratados internacionales.
El criterio básico de aplicación de la ley penal es por tanto el PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD.
Definir el territorio implica 2 cuestiones:   Definir el territorio.
Definir el lugar de comisión del hecho.
II.- LUGAR DE COMISIÓN DEL DELITO Cuando analizamos la vigencia espacial de la ley penal, también hablamos del lugar de comisión del hecho. Cuando hablamos de la vigencia temporal de la ley penal, hablamos del momento de comisión del hecho.
1. Territorio: Implica toda tierra firme, aguas interiores, mar territorial y espacio aéreo. Este concepto se amplía sustancialmente desde el punto de vista de la ley penal. El art. 23.1 LOPJ define un concepto ampliado de territorio, implica al territorio flotante y el territorio conforme al principio de bandera (cuestiones que sean cometidas a bordo de buques que lleven bandera española). Como complemento de la ley orgánica del poder judicial están: La Convención de Naciones Unidas de derecho del mar de 1982 (conflictos que tengan lugar en aguas territoriales y aguas internacionales), la Ley Penal y procesal de navegación aérea.
2. En caso de conflicto: En caso de conflicto para determinar qué ley es aplicable, es aplicable la ley del estado (la ley de la bandera del buque). El convenio de Tokio establece que tiene primacía siempre la ley de la bandera. La cuestión es que pueda haber auxilio judicial del Estado ribereño o la ley del buque, pero la Convención de Tokio resuelve este problema. En el caso de las aeronaves la particularidad es que se establece que la primera competencia la tiene el Estado en el que se produce el primer aterrizaje.
3. Determinación del lugar de comisión del hecho: Esto supone determinar si el delito es en el momento de la acción o en el momento del resultado. En este caso, según el TS, se opera con la teoría de la ubicuidad, es decir, dependerá de cada supuesto. El TS no tiene competencia para unificar doctrina, por lo que resuelve en casación el caso concreto. Cuando la jurisprudencia del TS en aspectos muy señalados no tiene doctrina uniforme, el Pleno (sala 2º del TS) convoca estos plenos no jurisdiccionales donde unificara algún criterio. La LOPJ no se pronuncia en relación a esta cuestión, solo se refiere en el art. 65.1 que se entenderán cometidos fuera del territorio español todos aquellos hechos en los que ninguno de los elementos haya tenido lugar en territorio español (No permite resolver aquellos supuestos en los que uno de los hechos haya sido en España). Hay que conocer cuál es la ley aplicable a cada hecho, además de conocer el lugar de comisión del hecho.
III. ULTRATERRITORIALIDAD DE LA LEY PENAL: Principio personal, principio real o de protecciones intereses y principio de justicia penal universal.
4. Excepciones del principio de territorialidad: Un estado soberano no puede inmiscuirse en acciones de otro estado. Hay excepciones en las que la ley penal española se puede aplicar a hechos que han acontecido totalmente en el extranjero (25. 1LOPJ).
o El art. 23.2 LOPJ recoge el principio de personalidad como primera excepción: Este artículo dice se permite aplicar la ley penal española en delitos cometidos fuera del territorio nacional siempre que haya sido cometido por españoles o españoles que hayan adquirido la nacionalidad (que tengan doble nacionalidad). Prima la nacionalidad donde resida la persona. Los requisitos para que esto tenga lugar:    Que el hecho sea punible en el lugar de su ejecución, salvo que los tratados internacionales establezcan algo diferente, esto ocurre en delitos fiscales (el hecho tiene que ser punible en España y en el lugar de comisión del hecho).
Que el agraviado o el ministerio fiscal interpongan querella ante los tribunales españoles. Los tribunales españoles no actuarían de oficio por un hecho cometido fuera.
Que el sujeto no haya sido absuelto o indultado en el extranjero o que habiendo sido penado en el extranjero no haya cumplido condena (No puede cumplir condena en los 2 estados).
o El art. 23.3 LOPJ recoge el principio real o de defensa: Un estado puede aplicar su ley penal a hechos cometidos fuera cuando éstos vulneren sus intereses afectando a la soberanía del Estado (cuando haya delitos contra él). Por ej.: Falsificación de documentos, de moneda. Como afecta a la soberanía del Estado se puede aplicar a extranjeros que lo hayan cometido fuera del mismo. Cualquier delito de funcionario español que se encuentre fuera, es enjuiciado en España.
o El art. 23.4 LOPJ recoge el principio de derecho penal universal: ha sido un principio muy debatido. Este tiene un fundamento que se refiere a la aplicación de la ley penal independientemente del lugar de comisión del hecho e independientemente de la nacionalidad de los autores, ya que hablamos de bienes jurídicos supranacionales, universales y que requieren una protección a nivel mundial, por lo que todos los Estados recoge un principio de justicia universal. El de España era muy amplio, permitía juzgar cualquier hecho cometido en cualquier lugar, por cualquier ciudadano (da igual la nacionalidad) y contra cualquier ciudadano. Cuando se reformó este artículo se requirió un nexo de conexión en relación al autor o a la víctima, se amplió el catálogo de delitos (genocidio y lesa humanidad, tortura y contraintegridad moral, delios de desaparición forzosa definidos en los Tratados Internacionales, delitos de piratería, materiales nucleares, tráfico ilegal de drogas y estupefacientes, trata de sexo humano, hechos de corrupción cometidos por nacionales en el extranjero Lo que justifica que haya excepciones: o Que se trate de un ciudadano de nacionalidad española, por lo que aunque el hecho se haya cometido fuera, la competencia para juzgarlo es de España.
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