Derecho Constitucional II - Tema 9 (2014)

Apunte Español
Universidad ESADE (URL)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Derecho Constitucional II - Fuentes del Derecho y Organización Territorial del Estado
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 24/03/2015
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Sergio Gomollón de las Muelas — Resúmenes Derecho Constitucional II Lección IX. Los conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Introducción.
Hasta ahora hemos visto que el Estado y las CCAA tienen cada uno sus competencias, pero cabe plantearse qué ocurre cuando hay un conflicto a la hora de ver quién es el titular de una determinada competencia. En dichos casos intervendrá un órgano jurisdiccional.
Además, habiendo visto la complejidad del sistema competencial español, el riesgo de conflicto aumenta considerablemente.
! El conflicto puede plantearse entre el Estado y una Comunidad Autónoma o, más raramente, entre dos Comunidades Autónomas. Las vías para la resolución de conflicto son la negociación política, la cláusula de ejecución forzosa del art. 155 CE y la resolución jurisdiccional de los conflictos.
! El recurso de inconstitucionalidad por razón competencial.
Especificidades del recurso de inconstitucionalidad contra leyes autonómicas: la suspensión de la norma autonómica.
La resolución de conflictos por normas con rango de ley se hace mediante recurso de inconstitucionalidad (art. 67 LOTC). Los legitimados y el procedimiento es el mismo que se estudió en la Lección VI (supra).
Los legitimados son 50 Diputados, 50 Senadores, el Presidente del Gobierno y el Defensor del Pueblo. Contra leyes del Estado también Asambleas Legislativas y Consejos de Gobierno de las CCAA. Debe haber una afectación de la autonomía por parte de la ley impugnada de acuerdo con el TC.
! El plazo de interposición es de 3 meses tras la publicación, ampliables a 9 si negocian los Gobiernos en una Comisión bilateral de cooperación; se puede suspender la norma impugnada por 5 meses si lo solicita el Estado, si lo pide la CA debe decidirlo el TC; y si lo interpone la CA se requiere una consulta previa al Consejo Consultivo de la CA.
! Los efectos de la Sentencia son o bien la declaración de inconstitucionalidad (invalidez de la norma) o bien la inaplicación a la CA de la Ley Estatal no inconstitucional.
! — !66 — Sergio Gomollón de las Muelas — Resúmenes Derecho Constitucional II Los conflictos de competencia.
Para las normas infralegales (Reglamentos y Actos administrativos) están previstos los conflictos de competencia, si bien además del TC también pueden juzgar los reglamentos los Tribunales de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
Legitimados para plantear el conflicto son, para los conflictos positivos los Gobiernos del Estado y la CA (arts. 62-63 LOTC); para los negativos el Gobierno del Estado y los ciudadanos interesados (arts. 68, 71 LOTC).
El objeto es únicamente el orden competencial.
En el caso de la impugnación por parte del Gobierno, el requerimiento previo es facultativo, en el caso de las CCAA es obligatorio. El plazo es de 2 meses, prorrogables a 3; puede suspenderse la norma impugnada si la impugna el Gobierno, si lo pide la CA lo decidirá el TC. Siempre se requiere si lo impugnan las CCAA una consulta al Consejo Consultivo de las CCAA; en el negativo, si impugna el reglamento o acto un particular debe agotar la vía administrativa; y después tendrá un mes para acudir al TC.
! La impugnación prevista en el art. 161.2 CE.
(Cfr. arts. 76-77 LOTC). El Estado y solo el Estado (el Gobierno del Estado) puede impugnar una disposición o una resolución de un órgano de una CA por motivos no competenciales: si son motivos competenciales se hará por recurso de inconstitucionalidad. Al impugnarla, el Estado bloquea y suspende por 5 meses la aplicación de aquella resolución automáticamente, transcurridos los cuales el TC decidirá si mantiene o no la suspensión.
El plazo es de 2 meses tras la publicación, se suspende la norma por 5 meses, prorrogables.
! El control político último del Estado sobre las Comunidades Autónomas: la cláusula de ejecución forzosa del art. 155 CE.
Si concurre una afectación al interés general, el Estado puede obligar a una CA a cumplir con sus competencias o sus obligaciones, para evitar que se extralimite. Nunca ha sido utilizada desde 1978, y el procedimiento que se prevé es el siguiente: 1. El Gobierno [nacional] deberá requerir al Gobierno autonómico.
2. Si el Gobierno autonómico no obedece al requerimiento, por mayoría absoluta del Senado y solo el Senado, se podrán adoptar medidas forzosas para exigir el cumplimiento de las obligaciones.
— !67 — Sergio Gomollón de las Muelas — Resúmenes Derecho Constitucional II Contrariamente a lo que suele pensarse, la suspensión de una autonomía no está prevista en nuestro ordenamiento constitucional.
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