Parte tema 1 + tema 2 (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
Grado Relaciones Internacionales - 1º curso
Asignatura Derecho Internacional Público
Año del apunte 2016
Páginas 17
Fecha de subida 03/05/2016
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Con la profesora Beatriz Barreiro

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PRINCIPIOS BÁSICOS / FUNDAMENTALES Y ESTRCTURALES DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO.
Principio de soberanía o de igualdad soberana: Este principio se protege por dos normas derivadas de dicho principio: principio de no intervención, principio de prohibición del uso de la fuerza. Además, existen otros como el principio de libre determinación de los pueblos, el principio de obligación de resolver las controversias por medios pacíficos, el principio de buena fe –se centran todos ellos en la soberanía de cada Estado-; principios de cooperación –se centran en intereses comunes de la comunidad internacional-. Por ejemplo: un Estado no puede financiar a un partido político de otro Estado, es una violación del Derecho Internacional por el principio de no intervención.
La formulación jurídica del principio de la soberanía de los Estados pone el énfasis en algo inherente a tal principio: la igualdad entre ellos. Se trata del principio de igualdad soberana de los Estados, de firme arraigo en el Derecho Internacional Contemporáneo. En particular, la igualdad soberana comprende los elementos siguientes: los Estados son iguales jurídicamente, cada Estado goza de los derechos inherentes a la plena soberanía, cada Estado tiene el deber de respetar la personalidad de los demás, la integridad territorial y la independencia política del Estado son inviolables, cada Estado tiene el derecho a elegir y a llevar adelante libremente su sistema político, económico, social y cultural; cada Estado tiene el deber de cumplir plenamente y de buena fe sus obligaciones internacionales y de vivir en paz con los demás Estados. El principio transcrito es uno de los que, en la resolución 2625 suponen la aceptación de la estructura política de la sociedad internacional y que está mucho más cerca de la codificación declarativa que el desarrollo progresivo del Derecho Internacional. El principio en cuestión enuncia la igualdad jurídica de carácter formal y no puede pasar por alto la desigualdad real entre los Estados.
La soberanía no es una norma que tenga obligaciones, esas normas son esos dos principios. Elementos propios de la soberanía de cada Estado: políticas laborales, económicas, monetarias, territoriales, educativas, desarrollo, sociales, defensa, relaciones interestatales, medios de comunicación. La prohibición del uso de la fuerza protege la integridad territorial.
El principio de no intervención puede plantear las violaciones a la soberanía. El principio de no intervención significa que un Estado tiene que abstenerse en no intervenir en los asuntos internos de otro Estado. La igualdad soberana –en el plano formal- entre los Estados no tiene realmente, desde el punto de vista sociológico, otro significado que el de acentuar la ausencia en la sociedad internacional de una autoridad política superior a aquellos; en ese sentido constituye un corolario jurídico de la actual estructura de la SI, que es básicamente de yuxtaposición de Estados. La igualdad soberana de los Estados comporta la independencia de los mismos y la prohibición que pesa sobre todo Estado de injerirse en los asuntos de los otros. El deber de no intervención en los asuntos de otros Estados está implícito en la Carta de las Naciones Unidas y proclamado expresamente en la Declaración sobre principio de Derecho Internacional que rige las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados (resolución 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas).
Este principio supone el derecho de todo Estado soberano de conducir sus asuntos sin injerencia exterior. La existencia del principio de no intervención en la opinio iuris de los Estados se apoya en una práctica importante y bien establecida. De otra parte se ha presentado este principio como un corolario del principio de igualdad soberana de los Estados. Este principio prohíbe a todo Estado o grupos de Estados intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos o externos de otro Estado. La intervención prohibida debe, pues, recaer sobre materias respecto de las cuales el principio de soberanía de los Estados permite a cada uno de ellos decidir libremente. Ello ocurre con la elección del sistema político, económico, social y cultural y con la formulación de la política exterior. La intervención es ilícita cuando utiliza medios de coerción respecto a esas elecciones, que deben permanecer libres. La intervención prohibida consta de dos componentes: debe versar, en cuanto al fondo, sobre cuestiones en que el Estado tiene libertad soberana de decisión según el Derecho Internacional; y debe comportar, en cuanto a la forma, un elemento de coerción.
La soberanía no es un Estado, un Estado tiene soberanía sobre ciertas materias cuando esas materias son *. Los asuntos internos pasan a ser externos cuando un Estado cede competencias a través de la firma de Tratados Internacionales bajo su consentimiento; esto lo hace en virtud de su propio principio de soberanía: firmar un tratado es ejercicio de la soberanía. Ceder competencias en un tema no quiere decir que pierda la soberanía sobre tal tema, puesto que la soberanía es la que le permitió firmar ese tratado; la consecuencia es que el poder de soberanía que aún conserva le permite recuperar las competencias cedidas. Esta es la soberanía JURÍDICA. “Todo tratado internacional que haya sido firmado bajo la fuerza o bajo la coacción es nulo de pleno derecho”. El principio del uso de la fuerza no es útil cuando no hablamos de temas territoriales.
El principio de no intervención: influencias permitidas x el derecho internacional? ¿Cuándo una presión legal se transforma en influencias? *Intervención económica: ninguna corte internacional ha establecido un caso en el que haya una intervención económica. Tratado económico que se firma bajo presión: la firma del tratado justifica esa intervención porque al firmar lo hace libremente con su consentimiento. Para que se pueda constatar que un tratado se ha firmado bajo coerción tiene que tratarse de una fuerza física. El derecho internacional solo contempla para el caso de la no intervención económica una intervención hecha a través de la fuerza. La doctrina dice que es muy difícil considerar la presión económica como intervención porque normalmente para establecer esa intervención (cualquiera) se requieren unos requisitos: que se puedan probar que el estado que ha hecho esa intervención tiene intención de coaccionar al otro (de “manipular” la soberanía); y que en esa intervención haya efectos negativos para el Estado supuestamente intervenido.
Consiste en la negación a uno o varios Estados de intervenir en los asuntos de los demás, por lo que los Estados tienen la obligación de abstenerse de intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos de otro con la intención de afectar su voluntad y obtener su subordinación. Es un principio del Derecho Internacional Público y deriva directamente de la independencia de las naciones y el derecho de autodeterminación de los pueblos. Así decimos que este principio equivale al de no injerencia en los asuntos internos de otros. Los instrumentos jurídicos que lo consagran, además de la conocida declaración de principios, son: La Carta de Las Naciones Unidas (1948), y La Declaración de la ONU sobre la admisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los Estados (1965). El respeto de la soberanía nacional y la no intervención en los asuntos internos de los Estados, son principios del derecho internacional que provienen de la independencia nacional de los países y de la autodeterminación de los pueblos, lo que los ha convertido en los principales rectores de las relaciones internacionales.
Excepciones a la no intervención: Cuando se plantea el respeto al derecho de conservación o que exista lesión evidente a los intereses de cuya existencia depende la vida colectiva de los Estados. Cuando exista un tratado.
Cuando la intervención tenga por objeto impedir otra, realizado lo que se denomina la contra intervención.
Cuando se pretenda impedir o reprimir las violaciones del Derecho Internacional especialmente si tiene lugar en forma colectiva.
El convenio de Viena sobre derecho de los tratados se firma en el año 1969, año en el que ya existía una sociedad universal, ya estaban casi todos los Estados descolonizados. Los Estados en vías de desarrollo intentan en esa conferencia participar en el proceso creativo de normas, el problema es que el derecho internacional se gesta a través de un procedimiento muy lento, porque además de los tratados hay costumbres. Ningún Estado puede firmar un tratado bajo coerción.
**Dupuy: Nuevo orden económico internacional. Aprobar en la asamblea general el voto de las nuevas resoluciones.
Resolución 2625 de la ONU: - - El principio de que los Estados, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas.
El principio de que los Estados arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacional ni la justicia.
La obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta.
La obligación de los Estados de cooperar entre sí, de conformidad con la Carta.
El principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos.
El principio de la igualdad soberana de los Estados.
El principio de que los Estados cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con la Carta.
Todos estos son principios fundamentales, básicos, estructurales del derecho internacional. Al ser estructurales vinculan a toda la comunidad internacional. Han sido creados por el consentimiento de los estados, consensos. La carta de naciones unidas y la resolución 2625 no son indispensables para que existan estos principios, que son obligaciones. Lo único indispensable para que existan todas estas obligaciones es el consentimiento, que se puede manifestar tanto a través de tratados como de costumbres. Los Estados ya llevaban tiempo comportándose así, lo hacen porque creen que están obligados, y esto pasa para todos los principios. ¿Qué valor tienen entonces estos documentos en relación con la existencia de estas obligaciones?: no tendrían un valor de estricta necesidad para que existan, pero tendrían gran relevancia porque sirven de prueba.
Los tratados: una declaración no deja de ser un instrumento que no es un tratado. La declaración inspira a que los estados no realicen conductas que vayan radicalmente en contra de esos principios, pero de por si son siempre muy generales porque establecen principios, es muy difícil constatar la violación de un principio.
Aunque la declaración hable de una prohibición –por ejemplo de la coerción económica-.
PRINCIPIO DE LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS: –se puede considerar como la soberanía en potencia, es a los pueblos lo que la soberanía es a los Estados-.
- ¿Qué es un pueblo para el Derecho Internacional?: grupo humano que comparten un proyecto político entendido en el sentido amplio, un proyecto independiente. La identificación de un pueblo para el DI viene determinado por los propios rasgos del DI: es un derecho de Estados –busca que los pueblos se constituyan en Estados, lo cual lleva al contexto de la descolonización (años 60-70), porque este principio está en la carta de naciones unidas y en la declaración 2625, se anima a que las colonias se independicen-, aquí se establece una relación entre el concepto pueblo y el concepto Estado, hay muchos pueblos que se crean y se forman y ese resultado de formarse es precisamente el ejercicio del derecho de la libre determinación de los pueblos. Podríamos decir que el derecho a libre determinación de los pueblos tal y como está determinado está pensado para los pueblos que surgen en aquellos momentos que salen de la descolonización después del año 45, fundamentalmente en África y Asia. Esta comprensión está recogida en la resolución 2625.
Se complementa con una comprensión más actual referida a los pueblos indígenas: -esto es una prueba del carácter eurocéntrico del derecho internacional-. En el siglo XIX se crean los Estados de América Latina (~1810); los Estados africanos se forman con la descolonización. La construcción del estado latinoamericano es muy diferente: Simón Bolivar planteaba una unión entre todos estos nuevos Estados –“Carta de Jamaica”, en la que hace un llamamiento a que estos Estados que comparten una lengua, raza, religión, cultura común, se unan-. El proyecto panamericano de Simón Bolivar era la cultura común. Este Estado se formó haciendo una réplica a los Estados europeos. La creación del Estado niega las necesidades de esos pueblos originarios, en consecuencia hay unos pueblos que siguen existiendo a los que no se les ha consultado si quieren formar parte de ese Estado, en definitiva, no han ejercido el derecho a la libre determinación –en derecho internacional todos los pueblos son titulares del derecho a la libre determinación-. La conciencia jurídica va evolucionando de manera que hace a los Estados responsables de cuestiones no previstas.
Si son pueblos, tienen que tener el derecho a la libre determinación. Años 90, proceso que quiere reconocer los derechos originales de los pueblos. Los estados con su propio consentimiento van otorgando los derechos a los pueblos, por tanto es el propio estado quien concede estos derechos a los pueblos. En las constituciones latinoamericanas hay un cambio radical, antes se basaban en la uniformidad cultural, ahora pasan a reconocer la multiculturalidad y los derechos de los pueblos originarios. La Declaración de Derechos de los pueblos indígenas (LEER) es aprobada en 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, refleja normas consuetudinarias. Hablan del derecho de la libre determinación de los pueblos indígenas canalizado a través del llamado derecho de consentimiento previo, libre, informado sobre todas aquellas cuestiones que incumban a sus derechos. De estos derechos, el primero es el de libre determinación –entendido en el di más reciente, no está pensado para que los pueblos se separen, porque en contra de lo que muchos estados señalan, los pueblos indígenas en su mayoría no tienen interés en crear un estado propio puesto que nunca han tenido la idea de Estado y quieren conservar su vida cultural hasta el momento. Este derecho se manifiesta en: no abandonar su tierra, de manera que tienen su propia actividad de supervivencia, sus relaciones económicas, derecho de aprovechamiento de sus los beneficios de sus recursos, derecho a su propio desarrollo. Todo esto cohabita con el estado porque el estado en el que ellos habitan decide crear un proyecto de cualquier índole, debe obtener el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas –derecho de consulta-. Es el contenido del derecho de libre determinación. La declaración dice que esos derechos no pueden ir en contra de los principios del Estado. Cuando muchos Estados dicen que no reconocen los derechos a los pueblos indígenas pensando en ellos como una amenaza a su soberanía territorial o integridad política, es mentira porque muchos pueblos no pretenden crear nuevos estados, los estados no quieren compartir sus propiedades con los pueblos indígenas.
El estado tiene soberanía territorial y la integridad territorial es un principio, estos pueblos se supone q si forman parte de un estado y ya han formado parte de su proyecto constituyente no se pueden separar. Pero si el estado se dedica a perseguir masivamente sus derechos, subsistiría ese derecho de secesión, en exclusiva para estos casos. En el caso de los africanos x ejemplo es regulado por la comisión africana. En definitiva: el mero principio de integridad territorial del estado no es razón para excluir el derecho de secesión de los pueblos.
- ¿Cuándo los pueblos tienen el derecho a la libre determinación?: es un derecho que se ejerce, pero una vez ejercido expira.
Los hitos más importantes de esta evolución son los siguientes: o La Conferencia de Bandung de 1950 condenó formalmente la dominación colonial. o Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1960.
Convencida de que el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos constituye una importante contribución al Derecho Internacional contemporáneo, y de que su aplicación efectiva es de suprema importancia para fomentar entre los Estados las relaciones de amistad basadas en el respeto del principio de la igualdad soberana, Convencida, en consecuencia, de que todo intento de quebrantar parcial o totalmente la unidad nacional y la integridad territorial de un Estado o país o su independencia política es incompatible con los propósitos y principios de la Carta.
TEMA 2. Personalidad jurídica interna: la subjetividad internacional. Concepto de subjetividad internacional. El Estado, su estatuto internacional y competencias. Las organizaciones internacionales, los pueblos y otros sujetos de Derecho internacional. La humanización del Derecho internacional.
PREGUNTA EXAMEN: ACTORES – SUJETOS DE DERECHO INTERNACIONAL, DIFERENCIAS.
Tienen subjetividad internacional: los Estados, las organizaciones internacionales, los pueblos, las empresas multinacionales, etc.
Ser sujeto de derechos y obligaciones de un ordenamiento jurídico: los actores internacionales son un término de las rrii, mientras que los sujetos son un término del derecho internacional. Tener personalidad jurídica en un ordenamiento internacional = ser sujeto de derechos y obligaciones: es ser titular de derechos y obligaciones derivados de ese ordenamiento jurídico. En cualquier sistema humanista democrático todo ser humano es titular de ello. En el caso de las empresas: la empresa es una persona jurídica una vez que se inscribe en el Registro Civil, lo cual es una norma que impone una obligación. Con ello consiguen la subjetividad internacional. Las personas siempre son personas jurídicas. El nazismo, declaró que los seres humanos no tenían personalidad jurídica, decían que no eran humanos, le privaban de todos los derechos. De ahí que en la declaración universal de ddhh hay un derecho a la personalidad jurídica. La subjetividad internacional no viene del cumplimiento de una norma, sino que viene de un hecho físico, es decir, el Estado existe cuando existe físicamente. Sin embargo, la empresa solo existe cuando cumple esos requisitos jurídicos. Es sujeto de derecho internacional quien sufre directamente responsabilidad por una conducta incompatible con la norma, y aquel que tiene legitimación directa para reclamar contra toda violación de la norma. Son éstos los rasgos irreductibles de la subjetividad internacional, lo que quiere decir que no todos los entes beneficiarios por una norma o todos aquellos a los que una norma imponga una conducta son sujetos del Derecho Internacional.
El Derecho Internacional contemporáneo se está humanizando y socializando, en definitiva moralizando, y ha añadido a las funciones relacionales y competenciales la del desarrollo integral de los individuos y pueblos mediante una cooperación que en muchos casos es institucionalizada. Además, la jurisprudencia internacional ha admitido que un tratado puede crear directamente derechos y obligaciones para los particulares si tal es la intención de los Estados partes. De ahí que hoy se reconozca, junto con la subjetividad internacional del Estado, la de las Organizaciones Internacionales, y que en ciertos supuestos se hable con fundamento de la subjetividad internacional de los particulares, personas físicas o jurídicas, y de los pueblos.
Se necesita una legitimación activa para reclamar por incumplimiento del Derecho o una legitimación pasiva para sufrir responsabilidad por tal incumplimiento. La subjetividad internacional se configura por tanto, como una categoría técnica de acusado matiz procesal.
El Estado sigue siendo el sujeto por excelencia del Derecho Internacional, en cuanto que está ampliamente capacitado para reclamar por la violación de dicho ordenamiento y también porque es susceptible de responsabilidad internacional. Hoy en día también es discutible la subjetividad internacional de las Organizaciones Internacionales, que sufren responsabilidad y la pueden reclamar de otros sujetos, lo que se conforma con el carácter parcial y fragmentariamente organizado de la Sociedad Internacional. Además, dentro del proceso de humanización del Derecho de Gentes(¿?), corresponde en nuestros días al individuo un pequeño grado de subjetividad internacional, al tener en determinados supuestos legitimación activa ante instituciones internacionales para reclamar por violación de sus derechos, y al poseer también en casos muy limitados legitimación pasiva para sufrir directamente las consecuencias de la violación del Derecho Internacional. En el Derecho Internacional existen, por tanto, diversas categorías o niveles de subjetividad internacional. El individuo tiene un grado de personalidad jurídica limitada, tenemos derechos cuando el Estado ha firmado tratados que lo digan.
Es precisamente el proceso de humanización del Derecho Internacional Contemporáneo donde se ha reconocido al individuo un grado de subjetividad internacional que, por pequeño que sea desde una perspectiva global, no había poseído antes en la historia; personalidad jurídica derivada del consentimiento de los Estados mediante la firma previa de tratados. Hoy más que nunca el individuo es el beneficiario directo e inmediato de muchas normas internacionales. En algunos casos, el individuo puede reclamar directamente por violación de sus derechos, e incluso con carácter excepcional ha sido objeto asimismo de reclamaciones directas de responsabilidad internacional. En el Derecho Internacional contemporáneo, el individuo posee, pues, una subjetividad cierta, aunque limitada, que tiene lugar dentro de marcos convencionales. El individuo tiene cierto grado de responsabilidad tanto como titular de derechos para exigirlo como para *, sería esa la responsabilidad internacional individual. Sólo podrán incurrir en responsabilidad penal individual cuando, de nuevo, el Estado lo haya consentido previamente.
La circunstancia de ser beneficiario de una norma no implica sin más el poder reclamar por su violación y es, como sabemos, tal posibilidad de reclamación la que determina la subjetividad internacional activa. Si un Estado comete un hecho ilícito internacional en prejuicio de un extranjero, persona física o jurídica, la presente situación del Derecho Internacional no habilita al perjudicado para entablar una reclamación en el plano internacional contra el Estado infractor. Efectivamente, en línea de principio, el particular no puede dirigir una reclamación directa en la esfera internacional contra el Estado autor del hecho ilícito ni puede llevarlo ante una jurisdicción u otro órgano internacional. Por ello, en los supuestos en que un particular extranjero sea víctima de una violación del Derecho Internacional por parte de un Estado, aquel no tiene en principio otro recurso que reclamar en el plano del Derecho interno del Estado infractor, y si en él no obtiene satisfacción, acudir al Estado de su nacionalidad para que sea éste quien reclame, bien directamente, bien ante un órgano internacional competente. Si el Estado de la nacionalidad del ofendido lo hace así, ejercita lo que se llama la protección diplomática. Y hay que tener en cuenta que como ha dicho el Tribunal de La Haya en dictum muy preciso, al poner en movimiento en favor de uno de sus nacionales la protección diplomática, “ese Estado hace valer, a decir verdad, su propio derecho, el derecho que tiene a hacer respetar en la persona de sus súbditos el Derecho Internacional”. Por consiguiente, aún en los casos de protección diplomática, la responsabilidad internacional se sigue configurando como una relación de Estado a Estado, lo que tiene dos importantes consecuencias: la primera es el carácter discrecional según el derecho internacional y la mayoría de los derechos internos del ejercicio de la protección diplomática, que depende de consideraciones de oportunidad política; y la segunda es la disponibilidad por el Estado de la reparación obtenida, a la que puede denunciar, sobre la que puede transigir y de la que puede incluso beneficiarse.
El proceso de institucionalización ha articulado unas fórmulas y unos cauces que permiten hablar con fundamento de una subjetividad limitada del individuo dentro de un marco convencional.
En la sociedad internacional organizada, y más concretamente en el ámbito del derecho interno de las organizaciones internacionales, existen normas que regulan las relaciones entre éstas y sus funcionarios.
Normas que son invocadas por las personas en cuestión antes órganos jurisdiccionales específicos de la organización. Es entre otros, el caso del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas. Por consiguiente, ante él, los funcionarios de las Naciones Unidas, así como los de otras organizaciones internacionales que giran en su órbita, pueden demandar a la respectiva organización. Y hay que decir también que el Tribunal de Justicia de la Comunidad europea puede conocer los litigios entre la Comunidad y sus agentes.
El paso de mayor significación en orden al reconocimiento de una cierta subjetividad del individuo fue el realizado por la Convención europea de los derechos del hombre, firmada en Roma en 1950; así como el Protocolo facultativo del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos –aprobado por la Asamblea General de las Naciones unidas en 1966, faculta a los individuos que se consideren perjudicados por una violación de los derechos enunciados en el Pacto a presentar una comunicación escrita al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas-.
La responsabilidad por infracción del Derecho Internacional la sufren los Estados y es de tipo compensatorio- Pero se habla en la disciplina de los delicta iuris Gentium, delitos contra el Derecho de Gentes, que engendran responsabilidad penal para los individuos –siempre en caso de que el Estado lo haya firmado previamente- y que son cosa distinta de los derechos ilícitos de los Estados que se dividen a su vez en crímenes y delitos internacionales.
Cuando los instrumentos internacionales sobre protección de los derechos del hombre proclaman la irretroactividad de las leyes penales se refieren a actos tipificados como delitos, bien por el derecho nacional bien por el derecho internacional (Artículo 11.2 de la Declaración Universal de la Asamblea de las Naciones Unidas; artículo 15.1 del Pacto Internacional de las Naciones Unidas sobre derechos civiles y políticos), con lo que se reconoce inequívocamente la existencia de delitos internacionales que generan responsabilidad.
LA Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, además de establecer los tipos delictivos, prevé para su sanción bien el juicio ante el tribunal competente del Estado en cuyo territorio se haya cometido el acto, bien el juicio ante el tribunal penal internacional que sea competente respecto de los Estados partes que hayan reconocido su jurisdicción. En la actualidad, el genocidio es castigado por las jurisdicciones penales internacionales creadas en la década final del siglo pasado. El artículo IX de la Convención de 1948 sienta las bases de un particular control judicial del genocidio, en la medida en que se establece la jurisdicción obligatoria del Tribunal Internacional de justicia sobre las controversias entre los Estados partes elativas a su aplicación o ejecución, incluso si se trata de la responsabilidad de un Estado en la materia.
La gravedad de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas desde 1991 con ocasión del mortífero conflicto armado que azotó a las Repúblicas desgajadas de la antigua Yugoslavia (en especial BosniaHerzegovina) determinó la adopción por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 1993 la resolución 827 por la que se crea un Tribunal Penal Internacional ad hoc para el castigo de los presuntos responsables (personas físicas) de aquellos crímenes.
El 17 de julio de 1998, por una Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Roma, del Estatuto de una Corte Internacional Penal, de naturaleza permanente, para el castigo de los crímenes internacionales más graves, a saber: el genocidio, los crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y la agresión (art. 5).
Es importante destacar que todo Estado parte en la Convención acepta la competencia de la Corte para dichos crímenes, en el entendido de que, si actúa ésta a iniciativa del Fiscal, el crimen ha tenido que ser cometido en el territorio de un Estado parte o a bordo de un buque o aeronave registrado en un Estado parte, o por un nacional de un Estado parte. El Tribunal tiene también competencia si el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remite al Tribunal una situación en la que se hayan podido cometer los crímenes internacionales en cuestión. La Corte no pretende desplazar ni sustituir a las jurisdicciones nacionales, tiene naturaleza complementaria respecto a los tribunales penales internos. No actúa si: la cuestión es objeto de proceso en el Estado competente, a menos que no demuestre voluntad de juzgarlo o sea manifiestamente incapaz de hacerlo; si el caso ha sido investigado por el Estado competente y éste ha decidido no perseguir a la persona en cuestión, a menos que la decisión resulte de falta de voluntad o de manifiesta incapacidad; y si la persona de que se trata ha sido ya juzgada por el caso, con resultado condenatorio o absolutorio. Este último es el principio llamado ne bis in ídem.
Se han creado en los últimos años nuevos modelos jurisdiccionales, los llamados tribunales penales híbridos o mixtos o internacionalizados. Obviamente, su finalidad es evitar la impunidad en la mayor medida posible mediante el castigo de los crímenes internacionales. Están situados en Camboya, Sierra Leona, Timor Oriental y Kosovo. Notas comunes de estos tribunales son el carácter mixto de su composición (jueves y fiscales nacionales e internacionales) y la naturaleza doble de su competencia (están habilitados para sancionar delitos comunes y crímenes internacionales).
Una modalidad particularmente interesante de hacer efectiva la responsabilidad penal del individuo por la comisión de crímenes internacionales es el ejercicio de la llamada jurisdicción penal universal, institución concebida con el loable propósito de poner fin a la lacra de la impunidad por los crímenes más graves, y en el entendido de que no está prohibida por el Derecho Internacional aunque tampoco prescrita por sus normas.
Se trata de la atribución de competencia por tratados internacionales o leyes internas a tribunales estatales para juzgar y sancionar esa clase de delitos cuando se perpetran por extranjeros (y también por nacionales) fuera del territorio nacional.
EL ESTADO Un Estado es un núcleo de poder organizado que tiene subjetividad internacional y que se caracteriza porque ejerce su poder soberano en un territorio determinado en el que habita una población sobre la que el Estado ejerce funciones normativas, jurisdiccionales. De cara al exterior también tiene soberanía plena para el desarrollo de relaciones exteriores de forma independiente.
Elementos: - Territorio: fronteras dudosas, no se impide que se reconozca la estatalidad, sigue cumpliendo el requisito de territorio.
- - Población: no se exige que los nacionales que habitan sean más que los extranjeros, pero sí se exige que haya un núcleo considerable de personas que sean nacionales de ese país. Cada Estado decide sus reglas sobre la nacionalidad. El nomadismo no impide que se cumpla el requisito de la población determinada, siempre que se haga en su gran parte en el interior de las fronteras del Estado.
Soberanía: control que ejerce ese ente de poder (el Estado) de manera efectiva sobre su población. Es un control normativo, jurisdiccional. También tiene que poder ejercer de forma efectiva e independencia esa soberanía hacia el exterior. (Núcleo reductivo de la estatalidad: se manifiesta en el territorio y un núcleo de poder sobre tal territorio). Si un Estado renuncia a su soberanía territorial, deja de ser Estado.
La soberanía del Estado constituye un factor determinante y de primer orden en la actual configuración de la sociedad internacional y del Derecho de Gentes. El él reposa todo el Derecho Internacional. La soberanía del Estado tiene un carácter acusadamente funcional, porque si el Derecho Internacional reconoce soberanía a los Estados es precisamente para que éstos realicen sus funciones. Es justamente el importante principio de la igualdad soberana de los Estados el que hace imperativa la distribución de competencias entre ellos. Cuando el Derecho Internacional atribuye competencias a los Estados, puede imponerles además criterios o límites respecto al ejercicio de las mismas, es decir, reglamentando su ejercicio. Por ejemplo, el Derecho Internacional confiere competencia a los Estados para regular la nacionalidad de la comunidad humana asentada en su territorio, pero cabe que en este punto los Estados hayan asumido obligaciones convencionales que limitan el ejercicio de aquella competencia. Del mismo modo, el Derecho Internacional concede competencias al Estado, en forma de soberanía territorial, sobre una franja de mar inmediatamente adyacente a sus costas que se denomina mar territorial, pero esta soberanía se ejerce con arreglo a esta convención y otras normas de derecho internacional (Convención de 1982 sobre el Derecho del Mar). Se trata, pues, de soberanía con límites. Pues bien, en la medida en que el Derecho Internacional asigna límites o impone criterios a los Estados en el ejercicio de sus competencias puede hablarse de competencias regladas o no discrecionales. Por el contrario, cuando el Derecho Internacional se circunscribe a atribuir competencias a los Estados sin señalarles cortapisas o imponerles criterios respecto al ejercicio de las mismas, esto es, sin reglamentar este ejercicio, se habla de competencias discrecionales, o exclusivas, o asuntos de jurisdicción interna. Esta distinción entre competencias regladas y discrecionales del Estado es particularmente importante en la vida de las organizaciones internacionales precisamente para poner un límite a las actuaciones de éstas frente a la soberanía de los Estados.
Reconocimiento de Estados: -Definición: es un acto declarativo (=puede existir con independencia de esa declaración) emitido por un Estado, a través del cual ese Estado manifiesta que considera a un determinado ente internacional como cumplidor de los requisitos de la estatalidad, como Estado. Reconocer es un acto de soberanía. *Lo que pueden hacer los órganos de las Organizaciones Internacionales (ejemplo: Asamblea General ONU) hacer un llamamiento a reconocer o no un Estado, pero ellas no reconocen directamente. El acto de reconocimiento solo cabe cuando el otro lo pide.
Si un Estado recupera su antigua calidad de tal, es decir, recobra su independencia (caso de las Repúblicas Bálticas en agosto de 1991), lo que se reconoce es la recuperación de independencia, no hay propiamente reconocimiento de un Estado nuevo. Si un Estado es considerado como continuador de la personalidad jurídica internacional de otro (caso de la República de la Federación Rusa respecto a la Unión Soviética), no es objeto de reconocimiento como nuevo Estado, lo que sí se puede reconocer es el hecho de esa condición de Estado continuador.
El reconocimiento de un Estado por otro tiene carácter político, lo que significa que es discrecional, en cuanto que el Derecho Internacional no obligaría a reconocer a un nuevo Estado incluso si cumpliese a satisfacción los requisitos exigidos al respecto. El reconocimiento se otorgaría, pues, con finalidad política. El reconocimiento se limita a comprobar una situación ya existente con anterioridad. El reconocimiento puede tener un valor constitutivo. El nuevo Estado pasaría a existir desde el punto de vista jurídico precisamente como consecuencia del reconocimiento. El reconocimiento como acto político y discrecional tiende a sus efectos declarativos. El reconocimiento como acto jurídico y obligatorio apunta hacia su valor constitutivo.
La práctica contemporánea de las relaciones internacionales demuestra que no hay obligación jurídica de reconocer a nuevos Estados. Ningún Estado incurriría en responsabilidad internacional por el hecho de no reconocer a un Estado nuevo en el que concurriesen los requisitos pertinentes de Gobierno, población y territorio. España, por ejemplo, sólo en enero de 1986 reconoció al Estado de Israel, sin que por ello pudiese imputar violación alguna del Derecho Internacional. El reconocimiento de Estados es un acto libre y discrecional, que se ejerce con finalidad política. El reconocimiento de un Estado nuevo es el acto libre por el cual uno o varios Estados constatan la existencia sobre un territorio determinado de una sociedad humana políticamente organizada, independiente de cualquier otro Estado existente.
El hecho de que el reconocimiento de Estados sea un acto libre y discrecional, no impide que, en ejercicio de su libertad soberana, los gobiernos de otros Estados condicionen el reconocimiento al hecho de que el nuevo Estado satisfaga ciertos requisitos de carácter jurídico.
Declaración de independencia de Kosovo (unilateralmente el 17 de febrero de 2008): semejante declaración vulneraba el derecho Internacional (principios de inviolabilidad de fronteras y de integridad territorial de los Estados), y ello explica que la posición común de los 27 ministros de exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea, adoptada en Bruselas, consistiese únicamente en señalar el carácter único y no constitutivo de precedente de esa independencia, dejando en libertad a los Estados miembros para reconocer o no a Kosovo como Estado soberano.
Del carácter de acto libre y discrecional del reconocimiento de Estados se desprende que, en principio, sus efectos son declarativos. “La existencia del Estado nuevo con todos los efectos jurídicos que se atribuyen a esta existencia no queda afectada por la negativa de reconocimiento de uno o varios Estados”. La propia existencia de un Estado produce importantes efectos jurídicos oponibles erga omnes. Todo Estado nuevo en el que concurran los requisitos pertinentes tiene derecho, con independencia de que haya sido o no objeto de reconocimiento, a que se respeten su soberanía territorial y otros atributos básicos del Estado.
Pero resulta indudable que, en determinados campos en que el Derecho Internacional concede un margen de discreción y libertad soberana de actuación a los Estados, el reconocimiento o no reconocimiento de un Estad nuevo sí puede producir algunos efectos jurídicos.
Si se constituyese un Estado ficticio, esto es, un Estado que careciese de los elementos sustanciales, sería más patente si cabe le carácter político y discrecional del reconocimiento. Desde el punto de vista doctrinal se ha llegado a sostener incluso que tal reconocimiento sería ilícito y desencadenaría, por consiguiente, la responsabilidad internacional de su autor, aunque en la práctica de las relaciones internacionales los efectos del reconocimiento de un Estado ficticio, tanto beneficiosos como perjudiciales, tienen lugar básicamente en el plano político. Un caso de Estado ficticio, objeto de múltiples reconocimientos de carácter político, es el del Estado palestino.
-Puede ser explícito o implícito: implícitos –enviar o recibir una embajada, firma de Tratados. Un Estado puede firmar un Tratado comercial con otro y poner una cláusula en la que explique que eso no es justificación de que reconozca como Estado a tal ente. Si un país vota afirmativo por la entrada de un Estado en una OI, le reconoce implícitamente.
Lo único exigente por parte del Derecho Internacional en cuanto al reconocimiento explícito de un Estado nuevo, es que exista una exteriorización mínima de la manifestación de voluntad de un Estado de reconocer a otro. Cabe, por supuesto, el reconocimiento explícito de un Estado por vía de tratado, como es el caso del celebrado el 1 y 3 de junio de 1993 entre España, Francia y Andorra, en virtud del cual los dos primeros Estados reconocieron al tercero.
La cuestión del reconocimiento implícito es mucho más compleja, pues se trata de saber de qué comportamientos de un Estado cabe inferir la voluntad de reconocer a un Estado nuevo. No ofrece duda que el establecimiento de relaciones diplomáticas con un nuevo Estado implica reconocimiento de éste, como también lo implicaría un mensaje de congratulación al nuevo Estado, y el hecho de votar en una Organización internacional en favor de la admisión de un nuevo Estado candidato.
Por ejemplo, cuando España y muchos otros países occidentales votaron en septiembre de 1991 a favor de la admisión de Corea del Norte en la Organización de las Naciones Unidas, reconocieron implícitamente a este país. Pero no equivale a reconocimiento implícito el hecho de participar en una misión de paz de Naciones Unidas (caso de España respecto del territorio de Kosovo).
-Reconocimiento de Estados VS reconocimiento de Gobiernos: el reconocimiento de Estados surge por ejemplo con la descolonización, en el ejercicio de la libre determinación de los pueblos, cuando dos entes se disputan la soberanía del territorio o reivindican la estatalidad. El reconocimiento de gobierno surge cuando hay un cambio de gobierno al margen de las reglas constitucionales/parlamentarias de ese Estado. También es un acto de los Estados. El gobierno –como elemento del Estado- debe ser estable, independiente y efectivo.
Lo que tiene relevancia jurídica es el reconocimiento del Estado. Se puede reconocer a Estados que aún no tengan la estabilidad, independencia o efectividad desarrollada al completo –cuando de lo que se trata es de potenciar un principio del derecho internacional como por ejemplo el Principio de determinación de los pueblos-; de hecho en la época de la colonización la Asamblea General de las Naciones Unidas hacía llamamientos a sus miembros para que reconocieran a esos nuevos Estados que aún estaban en vías de constituirse como tal aunque le falten alguno de esos elementos aún.
La práctica internacional demuestra la existencia de actos de reconocimiento realizados por el gobierno de un Estado al gobierno de otro Estado. Tales reconocimientos se pueden reconducir a tres situaciones básicas: 1) Reconocimiento de gobiernos locales, esto es, de gobiernos que no ejercen control sobre todo el territorio de un Estado, sino solamente sobre parte de él.
2) Reconocimiento de gobiernos en el exilio (como México con el gobierno de la II República española).
3) Reconocimiento de gobiernos que han surgido en violación de la legalidad constitucional vigente en un Estado.
El reconocimiento de gobiernos locales está inspirado en la práctica, fundamentalmente por consideraciones de orden político, aunque desde el punto de vista del DI se entiende que aquel reconocimiento sólo puede hacerse cuando la adquisición de control efectivo sobre el territorio sea tal que pueda preverse razonablemente el triunfo de la insurrección y un control total por ella del territorio; se entiende asimismo que si el conflicto se prolonga en el tiempo, cabe un reconocimiento limitado, como régimen de facto, del gobierno revolucionario.
El caso de gobiernos en el exilio es el de aquellos gobiernos que reclaman la suprema autoridad sobre un Estado que o bien está bajo el control efectivo de otras autoridades, o bien se proyecta crear en el territorio de otro u otros estados existentes. El reconocimiento de un gobierno en el exilio es, por supuesto, un acto político y por tanto discrecional. Es de la mayor importancia para que el gobierno en el exilio pueda ejercer algunos atributos internacionales (celebración de tratados, establecimiento de relaciones diplomáticas) con los Estados que lo hayan reconocido. Desde el punto de vista del DI el reconocimiento de gobiernos en el exilio debe ser conciliado con principios básicos de la disciplina, como el de respeto a la soberanía territorial, prohibición de intervenir en los asuntos internos de otros Estados y efectividad.
En el tercer caso: cuando el cambio de gobierno de un Estado tiene lugar en la vulneración de la legalidad constitucional establecida, o lo que es lo mismo, de manera revolucionaria a través de un golpe de Estado, se habla de gobierno de facto o de hecho como contrapuesto al gobierno legal o de iure. La neutralidad del DI hacia los sistemas políticos internos explica la inexistencia de normas positivas sobre los requisitos que debe reunir un gobierno de facto para ser reconocido. Se ha formulado una serie de doctrinas: - - - La doctrina de la legalidad o doctrina TOBAR: preconiza el no reconocimiento de los gobiernos transitorios nacidos de las revoluciones hasta que quede demostrado que gozan del apoyo de sus países. En 1913 el presidente norteamericano Wilson expresó ideas similares y desde ese año los Estados Unidos aplicaron esta doctrina en sus relaciones con otros países del continente.
La doctrina ESTRADA: según ella, la práctica del reconocimiento es denigrante por herir a la soberanía de otras naciones y suponer una actitud crítica de sus asuntos internos. Esta doctrina, que supone en último análisis la sustitución del reconocimiento explícito por el reconocimiento implícito y en la que subyace una intención anti-intervencionista, fue desarrollada y dotada de contenido en la resolución XXXV de la IX Conferencia de Estados Americanos, celebrada en Bogotá en 1948. En la práctica, el funcionamiento de la doctrina ESTRADA favorece el reconocimiento –implícito- de los gobiernos nacidos en vulneración de la normativa constitucional. La experiencia demuestra, en efecto, que después de un golpe de Estado pocos son los casos en que se rompen relaciones diplomáticas o se retira la representación, y esto significa, desde el punto de vista jurídico, reconocimiento implícito del gobierno inconstitucional.
La doctrina de la efectividad o doctrina LAUTERPACHT: según la cual habría obligación de reconocer a los Gobiernos que ejercen un control efectivo sobre un territorio y población que en él se asienta. Esta doctrina ha inspirado la práctica del Gobierno del Reino Unido y la de algunos otros y parece la más adecuada desde el punto de vista del Derecho Internacional por el grado de seguridad jurídica que introduce.
Aunque el acto de reconocimiento de un gobierno de facto tiene naturaleza e intencionalidad política, el no reconocimiento puede producir algunos efectos jurídicos. Se entiende así que un gobierno no puede litigar en nombre de su Estado ante los tribunales del Estado extranjero que no lo haya reconocido. En lo que respecta a la inmunidad jurisdiccional del Estado ante tribunales internos de otro, se entiende que alcanza incluso al Estado cuyo gobierno ha sido objeto de reconocimiento. Sin embargo, el gobierno no puede reclamar la propiedad de los bienes del Estado sitos en otro Estado que no lo haya reconocido. Es indudable en todo caso que, por aplicación del principio de la efectividad, los atributos básicos del Estado cuyo gobierno no ha sido reconocido, y entre ellos el respeto a la soberanía territorial, son oponibles erga omnes.
El reconocimiento de un gobierno de facto puede ser, en conclusión, explícito o implícito. Respecto al reconocimiento explícito: el DI es eminentemente no formalista y lo único que se exige al respecto por razones de seguridad jurídica es que se exteriorice mínimamente la manifestación de voluntad en que consiste el reconocimiento. En lo que respecta al reconocimiento implícito: resulta de los mismos comportamientos que significan reconocimiento de un Estado. Digamos en conclusión, que el reconocimiento de un Estado implica el reconocimiento del Gobierno que se encuentra a su cabeza.
Relación entre el reconocimiento de gobiernos y el principio de no intervención: si varios Estados no reconocen a un gobierno de otro Estado, significaría una violación del principio de no intervención –porque el gobierno ha llegado por vías legales-. Lo que no se puede es pronunciarse en la escena internacional sobre cambios de gobiernos cuando se han hecho por la vía legal y cuando no vulneran ningún principio de derecho internacional. Un Estado no reconoce a un gobierno cuando dice que no considera que ese gobierno represente legítimamente a ese Estado. La limitación de los Estados en el ámbito del reconocimiento de gobiernos ha venido inspirada por la idea de que hay que prevenir la intervención política entre Estados.
Los Estados son libres de reconocer o no a un Estado, aunque existen casos límites en que hay una relación entre normas básicas del derecho internacional y el reconocimiento: 1) cuando un pueblo ilegítimamente se está intentando aspirar a constituirse como estado, un Estado puede reconocerlo e incluso por llamamientos de la Asamblea General, por cuestión moral y jurídica –Principio de libre determinación de los pueblos-, pragmática –si tú como Estado lo reconoces aunque no esté formado aún ayudas a que se forme antes-; 2) si hay Estados, por ejemplo racistas –norma ius cogens, prohibición del establecimiento de un Estado Racista-, la Asamblea General puede llamar a sus miembros a no reconocer a ese Estado; es decir, se les llama al no reconocimiento cuando hay una violación de una norma básica por parte de ese nuevo Estado.
INMUNIDAD DEL ESTADO: es una institución de carácter procesal, es decir, se invoca en medio de un proceso judicial en el que una de las partes –la parte demandada- es un Estado. Responde al principio de soberanía de los Estados, la inmunidad es un reflejo de la soberanía. La inmunidad puede ser absoluta o restringida.
Absoluta: si se intentaba denunciar a otro país dentro de otro diferente, el país extranjero iba a invocar la inmunidad de jurisdicción; ya no está en vigor. Restringida: sí está en vigor, es la posibilidad de invocar la inmunidad para aquellos actos que afectan al ejercicio esencial de la soberanía; habrá actos de naturaleza ordinaria (realizados por un particular) y actos que corresponden a la soberanía. Es una buena solución para respetar la soberanía de ambos Estados; el hecho de que se vaya restringiendo cada vez más hace también que se respete el sistema normativo, laboral, económico etc del otro Estado, por eso es la mejor manera de conseguir el respeto de las soberanías.
- - JURISDICCIÓN: cada vez se va restringiendo más. Hace referencia a la posibilidad o no de que un Estado sea parte demandada en un juicio. La inmunidad/posibilidad garantizaría que no fuera demandado. Inmunidad que tiene un Estado frente a ser parte o no de un juicio. Todos los Estados pueden ejercerla.
EJECUCIÓN: tiene que ver con la ejecución de la sentencia. Inmunidad/posibilidad que tiene un Estado de ejecutar o no una sentencia. Todos los Estados pueden ejercerla.
El Derecho Internacional cuenta con un principio que proclama la inmunidad del Estado frente a las jurisdicciones internas de otros, o lo que es lo mismo, la imposibilidad en que se encuentra el tribunal de un Estado para decidir un litigio en que figure como demandado un Estado extranjero.
La teoría de la inmunidad restringida está ganando progresivamente adeptos, especialmente entre los países occidentales. La Convención europea sobre inmunidad de los Estados está inspirada en la idea de conseguir la mayor protección posible para los particulares que contratan con Estados extranjeros y que acoge, desde luego, la tesis de la inmunidad restringida. Hoy ya no se puede sostener que la tesis de la inmunidad absoluta constituya una norma de derecho internacional general, porque ni existe en la actualidad una práctica uniforme (elemento material de la costumbre) y no cabe considerar tampoco que exista una opinio iuris generalis (elemento espiritual). Consiguientemente, el desconocimiento de la inmunidad en los casos de actos iure gestionis no desencadena la responsabilidad internacional del Estado del tribunal que condene a un Estado extranjero.
Mas una cosa es la inmunidad de jurisdicción del Estado extranjero y otra la inmunidad de ejecución.
Es evidente que si se sigue la teoría de la inmunidad absoluta no se presenta el problema de la ejecución de sentencias contra un Estado extranjero, a no ser que se renuncie a aquella, pero la situación es distinta si la tesis adoptada es la de inmunidad restringida. Suponiendo que, de acuerdo a esta última doctrina, o en los supuestos de renuncia a la inmunidad, un tribunal interno llegue a dictar una sentencia condenando a un Estado extranjero, ¿permite el DI la ejecución de la sentencia? No existe una norma general del Derecho Internacional que proclame la inmunidad absoluta de ejecución del estado extranjero.
Puesto que los instrumentos internacionales sobre derechos humanos proclaman el derecho a un proceso equitativo, entendiéndose que en este derecho está comprendido el de acceso a un juez o tribunal, se puede plantear la cuestión de si la inmunidad de la jurisdicción de los Estado –y, en su caso, de las organizaciones internacionales- pugna con el derecho en cuestión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se enfrentó con este problema en dos casos: Ocurría efectivamente que los instrumentos fundacionales de esta organización internacional (Agencia Espacial Europea) proclamaban la inmunidad de jurisdicción y ejecución y que estas inmunidades habían sido aceptadas por la legislación interna. Como los tribunales alemanes se declararon incompetentes en aplicación de la inmunidad mencionada, los demandantes pretendían la condena de Alemania porque se les había rehusado en violación de la Convención el derecho de acceso a un juez o tribunal. Pero el Tribunal Europeo no lo entendió así, considerando fundamentalmente que el derecho en cuestión tiene limitaciones y que la resultante de las reglas internacionales sobre inmunidades de jurisdicción y ejecución persigue un fin legítimo, a saber, el buen funcionamiento de las organizaciones internacionales y la ampliación e intensificación de la cooperación internacional, siendo la inmunidad de jurisdicción una medida razonablemente proporcionada a la consecución de ese fin. El Tribunal, apoyándose en la misma doctrina, concluyó en la no violación del artículo 6.1 de la Convención ante una aplicación por los tribunales irlandeses del principio de la inmunidad de jurisdicción de los Estados. El razonamiento fue que el fin de la inmunidad es legítimo (respeto del Derecho Internacional para favorecer la cortesía y las buenas relaciones entre Estados) y que la restricción guarda una relación razonable de proporcionalidad con ese fin.
La teoría de la inmunidad restringida de jurisdicción o de ejecución conoce muchas variantes en la práctica de los Estados, que introducen inseguridad y desorden además de causar fricciones. Y para evitar estos inconvenientes es altamente deseable la mayor uniformidad jurídica, y de ahí el interés y la convivencia de la codificación de las reglas en la materia. En su período de sesiones de 1991, la Comisión de Derecho Internacional aprobó el proyecto de artículos sobre inmunidades jurisdiccionales de los Estados, que la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió someter a observaciones de los Gobiernos. El proyecto se inspira en sus grandes líneas en la tesis de la inmunidad restringida. Puede decirse que la inmunidad del Estado <<es limitada o restringida en el sentido de que no es “absoluta” ni hay que reconocerla en todo tipo de circunstancias sin tener en cuenta en qué calidad haya actuado el Estado o la clase de actividades atribuidas al mismo>>. En 2004 se adoptó en el seno de la Asamblea General un nuevo texto de la Convención, basado en la misma filosofía de la inmunidad restringida, pero con disposiciones susceptibles de un mayor número de aceptaciones estatales.
La Convención, tras sentar como punto de partida el principio de inmunidad jurisdiccional, enuncia en los artículos siguientes una serie de importantes excepciones, unas de orden procesal y otras de índole sustantiva.
Las procesales son las siguientes: consentimiento expreso al ejercicio de jurisdicción; supuesto en que el Estado concernido haya iniciado el proceso, intervenido en él o realizado cualquier acto en relación con el fondo; o caso de presentación de una demanda reconvencional. En cuanto a las excepciones de naturaleza sustantiva a la inmunidad jurisdiccional, podemos decir que son aquellas que se suponen relativas a actuaciones iure gestionis de los Estados, a saber: transacciones mercantiles con una persona natural o jurídica. Partiendo del principio de inmunidad, son tres los casos en que se permite la ejecución, a saber: el consentimiento del Estado propietario de los bienes, la asignación de bienes por el Estado concernido a la satisfacción de la demanda, y el supuesto de que se trate de bienes utilizados por el Estado para fines distintos de los fines oficiales no comerciales.
RASGOS DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA INTERNACIONAL En derecho internacional hay una sola categoría de sujetos que poseen personalidad jurídica: los Estados. Tener personalidad jurídica significa ser titular de derechos y obligaciones. Los Estados tienen plena personalidad jurídica, es decir, el Estado puede hacer todo lo que pueda hacer un sujeto de derecho internacional, son sujetos primarios de derecho internacional –ellos crean las normas-. Las organizaciones internacionales son sujetos secundarios o derivados. Una de las causas que dio pie a la duda sobre si las organizaciones internacionales tenían personalidad jurídica fue el asesinato del mediador en Palestina de Naciones Unidas, cuando se contempló la duda de si UN tenía derecho a reclamar.
El supuesto de hecho para que exista responsabilidad es la existencia de obligaciones del ordenamiento en cuestión, una violación de la norma, posibilidad de establecer una relación de responsabilidad –aunque no siempre es posible-; el sujeto que ha violado una norma incurre en la responsabilidad y debe una indemnización de los daños.
Caso de Naciones Unidas: regla general que dice que los Estados son responsables de las acciones terroristas ocurridas en su territorio, de manera que Israel ya tenía esa obligación. Por tanto Naciones Unidas podía pedir la reclamación a Israel de responsabilidad. ¿Por qué debe poner la reclamación de Naciones Unidas y no Suecia (nacionalidad del asesinado)?: porque estaba desarrollando sus funciones en el desarrollo de la ONU.
La circunstancia de ser beneficiario de una norma no implica sin más el poder reclamar por su violación y es, como sabemos, tal posibilidad de reclamación la que determina la subjetividad internacional activa. Si un Estado comete un hecho ilícito internacional en prejuicio de un extranjero, persona física o jurídica, la presente situación del Derecho Internacional no habilita al perjudicado para entablar una reclamación en el plano internacional contra el Estado infractor. Efectivamente, en línea de principio, el particular no puede dirigir una reclamación directa en la esfera internacional contra el Estado autor del hecho ilícito ni puede llevarlo ante una jurisdicción u otro órgano internacional.
Por ello, en los supuestos en que un particular extranjero sea víctima de una violación del Derecho Internacional por parte de un Estado, aquel no tiene en principio otro recurso que reclamar en el plano del Derecho interno del Estado infractor, y si en él no obtiene satisfacción, acudir al Estado de su nacionalidad para que sea éste quien reclame, bien directamente, bien ante un órgano internacional competente. Si el Estado de la nacionalidad del ofendido lo hace así, ejercita lo que se llama la protección diplomática. Y hay que tener en cuenta que como ha dicho el Tribunal de La Haya en dictum muy preciso, al poner en movimiento en favor de uno de sus nacionales la protección diplomática, “ese Estado hace valer, a decir verdad, su propio derecho, el derecho que tiene a hacer respetar en la persona de sus súbditos el Derecho Internacional”. Por consiguiente, aún en los casos de protección diplomática, la responsabilidad internacional se sigue configurando como una relación de Estado a Estado, lo que tiene dos importantes consecuencias: la primera es el carácter discrecional según el derecho internacional y la mayoría de los derechos internos del ejercicio de la protección diplomática, que depende de consideraciones de oportunidad política; y la segunda es la disponibilidad por el Estado de la reparación obtenida, a la que puede denunciar, sobre la que puede transigir y de la que puede incluso beneficiarse.
Existe, pese a todo, un proceso de institucionalización que ha permitido articular convencionalmente unas fórmulas y unos cauces que posibilitan en casos concretos el acceso directo de individuos ante instancias internacionales que controlan la aplicación de determinadas normas del Derecho de Gentes. Tales fórmulas y cauces permiten hablar con fundamento de una subjetividad limitada del individuo dentro de un marco convencional.
En la sociedad internacional organizada, y más concretamente en el ámbito del Derecho interno de las organizaciones internacionales, existen normas que regulan las relaciones entre éstas y sus funcionarios.
Normas que son invocables por las personas en cuestión ante órganos jurisdiccionales específicos de la organización. Es, entre otros, el caso del Tribunal Administrativo de Naciones Unidos. Por consiguiente, ante él, los funcionarios de las Naciones Unidas, así como los de otras organizaciones internacionales que giran en su órbita, pueden demandar a la respectiva organización. Y hay que decir también que el Tribunal de Justicia de la Comunidad europea puede conocer de los litigios entre la Comunidad y sus agentes.
El paso de mayor significación en orden al reconocimiento de una cierta subjetividad del individuo fue el realizado por la Convención europea de los derechos del hombre, firmada en Roma en 1950.
El Protocolo facultativo del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, faculta a los individuos que se consideren perjudicados por una violación de los derechos enunciados en el pacto a presentar una comunicación escrita al comité de derechos humanos de las Naciones Unidas. Pues lo único que puede hacer es transmitir tal comunicación al Estado presuntamente infractor, el cual, en un plazo de seis meses, deberá presentar explicaciones o declaraciones por escrito en las que se aclare el asunto e indicar las medidas que eventualmente haya adoptado al respecto. El Comité, tras tomar nota de estas explicaciones y de todas las informaciones escritas del individuo, presentará sus observaciones a él y al Estado en cuestión.
Si el conde tuviese que confiar en la protección sueca, no se podría garantizar que realiza de forma neutral el ejercicio de sus funciones que le tiene atribuido su contrato con Naciones Unidas, y las funciones que están previstas en la Carta de la ONU. Se necesita que quien imponga la reclamación sean las Naciones Unidas. De manera que las organizaciones internacionales tienen personalidad jurídica funcional, no plena como los Estados, puesto que lo que pueden y no pueden hacer es diferente en cada organización, solo pueden hacer aquello que sea necesario para el correcto ejercicio de sus funciones. Además, su personalidad es implícita, es decir, en los distintos tratados de las organizaciones internacionales tienen artículos que lo señalan. Es objetiva: se impone incluso a los Estados que no son miembros de la organización.
La razón que explica la Corte Internacional de Justicia de por qué Naciones Unidas podía presentar esa reclamación a Israel sin ser miembro de esa organización, es que es una organización de carácter universal.
Conclusión: las organizaciones internacionales tienen personalidad jurídica derivada, funcional, implícita, objetiva y diferente la de las distintas organizaciones.
No se sabía si las Naciones Unidas ponían poner una reclamación internacional: se necesita saber si tienen personalidad jurídica, tener el poder de reclamar esos derechos y exigir responsabilidad. Tanto Suecia como Naciones Unidas podían ejercer el derecho de reclamación. Surgiría entonces un conflicto entre ambos, pero en este caso Suecia tendría la obligación de abstenerse en caso de que Naciones Unidas lo ejerciese adecuadamente, puesto que es un dictamen de la ONU.
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