%TEMA 5. EL PODER JUDICIAL (2011)

Apunte Español
Universidad Universidad de Burgos
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Derecho constitucional II
Año del apunte 2011
Páginas 12
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Organización institucional del Estado. Tema V: El poder judicial.
___________________________________________________________________________ TEMA 5. EL PODER JUDICIAL.
5.1. LA CONFIGURACIÓN CONSTITUCIONAL El poder judicial es un poder del Estado encargado de administrar la justicia en la sociedad, mediante la aplicación de las normas jurídicas en la resolución de conflictos. Por "Poder judicial", se entiende a la organización, institución o conjunto de órganos judiciales o jurisdiccionales del Estado: juzgados y tribunales, que ejercen la potestad jurisdiccional, y que suele gozar de imparcialidad y autonomía.
Todo Estado democrático de Derecho y Constitucional se rige en torno al principio de separación de poderes, con arreglo al cual todos los poderes del Estado y sus funciones inherentes se atribuyen a órganos diferentes. Características básicas del poder judicial: Posee una composición diferenciada y un carácter difuso: el poder judicial reside en un conjunto de órganos diferenciados que son los tribunales, al frente de los cuales se hallan los jueces y magistrados.
Los Tribunales sólo son poder del Estado cuando ejercen la función jurisdiccional. Cabe diferenciar entre poder judicial y administración de justicia, que es aquel servicio público constituido por un conjunto de medio materiales y personales que están al servicio de los órganos judiciales para el ejercicio de la función jurisdiccional.
La CE regula el poder judicial en su Título VI, y además es el único poder definido en la CE como poder, para resaltar el principio de independencia judicial.
   El art. 117.1 CE define la justicia.
El art. 1.1 CE mencionada como uno de los valores superiores del Estado español.
El art. 1.2 CE establece que la justicia emana del pueblo.
1) Los jueces y magistrados aplican las leyes, que son la expresión de la voluntad popular, pero no son meros mecánicos, sino que tienen su propia ideología y la aplican. Esta administración de la justicia en nombre del Rey es un formalismo histórico, ya que todos los poderes se concentraban en el Monarca. Además está relacionado con el poder simbólico que se atribuye al Jefe del Estado.
2) El diseño del poder judicial es un diseño tradicional pero ejerce la función jurisdiccional.
3) El poder judicial es por definición un poder difuso. Las Cortes generales conforman el poder legislativo; el gobierno y la administración el poder ejecutivo; mientras que el poder judicial son los jueces y magistrados. Si cada juez cuando ejerce la función jurisdiccional es el poder judicial, ¿En qué consiste su regulación? - En la regulación del status de sus miembros: derechos y obligaciones de los de los jueces.
- Para que cumpla con su función debe ser independiente del resto de poderes. Según el principio de independencia judicial, los jueces y magistrados sólo estarán sometidos a la Ley en el ejercicio de sus funciones.
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___________________________________________________________________________ 5.2. PODER JUDICIAL Y FUNCIÓN JURISDICCIONAL Si partimos de una perspectiva formalista la función jurisdiccional, consistiría en deducir de una norma general una regla específica para resolver un conflicto concreto. De esta deducción no se observa diferencia de lo que es la función ejecutiva, pero si partimos de la perspectiva materialista, podemos diferenciar entre función jurisdiccional y la función ejecutiva:  La función ejecutiva tiene un carácter no rogado, es decir, actúa de oficio (cuando la propia Administración, consciente de una irregularidad abre un proceso de investigación al respecto) no a instancia de parte. Además no necesita un conflicto previo para ejercer su función.
 La función judicial se caracteriza por tener un carácter rogado (se inicia a instancia de parte, cuando un particular realiza una instancia en la que solicita un derecho o transmite el incumplimiento de algún deber a la Administración para que lo solucione) y siempre necesita un conflicto previo para poder ejercer sus funciones.
 En ocasiones, la Administración pública puede actuar a instancia de parte cuando existe un conflicto previo. En definitiva, la independencia judicial es la característica diferenciadora entre ambas funciones, algo que no posee la Administración pública.
 En consecuencia, los jueces y magistrados del poder judicial aplican la ley a un caso concreto en el que existe un conflicto de forma absolutamente independiente, con una independencia orgánica (no están sometidos ni otros órganos del Estado ni a las partes) y una independencia funcional (resolverán el conflicto de forma definitiva, mediante un resolución judicial firme contra la cual no cabrá recurso alguno).
 Principios constitucionales que caracterizan al poder judicial (principios jurídico-políticos) 1) Principio de unidad jurisdiccional: - El art. 117.5 CE establece la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales.
- El art. 122 CE habla de un estatuto jurídico.
Desde una dimensión interna, el poder judicial estaría constituido por Jueces y Magistrados que integran unos órganos judiciales (los Tribunales), y que conforman un complejo orgánico unitario, situándose el TS en la cúspide, ejerciendo sobre todo el territorio del Estado. Todos estos órganos judiciales ejercerán la función judicial de forma unitaria monopolizando el ejercicio de dicha función, y todos estos órganos integrarán el poder judicial ordinario.
La potestad jurisdiccional corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes según normas de competencia y procedimiento. La jurisdicción es única y se ejercerá por los Juzgados y Tribunales. En los preceptos constitucionales contenidos en el art. 117 se menciona la imposibilidad de que el ejercicio de la judicatura pueda ser realizado por órganos diferentes a los que forman parte del Poder judicial, con excepción de la jurisdicción militar. Salvo esta excepción, cualquier otro órgano queda prohibido (ej. Los Tribunales de excepción) ────────────────────────────────────────────────────────────── Instituciones y organización territorial del Estado. DADE 2012 51 Organización institucional del Estado. Tema V: El poder judicial.
___________________________________________________________________________ 2) Principio de plenitud jurisdiccional (art. 73): El art. 73.2. “La facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolver y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la Ley”. Por ello, la función jurisdiccional corresponde únicamente a los tribunales establecidos por la Ley. El mencionado art. 73 señala que “Ni el Presidente de la República ni el Congreso puede, ejercer funciones judiciales”.
3) Principio de responsabilidad judicial: mencionado en el art. 117. Los jueces y magistrados son responsables por el ejercicio de sus funciones. Se caracteriza por una responsabilidad jurídica (no por una responsabilidad política). Tienen:  Responsabilidad penal, determinada en el CP, donde se determinan algunos delitos específicos que pueden ser cometidos por los jueces en el ejercicio de sus funciones (cohecho, prevaricación…).
 Responsabilidad civil, es la responsabilidad en la que incurren los jueces por aquellos daños o perjuicios que hubiesen causado a los ciudadanos (dolo o culpa grave). La responsabilidad civil personal se complementada por una responsabilidad directa y objetiva del Estado, que viene reconocida en el art. 121 CE  Responsabilidad disciplinaria o gubernativa, aquella en la que incurren por el incumplimiento de los deberes y obligaciones inherentes al cargo judicial. Regulada en la LOPJ, en la que se distinguen unas faltas muy graves, graves y leves.
4) Principio de sometimiento a la Constitución y a la Ley. Este principio de legalidad, es “esencial en la Administración de Justicia”.
5) Principio de independencia: independencia de los órganos jurisdiccionales, fundamentado por el exclusivo sometimiento a la ley. El ejercicio de la función judicial debe realizarse sin ningún tipo de interferencias, no estando sujetos los jueces a ninguna orden procedente de un órgano superior.
Existen otros principios constitucionales que son más de carácter procesal, como: el principio de publicidad procesal, el principio de oralidad para el proceso penal, principio de motivación de las resoluciones jurisdiccionales (necesidad de motivar las resoluciones), principio de gratuidad de la justicia 5.3. LA POSICIÓN CONSTITUCIONAL DEL JUEZ: INDEPENDENCIA, LEGITIMIDAD Y ESTATUTO DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS.
La independencia judicial constituye la característica fundamental del estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados. A él se refiere el art. 117.1 CE cuando dice que “la justicia se ejerce por los jueces y magistrados independientes y sometidos únicamente al imperio de la Ley”.
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___________________________________________________________________________ En este sentido los Jueces y Magistrados en ejercicio de la función judicial van a estar sometidos a la Ley en sentido amplio, es decir, están sometidos al Derecho en general, a la Ley en particular, y a la Constitución, como norma jurídica suprema. Así como a la jurisprudencia del TC (art. 5.1. LOPJ) La independencia y el sometimiento del juez a la Ley constituyen la legitimidad del poder judicial, puesto que el juez o magistrado no tiene una legitimidad directa, sino que la obtienen del ejercicio de la función judicial, que consiste en aplicar la Ley al caso concreto. Ley que es además la expresión de la voluntad popular.
Los jueces y magistrados no pueden recibir órdenes ni instrucciones de otros órganos del Estado, ni siquiera de sus compañeros. En el caso de que estos ordenen alguna instrucción, el Juez está obligado a exponer dicha situación mediante una queja al Consejo General del Poder Judicial, dado que este hecho es objeto de responsabilidad disciplinaria.
Cuentan con independencia orgánica, que puede ser:  Externa: imposibilidad de que otros órganos del Estado interfieran en el ejercicio de la función judicial llevado a cabo por los Jueces o Magistrados.
 Interna: imposibilidad de que otros jueces o magistrados puedan interferir en el ejercicio de sus funciones.
Los Jueces y Magistrados sólo pueden corregir las resoluciones llevadas a cabo por otros Jueces o Magistrados por medio de recursos judiciales, no por otras vías.
La independencia funcional: es aquella de la que goza el juez en el ejercicio de su función, derivado del principio de exclusividad jurisdiccional, y de la firmeza de las resoluciones judiciales.
 GARANTIAS DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL: Estas garantías de la independencia judicial, conforman el Estatuto jurídico personal del Juez o Magistrado.
  Inamovilidad: sólo podrán ser removidos, trasladados, despedidos o jubilados de sus cargos por las causas y procedimientos previstos en la Ley, correspondiendo al Consejo General del Poder Judicial en ejercicio del régimen disciplinario (art. 122 CE).
Imparcialidad: el Juez y Magistrado es imparcial en el ejercicio de su función, porque un Juez no puede ser a la vez Juez y parte en un caso concreto. Existen determinadas garantías específicas para asegurar la imparcialidad judicial:  Garantías positivas: reconocimiento de una inmunidad relativa (sólo podrán ser detenidos en virtud de orden de un juez competente, salvo que haya sido sorprendido infraganti en la comisión de un delito). También lo relativo a la existencia de una carrera judicial y su regulación (ascensos, sanciones…) ────────────────────────────────────────────────────────────── Instituciones y organización territorial del Estado. DADE 2012 53 Organización institucional del Estado. Tema V: El poder judicial.
___________________________________________________________________________  Garantías negativas: determinadas por las limitaciones que van a tener los jueces para el ejercicio de determinados derechos, e incluso prohibiciones (tienen limitado el derecho de reunión, de asociación, no pueden formar parte de partidos políticos ni de sindicatos, aunque si se les permite la creación de asociaciones profesionales).
Están sometidos a un régimen estricto de incompatibilidades. Pueden dedicarse a la docencia, a escribir artículos literarios…  Abstención y recusación: para asegurar que un uez no va a ser parte en un proceso se le puede recusar o él mismo puede abstenerse de ser recusado.
   Régimen disciplinario de los Jueces y Magistrados. Controlado por el Consejo General de Poder judicial, suprimiéndose dicha responsabilidad al Ministerio de Justicia.
Garantía formal de la independencia judicial. Viene determinada por la necesidad de todas aquellas medidas que afectan al estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados habrán de ser reguladas por Ley Orgánica específica: LOPJ (1985), diferencia del estatuto jurídico de los funcionarios públicos. Esta LO si puede ser regulada por un reglamento en todos aquellos aspectos que no incidan en la independencia judicial.
Garantía institucional determinada por la existencia de un órgano encargado de velar por la independencia de los Jueces y Magistrados, que es el Consejo General de Poder Judicial.
5.4. LA ESTRUCTURA DEL PODER JUDICIAL. (EXP) La potestad jurisdiccional reside en diversos órganos y, por ello, una de las características básicas del poder judicial es la fragmentación. Sin embargo y pese a la fragmentación, el poder judicial es único. Así lo establecen:  117.5 CE: El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de Estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución.
 3.1 LOPJ: La jurisdicción es única y se ejerce por los Juzgados y Tribunales previstos en esta Ley, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución a otros órganos.
La estructura del poder judicial se configura en torno a tres criterios concurrentes y diferentes: Criterio material.
La organización de la Justicia en España parte de la Constitución y se ajusta a los principios básicos democráticos que definen el Estado de Derecho. Es una organización que engloba todas las materias y abarca a todos los ciudadanos y a todos los lugares del territorio nacional.
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___________________________________________________________________________ La CE y la LOPJ afirman que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles y con sujeción única a la Ley, que son los encargados en exclusiva de ejercer jurisdicción, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado.
Atendiendo a las materias objeto de controversia judicial, se pueden establecer cuatro órdenes jurisdiccionales genéricos:  Civil.
 Penal.
 Contencioso-administrativo.
 Social.
Pese a estar dividido en 4 grandes bloques, la jurisdicción sigue siendo única. (Art. 9 LOPJ. Además de estos 4 órdenes existen en el TS una Sala de lo Militar y una serie de juzgados especializados (Juzgados de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, de Violencia contra la mujer…). La jurisdicción se completa, por los siguientes órganos jurisdiccionales (art. 26 LOPJ)  Órganos unipersonales:  Juzgados de Paz.
 Juzgados de Primera Instancia, de Instrucción, de Primera Instancia e Instrucción, de lo Mercantil, de Violencia sobre la Mujer, de lo Penal, de lo Contenciosoadministrativo, de lo Social, de Menores y de Vigilancia Penitenciaria.
 Órganos colegiados.
 Audiencias Provinciales.
 Tribunales Superiores de Justicia.
 Audiencia Nacional.
 Tribunal Supremo.
Criterio territorial.
El criterio territorial se traduce en la división del territorio nacional e distintas zonas. De acuerdo con el art. 30 LOPJ (El Estado se organiza territorialmente, a efectos judiciales, en Municipios, Partidos, Provincias y Comunidades Autónomas), y la totalidad del territorio nacional sobre el que ostentan jurisdicción el TS y la AN. Se recoge en:  123.1 CE: El TS, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.
 53 LOPJ: El TS, con sede en la villa de Madrid, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías Constitucionales. Tendrá jurisdicción en toda España y ningún otro podrá tener el título de Supremo.
 62 LOPJ: La Audiencia Nacional, con sede en la villa de Madrid, tiene jurisdicción en toda España.
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___________________________________________________________________________ Todas las divisiones judiciales coinciden con las territoriales excepto el partido judicial. (Art.
32.1 LOPJ: El partido es la unidad territorial integrada por uno o más municipios limítrofes, pertenecientes a una misma provincia).
Al coincidir los demás ámbitos territoriales, solo hay que precisar el ámbito de actuación de los partidos judiciales, es decir, definir la demarcación. De acuerdo con el artículo 35.1 de la LOPJ: La demarcación judicial, que determinará la circunscripción territorial de los órganos judiciales, se establecerá por ley. En esta demarcación participarán las CCAA a través de un procedimiento regulado (Ley 38/88 de Demarcación y Planta Judicial) en el artículo 35 LOPJ.
De conformidad con el criterio territorial, a cada uno de los ámbitos territoriales le corresponde un órgano específico. De este modo: - Los municipios que no son capitales de partidos judiciales cuentan con un Juzgado de Paz. (Art. 99.1 LOPJ) - Los partidos judiciales contarán con uno o varios Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. (Art. 84 LOPJ) - Las Provincias contarán con una Audiencia Provincial (art. 80.1 LOPJ), con Juzgados de lo Penal (art. 89 LOPJ), de lo Social (art. 92 LOPJ), de Vigilancia Penitenciaria (art. 96 LOPJ), de Menores (art. 96 LOPJ) y de lo Contencioso-Administrativo (art. 90 LOPJ).
- Todas las CC.AA. cuentan con un Tribunal Superior de Justicia. (Art. 152.1 CE) - En la totalidad del territorio nacional tienen jurisdicción la Audiencia Nacional y el TS.
Los órganos judiciales tienen su sede en la capital de la unidad geográfica que les corresponde a su ámbito territorial:  Los Juzgados de Primera Instancia, en la capital del partido judicial. Artículo 84 LOPJ: El Tribunal Superior de Justicia tomará el nombre de la Comunidad Autónoma y extenderá su jurisdicción al ámbito territorial de ésta.
 Los Juzgados de ámbito provincial y la Audiencia provincial, en la capital de la provincia (artículo 80.1, 89 bis, 90 y 96 LOPJ).
 La Audiencia Nacional y el TS en la capital de la nación.
Sin embargo, la sede de los TS no coincide, en algunos casos, con la capitalidad de la CC.AA., por estar así previsto en los EE.AA. Además, hay que tener en cuenta que el ámbito territorial puede verse modificado por razones geográficas, o de volumen de población.
De este modo, pueden constituirse Salas de lo Contencioso-administrativo y de lo Social de los Tribunales Superiores en lugares distintos al de residencia del Tribunal Superior (art. 78 LOPJ). Por último el TS, la Audiencia Nacional, los Juzgados Centrales de Instrucción, los Juzgados Centrales de lo Penal, los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, los Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria y el Juzgado Central de Menores tienen jurisdicción en toda España.
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___________________________________________________________________________ Criterio jerárquico.
El criterio jerárquico divide la jurisdicción en grados, etapas o instancias. Por ejemplo, unos juzgados se van a encargar de la celebración del juicio (lo que se conoce como 1ª instancia) y otros de resolver los recursos presentados sobre la sentencia de la 1ª instancia.
Este criterio se corresponde con el geográfico ya que un ámbito territorial más extenso y superpuesto implica un mayor nivel jerárquico.
Los órganos judiciales pueden ser, según el número de titulares que los atiendan:  Unipersonales:  Juzgados de Paz.
 Juzgados de Primera Instancia, de Instrucción, de Primera Instancia e Instrucción, de lo Mercantil, de Violencia sobre la Mujer, de lo Penal, de lo Contencioso-administrativo, de lo Social, de Menores y de Vigilancia Penitenciaria  Colegiados:     Audiencias Provinciales.
Tribunal Supremo.
Tribunales Superiores de Justicia.
Audiencia Nacional.
La noción de jerarquía, que se basa exclusivamente en un mayor nivel profesional y, en su caso, en la posibilidad de revocar, modificar o confirmar las resoluciones de los órganos inferiores, siempre a través de un recurso legalmente procedente, sin que sea posible que los órganos superiores cursen a los inferiores instrucciones sobre la interpretación o aplicación de las normas en el art.12 LOPJ 5.5. EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: NATURALEZA, COMPOSICIÓN Y FUNCIONES.
Una de las novedades establecidas por la CE de 1978 fue el establecimiento de un órgano de Gobierno para los Jueces y magistrado (art. 122.2). El Consejo del Poder Judicial va a ser el órgano de Gobierno de dicho poder, y seguidamente la CE se remite a la LOPJ para regularlo, sin perjuicio de que establezca algunas normas sobre el mismo.
El art. 122.2 lo define como un órgano de Gobierno, que además será una institución fundamental para garantizar la independencia de los jueces y magistrados. Las funciones del Ministerio de Justicia relativas a la organización y al gobierno del PF, pasan al Consejo del PJ.
La previsión y creación de este órgano es una idea que adoptan los constituyente de 1978, tomando como referencia instituciones similares previstas ya en otras Constituciones extranjeras, como fueron Francia, Italia y Alemania.
Naturaleza:  Se caracteriza por ser un órgano constitucional. En la CE se establece que será el legislador quien regule a este órgano, y prevé la existencia de una ley orgánica específica (LOPJ) para regularlo.
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___________________________________________________________________________  Es un órgano de naturaleza administrativa y no judicial, en tanto que, toma funciones de administración del PJ. Entre sus funciones administrativas están el ejercicio de la potestad disciplinaria o la potestad normativa reglamentaria, y por lo tanto las resoluciones que dicte el Consejo del PJ serán resoluciones administrativas, susceptibles de control por los Tribunales.
 Es un órgano de autogobierno de los jueces relativo, ya que no todos sus miembros van a ser jueces y magistrados, sino que también forman parte de él ciertos juristas de reconocido prestigio. Es relativo también por sus funciones, pues todavía el Ministerio de Justicia sigue asumiendo algunas funciones relacionadas con la gestión de los Tribunales, ya que por ejemplo es el que fija los salarios de los jueces y magistrados.
Composición, en el art. 122.3 CE se establecen unas normas mínimas, y dice que estará compuesto por: - El Presidente y por 20 miembros (vocales), que son nombrados por el Rey, y además establece que el periodo de mandato será de 5 años y no pueden ser reelegidos.
- De estos 20 vocales, 12 de ellos serán jueces y magistrados, y los 8 restantes serán juristas de reconocido prestigio (abogados y juristas con más de 15 años ejerciendo).
- De estos 8 serán elegidos 4 por el Congreso y otros 4 por el Senado por una mayoría de 3/5 de ambas Cámaras. El Presidente es elegido por los 20 vocales y se exige que sea un jurista de reconocido prestigio, y puede además ser reelegido.
- El Presidente es Presidente también del TS, por lo cual en él confluyen las dos presidencias.
- La designación de los 12 vocales ha sido objeto de polémica e incluso de determinación por el TC, pues dice la CE que los 12 vocales se elegirán entre jueces y magistrados, y en la primera LOPJ de 1980 estos 12 vocales se eligieron entre y por jueces y magistrados.
En 2001 se modifica de nuevo la LOPJ y establece un sistema mixto en el que se mantiene la elección de los vocales por el Parlamento, pero se dice que jueces y magistrados realizarán una lista de 30 miembros y el Parlamento elegirá entre esos 30 miembros.
Funciones: responden al hecho de ser un órgano de Gobierno que tiene como finalidad principal la independencia del PJ. El art. 122.2 CE establece que el Consejo General del PJ a través de lo que exponga la LOPJ tendrá las funciones de nombramiento, ascenso, inspección y régimen disciplinario de los jueces y magistrados. Al Consejo General del PJ le corresponde: - - Nombramientos en general de los presidentes del TS y del CGPJ, de los presidentes de órganos colegiados, de los presidentes de los TS de Justicia y de las Audiencias Provinciales, y en particular los nombramientos de magistrados del TS.
Vigilancia e inspección de los Juzgados y Tribunales, y del régimen disciplinario judicial.
Promoción, ascensos y traslados de los jueces y magistrados.
Asesoramiento o elaboración de informes sobre anteproyectos de leyes relacionados con la justicia.
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___________________________________________________________________________ - - Función disciplinaria, llevada a cabo por dos órganos del Consejo del PJ: la Comisión disciplinaria y el Pleno.
Potestad reglamentaria doble: interna y externa (poder elaborar reglamentos que desarrollen aspectos de la LOPJ y que afecten en el Estatuto jurídico de jueces, que suelen ser sobre aspectos materiales o personales).
Las funciones de nombramiento de personal auxiliar la posee la Administración de justicia. Tampoco posee responsabilidad política, pues no posee una función política.
5.6. EL MINISTERIO FISCAL.
1) DEFINICIÓN El Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional y con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, al que el art. 124 CE se refiere: Artículo 124.
1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.
2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.
3. La Ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.
4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
2) FUNCIONES Según el art. 124.1 CE y el art. 3 del Estatuto de Ministerio Fiscal tiene las siguientes funciones:  Velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes y en los plazos y términos en ellas señalados, ejercitando, las acciones, recursos y actuaciones pertinentes.
 Ejercer cuantas funciones le atribuya la ley en defensa de la independencia de los jueces y tribunales.
 Velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los DF y libertades públicas.
 Ejercitar las acciones penales y civiles procedentes de delitos y faltas u oponerse a las ejercitadas por otros, cuando proceda.
 Intervenir en el proceso penal, instando de la autoridad judicial la adopción de las medidas cautelares que procedan y la práctica de las diligencias encaminadas al esclarecimiento de los hechos o instruyendo directamente el procedimiento en el ámbito de lo dispuesto en la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores, pudiendo ordenar a la Policía Judicial aquellas diligencias que estime oportunas.
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___________________________________________________________________________     Tomar parte, en defensa de la legalidad y del interés público o social, en los procesos relativos al estado civil y en los demás que establezca la ley.
Velar por la protección procesal de las víctimas y por la protección de testigos y peritos.
En materia de responsabilidad penal de menores las funciones que le encomiende la legislación específica, debiendo orientar su actuación a la satisfacción del interés superior del menor.
Promover o, prestar el auxilio judicial internacional previsto en las leyes, convenios y TI 3) PRINCIPIOS En el art. 124.2 CE son recogidos los cuatro principios fundamentales que inspiran el ejercicio de las funciones del Ministerio Fiscal: Unidad: supone que este órgano es único para todo el Estado español. Es el Fiscal General del Estado quien ostenta la jefatura superior del Ministerio Fiscal y quien lo representa en todo el territorio español, correspondiéndole la impartición de órdenes e instrucciones convenientes y la dirección e inspección del Ministerio Fiscal.
Dependencia jerárquica: es considerada una de las notas esenciales que le caracterizan y que lo distingue de otros órganos con los que comparte campo de actuación, como los jurisdiccionales, pues estos se deben prevenir de toda clase de influencia interna Legalidad: el Ministerio Fiscal ha de actuar sujetándose a lo dispuesto en la Constitución, en las leyes y en el resto del ordenamiento jurídico, dictaminando, informando y ejercitando, en su caso, las acciones que procedan u oponiéndose a las que indebidamente se promuevan.
Imparcialidad: el Ministerio Fiscal debe actuar «con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le están encomendados». Aun cuando puede parecer que decir que el Ministerio Fiscal debe estar dotado de imparcialidad es una contradictio in terminis, puesto que ser imparcial presupone no ser parte y lo que hace este órgano es precisamente intervenir en el proceso en una posición de parte, la vigencia del principio de imparcialidad supone la ausencia de implicación directa o indirecta del funcionario dependiente del Ministerio Fiscal en el caso concreto en el que debe actuar, previniéndose posibles vicios en sus actuaciones.
4) ESTATUTO ORGÁNICO DEL MINISTERIO FISCAL Según en el art. 124.3 CE, la norma básica que regula el Ministerio Fiscal español es el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado por Ley 50/81 de 30 de diciembre y modificado por la Ley 24/2007, de 9 de octubre, que refuerza su autonomía y moderniza su organización territorial.
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___________________________________________________________________________ En él se contiene la regulación básica de las funciones, la organización, estructura y principios, normas de actuación, formas de acceso y pérdida de la condición de Fiscal, los derechos y deberes de los Fiscales y el régimen disciplinario.
5) INTERVENCION DEL MINISTERIO FISCAL A) En el proceso penal: El importante papel que desempeña el Ministerio Fiscal en el proceso penal español es una consecuencia de las funciones genéricas que le atribuye el artículo 124.1 CE La función primordial del Ministerio Fiscal en el proceso penal es la de ejercitar la acción pública en todos los casos de delitos y faltas, exceptuándose aquellas cuya persecución requieran la presentación de una querella por los particulares (supuestos de delitos de calumnia o injuria), o se encuentren condicionados a una previa denuncia por el interesado.
En todos estos casos el Ministerio Fiscal actúa formalmente como parte, aunque materialmente representa el interés general de realización de la justicia, por lo que no está obligado a sostener la acusación si no entiende que hay base para ello.
B) Intervención en un procedimiento de familia.
En caso de divorcio o separación, sólo justifica su intervención el que alguna de las personas interesadas en el procedimiento (uno de los esposos o alguno de sus hijos) sea menor o se trate de persona afectada por enfermedades o deficiencias físicas o psíquicas que le impiden gobernarse por sí misma o, en último caso, que sea una persona que haya desaparecido de su domicilio o de donde vivía habitualmente en condiciones que hayan llevado a los Tribunales a declarar que se la consideraba ausente a efectos legales.
C) Intervención en el proceso Laboral El Ministerio Fiscal será parte siempre en los procesos de impugnación de Convenios Colectivos. Será parte también en los procesos de impugnación de los Estatutos de los Sindicatos, así como en los de impugnación de la resolución administrativa que deniegue el depósito de dichos Estatutos.
El Ministerio Fiscal será siempre parte en los procesos relativos a la tutela de los derechos de libertad sindical, adoptando, en su caso, las medidas necesarias para la depuración de las conductas delictivas.
D) Intervención en los procesos de amparo El artículo 47.2 LOTC establece la intervención del Ministerio Fiscal en toda clase de procesos de amparo. El Ministerio Fiscal defiende DF, pero lo hace como portador del interés público. En todos los recursos de amparo en los que el Misterio Fiscal no sea directamente su promotor deberá intervenir con una triple misión:  Defensa de la legalidad.
 Defensa de los derechos de los ciudadanos.
 Su intervención debe estar presidida por la defensa del interés publico tutelado por la ley.
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