Bienes públicos. Régimen básico (0)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Bienes Públicos y Urbanismo
Año del apunte 0
Páginas 7
Fecha de subida 05/06/2014
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TEMA 1. BIENES PÚBLICOS: RÉGIMEN BÁSICO I.
LA ADMINISTRACIÓN Y LOS BIENES Los bienes públicos se pueden dividir, entre otros: - Bienes patrimoniales (Ley de Patrimonio de 2003) - Bienes de dominio público  Hidráulico  Marítimo – Terrestre  Viario  Forestal La AP utiliza diferentes formas para satisfacer los fines públicos que tiene asignados, mediante diferentes medios y vías. Para poder satisfacer estos fines públicos, utiliza los bienes públicos.
Estos bienes disponen de un régimen jurídico, de DA específico, que sustituye, deroga el régimen previsto en el Derecho privado.
En el siglo XIX, la regulación de los bienes públicos se centraba exclusivamente en una serie de preceptos contenidos en el CC (338-345). Junto al CC aparecen todo un conjunto de leyes específicas de bienes de dominio público. A este conjunto regulatorio se le añade la entonces aprobada LP del Estado del 64.
Con la promulgación de la CE en el 78 se incluye en ésta un precepto específico, el art. 132: “-1- La ley, y solo la ley, regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los tres principios, así como su desafectación. -2- Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley, la zona marítimo- terrestre, las platas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. -3- Por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su administración, defensa y conservación.” Únicamente la ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público. En la regulación, además, se va a regir por los principios de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad. El elemento clave para clasificar un bien de dominio público será su afectación, es decir, si afectan un bien a un uso público, se incluye en un dominio público.
Hay una serie de bienes que serán de dominio público estatal. Todos estos bienes contenidos en el art. 132. 2 de la CE siempre son de dominio público estatal (las CCAA sí que tendrán competencias, pero por otros títulos competenciales, por ejemplo, por urbanismo, incidirán sobre estos espacios).
En el punto tercero hace referencia a los bienes patrimoniales (Ley 3/2003 de Patrimonio de las AP). El Patrimonio del Estado es una serie de bienes y de derechos del Estado que no están afectos al uso general o a los servicios públicos, por lo tanto, que no serán nunca bienes de dominio público. El Patrimonio Nacional, por otro lado, son bienes de titularidad del Estado que están afectados al uso y servicio del Rey, para el ejercicio de la representación que la CE que a éste le asigna. Los bienes del Patrimonio Nacional son gestionados por un Consejo de Administración, y además reúnen las “tres I  inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad”.
Con la CE aparece la regulación en estos términos, y ello condicionará toda la regulación posterior que vaya teniendo lugar.
Se produjo la aprobación de la LEY PATRIMONIO a partir del exceso de regulación autonómico.
La LP comienza definiendo el patrimonio de los entes públicos, y excluye de este patrimonio lo que comprendería el patrimonio financiero (dinero, valores, créditos, y otros recursos financieros de su hacienda). La LP, en su art. 5, distingue entre bienes de dominio público y bienes patrimoniales. Los bienes públicos son aquellos que siendo de titularidad pública se encuentren afectados al uso general o servicio público, así como aquellos a los que la ley otorgue expresamente el carácter de demaniales. En cambio, los bienes patrimoniales los define de forma negativa, son aquellos otros en los que no concurre su afectación a un uso o a un servicio público, o que no tengan la condición de demaniales.
Esta LP, en su art. 7, establece que en todo caso, tendrán la consideración de bienes patrimoniales, de la AGE y sus entes públicos, los derechos de arrendamiento, los valores y títulos representativos de acciones en el capital de sociedades mercantiles, los derechos de propiedad incorporal, entre otros.
II.
RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO Este régimen se aplica a todos los bienes de la AP, con independencia de que se trate de bienes de dominio público o bienes patrimoniales. Éste régimen comprende las siguientes cuestiones:  Quién va a ser el órgano competente para la gestión de cada uno de los bienes  Régimen de inventario  La investigación, la reivindicación y el deslinde  Las normas de adquisición, gravamen y transmisión En los bienes de dominio público existe un “plus” de protección en este régimen jurídico básico.
III.
LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES POR LA ADMINISTRACIÓN Respecto a la adquisición, la LP establece que las AP podrán adquirir bienes y derechos, por cualquiera de los modos previstos en el OJ, y en particular, establece que por atribución de la Ley / a título oneroso, con ejercicio o no de la potestad de expropiación / por herencia, legado o donación / por prescripción / por ocupación.
 Por atribución de la ley  tienen cabida diferentes opciones. Por ejemplo, entrarían las adquisiciones de bienes a través de una Ley expropiatoria singular. Por ejemplo, cuando las leyes establecen cesiones obligatorias, como por ejemplo, en el ámbito del derecho urbanístico, la obligatoriedad del propietario de ceder parte de su propiedad para la construcción de viales, entre otros. Por ejemplo, cuando géneros completos de bienes se califican como BDP.
También tendrían cabida los bienes “monstrencos”, o bienes sin dueño conocido. La ley de 1835 se referencia a estos bienes, para hacer referencia a los bienes vacantes.
En la actual regulación, se establece que pueden ocuparse o adquirirse los BI vacantes por parte de los particulares a través de la prescripción. La AGE podrá también adquirir una serie de bienes como son dinero en cuentas corrientes, o depositadas en la Caja General de Depósitos, respecto de los cuales no se haya practicado ninguna gestión por los interesados en libre ejercicio de su derecho de propiedad en el plazo de 20 años.
 A título oneroso  se regirá por la LP y, de forma supletoria, por las normas de Derecho privado (Civil y Mercantil). Si la adquisición tiene lugar a través del ejercicio de la potestad expropiatoria, se regirá por la LEF y por la normativa urbanística.
Si tiene lugar la expropiación, se entenderá implícita la afectación del bien al uso o servicio público, es decir, quedará incluida la afectación del bien al uso o servicio público.
 A título gratuito (por herencia, legado o donación)  en el caso de la aceptación de herencias, siempre deberán hacerse en beneficio de inventario, pues no querrá que la liberalidad que le puede beneficiar acabe convirtiéndose en hacerse cargo de las deudas.
 Por prescripción  de acuerdo con lo establecido en el CC y las Leyes especiales. Se deberá tener en cuenta los Derechos forales allá donde existan.
Respecto a la GESTIÓN, TRANSMISIÓN Y CESIÓN, en realidad, los bienes se califiquen como P o de DP, la LP quiere establecer que no serán bienes improductivos, es decir, que no tendrán operatividad. La LP, por ello, sujeta la gestión de todos estos bienes a base de principios de eficiencia, eficacia, rentabilidad en la explotación con la idea de que coadyuven (colaboren) al desarrollo de las políticas públicas, y en particular al de política de vivienda.
A la vista e inspirándose en estos principios, el legislador de la LP indica que la utilización de los derechos o bienes patrimoniales va a poderse efectuar en provecho de la propia AP titular de estos bienes, o bien de sus políticas, de tal manera que el negocio jurídico más habitual que se llevará a cabo, ligado con los BP, será el de la transmisión. Esto les permitirá que, en determinadas ocasiones, puedan enajenar BI señalándose en la ley quién será el competente para poder hacerlo.
Ejemplo: cuando se trata de un BI de la AGE, quien tiene competencia para enajenar es el Ministro de Hacienda. Esto es la regla general. Ahora bien, si el bien que se quiere enajenar tiene un valor superior a 20 millones de €, entonces lo será el Consejo de Ministros.
En relación con la venta de estos bienes, la LP regula cual será el procedimiento ordinario para promover la enajenación de BI del Estado. Se utiliza el concurso, no por lo tanto la subasta (no buscará el precio que más le convenga), e incluso contempla la posibilidad de la contratación directa (cuando el adquirente sea otra AP, o cualquier PJ de derecho público o privado que pertenezca al sector público, entidad sin ánimo de lucro, Iglesia o Comunidad religiosa, cuando se considere conveniente efectuar la venta a favor del ocupante del inmueble por razones excepcionales, entre otros).Con la adjudicación directa, se favorece que los precios no sean los de mercado.
IV.
PROTECCIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS: INVENTARIOS Y CATÁLOGOS, INSCRIPCIÓN EN EL RP, FACULTAD DE INVESTIGACIÓN, DESLINDE, DESHAUCIO ADMINISTRATIVO Y RECUPERACIÓN DE OFICIO Hay una serie de reglas/figuras respecto a la AUTOTUTELA, AUTOPROTECCIÓN DE ESTOS BIENES. Este régimen de autotutela que se desarrolla en la Ley tiene que ver con: 1- La protección de los bienes mediante su inscripción en Inventarios o Catálogos administrativos. Estos permitirán tener un conocimiento exacto de cuáles son estos bienes, qué naturaleza tienen y dónde se encuentran. Las AP están obligadas a inventariar los bienes y derechos que integran su patrimonio. Hay un inventario general de bienes y derechos del Patrimonio del Estado.
En el ámbito local, también existe un inventario de las Corporaciones Locales que reseña todos y cada uno de los bienes que integran su patrimonio.
La finalidad que tiene es de carácter interno, es decir, de conocimiento de saber con lo que cuenta cada AP. El incluirlo en un Catálogo no supone un “plus” en cuanto a la posibilidad de proteger ese bien.
2- Inscripción en el Registro de la Propiedad. El hecho de la inscripción supone que el bien goza de una serie de ventajas respecto de la presunción de la posesión, la condición de tercer hipotecario, todo el tema relacionado con la constitución de hipotecas, entre otros. Por ello, la LP recoge que las AP deban inscribir los bienes y derechos de su patrimonio de tal manera que no distingue entre BP o BDP; siendo solo potestativa en el caso de arrendamientos que sean inscribibles de acuerdo con la LH.
Tratándose de BP, la inscripción deberá solicitarla el órgano que haya adquirido el bien, o bien que haya dictado el acto o haya intervenido en el contrato que tiene que constar en el Registro.
Respecto a las cancelaciones o rectificaciones de inscripciones, la Ley establece que la certificación administrativa que expida el órgano competente de las AP será título suficiente para proceder a cancelar o rectificar las inscripciones a favor de la AP. Se incluyen tres supuestos, uno de ellos, cuando previa la instrucción del correspondiente procedimiento, se acredite la imposibilidad de localización física de la finca, entonces la certificación será título suficiente.
3- Acción de investigación. Las AP tienen la facultad de investigar la situación de los bienes y derechos que presumiblemente forman parte de su patrimonio, a fin de determinar la titularidad de los mismos cuando no conste de modo cierto.
4- Derecho de deslinde o amojonamiento. Deslindar (delimitar) es un derecho de todo propietario (y AP) para fijar los límites de sus fincas y, por lo tanto, para establecer estos lindes se va a utilizar los mojones. El procedimiento de deslinde se iniciará siempre de oficio, por iniciativa propia del órgano competente o bien, a petición de los que colindan con la finca. Cuando se inicia este procedimiento, se pasa una nota de comunicación al RP, y el Registrador, en la inscripción de la finca, debe hacer una nota marginar indicando que se ha iniciado un procedimiento de deslinde. Pues una vez concluido, puede darse el caso que los límites varíen, por lo tanto, sufrirá la correspondiente modificación del RP.
5- Interdicto propio o reintegro posesorio. Recuperar la posesión indebidamente perdida sobre los bienes y derechos de su patrimonio. Por ejemplo, si se trata de BDP, este interdicto propio puede ejercerse en cualquier tiempo, no existe un plazo para ejercerlo.
6- El desahucio administrativo. La Ley establece que si se trata de BDP será la AP la que va a declarar si el título concesional ha caducado, está anulado o si ha rescindido.
Además, la Ley indica que va a poder recuperar vía administrativa los bienes, cuando desaparezcan, tanto el título, las condiciones o las circunstancias que legitimaban su ocupación por terceros. La resolución que recaiga será ejecutiva, se notificará al detentador, y se requerirá para que desocupe el bien (como plazo general no será superior a 8 días para desalojar). Si no atiende a requerimientos, entonces se procederá al lanzamiento.
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