Temas 1 - 5 (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Derecho civil III: Derechos reales
Año del apunte 2015
Páginas 26
Fecha de subida 23/10/2016
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TEMA 1.LA AUTONOMÍA PRIVADA. EL CONTRATO Y SUS ELEMENTOS.
1. Hechos y actos jurídicos. La declaración de voluntad. El valor jurídico del silencio El contrato está formado por las declaraciones de voluntad de dos partes. Cada declaración de voluntad es el consentimiento para contratar de cada una de las partes.
Existencia de una parte que propone la celebración de un contrato y la otra parte, destinatario de la oferta que la acepta o no.
El contrato está formado por ambas declaraciones de voluntad y cuando hay acuerdo hay consentimiento en el contrato Declaración de voluntad es la exteriorización o manifestación externa de la voluntad interna de la persona. Esta declaración de voluntad que en principio refleja el deseo interno, puede que no coincida la voluntad con el deseo interno de la persona. En el proceso de manifestación de la declaración de voluntad puede existir alguna incoherencia que hace que la persona no manifieste una declaración de acuerdo con el querer interno de la persona.
Tipos de declaraciones de voluntad Recepticia o no recepticia.
Recepticia. Para producir efectos jurídicos y vincular a la persona al contrato, su declaración debe llegar al conocimiento de la otra parte del contrato. En nuestro sistema dice que la aceptación debe ser recepticia para que la persona quede vinculada al contrato y este pueda celebrarse.
No recepticia. Para producir sus efectos y para que el aceptante quede obligado, no es necesario que llegue al conocimiento de la contraparte, sino que basta con la emisión. Ejemplo: En los contratos electrónicos.
Expresa o tácita.
La declaración de voluntad expresa tiene lugar cuando la persona manifiesta la aceptación con el vocablo exacto “acepto”.
La tácita tiene lugar cuando la voluntad de aceptar de la persona no se dice con las mismas palabras, sino que se desprende y se deduce de u determinado comportamiento o actuación de la persona que tiene que aceptar da a entender la aceptación y declaración de voluntad. El ordenamiento dice que para entender que hay declaración tacita ese comportamiento no debe dar lugar a dudas, debe ser una conducta inequívoca. En nuestro ordenamiento rige el principio de que para poder realizar un contrato debe ser una declaración expresa.
Existen supuestos excepcionales en que el ordenamiento entiende que la persona va a quedar obligada mediante una declaración de voluntad tácita mediante un comportamiento, pero estos casos deben estar expresamente regulados en el ordenamiento. Ejemplo: contrato de mandato. Hay dos formas de aceptar el mandatario.
Nuestra jurisprudencia, los tribunales y doctrina admiten que aun teniendo que ser expresa, las partes que vayan a celebrar un contrato en una declaración pre contractual esas partes de mutuo acuerdo puedan acordar que la declaración de voluntad de aceptar sea tácita.
El silencio En nuestro ordenamiento se entiende que el silencio no tiene el valor de declaración de voluntad, ni de aceptar ni rechazo de una oferta. Más bien el silencio significa rechazo de una oferta. Se admite también en nuestro sistema que las partes que vayan a celebrar un contrato de mutuo acuerdo puedan dar el silencio un valor de declaración de voluntad con un valor y significado concreto. Ejemplo: si no dice nada en un plazo de 15 días, significa que aceptas.
Hay una tendencia en la jurisprudencia del TS que se configura el silencio como una aceptación de la oferta. Esta línea jurisprudencial entiende como aceptación de la oferta cuando concurran los siguientes requisitos:  Cuando se trate de un contrato que en los usos negociales y habituales del trafico en que se celebra exista el deber de pronunciarse rechazando la oferta. De manera que si el que recibe la oferta no la rechaza se va a entender que la acepta.
 Ese destinatario de la oferta que debe aceptarla, no este imposibilitado físicamente para hablar, es decir, para pronunciarse rechazando la oferta.
Autonomía privada: límites y atipicidad. El principio de no discriminación Art. 1255 CC – Art. 111.6 Libro 1º del código civil de Catalunya relativo a la caducidad Significa el poder que concede nuestro ordenamiento a las personas para pactar, para celebrar contratos, estableciendo en estos pactos las clausulas o condiciones que más les convenga.
Se manifiesta en dos vertientes:  La capacidad que tenemos las personas para celebrar contratos no regulados en el ordenamiento, atípicos.
 Dentro de los contratos típicos que el ordenamiento regula, la mayoría de las normas son dispositivas. Significa que son normas que dejan margen de libertad de obrar a las partes para poder establecer un pacto que más les interese. Modificar normas en el contrato. Sera cuando rija la norma reguladora del ordenamiento.
En el ámbito de los contratos también nos encontramos con normas imperativas. Pero la imperatividad es la excepción.
La imperatividad debe estar expresada en la norma, de no ser así será dispositivo.
Limites a la autonomía de la voluntad (libertad de pacto):  Ley. Un contrato es ilícito cuando el objeto del contrato (concreta prestación) o causa son contrarios a la ley.
También puede serlo la clausula de un contrato. Se infringirá la ley cuando siendo imperativo el precepto las partes lo excluyan. El límite de la ley deriva en nuestro sistema de un precepto (art. 6 apartado 3º CC), establece que son nulos de pleno derecho los contratos contrarios a las normas imperativas.
 Moral. Concepto jurídico indeterminado porque es cambiante. Lo que es moral en nuestra sociedad de hoy puede no serlo en unos años. Conjunto de convicciones o valores éticos que rigen en una sociedad en un momento histórico determinado. Se refiere a ella el vocablo “buenas costumbres”. La moral no se encuentra recogida en normas. Para saber que es moral o amoral, no puede servirnos la consciencia individual de cada uno, debe venir configurada con criterios que emanen de la sociedad en su conjunto como colectivo. Un parámetro que puede servirnos para saber que es moral o no, es el principio de buena fe en el ejercicio de los derechos ( art. 7 CC), que significa una conducta leal, honrada, equitativa.
 Orden público. Concepto indeterminado porque también es cambiante con el tiempo. El orden público es un concepto que debemos concretar poniéndolo en relación a un momento histórico determinado en la sociedad. A diferencia de la moral, esta positivizado en normas (principios). Los principios de orden público son el conjunto de directrices básicas que organizan la estructura y sistema económico de la sociedad en un momento histórico concreto y son absolutamente necesarios e imprescindible para la conversación del orden y paz social. Interesan a toda la humanidad porque nos afectan a todos, por eso son normas de carácter imperativo. Son principios del orden público:  principios rectores del estado social y democrático ( art. 1 CE),  principios rectores de la política social y económica ( art. 39 a 51 CE),  principio de buena fe en el ejercicio de los derechos ( Art. 7 CC),  principios rectores de los derechos fundamentales.
Principio de la protección de los consumidores y usuarios (art. 51 CE). El ordenamiento parte de que en un contrato de consumo, existe un desequilibrio entre la igualdad de las partes, ya que el usuario siempre se encuentra en una situación de debilidad, que es protegido por una serie de leyes.
Principio de no discriminación por razón de género. Este principio, el ordenamiento se ha ocupado de recogerlo en materia de obligaciones y contratos en la LO para la ley efectiva para mujeres y hombres de 22 de marzo de 2007.
Esta ley, su finalidad es potenciar la presencia de las mujeres en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Tiene como finalidad la igualdad entre hombre y mujer, ya que también protege hombres en situación de desigualdad.
Los preceptos más importantes son:  Art. 69: obliga a los empresarios al cumplimiento del principio de igualdad de trato en los contratos.
 Art. 10: las clausulas de los negocios de consumo que causen discriminación son nulas. Originaran responsabilidad a través de indemnizaciones y sanciones.
 Art. 72: el empresario que cause discriminación por razón de género en un contrato, el usuario podrá exigirle la correspondiente indemnización.
Art. 1258 CC: este artículo dice que los contratos no solo obligan a lo expresamente pactado en ellos, sino también a las demás consecuencias que sean de acuerdo a la ley, buena fe y los usos.
El pacto que infrinja cualquier de estos 3 límites, ese contrato es nulo. Cuando un acto es nulo, lo es porque lo establece el ordenamiento jurídico, por lo tanto no llega a nacer lo que supone que no llega a crear ningún efecto jurídico.
Criterios de contratos celebrados entre los particulares Principio de la conservación del contrato Obliga al juez a una nulidad solo parcial del contrato, a mantenerlo con vida el máximo posible. Hay algunas clausulas que son nulas, y al ser nulas deben excluirse del contrato. Al excluirse dejan una laguna que en principio en la forma de actuar el juez esta obligado de aplicar la técnica de la integración del contrato, que significa reconstruir el contrato llenando la laguna, llenando el vacío que ha dejado esas clausulas nulas con contenido.
El juez, en algunos supuestos, no podrá integrar ciertos contratos. Aplicara el art. 1258 CC para integrar el contrato. Nos menciona la ley, los usos negociales y la buena fe. La laguna debe suplirse aplicando en primer lugar el contenido de la ley imperativa infringida, sustituirá el contenido ilícito que ha desaparecido y pasara a formar parte del contrato.
Si no hubiere ley imperativa, se aplicará los usos negociales habituales del tipo de contrato en cuestión. Como tercera opción para llenar la laguna será el parámetro de la buena fe en el ejercicio de los derechos (art. 1258, art. 7.1 CC). La buena fe significa que el juez debe dar una solución que se adapte a la finalidad global que persigue el contrato, que permita al contrato cumplir su función. Debe tener esa solución en cuenta la voluntad de las partes y debe ser acorde a los criterios de equidad, que de una solución justa y equitativa a las partes. Esa solución será mejor si se fundamenta en un principio del derecho.
A esta laguna no va a ser necesario aplicar la técnica de integración si sigue existiendo un equilibrio entre las partes, si puede seguir ejerciendo su función y finalidad.
El juez podrá mantener el contrato vivo (con una nulidad parcial), cuando las dos partes contratantes tras la nulidad de la cláusula o clausulas, sigan queriendo mantener ese contrato. Si no es así, el juez no podrá realizar la integración, ya que las partes ya no quieren mantener el contrato y ya no existe el consentimiento, uno de los elementos esenciales del contrato. Solo podrá el juez integrar un contrato que tenga todos sus elementos esenciales.
Tampoco será viable cuando las cláusulas incidan en alguno de los elementos esenciales del contrato provocando su ausencia. En la práctica la nulidad de las clausulas incidirán generalmente en el objeto del contrato o en su causa. Si la causa u objeto del contrato es ilícita, será nulo y como la nulidad es un elemento esencial del contrato, este no podrá recomponerse y por lo tanto no llegara a nacer para el ordenamiento.
Los supuestos en los que no puede integrar, supondrá una nulidad total del contrato. Será nula parcialmente cuando exista un desequilibrio entre las partes. En el caso en que no pueda equilibrarla, conllevará la nulidad total del contrato.
Si se exige un contrato que es nulo, no contendrá efectos jurídicos legales.
Un contrato nulo puede suponer también deshacer los efectos del contrato, significa que deben retornar las cosas al estado anterior del contrato.
La nulidad de una cláusula o contrato, por un lado está facultado para pedirla cualquiera de las partes. Aunque no haya petición expresa por ninguna de las partes, si el juez sabe de la existencia nula o clausulas nulas de un contrato, por ley está obligado de oficio ( sin solicitud de parte) la nulidad parcial o total del contrato.
Siempre está obligado por ley a dar audiencia previa a las partes. Las alegaciones de las partes no servirán cuando tenga pruebas suficientes del contrato nulo.
En virtud del principio de conservación del contrato, debe mantenerse mediante la nulidad parcial. La nulidad completa será un remedio extraordinario, que solo será aplicable cuando sea clara su contrariedad a la ley u orden público.
No se pueden integrar las clausulas de un contrato no nulas debido a la existencia del principio pacta sunt servanda “Los contratos deben cumplirse en sus estrictos términos”.
En los Contratos de consumo En los contratos de consumo se procedía de la misma forma que en los particulares, debía integrarse. Cambió el criterio tras la aprobación de la directiva del parlamento europeo y del consejo del 25 de octubre de 2011 sobre los derechos de los consumidores. A partir de esta directiva, dio lugar a la ley de 27 de marzo de 2014 por la que se modifica el texto refundido de la ley general para la defensa de consumidores y usuarios. A partir de la directiva en los contratos de consumo el juez ya no puede integrar. En estos términos la cláusula nula se la denominara cláusula abusiva. La laguna que dejen puede provocar que el contrato quede sin algún elemento esencial, o por otro lado lo deje desequilibrado. El juez no podrá integrar en ningún supuesto de manera que el criterio que se aplicara será: El contrato subsistirá cuando la nulidad de la cláusula abusiva no provoque la inexistencia de algún elemento esencial del contrato. Tampoco se mantendrá cuando el vacío que deje la cláusula provoque un desequilibrio de las prestaciones de las partes en perjuicio del consumidor o usuario. Si fuese en perjuicio del empresario no pasaría nada.
¿Porque la dinámica es diferente a la de los particulares? Porque a través de la nueva directiva, el juez no puede integrar. Si no puede integrar, el contrato cae con más facilidad.
Se cambió la técnica porque se cree que así se frenará la práctica de los empresarios de incluir cláusulas nulas en los contratos.
Si la nulidad ha provocado un daño a la contraparte del contrato, se podrá solicitar una indemnización por daños y perjuicios a través de la responsabilidad civil extracontractual (art.1902 CC).
También puede haber cláusulas nulas en la fase pre- contractual. Por ejemplo la oferta publicitaria a través de la cual el empresario ofrece productos al consumidor o usuario. Si no hay prestación del consentimiento por el consumidor, será la fase pre-contractual.
Es importante por un lado la ley general de publicidad, que califica como publicidad ilícita general que va en contra de las exigencias de la buena fe. Se consideran prácticas contrarias a la buena fe, el comportamiento del empresario en la oferta publicitaria, que tiene la capacidad de influenciar, distorsionar o manipular la voluntad del consumidor a la hora de que este pueda contratar con un pleno conocimiento de causa (consecuencias de ese contrato).
La ley de competencia desleal, contempla las acciones que podrán ejercitar el consumidor o usuario contra el empresario.
Este tipo de prácticas contrarias se califican en:  Publicidad falsa o engañosa: publicidad que atenta contra los derechos recogidos en la constitución. También la publicidad que omite datos. Las acciones que pueden ejercitarse ante la fase pre- contractual por parte del consumidor o usuario:  Acción de cesación: obliga al empresario a dejar la práctica comercial.
 Acción de rectificación: se pide la nulidad de las clausulas que van en contra de las exigencias de la buena fe. Que se declare la nulidad de esas clausulas, rectificación por una publicidad correcta y licita.
 Indemnización por daños y perjuicios por la vía extracontractual Las acciones que contempla la ley de competencia desleal, pueden ejercitarse cumulativamente (conjuntamente) cuando el contrato ya ha sido firmado. Cualquier otra acción de responsabilidad puede ejercitarse conjuntamente con la anteriormente nombrada.
El contrato y el negocio jurídico El contrato tiene lugar cuando concurren las declaraciones de voluntad de dos o más partes que se ponen de acuerdo para generar una relación jurídica obligatoria y por medio del cual las partes regulan sus intereses de la manera que más les conviene.
Debe distinguirse el contrato de negocio jurídico. El negocio jurídico tiene lugar cuando concurren una o más declaraciones de voluntad para la producción de una serie de derechos y obligaciones por medio del cual regulan sus intereses de la forma que más le conviene. No todo negocio jurídico es contrato porque la noción de contrato es dos o más partes y en el negocio jurídico puede ser solo una parte.
Clasificación de negocios jurídicos  Unilateral. Formado por una sola declaración de voluntad. Ejemplo: testamento, promesa publica de recompensa.
 Bilateral. Cuando son dos partes. Ejemplo: contrato compraventa  Plurilateral. Intervienen más de dos partes. Ejemplo: contrato de sociedad, asociación  Mortis causa. Produce un negocio que para producir efectos es necesario que muera una parte. Ejemplo: testamento  Negocio jurídico inter vivos. No hace falta que muera ninguna parte.
 Familiares. Regulan las relaciones familiares. Ejemplo: matrimonio, convenios de separación y divorcio  Personales. Cuando regula intereses personales de la persona. Ejemplo: emancipación  Patrimoniales. Regulan intereses estrictamente económicos, predominan los intercambio de bienes y servicios.
 Dispositivos. Entran los negocios de enajenación (negocio de alienación) y los de gravamen. Los negocios de alienación son aquellos que hay una transmisión del derecho o la deuda. Ejemplo: transmisión de una propiedad a otra persona mediante la compraventa. Los negocios de gravamen tiene lugar cuando el propietario de un bien celebra un negocio con un tercero, al que le confiere determinados poderes sobre la cosa. Por ejemplo, el derecho de usufructo: que otra persona puede usar y explotar algo de mi propiedad. Dentro de esta categoría se incluyen también el desistimiento de un contrato, renunciar a un derecho.
 Administración. Son aquellos actos o negocios dirigidos a la conservación y mantenimiento de un patrimonio, y a la explotación de esos bienes para que de unos beneficios. Existen dos tipos: - De administración extraordinaria. Los de mayor relevancia económica. Son los negocios de enajenación, de gravamen, tomar dinero en préstamo, conceder préstamos, realizar obras de mejora, aquellos en los que los padres o tutor de un menor necesitan la autorización de un juez para gestionar su patrimonio.
- El resto son de administración ordinaria.
Tipos de Contratos Contrato gratuito. Se entrega prestación a cambio de no recibir nada. Este es el gratuito puro, ya que hay un deseo o animo de liberalidad, es decir, de empobrecerse para enriquecer a otro. Ejemplo: donación.
Contrato oneroso. Existe prestación a cambio de una contraprestación con carga o sacrificio para cada parte.
1. Puede existir un intercambio económico perfecto cuando ambas partes tienen una equivalencia económica. Se dice entonces que es un contrato conmutativo. El rasgo típico de esos contratos es la conmutatividad, como por ejemplo la compraventa o el arrendamiento. Si no son conmutativos, dejan de ser esa categoría contractual para convertirse en otro tipo de contrato atípico o donación onerosa.
2. Cuando no existe equivalencia económica entre las partes, cuando una de las prestaciones es de un nivel económico elevado a la otra será una donación onerosa ya que existe prestación y contraprestación, pero hay un ánimo de enriquecer. Art. 622 CC.
En la parte que hay equivalencia económica se regula por las reglas generales de los contratos onerosos y en la parte que exceda se regula por la regla de las donaciones (art. 638 CC) Contrato aleatorio (Art. 1790 CC) Desde el momento mismo de la celebración del contrato se origina el riesgo de saber si el contrato le va a proporcionar beneficios o pérdidas. Se contrapone al conmutativo, porque las partes no pueden concretar en el inicio ambas prestaciones o alguna de ellas. Esta incertidumbre se origina porque ya sean las dos prestaciones o solo alguna de ellas no puede ser concretada en el momento de la conclusión del contrato por las partes, ya sea en su duración, exigibilidad o cuantía. Al hacerse depender la concreción de la prestación, debe `producirse un acontecimiento incierto, de manea que solo cuando se produzca podrán saber las partes quien gana y quien pierde. Este acontecimiento incierto (alea) que determinara que uno pierda más o gane mas, es el término incierto o condición, ya sea suspensiva o resolutoria. Cuando se produzca será cuando puedan concretarse las prestaciones y su durabilidad, exigibilidad o cuantía.
Ejemplo: el contrato de renta vitalicia, que una de las partes tiene un patrimonio celebra un contrato con otra persona y le transmite un bien, de manera que le vaya pagando una pensión periódica de por vida mientras dure la vida del transmitente de los bienes. Cuando se produzca la muerte, habrá uno que gane uno más que otro.
Lo que define el contrato aleatorio es el riesgo. Este contrato se practicaba desde la edad media, y no fue regulado hasta el año 2012.
Contrato típico y atípico El contrato típico, regulado en el ordenamiento, no plantea problemas en cuanto si respeta los limites a la voluntad.
El contrato atípico plantea dos problemas importantes:  Debe respetar los límites a la autonomía de la voluntad ( la ley natural y orden publico)  El de su regulación. No está regulado En los contratos atípicos como la mayoría de contratos, las partes no se preocupen en la práctica de pactarlo todo, no dan solución a todos los problemas que supongan. Ante la falta de previsión de las partes, de la necesidad de dar una solución no prevista por el contrato, se aplica la técnica de la analogía (buscar contratos similares análogos). En defecto de contrato similar regulado en el ordenamiento, iremos a la fuente de la costumbre. Por último, una solución acorde que pueda apoyarse a los principios generales del derecho o acorde a los parámetros de la buena fe.
Contratos consensuales o reales Los consensuales son la mayoría. Es aquel que se perfecciona ( queda válidamente concluido, que se celebra) con el acuerdo de voluntades.
Los contratos reales, para su perfección no basta con el simple consentimiento de las partes, sino que se exige además del acuerdo la entrega de un bien de una parte a la otra para que se entienda perfeccionado, porque la obligación que nace en estos contratos es la de devolver la cosa que ha sido previamente entregada. Son una excepción en nuestro ordenamiento, ya que se pretende conducirlos todos a la consensualidad. Los tipos de contratos reales son: - Contrato de deposito - Contrato de prenda - Contrato de préstamo ( mutuo y comodato) Contratos unilaterales y bilaterales El contrato es unilateral cuando únicamente surgen obligaciones para una de las partes, por ejemplo el préstamo.
El contrato es bilateral cuando surgen obligaciones para todas las partes participantes en el contrato.
Elementos del contrato Todo contrato debe reunir una serie de elementos esenciales que contempla el art. 1261 CC, sin los cuales el contrato es nulo. El contrato debe tenerlos todos, basta con que falle alguno para que el contrato sea nulo de pleno derecho, es decir, se hace inexistente.
Consecuencia de que se declare un contrato nulo: Cuando alguna de las partes quiere que se declare en sentencia de que ese contrato es nulo. Esa nulidad decretada por el juez, lo que hace es reafirmar algo que ya hizo la ley, dejar constancia en sentencia. Las consecuencias básicas son: Las partes van a ser obligadas la restitución de las cosas y precio objeto del contrato. Lo que pretende es que las partes vuelvan a la situación a la que se encontraban con anterioridad a la celebración del contrato, igual que decir que se deshacen los efectos del contrato.
Análisis del consentimiento El consentimiento está formado por las declaraciones de voluntad de las partes para quedar obligadas por un contrato.
Las declaraciones de voluntad están formadas por la oferta y la aceptación (estructura básica del contrato). La oferta se define como aquella declaración de voluntad por la cual una persona propone la celebración de un contrato. La oferta en nuestro sistema:  Debe ser siempre receptícia, es decir, dada a conocer a la contraparte.
 debe dirigirse al destinatario concreto  debe tener para ser calificada como tal, todos los elementos esenciales del contrato de manera que con la simple aceptación del destinatario quede perfeccionado.
El oferente es libre de revocar la oferta en cualquier momento antes de ser aceptada por el destinatario o modificar el contenido pero siempre y cuando no haya sido aceptada. En nuestro ordenamiento se admite que el oferente pueda comprometerse a mantener su oferta y condiciones por un periodo de tiempo concreto. Esta autobligación tiene que venir expresa o de forma muy clara la voluntad del oferente.
Puede originarse una responsabilidad pre contractual exigible por la vía extracontractual, en caso de retirar la oferta por parte del oferente cuando se había comprometido. Si la parte afectada demuestra la existencia de un daño (económico, moral o físico), existirá este tipo de responsabilidad.
La aceptación es la declaración de voluntad del que recibe la oferta, por medio del cual manifiesta su conformidad con esta. El contrato se perfecciona cuando la oferta es aceptada, es cuando despliega su eficacia vinculante o contractual típica. Surgen entonces dos consecuencias: A partir de ese momento ninguna de las partes podrá revocar o desistir del contrato unilateral y libremente sin que esta facultad se le haya sido concedida por la ley o pactada expresamente en el contrato o por el consentimiento de la otra parte. Cuando una de las partes desiste sin poder hacerlo, equivaldrá a un incumplimiento. Por otra parte la otra consecuencia importante es que a partir de ese momento ninguna de las partes podrá modificar el contenido del clausulado. Si alguna de las partes modifica el contenido de las obligaciones, se entienden no puestas ( sin eficacia).
En nuestro sistema para poder hablar de existencia de consentimiento valido, la voluntad interna de las partes deben reflejarlo en el contrato que exteriorizan (debe coincidir el contenido del contrato con lo que quieren). Cuando no coincida lo declarado externamente con lo que quieran las partes internamente, en ese contrato el ordenamiento entiende que no hay consentimiento. Nuestro ordenamiento ha distinguido los supuestos en que se va a entender que hay una inexistencia del elemento esencial del consentimiento, son los siguientes:     El disenso Declaración sin seriedad Reserva mental Simulación Estas no se encuentran reguladas en el ordenamiento, ha sido elaborada por la doctrina y jurisprudencia.
Existe otro bloque en el que el ordenamiento entiende que no existe tanta discordancia. Entiende que lo más beneficioso para la víctima es no la sanción de nulidad, sino la sanción de la anulabilidad. A estos supuestos se denominan vicios del consentimiento (art. 1265 CC). El ordenamiento entiende que lo más justo es que la parte que ha sufrido el vicio, le da la oportunidad de mantenerlo con vida, pero dándole un plazo de 4 años para poder anular el contrato. Si dentro de ese plazo no lo anula, se mantendrá con vida por siempre. Esta es la categoría de la anulabilidad. Se diferencia de la anulabilidad, en que cuando la categoría es la anulabilidad el contrato si que nace y obliga, lo que pasa es que puede ser probado de eficacia por la parte que ha sufrido el vicio.
Para que las partes emitan un consentimiento, deben tener plena capacidad de obrar (mayoría de edad y no estar incapacitado).
En el caso de que uno de estos, consienta un contrato, se aplicara la anulabilidad.
En el momento de la perfección del contrato, sabremos a partir de qué momento nos obliga. Para determinarlo, deberá distinguirse entre la contratación entre presentes y la contratación entre ausentes.
La contratación entre presentes tiene lugar cuando se da entre personas próximas o cercanas. Cuando la oferta es aceptada, se obliga.
La contratación a distancia, denominada así porque las partes se encuentran en lugares lejanos que para celebrar el contrato deben valerse de técnicas de comunicación a distancia. Hay una directiva reciente (del parlamento europeo y consejo 2011/83). Será a distancia cuando:  Las personas se encuentren en sitios distintos  Durante el procedimiento de iniciación de las negociaciones hasta la conclusión del mismo, se utilicen técnicas de comunicación a distancia.
Dentro de la contratación entre ausentes debe distinguirse:  Contratos que se celebran por medio de teléfono, fax, carta, televisión, radio, teletexto y videotexto. El criterio para saber el momento de la perfección del contrato se encuentra en el art. 1262 CC. Se perfecciona cuando la aceptación llega al conocimiento del oferente. O bien cuando desde el que aceptante emite su aceptación o bien cuando habiendo emitido el aceptante su declaración de aceptar, el oferente no pueda ignorarla sin faltar a la buena fe.
 Contratos celebrados mediante dispositivos automáticos. Aquellos contratos celebrados por medios electrónicos, principalmente aquellos celebrados por internet, vía email y a través de mensajería de telefonía móvil. Hay una ley que lo regula (ley de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico de 11 de julio de 2002). Lo define como el contrato en el que la oferta y aceptación se transmite a través de equipos electrónicos conectados a una red de telecomunicaciones. El criterio para determinar la perfección del contrato esta en el art.
1262.3º CC – desde la manifestación de la aceptación, no es necesario que llegue a la otra parte.
Es importante saber el lugar de la perfección del contrato, porque uno de los criterios aplicables es el determinante para ley aplicable al contrato. El lugar de la perfección del contrato, será cuando el contrato no sea internacional, sino entre personas residentes en un mismo estado. Cuando es entre presentes se considera celebrado donde se produce la aceptación. En la contratación entre ausentes incluidos los celebrados mediante dispositivos electrónicos (contrato entre particulares únicamente), rige el siguiente criterio: Art. 1262. 2º - el contrato se considera celebrado en el lugar donde se produce la oferta. Excepto cuando las partes acuerden otro lugar de celebración.
Para determinar el lugar de la celebración del contrato, en contratos de consumo que se celebra por medio de dispositivos automáticos rige el criterio anterior. Ley LSSI – cuando intervenga un aceptante que sea consumidor, se celebrara donde el consumidor tenga la residencia habitual.
En los contratos entre ambos empresarios o profesionales, se considera lugar de la celebración del contrato, en el lugar donde tenga su establecimiento el prestador del servicio (oferente).
Criterios para determinar la ley aplicable al contrato tanto si la contratación es entre presentes o ausentes, pero el contrato no es internacional (ambas partes situadas en el territorio del mismo estado) – art.10.5 CC Contrato internacional es celebrado por personas o empresarios que se encuentran ubicados en los territorios de diferentes países. Para estos contratos, el primer criterio que rige para la determinación de la ley aplicable, es la que las partes escojan. Si no se ponen de acuerdo o no aparece especificada en el contrato, es cuando hay que irse a los criterios del contrato internacional que se encuentra en los convenios internacionales en los que España sea parte (Reglamento del parlamento Europeo y del consejo de 17 de junio de 2008 para determinar a la ley aplicable a las obligaciones contractuales ROMA 1, Responsabilidad extracontractual – Reglamento del parlamento europeo y del consejo de 11 de julio de 2007, ROMA 2).el art 10.5 CC ha quedado derogado por el ROMA 1 y ROMA 2.
El Objeto El objeto del contrato no es otra cosa que el objeto de la relación obligatoria (concreta prestación debida). El objeto debía reunir unos requisitos para ser valido: Ser lícito, posible y determinado. Si falta alguno de los requisitos, daría lugar a la nulidad del contrato.
La Causa La causa puede definirse como función o finalidad económico - practica que cada contrato se dirige a cumplir a la práctica. Para ser válida debe reunir dos requisitos:  Debe ser verdadera. El contrato que externamente celebran las partes, debe coincidir con lo que después en la práctica realmente las partes ejecutan o llevan a cabo. Si después lo que llevan a cabo no coincide, no tiene causa ni consentimiento.
 Licita. La causa o propósito que las partes persiguen con la celebración del contrato no debe ser contrario a la ley, la moral o al orden público. Si va en contra de alguno de estos, será nulo. El problema de determinar si una causa es lícita es en los contratos atípicos.
En tema de causa hay dos preceptos: art. 1275 CC y 1276 CC.
La Forma La forma son los signos por medio de los cuales se exterioriza la voluntad interna. Existen los siguientes tipis de forma: verbal, escrita, formato electrónico, inscripción del registro.
El principio que rige en nuestro ordenamiento es la libertad de forma, que consiste en que las personas son libres de celebrar el contrato de la forma que quiera, mientras respeten los otros elementos esenciales del contrato. Tiene dos excepciones: Forma ad solemnitatem. Si falta dará lugar a la nulidad del contrato.
 Cuando es el propio ordenamiento que exige una forma determinado del contrato para su validez y existencia.
 Cuando las partes pactan que el contrato ha de tener una forma determinada para la validez del contrato.
Cuando habido este pacto, alguna de las partes se niega a cumplirla, la parte dañada debe probar la existencia del pacto cuando se celebre el contrato en un soporte y en este se añada una clausula en el que se establece la necesidad de que este pacto tenga una forma determinada. La parte dañada, puede exigir una responsabilidad por la vía extracontractual (art. 708.2.2º CC) que podrá ser exigida cuando la parte que ha sufrido la negativa puede probar que ha sufrido algún daño a partir de la no celebración del contrato.
Forma voluntaria. Que las partes pacten la necesidad de una forma determinada. Si alguna de las partes se niega a cumplir la forma pactada, la parte dañada puede exigir una responsabilidad contractual, ya que el contrato ha nacido por reunir todos los elementos esenciales y por lo tanto obliga el cumplimiento de la forma pactada. Entonces habrá que probarla existencia del pacto para demandar el incumplimiento de la forma. Por la vía del art. 708 LEC (ejecución forzosa), la parte que ha sufrido la negativa podrá solicitar al juez que de un tiempo para que la otra parte voluntariamente cumpla la forma exigida. Si no ha cumplido, el juez ante la inactividad del que se niega, emite un auto por medio del cual el juez da por emitida esa forma y lo que hace es complementar el pacto. La parte dañada podrá exigir indemnización por daños y perjuicios.
La forma en los contratos de consumo En los contratos de consumo el ordenamiento exige una forma determinada, para que la voluntad quede plasmada. No tiene una forma ad solemnitatem, pero ante el incumplimiento de la forma el consumidor tiene unas acciones que puede ejercitar. Después del contrato siempre debe entregarse al consumidor una copia por escrito o en algún soporte duradero (correos electrónicos, página web, etc.) del recibo del contrato. Las acciones que puede ejercitar son:  Cumplimiento coactivo de la forma ( art. 708 LEC)  Resolver el contrato por incumplimiento. El cumplimiento de la forma es una obligación esencial en el contrato por parte del empresario, por lo tanto el deber facultar para resolverlo.
 También por expresa dicción de la ley también podrá impugnar, anular el contrato más indemnización de daños si se han producido Puede producirse una omisión de ausencia de datos informativos en el contrato hacia el consumidor, lo que provoca que el consumidor al conocer toda la información, no habría realizado el contrato. Cuando sucede esta omisión, las acciones que puede ejercitar son resolver el contrato (1124 CC) por incumplimiento del deber informativo del empresario y también puede invalidarlo más indemnización por daños y perjuicios en caso de haberlos.
Con antelación a la firma del contrato, existe la información precontractual (contrato no celebrado). En esta fase de información si el empresario incumple con el deber de suministrar toda la información, puede ejercitarse la acción de cesación o de rectificación.
Hay otro tipo de forma que se llama forma ad utilitatem (art. 1280 CC). Este artículo debe interpretarse de la siguiente forma: Todos los contratos que enumera exceptuando alguno otro en el que la escritura pública es esencial para la validez del contrato, el principio que rige es el de libertad de forma, es decir, son validos sea cual sea su celebración. Cualquier de las partes en cualquier momento podrán exigirse en cualquier momento que el contrato se eleve a escritura pública, la vía por la que se exige es por la del art. 708 LEC en conexión con el 1279 CC.
Se denomina forma ad utilitatem porque debe haber algún motivo de manera que la escritura pública proporcione una utilidad jurídicamente relevante. Por algún motivo jurídico que pueda ser utilidad para alguna de las partes.
Dentro de esta forma, los contratos que numera el art 1280 CC, no es exhaustiva porque puede haber otras leyes en que se complemente este tipo de forma para otros tipos de contratos. En el último párrafo de este articulo, la jurisprudencia es unánime en considerar que los contratos que excedan de 1500 pts., van a ser validos sea cual sea la forma de su celebración. En cuanto a la forma se somete al mismo régimen de los del art. 1280 en conexión con el art. 1279 CC, por lo que las partes podrá exigir a la otra el cumplimiento de la forma escrita. La vía procesal será el art. 708 de la LEC.
La forma en los contratos electrónicos La ley de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, exige que cuando el ordenamiento exija la forma escrita a papel, el soporte electrónico le equivale. Este criterio no rige cuando los contratos son relativos a familiar y sucesiones, por lo que estos contratos deberán respetar la forma escrita a papel. Cuando en el ordenamiento exija como requisito valido la escritura pública, no servirá el soporte electrónico.
TEMA 2. LA FORMACIÓN DEL CONTRATO (visto en el tema 1) Solo queda la figura de los tratos preliminares y el precontrato.
Los tratos preliminares Con antelación a la celebración del contrato, fase de los tratos preliminares, las partes hablan de las características que habrá de tener el contrato futuro. Se puede llevar a un grado de compromiso en el que las partes se obliguen a la celebración del contrato, sin haberse celebrado aun. En esta fase, las declaraciones se denominan, declaraciones de intención, promesas o proyectos de contratos futuros, etc.
En los contratos proyectados suelen iniciarse cuando el oferente ofrece unas condiciones con carácter irrevocable. La otra parte acepta comprometerse a aceptarlas.
Estas promesas no obligan contractualmente a las partes a la celebración del contrato. Pueden retirarse de las negociaciones. Pero hay un supuesto en el surge responsabilidad: debe mantenerse un comportamiento de acuerdo con la buena fe, de manera que el ordenamiento jurídico entiende una responsabilidad por infracción de la buena fe, teniendo en cuenta los siguientes requisitos:  Hay una de las partes que se retira de las negociaciones sin causa que lo justifique.
 Que la parte que se retire, había fundado una confianza, que se demuestre que se podía hablar de expectativas claras de la celebración de un contrato futuro. Prueba de que hubo un contrato proyectado.
 Que la parte dañada, demuestre que se le ha producido un daño. Estamos delante de una responsabilidad precontractual o culpa in contraendo. El problema de los tratos preliminares es no está regulado en nuestro ordenamiento. La doctrina y jurisprudencia entiende que se puede exigir únicamente el daño emergente, pero no el lucro cesante.
El precontrato Es una figura discutida, porque al fin y al cabo no es más que un contrato. Hay un sector de la doctrina que prefiere diferenciarlo, y otro no.
El precontrato es un contrato en el que ya existen todos los elementos esenciales, lo único que le sucede es que las prestaciones, la eficacia del contrato queda pospuesta a un momento posterior, queda aplazada a un momento posterior.
Por eso se le llama pre contrato, porque se trata de un contrato aplazado en cuanto a su eficacia. En nuestro ordenamiento se distingue entre el momento de la perfección del contrato y momento de la ejecución de la eficacia del contrato.
La figura del contrato de opción de compra no viene regulada propiamente como tal en nuestro ordenamiento, sino se refiere a ella el art. 14 de la ley hipotecaria. Tiene lugar cuando un propietario de un bien celebra un pacto con una tercera persona (optante) por medio del cual se le atribuye la facultad de un momento posterior de la celebración del contrato y dentro de un periodo de tiempo concreto se le exige al vendedor la entrega de la cosa. Mientras exista este derecho, el propietario no podrá transmitirla a ningún tercero. Si no ejercita el derecho de opción dentro de plazo, se extinguirá y entonces podrá vender la cosa a quien le interese.
Ejemplo de precontrato: art. 1451 CC – Contempla la promesa de vender y de comprar. Se refiere a un contrato ya celebrado entre alguien que quiere comprar u otro que quiere vender y lo que hace es aplazar a un momento posterior a la celebración del contrato la entrega de la cosa y el pago del precio.
TEMA 3. LAS CONDICIONES GENERALES, LAS CLÁUSULAS ABISIVAS Y LA INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Los contratos de consumo Es aquel que como parte oferente debe intervenir siempre un empresario o profesional, aquella persona física o jurídica que subministra u ofrece productos y servicios en el mercado dentro del ámbito de su actividad empresarial o profesional. Lo hace como empresario y con ánimo de lucro. Como parte aceptante debe intervenir un consumidor o usuario, que es aquella persona que adquiere estos bienes o servicios para sus propias finalidades privativas no con finalidad comercial).
En los contratos de consumo, en la práctica se da en su estructura el contrato de adhesión, que es aquel en el que el clausulado del contrato son impuestas y predispuestas por el empresario. El clausulado predispuesto es aquel que el empresario redacta unilateralmente con antelación a la firma del contrato. El clausulad impuesto es aquel tipo que no admite dialogo ni modificaciones, se le impone al consumidor unas condiciones que le vienen dadas. Si no las acepta se queda sin el producto final. En ningún momento hay negociación entre empresario y consumidor, ya que el clausulado viene dado.
Este clausulado lo repiten los empresarios a modo de formulario en una multitud de contratos con la infinidad de clientes con los que el empresario contratara en el futuro. Cuando este clausulado se repite varias veces, se le denomina condiciones generales de la contratación (clausulas no negociables repetitivas). Este fenómeno se da en empresarios que ofrecen servicios o productos en el mercado de primera necesidad (farmacéuticas, de seguros, etc.).
Un contrato de consumo no tiene necesariamente que ser un contrato de adhesión. Un contrato de adhesión no tiene porque llevar siempre incorporadas en el clausulado, condiciones generales (solo se pueden dar en contratos de adhesión porque son no negociadas y predispuestas) de la contratación. El ordenamiento entiende que se produce una situación de desigualdad, porque el empresario como tiene la capacidad de crear el producto para venderlo, está en una situación superior que la del consumidor que es más vulnerable.
***Las Condiciones generales solo se pueden dar en contratos de adhesión porque son no negociadas y predispuestas.
Legislación protectora: A nivel estatal – real decreto legislativo de 16 de noviembre de 2007 por el que se aprueba el texto refundido de la ley general para la defensa de consumidores y usuarios, modificada recientemente por la ley de 27 de marzo de 2014. Tiene como finalidad reforzar más los derechos de los consumidores, por lo que se armonizan la legislación de los diferentes estados miembros de la UE en los contratos de consumo. Que todos los miembros cuenten con leyes iguales.
A nivel de legislación catalana - ley del código de consumo de Catalunya de 20 de julio de 2010. Es muy parecida a la estatal. Tiene como finalidad proteger la salud de las personas. Contempla todos los derechos que deben respetar los empresarios en contratos de consumo, por tanto puede exigirlos el consumidor.
Cuando sea entre particulares, se aplicara el derecho común. Estas legislaciones se aplicaran únicamente en relaciones entre empresario y consumidor.
En los contratos de consumo, se rige en primer lugar por mandato del legislador por la legislación protectora de consumidores y usuarios. La legislación común civil no podrá disminuir el nivel de protección, en todo caso elevarlo. Estas normativas contemplan la responsabilidad civil contractual y extracontractual, y contemplan también las relaciones de infracciones y sanciones que se aplicara al empresario incumplidor, al cual se sumara la administrativa.
El control de las clausulas abusivas en contratos de consumo La definición de clausulas abusivas se encuentra en la legislación estatal. Art.82 entiende por clausula abusiva, aquella clausula no negociada individualmente (clausula impuesta y predispuesta) que en contra de las exigencias de la buena fe causa un perjuicio al consumidor y usuario derivado de un importante desequilibrio entre las prestaciones de las partes.
¿Si una clausula es abusiva pero ha sido negociada y consentida por el consumidor, seria abusiva? No, ya que si se prueba que ha habido negocio, no sería abusiva. El empresario que alegue que una clausula ha sido negociada, tiene la carga de probarlo.
Para ser una clausula abusiva debe darse los siguientes requisitos: Tiene que producir un desequilibrio que perjudique al consumidor y además sea contraria a las exigencias de la buena fe.
No todo desequilibrio daría lugar a una clausula abusiva. Habría que analizar el contrato concreto a ver si añadiendo el empresario una clausula dañina.
No obstante, en todo caso serán abusivas las siguientes clausulas (arts. 85 a 90). Cuando el juez se encuentre con alguna de estas clausulas serán siempre abusivas, por tanto no puede entrar a valorar si lo es, ya que lo son siempre.
Puede declararla abusiva el propio juez de oficio o a petición de una de las partes. Está obligado a audiencia previa a las partes para declararla abusiva. Tiene que prescindir de lo que quiera el consumidor o usuario.
El juez no puede integrar las lagunas del contrato de consumo una vez la nulidad ha suprimido alguna clausula abusiva.
Por lo tanto, el contrato caerá cuando la nulidad afecte a uno de los elementos esenciales del contrato o cuando no afectando a elementos esenciales se aprecie un desequilibrio perjudicando al consumidor. E caso de subsistir, seguirá existiendo en los mismos términos prescindiendo de la clausula. Par poder declarar la nulidad no es necesario que se le haya producido ningún daño al consumidor. En la sentencia condenatoria, además de la nulidad, se pronunciara sobre la indemnización de daños y perjuicios por el daño causado al consumidor. Por otro lado la ley contempla unas sanciones administrativas al empresario por la clausula nula.
Control de las condiciones generales de la contratación Cuando el contrato de consumo contiene condiciones generales de las contrataciones s además de aplicar la normativa protectora del consumidor, se aplica la ley sobre condiciones generales de la contratación de 13 de abril de 1998. Esta ley se aplica tanto cuando el aceptante sea un consumidor o usuario como si es un empresario.
Requisitos que deben reunir las condiciones generales de la contratación para ser validas y formar parte del contrato (art.80 y ley de código de consumo de Catalunya art.123-2 apartado A):  El empresario debe darlas a conocer siempre antes de la firma del contrato con el consumidor. Las tiene que dar a conocer el empresario dependiendo de la técnica de contrato empleada. En la contratación a distancia las puede dar a conocer en cualquier soporte de naturaleza duradera de acuerdo a la técnica de contrato empleada.
***Soporte de naturaleza duradera: permite almacenar la información durante un periodo de tiempo futuro.
 Deben ser firmadas, aceptadas expresamente cada una de ellas para el usuario. Si no son consentidas por el consumidor no le vinculan.
 Debe responder a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez. Deben ser accesibles y legibles, que no sean ambiguas ni incomprensibles. La ley hace referencia al tamaño de la letra.
 No ser abusiva Sanciones para las condiciones Las sanciones para cuando las condiciones no reúnen los requisitos 1 y 2, son la no incorporación al contrato. Consiste en que el consumidor estará facultado para elegir las que le interese que se le apliquen o no.
Sanción para cuando la condición general es abusiva, es la nulidad absoluta y de pleno derecho.
Derecho de desistimiento en los contratos de consumo En los contratos de consumo hay dos figuras arriesgadas para el consumidor o usuario: Contratos a distancia. En los contratos a distancia y sobre todo los celebrados a través de internet, en el momento de la celebración del contrato el consumidor al no estar físicamente presencial, al no estar en contacto con el empresario, el consumidor no puede revisar el producto, especialmente cuando se trata de compraventa de bienes. Será con posterioridad de la celebración del contrato, cuando le corresponde ejecutar la prestación, el consumidor podrá comprobar si realmente las condiciones se ajustan a la realidad. Por tanto existe más riesgo de incumplimiento, porque cuando firmamos el contrato nos pueden decir muchas cosas.
Contratos celebrados fuera de establecimientos mercantiles. Este tipo se caracteriza porque el empresario lanza a sus comerciales fuera del establecimiento de la empresa, a la caza y captura de los clientes. Estos comerciales suelen sorprender inesperadamente a los consumidores en las viviendas, trabajo, transporte público, etc. Estos utilizan técnicas de contratación agresivas manipuladoras de la psicología del consumidor para conseguir que el consumidor celebre rápidamente el contrato. El consumidor en estos casos no tiene tiempo de reflexionar si esas condiciones contractuales le interesan o no. En estos contratos, como ha firmado el contrato muy rápidamente, lo que va a suceder es que en la práctica el consumidor va a usar el producto o servicio que le ofrezcan y no funcione bien.
El peligro en estas dos figuras, ha creado la regulación de un derecho de desistimiento a favor del consumidor o usuario que le va a permitir desvincularse del contrato sin tener que alegar motivo ni causa alguna, ni ningún tipo de coste, siempre que lo haga dentro de un periodo de tiempo.
La ventaja es que se retira del contrato sin tener que entrar en procedimientos judiciales para demostrar el incumplimiento. Es un sistema más sencillo que tiene el consumidor para deshacerse de la relación contractual fácilmente. También puede utilizar los procedimientos judiciales.
El consumidor y usuario tendrá este derecho en los contratos a distancia o fuera de los establecimientos mercantiles, pero también en aquellos supuestos en que el empresario le conceda voluntariamente y libre este derecho en el contrato, por lo que tendrá que ajustarse a los requisitos legales. Cuando rija este derecho, el empresario está obligado a informar al consumidor en un momento precontractual de forma clara y precisa del plazo que tiene para desistir, la forma que tiene para ejecutar este derecho y de las consecuencias que tendrá el desistimiento. Podrá ser por escrito o bien a través de algún soporte de permanencia duradera adecuado al tipo de contrato. Además debe subministrarle un formulario de desistimiento que viene contemplado en el anexo de la ley, que será facilitarle al consumidor el ejercicio de este derecho. No obstante el consumidor o usuario también podría desistir utilizando otro tipo de formula o estructura siempre y cuando quede constancia expresa y pueda probar que ha desistido dentro de plazo. El plazo es de 14 días contados desde la recepción del bien si el contrato versa sobre un bien o producto, y desde la celebración del contrato si versa sobre un servicio.
¿Qué sucede si el empresario no informa al consumidor de la existencia de este derecho? Si se enterara por otros medios, mientras desista dentro del plazo será correcto. Pero en el caso que no sea dentro del plazo, funcionara de la siguiente manera: Si no informa el empresario en el momento de la celebración del contrato, el consumidor tendrá un plazo de 12 meses a contar desde la fecha en que expira el plazo inicial de desistimiento. Si ya no puede desistir, le quedan los remedios típicos del incumplimiento (procedimientos judiciales: resolución del contrato, vías de responsabilidad por incumplimiento del contrato).
Vías para ejercitar el derecho de desistimiento Se extingue el contrato una vez ejercitado el derecho de desistimiento y se produce una restitución reciproca de las prestaciones y retorno a la situación anterior del contrato. En un plazo de 14 a contar desde la fecha del desistimiento, deberá devolver las sumas abonadas. Si no las devuelve, el consumidor podrá reclamar las sumas de dinero por duplicado más la indemnización por daños y perjuicios. Si versaba en un bien o producto, el consumidor está obligado a devolver ese producto en un plazo de 14 días. Si versaba sobre una prestación de servicios, el consumidor deberá dar una cantidad económica equivalente al servicio prestado.
Si el bien se destruye, pierde o deteriora por culpa del consumidor y no puede devolverlo (siendo informado debidamente por el empresario), estará obligado a restituir una cantidad económica equivalente al valor de mercado de ese bien. Si esos bienes experimentan un desgaste o deterioro en su valor, que ha sido conforme al contrato utilizado a modo de prueba por un uso normal y diligente, no vendrá obligado a responder frente al empresario. Si resulta que el empresario no informo al consumidor de que tenía derecho a desistir en el momento de la celebración del contrato, se entera después y desiste, pero esos bienes han sido deteriorados, el consumidor no será responsable. Si se trata de un servicio que consume, y el empresario en el momento de le celebración del contrato no informa de su derecho a desistir, el consumidor no responderá de nada.
Sistema arbitral de consumo Es un sistema extrajudicial de resolución de conflictos que surjan únicamente entre profesionales o empresarios y consumidores o usuarios. Únicamente para relaciones de consumo. Es un sistema creado por el gobierno (estatal o autonómico). Es el estado o gobierno autonómico el que gestione este sistema, creado las juntas arbitrales (tribunales y jueces).Se caracteriza por ser un sistema más rápido y gratuito en el sentido de que el consumidor no tiene que abonar los costes del procedimientos, únicamente deberá abonar si decide servirse de algún perito. El consumidor o estará obligado a comparecer con abogado. Por medio de este sistema, es necesario que el empresario o profesional, o bien se encuentre adherido a la junta arbitral de consumo, o bien que solicite al empresario resolver el conflicto por esta vía sin estar adherido, y que este acepte. Si el empresario se encuentra adherido, el consumidor o usuario tiene dos vías: puede llevar la controversia por el sistema arbitral de consumo o bien ir a la vía judicial ordinaria (más lenta y costosa). Cuando se adhieren al sistema arbitral de consumo, la junta le da un distintivo, del cual están obligados a informarle al consumidor. Es una forma de dar confianza y seriedad porque los empresarios que cometen reiteradas infracciones de consumo o realizan prácticas comerciales en contra de los consumidores, no se les concede el distintivo o se les retira.
Controversia que pueden plantearse en este sistema Pueden ser de naturaleza civil o mercantil ante un empresario sea público o privado. En general puede versar sobre cualquier controversia, exceptuando las siguientes:  Intoxicación  Lesión o muerte  Cuando existan indicios de delito El arbitraje puede ser de derecho o equidad. Si no pactan nada será de equidad. En el arbitraje de derecho lo que harán los jueces, será dar solución al caso aplicando las leyes reguladoras del caso. Si es de equidad resolverán la controversia utilizando el derecho común de cada arbitro (mayoría de votos). La resolución del laudo arbitral tiene los mismos efectos que una sentencia judicial y contra este cabe únicamente un tipo de recurso: recurso de anulación (no entra sobre el fondo de la cuestión porque ya está resuelto). Está regulado en el Real decreto legislativo de 16 de noviembre de 2007 por el que se aprueba el texto refundido de la ley general para la defensa de los consumidores o usuarios. Ha sido desarrollado en el real decreto de 15 de febrero de 2008 por el que se regula el sistema arbitral de consumo, modificado parcialmente por otro real decreto de 14 de mayo de 2009. En Catalunya está regulado en la ley del código de consumo de Catalunya.
Interpretación del contrato Es la labor de los juristas y especialmente de los jueces y tribunales encaminada a averiguar la verdadera voluntad o intención de las partes expresada en un contrato. Pueden darse casos en que la voluntad expresa de las partes no coincida con la voluntad real de las partes. Consiste en averiguar lo que realmente han querido las partes o alguna de ellas. Si es querido o si alguna de las partes no lo ha querido, o si no lo ha querido ninguna. Así por tanto la labor interpretativa va a ser necesaria en los supuestos en los que las voluntades declaradas en el contrato se pongan en duda porque hay indicios de prueba que pueden demostrar que esas dos declaraciones de voluntad o alguna de ellas, no ha sido querida.
Puede ocurrir en los siguientes supuestos:  Cuando en el clausulado del contrato, hay clausulas ambiguas que tiene varios sentidos o significados, una de las partes demanda a la otra por incumplimiento por motivo diferente a la interpretación de las clausulas y el asunto va a los tribunales  Cuando alguna de las partes quiere la nulidad radical del contrato por falta absoluta del consentimiento y consigue probarlo, ahí entrara la labor interpretativa de los jueces.
Nuestro ordenamiento contempla unos criterios interpretativos en los arts. 1281 a 1239 CC. Los criterios interpretativos son unas pautas que da el ordenamiento de aplicación obligatoria. Podría valerse el juez de otros tipos de prueba pero deben ser tenidos en cuenta Criterios interpretativos más importantes:  Si los términos de un contrato son claros y no dejan dudas de la intención de las partes, prevalecerá las palabras, literalidad de las clausulas. El ordenamiento parte de la presunción de que lo declarado externamente presume que es lo realmente querido por las partes salvo que se pruebe que no es así. En la practica la labor interpretativa del jurista no necesita ir mas allá del tenor de las clausulas, porque en la mayoría de los caos de la vida diaria lo que han manifestado las partes en el clausulado coincidirá con lo que estas realmente quieren.
 Si las palabras parecieren contrarias a la intención, prevalecerá esta sobre las palabras. Quiere saber si ese contrato tiene consentimiento. En este criterio cuando el ordenamiento se está refiriendo a que cuando haya elementos de prueba que pruebe que las palabras no son lo querido, prevalecerá lo realmente querido sobre las palabras.
 Para averiguar la verdadera intención de las partes hay que atender principalmente a las actuaciones y comportamientos de las partes contratantes inmediatamente, coetáneos anteriores y posteriores a la celebración del contrato.
 Cuando en el contrato haya alguna cláusula dudosa que admita varios significados o sentidos, deberá dársele el significado que se adapte mas a la finalidad global que el contrato persigue relacionándola con el resto de clausulas. Dentro de este criterio, intentando siempre darle a la clausula el significado por medio del cual se logre o se consiga mantener el contrato por vida. Este es el principio de la conservación del contrato (art. 1284 CC)  Este criterio va para contratos de consumo: cuando en un contrato de adhesión de un contrato existan clausulas ambiguas que admitan varios sentidos, esta ambigüedad no deberá favorecer nunca al empresario, sino al usuario. Si en el contrato de adhesión existen las condiciones generales de la contratación que son clausulas no negociadas, y clausulas negociadas, el criterio que permanece es que si existe contradicción o incompatibilidad entre condiciones generales y condiciones negociadas, deben prevalecer las negociadas sobre las generales, porque ahí es donde se manifiesta claramente el consentimiento y porque favorecen mas al consumidor. Hay que tener en cuenta la LO de 2 de marzo de 2007, concretamente el art. 4, que consagra el principio de igualdad de trato y oportunidad entre hombres y mujeres. Este principio tendrá relevancia cuando en un contrato en el que haya clausulas ambiguas, habrá que darle un sentido que tenga en cuenta la aplicación de este principio.
 Cuando fuere imposible aclarar las dudas con los criterios mencionados, el art. 1289 da una solución de cierre: si el contrato gratuito (donación pura o donación onerosa). Si el contrato es gratuito, las dudas se resolverá a favor de la parte que reciba menos derechos, es decir, a favor de la parte que realice la mayor atribución patrimonial. Si el contrato es oneroso, las dudas se resolverán de manera que se alcance la mayor equivalencia entre la proporción de las partes. Si las dudas recaen en alguno de los elementos esenciales del contrato, la sanción que contempla el ordenamiento será la nulidad absoluta. Pueden ser dos tipos: Contrato típico o atípico. En el contrato atípico se plantean problemas de su regulación, se aplicara la analogía y en defecto de esta, los usos negociales.
TEMA 4. LA FORMACIÓN IRREGULAR DEL CONTRATO Diferenciación de los vicios del consentimiento y los supuestos de falta absoluta de consentimiento La formación irregular del contrato se produce en todos aquellos supuestos en los que existe una interferencia o anomalía en el proceso de formación del consentimiento, que conduce a que exista una discordancia o desconexión entre la voluntad interna perseguida realmente por las partes y la que se manifiesta al exterior, que hace que el consentimiento prestado para contratar no sea válido o que pueda ser privado de eficacia.
Esta anomalía puede dar lugar a dos tipos de situaciones: 1. que conduzca a una falta absoluta de consentimiento contractual. Así sucede en los supuestos de disenso, declaración sin seriedad, la reserva mental y la simulación. Cuya consecuencia es la nulidad radical y absoluta del contrato, por falta de uno de sus elementos esenciales: el consentimiento. El disenso, la reserva mental, la declaración sin seriedad y la simulación, no se encuentran reguladas como categorías autónomas en el Código Civil. Han sido la Doctrina y la Jurisprudencia las que han reconocido la existencia de estas figuras, con fundamento en el art.1261 CC.
2. Que el consentimiento exista, pero se haya formado de manera anómala. Así sucede en los denominados vicios del consentimiento del art.1265 CC. Estos son: el error, la violencia, la intimidación y el dolo. Que provocan la anulabilidad del contrato, no su nulidad radical. Porque aquí, el contrato sí que llega a nacer; se mantiene válido y produce sus efectos típicos mientras no sea invalidado. Tal es así, porque el ordenamiento considera que en estos supuestos, a diferencia de los supuestos en los que no existía consentimiento, puede no producirse un distanciamiento tan grande entre la voluntad interna y la manifestada exteriormente. Además, el ordenamiento considera que en los supuestos de vicios del consentimiento, en los que una de las partes es la víctima del vicio, la sanción de la anulabilidad es la más adecuada para proteger a esta parte, que es la única legitimada para invalidar el contrato si le interesa. Pues en el caso de que la sanción fuera la nulidad radical, el contrato podría ser privado de eficacia por la parte que hubiere ocasionado el vicio. Lo cual sería injusto para aquella que lo ha sufrido, que tendría que padecer las consecuencias de una invalidez, a lo mejor no querida por ella.
Así, en el contrato anulable por vicios del consentimiento, lo que sucede, es que, como está afectado de un vicio que ha impedido que el consentimiento se manifieste de forma completamente libre y auténtica, el ordenamiento legitima y ofrece la oportunidad a la parte que ha sufrido el vicio, para invalidar el contrato si le interesa, dentro del plazo que marca la Ley. De manera que si la parte legitimada no ejercita la acción dentro de plazo para invalidarlo, el contrato deviene plenamente eficaz para siempre (se confirma o convalida).
Los supuestos de falta absoluta de consentimiento El disenso También denominado error obstativo, que no hay que confundir con el error como vicio del consentimiento, del art.1265 CC. Tiene lugar cuando uno de los sujetos o ambos, emite una declaración diferente a la querida internamente porque se equivoca o comete un error, que puede recaer:  bien sobre la identidad del objeto del contrato (ej: una persona cree estar comprando una casa, cuando en realidad le están vendiendo un almacén).
 Bien sobre el tipo de negocio mismo que se celebra (ej: una persona quiere vender y manifiesta externamente que realiza un contrato de leasing).
Ambos tipos de errores suelen cometerse en la práctica cuando se utiliza a un intermediario o interlocutor (ej.: mecanógrafo, intérprete) para que reproduzca las palabras.
Y éste intermediario reproduce mal la voluntad, de forma distorsionada. Este tipo de error se caracteriza porque no se provoca de manera consciente ni intencionada por ninguna de las partes; es una divergencia involuntaria o inconsciente.
La declaración sin seriedad También denominada declaración iocandi causa, tiene lugar cuando se emite una voluntad, pero sin el propósito de obligarse seriamente, y confiando o creyendo que los destinatarios la calificarán en el mismo sentido (como broma). Ej.: te vendo mi finca por 2 euros, hoy que es el día de los Santos Inocentes. O, si te pintas el pelo de verde, te pagaré 30 millones de euros.
La consecuencia es que no se genera ningún contrato porque se dice de broma, no con el propósito de obligarse formalmente.
El problema que plantea, si se pretende la nulidad judicial del contrato, es el de probar o demostrar que realmente se hizo sin seriedad. Habrá que valorar todas las circunstancias que rodean al negocio.
No obstante, decretada la nulidad, si como consecuencia de esta declaración, la otra parte sufre un daño, porque confiando en la misma, llevó a cabo algún tipo de acto, podrá exigir una reparación por los daños y perjuicios sufridos, por la vía de la responsabilidad civil extracontractual, ex. Art.1902 CC. La responsabilidad es extracontractual porque el contrato nunca ha llegado a nacer. En el ejemplo anterior: el destinatario se tiñó el pelo de verde y el espray que utilizó le provocó una alergia muy fuerte en la piel, que dio lugar a que tuviese que ser hospitalizado y seguir un tratamiento. O por ejemplo, cuando se gastó una suma dineraria importante en comprarse los espráis.
La reserva mental Tiene lugar cuando solo uno de los contratantes emite una declaración que aparece externamente como querida por él, cuando en realidad no es lo que quiere, sino que se propone otra cosa completamente distinta.
El sujeto que emite la declaración bajo reserva mental, lo que hace es engañar de forma consciente y voluntaria a la otra parte. Ej.: una persona ofrece a otra trabajar en su salón de juegos como administrador, llevando la contabilidad, cuando en realidad lo que quiere es que trabaje limpiando las máquinas de juego y el local, que es lo que en la práctica quiere que acabe haciendo.
La consecuencia, en principio, es que el contrato debería ser nulo de pleno derecho, por falta de consentimiento real de una de las partes. Sin embargo, en opinión de la doctrina mayoritaria, la consecuencia de la nulidad sería injusta para la parte engañada, que tendría que soportar las consecuencias de la invalidez de un contrato que, quizás, le interesa mantener vigente. Por ello, la consecuencia es que el contrato se mantiene válido, obligando a la parte que cometió el engaño a cumplir exactamente con lo prometido; a realizar la prestación convenida externamente. De manera que si ésta incumple, entonces la parte engañada tendrá acción para exigirle responsabilidad por incumplimiento.
La simulación Se produce una divergencia entre la voluntad declarada externamente y la querida internamente, que es provocada por ambas partes de manera consciente e intencionada. Ambas lo saben y están de acuerdo en crear una apariencia de negocio que no se corresponde con la realidad. Puede ser de dos tipos:  Absoluta: cuando las partes externamente concluyen un contrato que después no llevan a cabo o no ejecutan en la práctica, porque en realidad no lo quieren. Este acuerdo o contrato no encubre tampoco otro contrato distinto.
Lo que sucede es que, simplemente, las partes no quieren la celebración de ningún contrato. Ej.: una persona aparenta vender un bien para no aparecer como propietaria, y en realidad no vende nada; no se ejecutan en la práctica las prestaciones propias del contrato de compraventa, ni tampoco de las de ningún otro tipo de contrato.
Este negocio externo (negocio simulado) es siempre nulo de pleno derecho por falta de consentimiento, y también de causa. Porque no está cumpliendo su función típica.
 Relativa: cuando las partes externamente concluyen un contrato que después no llevan a cabo o no ejecutan en la práctica, porque en realidad lo que quieren es otro tipo de contrato distinto, que es el que verdaderamente ponen en marcha y ejecutan. Aquí, por lo tanto, existen 2 tipos de negocios:  por un lado, el negocio aparente o simulado, que es el que no quieren.
 Y por otro, el negocio disimulado, oculto o secreto, que se corresponde con la auténtica voluntad de las partes, y es el que en la práctica ejecutan y ponen en marcha. Porque es el contrato que realmente quieren.
El negocio querido (secreto) y el que ponen en práctica es el disimulado. Aquí, el negocio simulado o aparente es siempre nulo de pleno derecho, por falta de consentimiento y de causa. En cuanto al negocio disimulado u oculto, puede ser válido, si en él concurren todos los requisitos esenciales que exige el ordenamiento para su validez. Y habrá que estar a este negocio para exigir las responsabilidades a las partes.
Ej.: para evitar el impuesto sobre sucesiones y donaciones, un padre simula vender a su hijo un inmueble por un precio que no cobra (no existe precio); se trataría de una compraventa que disimula una donación, para intentar eludir fraudulentamente las obligaciones tributarias La simulación, generalmente, se lleva a cabo por las partes con la finalidad de eludir o evitar la aplicación de alguna norma imperativa. O con la finalidad de defraudar los derechos de terceras personas para causarles un daño.
El principal problema que acarrea es el de su prueba para demostrar la existencia de simulación. Conlleva en la práctica una gran dificultad conseguir pruebas directas. Teniendo presente que habrán de ser consistentes para ser capaces de llevar al Juzgador a la convicción de la existencia de una apariencia.
Los vicios del consentimiento Contemplados en el art.1265 C.c: son la violencia, la intimidación, el dolo y el error. No dan lugar a la nulidad radical o inexistencia del contrato, sino solo a su anulabilidad. Es decir, que el contrato, en principio existe y es válido, produciendo todos sus efectos. Pero como el consentimiento se ha formado de forma anómala, no completamente libre, el ordenamiento legitima a la parte que ha padecido el vicio, siempre que pruebe su concurrencia, para invalidar el contrato, privándolo de efectos si le interesa. De manera que si la víctima del vicio no impugna el contrato dentro del plazo legal, el contrato deviene válido para siempre (confirmación o convalidación).
La parte legitimada para anular el contrato tendrá derecho, además, a solicitar una indemnización por los daños o pérdidas que se le hayan ocasionado a consecuencia del vicio; indemnización que podrá solicitarse tanto si se anula el contrato como si se mantiene.
La indemnización por daños derivada de la invalidez del contrato no debe alcanzar a la ganancia dejada de obtener por su no conclusión (lucro cesante), como si se tratara de un incumplimiento contractual. Sino que se limitará a volver a colocar a la parte perjudicada en la misma situación en la que se encontraría si el contrato no se hubiese celebrado.
La violencia Art. 1267.1º CC. Tiene lugar cuando un tercero ajeno al contrato o una de las partes contratantes, emplea la fuerza física (agresión corporal) material sobre la otra parte, con la finalidad de lograr que ésta emita una declaración de voluntad determinada y celebre un contrato. La violencia debe revestir la entidad o gravedad suficiente (fuerza irresistible), de manera que a la parte que la sufre no le quede más remedio que prestar el consentimiento.
La violencia puede producirse en el momento mismo de la celebración del contrato o con anterioridad al mismo.
La violencia podría ser reconducida a un supuesto de falta absoluta del consentimiento (nulidad radical), cuando se ejerce de manera tan brutal que acaba por excluir totalmente la voluntad de la persona. Pero aún en este supuesto, la doctrina mayoritaria prefiere configurarla como un supuesto de vicio del consentimiento, por ser ésta la sanción que más beneficia a la víctima del vicio.
La parte que ha sufrido el vicio, además de invalidar el contrato, podrá exigir a la parte que provocó la violencia una indemnización por los daños materiales, morales o corporales que haya padecido, por la vía de la responsabilidad civil extracontractual (art.1902 CC). Y si decide mantener el contrato – no invalidarlo - , podrá exigir de todas formas, una indemnización por daños, por la vía de la responsabilidad civil contractual si el daño proviene de la otra parte contratante.
Y por la vía extracontractual, si la violencia provino de un tercero. Todo ello, con independencia de la responsabilidad penal en que en su caso incurra el que cometió la violencia.
Intimidación Art.1267.2º CC. Tiene lugar cuando alguien (la otra parte del contrato o un tercero) amenaza al contratante con producirle un daño inminente y grave en su persona o bienes, o en la persona o bienes de algún pariente o ser próximo o querido, que solo podrá evitar si celebra un determinado contrato. A diferencia de la violencia, el daño todavía no se ha producido, pero precisamente se trata de evitar emitiendo por miedo, una declaración de voluntad determinada.
La amenaza – coacción psíquica- tiene que generar un miedo-temor racional y fundado, que impulsa a celebrar un contrato para evitar un daño próximo y grave.
El CC, limita los seres queridos al “cónyuge, descendientes o ascendientes” del que padece el vicio. Pero esta restricción es injusta y ha sido duramente criticada por la doctrina. Existiendo autores que entienden que, no solo debe restringirse a los parientes citados en el Código Civil (cónyuge, descendientes o ascendientes), sino a otros posibles seres allegados o queridos de la víctima del vicio. Para lo que habrá que analizar caso por caso, sus vínculos afectivos.
Al igual que en la violencia, la parte víctima de la intimidación podrá invalidar el contrato y exigir una indemnización por daños, ex.art.1902 CC. O bien, no invalidarlo y exigir la correspondiente indemnización.
En los contratos de consumo, la Ley General de Publicidad tipifica como publicidad ilícita las prácticas comerciales agresivas. Que son aquellas prácticas empresariales que limitan o merman de manera significativa la libertad de elección del consumidor a la hora de adoptar una decisión con respecto a la contratación de un bien o servicio. Dentro de estas prácticas se incluyen el acoso, la coacción, incluido el uso de la fuerza, o la influencia indebida mediante el empleo de comportamientos amenazadores e insultantes, etc. En estos supuestos, otra vía posible al alcance del consumidor, además de las acciones de anulabilidad por vicios del consentimiento, son las acciones que contempla la Ley de Competencia Desleal (entre ellas: la acción de cesación, la acción de remoción y la acción de resarcimiento de daños y perjuicios…), que pueden ejercitarse con antelación a la celebración del contrato o cuando éste ya ha sido celebrado, incluso conjuntamente con la acción de anulación.
El error ( vicio) Art. 1266 CC. Existe error cuando una de las partes contrata creyendo que el contrato recae sobre unos hechos o elementos determinados, cuando en realidad versa sobre elementos o condiciones distintas. El error es provocado por la otra parte contratante, ya sea de forma maliciosa y voluntaria (mediante engaños, mentiras, proporcionando información/publicidad falsa o errónea, u omitiendo información relevante), o de forma inconsciente; por un comportamiento descuidado o negligente, que lleva a omitir ciertos datos o a proporcionar una información incorrecta, sin la intención de engañar, guiado simplemente por un desconocimiento o descuido inconsciente. Para que se trate de un error vicio debe recaer:  bien sobre las cualidades o características del objeto del contrato (ej.: se compra un coche usado creyendo que es nuevo; se compra un caballo salvaje cuando en realidad se cree que esta domado; se compra una pulsera creyendo que es de oro, cuando en realidad es de cobre; se contrata una prestación de enseñanza en idiomas con unas condiciones determinadas que después no se cumplen).
 O bien, sobre la identidad de la persona con la que se contrata, o sobre sus cualidades personales (ej.: una madre contrata con una canguro creyendo que tiene experiencia, cuando en realidad es inexperta; o se contrata con alguien a quien no se conoce personalmente, creyendo que es fulanito de tal, y resulta que se presenta otra persona que se hace pasar por aquella identidad).
Para que el error genere un vicio capaz de invalidar el contrato, es necesario que sea:  Esencial: significa que si la persona hubiera conocido la verdad no hubiera contratado.
 Excusable: significa que sea muy difícil darse cuenta de la verdad; que sea fácil caer en la confusión porque la persona no tiene medios a su alcance para conocer la realidad. Si la persona pudo haberlo evitado empleando la diligencia y responsabilidad media adecuada al caso, y no lo hizo, entonces el error es inexcusable y no invalida el consentimiento.
La parte que ha sufrido el error podrá: bien, invalidar el contrato + indemnización por daños responsabilidad extracontractual (art.1902 CC). O bien, no invalidarlo y reconducirlo a un supuesto de responsabilidad por incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato, en virtud de las acciones típicas de cumplimiento contractual (arts.: 1124 y 1101 y 1911 CC).
El dolo Arts.: 1269 y 1270 CC. Lo provoca la otra parte contratante, y tiene lugar cuando ésta, con el ánimo o intención de engañar, de manera consciente, deliberada y maliciosa, mediante palabras y maquinaciones engañosas (mentiras, omisión de información), induce a la otra parte a celebrar el contrato. El dolo también puede ser causado por el silencio; el que calla o no advierte debidamente a la otra parte. Por ejemplo: cuando una persona alquila un apartamento para pasar sus vacaciones de verano, y la empresa que se lo alquila no le informa de forma veraz y suficiente acerca de las características, servicios y equipamientos del apartamento.
El dolo produce siempre un error en la parte contratante engañada. De tal forma, que esta parte podrá invalidar el contrato a través de dos vías posibles, según le interese: alegando a) error vicio, o b) dolo. Debe tenerse en cuenta que la prueba del error es más fácil que la prueba del dolo. Porque en éste, la víctima tiene que acreditar el ánimo de engañar.
Al igual que en el error, la víctima del dolo podrá escoger entre: anular el contrato + indemnización por daños (art.1902 CC). O bien, no anularlo y dirigirse a la vía de la responsabilidad contractual por incumplimiento de las condiciones pactadas (arts: 1101, 1911 y 1124 CC).
Para que exista dolo y éste constituya un vicio del consentimiento capaz de anular el contrato, debe ser grave. Habrá dolo grave cuando haya sido determinante de la celebración del contrato, de manera que sin su presencia, no se hubiera contratado. Debe distinguirse el dolo grave del dolo incidental.
El párrafo 2º del artículo 1270 CC, contempla el llamado “dolo incidental”, que solo obliga al que lo empleó a indemnizar daños y perjuicios, sin legitimar para invalidar el contrato.
El “dolo incidental” tiene lugar cuando la parte que lo sufre hubiera celebrado de todas formas el contrato, aunque en unas condiciones distintas. Este tipo de dolo, no legitima para poder anular el contrato. Pero si, para reclamar la responsabilidad contractual – indemnización- que en su caso proceda, por los perjuicios sufridos.
La Ley General de Publicidad tipifica como publicidad ilícita las prácticas comerciales engañosas. De manera que si el contrato es de consumo, el consumidor, además de los remedios anteriormente indicados, también tiene a su alcance las acciones que contempla la Ley de Competencia Desleal (acción de cesación, acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas, acción de resarcimiento de daños, …….); acciones éstas, que pueden ejercitarse en la fase previa a la celebración del contrato o cuando el contrato ya ha sido concluido.
El dolo se diferencia de la reserva mental, en que en ésta, se considera que no hay consentimiento porque la declaración externa está muy alejada de la realidad o de lo que realmente se quiere internamente. Mientras que en el dolo, se considera que si hay consentimiento porque lo que se declara externamente no está tan distanciado de lo que se quiere o pretende realmente. Lo que sucede es que en el dolo, el objeto del contrato se presenta externamente maquillado, algo distorsionado, omitiendo información, o introduciendo algunos datos falsos, para conseguir que la otra parte contrate.
Plazos para el ejercicio de la acción El plazo para el ejercicio de la acción para invalidar el contrato es de 4 años, transcurrido el cual, ya no podrá ser anulado, convirtiéndose en plenamente válido y eficaz para siempre. Este plazo de 4 años comienza a contar:  En los casos de intimidación o violencia, desde el día en que éstas hubiesen cesado.
 En los casos de error o dolo, desde la conclusión-celebración del contrato.
TEMA 5. LA EFICÀCIA I LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO La eficacia general de todo contrato es relativa que contempla el art. 1257 apartado 1ª CC. La eficacia relativa de los contratos en general significa que los contratos en principio solo producen eficacia entre las partes que han intervenido en su celebración y en su caso frente a los herederos a la muerte de alguno de los contratantes (a no ser que se trate de obligaciones personalísimas). Existen supuestos excepcionales en que un contrato produce eficacia frente a una tercera persona que no haya participado directamente en su celebración. El contrato a favor del tercero, o contrato con estipulación a tercero ( art. 1257 ap.2º CC), que tiene lugar cuando dos partes (estipulante y promitente) celebran un contrato por medio del cual atribuyen un derecho de crédito a una 3ª persona que no ha participado en la celebración. Da unas instrucciones y se sirve para atribuir el derecho de crédito a la tercera persona del promitente, que es el encargado de realizar la prestación a favor del tercero beneficiario, actuará guiado por las instrucciones del estipulante. Este se obliga en el contrato frente al estipulante y frente al tercero beneficiario. Ej: seguro de vida. Se asigna beneficiario a una persona distinta de la que paga el seguro. La compañía aseguradora seria el promitente y el asegurado el estipulante. Al fallecimiento del estipulante, cobrara el seguro de vida un tercero.
El promitente puede obligarse a realizar la prestación frente al tercero cambio de una contraprestación o sin recibir nada a cambio (causa gratuita). Para que el tercero beneficiario adquiera el derecho de crédito debe aceptar el derecho que se le otorga y debe comunicar su aceptación al promitente. Cuando el promitente incumple su prestación frente al tercero la cuestión que se plantea es quien puede exigir responsabilidad: Si está obligado frente al estipulante, puede exigir responsabilidad el estipulante de la siguiente manera:  Si es sinalagmático, podrá el estipulante resolver el contrato (art.1124 CC) + exigirle una indemnización de daños por los problemas que le haya ocasionado el incumplimiento del promitente.
 Solicitar el cumplimiento específico (ejecución forzosa) frente al promitente para obligarle a cumplir frente al tercero. El estipulante está legitimado para solicitar el cumplimiento forzoso frente al tercer beneficiario.
Entre promitente y tercero beneficiario no es una relación bilateral (sinalagmática). El tercero podría activar la vía del procedimiento de ejecución forzosa ordinaria, pero no la resolución del contrato, porque entre ellos no hay relación bilateral.
El contrato para persona que se designará No esta regulado en el CC, pero se admite la base de la autonomía de la voluntad (1255 CC).
Es un contrato de compraventa en el que comprador y vendedor realizan un contrato, pero se añade un pacto por medio del cual el comprador se reserva la facultad de designar (dentro de un plazo determinado a contar desde la celebración) una tercera persona para que pase a ocupar a posición jurídica del contrato que ocupaba el comprador en este contrato de compraventa. Esta persona en el momento de la celebración del contrato debe quedar determinada quien es con nombre y apellidos, o conforme a las cualidades personales que debe cumplir esta persona. La persona que se designe deberá ser solvente y tener una capacidad económica. Si el comprador realiza la elección y designa el tercero, el tercero debe aceptar. Una vez haya aceptado el tercero, debe ser notificado al vendedor sobre quien es la persona para que pueda comprobar que la persona se ajusta a los requisitos pactados. Si se acepta, este tercero se subrogará a la posición que tenía el comprador, y a partir de ahora la única persona a la que podrá exigirse cumplimiento y tendrá responsabilidad será el tercero, que quedara como definitivo obligado. Esta designación del tercero debe realizarse antes de la ejecución de las prestaciones.
Tercer supuesto Dos personas realizan un contrato que produce un daño frente a una 3ª persona que no ha participado en la celebración del contrato. Estas dos personas pueden ponerse de acuerdo para ocasionar un daño, o que únicamente sea uno el que quiera ocasionar un daño sin saberlo la otra parte.
Ejemplo: un autor celebra un contrato d edición con una editorial, concediendo a esta la explotación de la obra con carácter exclusivo. Posteriormente este autor contrata otra editorial a la que también concede los mismos derechos de explotación exclusiva de la obra. Este segundo contrato está causando un daño a la primera editorial. La segunda editorial y el autor pueden haberse puesto de acuerdo, o puede la segunda editorial no saber nada y desconocer el daño. La persona perjudicada que es la primera editorial, podrá ejecutar las siguientes acciones: Puede solicitar judicialmente la nulidad del segundo contrato. Se ejercerá también la acción de cesación por parte de la segunda editorial. Por otro lado podrá exigir responsabilidad al autor por incumplimiento del pacto de explotación exclusiva. Podrá dirigirse contra la segunda editorial solo en caso de que se demuestre que existe culpa, que por tanto había mala fe a la hora de contratarse. Será por la vía extracontractual (art. 1902 CC).
Para poder hablar de daño a un tercero basta con que se viole o lesione un derecho subjetivo. El contrato que produce un daño a un tercero, es un contrato que será siempre nulo porque se considera que tiene causa ilícita.
El negocio fiduciario La fiducia no se encuentra regulada en nuestro ordenamiento, pero se admite al amparo del principio de autonomía de la voluntad. Se distinguen dos tipos de fiducia: Fiducia cum amico o negocio fiduciario con finalidad de guardia y administración. El propietario de un bien es el fiduciante, que transmite la propiedad y posesión del bien temporalmente a otra persona (fiduciario) con la finalidad de que este fiduciario la guarde, la administre o la conserve por un tiempo determinado de manera que finalizado el plazo, debe restituir la cosa al fiduciante. Acabado el contrato, el fiduciante tiene que contraer un derecho personal para exigir la restitución de la posesión y de la propiedad.
Fiduacia cum creditore o contrato fiduciario con finalidad de garantía. Es una relación obligatoria en que un deudor para garantizar el cumplimiento de su obligación frente al acreedor, transmite la posesión material de la cosa y la propiedad de la misma al acreedor fiduciario. El derecho que se tiene es un derecho real, porque es facultad del acreedor de dirigirse contra una cosa. El deudor tiene un patrimonio, pero puede perderlo y devenir insolvente. Si incumple frente al acreedor, puede este encontrarse con que el deudor no pueda responder frente a él, y para evitar dirigirse contra el patrimonio del deudor en un procedimiento ordinario de ejecución forzosa, una forma más rápida y eficaz de asegurar el cumplimiento del deudor es tener en posesión y propiedad un bien del deudor. Cuando se tiene una garantía real, el objeto de la garantía se excluye del resto de la masa patrimonial del deudor, se separa. Solo tiene derecho a dirigirse contra ese bien el que tiene la garantía. Si el deudor tuviese más acreedores, no podrían dirigirse contra ese bien que forma la garantía, porque está en manos de un acreedor en concreto. La fiducia se inscribe en el registro de la propiedad si versa sobre un bien inmueble.
Si el deudor cumple, el acreedor deberá restituirle el bien. Pero si incumple, podrá ejecutarse la garantía mediante la venta en público subasta para obtener el máximo precio de mercado por el bien, con el cual se satisface al acreedor y si hay sobrante se le devuelve al deudor. El acreedor cuando el deudor incumple, cuando va a ejecutar la garantía no puede quedarse con la propiedad del bien, porque en el ordenamiento se prohíbe el pacto comisorio. Está prohibido en nuestro ordenamiento quedarse con la propiedad del bien, porque puede dar lugar a un abuso en prejuicio del deudor, porque un pacto comisorio se celebra en unas circunstancias en que el deudor está en una situación de necesidad y el ordenamiento no quiere que el acreedor pueda quedarse una cosa cuyo valor era superior al real valor de mercado. Por eso se realiza mediante subasta, para que el acreedor se quede con lo que realmente le corresponde.
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