1 y 2 .3: Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Propiedad Pª. Patrimonio Nacional, Hº y Privado. Dominio Pº (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad de Málaga
Grado Derecho + Administración y Dirección de Empresas - 3º curso
Asignatura Derecho Administrativo II
Año del apunte 2015
Páginas 11
Fecha de subida 02/08/2017
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Temas 1 y 2 Parte 3

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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 3: Tema 1 – Las Propiedades Públicas. Bienes Demaniales, Comunales y Patrimoniales. El Patrimonio Nacional. El Patrimonio Histórico Español Tema 2 – El Dominio Público. Ámbito, Protección y Utilización.
El Patrimonio Privado de la Administración Adquisición y enajenación de bienes públicos: Las Administraciones Públicas pueden adquirir bienes por cualquiera de los modos generales establecidos para adquirir la propiedad (Derecho Civil). Además, podrá adquirir: - Por atribución de la ley.
Artículo 17.1 Ley 33/03: Pertenecen a la Administración General del Estado los inmuebles que carecieren de dueño.
Artículo 18.1 Ley 33/03: Corresponden a la Administración General del Estado los valores, dinero y demás bienes muebles depositados en la Caja General de Depósitos y en entidades de crédito, sociedades o agencias de valores o cualesquiera otras entidades financieras, así como los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro u otros instrumentos similares abiertos en estos establecimientos, respecto de los cuales no se haya practicado gestión alguna por los interesados que implique el ejercicio de su derecho de propiedad en el plazo de veinte años.
- A título oneroso, con ejercicio o no de la potestad expropiatoria (mediante la celebración de cualquier contrato; la adquisición tendrá lugar mediante concurso público). En un contrato privado de la Administración, preparación y adjudicación irán por el Derecho Administrativo, mientras que los efectos y la extinción van por el Derecho Privado (teoría de los actos separables).
Artículo 116.4 Ley 33/03: La adquisición podrá realizarse mediante concurso público o mediante el procedimiento de licitación restringida regulado en el apartado 4 de la disposición adicional decimoquinta, salvo que se acuerde la adquisición directa por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las condiciones del mercado inmobiliario, la urgencia de la adquisición resultante de acontecimientos imprevisibles, o la especial idoneidad del bien.
Igualmente, se podrá acordar la adquisición directa en los siguientes supuestos: a) Cuando el vendedor sea otra Administración pública o, en general, cualquier persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público. A estos efectos, se entenderá por persona jurídica de Derecho privado perteneciente al sector público la sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de una o varias Administraciones públicas o personas jurídicas de Derecho público.
b) Cuando fuera declarado desierto el concurso promovido para la adquisición.
c) Cuando se adquiera a un copropietario una cuota de un bien, en caso de condominio.
d) Cuando la adquisición se efectúe en virtud del ejercicio de un derecho de adquisición preferente.
- Por herencia, legado o donación (Código Civil; las Administraciones Públicas siempre heredan a beneficio de inventario).
- Por prescripción (Código Civil y leyes especiales).
- Por ocupación (Código Civil y leyes especiales).
Estos bienes, excepto por expropiación o por ley, pasarán a ser bienes patrimoniales. Si la Administración quiere que uno de estos bienes sea de dominio público tendrá que afectarlo a tal bien.
Enajenación: Podrá acordarse la enajenación con reserva de uso temporal. Esta utilización podrá instrumentarse a través de la celebración de contratos de arrendamientos o cualesquiera otros que habiliten para el uso de los bienes enajenados.
Artículo 131 Ley 33/03: Los bienes y derechos patrimoniales del Patrimonio del Estado que no sean necesarios para el ejercicio de las competencias y funciones propias de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos podrán ser enajenados conforme a las normas establecidas en este capítulo.
No obstante, podrá acordarse la enajenación de bienes del Patrimonio del Estado con reserva del uso temporal de los mismos cuando, por razones excepcionales, debidamente justificadas, resulte conveniente para el interés público. Esta utilización temporal podrá instrumentarse a través de la celebración de contratos de arrendamiento o cualesquiera otros que habiliten para el uso de los bienes enajenados, simultáneos al negocio de enajenación y sometidos a las mismas normas de competencia y procedimiento que éste.
Artículo 132 Ley 33/03: La enajenación de los bienes y derechos del Patrimonio del Estado podrá efectuarse en virtud de cualquier negocio jurídico traslativo, típico o atípico, de carácter oneroso. La enajenación a título gratuito sólo será admisible en los casos en que, conforme a las normas de la sección 5.ª de este capítulo, se acuerde su cesión.
La aportación de bienes o derechos de la Administración General del Estado a sociedades mercantiles, entes públicos o fundaciones públicas estatales se acordará por el Ministro de Hacienda, a propuesta de la Dirección General del Patrimonio del Estado previa tasación aprobada del bien o derecho e informe de la Abogacía del Estado, y sin perjuicio de lo establecido en la legislación mercantil y en el título VII de esta ley.
Artículo 137 Ley 33/03: La enajenación de los inmuebles podrá realizarse mediante subasta, concurso o adjudicación directa.
La subasta podrá celebrarse al alza o a la baja, y, en su caso, con presentación de posturas en sobre cerrado; podrá acudirse igualmente a sistemas de subasta electrónica. La modalidad de la subasta se determinará atendiendo a las circunstancias de la enajenación, y la adjudicación se efectuará a favor de quien presente la oferta económica más ventajosa. En el caso de que la adjudicación resultase fallida por no poder formalizarse el contrato por causa imputable al adjudicatario, podrá realizarse la enajenación a favor del licitador que hubiese presentado la siguiente oferta más ventajosa o procederse a la enajenación directa del bien.
Se seguirá el procedimiento de concurso respecto de aquéllos bienes que hayan sido expresamente calificados como adecuados para ser enajenados tomando en consideración criterios que, por su conexión con las directrices de políticas públicas específicas, puedan determinar que la venta coadyuve sustantivamente a su implementación. A estos efectos, el Consejo de Ministros, a propuesta del Departamento responsable de la política pública considerada, identificará los bienes que deben ser enajenados mediante este procedimiento y fijará los criterios que deben tomarse en cuenta en el concurso y su ponderación.
Se podrá acordar la adjudicación directa en los siguientes supuestos: a) Cuando el adquirente sea otra Administración pública o, en general, cualquier persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público. A estos efectos, se entenderá por persona jurídica de derecho privado perteneciente al sector público la sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de una o varias Administraciones públicas o personas jurídicas de Derecho público.
b) Cuando el adquirente sea una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, o una iglesia, confesión o comunidad religiosa legalmente reconocida.
c) Cuando el inmueble resulte necesario para dar cumplimiento a una función de servicio público o a la realización de un fin de interés general por persona distinta de las previstas en los párrafos a) y b).
d) Cuando fuera declarada desierta la subasta o concurso promovidos para la enajenación o éstos resultasen fallidos como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones por parte del adjudicatario, siempre que no hubiese transcurrido más de un año desde la celebración de los mismos. En este caso, las condiciones de la enajenación no podrán ser inferiores de las anunciadas previamente o de aquellas en que se hubiese producido la adjudicación.
e) Cuando se trate de solares que por su forma o pequeña extensión resulten inedificables y la venta se realice a un propietario colindante.
f) Cuando se trate de fincas rústicas que no lleguen a constituir una superficie económicamente explotable o no sean susceptibles de prestar una utilidad acorde con su naturaleza, y la venta se efectúe a un propietario colindante.
g) Cuando la titularidad del bien o derecho corresponda a dos o más propietarios y la venta se efectúe a favor de uno o más copropietarios.
h) Cuando la venta se efectúe a favor de quien ostente un derecho de adquisición preferente reconocido por disposición legal.
i) Cuando por razones excepcionales se considere conveniente efectuar la venta a favor del ocupante del inmueble.
Cuando varios interesados se encontraran en un mismo supuesto de adjudicación directa, se resolverá la misma atendiendo al interés general concurrente en el caso concreto.
La participación en procedimientos de adjudicación de inmuebles requerirá la constitución de una garantía de un 5 por 100 del valor de tasación de los bienes. En casos especiales, atendidas las características del inmueble y la forma o circunstancias de la enajenación, el órgano competente para la tramitación del expediente podrá elevar el importe de la garantía hasta un 10 por 100 del valor de tasación.
La garantía podrá constituirse en cualquier modalidad prevista en la legislación de contratos del sector público, depositándola en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales de las Delegaciones de Economía y Hacienda. En caso de que así se prevea en los pliegos, la garantía también podrá constituirse mediante cheque conformado o cheque bancario, en la forma y lugar que se señalen por el órgano competente para tramitar el expediente.
Cuando así se prevea en el pliego, la acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos. La garantía constituida en efectivo o en cheque conformado o bancario por el adjudicatario se aplicará al pago del precio de venta.
Artículo 143 Ley 33/03: La enajenación tendrá lugar mediante subasta pública por bienes individualizados o por lotes. No obstante, cuando el ministerio u organismo considere de forma razonada que se trata de bienes obsoletos, perecederos o deteriorados por el uso o concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 137.4 de esta ley, la enajenación podrá efectuarse de forma directa.
Se considerarán obsoletos o deteriorados por el uso, a efectos del número anterior, aquellos bienes cuyo valor en el momento de su tasación para venta sea inferior al 25 por ciento del de adquisición.
Los bienes muebles podrán ser cedidos gratuitamente por el departamento u organismo respectivo a otras Administraciones públicas o a organismos o instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, sin las limitaciones previstas en la sección 5.ª, cuando no hubiera sido posible venderlos o entregarlos como parte del precio de otra adquisición, o cuando se considere de forma razonada que no alcanzan el 25 por ciento del valor que tuvieron en el momento de su adquisición. Si no fuese posible o no procediese su venta o cesión, podrá acordarse su destrucción, inutilización o abandono. El acuerdo de cesión llevará implícita la desafectación de los bienes.
Se aplicarán supletoriamente a las subastas de muebles las normas de procedimiento establecidas en el artículo 137 de esta ley.
La enajenación de bienes muebles por las entidades públicas empresariales vinculadas a la Administración General del Estado se regirá, en primer término, por lo establecido en sus normas de creación o en sus estatutos.
Artículo 145 Ley 33/03: Los bienes y derechos patrimoniales de la Administración General del Estado cuya afectación o explotación no se juzgue previsible podrán ser cedidos gratuitamente, para la realización de fines de utilidad pública o interés social de su competencia, a comunidades autónomas, entidades locales, fundaciones públicas o asociaciones declaradas de utilidad pública.
Igualmente, estos bienes y derechos podrán ser cedidos a Estados extranjeros y organizaciones internacionales, cuando la cesión se efectúe en el marco de operaciones de mantenimiento de la paz, cooperación policial o ayuda humanitaria y para la realización de fines propios de estas actuaciones.
La cesión podrá tener por objeto la propiedad del bien o derecho o sólo su uso. En ambos casos, la cesión llevará aparejada para el cesionario la obligación de destinar los bienes al fin expresado en el correspondiente acuerdo. Adicionalmente, esta transmisión podrá sujetarse a condición, término o modo, que se regirán por lo dispuesto en el Código Civil.
Cuando la cesión tenga por objeto la propiedad del bien o derecho sólo podrán ser cesionarios las comunidades autónomas, entidades locales o fundaciones públicas.
Artículo 153 Ley 33/03: Los bienes y derechos del Patrimonio del Estado podrán ser permutados cuando por razones debidamente justificadas en el expediente resulte conveniente para el interés público, y la diferencia de valor entre los bienes o derechos que se trate de permutar, según tasación, no sea superior al 50 por ciento de los que lo tengan mayor. Si la diferencia fuese mayor, el expediente se tramitará como enajenación con pago de parte del precio en especie.
La permuta podrá tener por objeto edificios a construir.
Limitaciones de la propiedad privada: Para garantizar los fines de los bienes de dominio público, se pueden establecer servidumbres sobre las propiedades privadas. Las propiedades limitadas por ley no conllevan indemnización por parte de las Administraciones Públicas. No estamos ante limitaciones singulares sino ante limitaciones legales (las singulares sí poseen derecho a indemnización).
Bienes patrimoniales: Artículo 5.1 Ley 33/03: Son bienes y derechos de dominio público los que, siendo de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales.
Artículo 7 Ley 33/03: Son bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales los que, siendo de titularidad de las Administraciones públicas, no tengan el carácter de demaniales.
En todo caso, tendrán la consideración de patrimoniales de la Administración General del Estado y sus organismos públicos los derechos de arrendamiento, los valores y títulos representativos de acciones y participaciones en el capital de sociedades mercantiles o de obligaciones emitidas por éstas, así como contratos de futuros y opciones cuyo activo subyacente esté constituido por acciones o participaciones en entidades mercantiles, los derechos de propiedad incorporal, y los derechos de cualquier naturaleza que se deriven de la titularidad de los bienes y derechos patrimoniales.
El régimen de adquisición, administración, defensa y enajenación de los bienes y derechos patrimoniales será el previsto en esta ley y en las disposiciones que la desarrollen o complementen. Supletoriamente, se aplicarán las normas del derecho administrativo, en todas las cuestiones relativas a la competencia para adoptar los correspondientes actos y al procedimiento que ha de seguirse para ello, y las normas del Derecho privado en lo que afecte a los restantes aspectos de su régimen jurídico.
Artículo 7 RBEL: Se clasificarán como bienes patrimoniales las parcelas sobrantes y los efectos no utilizables.
Se conceptuarán parcelas sobrantes aquellas porciones de terreno propiedad de las Entidades locales que por su reducida extensión, forma irregular o emplazamiento, no fueren susceptibles de uso adecuado.
Para declarar un terreno parcela sobrante se requerirá expediente de calificación jurídica, en la forma que previene el artículo siguiente y con la excepción que señala su número 3.
Se considerarán efectos no utilizables todos aquellos bienes que por su deterioro, depreciación o deficiente estado de conservación resultaren inaplicables a los servicios municipales o al normal aprovechamiento, atendida su naturaleza y destino, aunque los mismos no hubieren sido dados de baja en el Inventario.
Los bienes patrimoniales se definen de forma negativa, serán patrimoniales aquellos bienes de la Administración que no estén afectos a un dominio público.
La adquisición, administración, defensa y enajenación de los bienes y derechos patrimoniales se regirán primero, por la Ley 33/2003.
Supletoriamente, se regirán las normas del Derecho Administrativo en todas las cuestiones relativas a las competencias y al procedimiento, y las normas del Derecho Privado en lo que afecte a los restantes aspectos de su régimen jurídico (teoría de los actos separables).
Principios relativos a los bienes y derechos patrimoniales: Artículo 8 Ley 33/03: La gestión y administración de los bienes y derechos patrimoniales por las Administraciones públicas se ajustarán a los siguientes principios: a) Eficiencia y economía en su gestión.
b) Eficacia y rentabilidad en la explotación de estos bienes y derechos.
c) Publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en la adquisición, explotación y enajenación de estos bienes.
d) Identificación y control a través de inventarios o registros adecuados.
e) Colaboración y coordinación entre las diferentes Administraciones públicas, con el fin de optimizar la utilización y el rendimiento de sus bienes.
En todo caso, la gestión de los bienes patrimoniales deberá coadyuvar al desarrollo y ejecución de las distintas políticas públicas en vigor y, en particular, al de la política de vivienda, en coordinación con las Administraciones competentes.
Protección y defensa de los bienes patrimoniales: - Potestad de deslinde (al igual que los bienes de dominio público).
- Recuperación posesoria (al igual que los bienes de dominio público pero con el plazo de un año).
- No desahucio administrativo (no puede ejercerse el desahucio administrativo en los bienes patrimoniales, la Administración tendrá que irse a la vía civil).
Utilización de los bienes patrimoniales: No se pueden utilizar mediante las técnicas de utilización de los bienes de dominio público. Se someten al Derecho Privado, pero con el matiz de la teoría de los actos separables.
Artículo 92 RBEL: El arrendamiento y cualquier otra forma de cesión de uso de bienes patrimoniales de las Entidades locales se regirá, en todo caso, en cuanto a su preparación y adjudicación por la normativa reguladora de contratación de las Entidades locales. Será necesaria la realización de subasta siempre que la duración de la cesión fuera superior a cinco años o el precio estipulado exceda del 5 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto.
En todo caso, el usuario habrá de satisfacer un canon no inferior al 6 por 100 del valor en venta de los bienes.
Artículo 94 RBEL: Las Corporaciones locales que, bajo cualquier título y en fincas de su pertenencia, tuvieran cedidas viviendas a su personal por razón de los servicios que preste, darán por terminada la ocupación cuando, previa instrucción de expediente, se acredite que está incurso en alguna de las siguientes causas: a) Permanencia de dos años en la situación de excedencia voluntaria sin que una vez transcurrido dicho plazo se haya solicitado, de forma inmediata, el oportuno reingreso.
b) Todas las que según la normativa vigente impliquen la extinción de la relación de empleo.
c) Extinción del título bajo el cual tuviera cedida la vivienda a sus funcionarios la Corporación local.
Corresponderá a la Corporación acordar y ejecutar por sí misma el desahucio.
Escala de la demanialidad: La Sentencia 166/1998 de 15 de Julio establece una “tercera categoría” (además de los bienes de dominio público y los bienes patrimoniales): los bienes patrimoniales que están materialmente afectos a un uso o servicio público. Pueden venderse (cuando se despoja de su uso público) pero no se pueden embargar ni pueden prescribir.
No puede entenderse de manera dicotómica el régimen de los bienes entre dominio público o patrimonial, sino que dependiendo del bien que se trate (bienes específicos) nos encontramos más bien una escala de matices, una escala de demanialidad; en un extremo de la escala se encontrarían los bienes de dominio público y en el otro los bienes patrimoniales.
A partir de la mencionada sentencia, surge la duda de si los bienes patrimoniales pueden o no ser embargados. El conflicto de la inembargabilidad de bienes patrimoniales chocaba directamente con el derecho a una tutela judicial efectiva (pues no se podían ejecutar las sentencias condenatorias contra la Administración). La sentencia en sí estipula: - No cabe admitir la inembargabilidad en general de todo bien patrimonial de la Administración.
- La inembargabilidad de los bienes públicos exige justificación objetiva (fines de interés público o social) y una proporcionalidad entre fines perseguidos y el sacrificio que ocasiona.
- La prohibición de embargo sí está justificada para bienes de dominio público y bienes comunales, pero también para fondos, valores, caudales y créditos de la Administración, porque su destino (señalado presupuestariamente) es sostener un servicio o función pública (y ello fundamenta su inembargabilidad).
- Pero, si se trata de bienes patrimoniales no afectados materialmente a ningún uso o servicio público, la inembargabilidad no viene justificada ni por el principio de eficacia, ni por el principio de continuidad del servicio, ni hay inembargabilidad; estos bienes patrimoniales sí son embargables.
Artículo 30.3 Ley 33/03: Ningún tribunal ni autoridad administrativa podrá dictar providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecución contra los bienes y derechos patrimoniales cuando se encuentren materialmente afectados a un servicio público o a una función pública, cuando sus rendimientos o el producto de su enajenación estén legalmente afectados a fines determinados, o cuando se trate de valores o títulos representativos del capital de sociedades estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general.
Bienes comunales: Son un “tertium genus”, no son exactamente de dominio público pero tampoco son bienes patrimoniales. Su origen histórico es que eran bienes de titularidad del común de los vecinos, con aprovechamiento por comunidad vecinal. La legislación desamortizadora que comienza en el siglo XIX expropió una gran cantidad de bienes comunales, y en el siglo XX la legislación de régimen local transfirió la titularidad de estos bienes al municipio o, en su caso, entidad local menor. Se decía que eran bienes comunales los de dominio municipal cuyo aprovechamiento y disfrute pertenece exclusivamente a los vecinos.
Artículo 132.1 CE: La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación.
La actual Ley de Bases del Régimen Local (Ley 7/1985) incluye a los bienes comunales entre los bienes de dominio público; son bienes demaniales, solo que de uso común por los vecinos.
Artículo 79.3 LBRL: Son bienes de dominio público los destinados a un uso o servicio público. Tienen la consideración de comunales aquellos cuyo aprovechamiento corresponda al común de los vecinos.
Artículo 80.1 LBRL: Los bienes comunales y demás bienes de dominio público que son inalienables, inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno.
Artículo 2 RBEL: Los bienes de las entidades locales se clasificaran en bienes de dominio público y bienes patrimoniales.
Los bienes de dominio público serán de uso o servicio público.
Tienen la consideración de comunales aquellos bienes que siendo de dominio público, su aprovechamiento corresponde al común de los vecinos.
Los bienes comunales sólo podrán pertenecer a los Municipios y a las Entidades Locales Menores.
Uso de los bienes comunales: Artículo 75 TRRL: El aprovechamiento y disfrute de bienes comunales se efectuará preferentemente en régimen de explotación colectiva o comunal.
Cuando este aprovechamiento y disfrute general simultáneo de bienes comunales fuere impracticable, regirá la costumbre u Ordenanza local, al respecto y, en su defecto, se efectuarán adjudicaciones de lotes o suertes a los vecinos, en proporción directa al número de familiares a su cargo e inversa a su situación económica.
Si esta forma de aprovechamiento y disfrute fuere imposible, el órgano competente de la Comunidad Autónoma podrá autorizar su adjudicación en pública subasta, mediante precio, dando preferencia en igualdad de condiciones a los postores que sean vecinos.
Los Ayuntamientos y Juntas vecinales que, de acuerdo con normas consuetudinarias u Ordenanzas locales tradicionalmente observadas, viniesen ordenando el disfrute y aprovechamiento de bienes comunales, mediante concesiones periódicas de suertes o cortas de madera a los vecinos, podrán exigir a éstos, como condición previa para participar en los aprovechamientos forestales indicados, determinadas condiciones de vinculación y arraigo o de permanencia, según costumbre local, siempre que tales condiciones y la cuantía máxima de las suertes o lotes sean fijadas en Ordenanzas especiales, aprobadas por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, previo dictamen del órgano consultivo superior del Consejo de Gobierno de aquélla, si existiere, o, en otro caso, del Consejo de Estado.
Artículo 103 RBEL: El derecho al aprovechamiento y disfrute de los bienes comunales, en cualquiera de sus modalidades, corresponderá simultáneamente a los vecinos sin distinción de sexo, Estado civil o edad.
Los extranjeros domiciliados en el término municipal gozarán también de estos derechos.
Los ayuntamientos y juntas vecinales que viniesen ordenando el disfrute y aprovechamiento de bienes comunales, mediante concesiones periódicas a los vecinos de suertes o cortas de madera, de acuerdo con normas consuetudinarias u ordenanzas locales tradicionalmente observadas, podrán exigir a aquellos, como condición previa para participar en los aprovechamientos forestales indicados, determinadas condiciones de vinculación y arraigo o de permanencia, según costumbre local, siempre que estas condiciones singulares y la cuantía máxima de las suertes o lotes sean fijadas en ordenanzas especiales, que necesitarán para su puesta en vigor la aprobación del órgano competente de la Comunidad Autónoma, el cual la otorgará o denegará, oído el Consejo de Estado o el órgano consultivo superior del Consejo de Gobierno de aquella, si existiera.
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