Derecho Procesal Civil (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Derecho procesal civil
Año del apunte 2014
Páginas 93
Fecha de subida 07/07/2016
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Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch (2014-2015) Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 Título Primero INTRODUCCIÓN (BLOQUE I) LECCIÓN 1ª: LAS NOCIONES JURISDICCIÓN, PROCESO Y ACCIÓN 1.1.
La jurisdicción: concepto; especial referencia al concepto jurisdicción como presupuesto del proceso.
Antes el Derecho procesal no era una jurídica propia distinta al derecho material, sino que se juntaba con otras jurisdicciones. Posteriormente apareció un Derecho procesal distinto a otras disciplinas del derecho material. Esta disciplina jurídica adquirió entidad propia en base al análisis de 3 conceptos básicos: jurisdicción, proceso y acción.
Hay autores que en vez de hablar de derecho procesal hablan de derecho jurisdiccional. El proceso se entenderá como el instrumento de la jurisdicción a través del cual los juzgados y tribunales realizan su función. Por eso primero se analiza el concepto jurisdicción y después se estudia los instrumentos restantes. El concepto jurisdicción ordinaria, está formada por los jueces y tribunales.
Pueden ser estudiados como función, los jueces y magistrados realizan la función de jurisdicción, aunque también se puede estudiar en un sentido subjetivo en las características que tienen los legisladores, la Administración, las características que tienen los jueves. Es decir que el concepto jurisdicción se puede estudiar des de dos puntos de vista: o Como función la jurisdicción tiene un sentido objetivo, cuál es su objeto (objetivo o funcional) o Como punto de vista subjetivo En un sentido objetivo los autores san intentado hablar una nota definitoria de la jurisdicción que las distinta del resto del estado. Cada autor ha ido buscando distintas ideas o notas que la identifican desde un punto de vista objetivo. Estas notas fallan de forma individual, sino que las notas propias de la jurisdicción tienen que considerarse en un conjunto. Estas son: • Unos hablan des del punto de vista del conflicto. Su objeto es dirimir conflictos intersubjetivos o interpartes. Se trata de resolver conflictos. Al tribunal se le plantea un problema y este si se dan los presupuestos procesales, conocerá del tema y resolverá. En este tema hay dos partes quien plantea la petición de tutela y aquel frente al cual se reclama dicha tutela. Esto tanto en un caso laboral, civil, penal o contencioso administrativo. Puede que este conflicto no se dé, pero la actividad tiene sentido jurisdiccional aunque no haya un verdadero conflicto.
Hay un tipo de sentencias llamadas constitutivas. Estas modifican, crean o extinguen una determinada relación jurídica (ejemplo: separación, nulidad de contrato, incapacitación…) Dentro de estas, en algún caso puede no existir conflicto y no dudamos de la naturaleza jurisdiccional de aquel proceso que realizan los jueces y magistrados (ejemplo: divorcio de mutuo acuerdo en el que las partes van al tribunal para obtener la sentencia de divorcio, aunque van de mutuo acuerdo porque no hay conflicto, sino que hayan pactado unas condiciones).
• Des del punto de vista de la pretensión. De esta idea surgen dos características de la función jurisdiccional: una es que el juez no actuará de oficio la función jurisdiccional exige instancia de parte (principio de no hay juez sin actor que le inste a actuar, se exige que alguien le solicite una pretensión dirigida al órgano jurisdiccional justiciable por un sujeto “nemo iure sine actor”). Junto a la pretensión surge la resistencia. El actor le pide al juez que actué frente a otro sujeto, el sujeto pasivo (actor o demandado y demandado). Puede que no haya conflicto, pero hay una dualidad de partes.
2 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 Existe un triángulo al respecto: A (actor) frente a B (demandado) en plano de igualdad para evitar la indefensión protegida en el Art. 24 CE y C, un juez que va a resolver el conflicto. Su decisión va a ser la misma para las dos partes.
Esta nota de pretensión puede fallar porque el demandado puede no acudir al proceso porque no es obligatorio (lo cual se denomina permanecer en rebeldía), aunque ello no quiere decir que haya desigualdad y que se pierda el pleito sino que se considera como una oposición a la demanda y que por tanto es el actor quien debe demostrar que aquello que alega es cierto para conseguir una sentencia favorable. Ello ocurre en los procesos civiles. En los procesos penales este esquema no queda claro.
Un proceso penal tiene otra estructura distinta al proceso civil. En el proceso penal hay dos fases: la fase de instrucción o averiguación con distintos nombres técnicos según el tipo de proceso que se tramite en la que hay un órgano jurisdiccional encargado de averiguar un hecho delictivo del cual tiene conocimiento a instancia de parte aunque puede darse que el juez inicie de oficio la fase instructiva si tiene conocimiento directamente el hecho.
A continuación hay una fase de enjuiciamiento o plenario (juicio oral) dónde se va a practicar la prueba y se va a dictar la sentencia. Para que esta fase se inicie es imprescindible que alguien presente una acusación dónde se imputan unos hechos presuntamente delictivos a un sujeto o sujetos concreto. El juez que conozca de la instrucción no puede fallar, sino que son fases distintas atribuidas a órganos jurisdiccionales distintos para no vulnerar el Art. 24 CE en el sentido de las garantías de tutela judicial y el derecho a un juez imparcial. Puede ser que en el proceso penal no haya conflicto por tanto no es necesario que haya dualidad en la fase de instrucción, sino que se averigua que efectivamente se haya hecho el delito. En cambio en la fase de enjuiciamiento si hay dualidad porque hay un acusador y un acusado.
Entre las dos fases hay un periodo intermedio o preparación del juicio oral. Acabada la instrucción el juez trata de examinar y si hay todo lo necesario para abrir el juicio oral.
Entonces se pide la acusación. En España hay varios tipos de acusación: Ministerio Fiscal, acusación particular y acusación popular.
Para pasar de la instrucción al juicio oral, deben darse estos tres elementos: o Hecho con apariencia delictiva o Sujeto a quien se pueda imputar aparentemente aquel hecho o Alguien que mantenga la acusación distinto al juez En el periodo intermedio se puede dar acto de sobreseimiento si no se cumplen alguno de estos elementos. De lo contrario, si se dan todos, se pasa al juicio oral. Esta función solo la tiene el juez por el principio de oficialidad. La ley prevé que el juez ofrezca acciones (poco usado en la práctica) en que el juez puede acudir al perjudicado, haciéndoles ver que si no se personan y presentan ejecución se deberá archivar, por ello les dice que si quieren presentan acusación. La ley también prevé que el juez acuda a superior para decirle que el hecho tiene apariencia delictiva pero como nadie acusa se deberá archivar, para que su superior responda. El archivo puede ser tanto definitivo (libre) implica cosa juzgada, que el proceso ha finalizado permanentemente o provisional en cuyo caso se podría reabrir en el futuro. Este auto de sobreseimiento se puede recurrir.
Hay autores que consideran que la primera fase no tiene naturaleza jurisdiccional porque no hay sentencias, aunque debe considerarse que hay unas decisiones muy importantes como por ejemplo medidas cautelares, intervención telefónica, registros… son casos que afectan a derechos fundamentales.
• Des del punto de vista de la irrevocabilidad.
3 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 • La Administración también puede “decir el derecho” ante casos concretos, aunque cuando lo hace, lo hace en asuntos propios. Su decisión una vez firme (sentencia definitiva), puede ser discutida antes los tribunales porque es revocable y modificable acudiendo a un proceso. En cambio, cuando acude al tribunal, la sentencia es firme, irrevocable y por tanto no se puede volver a entrar en el mismo tema, porque tiene efecto de cosa juzgada (principio de non bis in ídem). Pero hay algún supuesto en el que la irrevocabilidad puede fallar, porque existen los llamados procesos civiles sumarios que se oponen a los procesos civiles plenarios. Los sumarios se caracterizan porque es un proceso que acaba con sentencia sin efecto de cosa juzgada, por tanto se puede volver sobre el (Art. 447 LEC). Ello es porque el legislador establece límites sea a la prueba que se puede practicar o las alegaciones que puedan hacer las partes, en este caso se limita la sentencia.
Además hay mecanismos para rescindir la firmeza de una sentencia firme: • Un ejemplo de ello es la audiencia al condenado en rebeldía. Cuando el demandado no comparece porque no puede (rebelde involuntario) se le da un instrumento para revocar la sentencia firme que le es desfavorable. Aunque ello no ocurre cuando el demandado no comparece porque no quiere (rebelde voluntario).
Este caso se da para no producir indefensión parque es un rebelde involuntario. Otro instrumento es el incidente de nulidad de actuaciones que regula la LEC y la LOPJ. Este cabe cuando en la sentencia firme se produzca un vicio que favorezca la nulidad de la sentencia. Se trata de un mecanismo ordinario para declarar nula la sentencia ordinaria firme. Casos que dan dicha nulidad son incongruencia de la sentencia, no motivación…. Otro instrumento al respecto sería el recurso de revisión (NO ES UN RECURSO) para rescindir una sentencia firme en los supuestos previstos en la ley. Finalmente el TC en recurso de amparo permite revocar la sentencia firme cuando en esta se ha infringido un derecho fundamental.
• Des del punto de vista del desinterés objetivo. La jurisdicción de esta actividad se resuelve sobre temas ajenas. La Administración se da en asuntos propios en los que participa porque es parte interesada, en cambio en la jurisdicción procesal el juez actúa supra partes, en asuntos ajenos tanto en el tema como en las partes que intervienen. Por ello resuelve un tercero imparcial. La LOPJ establece unos mecanismos para garantizar el desinterés objetivo del juez, su independencia los cuales son llamados abstención y recusación. En los casos en los que se puede vulnerar dicha independencia en los presupuestos establecidos en la ley , se debe designar otro juez, por ello el juez va a abstenerse de resolver y es substituido por otro juez. Si el juez no se abstiene de forma propia, las partes pueden recusarle para que lo haga para que se dé un proceso con todas las garantías y obtener su derecho a un juez imparcial del Art. 24 CE.
Si fallan varias de estas notas, la actividad no tiene realidad jurisdiccional aunque la realice el poder judicial. De estas notas se extraen muchas cuestiones importantes, sobre todo en el caso de dudas.
1.2.
Otros medios de solución de conflictos: El arbitraje. La mediación. La denominada “jurisdicción voluntaria”.
La jurisdicción en sentido objetivo es una función del estado consistente en resolver conflictos y hacer ejecutado lo juzgado. Ello se lo encarga a los Juzgados y Tribunales, Juzgados y Magistrados. Aunque este no es el único sistema para resolver conflictos, sino que hay otros procesos en el ámbito civil: • La auto tutela (arcaico en el derecho romano): hay un sujeto que tiene una posición dominante que dicta su propio derecho desde una posición de desigualdad con la otra parte que está por debajo de esta. En nuestro CC hay algún supuesto de auto tutela en el medio rural aunque no es usual.
4 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 • La autocomposición (con o sin intervención de un tercero): en este sistema hay un sujeto A y un sujeto B que tienen una discrepancia por conflicto de intereses. Se soluciona dicho conflicto mediante un acuerdo.
En este acuerdo puede o no intervenir un tercero imparcial que procura que las partes enfrentadas lleguen a un acuerdo. Ambas partes están en un plano de igualdad, igual que el tercero. Hay tres formas de autocomposición: o Transacción (con posible intervención de tercero): pacto en el que ambas partes modifican partes de un contrato para llegar a un acuerdo. La transacción acostumbra a ser un medio de solución de conflictos previo al proceso. Es decir que con estos medios se intenta evitar tener que ir a la jurisdicción, al proceso y por tanto, estos medios son actos que tienden a evitar el proceso judicial. Solo cuando no se llega a un acuerdo porque no prospera la transacción habrá que ir a la jurisdicción, al proceso. Por tanto la transacción es previa al proceso (extra procesal) aunque cabe que las partes lleguen a un acuerdo dentro del proceso (intra procesal) para poner fin al mismo. Ello es porque en el proceso civil rige el principio dispositivo y por tanto las partes pueden poner fin al proceso si le llevan al juez un acuerdo o lo realizan ante él, se finaliza el proceso. En este caso el juez dicta un auto avalando la transacción, el cual es parecido a la sentencia, a sus efectos.
o Conciliación (con intervención de tercero): en España la conciliación hasta el año 1984 era obligatoria en el proceso civil. Es decir que si no se había intentado la conciliación, no se admitía la demanda. Se trata de evitar el proceso civil y mercantil. A partir de 1984 entonces la conciliación es facultativa, voluntaria. En la Ley 7/2000 LEC (vigente actualmente) aparecen reformas. Antes en la conciliación había un tercero el cual era un juez (conciliación ante un juzgado unipersonal) aunque este no podía dictar una resolución irrevocable, solo intentaba que las partes llegaran al acuerdo, se producía un acuerdo de conciliación y si no, intento de conciliación y se seguía al proceso. Ahora conocen tanto los secretarios judiciales de primera instancia y los jueces de paz con fuerza ejecutiva. La conciliación en la actualidad está regulada en la antigua legislación de enjuiciamiento civil la de 1984 (la cual ha sido modificada en 2001).
o Mediación (con intervención de tercero): se regula un trámite en el que a través de la intervención de un tercero (mediador) que tiene unas características específicas, este intentará mediante la mediación que las partes lleguen a un acuerdo. Suele ser previo al proceso para evitar el mismo aunque las partes que han iniciado un proceso lo pueden suspender para acudir a la mediación. El acuerdo de mediación tiene un valor importante porque si se eleva a escritura pública, tiene valor de titulo ejecutivo aunque no deja de ser un contrato que se puede impugnar. Para cosas menos importantes y de menor cuantía.
Para que quepa autocomposición, debemos estar ante el principio dispositivo, debe haber disposición. De lo contrario, no estaremos ante transacción, conciliación o mediación. Estos mecanismos solo caben cuando los derechos que estén en juego sean disponibles por las partes.
Con estos métodos se interrumpe la prescripción. Por tanto a veces se usa uno u otro para que los letrados hagan estrategia procesal. Por ejemplo: puede convenir ir a conciliación aunque no quieras negociar para que el juez considere que vayas de buena fe y si el otro no se presenta puede parecer que él no la tiene. Sobre todo en los casos en los que la conciliación o mediación se realiza en el mismo juzgado en el que se realiza el proceso posterior.
• La heterotutela (la jurisdicción y el arbitraje): hay un tercero que no es un coadyúvate en posición de igualdad, sino que hay un tercero supra partes (en posición jerárquica) que da la solución les guste o no a las partes vinculando a ambas. El arbitraje tiene la misma estructura que el proceso de jurisdiccional. Es decir que el arbitraje tiene naturaleza jurisdiccional porque se dan todos sus elementos: conflictos, hay pretensión, dualidad, el arbitraje dicta el laudo arbitral que vincula a las partes y tiene menos recursos que las sentencias. Ante el laudo cabe el recurso de nulidad ante el cual es irrevocable. El árbitro no es un funcionario público porque no tiene fuerza coercitiva sino autoridad para dictar el laudo. Tienen autoritas pero no potestas.
5 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 Para ello hay que acudir a los tribunales que tienen potestad para dictar el derecho y hacerlo cumplir.
A. La denominada jurisdicción voluntaria Hay una actividad que realizan los jueces aunque la nueva LO establece que los secretarios judiciales la pueden tener es la jurisdicción voluntaria. Para ir a este se requiere la ausencia de conflicto y la falta carece de efectos de cosa juzgada. Por ello aunque se denomina jurisdiccional, carece de dicha naturaleza dado que le faltan estos elementos jurisdiccionales básicos. Estas soluciones no tienen efecto de cosa juzgada por lo que si no se tiene acuerdo se puede ir al proceso.
Otro caso al respecto es por ejemplo los encargados de registro civil que hasta el año pasado se encargaba a jueces pero tenía una naturaleza administrativa no civil.
B. Jurisdicción: concepto en sentido subjetivo La jurisdicción en sentido subjetivo se trata de establecer las características de los jueces y magistrados, de los funcionarios judiciales diferentes de los funcionarios del estado dependen del estado. Estas notas características de jueces y magistrados: 1. Independencia e imparcialidad (nota esencial Arts. 117.1 CE + Arts 12 a 14 LOPJ) de las partes. Todos los demás son mecanismos que garantizan que el juez sea independiente.
• Inamovilidad (Arts. 117.1 y .2 CE y Arts. 1 a 15 LOPJ) los jueces no pueden ser trasladaos de destino al arbitrio del Estado porque ello afectaría a la independencia del juez.
• Responsabilidad (Arts. 117.1 CE y Arts 1 a 16 LOPJ). Esta puede ser de 3 formas: o Responsabilidad civil (Arts. 411 a 413, 505 LOPJ) responsabilidad que deriva del juez en el transcurso de un proceso concreto por dolo o culpa. En este caso hay que abrir un proceso civil contra el juez para que indemnice por los perjuicios causados.
o Responsabilidad penal (Arts. 405 A 410 LOPJ) responsabilidad que deriva del juez cuando en un proceso hace algo ilegal a sabiendas (prevaricación) puede abrirse un proceso penal contra dicho juez.
o Responsabilidad disciplinaria (Arts. 414 a 427 LOPJ) la sanción disciplinaria puede surgir de la acción del juez en un asunto concreto por ejemplo cuando dilata mucho de resolver aunque también tiene una responsabilidad disciplinaria general. La LOPJ distingue entre faltas muy graves, graves y leves y establece cuales son de una clase u otra y establece las distintas sanciones que les corresponden a dichas faltas respectivamente por el pleno del Consejo General del Poder Judicial que es un órgano administrativo de autogobierno y podrá ir a un proceso Jurisdiccional (Jurisdicción Jurídico Administrativa) • Sometimiento al imperio de la ley (Arts. 117.1 CE y Arts. 1, 5 y 6 LOPJ) los jueces están sometidos a la ley. los jueces están sujetos a la ley. Si dudan sobre la CE, deben preguntar.
C. Poder judicial: características del conjunto orgánico a quien se encarga la administración de justicia Las notas características del poder judicial son: • Unidad: unidad territorial con un monopolio del Estado (Arts. 117.5 y 122 CE + Art. 149.5 CE y Art. 3,4,104 LOPJ)e interna (forman un cuerpo único que tiene un órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y tienen un estatuto y único porque todos se rigen por las mismas reglas de la LOPJ (Art. 149.5 CE).
• Exclusividad (Art. 117.3 y .4 CE + Art. 2 LOPJ): exclusividad en sentido de reserva de jurisdicción. En el aspecto positivo quiere decir que los órganos del poder judicial en exclusiva son los que se encargan de administrar justicia aunque existen excepciones al respecto como la jurisdicción militar r, el Tribunal de cuentas y el TC, las jurisdicciones especiales. En el sentido negativo, su función exclusiva es la jurisdiccional por lo que no tienen otra función a excepción 6 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 de que la ley les atribuya otras funciones para la defensa de un derecho como por ejemplo la jurisdicción voluntaria.
• Autonomía (Arts. 122 y 152 párrafo 2 CE + Art. 2.1 LOPJ): EL CGPJ tiene autonomía como órgano de autogobierno (Art. 122.2 y 3 CE + Art. 104 LOPJ) • Predeterminación legal (Art. 117.3 CE y Art. 2.1 LOPJ + Art. 24 CE): Consiste en saber que jurisdicción corresponde y coincide con el derecho fundamental a un juez ordinario que pertenezca a la jurisdicción ordinaria pero predeterminado por la ley antes de que surja el litigio.
Para que los afectados sepan a quien acudir, dado que hay muchos tribunales y jurisdicciones.
No cabe el juez ad hoc.
D. Los Tribunales civiles A modo de introducción comentemos algunas nociones generales.
• El órgano jurisdiccional y la pluralidad de elementos del órgano: Personal juzgador y no juzgador Dentro del personal juzgador están los jueces y Magistrados de “carrera judicial” con inamovilidad absoluta (sean por oposición o por cuarto turno). Y también otros juristas que realizan temporalmente la tarea de juzgar –jueces sustitutos, jueces en régimen de provisión temporal, y Magistrados suplentes (art. 212, 200, 201 y 428 LOPJ) Cabe que, un lego, realice temporalmente la función jurisdiccional en un juzgado de Paz (art. 102 LOPJ). Depende de si el órgano es colegiado o unipersonal una o varias personas dictarán la sentencia.
Dentro del personal no juzgador debemos referirnos al denominado auxiliar que realiza tareas con subordinación al titular del órgano cuando está integrado en él. Y al denominado personal cooperador que no está integrado en el órgano jurisdiccional y que realiza sus tareas con independencia de su titular.
• Secretario Judicial: principal auxiliar, es el fedatario público, el que admite las demandas.
• Personal Auxiliar • Secretario Judicial (art. 440 y 469 LOPJ) • Cuerpos Generales al servicio de la Administración de Justicia (art. 475 y ss LOPJ): o Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa art. 476 LOPJ (oficiales) o Cuerpo de tramitación procesal y administrativa (art. 477 LOPJ, auxiliares) o Cuerpo de auxilio judicial (art. 478 LOPJ, agentes) • Cuerpos Especiales: médicos forenses, Instituto Nacional de Toxicología etc art. 475.b) 479 y 480 LOPJ).
• Cada juzgado tiene a uno de estos adscrito al juzgado.
Personal cooperador: personas que realizan su tarea en los órganos jurisdiccionales pero con independencia del juez: • Fiscal art. 541 LOPJ • Abogados y procuradores art. 542 a 546 LOPJ • Abogados del Estados art. 551 LOPJ Régimen de organización y funcionamiento de la Administración al servicio de los juzgados, personal administrativo que ayuda al juez. Se conoce como oficina judicial y se divide en unidades.
• La unidad procesal de apoyo directo: cada juzgado tiene una, es un órgano de apoyo (art.
437 LOPJ) • Servicio Común Procesal art. 438 LOPJ que anuncian y notifican a todos los juzgados de una sociedad o zona, sin estar integradas en ningún órgano concreto.
Por lo tanto un órgano jurisdiccional, es una entidad compleja cuyo funcionamiento no depende íntegramente del juz. Las Secciones de un órgano colegiado a veces todas tienen la misma tarea.
Todos conoces de casación, pero a veces cada sección conoce de un tema. Un mismo secretario puede formar parte de varias UPAD pero cada una tendrá su propia tarea.
Órganos unipersonales y órganos colegiales: siendo los últimos tribunales o Audiencias.
7 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 El funcionamiento de los órganos colegiados –art. 196, 203, 205, 206 LOPJ- Las Salsas de Justicia se dividen en secciones. Con una excepción, prevista sin motivo por el legislador, la Audiencia Provincial que no tienen salas, pero se subdivide en secciones.
Siempre se trata de un número impar, uno ejerce de presidente y otro de ponente. La propone en votación al resto de miembros de la sala. Cabe que haya votos particulares. Si el que disiente es el ponente, hay que cambiarlo.
Según la formación de sus titulares tenemos: • Jueces profesiones • Jueces temporales • Jueces legos (art. 298 y 299 LOPJ) Hay un juez de paz en cada pueblo de España que no sea capital de partido. Lo elige el pleno del ayuntamiento.
Tribunales mixtos jurados y escabinados: estos últimos emiten la sentencia junto a los jueces profesionales del tribunal. Suelen ser profesionales de algún modo vinculados a la materia. Los jurados forman parte del Tribunal pero no participan en la emisión de la sentencia. Su tarea es emitir el veredicto. En España son nueve legos. Cuando exista un conflicto positivo o negativo entre Administración y Jurisdicción, se recurre al Tribunal Especial de Conflictos.
La organización jurisdiccional española en el ámbito civil (art. 53 a 103 LOPJ) • Especialidades, órdenes o ramas de la jurisdicción ordinaria. Engloban la inmensa mayoría de materias jurídicas.
• Tribunales especiales y especialización de juzgados.
• Distribución territorial de los órganos jurisdiccionales (art. 30 a 37 LOPJ y art. 1 a 5 LDyP) El Estado se organiza territorialmente, en municipios, partidos, provincias y CCAA..
o Municipios (art. 31 LOPJ) se corresponde con la demarcación administrativa de este mismo nombre.
o Partido (art. 33 LOPJ) es la unidad territorial integrada por uno o más municipios limítrofes, pertenecientes a una misma provincia.
o Provincia (art. 33 LOPJ) se ajustará a los límites de la demarcación administrativa del mismo nombre.
o Comunidad Autónoma (art. 34 LOPJ) será el ámbito territorial del TSJ, incluso en las CA uniprovinciales.
o Por encima tenemos el Tribunal Supremo * La Jurisdicción Militar se subdivide en varias ramas.
*Todos los pueblos de España tienen juzgado de paz, salvo las capitales de partido.
Hay jurisdicciones ordinaria y especiales, que deben estar previstas por la propia constitución: • Tribunal Constitucional • Tribunal de Cuentas • Jurisdicción Militar A veces hablamos de un tribunal especial dentro de la jurisdicción ordinaria. Hay tribunales que forman parte de la jurisdicción ordinaria que conocen de muy concretos asuntos penales. Que conocen de determinados tipos de delitos.
Si nos apartamos de la regla general y hacemos que un órgano conozca de un asunto en base a un criterio especial, entonces hablamos de tribunal especial dentro de la jurisdicción ordinaria. Caso de la AN y en menor medida Violencia sobre la Mujer y Mercantil.
Allí donde haya varios órganos de la misma clase (art. 98 LOPJ) el CGPJ puede especializarlos.
Juzgados de Primera Instancia especializados en familia.
En cierto modo los juzgados especializados no existen porque no son un órgano nuevo. Un órgano jurisdiccional dentro de la misma rama tiene órganos distintos: 8 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 • • • • Función: tiene una delimitación genérica Oficio: normas de competencia que harán que dentro de los Tribunales Civiles conozca de una cosa distinta: primera instancia, mercantil… Territorio: lugar en que el órgano realiza sus función.
Funcionarios: si coinciden función oficio y territorio –a través de la especialización se está creando un órgano con un oficio distinto, algo que al ser un acuerdo gubernativo va contra el art. 24 CE- el titular del órgano es lo que nos distingue al órgano. Salvo los casos, en prórroga de jurisdicción, los jueces no pueden estar en dos órganos al mismo tiempo.
Cada órgano jurisdiccional tiene una demarcación (véase supra) E. Jurisdicción concepto: La jurisdicción como presupuesto del proceso La jurisdicción es un presupuesto del derecho al proceso de acuerdo con la tutela judicial efectiva.
El art. 238 LOPJ establece que es nulo de pleno derecho en el proceso lo realizado sin jurisdicción.
Por tanto, lo principal que debe hacer el juez es determinar si tiene jurisdicción o no, si debe conocer del asunto. Si considera que no debe conocer del asunto debe manifestarlo ante las partes, quienes tienen derecho a una tutela judicial efectiva. Según la naturaleza de la pretensión de la demanda, se debe acudir a la rama social, a la civil, a la laboral o a lo contencioso – administrativo.
Es decir que hay que ir a la jurisdicción correspondiente en cada caso. Según el art. 9 CE en el caso de que se acuda una rama jurisdiccional errónea el juez se abstendrá de conocer porque el juez considera que no tiene jurisdicción.
Hay una regla en este articulo 9 que establece que la rama civil tienen bis atractiva tiene fuerza de atracción en el sentido de que cuando hay una duda insalvable sobre que jurisdicción pertenece el supuesto concreto, se acude a la rama civil dado que es la rama histórica que era considerada la única como jurisdicción ordinaria, que actualmente se conoce como jurisdicción ordinaria de cada rama en concreto.
Ahora bien cuando la ley dice muy poco se acude a la jurisprudencia que ha ido resolviendo temas sobre qué situación concreta debe ir a cada jurisdicción correspondiente. Estas decisiones del juez se pueden recurrir. Es decir que hay que tener muy claro que jurisdicción corresponde y posteriormente la que territorialmente nos corresponde.
1.3.
El proceso como instrumento de la función jurisdiccional. Proceso de declaración y proceso de ejecución.
A. El concepto de proceso Es distinto el proceso declarativo del proceso de ejecución, ya que su finalidad es definitiva. El declarativo pretende determinar cuál es el derecho y quién de las partes lo tiene, termina con una sentencia firme. Hay que recordar que los juzgados además de la actividad declarativa hacen ejecutar lo juzgado.
En el proceso declarativo predominan las declaraciones de voluntad. El juez realizará una declaración de voluntad para determinar el derecho. Predomina la auctoritas romana, es decir, el prestigio del juez en base a su formación que le confiere poder para resolver conceptos.
En un proceso de ejecución predomina la potestas que permite, como fuerza coercitiva que el juez imponga a alguien la realización de algo o bien la abstención de hacer algo. El árbitro dispone de auctoritas pero no así de potestas.
En otros países la actividad ejecutiva la llevan a cabo otros funcionarios públicos. No es por lo tanto necesaria siempre la presencia del juez. En España, no obstante, la constitución atribuye a los jueces esta función, aunque podría haberse hecho de otro modo, si la constitución no lo hubiese resuelto así.
9 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 En el proceso de ejecución el secretario judicial dispone de unas prerrogativas de gran importancia.
SI bien, el análisis de la corrección de la demanda ejecutiva corresponde al juez. La admisión a trámite de la demanda es el secretario que analiza su admisión a trámite de la demanda. Si aprecia defectos, a fin de evitar un atentado contra un dº fundamental (art. 24CE), debe acudir al juez quien resolverá si admite o no la demanda.
1. En el ámbito de un proceso civil declarativo el actor, cualquier actor puede plantear al juez una acción o petición de tutela mero declarativa, consistente en pedirle al juez una declaración positiva o negativa sobre un derecho. Sin embargo, como rige el principio dispositivo, el juez se limitará a declarar la existencia o inexistencia del derecho en una sentencia mero declarativa –o sea que depende de la pretensión- pronunciando sobre si el derecho existe o no.
2. El actor puede solicitar una pretensión en que se le pedida una demanda de condena a hacer algo, o una indemnización, o dejar de hacer o perturbar. En todos estos casos estamos ante una pretensión de condena que se resuelve con una sentencia de condena.
3. Por último el actor puede plantear al juez una pretensión constitutiva que modifique, extinga o cree una determinada situación jurídica. Acciones de separación, divorcio, nulidad, incapacitación, recuperación de capacidad, nulidad de contrato. Si el tribunal lo estima dictará una sentencia constitutiva.
Cualquier pretensión en el proceso civil podríamos encuadrarla en estos apartados.
En el ámbito civil hablamos de sentencia estimatoria o desestimatoria en referencia al actor, o sentencia absolutoria o condenatoria, si nos fijamos en la parte pasiva. No funciona igual el proceso penal, donde la terminología pivota entorno al acusado, sentencias condenatoria o absolutoria.
Sólo la sentencia de condena lleva aparejada una ejecución propia. En las otras dos, constitutiva o mero declarativa, llevan una ejecución impropia, consistente en meras modificaciones en los pertinentes registros. Ahora bien, no cabe que el juez se sitúe en la posición del deudor y hago cumplir aquello que se prevé en el título hasta lograr el cumplimiento de lo que contempla la sentencia de condena.
La ejecución propia deviene de una sentencia condenatoria, entre otros títulos. También cabe, en una sentencia declarativa, un proceso declarativo sin ejecutivo previo. Y en el primer caso, a la inversa, proceso ejecutivo, sin declarativo previo.
Cuando la sentencia condenatoria imponga el pago de una cantidad de dinero, estaremos ante una ejecución dineraria. Si la obligación es de hacer, no hacer o no perturbar, estamos ante una ejecución no dineraria. En nuestro proceso de ejecución podemos hablar por lo tanto de dos ámbitos, la dineraria o no dineraria.
En esta segunda, la previsión del legislador es que el juez intente que se lleve a cabo la conducta prevista por la sentencia. La ley cuenta con mecanismos para lograrlo, tales como la multa coercitiva. Si pese a todo, no hubiese posibilidad de conseguir que se lleve a cabo la conducta, se realizará una valoración pecuniaria del asunto, y obligará a pagar al demandado. La ejecución no dineraria se convierte entonces en dineraria.
Títulos ejecutivos: 1. Judiciales • Sentencia firme • Laudo arbitral (condena dineraria o no dineraria) • Auto que homologue una transacción, ej, las partes llegan a un acuerdo.
2. Extrajudiciales. El legislador ha decidido otorgar valor ejecutivo a unos textos, de perfil generalmente contractual, que son una sentencia, ni se homologan a la misma. El titulo extrajudicial sólo puede dar lugar a una condena dineraria, pues siempre dará lugar a una deuda, líquida, vencida y exigible, superior a 400 euros.
• Escritura de hipoteca 10 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 En función del título ejecutivo se requerirá un trámite u otro. No puedo ejecutar hasta pasados veinte días, se deja pues tiempo para cumplir desde la sentencia notificada que actúa como requerimiento. El título extrajudicial requerirá de previo requerimiento de pago.
Cuando se presenta a un juez un título ejecutivo extrajudicial, valorará la demanda ejecutiva y la regularidad formal del título. Ordenará ejecución sin oír al demando. Una vez despachada ejecución, el demandado podrá oponerse a ella por distintos motivos, relativos a la validez del título, pj, en caso de un título extrajudicial su validez, en una sentencia esto no sería posible.
Por ejemplo: si alguien tiene una sentencia condenatoria a su favor y solicita una ejecución, el juez valorará su pretensión y la adecuación formal del título. Ahora bien, si el demando prueba que ya ha pagado, entonces no podrá llevarse a cabo esta ejecución, habida cuenta de que el demandante sí tendrá título ejecutivo, pero carecerá de interés legítimo.
En un proceso de ejecución hay un cierto peligro de que el condenado trate de imposibilitar el cumplimiento, verbigracia, mediante la desaparición de sus bienes. De ahí que, ante la necesidad de celeridad, se lleve a cabo la ejecución, inaudita altera partis. Ya se la oirá luego, pero de este modo podemos tomar medidas cautelares que aseguren el cumplimiento, aunque luego puedan levantarse.
No obstante para logar que se adopte dichas medidas es imprescindible el fumus boni iure o apariencia de buen derecho. Así mismo se requiere periculum in mora o peligro de que el demandado disponga de sus bienes, viendo que va a perder, para evitar que las pretensiones del actor, puedan llegar a satisfacerse. Las medidas cautelares son instrumentales. El proceso cautelar planteado por algunos juristas como independiente del declarativo y ejecutivo; no es este el criterio seguido por este curso.
Las medidas cautelares sólo tienen sentido dentro de un proceso, declarativo o ejecutivo para garantizar una ejecución de la sentencia. Se adoptan en lo civil incluso antes de presentar demanda –a diferencia del proceso penal donde no caben antes de incoar la demanda. En el caso civil, esta posibilidad está restringida y es excepcional. Ahora bien, el demandado, una vez adoptada la medida, dispone de veinte días para presentar la demanda o la medida decae. Lo normal para solicitar medidas cautelares suele ser en el escrito de demanda o durante el proceso de declaración.
El juez puede ordenar una medida pericial de caras a la adopción de medidas cautelares. En el ámbito del proceso civil se puede ofrecer caución, que determinará el juez, a efectos de garantizar la compensación por los daños causados en este proceso En el proceso civil estas medidas se adoptan a instancia de parte, no así en el penal en que el juez puede ordenarlas de oficio. En la LEC para las medidas cautelares encontramos el art. 721 a 747 de medidas cautelarse.
1.
Características de las medidas cautelar • Finalidad: garantiza la ejecución o Ámbito penal: ya no se trata únicamente de que se cumpla la sentencia mediante una ejecución, sino que al sujeto se le pueda juzgar.
o Proteger a la víctima.
o Evitar contaminación o destrucción de pruebas durante la instrucción.
• Instrumentales: dependen de un proceso, y su finalidad en el ámbito civil es garantizar una finalidad.
Provisional: pueden alzarse o incluso adoptarse por un tiempo determinado –una privación de libertad.
Temporal Proporciona: no pueden ser más gravosas que la propia “condena”.
Variable • • • • 2.
Clases: en el ámbito civil las medidas civiles tendrán carácter real, mientras que en el penal pueden ser reales o personales. Medidas cautelares de carácter real: 11 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 • • • • 1.4.
Embargo preventivo de los bienes Fianza Depósito judicial muy útil para los bienes muebles, con mayor facilidad para desaparecer.
Anotación preventiva de demanda: sobre un bien inmueble frente a un titular del bien. El propietario puede venderlo, ahora bien, por ello se realiza una anotación preventiva en el Registro, para que el tercero comprador no pueda alegar desconocimiento.
Acción y derecho subjetivo material. Acción y pretensión.
A. Concepto de acción Hasta el S.XIX la actio romana no era más que un derecho material en pie de guerra. Cuando alguien veía vulnerado su derecho material, este de desdoblaba y se convertía un derecho subjetivo frente al adversario al que permitía llevar ante los tribunales para obligarle a cumplir.Por tanto, el derecho procesal cumplía una función meramente instrumental. Esto en parte es cierto, pues si bien es verdad que el dº procesal se ha configurado como disciplina jurídica propia, lo cierto es que depende en cierto modo de cada rama del derecho.
A principios del S.XIX los juristas alemanes Windscheid y Müter inician una controversia. En tanto que se prohíbe la autotutela y se obliga a acudir a los tribunales para formular una pretensión, la acción se convierte en un derecho subjetivo público a la tutela judicial en un sentido concreto, a una sentencia favorable si demuestro que lo que alego es verdad. Teoría concreta de la acción.
Otro punto de vista doctrinal, del derecho subjetivo público a una sentencia, por lo tanto es abstracto. Tengo derecho a una sentencia de fondo, nada más. Teoría abstracta de la acción.
Se critica a la teoría concreta que si la acción decae no hay base jurídica. La teoría concreta se defiende alegando que nunca se ha pretendido que la acción sea la base del proceso. No es el derecho a la acción, sino la base jurídica del proceso, es decir, la pretensión. Los tribunales cuando el justiciable les plantee una petición de tutela. La acción es el acto a través del cual formalizo la pretensión y reivindico mi derecho al proceso. La pretensión cumple pues una doble virtualidad de la acción, fundamentar la acción y reivindicar el acceso a los tribunales. Esta actividad previa no se basa en ese derecho que no sé si tendré hasta el final, sino en el pretensión.
En España la demanda es un acto, que realizamos a través de un escrito de demanda, en el que afirmamos que tenemos derecho a que el demandado nos dé y nos haga una determinada pretensión. De hecho nosotros – defensores teoría pura- distinguimos entre tres derechos distintos del justiciable: • Acceso a los tribunales • Al proceso • A la acción en sentido concreto.
Algunos autores niegan el último punto en base al 24.1 CE. Ello no quiere decir que no exista sino que no está sujeto al derecho de amparo. Tal situación obligaría al TC a entrar en materia de jurisdicción ordinaria.
El legislador, si recordamos regula la responsabilidad civil del juez, por lo tanto, si un juez dictara una sentencia errónea aunque no diera pie a un recurso de amparo, si podría dar pie a solicitar una indemnización.
El concepto acción gira entorno a unas teorías la teoría abstracta que defendían la acción como un derecho subjetivo público, que da derecho a acudir a los tribunales. Los defensores de la teoría concreta matizan que el derecho es a una sentencia de fondo con contenido concreto, previa prueba de que lo que se reclama es cierto, favorable al actor.
Algunos autores niegan el derecho a la acción en sentido concreto por no encontrarse en el art. 24 CE. Ahora bien, una cosa es que no se trate de un derecho fundamental susceptible de recurso de 12 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 amparo y otra muy distinta negar su existencia. Tal derecho existe, aunque no sea fundamental.
Entre otras cosas, porque de serlo, cada vez que un tribunal negara la razón, se podría acudir al TC.
1) El derecho acceso no se formula explícitamente en el art. 24 CE pero se engloba implícitamente en la idea de la tutela judicial efectiva. Si el Estado me impone límites arbitrarios al acceso a los tribunales, se impediría el acceso a la tutela judicial efectiva.
• Ej. Caso Rigoberta Menchu (penal) el TS matizó que pese a la justicia universal se exigió el nexo de unión entre el caso y otro frente a que antes bastaba que no hubiera cosa juzgada.
• En el caso China se inadmitieron las querellas. El TC habló de vulneración del principio de acceso a la justicia.
2) Si dándose todos los presupuestos para acudir a un tribunal los jueces se negaran a dictar o a conocer el caso se infringiría el Dº de acceso a la justicia.
• La Tutela judicial queda limitada a los tribunales que el legislador ha previsto para cada asunto. Si voy a un órgano laboral para un tema penal, no tengo derecho a aquel proceso, sin que ello infrinja el derecho de acceso a la justicia. No cumplo con los requisitos.
• Si un bien litigioso pertenece a varios y el actor sólo demanda a uno de los copropietarios, la litis no estará bien constituida en consecuencia se negará el proceso por falta de cumplir con todos los presupuesto. No se infringe el art. 24 CE.
• Si acudimos a un tribunal y tras aportar todas las pruebas tenemos derecho a una sentencia de fondo favorable. No a cualquier sentencia.
3) Cabe recordar que la Ley prevé la responsabilidad económica del Estado por funcionamiento anormal de la justicia. También se prevé la responsabilidad civil del magistrado por negligencia o dolo (LOGPJ).
El TC entra en el contenido de una sentencia cuando en sí misma puede vulnerar otros derechos fundamentales. Por lo tanto nunca entra en el fondo de las sentencias en base al derecho de acción.
*[Mirar] Guerra entre TC y TS sobre un asunto de prescripciones que se resolvió con una nueva ley.
Por lo tanto en principio el TC no entra dentro del asunto de las cosas por lo general. Para tener derecho a la acción tengo que tener derecho al proceso lo que no significa necesariamente que tenga derecho material a lo que pido en el proceso. Eso sólo me lo reconocerán o no, después de la sentencia.
Según lo que solicite el particular depende qué tribunal es competente. Por lo tanto de la acción afirmada dependerán infinidad de asuntos: a) Orden jurisdiccional b) Si requiero procurado y/o letrado o no c) Qué tipo de proceso se me tiene que aplicar El derecho a la acción me lo darán o no en función de si se aplican unos procedimientos jurídicomateriales y presupuestos jurídico-procesales. Si se demanda a alguien por 100.000 acudo con procurador, abogado, voy al juzgado del presunto deudor, tengo derecho a acudir al tribunal. Ahora bien, si no puedo probar mi pretensión, el tribunal dictará sentencia absolutoria, por falta de presupuesto material.
Si A debe a B, y C reclama sin poder de representación en nombre de B, se dictará sentencia absolutoria, pero a causa jurídico-procesal por falta de legitimación. La inadmisión sólo la puede dictar el juez. Dada la complejidad del asunto, se prefiere no dejar las cosas en manos del propio secretario, Presupuestos procesales de la acción: • Legitimación 13 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 Interés legítimo Accionabilidad • • El art. 42 la no obligación de promesa de matrimonio, sería de falta de accionabilidad. A veces la legitimación no es tan fácil de ver como el de A, B y C. Pj, los socios de una sociedad demandaron a una comunidad en su propio nombre –no el de la sociedad- para que esta fuera indemnizada por fugas de agua. Falta de legitimidad procesal. Si no se entra en el fondo y se queda en una sentencia basada en causas jurídico-procesales, este no surtirá los efectos de la cosa juzgada.
La acción por lo tanto no coincide necesariamente con el derecho material. En ocasiones hay acción sin que no haya un dº material dañado. Si yo renuncio al derecho equivale renunciar a la acción. Si el demandado cumpliera voluntariamente se aplicarían las reglas del cobro de lo indebido. Si yo renuncio a la acción sólo renuncio a ejercitarla frente a la otra parte, no al derecho.
La pretensión afirma el derecho a la acción y ejercita nuestro derecho a la acción. Esto se lleva a cabo en el escrito de demanda. De aquí derivará si cumplimos o no los presupuestos para que los tribunales actúe. Puede ocurrir que se aprecien errores subsanables o insubsanables en la demanda.
Si se alegan excepciones de carácter material, como haber cumplido con el pago, y eso se demuestra, se seguirá el proceso que terminará con una sentencia absolutoria. Si se alegan excepciones procesales al contestar la demanda, como cosa juzgada, el tribunal en lugar de tramitar la causa se archivará definitivamente el proceso. El actor debe probar los derechos que conforman su pretensión o se dicta sentencia absolutoria.
LECCIÓN 2ª: LAS ACTUACIONES PROCESALES 2.1.
Los actos procesales. Requisitos.
Los actos procesales son las actuaciones en las que interviene la actuación humana. Distinguimos entre: • Actos procesales que dependen del contenido del acto que son: o Declaraciones de conocimiento: expresiones orales u escritas de un saber. Ejemplo: declaración testifical, peritaje.
• o Declaraciones de voluntad: declaraciones orales o escritas de un querer. Ejemplo: declaración de la demanda y su contestación.
o Manifestaciones de voluntad: conductas, actos de los que se extrae una determinada consecuencia jurídica. Ejemplo: de la presentación de una demanda ante un tribunal hay la consecuencia de que el sujeto se somete al órgano al que ha acudido.
Actos procesales que dependen del origen de los actos: o Actos de parte o Actos del tribunal o Actos de terceros que intervienen en el proceso A. Requisitos Los requisitos de los actos son de tres tipos (es materia propia de las leyes de enjuiciamiento): • Lugar (Arts. 286 y 269 LOPJ + Art. 129 LEC): los actos procesales se realizaran en la sede del órgano jurisdiccional competente. Sin embargo el legislador prevé excepciones dado que a veces puede ser necesario que el órgano jurisdiccional realice actuaciones fuera de su sede como por ejemplo en el caso en el que el testigo este enfermo y no se pueda mover de su casa o del hospital. También por ejemplo hay el reconocimiento judicial de un lugar en cuyo caso el juez, el secretario y las partes acudan ese lugar para que se verifiquen las actuaciones que procedan. El órgano jurisdiccional tiene su territorio. Unos serán un municipio, otros tienen un ámbito mayor como en varios municipios limítrofes (partido judicial), provincia, CCAA o el Estado. Los normal es que de primera instancia conozca un partido judicial, aunque a veces 14 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 determinadas actuaciones se requieren en otra demarcación judicial que será el órgano de otro territorio quien realizara las actuaciones.
• Tiempo (Arts. 179 a 186 LOPJ + Arts. 130 A 136 LEC): los actos procesales debe ser realizados en los días y horas hábiles. Por tanto en derecho procesal se requiere el calculo de las mismas de acuerdo con los Arts. 130 a 136 LEC (IMPORTANTES). Si alguien se equivoca en el calculo del plazo recluye en el mismo. El Art. 130 se refiere a los días y a las horas hábiles. Son inhábiles a efectos de los mismos los sábados y los domingos así como el 24 y 31 de diciembre, los días de fiesta nacional, autonómico y local. Estos días no se computan en el calculo. También son inhábiles como regla general los días de agosto, aunque el tribunal puede declarar días inhábiles. Se entienden por horas hábiles del tribunal desde las 08:00 hasta las 20:00h. En materia de actos de comunicación y ejecución se consideran hábiles desde las 08:00 hasta las 22:00h (Art. 131 LEC). Respecto los plazos, se nos da un numero x de días para realizar un acto. Este acto se puede realizar dentro de aquel plazo. pero cuando nos dan un termino nos dan un día y una hora concretos para realizar los actos, en cuyo caso no hay problemas de computo. Si no se indica ni plazo ni termino se realiza sin dilación. La infracción del cumplimiento de los plazos, cuando lo hace la partes hay preclusión (Art. 136 LEC). Los plazos empiezan a correr al día siguiente al que se notifica el plazo (Art. 133 LEC) y acaba el ultimo día del plazo (día del vencimiento) que también se incluye hasta las 24 horas pero como el juzgado no esta abierto a estas horas y no se puede presentar en el juzgado de guardia, se permite el plazo hasta las 15:00h del siguiente día hábil (Art. 135 LEC). Hay plazos que se señalan por meses o años en cuyo caso se computan de fecha a fecha. Cuando el plazo finalice en un día inhábil, se entienden prorrogados hasta al siguiente día hábil. Los plazos establecidos por la ley son improrrogables. Cuando se fije el plazo por meses en el mes de vencimiento y este no tenga 31 días (febrero) termina el ultimo día del mes.
• Forma (Art. 120 CE + Arts. 229 a 236 LOPJ + Arts. 137 a 144 LEC): De acuerdo con el Art.
120 CE determinados actos son orales porque se exige la inmediación y contradicción de las partes. En cambio hay otras actuaciones que se requiere que sean por escrito. También se habla de la publicidad y el secreto. La publicidad puede ser en sentido amplio o estricto. Los actos orales son públicos hasta para terceros (amplio) aunque los actos por escrito no son públicos (estricto). Sin embargo, el juez puede ordenar el secreto de sumario si es necesario.
Además cabe hablar del idioma (Art. 142 LEC) dado que todas las actuaciones del órgano jurisdiccional se realizan en castellano porque es la lengua oficial. Sin embargo, se permite que las CCAA con lengua distinta se pueda utilizar dicha lengua siempre y cuando las partes no aleguen desconocimiento de ella en cuyo caso se produciría indefensión. Respecto de las partes por el contrario, pueden utilizar la lengua propia de la CCAA tanto oral como escrito y si el tribunal la desconoce no es su problema. Por ello en la practica se usa el catalán aunque como hay magistrados que lo desconocen o el tema tiene que acabar en otro tribunal, se usa el castellano. El Art. 143 LEC habla de la interpretación de interpretes.
2.2.
Nulidad e ineficacia de los actos procesales. (Arts. 238 a 243 LOPJ y Arts. 225 a 231 LEC) La LOPJ y la LEC (con coincidencia) regulan supuestos de nulidad o ineficacia de los actos procesales cuando se den determinadas circunstancias podrían ser nulos de pleno derecho. Al respecto el Art. 225 LEC regula los actos nulos de pleno derecho: 1) Los que se produzcan cuando un juez carezca de competencia 2) Los que se produzcan con violencia o intimidación 3) Los que se producen con indefensión los que están mal comunicados por ejemplo 4) Los que se realicen sin intervención de letrado en los caso en los que la ley establezcan su intervención obligatoria (cando el proceso supere la cuantía de 2.000€). En el caso de que el letrado interviene pero no firma, es una situación que se puede subsanar 5) Cuando hay vistas sin la presencia o intervención judicial y del secretario 15 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 6) Cuando la ley dice que el juez o el secretario resolverá mediante decreto o auto y en ligar de ello lo hace con otra resolución, esta es nula. Cuando le ley obliga al juez a resolver de una forma concreta y el juez lo hace de otra esta es nula.
Hay actos viciados que se pueden subsanar. Hay otros que son ineficaces no nulos.
Hay el incidente de nulidad de actuaciones que es una posibilidad extraordinaria de interpretación restrictiva de poder rescindir una sentencia firme cuando la nulidad se de en la propia sentencia y no haya ninguna vía de recurso, el tribunal da dicha posibilidad. Cuando cabe dicha opción y se va directamente al amparo al TC, este puede no admitirla si no se ha ido a la incidencia de nulidad. Es un mecanismo extraordinario para rescindir la firmeza.
2.3.
Actos de comunicación.
Distinguimos entre: • Actos de comunicación del tribunal con las partes y otros sujetos: o Notificación: el tribunal le comunica a las partes la posibilidad de realizar determinados actos. Notificación es un concepto genérico que engloba distintas clases de notificaciones que son las siguientes: § Emplazamiento: cuando el tribunal comunica a la parte un plazo para realizar un determinado acto § Citación: término para realizar una determina actuación: ligar, fecha, hora § Requerimiento: requiere para que realice una conducta, actividad o inactividad concreta Como se comunican estas actuaciones? Básicamente lo normal es que actué el procurador y una vez nombrado este, el tribunal le comunica las actuaciones a este procurador y este comunica a las partes. El sistema de comunicación es mediante el colegio de procuradores.
La demanda se notifica sin procurador mediante varios sistemas de comunicación es mediante la remisión de la demanda (me van a remitir la demanda con correo certificado) pero cuando esto no prospera porque no hay acuso de recibo, entonces hay otro sistema (Art 158 LEC) mediante la entrega cuando un funcionario va a entregar la notificación personalmente al denunciado o a alguien que este en la vivienda y constara el día y el momento de entrega. Cuando no funciona ni la recepción ni la entrega, se prevé la comunicación edictal a través de la publicación de edictos en el tablero de anuncios del tribunal que se da por valida. Si el demandado no responde, se declara la rebeldía del demandado. Se puede solicitar la publicación en el Boletín oficial correspondiente pero no es obligatorio.
• Actos de comunicación del tribunal con otros órganos sean tribunales o no: o El auxilio judicial: cuando un órgano debe comunicarse con otro de otra demarcación el tribunal le da un exhorto en cuyo caso habrá un órgano exhortante que lo solicita y el exhortado al que se le pide algo.
o 2.4.
El auxilio a la justicia: cuando se comunica el tribunal con otro órgano publico distinto a los tribunales ley distingue entre: § Mandamientos: cuando el tribunal se dirige a notarios o registradores § Oficios: cuando el tribunal se dirige a un secretario judicial por ejemplo § Exposiciones: cuando el tribunal se dirige a cargos públicos como ministros (ya no se habla en la ley pero se sigue haciendo en la practica) Las resoluciones. Clasificación.
A. Las resoluciones y los medios de impugnación Tras una reforma de 2009 cuando hablamos de resoluciones procesales nos referimos a resoluciones judiciales que dicta el juez y las resoluciones del secretario judicial (Art. 244 a 148 LOPJ).
16 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 Las resoluciones judiciales que dicta el juez son de tres tipos: o Provincias: el juez da a los actos la tramitación de los actos: admite o no a tramite. La ley no prevé que se fundamente.
o Autos: resoluciones en que el juez tiene que decidir cuestiones de mayor importancia sin ser la cuestión principal del proceso, la cuestión de fondo. Los autos se deben fundamentar. Por ejemplo la inadmisión de un medio de prueba. Hay autos que son definitivos y otros que no lo son. Cuando esta resolución interlocutoria. Un auto definitivo impide la continuación del pleito principal. Cuando el auto es definitivo cabe apelación ante el superior jerárquico, y cuando no es definitivo solo cabe recurso de reposición ante el juez que la dicto pero no apelación.
Ejemplo de auto definitivo es aquel en el que el tribunal estima que carece de competencia.
o Sentencias: en la legislación anterior al llegar a sentencia el órgano jurisdiccional se percataba de que faltaba algún requisito procesal. Era una sentencia absolutoria de la instancia: el juez decía que no tenias derecho al proceso porque faltaba un presupuesto. Pero con la regulación actual estos problemas procesales se dan al principio. La sentencia que se dicta en primera instancia es susceptible de recurso de apelación que abrirá la segunda instancia. En todo caso es susceptible de recurso de apelación aunque no toda apelación es una segunda instancia. Toda segunda instancia se abre mediante el recurso de apelación pero no todo recurso de apelación es una segunda instancia.
Cuando se trata de una resolución de un órgano gubernativo o del Consejo General del Poder Judicial que no administra justicia porque es un órgano administrativo, se llaman acuerdos. Hay órganos gubernativos de rango inferior como las salas de gobierno de los órganos colegiados dictan acuerdos.
• Las resoluciones del secretario judicial son: o Las Diligencias de ordenación. Es dar a los autos el tramite que da la ley. Si el secretario no sabe si hay admisión de la demanda lo debe decidir el juez mediante inadmisión o providencia.
o Aunque en materias que diga la ley como los actos de conciliación el secretario emite un decreto. Todo ello en materias que tenga capacidad de resolver. Los decretos son definitivos o no definitivos (no impide la continuación del tramite del que se trate) en cuyo caso cabe recurso de reposición frente al mismo secretario judicial. Pero cuando sea definitivo se recurre al juez del juzgado que pertenezca el secretario y se llama recurso de revisión.
Las resoluciones una vez adquieren firmeza porque se dictan, el propio órgano no la puede alterar a no ser que sea porque se recurre. Se trata de la invariabilidad respecto de quien dicta la resolución.
Una vez se han agotado los recursos, la resolución ya no puede ser recurrida. En dicho caso la resolución es firme e invariable pero si se puede recurrir no es firme.
La ley prevé la posibilidad de pedir la aclaración o la corrección y complemento de las resoluciones porque estas no están del todo claras o hay errores aritméticos. En la actualidad, la ley prevé una posibilidad de corregir lo que se denomina incongruencia por omisión cuando el tribunal dejaba de fallar sobre algún extremo planteado (Art. 215 LEC). La ley prevé entonces el posible complemento de una resolución incluso si es una sentencia firme. Se puede acudir al mismo tribunal y al mismo juez.
2.5.
Impugnación de las resoluciones: recursos y medios de rescisión de sentencias firmes.
(Título IV, Libro II, art. 448 a 495 LEC) Excepto en materia penal en que el Legislador tiene que prever un recurso, en los demás órdenes jurisdiccionales sólo puede presentarse recurso si la ley lo prevé, dentro del plazo que la ley prevé, 17 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 sino se inadmite a trámite por presentarse fuera de plazo. Si la resolución no te perjudica no cabe recurso.
• Recurso previsto por el Legislador • Debe presentarse dentro del plazo • Debe ocasionar gravamen al recurrente En ocasiones el legislador puede prever particularidades para recurrir, como disponer de un depósito, previa condición al recurso.
Se suele diferenciar entre recurso: • Ordinarios: cuando el legislador prevé el recurso sin limitarlo a unos motivos concretos, entonces estamos ante un recurso ordinario.
o Recurso de Reposición o Recurso de Apelación o *En lo Penal el de reposición se llamaría reforma (frente a resoluciones de órgano unipersonal) y el de apelación se llamaría de súplica (órgano colegiado) o Recurso de revisión frente a las resoluciones –diligencias de ordenación y decretos- cabe revisión frente a decretos y reposición frente a ordenación.
• Extraordinarios: si el legislador establece límites, sólo cabe recurrir en base a unos motivos muy concretos, por lo tanto estamos ante un recurso extraordinario.
o Recurso extraordinario por infracción procesal o Recurso extraordinario de casación judicial o Recurso extraordinario de queja Devolutivos: del recurso conoce un tribunal distinto al que ha dictado la resolución que se recurre. Esto viene del Antiguo Régimen, se le devolvía al Rey la jurisdicción que tenía, la terminología es una reminiscencia histórica.
o De apelación: § frente a auto definitivo el órgano § o De casación: contra sentencias en segunda instancia de AP siempre que se por motivos de fondo.
o Extraordinario por infracción procesal: frente a sentencias y autos dictados por la Audiencia Provincial en segunda instancia, por motivos procesales.
o De queja: frente a autos de inadmisión de un recurso devolutivo.
o De revisión –cuando se trate de una resolución de un secretario judicial.
§ Lo conoce el juez del juzgado al que pertenezca el secretario judicial, frente a decretos definitivos.
• No devolutivos: aquel que conoce y se interpone frente al mismo órgano que ha dictado la resolución.
o De reposición: § frente a providencias § autos no definitivos § frente a diligencias de los secretarios § frente a decretos no definitivos del secretario judicial.
*Recurso regulado en interés de la Ley: está regulado pero en la práctica no se aplica.
• Se hace preciso distintos entre el juez ad quod que dicta la resolución y el juez ad quem el superior jerárquico que resuelve el recurso.
Siguiendo en el esquema de un proceso civil: 1 Instancia el juzgada dicta sentencia. Cabe recurso en apelación contra este órgano ad quod. En la segunda instancia conoce un órgano distinto, la AP que es el órgano ad quem. Este órgano dictará una segunda sentencia, contra la que todavía cabe un recurso. Entonces depende de lo que se alegue: 18 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 • Recurso extraordinario por infracción: por causas procesales. La infracción de norma procesal se puede dar o In iudicando (al juzgar): sentencia incongruente, no exhaustiva, no respete las normas de carga de la prueba o In procedendo (al tramitar el proceso): inadmisión de un medio de prueba, error al notificar… o El órgano que dice la ley debería conocer sería el pertinente TSJ. Ahora bien, la Disposición Final 16ª LEC establece cómo debe estructurarse en relación a la LOPJ que por falta de mayoría parlamentaria no se puedo reformar en el 2000, de modo que en la práctica los resuelve del TS.
§ Ej. Reucurrimos en apelación un auto definitivo del juzgado de primera instancia de Manresa. Resuelve por auto la AP de Barcelona –si se recurre auto, se resuelve en auto, si se recurre en sentencia, sentencia. Cabe una vez más el recurso extraordinario por infracción.
• Recurso extraordinario de casación: las resoluciones en segunda instancia por motivos de fondo, como la aplicación de la ley. Normalmente conoce de este recurso el TS, salvo casación foral, es decir, se alega infringida propia del Dº procesal autonómico.
o Presupuestos: § Infracción de Dº Civil de la Comunidad Autónoma § El juez que conoció en primera instancia debe ser de esa CA en cuestión.
§ La Ley aplicable es una cuestión y la competencia es otra* Hay que respetar las jerarquías y coordinaciones.
• El recurso de queja: es extraordinario y devolutivo, cabe frente a los autos de inadmisión de un recurso devolutivo, cuando el propio órgano lo inadmite por considerar que no se dan los presupuestos. Este recurso se interpone directamente ante el órgano ad quem directamente, a diferencia del resto que siempre se presentan en el órgano ad quod.
• Recurso extraordinario en interés de Ley: ante la jurisprudencia discordante habrá un recurso extraordinario para unificar jurisprudencia en recursos por infracción de norma procesal cuando los empiecen a resolver los TSJ, para evitar 17 criterios. En el vigente régimen transitorio, como de estos recurso ya conoce el TS en la práctica no se da.
o *Antes de la reforma del 200 el recurso de casación resolvía las infracciones procesales y las infracciones materiales de la ley.
o Nuestro sistema de casación viene de origen francés, pero con particularidades propias.
Fuera del Poder Judicial encontramos el Tribunal Constitucional que tiene entre sus funciones el recurso de amparo por infracción de derecho fundamental cometida por los tribunales al tramitar un proceso. Cuando esto sucede, cuando agotamos este esquema y tenemos una sentencia firme.
Cuando yo haya utilizado todos los recursos posibles, lo único que me queda es acudir al TC vía recurso de amparo.
Para evitar los conflictos en TS a TC, pues cada vez que se admite un recurso de amparo respecto al art. 24 CE. Par evitar esa situación se entregó a l TSJ la infracción de normas procesales y luego las resuelva el TC.El legislador impide que si se ha utilizado el recurso de amparo se dicte de interés de ley. Todo ello proviene para evitar conflictos TS y TC.
Medios de rescisión de sentencias firmes(Título V y VI, art. 496 a 516 LEC) El legislador prevé mecanismos para rescindir la firmeza de una sentencia. Uno de ellos sería el mismo recurso de amparo. Se ordena la nulidad de todo lo actuado desde el momento en que el vicio se cometió, art. 44 LOTC, infracción de un derecho fundamental por los tribunales durante un proceso, básicamente art. 24 CE.
• Incidente de nulidad de actuaciones: cuando el TS comete incongruencia o no motiva suficiente. Ya no cabe en vía ordinaria. El legislador, para evitar ante el TC, sin caber ya otro en 19 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 vía ordinaria reintroduce este recurso histórico. NO confundir con el recurso de revisión frente a sentencias firmes: mal llamado.Obsérvese, pj, que un tribunal adopta una decisión motivándola en base a unos documentos declarados falsos o declaraciones en falso testimonio, entonces cabe revisión de la sentencia.
• Audiencia de un condenado en rebeldía: la ley prevé que el secretario judicial declare en rebeldía a quien no comparezca. Ahora bien, si esta se debe a causa justificada e involuntaria, la ley prevé la audiencia al condenado en rebeldía –involuntaria- quien puede intentar y conseguir la rescisión de una sentencia firme ganada en rebeldía, porque ésta ha sido involuntaria. A menudo estemos ante una sentencia en primera instancia.
LECCIÓN 3ª: EL DERECHO PROCESAL Y SUS FUENTES 3.1.
El Derecho Procesal y sus fuentes. La aplicación de las normas procesales en el tiempo y en el espacio. Fuentes del Derecho Procesal. Legislación española en materia procesal civil: Desde la L.E.C de 1881 hacia la L.E.C. 1/2000. Últimas reformas: las modificaciones a la L.E.C. 1/2000.
El Dº Procesal es un derecho público que regula los órganos públicos, los presupuestos para acceder a estos órganos públicos, materias de trámite y procedimiento para estos órganos públicos.
El Derecho Penal es el único en que se aplica el derecho material en el proceso, principio de necesidad. En los otros procesos, como civil, mercantil, no se aplica el Dº material, sino únicamente el derecho procesal. Estáticamente considerados tanta importancia tienen derecho civil como procesal. Ahora bien, dinámicamente, el derecho procesal es el instrumento para que el tribunal pueda aplicar el Dº Civil o mercantil.
El juez aplicará siempre en cuanto al tiempo derecho procesal vigente en el momento en que el proceso inicie. En cambio, es muy posible que el juez al resolver sobre el fondo tenga que aplicar un derecho material que ya no existe, que ya ha sido derogado pero que estaba vigente en el momento que se pactó la relación entre particulares de la que surgió la controversia, porque este sigue regulando la relación entre las partes. Las Disposiciones Transitorias del 1/2000 se preve el régimen transitorio. La ley vigente en primera instancia se aplica hasta finalizarlo, pero la ley vigente para los recursos extraordinarios.
El Espacio: la ley procesal es territorial, lex fori, puede haber norma procesal incluida en tratados internacionales. Si hay un convenio ratificado que sigue normas internacionales debe aplicarlas.
Aunque ello no excluye que en ocasiones el juez deba aplicar ley material aunque sea de otro territorio o Estado.
Fuentes: la Ley es la fuente principal, la costumbre NO es fuente de derecho procesal porque para que sea admisible la ley la debe prever, la jurisprudencia es fuente complementaria (art.1 CC), en cuanto a los principios estos ocupan un lugar importante como inspiradores de la Ley. Para algunos las fuentes del Dº Civil lo son de derecho material y no del procesal, si bien, esto no tiene unanimidad.
Legislación: Constitución, LOPJ, Estatutos de Autonomía –si no contravienen LOPJ-, otras LO, y luego leyes ordinarias LEC. También la Ley Concursal, la Ley de Arbitraje entre otras comprenden normas de carácter procesal. Ley de Asistencia jurídica gratuita y la Ley de mediación. Cabe mencionar: Ley sobre jurisdicción voluntaria, Ley de cooperación internacional (en proyecto ambas últimas, pese al plazo de un año fijado en la LEC). Además hay unos cuerpos especiales de personal auxiliar al servicio de la Administración: forenses, policía judicial…..
El personal cooperador o colaborador son personas que actúan bajo la Administración de justicia pero que actúan bajo la independencia judicial (no dependen del juez): abogados del estado, 20 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 Ministerio fiscal…. Este todo complejo se organiza desde 2009 a través de la oficina judicial y es la organización instrumental que sirve de soporte ya poyo a la actividad jurisdiccional. La ley habla de: • La unidad procesal de apoyo directo: hay una en cada órgano jurisdiccional y en cada juzgado y sección de un órgano colegiado. En la sala de o civil hay muchos magistrados que para realizar su tarea se subdivide en secciones.
Hay tribuales en que sus secciones se divide la materia por tipos de asuntos: familia, transportes…. Cada jugado, cada sección tienen una unidad procesal de apoyo directo. Cada órgano tiene la suya para que auxilien a los titulares a realizar su tarea (Art. 437 LEC).
• El servicio común procesal: auxilian a todos los juzgados de primera instancia por ejemplo en desahucios, ejecución, notificaciones…. La ley establece en cada caso el servicio común a que órgano servirá pero no es integrado en el propio órgano.
Título Segundo PARTE GENERAL (BLOQUES II y III) Capítulo Primero: Los Tribunales civiles LECCIÓN 4ª: LA JURISDICCIÓN COMO PRESUPUESTO DEL PROCESO 4.1.
Introducción.
Clases de órganos: Existen dos tipos de órganos: colegiados o unipersonales.
• Hay órganos colegiados denominados Tribunales o Audiencias. Estos se subdividen en salas de justicia y estas salas se subdividen en secciones para una mejor tarea. Solo hay una excepción: La Audiencia provincial que no tiene salas pero tiene secciones solo conoce de temas civiles y penales. Una sección para cada tema. La división de estos se hace por materia: arrendamientos, familia… • Entre los miembros de la sección hay un presidente de la sección y otro es un ponente. Siempre hay un numero impar porque la decisión debe tomarse por mayoría. El presidente elabora la sentencia y la propone en votación al resto de miembros de sección o sala y se aprueba por la mayoría de votos. Si hay un disidente que disiente de la opinión mayoritaria puede realizar un voto particular. Si no se consigue la mayoría, hay que cambiar a un miembro hasta que se llegue a un acuerdo. Hay los Jueces profesionales son los que pertenecen a la carrera judicial y los jueces temporales son los que no pertenecen a la misma. Dentro de esta hay los jueces juristas que realizan su función por el tiempo en que deben ocupar la suplencia y en cambio los jueces legos (jueces de paz) se les nombra por 4 años. Hay un juez de paz en cada población que lo nombra el pleno del ayuntamiento.
También hay tribunales mixtos distinguiendo entre el tribunal del jurado formado por jueces pertenecientes a la carrera judicial + 9 legos en solo temas penales aunque quien dicta la sentencia es el juez sino que los legos valoran las pruebas. Y por otro lado, hay el tribunal de escabinos que es un tribunal mixto en que hay jueces de carrera y además sujetos que no son jueces, sino especialistas en una materia y dictan la sentencia conjuntamente. Tribunal de conflictos de jurisdiccional en el que hay unos representantes que son jueces integrados en la carrera judicial y unos consejeros del estado que pueden se juristas o no.
4.2.
La jurisdicción de los Tribunales españoles en procesos con elementos de extranjería: Normativa convencional. Especial referencia al Reglamento de Bruselas I.
21 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 A. La organización jurisdiccional española en el ámbito civil El poder judicial es un todo compuesto por varios órganos jurisdiccionales. Se subdivide al la jurisdicción ordinaria en 4 ramas, ordenes jurisdiccionales: la rama de lo civil, lo penal, lo contencioso – administrativo y la rama de lo laboral o social. De modo que cuando surja un litigio según su naturaleza le corresponde conocer a una jurisdicción o a otra. Hay tribunales que conocen de todas la materias jurídicas como el TS cada sala conoce de una materia.
En la sala 5 del TS hay la sala de lo militar que se regula fuera de la LOPTJ pero esta en relación con el TS. Esta unidad y excepcional tiene excepciones como son el tribunal de lo militar del TS.
Además de la jurisdicción ordinaria, hay la jurisdicción especial que esta en la CE: La jurisdicción militar, un Tribunal Constitucional, el Tribunal de cuentas, los de origen consuetudinario (Art. 125 CE). También hay tribunales especiales dentro de la jurisdicción ordinaria que es distinto a la especialización del juzgado. Un tribunal especial dentro de la jurisdicción ordinaria establecido por el legislador cuando tiene unas reglas distintas a las reglas comunes en base a las reglas especiales de atribución, de competencia, de atribución.
También hablamos de especialización de juzgados (Art. 98 LOPJ) en las circunscripciones donde hay varios órganos de la misma clase, se permite que uno de ellos se especialice un ejemplo son los jugados de primera instancia especializados en familiar, la Audiencia Nacional.
Un órgano jurisdiccional tiene varios elementos que le permiten distinguir de unos órganos u otros: • Función (Art. 117 CR): Decir el derecho y hacerlo cumplir (función genérica de todos los órganos jurisdiccionales).
• Oficio: delimitación de la función genérica. Son las normas de competencia. A través de la especialización se esta creando un órgano con diverso oficio, lo cual va en contra del Art. 24 CE según el cual hay derecho a un juez predeterminado por la ley.
• Territorio: en el caso en que hay varios juzgados con el mismo oficio, se distingue un juzgado de otro mediante el territorio en el que el órgano jurisdiccional realiza su función.
Primero se va al territorio dado que cada órgano jurisdiccional tiene una demarcación, circunscripción o territorio de actuación. También puede darse un territorio municipal (el juzgado de paz siempre es municipal). El Partido judicial o municipio es una demarcación propia del poder judicial (no del administrativo).
Otro territorio puede ser la provincia cuyo ámbito será provincial. También hay los comunitarios de la CCAA que son órganos. Finalmente hay órganos cuyo ámbito es Estatal.
Para entender quien es el superior jerárquico hay que entender el siguiente esquema: cuando hay varios municipios y al lado una capital, dicha capital será el partido judicial pero que no tendrá un jugado de paz que lo tendría cada municipio que dependen jerárquicamente del partido judicial.
El órgano superior entre los dos decide. Cuando hay un problema de competencia se resuelven por la jerarquía de los órganos. ¿Cuando hay órganos de distinto oficio o territorio quien decide? El superior. ¿entre un juzgado de lo mercantil y la Audiencia provincial de Madrid quien resuelve? La Audiencia dado que es superior jerárquico colegiado (que es superior al unipersonal) ¿si el conflicto de competencia fuera entre la primera instancia de Madrid y la de BCN? El TS porque es superior a dos CCAA.
• Funcionarios: cuando los otros tres elementos coinciden, el titular del órgano es lo que varia.
B. Clasificación de los órganos jurisdiccionales civiles 22 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 En la base tenemos el municipio (juzgados de paz) como ámbito territorial. Encima de este el partido judicial (juzgados de primera instancia e instrucción e ámbito también de violencia de genero y determinados temas civiles cuando a la vez se de violencia de genero), a continuación un ámbito provincial (órgano unipersonal creado por la ley concursal y ley mercantil llamado juzgado de lo mercantil. Otro órgano provincial pero órgano colegiado es el Órgano provincial que es un órgano de segunda instancia), seguido de un ámbito autonómico (Tribunal superior de Justicia de la CCAA correspondiente) y a continuación un ámbito estatal dónde finalmente tenemos en el vértice la sala primera civil del TS.
El juez de paz tiene como primera instancia a la audiencia provincial. El juzgado de violencia sobre la mujer tiene como superior jerárquico también a la audiencia provincial. El juzgado mercantil tiene como superior el órgano colegiado de la audiencia provincial. Este a su ves tiene el Tribunal Superior de Justicia y este tiene como superior jerárquico al TS por el territorio. Para saber quien es el órgano ad quo debo saber quien es el órgano ad quem previamente.
La casación foral requiere unos requisitos que si no se dan no hay casación foral.
C. Atribuciones de los órganos jurisdiccionales civiles Los juzgados de paz civiles solo hablan de asuntos civiles que no superen los 90€. Todos los juzgados de España tienen el mismo oficio, lo que cambia es el territorio. La regla general es la que indica el domicilio del demandado. Cada clase de órganos tiene un oficio distinto de acuerdo con la competencia objetivos y cada clase de órganos tiene un territorio distinto de acuerdo con la competencia territorial.
Desde el juzgado de paz hasta el juzgado de violencia de genero se conocen de primera instancia aunque normalmente lo hace el juzgado de primera instancia. El órgano provincial conoce de segunda instancia únicamente. El tribunal superior de justicia conoce además de la casación foral si se dan y los conflictos de competencia cuando sea el superior común. Finalmente el TS conoce de demandas de responsabilidad civil frente a determinadas demandas de ámbito estatal además de recursos extraordinarios y cuestiones de competencia cuando sea el superior jerárquico común.
4.3.
Normas internas sobre extensión y límites de la jurisdicción civil: los artículos 21 y 22 L.O.P.J.
A. Reglas de jurisdicción , Reglas de competencia y los posibles conflictos al respecto A veces es necesario aplicar 5 criterios en el siguiente orden lógico IMPORTANTE SEGUIR EL DE LA PROFE (aunque en el manual salga otro orden se explican antes la funcional antes de la territorial): 1) Jurisdicción en procesos con elementos de extranjería: hay que plantearse si los tribunales españoles pueden conocer de litigios de extranjería. La LOPJ las denomina a los criterios para conocer como reglas de extensión y limites de la jurisdicción (limites territoriales de la jurisdicción). En derecho internacional privado estas reglas se denominan como reglas de competencia judicial internacional. Estas reglas cuando haya un elemento de extranjería en el proceso nos permiten saber si los tribunales españoles pueden conocer del asunto. Ejemplos: demandado domiciliado fuera de España contrato entre dos personas de nacionalidad distinta y domicilios en distintos estados uno de ellos en España por ejemplo.
2) Jurisdicción por razón del objeto o de la materia: Dado como el legislador español ha regulado las primeras reglas del criterio anterior, a veces a la vez vamos a decidir si pueden conocer los tribunales españoles y los de la rama de jurisdicción. Estas reglas nos permiten saber que rama de la jurisdicción ordinaria deben conocer del asunto: laboral y social, civil y mercantil, contencioso administrativa o penal.
De esta materia (criterios 1 y 2) hay convenios internacionales como el Reglamento de Bruselas 1 BIS que es aplicable en materia civil y mercantil de carácter patrimonial en las que se incluyen los trabajos individuales de trabajo. Por ello primero hay que saber si los tribunales españoles pueden conocer y en segundo lugar a que jurisdicción le corresponde conocer del litigio. Si según este reglamento se puede conocer, hay que aplicar el segundo criterio, porque el trabajo individual en 23 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 España es laboral por tanto conocerá la rama social. A veces aplicando una regla se resuelve todo a la vez pero otras hay que aplicar ambos criterios. Si el asunto es meramente interno porque no tiene elementos de extranjería, se aplica directamente el criterio 2.
3) Normas de competencia objetiva: una vez sabemos que tribunales conocen de la rama concreta, como hay muchos órganos de distinta clase de la misma rama, hay que saber que clase de órgano conoce de la primera instancia del asunto (desde demanda hasta la primera sentencia).
Estas reglas son de competencia objetiva atendiendo a distintos criterios por ejemplo la cuantía del asunto o la materia concreta del mismo.
4) Reglas de competencia territorial: una vez sabemos que tribunal de primera instancia conoce hay que saber el de que lugar del territorio español conoce del asunto. Para ello aplicamos las normas de competencia territorial según las cuales según el domicilio del demandado conocerá un juzgado u otro.
5) Normas de competencia funcional: vez sabemos a que juzgado hay que plantear la demanda, es posible que ocurran circunstancias que deban pedir ejecución provisional de la sentencia, ejecución de medidas cautelares, recurrir resoluciones u otros incidentes, hay unas reglas que permiten saber quien conoce de estos incidentes. Son reglas que dependen de las previas. Son normas funcionales porque se aplican a partir de las otras anteriores.
De acuerdo con lo anteriores, vamos a clasificar los tipos de competencia: • Competencia vertical: atienden a una jerarquía entre órganos de una misma rama jurisdiccional o Competencia objetiva: hay que saber que órgano conoce de primera instancia una vez sabemos a que rama jurisdiccional acudir.
o Competencia funcional: juzgados que conocen de posibles incidentes durante el proceso.
• Competencia horizontal que son las de competencia territorial: de entre los órganos de la misma clase, se distinguen entre iguales en función del territorio en el que se encuentren. Son reglas para organizar mejor el sistema aunque pueden alterarse.
De acuerdo con el Art 238.1 LEC los actos nulos de pleno derecho serán todo lo actuado por un juez u órgano sin jurisdicción o sin competencia objetiva o funcional. Pero lo juzgado sin competencia territorial no es nulo porque los órganos están al mismo nivel.
Normalmente hablamos de jurisdicción cuando se trata de una distribución de asuntos entre conjuntos orgánicos de una misma rama. En este caso, se trata de reglas de jurisdicción. Por ello, la terminología usada por derecho internacional privado no es correcta. También son reglas de jurisdicción las que permiten saber si son asuntos que se deben conocer en jurisdicción ordinaria o bien con la jurisdicción militar (jurisdicción especial). Por el contrario cuando se trata de saber que juzgado concreto tiene competencia para conocer del asunto se trata de reglas de competencia.
B. Conflictos de jurisdicción y competencia Hay tres posibles conflictos al respecto: • Conflicto de jurisdicción: se da entre la jurisdicción ordinaria y la militar, entre la jurisdicción de la Administración por ejemplo. Para saber si los dos quieren conocer del asunto (conflicto positivo) o si ni ninguno quiere conocer (conflicto negativo). Hay una LO 2/1987 de 18 de mayo sobre conflictos de jurisdicción al respecto.
• Conflicto de competencia: conflictos que se den entre las distintas ramas de la jurisdicción ordinaria aunque se trata de un conflicto de jurisdicción, pero se llama conflicto de competencia por el legislador para evitar la posible confusión. Este conflicto se resuelve por el presidente del TS y por un magistrado de cada rama del conflicto Pueden ser conflictos positivos o negativos.
(Art 42- 50 LOPJ).
24 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 • Cuestión de competencia: cuando ya sabemos que conoce una rama concreta pero hay varios órganos y hay una discusión entre órganos distintos por razón del oficio o del territorio pero de la misma rama sobre quien conoce del asunto, estamos ante una cuestión de competencia que la resuelve el tribunal jerárquico común entre los dos en discusión. Pueden ser cuestiones positivas o negativas. (Art. 51-52 LOPJ).
4.4.
Tratamiento procesal de la jurisdicción en procesos con elementos de extranjería.
Nos debemos plantear ahora que ocurre cuando estas reglas anteriores que da el legislador no se cumplen. ¿Qué pueden hacer las partes y el juez ante el incumplimiento de una norma procesal? Esto se conoce con el nombre de tratamiento procesal sobre la falta de algún requisito procesal en el proceso. Son los mecanismos que la ley prevé para que el juez o las partes pongan de manifiesto el incumplimiento de una norma procesal.
Vamos a ver los criterios anteriores con mas detalle: 1) Jurisdicción en procesos con elementos de extranjería: normas de derecho publico internacional consuetudinarios como la inmunidad de jurisdicción entre estados porque un estado no puede juzgar a otro estado o al jefe de estado o monarca de otro jefe. No hay leyes al respecto sino que es derecho común o general, consuetudinario.
Otra norma común son los convenios de Viena de 1961 y 1963 que regulan la inmunidad diplomática y inmunidad consular respectivamente. Se trata de una norma internacional y el estado la ratifica, esta se aplica con preferencia a las normas internas. Por el contrario, cuando no hay norma internacional al respecto, solo se aplica la norma interna estatal que es unilateral (solo se aplica al estado español, no vinculan al resto de estados). En cambio cuando hay un convenio estas normas son multilaterales porque vinculan a distintos estados. Los distintos estados están en un plano de igualdad (se parece a un reparto territorial) aunque se deben establecer una jerarquía de reglas porque un asunto puede estar vinculado con varios estados.
Por ello hay que acudir a los reglamentos y convenios que digan quien es competente. Por el contrario, en España, basta con que se de uno de las reglas de las leyes españolas para que conozcan nuestros tribunales.
El Reglamento Bruselas 1 bis ha entrado en vigor en 2015 en materia civil y mercantil. Este reglamento establece con carácter general el domicilio del demandado y que en materia contractual se puede llegar al demandado en el tribunal del lugar del cumplimiento de la obligación. Si el demandado es francés y debe ir a un tribunal francés pero comparece ante un tribunal español y no se opone a que conozca el tribunal español, hay una actuación de acción declinatoria entonces por lo que hay una sumisión tacita del tribunal español al tribunal francés en primacía ante los demás tribunales. Pero si el demandado no comparece no hay ningún punto de conexión que le permita conocer a España y por tanto ese deberá abstenerse de conocer.
Para solucionar estos supuestos, debemos acudir al Art. 22 LOPJ que regula la jurisdicción en procesos con elementos de extranjería en los tribunales españoles de la rama civil, es decir cuando los tribunales españoles conocen de los litigios civiles con elementos de extrajera en los siguientes casos: • Cuando el demandado resida en España • Cuando haya una sumisión expresa o tacita a favor de los tribunales españoles • En materia contractual cuando España sea el lugar de cumplimiento de la obligación o el lugar de celebración del contrato Basta con que se de uno de estos criterios para que los tribunales españoles puedan conocer del asunto. De acuerdo con el Derecho Internacional, hay libertad de los estados para establecer sus propias reglas pero para conocer del asunto ha de haber cierto punto de conexión entre los tribunales del estado y el asunto del que se trate. Aunque el estado es libre para establecer cual es ese punto de conexión.
25 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 En la ley anterior a la LO 2/1987 era el hecho de presentar la demanda en España aunque ahora la ley establece otras reglas en la rama civil regulados en el Art 21 LOPJ: • Los juzgados y tribunales españoles conocerán de los asuntos que se produzcan en territorio español entre españoles y extranjeros • Hay reglas de inmunidad De acuerdo con el Art. 22 LOPJ conocerán los tribunales españoles en materia civil de los siguientes casos con carácter exclusivo (lo que es absurdo en una norma interna porque la norma ya es de por si unilateral pero se llama así porque el articulo repite el Reglamento Bruselas BIS 1): • En materia de derecho reales y inmuebles que estén en España • En sociedades o personas jurídicas domiciliadas en España • En inscripciones registrales cuando el registro este en España • Cuando se de sumisión tácita (manifestación de voluntad que se extrae de la conducta de las partes y el demando se somete cuando comparece y hace cualquier gestión distinta a interponer declinatoria), expresa (acuerdo de voluntad de las partes en un contrato) • Cuando el domicilio del demandado este en España En las materias excluidas del reglamento se dan estas reglas de la LOPJ. Finalmente, cuando no se aplican ninguna de estas reglas generales de materia civil o mercantil, también hay las reglas especiales también pueden conocer los tribunales españoles que por ejemplo son: • En materia de consumo • En materia contractual cuando estas hayan nacido o deban cumplirse en España • En materia de incapacitación y hay la residencia habitual en España • En materia de obligaciones extracontractuales cuando el daño haya ocurrido en territorio español o el autor del daño o la victima tengan residencia habitual en España • Si los bienes muebles se encuentran en territorio español en el momento de la demanda • En materia de sucesiones… En derecho procesal interno cuando hay normas generales y especiales hay una norma básica: la norma especial prevalece sobre la norma general excepto en este caso del Art. 22 LOPJ porque se copio mal el reglamento, por ello las normas especiales son alternativas a las generales, es decir que tienen el mismo valor. Esto solo en materia de jurisdicción con elementos de extranjería.
Decide el actor sobre ellas pero las generales son de aplicación amplia y las especiales son de aplicación estricta.
Las normas generales son de interpretación amplia y las especiales, que prevalecen sobre las especiales, de aplicación estricta. Excepto en normas de procedimientos de extranjería. En el Reglamento están normas exclusivas: sumisión tácita, sumisión expresa y domicilio del demandado. Tiene además unas reglas particulares para las que se aplican unas normas que el propio reglamento prevé: consumo, seguros y contratos individuales de trabajo.
4.5.
La jurisdicción por razón del objeto o la materia.
El Art. 9 LOPJ es un articulo muy genérico que se refiere a que los asuntos civiles conoce la rama civil, los asuntos laboral la rama laboral, los penales la rama penal. El apartado 2 establece que la rama civil conoce además de la rama civil y la mercantil todos los que no se conozcan en las demás ramas. De ello deducimos que se trata de una rama aparente. Por tanto, en caso de dudas sobre calificación, si son dudas insalvables, conocerá la rama civil porque tiene un carácter atrayente. En cambio, diremos que la rama penal es preferente. (Art. 9.3 LOPJ). Pero el Art.10 LOPJ prevé que los órganos de una rama puedan conocer de asuntos prejudiciales que sean propios de otra rama pero solo a efectos prejudiciales. Excepto si se trata de una cuestión prejudicial penal en cuyo caso la debe resolver un órgano de la rama penal, los tribunales penales. Por ello decimos que la rama 26 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 penal es preferente, porque en los temas penales ni que sean prejudiciales es preferente la rama penal.
Ejemplo: un juez tiene que decidir un tema civil y se aportan una serie de pruebas, documentos para argumentar aquello que se pretende. En medio del proceso civil se alega la falsedad del documento civil o que el testigo a cometido falso testimonio. Estas cuestiones deben ser resueltas antes que el tema principal dado que se dicta sentencia teniendo por cierto las pruebas presentadas.
Este tema debe ser resuelto por un órgano jurisdiccional penal porque la rama penal es la preferente en este caso. En este caso, se suspende el tema civil hasta que no se resuelva el tema penal.
Además, hay una serie de reglas sobre prejudicialidad en los Arts. 40 a 43 LEC. El Art. 44 LOPJ habla de que la rama penal es preferente (en sede de conflictos de competencia positivos o negativos) si hay conflicto en quien debe plantear el supuesto prejudicial, será preferente el órgano penal. Si conocen los órganos de una rama que no le corresponde el caso seria nulo. Lo actuado sin jurisdicción seria nulo.
El Art. 9.6 LOPJ establece que la jurisdicción es improrrogable, no caben pactos, no cabe ir al que no toca. Los órganos jurisdiccionales examinaran de oficio sobre su jurisdicción y resolverá sobre la misma oyendo a las partes y al fiscal y dictara una resolución fundada en forma de acto, indicando cual será la jurisdicción que debe conocer de la parte.
Conflictos de competencia jurisdiccional • Conflicto positivo de competencia • Conflicto negativo de competencias (Art 50.1 LOPJ): ante este supuesto la parte puede ante el juez que en segundo lugar ha renunciado a conocer, plantear el recurso por defecto de jurisdicción. Una vez firme la resolución en que el segundo órgano dice que no. El conflicto negativo requiere que se plantee dicho recurso. Se remite el conflicto a la sala de conflictos de competencia formada por el presidente del TS y por un magistrado de cada rama en conflicto.
La decisión de dicha sala no es recurrible y deciden sobre a que rama le corresponde conocer del asunto. Lo mismo ocurre si es positivo.
Las reglas de competencia vertical (Art. 238 LOPJ) • Las reglas de competencia objetiva: hay normas de varios tipos en lo civil: norma general y norma especial. En lo civil prevalece la norma especial por encima de la general.
o Normas especiales (por razón de la materia): civil o mercantil (Art. 56.2 LOPJ). El Art.
82 bis LOPJ (se refiere al juzgado de lo mercantil) y ter y Art 87 bis y ter sobre reglas de competencia objetiva.
o Normas generales (por razón de la cuantía): hasta 90€ conoce el juez de paz, si se superan los 90€ corresponde al juez primera instancia aunque hay excepciones que establezca la ley.
Ejemplo Se acumulan en una misma demanda dos peticiones de tutela: una dirigida a la responsabilidad de una sociedad y la otra dirigida al administrador social de la sociedad. La primera demanda corresponde a los juzgados de primera instancia porque hay norma que dicte lo contrario aunque la segunda demanda de responsabilidad civil frente al administrador esta al amparo de las sociedades civiles y por tanto corresponde al juzgado de lo mercantil ¿Es posible esta acumulación de acciones cuando la competencia es de órganos distintos? Una postura dice que no y por tanto hay que ir ante dos juzgados distintos, uno para cada asunto. Otras opiniones son que han entendido que cabe la acumulación y conoce el juzgado de lo mercantil y otra postura es que cabe la acumulación y conoce la primera instancia.
El TS considera que cabe la acumulación y conoce el juzgado de lo mercantil dado que la acción principal se dirige a la sociedad y el administrador responde o no a la sociedad. A medida que el legislador crea órganos nuevos que pueden conocer de primera instancia, se generan conflictos de competencia.
27 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 Ahora en el Art. 55 bis LOPJ hay una competencia por razón del sujeto. La sala civil de TS conoce de la tramitación y enjuiciamiento dirigidas contra la reina del consorte dado que la reina no es inmueble. Este articulo atribuye una norma de aforamiento.
Cuando en una misma circunscripción haya varios órganos de la misma clase, el Art. 98 LOPJ, puede decidir que uno o varios de ellos se dediquen a unas cuestiones especificas aunque sean juzgados de primera instancia todos ellos.
Ello ocurre por ejemplo en Barcelona. Se trata de una especialización de juzgados. Hay una norma de tratamiento procesal al respecto: estos jugados extienden su competencia exclusivamente cuando se den estos asuntos debiendo inhibirse a favor de los demás tribunales cuando la materia verse sobre otros asuntos. Cuando hay especialización el juzgado solo puede conocer asuntos de esa materia especifica, de lo contrario debe inhibirse y dar paso a otros juzgados. Entre estos juzgados también pueden darse conflictos de competencia con otros de primera instancia que la resuelve el tribunal superior común.
• Las reglas de competencia funcional: son normas que derivan de la previa aplicación de las reglas anteriores. Por tanto, en este caos ya se han aplicado todas las demás reglas y posiblemente ya haya conocido un órgano. Estas reglas no tienen porque darse siempre sino que se dan cuando se dan determinados incidentes o circunstancias que se dan durante el proceso y que deben resolverse con carácter previo como por ejemplo si durante el proceso muere el actor.
Son reglas que dependen de la aplicación de las previas a nivel practica. Son verticales porque son las ultimas. Hay normas de competencia funcional de dos tipos: o Reglas por conexión (Art. 61 LEC) o Reglas en materia de recursos: se exige conocer la jerarquía según el recurso sea devolutivo o (no corresponde al mismo órgano que ha dictado la resolución van a su superior) no devolutivos (si corresponden al mismo órgano que lo dictó) En España desde 1984 cabe la ejecución provisional de una sentencia no firme para evitar recursos dilatorios. Sentencias dictadas tanto en primera instancia como en segundo (Art. 524 LEC). De esta ejecución se encarga el juez que haya conocido de primera instancia aunque se ejecute la sentencia recurrida en segunda instancia (Art. 541.1 LEC).
Normas horizontales que distribuyen asuntos entre órganos de la misma clase • Como hay muchos de la misma clase hay que atender a los criterios territoriales: Tradicionalmente se podía acudir a cualquier juzgado mientras fuera del mismo rango, pero a partir de 1992 y de la Ley 1/2000 se van introduciendo limitaciones al carácter dispositivo de la territorialidad. El legislador ha creado entonces unas normas imperativas o inderogables de territorialidad. Aunque lo actuado sin competencia territorial no es nulo a diferencia de lo actuado sin jurisdicción sin competencia objetiva o funcional. Hay que diferenciar pues entre normas imperativas y las dispositivas. El carácter dispositivo de la competencia territorial se ve de forma clara en el Art. 54 LEC según el cual el legislador establece reglas pero permite que se modifiquen las partes que en esencia son dos: la sumisión expresa i la sumisión tacita (prevalece la tacita a la expresa). Las normas generales solo se aplicaran en defecto de sumisión. La sumisión expresa es un pacto escrito o previo inter partes y la tacita se da por determinadas actuaciones que se regulan en el Art. 56 LEC. El demandado que se persona y comparece y realiza cualquier cosa distinta a interponer declinatoria se somete tácitamente.
Las normas dispositivas se regula en el Art. 55 LEC. En el Art.51 LEC hay una norma de competencia general para las personas jurídicas. LEER TAMBIEN EL ART. 50 LEC.
A. Las reglas de competencia territorial Hay que diferenciar si esta es dispositiva o no dispositiva. Las dispositivas son cuando el legislador da unas reglas a las partes para que sepan a que lugar acudir aunque permiten a las partes que modifiquen dichas reglas a través de pactos tácitos o expresos(sumisión tácita o expresa). La táctica es una manifestación de voluntad, dela cuerdo. La expresa prevalece si no existe la táctica.
28 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 Luego hay las leyes generales en las que se diferencia entre persona física o jurídica. La regla general es que conocerá el tribunal del domicilio del demandado (Arts. 50 a 51 LEC IMPORTANTES). Las normas generales son las que se refieren a cualquier materia civil o mercantil en general, la regla es el domicilio del demandado aunque a veces el legislador para determinadas materias especificas da una norma especial. Que son pocas aunque se puede dictar en materia civil una norma de competencia territorial especial para materias civiles concretas. A nivel interno, la norma especial prevalece ante la norma general. Así mismo la sumisión tácita y expresa prevalecen ante la norma especial y prevalece la expresa ante la tácita.
Normas de competencia territorial imperativas son aquellas en las que no cabe la sumisión expresa o tácita. No caben los pactos, solo se aplicara la norma legal. La mayoría son normas especiales territoriales aplicables a materias civiles o mercantiles. Además el juez examinara de oficio su competencia territorial cuando la competencia sea imperativa. En cambio, cuando la competencia es dispositiva el juez no examina su competencia de oficio porque impediría la sumisión tacita del demandando. En cambio, cuando la competencia es imperativa y el legislador no permite los pactos, el juez lo hace de oficio. (Art. 54 LEC). “Según este articulo, las normas legales de competencia territorial solo se aplicaran en defecto de sumisión expresa o tácita de las partes a los tribunales de una determinada circunscripción Se exceptúa las reglas establecidas en los números 1,4 hasta el 15 del apartado primero y segundo del Art. 52 LEC.” El legislador en 2000 considera que no se da por valida la sumisión tácita según el tipo de proceso a seguir. En los verbales, la competencia territorial es imperativa de acuerdo con el Art. 54.1 LEC.
No será valida la sumisión expresa contenido en un contrato de adhesión de forma abusiva. El legislador impone la ley y no admite la sumisión expresa ni tácita en los juicios verbales.
Son reglas especiales imperativas de competencia territorial en que no caben la sumisión expresa ni táctica en el Art. 52.1 LEC (en los Art. 50 i 51 hay la norma general. Cuando se aplica el Art. 52 no se aplican las normas generales del domicilio del demandando de los articulos anteriores).
Aunque hay dos supuestos de normas especiales de carácter dispositivo (Art. 52.1 y 2 LEC) respecto las demandas de administradores de bienes ajenos, será competente el juzgado del lugar en el que deban presentarse esas cuentas. Cuando este lugar no estuviera determinado, entonces la demanda se presenta en el domicilio del demandante o propietario de los bienes.
En cuanto tratamiento procesal de esta materia es diferente según sea una norma territorial imperativa o dispositiva. En principio porque si es imperativa el juez puede examinar de oficio su competencia territorial inmediatamente después de presentada la demanda, pero cuando es dispositiva no lo puede hacer el juez de oficio porque se admite la sumisión táctica. Entonces solo podrá denegar el demandante con una acción declinatoria.
4.6.
Tratamiento procesal de la jurisdicción por razón del objeto.
¿Qué pasa cuando se incumplen las reglas? ¿qué pueden hacer las partes y/o el juez? ¿qué mecanismos tienen para ellos y en que momento se plantean? Cuando la norma nos lleve a muchos juzgados de primera clase, a quien le corresponde el asunto? Cuando hay pluralidad de tribunales en un mismo territorio se aplican las reglas del reparto de asuntos, normas que no las establece el legislador, pero si que prevé el reparto pero no dice como se hace el reparto. Las normas de reparto las crea y decide un órgano gubernativo (la sala de gobierno del Tribunal superior de Justicia). El reparto debe ser equitativo entre los distintos órganos y además ha de permitir un reparto publico. Quien se encarga de hacerlas cumplir es el Juez decano. Entre los jueces se escoge al juez decano que a veces solo tiene funciones administrativas y resuelve problemas en materia de reparto de asuntos y también se dedica a controlar que se cumplan las leyes. También puede adoptar medidas urgentes (Art. 167 y 168 LEC y Arts. 68 a 70 LEC) que son normas gubernativas no legales por lo que si se incumplen las normas de reparto, hay que hacer un recurso administrativo ante el juez decano porque es una infracción administrativa (al no ser una norma con rango de ley). En el Art. 57 LEC se establece que cuando la competencia es dispositiva, la sumisión puede decidir que juzgado conocerá del asunto cuando en una circunscripción hay varios.
29 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 Las reglas de tratamiento procesal, es ¿que pasa cuando no se cumplen dichas reglas? • El tratamiento procesal de la falta de jurisdicción sea en elementos de extranjería o por razón de falta de objeto o de la materia: antes del año 2000 no había normas específicas y se aplicaban analógicamente las normas por falta de jurisdicción para los casos con elementos de extranjería. Ahora la ley si contiene reglas expresas sobre tratamiento procesal ante la falta de jurisdicción en casos con elementos de extranjerías. El Reglamento Bruselas tiene normas de tratamiento procesal que son las mismas que ha establecido el legislador español o Falta de competencia internacional (Art. 36 LEC): los tribunales deben abstenerse de conocer de oficio cuando se den las circunstancias siguientes: § Cuando se les formula una demanda o se les solicita ejecución respecto de sujetos que gocen de inmunidad.
§ Cuando en virtud de tratado o reglamento ratificado, el asunto se encuentra atribuido con carácter exclusivo a la jurisdicción de otro estado como por ejemplo en el lugar donde radique un inmueble objeto de litigio.
§ Cuando no comparezca el demandando emplazado en debida forma en los casos en que la competencia internacional de los tribunales españoles únicamente pudiera fundarse en las partes. Si no hay punto de conexión y el único que hay es la sumisión tácita, si ben que el demandado no comparezca, se abstiene de conocer.
El Art. 39 LEC establece que el demandado podrá establecer la acción negatoria para alegar la falta de jurisdicción en competencia internacional del juzgado español. El demandado que interpone declinatoria no se somete sino que alega la falta de competencia del juzgado español. Es el único medio que tiene para no someterse de forma tácita al juzgado pero compareciendo es interponiendo la declinatoria. Para alegar la falta de competencia de cualquier clase. Es un mecanismo único con un tiempo preciso para su interposición. También se interpone declinatoria cuando las partes pactan en un contrato la sumisión a arbitraje mediante un convenio arbitral, es decir que las partes pueden excluir la jurisdicción para solventar un conflicto.
Cuando el problema es de falta de jurisdicción por razón del objeto y de la materia (Art. 37 LEC) nos dice que ha de hacer el tribunal en estos casos, aunque también hay que acudir al ART. 9.6 LOPJ. Cuando el juzgado considere que no debe conocer, se abstendrá alegando su falta de jurisdicción en una resolución con forma de auto e indicara la rama que deba conocer. La jurisdicción es improrrogable.
Si el problema se da con un órgano de otra rama se da un conflicto de competencia, pero si el problema se da con la jurisdicción militar y la civil se da un conflicto de jurisdicción, lo mismo ocurre si es entre la jurisdicción civil y la Administración también será un conflicto de jurisdicción.
Los primeros lo resuelve el tribunal de conflictos de jurisdicción y lo segundo la sala de conflictos de la jurisdicción.
El Art. 50 LOPJ establece que se plantean recursos por defecto de jurisdicción y resuelve la sala de resolución de conflictos de competencia del TS.
El Art. 38 LEC establece que la abstención (remite a los Art. 36 y 37 LEC). El Art. 39 LEC establece que el demandando puede declarar mediante declinatoria la falta de jurisdicción, la falta de competencia o si hay un pacto de mediación o de arbitraje.
Art. 238 y 240 LOPJ i Art 225 LEC establecen los actos nulos de pleno derecho : lo actuado sin jurisdicción o sin competencia objetiva o funcional. También por el Art. 48 LEC. El momento es inmediatamente después de recibir la demanda (en los casos imperativos) se abstiene el juez de conocer de oficio e indica a que juzgado se debe acudir. Si en primera instancia el juez no lo advierte y el demandando no ha puesto declinatoria pero los órganos superiores lo advierten vía recurso, declaran la nulidad de lo actuado y les establece a las partes que deben presentar el asunto ante otro juzgado.
30 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 El Art. 46 LEC introduce una norma de tratamiento procesal en materia de especialización de juzgados: cuando un juzgado de primera instancia tenga conocimiento especifico de unos asuntos específicos (Art. 48 LOPJ) tendrá exclusiva competencia sobre estos asuntos debiendo inhibirse de oficio a favor de los demás tribunales competente cuando el proceso verse sobre materias diferentes.
Una cuestión de competencia se plantea entre dos jueces de la misma rama de distinto territorio de distinta clase cuando los dos quieren conocer o ninguno. En este caso resuelve el superior jerárquico a los dos (Arts. 51 y 52 LOPJ).
Cuando entre los órganos en discusión haya posición jerárquica entre ellos el que es superior impone su decisión ante el inferior. Esto no suele darse en Derecho civil.
Respecto la competencia objetiva hay el Art. 49 bis LEC que regula los problemas a la practica entre un juzgado de primera instancia y un juzgado sobre la mujer que deben conocer sobre asuntos de familia cuando a la vez se de un acto de violencia de genero. Son temas que corresponden al juez de primera instancia o al de familia si la hay. Pero si hay elementos de violencia sobre la mujer los resuelve este juzgado especifico. Conoce el juez civil y mientras conoce se entera de que hay abierto un proceso penal en materia de violencia de genero. En este momento si se dan las circunstancias del Art. 87.3 TER LEC: Que una de las partes del proceso civil sea el agresor o la victima, se inhibirá del litigio y se lo remitirá a los juzgados de violencia sobre la mujer que sea correspondiente salvo que se haya iniciado la fase de juicio oral.
El apartado dos de este precepto (49 bis) establece el caso de que mientras se tramita el proceso de separación el marido agrede a la mujer pero todavía no se ha iniciado un proceso penal. En este caos el juez civil dará noticia del tema al fiscal, convocara las partes con el fiscal a una comparecencia a os efectos que se decida. Si el fiscal decide presentar denuncia e iniciar actuaciones penales, entonces será el juez penal quien debe requiere al juez civil que deje de conocer y le remita los autos. En el apartado tercero del art. 49 bis establece la inhibición del juez civil en los procesos simultáneos y remitir los autos al órgano correspondiente. En este caos es el juez penal quien se entera de que hay un proco civil en curso y que le dice al jue civil que se inhiba y que le remita los autos. No se puede interponer en esta materia declinatoria. En este caos si las partes no quieren que el juez conozca deben presentarle al juez civil que se ha iniciado un proceso penal en cuyo caso el juez civil se inhibe a no ser de que se haya iniciado el juicio oral.
Son 3 casos: en el caso 1 hay dos procesos uno civil y uno penal en el caso 2 hay un proceso civil pero se producen actuaciones penales y en el caso 3 hay dos procesos simultáneos uno civil y uno penal.
ESQUEMA PROCESOS CIVILES Dentro de los proceso civiles hay dos procesos: el juicio ordinario y el juicio verbal por razón de la materia que empiezan mediante un escrito de demanda de la parte activa o actor.
• Juicio ordinario: demanda. Una vez recibida la demanda, el juzgado debe analizarla (lo hace el secretario judicial) y se toma la decisión sobre su admisión. Y se emplaza al demandado (se le comunica la demanda al demandado y se le da un plazo de 20 días para que comparezca y conteste a la demanda). Una vez el demandado contesta a la demanda y se defiende puede incluso contraatacar e interponer las acciones que el tendrá frente al actor inicial (reconvención).
Tras la contestación a la demanda el acto siguiente es un acto oral que se llama AUDIENCIA PREVIA DEL JUICIO ORDINARIO (IMPORTANTE) es un acto oral (concentración e inmediación ante el juez). En esta audiencia el juez intenta que las partes lleguen a un acuerdo y si llegan al acuerdo el proceso termina aquí. Pero si no se consigue el acuerdo se fijaran los hechos controvertidos. El actor tiene que argumentar de forma clara y ordenada lo que quiero para que el demandado pueda contestar de forma ordenada y clara.
Se intenta aquí fijar los hechos controvertidos porque sobre los hechos que estén de acuerdo las partes no hay que hacer prueba solo habrá que probar los hechos en los que las partes no estén de acuerdo. Se discuten aquí todos los hechos de carácter procesal que son aquellas que si se 31 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 dan pueden impedir que se dicte sentencia de forma porque no hay derecho al proceso en cuyo caos no hay que seguir adelante. Si se puede subsanar, se da plazo para que se subsane y el proceso continua pero si no se puede subsanar el proceso termina. IRREGULAR CONSTITUCIÓN DE LA LITIS O FALTA DEL DEBIDO LITISCONSORCIO se da cuando faltan las partes. Mediante esta resolución se subsana el defecto y se llama al proceso al otro cotitular y se continua el proceso porque se podría provocar indefensión pero si no se puede subsanar se termina el proceso. Se pueden incluir hacer alegaciones complementarias.
En la audiencia previa, una vez sanado el proceso en su caso y pudiendo continuar se realiza la PROPOSICIÓN DE PRUEBA. Se proponen los hechos controvertidos sobre los que se puede realizar prueba y el juez admitirá dichos medios de prueba.
Otro acto oral concentrado es el ACTO DE JUICIO que es el acto que según el TS ART. 49 BIS dice que si ya se entra en el juicio oral ya no se da a otro jugado. En este momento se da la declaración del testigo, se practica la prueba admitida de las partes y una vez practicada se van a concluir en las CONCLUSIONES que consisten en valorar la prueba practicada por cada una de las partes, más las pruebas de hechos. Las conclusiones en los INFORMES son una valoración jurídica quedando probados los hechos (valoración jurídica). Aquí ya finaliza el juicio ordinario y el juez tiene facultades suficientes para dictar SENTENCIA.
• Juicio verbal: demanda con características distintas. Se va por razones de menor entidad sobre todo de la cuantía porque es hasta los 6.000€ por ello la demanda es mas simple: se requiere los sujetos, el objeto (petitum) y la causa de pedir, la fundamentación que normalmente se basa en hechos que posteriormente habrá que probar. Es decir que basta una demanda sucinta, breve y simple que en la demanda del juicio ordinario.
Tras la demanda que se va a decidir sobre su admisión o no por el secretario judicial. Si el secretario tiene problemas de admisión debe acudir al juez dado que no puede inadmitir una demanda porque se produciría indefensión (en los dos casos). Tras la admisión de la demanda se cita a las partes para que acudan un día concreto al ACTO DE VISTA. Es un acto oral, concentrado con inmediación se hace todo lo que en el juicio ordinario se hace en la audiencia y en el juicio. Es decir que se va a fundamentar la demanda, el demandado se opone a la misma.
Acto seguido se fijan los hechos controvertidos y se van a subsanan los actos procesales. Si los hay y son insubsanables la vista acaba pero si se subsanan o no hay la vista sigue. Fijando los hechos controvertidos y intentado que las partes lleguen a una cuerdo, si no se logra, se propone la prueba y se practica la misma en el mismo acto. Tras la practica de las prueba se realizan las conclusiones sobre la misma por las dos partes, el juez da por finalizada la vista y dictará la sentencia. Este juicio es mucho mas rápido, e inseguro.
LECCIÓN 5ª: LA COMPETENCIA VERTICAL 5.1.
5.2.
5.3.
La competencia objetiva por razón de la materia y por razón de la cuantía.
Tratamiento procesal de la competencia objetiva.
La competencia funcional y su tratamiento procesal.
Sobre tratamiento procesal de la competencia funcional la ley no dice nada solo dice que la declinatoria servirá para alegar cualquier falta de competencia aunque lo cierto es que la declinatorio no es útil dad que en el momento procesal en que hay que interponerla no sirven.
Entonces en este caso al ser de orden Publio (Art. 240 LOPJ) mediante recurso de la jurisdicción de que se trate. Se introduce un articulo concreto en materia de recursos (Art. 62 LEC) que sobre todo es en recursos devolutivos que se refiere a la apreciación de oficio de la competencia para conocer de los recursos: no son validos los recursos que se presenten ante un juzgado que carezca de competencia funcional para conocer de los mismos. Los recursos se presentan ante el tribunal ad quo. Este art. 62 establece que será valido el recurso presentado ante el tribunal ad quo para que lo remita al tribunal ad quem (su superior jerárquico).
32 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 No obstante, si se admite el recurso y lo remite al ad quem, el tribunal al que se haya dirigido entiende que no tiene competencia funcional para conocer del mismo, dictara auto absteniéndose de conocer y dictara plazo para las apartes en 5 días para subsanar dichos errores al interponer el recurso. Para interponer cualquier recurso devolutivo hay un plazo de 20 días.
Aunque te dan 5 días más para presentar el recurso al órgano que le corresponda.
LECCIÓN 6ª: LA COMPETENCIA HORIZONTAL 6.1.
La competencia territorial.
El tratamiento procesal sobre la competencia territorial. La competencia territorial puede ser dispositiva o imperativa. Cuando es imperativa el juez debe de oficio abstenerse de conocer si carece de dicha competencia y o hará inmediatamente después de presentada la demanda. Dara cuenta a juez para que establezca lo que proceda dictando auto al juez competente porque no es nulo lo actuado sin competencia territorial. Cuando es electiva a decisión del actor, antes de remitir a uno u a otro le pide al actor que decida a que juzgado lo quiere remitir el actor. (Art. 58 LEC).
Cuando la competencia es dispositiva no es necesario que el juez actué de oficio porque impediría la sumisión del demandado. Por ello solo hace falta que el demandado alegue la falta de competencia territorial del juez mediante acción declinatoria (Art. 59 LEC) Los Art. 404, 416, 443 LOPJ y 240 y 281.1 y ss (falta de competencia vertical) establecen que la falta de jurisdicción deben hacerse mediante acción declinatoria. Es el único problema procesal que no se resuelve en la audiencia previa. Lo deben hacer antes. En el juicio ordinario debe ser antes de la audiencia y en la vista oral antes de la vista porque suspenden el proceso. El resto se resuelven en la audiencia o vista oral excepto la falta de jurisdicción o la falta de competencia. El tribunal de oficio si que podría darse cuenta del problema en medio de la audiencia o de la vista pero como es un tema de orden publico nunca lo hace mediante declinatoria o a instancia de parte.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
Reglas imperativas de competencia territorial y su tratamiento procesal.
Reglas no imperativas de competencia territorial: generales y especiales.
La sumisión tácita.
La sumisión expresa 6.6.
Tratamiento procesal de la competencia territorial dispositiva: la declinatoria.
El ART. 63.2 establece que la declinatoria se puede enviar al domicilio del demandado para que se remita al juez que tiene conocimiento por oficio al día siguiente de su presentación dado que el juez debe decidir sobre la declinatoria. Antes de la ley 1/2000 para los problemas de tramitación procesal había dos mecanismos: • La declinatoria idéntica o muy parecida a la declinatoria actual. Esta se interponía y se interpone ante el juez que se conoce y se considera incompetente o sin jurisdicción.
• La inhibitoria era una figura consiste ene alegar la falta de competencia territorial del juez elegido por el actor pero se alegaba ante el juez que se considerada competente y no conocía. A los efectos de que el juez requiera de inhibición al juez que conocía del asunto. Se producía en este caso ante una cuestión positiva de competencia cuando los dos querían conocer del asunto que resolvía el órgano superior jerárquico común.
Hoy en día la inhibitoria se ha suprimido y por ello permite que se plantee declinatoria al juez del dominio del demandando para facilidad de presentación del asunto. Este juez remitirá la declinatoria al juez que conoce. Ello es innecesario teniendo en cuenta que hay medios telemáticos que facilitan la presentación del escrito.
33 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 El art 65 que se refiere al momento de interposición de declinatoria y sus efectos, se establece en los 10 primeros días del plazo para contestar a la demanda. O bien en los 5 días posteriores a la citación para la vista. Ello significa que si estamos en medio del juicio ordinario y se le dan 20 días al demandado para contestar, el demandando debe contesta con los 10 primeros días de los 20 que tiene el plazo. Pero si estamos en el juicio verbal y se cita a las partes para la vista, en los 5 días siguientes a dicha citación se debe interponer la declinatoria. El efecto de la delintaría es siempre suspensivo porque el proceso se suspende hasta que la declinatoria se resuelve, sin perjuicio de que se apliquen medidas cautelares.
Se presenta mediante un escrito en que se alegara la falta de jurisdicción y de competencia y se acompañara con los documentos o principios de prueba en que se funden. Hay un plazo de 5 días para el actor para alegar lo que consideran oportuno y aportar documentos que consideren oportunos. Es un incidente previo que hay que resolver antes de conocer del asunto. Finalmente el tribunal decide la cuestión dentro del 5 día.
De acuerdo con el art. 63 cuando el que interponga la declinatoria lo haga por falta de competencia territorial del juez que conoce, debe a su indicar cual es el juez territorialmente competente al que pide que se le remitan las actuaciones. A continuación el art. 65 establece que si la falta de competencia es por competencia territorial, cuando el actor impugne la declinatoria puede oponerse no solo a la declinatoria sino que el juez designado tampoco es competente territorialmente. Para que se estime la declinatoria por falta de competencia territorial, el juez competente debe considerar que el juez designado por quien la interpuso es competente, de lo contrario no estimara la declinatoria.
El juez les indicara a las partes a que rama deben acudir en el caso de falta de competencia jurisdiccional, ART 9.6 LOPJ lo mismo hará cuando la declinatoria sea por falta de competencia objetiva del juez. Deberá indicar a quien le corresponde conocer del asunto.
Cuando el juez se abstiene de conocer, el proceso no acaba sino que se remiten los autor al juez competente que en principio será quien ha indicado el actor. (Art. 65) De acuerdo con el ART. 66 establece que el juez puede estimar o desestimar la declinatoria. Si se estima, el proceso finaliza mediante un acto definitivo que implica que el proceso inicial ha finalizado. Ante el cabe recurso de apelación. En cambio cuando el juez rechace o desestima la declinatoria dictara auto que no es definitivo porque no impide la continuación del proceso y que por tanto contra el cabe un recurso de reposición. Contra el auto por el que se rechaza la jurisdicción solo cabra recurso de reposición sin perjuicio de alegar lo mismo en la apelación de la sentencia definitiva en segunda instancia. No se dará recurso alguno cuando haya remisión de autos.
En el caso de que se genere una cuestión de competencia negativa en sede de competencia territorial (Art. 60). Como el único mecanismo es la declinatoria, y si esta es imperativa lo realiza el juez de oficio, si el juez que recibe los autor decide que el tampoco es competente, se da una cuestión negativa. El juez que recibe los autos solo los puede rechazar cuando se den las circunstancias del Art. 60. Dicha cuestión la resuelve el superior jerárquico común (Art. 52 -53 LOPJ). Si la decisión de inhibición por un tribunal se adopta en virtud de declinatoria porque se estima o con audiencia de todas las partes, oye a todas las partes personadas, el tribunal al que se remitan las actuaciones estará decidido y no podrá declarar de oficio su falta de competencia territorial tanto si esta es dispositiva como imperativa. Si la decisión de inhibición por falta de competencia territorial no se hubiere adoptado con audiencia de todas las partes, el tribunal al que se remitan los autos podrá determinar de oficio su falta de competencia territorial siempre que sea competencia imperativa. Esta situación podría suceder antes de que se haya presentado el demandado porque todavía no se ha emplazado la demanda inmediatamente después de presentada la declinatoria. Entonces el segundo juez puede rechazar el asunto y se da el conflicto negativo de competencias y resuelve el superior jerárquico común.
34 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 6.7.
Cuestiones de competencia y su resolución.
6.8.
Pluralidad de Tribunales en un mismo territorio: el reparto de asuntos.
Capítulo Segundo: Las partes LECCIÓN 7ª: LAS PARTES 7.1.
Concepto de parte.
A veces hablamos del concepto de parte material y el concepto de parte procesal. Cuando es material se refiere a quienes son parte que es la base del proceso. Las partes materiales contractuales cuando hay un conflicto pueden coincidir con las partes del proceso. Sin embargo en el proceso actúan mas partes como por ejemplo el representante de la parte, el sucesor de la parte (cuando esta fallece). En otras ocasiones en el proceso actúa alguien que no es parte de la relación jurídica material pero que el derecho le permitir la facultad de ejercitar un derecho que no es propio: la acción del substituto en la acción su rogatoria que permite que a un tercero puede ejercitar sus acciones cuando el acreedor no las ejercita. Por tanto no hay una absoluta coincidencia entre las partes materiales y las procesales.
Las partes procesales son la parte activa o el actor y la pasiva o el demandado. Hay supuestos en que existen una pluralidad de las partes (litisconsorcio que será activo cuando haya varios actores o será pasivo cuando haya varios demandadnos, aunque también puede ser mixto cuando en ambas posiciones haya mas de un sujeto). Finalmente hay la intervención de terceros porque quien no es parte se le puede permitir entrar en el proceso como tercero interviniente en el cuando quiere coadyuvar a alguna de las partes. Normalmente se habla de litisconsorcio cuando la pluralidad es inicial, mientras que la intervención puede ser con posterioridad. En cambio hay supuestos en que el tercero no se vera afectado en su derecho la sentencia como cosa juzgada aunque si le puede afectar en un interés legitimo, en estos casos el tercero que justifica su interés legitimo es aceptado.
7.2.
Capacidad para ser parte.
A. Los presupuestos procesales de las partes Hay dos instituciones que se deben dar en la parte: • Capacidad para ser parte o personalidad procesal: se equipara a la personalidad jurídica, a la personalidad. Es la aptitud para ser sujeto de los derechos y de las obligaciones que deriven del proceso. Por eso tienen capacidad para ser parte quien tenga personalidad jurídica. Tienen personalidad jurídica las personas físicas en las condiciones que establece el CC. En el caso de las personas jurídicas también tienen personalidad jurídica, por lo que también son capacidad para ser parte. La ley se refiere a dicha capacidad en el Art. 6.1 LEC. La tienen: o Las personas físicas o El nasciturus para todos los efectos que le sean favorables (puede ser parte activa per no pasiva por lo que tiene una capacidad relativa.) o Las personas jurídicas o Las masas patrimoniales o los patrimonios separados que carezca de titular o cuyo titular haya sido privado de las facultades de gestión y disposición.
o Las entidades sin personalidad jurídica a las que la ley les faculta para se parte como la comunidad de propietarios en régimen de propiedad horizontal.
35 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 o o El ministerio fiscal cuando en procesos civiles debe ser parte (capacidad relativa porque es solo en algunos procesos).
Los grupos de consumidores y/o usuarios afectados por un hecho dañoso y sus miembros sean fácilmente determinables y tengan intereses comunes (cuando los miembros no son determinables o determinados son intereses difusos).
Pueden ser demandadnos (Art. 6.2 LEC) o Podrán ser demandadas las sociedades irregulares (entidades que no hayan cumplido los requisitos para ser personas jurídicas) o Comisiones creadas para un fin • Capacidad procesal o capacidad para comparecer en juicio: se equipara a la capacidad de obrar. El primer acto en un proceso es el acto de competencia. Dicho acto será valido o no según tengamos capacidad o no. Tiene capacidad de obrar las personas físicas y los menores de edad emancipados. Aparece también el representante de las personas jurídica (representante necesario).
El Art. 7LEC relacionado con el 8 LEC (ambos con el 6 LEC) establece que solo pueden participar en el proceso las perdonas físicas que tengan todas las condiciones civiles requeridas aunque también pueden participar en el proceso mediante representación, sistema, autorización, habilitación, defensor… para las masas patrimoniales o patrimonios separados comparecerán en juicio por medio de quienes las administren. Para las entidades con personalidad referidas previamente, comparecen en juicio las personas que de hecho o en atención a los pactos de los competentes del grupo actúen en su nombre frente a terceros. Cuando una persona física no tenga el pleno ejercicio de su derechos civiles (menor e incapaz) y no tenga nadie que la represente, el tribunal le normara mediante providencia un defensor judicial que asumirá su defensión y defensa hasta que se nombre a alguien. En el caso de que sea para el demandado quien actuaria seria el Ministerio Fiscal.
7.3.
Capacidad procesal.
Los problemas de capacidad procesal están relacionados con los problemas de representación en el juicio. Es posible que un sujeto actué en el proceso en tanto que representante voluntario de la parte. Son personas que tienen capacidad suficiente para ser parte pero voluntariamente piden un representante. Sea un represente legal, voluntario o necesario, hay que acreditar dicha representación. También hay la representación técnica o de postulación en la que la parte venga asistida por letrado y con un procurador (representante técnico de la parte) el que la representa ante los tribunales y es el que tiene la capacidad de postulación para acudir ante los tribunales.
Junto al representante voluntario, necesario y legal, aparece el representante técnico (procurador de los tribunales).
7.4.
Tratamiento procesal de la capacidad para ser parte y de la capacidad procesal.
A. Problemas que afectan a la personalidad El tratamiento procesal de los presupuestos procesales que afectan a la personalidad que se pueden dar tanto en la parte activa como en la pasiva aunque no todos los pueden alegar. Estos son: • La falta de capacidad para ser parte: el actor puede alegar respecto de si mismo la falta de capacidad para ser parte? No dado que iría contra sus propios actos, tampoco puede alegarlo contra el demandado, por tanto es el demandado quien puede alegar la falta de capacidad para ser parte del actor y también la suya propia dado que va a favor de sus propios actos.
• La falta de capacidad procesal: realizar actos validos en el proceso y comparecer propiamente en un juicio no la puede alegar el acto sobre si mismo dado que iría sobre sus propios actos, aunque si que puede alegarla sobre el demandado, de hecho hay que alegarla para ir a favor de sus propios actos por ejemplo si actúa contra un demandado o un incapaz dado que tienen representante. El demandado también puede alegar la falta de capacidad procesal del actor, pero no puede alegar su propia falta dado que es un problema que en principio le afecta a el.
36 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 Tanto la falta de capacidad para ser parte como la capacidad procesal se tienen o no se tienen por tanto no son subsanables.
• La acreditación de la representación: el actor no puede alegar la no acreditación de su propia representación pero si la puede alegar del demandado dado que ello le beneficia. El demandado por su parte si que puede alegar la falta de acreditación de la representación del acto pero no respecto de si mismo porque es un tema que debe resolver el respecto de si mismo. El procurador también tiene que aportar el poder para pleitos que es equivalente a la falta de acreditación de la representación técnica. El actor respecto de su propio procurador no lo puede alegar pero respecto del demandado si. Lo mismo ocurre del demandado que si lo puede alegar ante el actos pero no respecto a si mismo.
• No tener el carácter o representación con que se demanda o con que se es demandado: el no tener el carácter o representación con que demanda no lo puede alegar sobre si mismo porque en contra sus propios actos, por tanto tampoco lo puede alegar del demandado. Por el contrario el demandando lo puede alegar frente al actor y también sobre si mismo.
Todos estos problemas son de oficio. El Art. 9 LEC indica la actuación de oficio por parte del órgano jurisdiccional que se refiere solo a la falta de capacidad para ser parte y a la capacidad procesal aunque también se aplica a la falta de representación que puede ser aplicado en cualquier momento del proceso. De acuerdo con el Art. 274 LOPJ Hay que acompañar la demanda (del actor y del demandado) con unos documentos de carácter procesal. El Art. 231 LEC se refiere a la subsanabilidad de los defectos subsanables de las partes. Es decir que cuando el actor tenga defectos que sean subsanables se da oportunidad de subsanación, pero si la parte no lo hace, el tribunal archivara el proceso. Aunque cuando el defecto es subsanable y es el demandando quien no lo subsana entones el proceso continua pero con la rebeldía del demandado. Es decir que el tratamiento procesal cambia si afecta al actor en cuyo caso el proceso no sigue, pero si afecta al demandado y no lo subsana el proceso continua en rebeldía. El Art. 24.2 LEC se refiere a la acreditación de la representación técnica.
El poder a veces se otorga a favor de la propia sociedad dado que esta tiene capacidad procesal y para ser parte. A veces en vez de acompañar la demanda con documentos, se puede hacer también con un único documento, el poder del procurador para pleitos que en su contenido debe acreditar la representación y si no lo hace será ilegal e insuficiente al tener un vicio. Ante el procurador pueden pasar dos cosas: que no tenga pode ro que tenga poder pero este fuere insuficiente.
En la audiencia previa del ordinario o en la vista previa del verbal es el momento procesal e el que las partes pueden alegar estos problemas procesales que afectan a la personalidad, estos se resolverán en la misma audiencia previa del ordinario o en el acto de la vista en el juicio verbal. Si los alega el demandado lo hará al contestarla demanda y si lo hace el actor en la declinatoria. Si se trata de un proceso insubsanable el proceso acaba. Son insubsanables: la falta de capacidad para ser parte, el no tener carácter de representación con el que se demanda o se es demandando. Cuando sea un problema subsanable depende de si afecta al actor o demandado. Si afecta al actor y no lo subsanan se termina con el fin del proceso pero si se puede subsanar y el demandado no lo hace el proceso sigue pero estando el demandado en rebeldía (Art. 415,416 y 418 LEC en sede de ordinario + Art. 418 y 443 LEC en sede de oral). Cuando no sean subsanables o no se subsanen en el plazo correspondiente, se dicta auto y se finaliza el proceso salvo que ello afecte a la personación en juicio del demandado se le declara en rebeldía pero no finaliza el proceso.
Del Art. 23 al 30 LEC se refiere a la defensa técnica y representación procesal (al procurador). La comparecencia en juicio se hace por el representante voluntario o necesario + el técnico. El procurador tiene el poder de la acción pero en los juicios cuya cuantía sea inferior a los 2.000€ no es necesaria la actuación del procurador. Exactamente ocurre con el abogado, hasta 2.000€ no es necesario. Se exceptúa en los procesos monitorios. Estos consisten en procesos especiales hibrido dado que puede reconvertirse en un ejecutivo o en un proceso ordinario, que permitir reclamar deudas liquidas, vencidas y exigibles sin limite de cuantía pero cuando haya un documento que acredite la deuda pero que no sea titulo ejecutivo como por ejemplo una factura. Si el demandado comparece y se opone, este desaparece y se convierte en un juicio ordinario, si son menos o gasta 37 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 6.000€ se convierte en un juicio verbal. A partir de ese momento actúa el letrado o el procurador dependiendo de si se poden 2.000€ o no. El Art. 31 LEC respecto del letrado dice lo mismo.
Como se le otorga al procurador la capacidad? Mediante el poder para pleitos que se puede otorgar mediante un apoderamiento apud acta, es decir, acudiendo ante el secretario judicial del órgano que va a conocer del asunto, habilitándole para actuar (Art. 24 LEC). La escritura de poder se acompañara en primer escrito o al realizar la primera actuación. Es un poder general para pleitos aunque se puede excluir al procurador de una determinada actuación en la que se requiere un poder especial.
Son todas las actuaciones que requieren una facultad distinta como la renuncia, el allanamiento del demandado, la transacción… son dispositivas que requieren un poder especial para pleitos. Arts. 26 a 30 LEC es a que se somete el procurador cuando acepta el poder.
• Provisión de fondos (Art. 29 LEC) el procurador cobra aranceles atendiendo a la actuación que realice en cambio el letrado fija su minuta /honorarios libremente. Ello esta en relación con la tasación de costas.
Hay una libre designación de la representación por las partes aunque cabe que la parte pida que se le nombre de oficio un abogado o un procurador en los casos donde es preceptiva y tenga derecho a justicia gratuita. Los Art. 32 y 33 LEC regulan el supuesto de intervención no preceptiva de abogado – procurador cuando sea por razón de cuantía que no supere los 2.000€.
LECCIÓN 8ª: LA LEGITIMACIÓN 8.1.
El concepto legitimación. La legitimación como presupuesto de la acción. La legitimación como indicativo de la titularidad de un derecho procesal.
El derecho al proceso es el derecho a que se dicte la sentencia de fondo. Los problemas que afectan a la acción (presupuestos procesales y materiales) cuando estos falten, va a dar lugar a una sentencia absolutoria de fondo por lo que no hay derecho a la acción ni a la sentencia favorable pero si que habrá sentencia, aunque esta sea absolutoria. Esta tiene efectos de cosa juzgada. Pero si se dan los requisitos necesarios se dictara sentencia favorable.
El problema de la legitimación surge por primera vez en el momento histórico en que el derecho procesal empieza a ser una ciencia jurídica independiente del derecho material. Antes cuando la acción era concedía como derecho material en pie de guerra, el único que estaba legitimado para ejercitar la acción era el titular del derecho a pedir en juicio lo que se debe, por tanto legitimación equivalía a titularidad del derecho material lesionado. En el momento en que el derecho procesal se distingue del derecho material se empieza ver que el concepto legitimación no siempre coincide con el concepto titularidad, aunque a veces si. Con afirmar que se es titular de un derecho de crédito frente al demandado legitima ir a juicio por dicho derecho aunque resulta que no se es acreedor en cuyo caso la sentencia será absolutoria pero no por falta de legitimación sino por falta de derecho por falta material.
Los autores clásicos se dieron cuenta que en el ámbito civil rige el principio dispositivo, aunque había supuestos en que era un tercero quien ejercitaba el derecho ante los tribunales y por tanto dicho esquema no funcionada y por ello había que estudiar estos nuevos supuestos. Son dos supuestos: • Concepto legitimatio ad processum: están incluidos los supuestos de representación en los que acude un tercero ejercitando un derecho ajeno en nombre e interés ajeno. La verdadera parte es el representado pero quien acude al proceso es el representante (representación legal, necesaria o voluntaria). Al proceso acude un tercero pero ejercita derechos que no son suyos y los ejercita en nombre y interés del representado que es la verdadera parte y sufre las consecuencias del proceso. La ley la permite y exige en supuestos de falta de capacidad procesal. Se exige acreditar la representación (el carácter del representante = el representante debe acreditar que lo es tanto para el actor como para el demandado).
38 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 • Concepto legitimatio ad causa: aparece un tercero que ejercita un derecho de un tercero pero lo ejercita en su interés y en su nombre porque los ha adquirido por sucesión. Se ejercita pues un derecho propio en su propio nombre y interés aunque es un derecho que no ha nacido en el sino que originariamente era ajeno pero que lo ha adquirido por sucesión. En la ley anterior a la 1/2000, cuando la ley hablaba del sucesor, cuando era este quien defendía un derecho en juicio que era de su causante, se le exigía que acreditara el carácter de sucesor que inicialmente en el proceso aportara un principio de prueba que acreditara la sucesión porque de lo contrario no se tramitaba el proceso.
Por tanto el legislador convirtió un problema de fondo que se debe resolver en sentencia. Ello lo exige en la demanda un ejemplo seria un documento que acredita que es familiar directo del causante para demostrar relación pero luego se resuelve el derecho de crédito en el juicio con una prueba como por ejemplo un testamento. Dicha sucesión puede ser mortis causa o inter vivos. Si en la sentencia se dice que no es sucesor, no se resuelve pero tiene efecto de cosa juzgada (no se puede volver al asunto aunque no lo resuelva).
En la ley 1/2000 actualmente hay un supuesto en este caso que se exige un principio de prueba en la sucesión para que tenga derecho al proceso. ¿Dónde y cuando lo exige el legislador? Interdicto de adquirir la posesión. Para solucionar-lo el Art. 266 LEC la ley exige acompañar a la demanda algunos documentos (con carácter procesal o de fondo). Ejemplo son: el que conste fehacientemente la sucesión mortis causa a favor del demandante y varios testigos que declaren la ausencia de posesión. Art. 269.2 LEC establece que no se admiten las demandas que no estén acompañadas con los documentos del Art. 266 LEC de lo contrario hay una inadmisión a tramite de la demanda.
En el caso de la filiación es un proceso especial no dispositivo en que hay una limitación al principio dispositivo que la ley regula en el libro IV del LEC. El Art. 767 LEC establece que en ningún caso se admitirá la demanda sobre determinación o impugnac9on de la filiación si con ella no se pretenda un documento de los hechos en que se funde.
El demandado ante la presentación de la demanda la puede recurrir. El demandado lo puede impugnar alegando que no se dan os presupuestos para presentar la demanda. Este es un supuesto de legitimación propia, directa o ordinaria. Aunque hay supuestos en que quien ejerce el derecho no es el titular porque no hay un derecho previo en que también hay un supuesto de legitimación propia, directa u ordinaria. Si hay legitimación se entra en el proceso pero si no , no se entra y se dicta sentencia absolutoria por falta de legitimación.
8.2.
La legitimación directa o propia.
A. Tipos de legitimación • Legitimación directa ordinaria o propia quien afirma ser titular del derecho y aquella que ejercita uno aunque no haya un derecho precio (supuestos donde hay mas problemas en la practica de legitimación).
• Legitimación indirecta o impropia (legitimación por sustitución) art. 1111 CC acción subrogatoria: Supuestos en que el derecho material permite que un tercero ejercite en juicio un derecho ajeno y afirma que no es suyo.
8.3.
La legitimación indirecta o por sustitución.
Que diferencia hay entre representación, sucesión y sustitución? Son 3 conceptos jurídicos distintos: • Representante es quien ejercita en juicio derechos ajenos en nombre e interés ajeno (no es la verdadera parte).
• Sucesor: en la sucesión hay un problema de fondo porque el sucesor es quien ejercita en juicio derechos propios en interés y nombre propio pero se trata de derechos que en un principio fueron ajenos pero que se han adquirido por sucesión inter vivos o mortis causa.
39 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 • Sustitución: afirma que el derecho no es suyo pero lo ejercita en juicio en su propio nombre e interés. El ejemplo típico es la acción subrogatoria del Art. 1.111CC.
Los problemas de legitimación se dan tanto en la directa como en la indirecta. Si se cofunde legitimación con titularidad se pueden dar problemas en el proceso. El Art. 403 LEC le obliga al juez a admitir la demanda a tramite a no ser que falte legitimación propia (es muy infrecuente).
Los supuestos de legitimación indirecta afectan al fondo pero no se pueden rechazar ad limite porque se deben ver en el proceso y resolver en sentencia.
En la actual Art. 10 LEC habla de condición de parte legitima. Dicho articulo establece que serán consideradas partes legitimas quienes comparezcan en juicio como titulares del objeto litigioso (legitimación propia u ordinaria). Se exceptúan los casos en que la ley otorgue legitimación a persona distinta al titular (legitimación impropia o indirecta).
8.4.
La legitimación para de defensa de los intereses de consumidores y usuarios.
La doctrina habla de un supuesto de legitimación indirecta que no es propiamente un supuesto por substitución. Es una legitimación representativa en que la ley permite ejercitar un derecho ajeno en nombre propio pero en interés ajeno (aunque también propio). Art. 11 LEC para defensa de derechos de consumidores y usuarios. Tienen legitimación directa el perjudicado sin perjuicio de la legitimización individual de estos, las asociaciones de consumidores y usuarios (personas jurídicas) están legitimadas para defender en juicio los derechos e intereses de sus asociados y los de la propia asociación asa como los generales de consumidores y usuarios. Aquí hay que diferenciar entre intereses colectivos y difusos: • Intereses colectivos : cuando los afectados sean determinados o determinables. En cuyo caso de acuerdo al Art.12 LEC la legitimación corresponde a cada uno de los perjudicados, a las asociaciones de consumidores y usuarios, a las asociaciones y a los propios grupos de afectados.
• Intereses difusos: cuando los afectados sean indeterminados o indeterminables. Cuando los perjudicados sean una pluralidad de consumidores o usuarios indeterminados, la legitimación y la defensa de estos intereses difusos corresponde exclusivamente a las asociaciones de consumidores y usuarios con personalidad jurídica que conforme a la ley sean representativas y estén debidamente inscritas en el registro correspondiente y tengan un numero mínimo de afiliados (Art. 12 LEC).
Dicha asociación debe comunicar antes de presentar la demanda a los afectados para ver si se quieren adherir a la demanda. Es un supuesto de intervención de terceros porque se les comunica para que entren. puede ser individual si se sabe quien son o global si estos son difusos. Se establece un plazo para que acudan, los que no acudan ya no pueden entrar en la demanda. Por tanto la voluntad es que no haya procesos separados sino un único proceso con pluralidad de partes. Este es un caso de acumulación de procesos con una pluralidad de partes. Varios procesos que han pasado de forma individual se juntan para que haya un solo proceso.
El Art. 11.bis LEC prevé un supuesto de legitimación representativa que se introdujo en 2007 dado que prevé la defensa del derecho de igualdad del derecho a la igualdad de trato entre hombres y mujeres. Además de los afectados y siempre con su autorización, también los sindicatos y las asociaciones legalmente constituidas cuyo fin sea la igualdad de trato de sus afiliados o asociados.
También a los organismos públicos con competencia en la materia.
8.5.
Tratamiento procesal de la legitimación.
8.6.
Otros presupuestos de la acción: el interés y la accionabilidad.
LECCIÓN 9ª: COMPARECENCIA Y ACTUACIÓN DE LAS PARTES 40 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
La representación: legal, necesaria, voluntaria y técnica.
La representación técnica o postulación procesal.
Tratamiento procesal de la representación La defensa de abogado.
La intervención no preceptiva de procurador y de abogado.
LECCIÓN 10ª: PLURALIDAD DE PARTES 10.1. Pluralidad de partes. Litisconsorcio activo, pasivo o mixto La pluralidad de partes puede ser: • Litisconsorcio pasivo: varios demandados • Litisconsorcio activo. Varios actores • Litisconsorcio mixto: varios actores y demandados En la ley anterior solo había litisconsorcio activo, pasivo o mixto (Art. 541 de la antigua LEC) Actuar mediante una única parte formal cuando se demandara a varios y se defendieran usando los mismos argumentos, el juez acordaría que se constituyeran bajo una misma representación y defensa técnica. Ello no se regula en la LEC dado que la actual LEC permite que se actué de forma conjunta cuando así lo deseen las partes.
10.2. El litisconsorcio voluntario y el litisconsorcio necesario.
Hay que distinguir entre dos litisconsorcios: • Litisconsorcio voluntario: facultad del actor de unirse a varios para demandar a varios o bien demandar a varios sujetos.
• Litisconsorcio necesario: se distinguían anteriormente dos supuestos: o Propio: la ley exige que se demande a varios sujetos de forma indivisible. se daba cuando la ley de derecho material obligaba a demandar a varios sujetos. Cuando la ley exige que se demande a varios sujetos.
o Impropio: de acuerdo con la jurisprudencia la ley no regula el litisconsorcio solo hablaba de la actuación procesal. Cuando la ley no obliga necesariamente demandar a varios pero si lo hace la jurisprudencia.
Art.1252 CC sobre la posible extensión de cosa juzgada a terceros. La jurisprudencia hablo sobre dicho art. Que se extendía a los obligados indivisiblemente.
Puede darse también la irregular constitución de la Litis o la falta del debito litisconsorcio.
Acumulación subjetiva de acciones era lo único que permitía la antigua LEC. Pero la actual LEC diferencia entre litisconsorcio voluntario y necesario. El art. 12.1 LEC regula el litisconsorcio voluntario o facultativo mientras que el art. 12.2 LEC regula el necesario (actual LEC). En el voluntario se exige que haya la misma causa de pedir y los hechos sean los mismos (ejemplo: un señor que exige el crédito a varios obligados mancomunadamente).
Pero el necesario (solo se regula el pasivo, no el activo aunque hay países que lo permiten) es muy infrecuente. Jurisprudencialmente se estimo un litisconsorcio pasivo necesario en sucesión. La ley lo permite cuando por razón de lo que sea objeto del proceso la tutela que se solicita afecta a varios sujetos directamente conjuntamente considerados, todos ellos han de ser demandados bajo litisconsortes.
41 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 10.3. La falta del debido litisconsorcio y su tratamiento procesal.
¿Que sucede cuando un actor demanda a varios pero no se da el presupuesto de la acumulación subjetiva de acciones, la identidad en el titulo y causa de pedir y en los hechos? Se da una indebida acumulación de acciones. Que el tratamiento procesal para la acumulación de acciones sea del mismo dado que si las acciones tuvieran un tratamiento distinto no se daría dicha acumulación. Cuando faltan algunos de los presupuestos requeridos se aplican las reglas del tratamiento procesal de la indebida acumulación de acciones del art. 73.3 LEC. El secretario judicial requiere al actor/es para que subsane el defecto en el plazo de 5 días, para que desacumule y saque de la demanda aquellas acciones que no se pueden acumular en la demanda.
Si tras dicho plazo, no se realiza el secretario dará cuenta al tribunal para que el juez resuelva sobre la inadmisión de la demanda a tramite por indebida acumulación de acciones.
El demandado se opondrá a contestar a la demanda a la acumulación del actor que no sea acorde a los presupuestos de la acumulación de Art. 71 LEC. Sobre esto se va a tratar en la audiencia previa del juicio ordinario o en la vista oral del proceso oral. (Art. 419 LEC + 443 LEC).
En sede de verbal hay limites y excepciones a la acumulación de acciones. Art. 418 LEC . En el litisconsorcio voluntario se produce una indebida acumulación de acciones (tratamiento procesal de indebida acumulación de acciones). Pero cuando sea un litisconsorcio necesario el problema es de falta del debido litisconsorcio (tratamiento procesal por dicha falta).
A. Falta del debido litisconsorcio En la ley anterior se impide acumular acciones después de contestar a la demanda. En la practica cuando no estaban todos los que debían estar, se llega fase de sentencia y el juez dicta una sentencia absolutoria porque no estaban todos los que debían estar y si se dicta sentencia provocaría indefensión.
En cambio el necesario pretende que no se infrinja el principio de audiencia porque el. La finalidad es distinta y por eso los tratamientos son distintos. La falta del debido litisconsorcio provoca que la sentencia no se dicte y si se dicta es absolutoria porque falta un presupuesto procesal. Esto era frecuente en la legislación anterior.
Con la nueva Ley se regula un mecanismo especifico para solventar el problema de la falta del debido litisconsorcio (irregular constitución de la Litis). Lo hace previendo que el juez pueda observar el problema de oficio. Se convierte en un presupuesto de acceso al proceso. Y se alegan al conste la demanda y se resuelven en la audiencia previa del ordinario o en la vista oral del oral previendo su subsanación. El art. 405 dice que el demandado al contestar la demanda establecerá todas las excepciones procesales. El art. 416 LEC prevé la falta del debido litisconsorcio y el 420 regula en sede de audiencia previa la falta del debido litisconsorcio y que procese si se subsana o no se subsana aunque hay un articulo 429 que permite al actor la posible integración voluntaria de la Litis. La regla del litisconsorcio necesario tiene una excepción en el pasivo necesario cuando varios sean deudores solidarios dado que tiene efectos de cosa juzgada en sentido positivo porque los hechos habrán quedado juzgados y ello será vinculante cuando se demandante a otro que podrá alegar excepciones de carácter personal, por tanto habrá otro proceso. La solidaridad quiere garantizar al acreedor el cobro de la deuda. Se debe respetar la esencia de la solidaridad en el tratamiento procesal. La solidaridad permite al acreedor demandar a cualquiera de los deudores pero lo que no puede hacer el actor es demandando a uno condenar a todos. Si demanda a uno condena solo a uno dado que de lo contrario la Litis esta mal constituida. Se necesita titulo ejecutivo para demandar a cada uno de ellos. Lo ideal es demandar a todos y luego ejecutar a uno de ellos dado que de este modo hay titulo suficiente para demandarlos a todos y se respetan la esencia de la solidaridad y el tratamiento procesal. El art. 542 LEC establece dicha solución.
B. El litisconsorcio unitario La doctrina dice que se dará este litisconsorcio cuando estemos ante un necesario. En cambio cuando sea voluntario no necesariamente debe darse unidad de fallo. Esto depende y hay que analizar caso a caso para establecer si el litisconsorcio debe ser unitario o no. Es decir en lo que es 42 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 objeto del proceso en los efectos que se puedan establecer de la sentencia. Este fallo debe afectar a todos por igual porque es unitario. Que la conducta que beneficie a uno de los litisconsortes beneficie no solo a el, sino a todos los demás. Y que la conducta que perjudique a un litisconsorte, no puede perjudicar a ninguno de ellos.
LECCIÓN 11ª: INTERVENCIÓN PROCESAL Y SUCESIÓN PROCESAL 11.1 . Intervención de terceros en el proceso: concepto y clases.
Rige el principio dispositivo y es el actor quien llama al proceso porque tiene el dominus Litis a quien le parece oportuno mientras que los que no son llamados son ajenos al proceso En la intervención de terceros es cuando un tercero pida entrar en el proceso y que el órgano jurisdiccional se lo permita, sin que el actor lo haya llamado.
Hay un caso que se parece al litisconsorcio. En la intervención sea el tercero sin que nadie le llame quien pida entrar para coadyuvar y defender la postura de alguna de las partes (normalmente la parte pasiva)mientras que en el litisconsorcio el actor pide que entre un tercero.
En la legislación anterior no había ningún articulo al respecto aunque ello se ha ido haciendo a raíz de la jurisprudencia correspondiente.
Uno de los supuestos de intervención por ejemplo es el del solidario que no ha sido llamado pero si quiere entrar, puede entrar, porque es un litisconsorte aunque no haya sido llamado como tal.
Una sentencia tiene unos actos directos como acto jurídico que es, en especial el efecto de cosa juzgada en su vertiente positiva o negativas. Hay determinada sentencias que tienen efectos directos de modificación de la legalidad que es un efecto directo solo de las sentencias constitutivas. Además de ser un acto, la sentencia puede ser concebida como un hecho jurídico con consecuencias jurídicas. Ejemplo de que si se resuelto el contrato de arrendamiento, se resuelve el de subarriendo consecuentemente. Es decir que el subarrendado se ve afectado por la sentencia como hecho material. Se trata de unos efectos reflejos.
11.2 . La llamada intervención principal.
11.3 . La intervención adhesiva; litisconsorcial; simple.
El tercero puede entrar en el proceso cuando aun que no haya sido llamado tiene interés porque afecta a sus derechos como ocurre en el caso de los solidarios mencionado previamente. Si al tercera que pide entrar la sentencia le afecta en sus intereses, la jurisprudencia distinguió 2 procesos distintos de intervención: • Intervención voluntaria o facultativa: a iniciativa del tercero es cuando el tercero pide entrar en el proceso. En este caso, la doctrina distingue entre: o Intervención voluntaria principal: que no se regula en nuestro OJ porque genera una complejidad procedimental que el legislador no ha querido regular. Esta se daría cuando hay un pleito entre A y B. A dice ser titular de un bien y ejercita una acción reivindicatoria contra B que es el poseedor del bien. Pero aparece C que dice ser el propietario del bien y reclama contra A y B. Es decir que se da un caso donde hay 3 peticiones de tutela: la principal de A frente a B y la del interviniente principal de C que tiene una postura contraria a A y B. Aunque su equivalente seria la acumulación de autos y de procesos pero no ante una intervención procesal.
43 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 o Intervención voluntaria adhesiva: en que el tercero apoya la postura de una de las partes aunque suele ser la del demandado, que son de dos clases: § Intervención voluntaria adhesiva simple: es el caso del subarrendatario en que no le afecta al sentencia en sus propios derechos e intereses, pero tiene interés legitimo en defender la postura del arrendatario para que no se resuelve el contrato de arrendamiento.
§ Intervención voluntaria adhesiva litisconsorcial: es aquella del solidario que pide entrar pero la Litis esta perfectamente constituida y por ello no tiene ningún inconveniente. Habrá efecto de cosa juzgada positiva. A este solidario la sentencia le afecta a sus intereses en tanto que la sentencia tiene efecto de cosa juzgada.
Un sector de la doctrina, hizo otro tipo de clasificación: simple, litisconsorcial y cuasilitisconsorcial en base a una STS en el que el notario entra en proceso de los dos sobrinos en el caso de la herencia donde el testador quería donar su dinero a instituciones benéficas y los sobrinos se querían repartir la herencia entre ellas. Se pedio entrar al notario porque defensita el cumplimiento de la voluntad del testador. Este caso es simple de acuerdo con toda la doctrina. La doctrina dice que el caso del cuasi- litisconsorcial era el caso del subarrendatario porque dicha clasificación se hizo en función a una mala interpretación de dicha sentencia por una parte de la doctrina.
La doctrina para diferenciar los dos supuestos de intervención dijo: al interviniente litisconsorcial, si se le deja entrar se le dan facultades de actuación independientes y autónomas. En cambio, en cuanto al interviniente simple, si se le permite entrar, no tiene las mismas facultades de actuación, porque esta es dependiente y no autónoma respecto a la parte a la que coadyuva. Si bien la jurisprudencia hasta antes de la LEC 1/2000 había admitido los dos supuestos de jurisdicción, pero si permitía entrar al tercero le aba facultades de acotación independiente y autónoma para los dos casos: simple y litisconsorcial en los casos de fraude del tercero. Ahora se regula la intervención de terceros en el Art. 13 LEC. Hay autores que dicen que este articulo solo regula la litisconsorcial, aunque otros consideran que se incluyen ambas pero las facultades de actuación del interviniente litisconsorcial son distintas a las del interviniente simple.
Dicho articulo no dice nada sobre las actuaciones de recurrir o no de carácter procesal. La Profesora Elena Guixé considera que se deberían dar las mismas actuaciones a ambas partes dado que se les ha dejado entrar a las dos en el proceso, de lo contrario no tendría sentido.
11.4 . La intervención provocada.
• Intervención forzosa o provocada: se le hará saber que existe el proceso porque si quiere acuda. Se llama al tercero, pero no es un litisconsorte. Lo llama especialmente por las posibles consecuencias negativas que tendría el efecto de no llamarle para el actor o el demandado. Actualmente se regula en el art. 14 LEC aunque anteriormente se regulaba en el CC en el saneamiento por evicción. Se trata de un supuesto en el que una de las partes del proceso (generalmente el demandado) llamará a un tercero para que acuda al proceso si quiere, no se le obliga, peor el hecho de no llamar al tercero puede provocar consecuencias negativas para la parte demandada.
En el saneamiento por evicción hay dos procesos: un tercero demanda al comprador del bien (demanda de evicción) porque considera que no es el verdadero titular. Este adquirente ahora demandado puede llamar al proceso a quien le vendió el bien a los efectos de que este pueda defender aquella titularidad al proceso. Si el actor gana el primer juicio de evicción nade otro procedimiento: el de saneamiento por evicción. Este derecho a reclamar todo ello del demandado, solo lo tiene si ha llamado al vendedor al proceso de evicción. Antes en el CC se regulaba por un lado la evicción y por otro el saneamiento y luego como se hacia la llamada al 44 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 tercero en el Art. 1482 CC aunque como es un tratamiento procesal, por analogía se remitía a otros procesos.
La LEC deroga este articulo y lo regula en el Art. 14 LEC que explica como se llama al tercero distinguiendo si lo llama el actor o el demandado (lo más habitual) aunque si lo hace el actor es en el Art. 124.2 y .3 Ley de Patentes y en el Art. 150 Ley de propiedad intelectual relativo a la SGAE que contienen normas procesales sobre intervención de terceros.
La solicitud de intervención debe hacerse en la demanda salvo que la ley disponga otra cosa en el caso de que la llamada al tercero la haga el actor. Pero cuando la ley permita al demandado llamar al tercero, se procede del siguiente modo: el demandado solicita al tribunal que sea notificada al tercero la existencia del proceso, la solicitud debe realizarse en el plazo que tiene el demandado para contestar a la demanda de 20 días en el juicio ordinario o cuando sea un juicio verbal 5 días antes de la vista oral. El secretario judicial interrumpe el plazo de contestación de la demanda o la suspensión del acto del juicio y acordara escuchar al demandante en un plazo de 5 días y resolverá. Si el juez desestima la llamada al tercero, vuelve a correr el plazo de contestación a la demanda.
La extromisión se regula en el Art. 18 LEC y el Art. 14.4 LEC cuando hay un cambio de partes entre el demandado y el tercero. El demandando llama al tercero y pide que su lugar sea ocupado por el tercero. Si el juez lo admite, tiene como efecto un cambio en la parte demandada o pasiva. Si el tercero es absuelto las costas se pueden imponer a quien solicito su intervención. La Litis denuntiatio se da en el caso de forzosa que es a instancia de parte.
En Art. 150 LEC regula es Iusu iudici cuando es el tribunal que da a conocer la existencia del proceso a un tercero cuando las partes usan el proceso con fines fraudulentos. Ello se hace para garantizar los derechos de los terceros en el proceso. Es la Litis denunciatio de oficio que consiste en dar a conocer el proceso.
El Art. 15 bis LEC se regula un supuesto distinto de intervención en aquellos proceso en que se defienden derechos e intereses de consumidores y usuarios. Dicho articulo regula una llamada a los posibles afectados a ese proceso que ha iniciado la asociación o el propio grupo de afectados. La ley distingue según se trate de intereses colectivos o intereses difusos.
Los procesos promovidos por asociaciones o entidades constituidas para proteger intereses de consumidores y usuarios o por los propios grupos de perjudicados, se llamara a los perjudicados y afectados directos para que hagan valer su derecho o interés individual en el proceso colectivo. Es una acumulación de acciones. Este llamamiento se hace por el secretario judicial en medios de comunicación del ámbito territorial en el que haya cometido la infracción. El ministerio fiscal puede ser parte del proceso. La ley distingue previamente a esa llamada según estemos ante intereses colectivos dado que antes de presentar la demanda de sebe comentar a los afectados la demanda o difusos. Si tras el llamamiento general entrar, podrán entrar pero perderán las actuaciones previas. Si los afectados son desconocidos o difusos, el llamamiento del secretario suspenderá el curso del proceso por un plazo no superior a 2 meses. Pueden entrar los interesados en este momento, dado que luego no lo podrán solicitar de acuerdo con el Art. 221 LEC y Art. 519 LEC según el cual tendrán carácter ejecutivo cuando no sean demandantes pero se dan los requisitos, circunstancias o datos, se les puede dar un titulo ejecutivo declarándole perjudicado.
11.5 . La sucesión procesal.
La sucesión procesal y todos los supuestos relativos a la representación pueden ser sobrevenidos pendiente el proceso. En este caso, se convierte en una cuestión incidental. No es la cuestión principal y de fondo que debemos resolver, sino una cuestión incidental que sucede durante el proceso y que requiere ser resuelto antes de proceder con el proceso y llegar a la sentencia. Esto son de dos tipos: 45 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 • Previo pronunciamiento que los enumera la ley y que deben ser resueltos antes de la cuestión principal en sentencia por tanto se suspende el proceso hasta que se resuelta esto. (Art. 414 y ss LEC).
• Especial pronunciamiento se resuelven con la sentencia pero antes de entrar en la cuestión de fondo porque no suspenden el proceso.
Una ves estanos en la fase de juicio previa a la sentencia no se permite sucesión procesal. En el juicio verbal cuando estamos antes de practicar la prueba no se permite la sucesión procesal.
Hay que tratar la sucesión cuando pendiente del proceso alguna de las partes es sustituida por otro sea por fallecimiento de la parte, sea por transmisión del objeto litigioso. Puede afectar tanto a la parte activa como a la pasiva. Se puede ocupar la posición del acto o la del demandado. Es una sucesión procesal de cambio de partes que la ley lo trata de forma destina el inter vivos (Art. 17 LEC) que el mortis causa (Art. 16 LEC) también del supuesto de extromisión. (Art. 18 LEC), Problema de la sucesión, cuando alguna de las partes es substituida por otro, puede afectar a la parte activa o a la parte pasiva. La ley trata los tres supuestos de forma distintos.
• Sucesión procesal por muerte (art 16 LEC): cuando se desiste del proceso no hay cosa juzgada, se desiste de la actividad pero cabra volverla a hincar en un proceso posterior.
Cuando se renuncia a lo que se pide, en un futuro el sucesor no podrá pedir lo mismo.
• Sucesión por transmisión del objeto litigioso (art 17 LEC): cuando se transmita en el juicio el bien, el adquirente podrá acreditar a transmisión que se le tenga por parte ocupando la posición que ocupaba el transmitente. Es un cambio de partes intervivos, por transmisión del objeto litigioso. El adquirente podrá pedir que se le deje entrar en el proceso ocupando el lugar del transmitente. Se otorgará un plazo a las partes para que aleguen lo que quieran. Si no dicen nada las partes, entonces se admitirá el cambio de partes y que el adquirente ocupe la posición del transmitente. Si dentro del plazo se opusieren las partes, el tribunal resolverá lo que estime oportuno mediante resolución motivada en forma de auto.
No obstante no ase accederá al cambio de partes cuando se acredite que hay derechos o defensas respecto de lo que sea objeto del proceso que solo competen respecto del transmitente. Hay argumentos que solo pueden alegarse respecto del transmitente, no del adquirente porque se generaría indefensión.
• Sucesión en casos de intervención provocada o extromisión (art 14.2, 4º y art 18 LEC): Si nada dice la otra parte y no se opone, se hace el cambio y entra el adquirente y sale el transmitente. Si el juez decide que no admite el cambio se mantiene en el proceso el transmitente y los problemas que tengan entre adquirente y transmitente permanecerán y lo resolverán fuera del proceso como sea oportuno, quizás en otro procesos entre esos dos pero ya no se admitirá el cambio de partes en este.
(No siempre que fallezca la parte, no siempre se puede transmitir el objeto, ni intervivos ni mortis causa, no siempre podrá entrar el sucesor porque hay derechos personalísimos y cuando parezca el titular el proceso acabará y no será posible el cambio de partes. Ej: caso de divorcio y fallece una de las partes, el sucesor no podrá entrar en los derechos honoríficos).
Capítulo Tercero: El objeto del proceso LECCIÓN 12ª: LA ACCIÓN AFIRMADA COMO OBJETO DEL PROCESO 12.1. Introducción. Delimitación del objeto del proceso.
46 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 Cuando hablamos del objeto del proceso, no nos referimos a la finalidad del proceso, no nos referiremos al objeto del proceso de declaración (aquello sobre lo que el proceso trata, sobre que debe decidir el tribunal, res in iudici reversa). Delimitar el objeto del proceso es muy importante porque la mayoría de los procesos dependen del objeto. Según el objeto, tendrán competencia unos órganos u otros. El objeto del proceso es importante para la mayoría de supuestos procesales, para determinar el tipo de procedimiento a seguir (un juicio ordinario, uno verbal...). El objeto del proceso incide en si es obligatoria o no la intervención de procurador y de letrado, porque si supera los 2.000 E la reclamación, es preceptiva al actuación del procurador. Si al juez se le piden varias cuestiones y no emite alguna declaración hay que saber si la sentencia es congruente o no (hay que mirar el objeto del proceso para saber si es incongruente o congruente).
Para valorar si hay cosa juzgada tengo que analizar y ver si el objeto del segundo proceso es idéntico al primer proceso porque sino no hay cosa juzgada, al cosa juzgada se da tras dos procesos, pero como no cabe un non bis in ídem, para valorar si se da cosa juzgada tengo que valorar si se da identidad entre el objeto del primer proceso y del segundo.
Para valorar la litis, la excepción de litispendencia se aplicara cuando hay aun proceso pendiente idéntico al que haya con posterioridad, tengo que valorar el objeto de los dos procesos, el que inicié primero y el que está por iniciar, y si hay identidad el segundo no empezará porque se impide que haya identidad entre los dos porque podría dar lugar a sentencias contradictorias.
También para la acumularon de procesos, para ver si dos procesos se pueden unir, hay que analizar si hay conexión entre el objeto de dichos procesos.
Por tanto delimitar el objeto del proceso es importantísimo tanto por efectos ad intra como ad extra.
- efectos ad intra: dentro del propio proceso - efectos ad extra: no respecto del mismo proceso, respecto de otros procesos.
12.2. Delimitación del objeto del proceso.
A. La acción afirmada como objeto del proceso • Los sujetos: Debe ser el actor quien identifique el objeto del proceso y lo hará en la demanda. Art 399, se refiere a la demanda en sede de juicio ordinario, nos dice los elementos que deben quedar claro desde el inicio del proceso. Se deben identificar los sujetos (dato del actor y demandando), además se identificará lo que se pide (el petitum) y el motivo por el que se pide, se fijará con precisión lo que se pide y los hechos jurídicos en los que baso mi petición. Lo que da base al proceso es la pretensión- acto a través del cual el actor afirma la acción, afirma que tiene derecho a que un demandado le pague tal cantidad en base a unos fundamentos jurídicos à es la acción afirmada como objeto del proceso.
• El objeto principal o necesario y el objeto accesorio o contingente o Objeto principal o necesario: El objeto principal, sujeto y causa es incontingente (debe darse siempre): lo debe delimitar el actor en la demanda, es el objeto cierto en el proceso.
o Objeto accesorio o contingente: Pero también puede darse objeto contingente, o puede no darse, porque es accesorio: Normalmente el demandante lo que hará será defenderse, porque aquello que pide al actor en su contra no procede, todos estos argumentos también afectan al objeto del proceso, pero no son elementos esenciales incontingentes.
El juez debe entrar en esos hechos que ha afirmado el demandado. El demandado puede limitarse a negar los hechos que el actor alega en su contra, el demandado no aporta nada, solo lo niega todo. Pero cuando el demandado introduce hechos nuevos en su defensa, estos hechos nuevos deben ser valorados por el tribunal porque tienen relevancia y forman parte del objeto del proceso aunque no sean parte del objeto principal/incontinente, sino que es el objeto accesorio. El demandado al contestar a la demanda puede utilizar la reconvención, puede accionar contra el actor principal y un proceso que tenía una única tutela se convierte en dos, afecta ala congruencia, a la 47 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 litispendencia y a la cosa juzgada, por tanto habría una acumulación de acciones sobrevenida (cuando se den los presupuestos de la reconvención: conexa, etc…).
Art 408 LEC: El legislador permite que se de un tratamiento equivalente a la reconvención cuando el demandado reconvenga, el actor ha de poder defenderse de la reconvención, se le va a dar la posibilidad de contestar a la reconvención (tendrá 20 días el actor para contestar). En este artículo se establece que hay unas defensas del demandado que aunque no reconvenga, el demandado ha de dejar claro en su escrito de contestación que esta accionando contra el actor, que esta pidiendo la condena del autor en cuanto a la reconvención, estas alegaciones pueden ser consideradas como defensa.
Cuando el demandado alegue: nulidad del negocio, compensación de créditos… (Todo esto puede ser una defensa, aunque no sea una reconvención porque no se pide que se condene al autor, simplemente es una defensa que el legislador en estos casos se le dará la oportunidad al actor de contestar a estas alegaciones en el palo de 20 días, se da un trato equivalente a la reconvención pero no lo es).
409 LEC: sustentación y decisión de las pretensiones: las defensar y la reconvención se sustanciaran y resolverán al mismo tiempo y en la misma forma que las que sean objeto en la demanda principal. El objeto accesorio se va a resolver en la misma sentencia que en el objeto principal porque sino sería incongruente.
• El defecto legal en el modo de proponer la demanda (art 416 y art 424 LEC): En la demanda el actor debe identificar objeto sujetos y causas y si no lo hace habrá dicho defecto legal. 416.5 LEC: se establece el defecto legal en el modo de proponer la demanda o defecto legal en el modo de proponer la demanda de reconvenciónà cuando en ellas no se identifiquen, según nos dice la ley: los sujetos y el petitum. Se da menor importancia a la causa de pedir. Si el autor no delimita los sujetos y el petitum tanto en el ordinario como en el verbal, se daría el defecto legal en el modo de proponer la demanda. Se alegara por el actor y el demandado alegaría el modo de proponer la demanda en la reconvención, se resolvería en el artículo 424 LEC: si el demandado alegare se haría en la audiencia previa de lo ordinario. Nos dice que el demandado lo puede alegar al contestar, el actor en la propia audiencia, pero en espacial también lo puede alegar si ha habido contestación en contestar a la reconvención. Solo se acordara la finalización del proceso por falta de objeto cierto. Solo se va a finalizar el proceso cuando sea imposible saber que es lo que se pide o frente a quien se pie, y por tanto el juez pedirá aclaraciones al respecto, y si el actor o el demandado no lo aclaran, el juez dictará auto resolviendo el asunto.
• Delimitación del objeto del proceso (arts 399, 427 y 443.1 LEC): (El “petitum”) El petitum es la argumentación en base a la que se pide: se basa en hechos de los que deriva la consecuencia jurídica de la norma aplicable, pero también se puede basar en títulos jurídicos. La causa de pedir es el elemento más difícil de entender.
• Teoría de la sustentación: mantiene que la causa de pedir se basa en hechos en base a los que la parte justifica su petición de tutela.
• Teoría de la individualización: lo importante son los títulos jurídicos en los cuales se basa la petición.
o Sujetos: identificar al demandado y a su domicilio. La ley prevé unos arts que permiten al identificación del domicilio del demandado, 156 LEC. El domicilio es esencial porque sino el demandado no se enterará de la demanda. A veces la identificación el demandado no es sencilla y hay jurisprudencia que permite la identificación del demandado. Eje: cuando hay herencia de identifica la masa de bienes. En casos de las personas jurídicas también es difícil la identificación y al jurisprudencia admite la identificación relativa (en estos casos extraños y espontáneos).
o Identidad física o jurídica o calidad: es más importante la identidad jurídica con la que actúan que no la identidad física. El articulo 222.3 LEC nos dice que: La cosa juzgada 48 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 afectara las partes del proceso en al forma que se dicte y a sus causahabientes, así como los sujetos no litigantes titulares de los derechos (…) la cosa juzgada dentro efectos frente a todos. Hay jurisprudencia que establece que se entenderá que hay identidad cuando yo alegue como acción lo que pude alegar como excepción (400 LEC importantísimo).
• Clases de acciones según la tutela solicitada: acciones de condena, acciones meramente declarativas y acciones constitutivas o objeto o petitum (art 5 LEC): enumera las tutelas que se pueden plantear a los órganos jurisdiccionales en la rama civil. Son: o Mero declarativa: que se declare la existencia de un derecho (ej: acción reivindicatoria) o la inexistencia de un derecho (ej: una servidumbre de paso) o Constitutiva: pido que se cree, modifique o extingue una determinada situación jurídica: acción de nulidad de contrato, un divorcio, etc.
o Condena: si es estimatoria la sentencia será de condena. Solo la sentencia de condena lleva aparejada una ejecución propia (dineraria o no dineraria).
12.3. Los sujetos.
12.4. El “petitum”. Clases de acciones según la tutela solicitada: acciones de condena, acciones meramente declarativas y acciones constitutivas.
12.5. La “causa petendi”. Teoría de la sustanciación y de la individualización.
A. La acción afirmada como objeto del proceso El objeto del proceso es importante para los problemas que se puedan dar en el proceso. En base al petitum lo que se pide es el elemento mas complejo de los tres que definen el objeto del proceso. Se da importante tanto a los hechos como a la fundamentación jurídica, títulos o relaciones jurídicas en que se base la causa de pedir Aparecieron dos teorías distintas: teoría de la sustanciación según la cual si cambian los hechos esenciales cambia la causa de pedir y la teoría de la individualización para identificar la causa de pedir (causa petendi). Esto en la actualidad la causa de pedir o se basa en hechos o en títulos, aunque el Art. 400 LEC da una solución que da importancia tanto a los hechos como a los títulos para la causa de pedir pero se exige que ambos que se aleguen en el primer pleito, no se aleguen en un hecho posterior porque no se podrían cambiar estos al haber efecto de cosa juzgada o litispendencia. Este Art. 400 LEC resume los posibles problemas que se podrían dar.
En la practica para fundamentar la causa de pedir se alegan hechos de los que deriva la norma jurídica que se debe aplicar. Cuando los efectos jurídicos de la norma derivan de una serie de hechos, la causa de pedir se basa en estos que son los que se alegan en el pleito y que además se deben probar. A veces, el legislador hace depender, la causa de pedir del hecho de que exista un titulo o relación jurídica.
Por tanto, la aplicación de las teorías depende de cada caso, aunque lo habitual es que esta se base en hechos. Aunque excepcionalmente, la consecuencia jurídica de la norma deriva de un titulo o un derecho, por lo que hay que ir caso a caso. Por tanto haba un elemento factico (hechos relevantes de los que deriva la consecuencia jurídica de la norma) o puede haber un elemento jurídico (titulo o relación jurídica en base del que deriva la consecuencia jurídica de la norma) aunque en la causa de pedir también hay normas de las cuales deriva la consecuencia jurídica que se solicita, por tanto también hay un elemento normativo.
Una cosa distinta es pedir cosas que no se pidieron, que el legislador limita al momento, ello es diferente a que no se aleguen unos hechos y ahora se conozcan y se aleguen. Si no son hechos nuevos o de nueva noticia no se pueden alegar. El momento de alegar los hechos es la contestación a la demanda o a la reconvención. Este Art 400 LEC se relaciona con el Art. 222 LEC en sede de cosa juzgada en la cual hay litispendencia de todos los hechos que se pudieran haber alegado en el 49 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 primer pleito. Si no hay limites se podría generar indefensión para la otra parte, por eso la ley establece mecanismos de ampliación de hechos si no se conocían o eran posteriores al momento de introducción inicial de hechos.
Además hay un elemento normativo que es la norma de la cual derivan los causas que se piden.
Rige el principio iura nortit puria (el derecho vincula al juez). El error en la norma que pido se aplique es subsanable porque esto depende del tribunal que puede corregir el tribunal de oficio.
Pero el tribunal no puede cambiar ni el elemento factico ni el jurídico que haga la parte. En cambio si hay una norma si que lo puede hacer Art. 218.1 párrafo 2 LEC en sede de sentencias (proceso ordinario, verbal o especiales).
Los Arts al respecto son: o Art. 218.1 LEC, o Art. 399 LEC en sede de juicio ordinario que se refiere a la demanda.
o Art. 209.3 LEC en sede de sentencia que regula la forma externa de la sentencia o Art. 400. LEC regula la preclusión de los actos de alegación de hechos y fundamentos jurídicos con títulos o Art. 222.2 LEC se consideran hechos nuevos y distintos en relación al fundamento, los posteriores a la completa preclusión de los actos de alegación en el proceso que aquellas se formularan. Por ello es importante saber en que momentos se pueden alegar estos hechos nuevos, no solo en la contestación de la demanda.
Esto se relaciona con el objeto del proceso ad intra y ad extra. Lo que importa es el objeto principal dado que el juez decide aquello que realmente se ha planteado (Art. 409 LEC). Si hay objeto eventual, se resuelve en la misma sentencia que el objeto principal. Todo ello va en el proceso ad intra, mientras que lo que vaya fuera de este va en el ad extra. El juez debe entrar tanto en el objeto principal como en el exterior para que la sentencia sea completa, todo ello en el proceso ad intra. Por el contrario, el ad extra es todo aquello que se podría haber alegado en el primer momento. El objeto real es lo planteado y resuelto pero hay un objeto virtual que es todo aquello que pudiera haber sido alegado en el primer pleito (Art. 400 LEC este objeto interesa si se inicia otro pleito sobre temas que se podrían haber alegado en el primer pleito). Este Art. 400 LEC hace referencia cuando la causa de pedir se pueda basar en distintos hechos o títulos jurídicos, los cuales deben alegarse todos en el primer pleito. No se refiere a un segundo pleito en el que se pide cosa distinta, aunque la jurisprudencia si lo interpreta de este modo y por ello aplica este articulo en este supuesto. Además la ley permite la acumulación de acciones de tutela de petitums inicial o sobrevenida de modo facultativo, se puede hacer o no, no es obligatorio, aunque la jurisprudencia hace que si lo sea.
De acuerdo con el TC: que los hechos y los sujetos sean los mismos en los dos procesos, no quiere decir que la causa de pedir sea distinta, si esta es distinta, no se puede establecer la cosa juzgada del primer pleito, porque no se pide lo mismo. Ejemplo: en un caso de accidente de trafico en el primer pleito se piden los daños y perjuicios y en el segundo los intereses que son del 20%. Es decir que la causa de pedir no es la misma aunque el resto sea igual en ambos casos.
12.6. El objeto del proceso en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El objeto del proceso en la LEC 1/2000 y como se trata dicho tema en esta ley (IMPORTANTE = LEER LA EXPOSICION DE MOTIVOS DE ESTA LEY PORQUE ES UN RESUMEN DE LA ASIGNATURA. EN CONCRETO EL PUNTO 8 DE DICHA EXPOSICIÓN) En este punto dice porque es importante fijar el objeto del proceso: 1. para centrar el debate, aquello sobre la sentencia deba resolver 2. prohibición de la mutatio libelu (del cambio de demanda) una vez fijado el objeto de demanda no cabe cambiar la demanda porque se podría generar indefensión (Art. 412 LEC) 3. Para evitar que un mismo sujeto se va juzgado en varios procesos porque ello supone un gasto judicial enorme 4. Para no colapsar la justicia 50 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 Se pretende pues la seguridad jurídica y evitar cargas económicas procesales.
Respecto la posibilidad de alegar hechos nuevos ART 286 LEC escrito de ampliación de hechos es importante, también el Art. 426 LEC en sede de audiencia previa prevé la posibilidad de alegaciones complementarias a la acción principal, es aquí donde se deben alegar los intereses (son también pretensiones complementarias así como hechos complementarios) todo ello se hace en la audiencia previa, aunque depende lo que alegue la otra parte, porque si este alega indefensión, el juez no admitirá las alegaciones complementarias así como el Art. 433 LEC.
LECCIÓN 13ª: PROCESOS CON PLURALIDAD DE OBJETOS 13.1 . Introducción. Acumulación inicial de acciones. Clases.
Hay una acumulación de acciones tanto inicial como sobrevenida. Cuando un proceso tiene varias cosas porque se piden varias cosas.
Si es inicial o simultanea puede ser: • Objetiva: Hay una conexión subjetiva porque los sujetos en el proceso son los mismos, que puede ser de varios tipos: o Simple (FALTA): lo habitual, la causa de pedir es la principal.
o Accesoria (FALTA): cuando el objeto de pedir es accesorio al principal.
o Eventual: se da en aquel caso en que si la ley lo permite porque rige la regla de la preclusión, para los supuestos en los que no se plantee un hecho de forma inicial, se plantee de forma eventual. Una es la principal, y solo se entra en la principal si se desestima la eventual. La ley prohíbe acumular acciones incompatibles entre si pero lo permite si se hace de modo eventual.
o (alternativa): solo en el caso en el que se pidan cosas pero no se identifique cual es principal y cual es eventual. Esta situación se denomina como defecto legal en el modo de proponer la demanda. Solo se permite cuando el derecho material permite el ejercicio de acciones alternativamente. Cuando esta en manos del demandando, si seria posible que el demando. Si ello ocurre en el actor es inadmisible. Solo puede ser a favor del demandado.
• Subjetiva: litisconsorcio cuando hay varios sujetos implicados. En este caso hay una conexión objetiva con el titulo o la causa de pedir.
Para que haya acumulación debe haber conexión. A la subjetiva le conviene una conexión objetiva y a la objetiva le conviene una conexión subjetiva.
13.2 .Acumulación de acciones por inserción: ampliación de la demanda; reconvención.
Si es sucesiva o sobrevenida, una vez ha iniciado el proceso, se da de forma sobrevenida la acumulación de acciones. Esta es de varios tipos: • Reunión de dos procesos que han empezado por separados y con la ley 1/2000 provocan una acumulación de acciones. Son procesos conexos pero no idénticos. Ello se conoce como acumulación de autos o de procesos.
• Inserción dado que inicialmente se pedía una cosa pero a medida que pasa el juicio se inserta otra mas. Ello se hace mediante una ampliación de la demanda o bien a iniciativa del demandado en el caso de la reconvención.
51 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 La acumulación de acciones se regula en los Art. 71 a 73 LEC a la acumulación de acciones + Art. 74 a 94 LEC a la acumulación de procesos. La acumulación de acciones objetivas supone que se realizan en el acumulan en el mismo proceso y se resuelven todas en la misma sentencia pero en la acumulación de procesos hay varios procesos que se unen para resolverse en una única sentencia.
Se puede pedir varias acciones siempre que no sean incompatibles entre si en cuyo caso no seria valida, aunque se permite eventualmente acciones incompatibles entre si: la principal y la accesoria.
Cuando las acciones vienen del mismo titulo esta seria acumulación accesoria. La acumulación subjetiva con nexo objetivo lo que remite al litisconsorcio. Se deben cumplir los Arts. Del Art.
73 LEC porque se exige que el tribunal tenga jurisdicción y competencia para conocer de todas las acciones acumuladas. También se requiere la homogeneidad de los procesos.
Cuando es por razón de la cuantía cabe de un ordinario a un verbal pero cuando es por razón de la materia no cabe la acumulación.
Hay unos requisitos de fondo en la acumulación que se derivan del Art. 71 a 72 LEC. Además hay limites específicos para la acumulación objetiva y la reconvención en el juicio verbal art. 433 LEC.
Art 438.4 LEC en sede de verbal dice que la acumulación subjetiva es viable si se cumplen los Art. 71 y 72 LEC. En el apartado 3 se establecen los limites para la acumulación objetiva en juicio verbal salvo en las siguientes excepciones: • Cuando fuera una acumulación accesoria • Reclamación de rentas o cantidades vencidas cuando sea en desahucio por falta de pago B. Tratamiento Procesal – artículos relevantes Art 73.3 LEC cuando se de una acumulación inicial de actores.
Art. 419 LEC Por inserción el actor amplia la demanda, pide cosas que previamente no había pedido (Art. 401 LEC) no se permite después de contestar a la demanda para generar indefensión del demandado.
Antes de contar, podrá ampliarse la demanda para digerir acciones a nuevos demandadnos o dirigir otras peticiones sobre el mismo demandado. Ello se cuenta des de el traslado de la ampliación de la demanda. Cabe la acumulación sobrevenida por inserción a iniciativa del demandando, esto se dará en la acción reconvencional o reconvención. Esta se da por el demandado al contestar a la demanda. La reconversión ha de ser explicita y quedar claro que se esta presentando reconvención.
También debe ser conexa con la acción principal y además, se dirige frente al actor principal o sus litisconsortes. Cuando se de la reconvención, para garantizar el derecho de defensa y beneficio de igualdad, el actos que se convierte en demandando debe tener posibilidad de contestar a la reconvención en un plazo de 20 días (Art. 506 y 507 LEC).
ART.438 LEC en sede de verbal establece limitaciones en materia de reconvención dado que no se admite esta en el proceso verbal cuya sentencia ano tenga efecto de cosa juzgada. Estos son PROCESOS SUMARIOS. Además, no se admite la reconvención si no se notifica en el verbal a menos 5 días antes de la vista y siempre que no provoque la improcedencia del verbal.
13.3 . La acumulación de autos o de procesos a. Concepto y finalidad de la acumulación de procesos La acumulación de procesos consiste en que dos procesos que han empezado por separado, se unan y, a partir de esa unión tengan una tramitación conjunta y sentencia conjunta.
Se suspende el proceso que esta mas avanzado hasta que el que se haya avanzado y coja el mismo ritmo y de esta forma puedan ir juntos. La tramitación del proceso universal sea sucesorio o concursal es distinta a la del proceso individual se unen.
52 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 La finalidad y efectos de la acumulación están en el Art. 74 LEC que son realizados en un mismo proceso y resueltos en una misma sentencia. También el ART. 84 LEC establece que una vez aceptada la acumulación, el tribunal ordena que los procesos mas modernos se unan a los mas antiguos. Es decir que el proceso que ha empezado más tarde se une al mas antiguo para que vayan los dos al mismo ritmo. Si los dos procesos en la primera instancia no van al mismo ritmo, se suspende el más moderno Un proceso más moderno no quiere decir más avanzado sino que empezó más tarde.
b. Causas o motivos para que se de la acumulación El Art. 76 LEC regula los motivos o causas de acumulación, es decir los casos en que cabe la acumulación: • Habla de prejuicialidad, es decir cuando lo que cabe en un proceso puede producir prejuicialidad en el otro.
• Cuando haya conexión entre los objetos de los distintos procesos que normalmente se da porque hay identidad en la causa de pedir. De seguirse de forma individual, estas sentencias serian excluyentes y contradictorias.
• En los supuestos en que la ley lo establezca como por ejemplo en materia de derechos de consumidores y usuarios en los que se haya iniciado un proceso de forma individual.
• Cuando se trate de impugnación de objetos sociales acordados en una asamblea o sesión por distintos socios.
También cabe la acumulación de procesos siempre que se sustancien por los mismos causes o cauce procedimental (Art. 77.4 LEC homogeneidad de procedimientos) o cuya tramitación pueda realizarse sin perdida de derechos procesales siempre que se de alguna de las causas mencionadas.
Se entiende que no hay perdida de derechos procesales cuando las actuaciones del verbal pasa a la tramitación del ordinario.
c. Solicitud de la acumulación de acciones Sobre su solicitud de acumulación (quien la puede pedir) tradicionalmente se hacia a instancia de parte aunque a partir de la ley 2001 se permite que sea de oficio en determinados derechos como en casos de consumidores y usuarios. Ahora ya no es sobre un caso especifico sino que se pide a instancia de parte o de oficio en cualquier caso de acumulación.
El Art 79 LEC (en relación con el Art. 75 LEC) establece ante quien hay que acordar la acumulación o quien la hace de oficio. Debe conocer de ella el tribunal que conoce del proceso mas antiguo. La antigüedad se regula por el día en que se presentó la demanda en primer lugar. Es decir que se tiene en consideración la fecha de presentación de la demanda.
Si las demandas se presentaron el mismo día, se entenderá que es mas antiguo el proceso que hubiere sido repartido primero. Si no fuera posible cual de las demandas fue repartida en primer lugar, la solicitud de acumulación la puede acordar cualquiera de los dos.
La acumulación hay que pedirla al juez que conoce del proceso más antiguo. En cambio cuando se trata de procesos universales la acumulación la pide el juez que conoce de forma más universal.
La discusión sobre quien conoce acumulación de procesos se da como una cuestión de competencia que la debe resolver el tribunal jerárquico común (Art. 75 LEC en relación con el Art.
79 LEC).
d.
Requisitos para la acumulación Los requisitos para la acumulación son: • El Art. 77.2 LEC regula la competencia del tribunal cuando los procesos pendientes estuvieran en distintos tribunales no cabe acumulación si el tribunal que conoce del proceso mas antiguo no tiene competencia objetiva por razón de materia y cuantía.
• Tampoco cabra la acumulación cuando la competencia territorial del tribunal que conozca del proceso mas moderno rija mediante una norma imperativa (Art. 72.3 LEC), otro requisito para 53 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 que se de la acumulación de procesos es que ambos procesos deben estar en primera instancia y además en ningún de los dos debe haber acabado el juicio (no pueden estar pendientes de sentencia).
El Art. 78 LEC pretende evitar los abusos que se dieron en la anterior LEC. Se trata de limitar el uso abusivo de la acumulación de acciones. Establece unas pautas que se consideran como requisitos: • La litispendencia: no cabe la acumulación de procesos cuando estos sean idénticos (Art. 78.1 LEC).
• Imposibilidad de haber provocado la acumulación de acciones se debe dar en el primer proceso y evitarlo en el segundo. En este caso no cabe acumulación. (Art. 78.2 y .3 LEC).
• Se pide que conozca el juez del pleito mas antiguo.
e. Procedimiento en la acumulación En cuanto al procedimiento para la acumulación de procesos, se distingue entre: • Procesos pendientes distintos ante el mismo tribunal: cuando los dos procesos penden ante el mismo tribunal (Art. 81 a 85 LEC).
• Procesos pendientes distintos que penden ante tribunales distintos: cuando los procesos penden ante tribunales distintos porque en este caso hay la decisión de los dos tribunales sobre si remiten o no los autos. Cuando se decide que no remiten autos, se da una cuestión de competencia que resolverá el superior común jerárquico.
Desde el momento en que se solicita la acumulación, el secretario judicial advertirá al órgano que ha pedido la acumulación, a los efectos de que evite dictar sentencia para el caso de que se de la acumulación en cuyo caso dicta sentencia el juez que conoce el asunto mas antiguo. Puede tramitar, pero no dictar sentencia hasta que se decida sobre la acumulación de procesos. En este momento se oye a las partes de ambos procesos sobre la solicitud de la acumulación, si se dan los requisitos para ello y las partes están de acuerdo, el proceso mas avanzado se suspende hasta que estén los dos procesos en el mismo estado para seguir de forma conjunta.
La ley prevé de forma facultativa que el juez que conoce del pleito mas moderno, una vez conoce la solitud de acumulación, puede suspender el proceso antes del juicio o de la vista a los efectos de que si se estimara la acumulación se tramitan el juicio o vista ante el juez que debe conocer (Art. 88 LEC). El tribunal mas antiguo es el que decide si acumula o no, o si dirige oficio a otro tribunal para que le remita las actuaciones porque se deben acumular.
El Art. 98 LEC pretende que un único juez conoce de todas las acciones que puedan conocer a la misma masa de bienes para que no haya dos procesos sobre lo mismo.
Título Tercero EL PROCESO DE DECLARACIÓN (BLOQUES IV y V) Capítulo Primero: Primera instancia Sección Primera: Preparación del proceso y alegaciones iniciales LECCIÓN 14ª: PREPARACIÓN DEL PROCESO 14.1. Actividades previas al proceso No nos referimos a la mediación auque cabe antes del proceso, proceder a la mediación.
Actividades previas al proceso hay muchas pero solo nos referiremos a tres. Dividimos estas en dos clases distintas: 54 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 Hay muchas actividades previas al proceso aunque solo nos vamos a referir a tres de ellas que las dividimos en dos clases distintas: necesarias y facultativas: 1. Actividades previas al proceso necesarias: solo hay una: • Reclamación previa en vía administrativa o gubernativa cuándo se quiera demandar civilmente a la Administración Pública antes de iniciarla dicha demanda en pleito civil hay que solicitar esta reclamación previa. Son diligencias previas que pretenden preparar el futuro proceso que se avecina. Algunas son obligatorias y otras facultativas. Consiste en una facultad que tiene la Administración que le permite a esta resolver el tema antes de ser llevada ante un proceso. La LEC 2001 no regula esta reclamación previa, aunque en la LEC anterior si que se regulaba mediante las excepciones dilatorias, que eran cuestiones procesales que se realizaban con carácter previo, las cuales suspendían la tramitación del proceso para resolverse e incluso lo finalizaban. Se trataba de una excepción procesal dilatoria. Actualmente no se regula pero se sigue regulando en la Ley 30/1992 sobre el régimen administrativo de las Administraciones públicas de régimen común en los Art. 120 y 124. De acuerdo con el Art. 120 esta es obligatoria salvo que lo diga una ley.
Sus efectos son: si la Administración no resuelve nada a los 3 meses de su tramitación, (Art. 124.2) por silencio negativo administrativo se entiende desestimada la reclamación y por ello se puede presentar la demanda. Por el contrario si la AP resuelve en plazo y estima la reclamación en su totalidad, se desestima el proceso. Si lo estima parcialmente, se puede ir al proceso para las cuestiones no estimadas. Si por el contrario se desestima de forma expresa, se puede iniciar el proceso mediante demanda.
El presentar la solicitud, interrumpe el plazo de prescripción de acciones, hasta el momento en que la administración contesta a la reclamación de forma expresa o, hasta que se produce el silencio negativo. A partir de este momento, vuelve a seguir el plazo.
Entendemos que esta reclamación al ser facultativa, es un privilegio para la AP por lo que es renunciable. Ello afecta al tratamiento procesal de la falta de reclamación previa en vía administrativa. Si se incumplen los artículos de la Ley 30/92 como es un privilegio, el juez no puede entrar de oficio aunque el Art. 403.3 LEC establece que “las demandas se admiten a tramite excepto cuando no se acompañen de los documentos que la ley expresamente exija o cuando no se hayan intentado conciliados o efectuados requerimientos, reclamaciones o consignaciones que se exijan en casos especiales”. Los autores procesales que lo consideran como un privilegio para la AP dicen que el juez no puede ir de oficio, pero los autores administrativos dicen que no es un privilegio y por ello el juez puede ir de oficio. En la practica, la AP al contesta la demanda, alega la falta de reclamación previa en vía administrativa, si nada alega, se entiende que renuncia al derecho, y el proceso debe seguir. Se trata de un defecto procesal subsanable. El Art. 425 LEC en sede de ordinario dice que hay decisión judicial en caso de circunstancias análogas en casos similares. Por tanto se alegaría al contestar y se resolvería en la audiencia previa o el principio de la vista oral o se da un plazo al actor para que justifique que acudió a dicha reclamación. Si no se da ello, se archiva el proceso. Pero si el actor lo justifica se suspende el proceso hasta que se resuelva.
2. Actividades previas al proceso facultativas: la conciliación y las diligencias preliminares: • La Conciliación: antes de presentar la demanda en un proceso civil tradicionalmente era indispensable la conciliación para llegar al proceso. Si esta no era fructífera entonces si se podía ir al proceso. Sin embargo, hay algunos supuestos en que no cabe la conciliación.
Actualmente, con la nueva LEC esta conciliación es facultativa, aunque hay casos en los que no cabe. En los casos en que haya la AP no se da conciliación sino reclamación previa.
No cabe tampoco cuando haya menores o incapaces, tampoco en juicios de magistrados y en general todos aquellos en que se trate de materias no dispositivas no susceptibles de transacción ni compromiso.
55 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 Cabe tener en cuenta que en el ámbito laboral la conciliación es obligatoria salvo en algunos supuestos. Pero en lo civil desde 1984 esta conciliación es potestativa, por lo que es renunciable, lo cual puede tener efectos en el tratamiento procesal.
Los Art. 460 a 480 de la antigua LEC mantienen su vigencia hasta que no se regule por la ley de jurisdicción civil en su disposición derogatoria 1 de la LEC. Estos artículos han sido modificados en el 2009. El Art. 460 da otras normas de conciliación objetiva. Antes los competentes para el acto de conciliación eran los juzgados de primera instancia o los Juzgados de Paz. Objetivamente, quien tiene competencia por razón del territorios de acuerdo con el Art. 163 LEC, son los juzgados de primera instancia del lugar del dominio del demandado juzgado de paz o secretario judicial. No cabe declinatoria porque si se distingue se entiende que no se quiere acuerdo de conciliación. La ley añade que cabe acudir también al domicilio del actor siempre que el demandando fuere una persona jurídica y tiene delegación u oficina abierta al publico del que intenta la conciliación.
El Art 476 LEC modificado en 2009 establece que si lo acordado no era competencia del juez que conoce tendrá carácter de documento público en cambio si el juez era competente, se trata de un titulo ejecutivo equivalente a un titulo ejecutivo judicial que es prueba tasada en un proceso civil porque el juez de primera instancia era competente del proceso. Con este titulo ejecutivo se podría ir a la ejecución forzosa. De la ejecución se encargará, el mismo órgano que haya conocido de la resolución, si el era competente o bien la ejecución la llevará el órgano que sea competente para la ejecución. El documento tiene valor de titulo ejecutivo equivalente a titulo judicial. Se ha cambiado la ley al respecto, y ahora el documento tiene titulo ejecutivo en todo caso, por lo que da igual si es documento publico.
La mera solicitud y admisión de la papeleta de conciliación = solicitud de conciliación (aunque sea facultativa) interrumpe el computo del plazo de prescripción de las acciones (Art. 479 LEC). Esta papeleta se puede admitir o i inadmitir a tramite cuya resolución cita a las partes para el acto de conciliación. En el día y hora señalado se procederá a celebrar el acto. Si alguna de las partes no comparece, se entiende como intentado. Si se celebra puede haber avenencia y si no la hay, se tiene por celebrado y se acude al proceso.
• Las diligencias preliminares: Ante la negativa del solicitado a practicarlas, no había consecuencias y por eso se utilizaba muy poco en la practica. El legislador en el año 2000 intentó prever las consecuencias graves que pudieran suponer una limitación de derechos fundamentales ante la negativa a su practica. Tienden a preparar el proceso. Es información que recaba el futuro actor a efectos de preparar bien su demanda. Si no se presenta la demanda en un mes, aquel que la ha presentado pierde los efectos y la caución.
Se regula en los Art. 256 LEC a Art. 263 LEC. Se debe fundamentar porque se solicita sobre el asunto que se quiere preparar. Ha de justificarse lo que se pide en base al asunto u objeto (Art. 256.2 LEC). Al pedirlas en este escrito, se ofrecerá caución pero su importe lo fija el tribunal cuando admite la diligencia.
Ejemplos: En caso de que un tercero tendrá en su poder, también en caso de herencias o legados… también es frecuente la petición a un socio comunero para que exhiba documentos de una comunidad. También la petición de que la persona a quien se declara la demanda declare algún hecho relativo a capacidad, representación o legitimación.
También del que se considere perjudicado por un hecho cubierto por un seguro de responsabilidad seguro de que se exhiba el contrato de seguro. También en materia de defensa de interés colectivos de consumidores y usuarios.
En principio, como norma general, tiene competencia el juez de primera instancia de lo mercantil el que deba exhibir el futuro demandado. Excepción en materia de derechos de consumidores (Art. 347 LEC). No cabe declinatoria. Por razón del territorio el domicilio del solicitado o el que pueda ser el juzgado de primera instancia. Si se acude al indicado y 56 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 considera que es incompetente, tenemos un conflicto negativo de competencia para la diligencia preliminar.
El Art. 258 LEC regula la solicitud y cual es la caución que se debe prestar. Si se estima la diligencia y se fija la caución se va a citar aquel que deba realizar lo acordado. No cabe en este caso recurso, sino oposición en el plazo de los 5 días siguientes al que se cite. Las partes alegan lo que consideren necesario y el juez decide sobre su estimación. Si se desestima cabe recurso de apelación por el solicitado, pero cuando se desestima la oposición, la ley no prevé recurso.
El tribunal acordarà las siguiente medidas en la resolución por medio de auto cuando lo considere. Son medidas que deben ser proporcionadas y justificadas dado que pueden limitar derechos fundamentales. Son medias coercitivas propias del derecho penal que el legislador prevé para que sean efectivas las diligencias preliminares. (Art. 261LEC relacionado con el 256 LEC).
Ejemplo: Si se hubiere solicitado la exhibición de títulos – documentos y el tribunal considera que hay indicios suficientes que se encuentran en un sitio determinado, permite su entrada y registro.
Se trata de medidas que incluso en un proceso penal, se pueden adoptar en la instrucción.
Deben darse los siguientes requisitos para que se den: • Legalidad: que las ley las prevea • Jurisdiccionalidad: auto del juez motivado • Necesidad: ha de ser necesaria • Proporcionada: al resultado que se pueda obtener Otras actividades previas al proceso que no estudiamos aquí son por ejemplo: • La prueba anticipada que se puede dar en casos excepcionales en que la ley permite la anticipación de la prueba con las mismas garantías pero en un momento en el que no le corresponde, incluso antes del inicio del propio proceso.
• Las medidas cautelares que se adoptan antes de iniciar el proceso por medidas de urgencia.
LECCIÓN 15ª: EL PROCEDIMIENTO ADECUADO Cuando no hay un tramite especifico previsto para el legislador estamos ante un proceso ordinario que es de dos tipos en juicio ordinario y en juicio verbal. El Art. 248 LEC permite hacer esta interpretación. Cuando la ley no diga cual de los dos se debe seguir, se sigue el juicio ordinario.
Los procesos especiales son para determinadas tutelas. El legislador ha intentado simplificarlos porque en la ley anterior había 4 ordinarios y muchos especiales. El legislador del año 2000 en la propia ley mantiene unos determinados procesos especiales para unas determinadas tutelas. Crea el libro IV de la LEC que se dedica a los procesos especiales (Arts. 748 hasta 827 LEC).
15.1.Los tipos de procesos de declaración. Procesos ordinarios y procesos especiales.
Esquema de los procesos civiles ordinarios. Los denominados procesos civiles “rápidos” Cuando no hay un tramite especifico previsto para el legislador estamos ante un proceso ordinario que es de dos tipos en juicio ordinario y en juicio verbal. El Art. 248 LEC permite hacer esta interpretación. Cuando la ley no diga cual de los dos se debe seguir, se sigue el juicio ordinario.
Los procesos especiales son para determinadas tutelas. El legislador ha intentado simplificarlos porque en la ley anterior había 4 ordinarios y muchos especiales. El legislador del año 2000 en la propia ley mantiene unos determinados procesos especiales para unas determinadas tutelas. Crea el libro IV de la LEC que se dedica a los procesos especiales (Arts. 748 hasta 827 LEC).
57 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 A.
CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DECLARATIVOS (Art. 248 LEC) Procedemos a clasificar los diferentes procesos declarativos: 1. Procesos ordinarios (Art. 248.2 LEC) 2. Procesos especiales (Arts. 748 a 827 LEC) • Disposiciones generales (Arts. 748 a 755 LEC) • Supuestos: procesos especiales no dispositivos menos el de división de patrimonios y el cambiario.
o Procesos sobre la capacidad de las personas o Procesos sobre filiación, paternalidad y maternidad o Procesos matrimoniales y de menores o Procesos sobre división de patrimonios: dentro de este hay de dos tipos: § Proceso de división de herencia § Litigación de régimen económico matrimonial. Es un proceso hibrido sobre reclamación de cantidad que puede convertirse en titulo ejecutivo.
o Proceso matrimonio o Proceso cambiario: cuando tenga letra de cambio debidamente protestada. También puede convertirse en dos cosas.
Debemos distinguir en primer lugar entre procesos plenarios y sumarios (Arts. 447.2 y .3 .4 LEC). Antes decíamos que todos los ordinarios eran plenarios y que los especiales pueden ser plenarios o sumarios. A partir del año 2000 todos los sumarios seguirán la tramitación del verbal aunque haya particularidades. Ahora los sumarios no son especiales sino que se tramitan por el cauce de un ordinario que es el juicio verbal pero con múltiples particularidades. Los procesos sumarios no tienen efecto de cosa juzgada como si ocurre con los plenarios (IMPORTANTE). Los juicios plenarios se oponen a los sumarios.
Hay unos medios de prueba tasados en que el legislador le dice al juez que valor tendrá cada medio de prueba. Por ejemplo, los documentos públicos o privados tienen valor probatorio los públicos se tienen por ciertos.
El Art. 439 LEC en sede de juicio verbal se refiere a la inadmisión de la demanda en casos especiales cuando no se acompañe de determinados documentos. Dentro de estas encontramos particularidades en el sumario (Art. 437 LEC).
Finalmente hay especialidades procedimentales. También hay el juicio rápido civil que se introdujo en una disposición en 2003 (Disposición adicional 5 LEC) que agiliza determinados procesos civiles. Allí donde estén separados los juzgados de primera instancia y de instrucción podrán crearse oficias de señalamiento inmediato. En estos casos se podrán señalar vistas de forma inmediata, comparecencias o actuaciones que supondrá una agilización del tramite ordinario que suele ser ordinario aunque puede ser especial. Esto cabra por razón de cuantía cuando esta no supere los 6.000€ se sigue el tramite verbal.
15.2.La determinación del proceso declarativo adecuado. La cuantía como criterio general. La materia como criterio especial ( IMPORTANTE) Los procesos declarativos ordinarios son el juicio ordinario y el juicio verbal. El legislador nos da normas para saber que tramite vamos a seguir tanto por razón de la materia o de la cuantía. Según la petición se sigue el ordinario o el verbal. En defecto de reglas por razón de la materia se acude a las razones de cuantía. Las reglas por razón de materia son especiales y las reglas por razón de cuantía son generales por ello se aplican primero las especiales y luego las generales prevalece la materia a la cuantía (menos de 6.000€ ordinario y más de 6.000€ verbal). (Art. 249 LEC a Art. 250 LEC dicen cuando se sigue el ordinario y el verbal).
El punto uno de ambos nos dice cuando se sigue uno y otro por razón de materia y el punto dos de ambos artículos nos dicen cuando se sigue uno de estos por razón de la cuantía (ejemplos que van por juicio ordinario son en materia de derechos honoríficos, intimidad, arrendamiento van por ordinario, la opción del retracto… ). Ello esta en relación con el Art. 87 ter LEC. La cuantía es 58 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 importante y se regula en los Art. 251 y 252 LEC. Aunque se crea que se atiende mas a la materia, en la practica muchos asuntos atienden a la cuantía. (Algunos ejemplos que van por tramite verbal son: Cantidades por impago de renta en arrendamientos o desahucio van por tramite verbal, también en interdictos para recobrar la posesión, ejercicio de derechos reales inscritos, la opción del rectificación…) se va por un criterio de cuantía cuando esta es superior a 6.000€ o cuando sea indeterminada, en cuyo caso se sigue el tramite ordinario. Pero si la cuantía se sabe segur que no supera los 6.000€ se fija relativamente y por ello se sigue el verbal.
Los Arts. 251 Y 252 y 253 LEC establecen reglas para establecer el valor económico de la demanda.
Las reglas de determinación de cuantía: El actor es el dominus Litis que decide pedir al tribunal el inicio del proceso y lo que pide en el tribunal, es el que en la demanda establece la cuantía. No lo puede hacer de forma libre porque se este modo se alterarían reglas importantes de competencia y procedimiento a seguir. Es importante la fijación de la cuantía para determinar el tramite a seguir y otras cuestione procesales domo la competencia objetiva y la posibilidad de requerir en casación.
El Art. 253 LEC dice que es el actor quine debe expresar la cuantía en la demanda o escrito inicial.
Esta se calcula conforme a las reglas anteriores (Art. 251 y 252 LEC). Aunque cuando es un pleito por derecho de crédito, esa es la cuantía. Aunque hay algunas situaciones que debe valorarse económicamente, en cuyo caso esos artículos dan las reglas a seguir. El hecho de que el valor de los bienes objeto del proceso se altere durante el proceso no afecta ni al consentimiento ni a la competencia del juez (perpetuatio iurisdictionis, lo que fija las reglas de procedimiento a seguir es lo señalado en el principio de la demanda, los cambios que operen con posterioridad no afectan a la competencia. O que durante la pendencia del litio nada se puede innovar Art. 413 LEC).
El Art. 253.3 LEC establece que si la cuantía se puede fijar de modo relativo se atenderá a esta fijación relativa de la cuantía. Por tanto si sabemos que el valor de los reclamados supera el limite mínimo de lo ordinario, se va a seguir el ordinario, se lo contrario se seguiría el trámite del verbal.
Cuando no pueda fijarse la cuantía ni de modo relativo, se seguirá el tramite del ordinario porque se entenderás que esta es indeterminable o inestimable. Se debe fijar la cuantía en honor de las reglas que la ley prevé cuando estas no sean determinadas. Los que acrediten el valor de la cosa litigiosa deberán aportará a la demanda los documentos que sirvan para determinar la cuantía (Art. 264 LEC).
El Art. 251 LEC establece las reglas de la determinación de la cuantía que por ejemplo son: • Cuando se reclama un crédito, esta es la cuantía y si falta determinación se considera indeterminada.
• Cuando el objeto del proceso sea la condena a dar un bien mueble o inmueble con independencia de que se base en una acción real o personal, se estará el valor del bien al tiempo de interponerse la demanda. El valor del bien se calcula conforme a los precios del mercado.
Para los inmuebles el valor mínimo es el valor catastral ,no cabe un valor inferior al catastral. A les demandas se les aplica las mismas reglas a efectos de nulidad. Se aplica esta regla en otros supuestos.
• Demandas relativas a existencia, inexistencia, eficacia o validez de derechos reales de garantía se atenderá al importe de las sumas garantizadas por todos los conceptos.
• Si se trata de una demanda en que se reclama el derecho a exigir prestaciones periódicas temporales so vitalicias se calculara el valor por el importe de una nulidad multiplicado por 10 salvo que el plazo de la prestación fuera inferior de un 10 en cuyo caso la cuantía es la totalidad de la misma.
• Cuando al demanda tenga por objeto una prestación de haber la cuantía consistirá en el coste de aquello cuya obligación de inste o del informe de daños y perjuicios en caso de incumplimiento.
No se pueden sumar los importes a no ser que se pida el incumplimiento + daños y perjuicios.
59 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 • En caso de herencias o conjunto de masas patrimoniales se aplican las reglas anteriores respecto los bienes derechos u objetos o créditos.
Art. 252 LEC nos da unas reglas para determinar cuantía en supuestos en que hay una pluralidad de acciones o de sujetos. (acumulación objetiva o subjetiva de acciones) cuando se acumulación simple de acciones principales. Si las acciones acumuladas provienen del mismo titulo o con esto se acumulan otras accesorias la cuantía viene determinada por la suma de las acciones porque si otorga la acción principal se otorgan las accesorias. No se toman en cuanta para fijar la cuantía ni las costas ni los frutos futuros, solo los vencidos.
Añuque se sumen varias acciones reales sobre un mismo bien el valor mimo es el objeto sobre el que se acumulen varias acciones reales.
No afectan a la cuantía ni a la clase de juicio la acumulación ni la reconvención.
La concurrencia de varios demandadnos (acumulación subjetiva) no afectara a la cuantía cuando la petición sea la misma para todos. Cuando no se pida lo mismo para cada uno de los demandados, se aplican las reglas de determinación de cuantía anteriores (la de mayor valor económico por ejemplo). En caso de ampliación de demandas, también hay las reglas anteriores.
15.3.Tratamiento procesal de la inadecuación del procedimiento (IMPORTANTE) Que sucede cuando el actor solicita una actuación que es inadecuada según el legislador? El problema del trata cimiento procesal de la inadecuación del procedimiento. ¿qué puede hacer el juez y el demandado cuando el actor pide que se solicite una tramitación y esta no es la que corresponde de acuerdo con las reglas anteriores? Esto puede afectar tanto al trámite solicitado por razón de cuantía como por razón de materia. El legislador dice que si la cuantía afecta al cauce procedimental y tramite que se debe seguir, es cuando se aplican los siguientes artículos: El Art. 404 LEC dice que hará el juez cuando considere que el tramite solicitado por ele actor es inadecuado. El juez dará al juicio la tramitación que solicite el actor en la demanda como regla general, pero si a la vista de la admisión de la demanda, el secretario advierte que el juicio solicitado por el actor es inadecuado por razón de cuantía o de materia, acordara de oficio mediante diligencia ordenara la tramitación que corresponda.
Si el secretario considera que la cuantía es inestimable o indeterminable ordenara que el juicio siga los cauces del juicio ordinario siempre que conste la designación de procurador y letrado. Además siempre que se trata de una demanda fundamentada porque la demanda del ordinario requiere: objeto, sujeto y demanda de pedir. Cabe resolver errores aritméticos de calculo. Estos deben corregirse en la determinación de la cuantía y también los errores selectivos a una regla de calculo.
No obstante, si la demanda se limita a solicitar un tramite de juicio sin establecer las reglas de calculo, cuando no existan elementos suficientes para determinar la cuantía, no se dará recuso a los autos hasta que el actor les de el curso que se les corresponsal y subsane dichos errores. Si el actor no lo subsana en el plazo que se le da para ello, se inadmite la demanda a tramite y se archiva el caso (Art. 254 LEC).
Que puede hacer el demandado ante la impugnación del juicio por la determinación de la cuantía? No lo puede hacer per se porque seria un problema de fondo, pero si puede hacerlo cuando afecte al proceso a seguir o la posibilidad de recurso de casación (Art. 255 LEC). El demandado podrá impugnar la cuantía de la demanda cuando entienda que de haberse determinado de forma correcta, el procedimiento a seguir seria otro o cuando cabria el recurso de casación. Se resuelve en el verbal que no hay contestación escrita de la demanda se alega este problema al contesta la demanda en la propia vista y se entra antes de entrar en los problemas que afectan al fondo. Pero en el ordinario se estudia en la audiencia. Los Arts. 443 LEC en sede de verbal analógicamente se aplicaría lo que resuelve el Art. 422 y 423 LEC para el ordinario.
60 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 Se oye a las partes en la audiencia previa pero si no hay acuerdo el juez decidir de forma motivada lo que procesa tomando en cuenta los documentos e importes que se hayan aportado en la demanda sobre el valor de la cosa litigiosa. Si corresponde seguir los tramites del verbal el juez pone fin a la audiencia pasando al juicio verbal. Se da la reconversión de un juicio ordinario a un juicio verbal.
¿qué pasa si hay que pasar del verbal al ordinario? Aquí es donde puede haber problemas porque la ley no dice nada y para que quepa reconvertir un verbal a un ordinario se requiere que se cumplan los requisitos del juicio ordinario (que son mayores que los del juicio verbal).
Cuando se haya alegado la inadecuación de la materia, el tribunal oídas las partes podrá decidir motivadamente en el acto lo que estime procedente y si considera infundada la motivación, la audiencia seguirá. También el tribunal puede decidir lo que sea procedente dentro de los 5 días siguientes a la finalización de la audiencia. Si el procedimiento adecuado fuera el verbal, al declararlo así se reconvertirá el ordinario en un verbal citando a las partes para la vista.
El reconocimiento e impugnación de documentos y de dictámenes periciales o informes (FUNDAMENTAL) que deben aportarse con la demanda aunque se puede discutir su informe posteriormente mediante impugnación a los efectos de que en la fase probatoria el perito que haya realizado el dictamen puedan comparecer al acto de prueba para responder a las preguntas que se les hagan respecto o practicar prueba testifical.
LECCIÓN 16ª: INICIACIÓN DEL PROCESO 16.1.La demanda: concepto, requisitos, estructura y documentos que deben acompañarla Art. 399 y ss regula la demanda del ordinario. El Art. 403 LEC permitir ampliar la demanda y establece el momento preclusión para el actor. Se refiere a la inadmisión de la demanda a tramite en los supuestos que establece la ley. Por tanto la norma general será la admisión a no ser que se den los supuestos para su inadmisión. Algunas excepciones son: no se admiten las demandas cuando no se adjuntan los documentos que se solicitan. Si se dan todos los requisitos y no hay ningún problema en la demanda, se admite a tramite y se emplaza la misma al demandado para que conteste en 20 días a la demanda en sede de juicio ordinario (Art. 404 LEC). En este plazo de 20 días puede suceder que el demandado interponga acción declinatoria porque entiende que el tribunal no tiene jurisdicción o competencia o porque el asunto estaba sometido a arbitraje, esta declinatoria suspende el juico inicial y tiene un plazo en los primeros 10 días para contestar a la demanda.
Como debe ser la contestación: el actor debe contestar a la demanda en párrafos numerosas y separados los hechos y los fundamentos jurídicos para permite al demandado contestar adecuadamente (Art. 405 LEC) como se puede atacar o contravenir (Art. 406 LEC). si se dan ciertos requisitos se puede absolver al demandado. El demandado puede introducir hechos nuevos que no se alegaron y sobre ellos fundar la falta de derecho al proceso del actor. Hay un plazo de 20 días para la reconvención (Art. 407 LEC) estas alegaciones como la compensación de créditos o la nulidad de negocio en cuyo caso aunque no se reconvenga explícitamente, al actor se le debe dar la oportunidad de contestar en ambos casos y se les da un tratamiento equivalente a la reconvención.
(Art. 414 a 430 LEC regula todo lo que se puede hacer en la audiencia previa entre ellas un acuerdo de conciliación entre las partes).
Cabe que el actor recurra la decisión del tribunal si considera que el demandado no tiene capacidad procesal o que no acredita la representación.
Defensas procesales: todas las que se enumeran en el Art. 416 LEC todas las alegadas por el demandado excepto las que se refieran a la competencia y jurisdicción del tribunal que debe haber sido alegadas antes de contestar la demanda mediante la declinatoria. Este articulo enumera las 61 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 cuestiones procesales que se discuten en la audiencia previa: Cosa juzgada, litispendencia, falta del debido litisconsorcio debido legal de inadecuación del procedimiento, defecto legal en el modo de proponer la demanda,…. Y porque orden se tramitan estas cuestiones procesales. Regula los Artículos siguientes teniendo en cuenta el orden por el que se tramitan estas cuestiones.
En la audiencia previa también hay algo importante que puede realizarse: una pretensión complementaria es ampliar la demanda. También hay el escrito de ampliación de hechos en la audiencia. Los hechos posteriores a la audiencia y previos al juicio hay que alegarlos al juicio, pero solo se pueden alegar fuera del juicio cuando sean posterior (Art. 286 LEC) mediante el escrito de ampliación de hechos nuevos o de nueva noticia (Art. 426 LEC) También se pueden acompañar documentos y dictámenes que se justifiquen por razón de estas alegaciones complementarias estos documentos se podrían aportar en la audiencia. Además el Art. 427 LEC establece que en la audiencia se acompañan documentos a la demanda (IMPORTANTE LEER ARTICULO). La regla es que los documentos se aportan con la demanda o la contestación salvo otros casos. Una vez aquí se fijan los hechos. Si hay acuerdo aba el proceso pero si las partes no están de acuerdo habrá que practicase prueba sobre los hechos dictados, y entonces es cuando hay juicio.
Será en el acto de juicio también oral: presencia de las partes y del juez, cuando se practicará la prueba.
El juicio se regula en el art. 431 a 433 LEC, si se ha alegado prueba ilícita –contraria a los derechos fundamentales- entonces se alegará, se determinará y ya no se procederá a su práctica. El art. 287 establece que si alguna de las partes o su origen ha vulnerado derechos fundamentales, lo alegará de inmediato, con traslado de la alegación, tan pronto como tenga conocimiento. En el verbal esta cuestión se resuelve en la vista, en caso del ordinario al inicio del juicio. Frente a la resolución del juez sólo cabe un recurso de reposición ante el propio juez, si la decisión se mantiene no cabe otro recurso inmediato, sino en su caso recurrir la sentencia.
El art. 433.1, si se conocieron o son anteriores en la audiencia hay que alegar los datos que prueben la ilicitud en la misma. En caso de que las pruebas aparezcan durante el juicio, permite practicar y evaluar las pruebas utilizadas en las “diligencias finales”. Este procedimiento sólo existe en el juicio ordinario, si bien, en el verbal se puede llevar a cabo una “ampliación de hechos·”.
La ampliación de hechos es el último momento en que cabe alegar sucesos nuevos Todo lo que suceda demás ya no sufrirá el efecto preclusivo de la litsipendencia o la cosa juzgada. Acabada la práctica de la prueba que dependerá de los medios de prueba empleados. Las conclusiones son orales. Los hechos controvertidos se someten a prueba cuando las partes no estén de acuerdo.
En las conclusiones e informe cada parte formula oralmente los argumentos jurídicos en base a los cuales se les debe dar la razón, evaluando las pruebas. En su caso pueden manifestar presunciones.
La carga de prueba recae por defecto en el actor, si bien, hay excepciones –caso de discriminación sexista.
Cada parte puede informar sobre los argumentos jurídicos en los que apoye su absolución o condena. Si el tribunal no se considera suficientemente ilustrado, puede conceder a las partes la palabra tantas veces estime conveniente, para que informen sobre los extremos que a su entender deban ser matizados. En la práctica esto casi nunca sucede. Para el verbal no se prevén las conclusiones ni el informe. Ahora bien, en la práctica hay una breve exposición de los argumentos de cada parte. Lo único que resta es dictar sentencia. El art. 434 prevé la posibilidad de presentar diligencias finales, dentro de los veinte días a la finalización del juicio. Se produce la suspensión.
El art. 436 prevé que el plazo vuelva a computarse –explicado infra. Las diligencias finales se regulan en el art. 434.2, 435 y 436 LEC. Antes se llamaban “diligencias para mejor proceder” o “para mejor dilatar”. Sólo podían ser acordadas de oficio. Ahora las partes las pueden pedir, de hecho “sólo a instancia de parte” y mediante auto puede practicarlas el tribunal. Si bien se contempla alguna excepción, de oficio.
No cabe presentar: Aquellas pruebas que las partes podrían haber presentado en su momento.
Recuérdese que el juez podía art. 420 sugerir a las partes la práctica de una prueba. Cabrá apreciar 62 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 medos admitidos por el juez, pero que no se pudieron practicar por causas ajenas a aquel medio de prueba. También se admitirán y practicarán las pruebas pertinentes y útiles, sobre hechos nuevos o de nueva noticia.
De forma excepcional, el tribunal, de oficio o a instancia de parte, se pueden presentar pruebas sobre hechos relevantes, sobre pruebas alegados, con resultados no conducentes o inválidos, por circunstancias que hayan hecho que la prueba obtuviese ese resultado y ahora esas circunstancias ya no existen, con lo cual se puede pensar que el resultado de la prueba ya será óptimo para dictar sentencia.
Concluidas las diligencias finales, se vuelven a presentar conclusiones, sobre las pruebas valoradas como diligencia final. Se presenten o no el escrito en los cinco días tras practicada la prueba, comienza a correr el plazo para sentencia de 20 días.
Cuando estudiemos el recurso de apelación rige el principio de apelación de nova reperta. Como regla general en segunda instancia se parte de los materiales que tuvo el juez en primera instancia.
Si bien, cabe la posibilidad excepcional de alegar algunos documentos en segunda instancia.
Alegación de hechos de hechos nuevos o de nueva noticia excepcionalmente también es posible.
Veamos ahora el esquema del juicio verba. Basta una demanda sucinta o breve (art. 437.1 y 2 LEC) basta sujetos y petitum, no hace falta alegar la causa de pedir. Cuando el verbal fuera por razón de cuantía y esta no superase los 2.000 euros no se necesitan abogado ni procurador El secretario debe evaluar su admisibilidad. Si se admite, se da traslado al demando.
Hay muchas particularidades –sumarios aparte- véase art- 441 LEC donde se enumeran cosas que hay que hacer antes de la vista. Cabe interponer la declinatoria en cinco días.
Hay reglas específicas sobre acumulación de acción y reconvenciones. En la reconvención debe alegarse cinco días antes de la vista para que no haya indefensión del actor. Recuérdese que en este procedimiento el demandado no contesta a la demanda hasta la vista, art. 438 LEC.
Puede haber actuaciones previas a la vista, si alguna de las partes quiere citar a testigos y no los puede llamar ella directamente, antes de la vista debe pasarlos al tribunal. La vista es un acto concentrado.
Si a la vista no asiste el actor, se entiende que desiste de su pretensión. Si no acude el demandado el proceso sigue, declarándolo en rebeldía. El art. 443 LEC regula la vista y la concentración de actos durante su proceso. Estos siguen el siguiente orden: 1. Fundamento de la demanda, causa de pedir no planteada en la demanda.
2. Resolución de problemas procesales.
3. Defensas materiales 4. Fijación de los hechos controvertidos 5. Proposición de la prueba, admisión y práctica de la prueba. En ocasiones –llamar a un testigo, llevar a cabo un peritaje- se requerirá de dar un nuevo plazo.
Aunque la ley no hable de informes y conclusiones, por analogía, las partes exponen sus conclusiones. En los diez días siguientes, el tribunal dicta sentencia art. 447 LEC. Este mismo artículo regula la particularidad de los juicios sumarios que no surten cosa juzgada.
16.2.Admisión e inadmisión de la demanda La demanda ejercita el derecho al proceso y a la actividad jurisdiccional. Aunque normalmente tienen una estructura distinta, no genera ningún problema de admisión. Lo único que probaría tales problemas es el no cumplir los requisitos materiales de la demanda.
En cuanto a la estructura lo habitual es que la demanda tenga 3 apartados: 63 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 • El encabezamiento: es dónde consta la identificación de los sujetos (actor y demandado) la invocación al tribunal que puede ser genérica o especifica. Se identifica también al procurador y al letrado que participan. Además de el tramite procedimental que se va a seguir (ordinario o verbal) y también hay una pequeña referencia a las concretas acciones que se ejercitan de forma resumida.
• El cuerpo o fundamentación: es dónde hay una separación entre los hechos de la existencia de títulos jurídicos en que se basa la petición de tutela además de un apartado de fundamentos de derecho o de argumentos jurídicos en los que el actor basa su petición de tutela. Junto a estos, hay una invocación de normas jurídicas en las que el actor sea la en que artículos concretos basa aquel supuesto concreto. Se separan pues los hechos y los títulos jurídicos en que se basa la demanda. Dentro de los argumentos jurídicos, la ley permite distinguir entre: o Argumentos jurídico que afectan a supuestos procesales (carácter procesal) o Argumentos jurídico que afectan al fondo (carácter material • El suplico o suplica: el actor resume el petitum (aquello que se pide al tribunal). Es dónde se concreta todo aquello que el actor pide.
A veces en la demanda también se contienen otras peticiones que se formulan por los otros sí en los que se suplique al juzgado por ejemplo que adopte una medida cautelar o que se tomen testimonio en auto de la copia y se devuelva a la parte el original que aportó. Estos se unen al final a través de los denominados otros si.
Tras os otros si, si se da, se va a firmar por las partes así como por el procurador y el abogado.
En cuanto al contenido de la demanda, tanto da la forma en la que esta se estructura, pero el contenido debe constar el elemento subjetivo del tribunal y de las partes, así como el elemento objetivo de la demanda que consiste en hechos o títulos jurídicos así como el petitum o aquello que se pide además de los fundamentos de derecho. El Art. 349 LEC se refiere al contenido de la demanda (explicación en el objeto del proceso tema 4).Junto a la designación del actor y procurador y abogado cuando intervengan.
Respecto a los hechos, esos se deben narrar de forma ordenada y clara (numerados y separados) a los efectos de que el demandado en su contestación puede admitirlos negarlos. Además con el mismo orden y claridad se expresa los medios o documentos que se aporten en relación con los hechos que fundamenten las pretensiones.
En los fundamentos de derecho (de carácter procesal o material) el Art. 349 LEC establece que además de los de las cuestiones procesales también se dan de forma separa los de capacidad de la partes, jurisdicción, competencia, clase de juicio y cualquier otros hechos obre los que pueda valer la competencia de un juicio y cuestiones de fondo. Es decir que se separan los de carácter procesal, material o de fondo.
En el petitum cuando sean varios los pronunciamiento solicitados se expresaran con la debida separación y redacción clara. Para que al tribunal le quede claro cual es la petición principal y cuales las subsidiarias o accesorias porque de lo contrario habrá un problema legal.
Respecto de la demanda aparece el Art. 400 LEC que en determinados supuestos, sobretodo cuando haya otro proceso idéntico o conexo sobre lo ya solicitado se entiende que hay identidad en la causa de pedir, si se plantea en otro proceso lo mismo pero con argumentos distintos que podrían haber hacerse valer en el primer proceso.
El Art. 437 LEC se refiere al contenido de la demanda en el juicio verbal en el que tiene menos exigencias que la demanda del ordinario. Que basta con identificar al tribunales, sujetos y el petitum. La fundamentación no es imprescindible en la demanda porque puede haberse en la vista oral.
64 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 Con la demanda hay que presentar una serie de documentos de carácter procesal y otros documentos que sirvan de prueba para argumentar los hechos que alegamos, que se deben aportar cuando así lo establezca la ley (Art. 264 LEC): • El poder notarial que se haya concedido al procurador, siempre que este intervenga y la intervención no se apud acta.
• Cuando no se contengan en el poder los documentos que acrediten la representación que el litigante se atribuya. (poder + documento que acredite dicha representación).
• Se exigen los documentos o dictámenes que acrediten el valor de la cosa litigiosa a efectos de competencia y de procedimiento.
¿Qué sucede si tales documentos no acompañan a la demanda? La anterior LEC establecía que la consecuencia era la inadmisión a tramite de la demanda pero en la LEC actual no hay ningún articulo que exprese dicha situación. La regla general es que se admitirá al demanda a tramite a no ser que haya algún precepto legal que establezca lo contrario (Art. 403 LEC).
Si unimos dicho articulo junto con los que se refieren a la capacidad para ser parte, considerados que se trata de un supuesto subsanable. Si no se subsana, implicaría la finalización al proceso y por ello la inadmisión de la demanda.
El Art. 254 LEC el juez actuara de oficio peor solo deja de dar tramite al proceso por razón de cuantía cuando no sea posible dar la regla de calculo por los datos dados por el actos. Aunque es subsanable, si no se subsana se inadmite la demanda a tramite.
Respecto a los documentos de fondo que hay que acompañar la demanda es esencial el Art. 265 LEC según el cual: si el hecho que se afirma se puede fundar en base a un documento, se debe aportar en la demanda o en la contestación.
En el Art. 209.2 LEC establece los medios de reproducción del sonido, imagen o datos que consigan probar los hechos afirmados. Este articulo relata los medios de prueba, que entre otros son : • Interrogatorio de las partes • Documentos públicos o privaros • Dictamen de peritos en que las partes apoyen sus pretensiones (sin perjuicio de los Art. 337 LEC y 339 LEC en los que no se permite emitir dicho dictamen) • Interrogatorio de testigos • Además de los medios de reproducción de palabra, sonido o imagen así como los que permiten reproducir palabras, datos, operaciones matemáticas relevantes para el proceso.
• Certificaciones • Libro de registro • Informes elaborados por profesionales de la investigación (detectives privados) legamente habilitados sobre hechos relevantes que aporten las partes en sus informes. Si estos no se consideran como ciertos se puede pedir prueba testifical.
El efecto de su no aportación inicial lo establece el Art. 261.1 LEC al establecer que en este caso, salvo las excepciones que permite la ley, no podrá la parte presentar el documento posteriormente ni solicitar que se traiga a los autos, por tanto precluye a la hora de dictarlo y no puede ser tenido en cuenta para la sentencia. Por ello hay que aportarlo en su momento, si es extemporáneo no se acepta.
Cuando no se tenga el documento se indicara que no se puede aportar pero se indica el lugar en el que se encuentra, aunque cuando se encuentran en sitios públicos se entiende que si se puede aportar aunque sea con una copia simple. Además, la ley prevé en el Art. 270 LEC la presentación de documentos en un momento no inicial cuando se den los siguientes casos: Los de fecha posterior a la demanda, a la audiencia que no se hubieran podido presentar. Hechos conocidos o 65 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 documentos nuevos o conocidos con posterioridad que se pueden alegar después si se ha hecho designación de dónde están. En el Art. 269 LEC hay las consecuencias de la no presentación.
La única excepción es la posibilidad de que existan sentencias o resoluciones judiciales que se hayan notificado con fecha posterior al momento de realizar las decisiones decisivas para la primera instancia. Cabria si se trata de sentencia, la posibilidad de que la resolución se presente dentro del plazo incluso para dictar sentencia, dado traslado a las demás partes para que en plazo común de 5 días puedan alegar lo que estimen conveniente con suspensión del plazo para dictar sentencia.
La ley en casos especiales se sigue la aportación inicial de determinados documentos aunque a veces se trate de documentos de fondo que sirven para probar aquello que se pida, el legislador les da un tratamiento equivalente a un documento de carácter procesal porque son supuestos de procedibilidad. (Art 266 LEC y 269.2 LEC).
Para que quepa pedir la responsabilidad de jueces y magistrados, se debe acreditar tal extremo.
Otro ejemplo es sobre documentos que justifiquen alimentos. Son documentos que sirven como principio de prueba y que si no se aportan, no se admite la demanda a tramite.
También los que del titulo se funden las demandas de retracto. También, cuando se interponga en la demanda el interdicto de adquirir la posesión. La sucesión mortis causa a favor del demandante es otro ejemplo (Art. 767 LEC).
Un requisito procesal de la acción es la accionabilidad: reconocer algo que el tribunal considere que se puede accionar.
Como se presentan los documentos públicos (Art. 267 LEC) y los privados (Art. 268 LEC).
• Cuando son públicos y se han de aportar con la demanda o contestación se deben aportar con copia simple tanto en soporte papel como electrónico. Si se impugna su autenticidad se puede llevar al tribunal el origina, copia o certificación del documento y si estos se impugnan, hay una practica de prueba complementaria con un protocolo de un registro para comprobar que lo aportado es cierto mediante cotejo o comprobación aunque en la practica la copia simple no suele ser impugnada.
• Cuando es un documento privado, se presenta el original mediante copia autorizada por fedatario publico (documento autenticado por fedatario publico). Estos documentos pueden ser presentados por soporte papel o imagen digitalizada que surten los mismos efectos que el original siempre que la conformidad de este no sea cuestionado por las partes. Si s halle en un expediente, protocolo o archivo publico, se designa copia o replica o si no se dispone del mismo, se menciona el lugar en el que se encuentre el mismo. A veces cabe el cotejo de letras (informe caligráfico).
Por ultimo, lo relativo a la presentación de copias de escritos y documentos el Art. 273 LEC establece que se presentan cuantas copias sean necesarias y el Art. 275 LEC establece que se permita subsanación en el plazo de 5 días si no se aportan todas las copias necesarias. Cuando no se subsana, lo hace el secretario judicial de oficio, salvo que se tratare de los escritos de demanda o contestación o de los documentos que deban acompañarlos en cuyo caos se entienden como no presentados ni aportados a todos los efectos. No habrá efectos de litispendencia porque se tendrá como no presentada.
16.3.Efectos de la demanda: la litispendencia. Concepto, tiempo y efectos El hecho de que no se presente la demanda tiene unos efectos de carácter procesal y material en los Art. 410 a 413 LEC. La ley dice que el hecho de haber presentarlo la demanda si es admitía a tramite, genera una serie de efectos importantes. La pendencia del proceso genera unos efectos procesales como: • Dies ad quo cuando se presenta la demanda. Hay una discrepancia doctrinal porque no había ningún precepto en la LEC para ello y se tenían en cuenta procesos del CC porque unos 66 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 consideran que empieza el día en que se presenta la demanda y otros en que se inicia cunado esta se admitía a tramite. La mejoría entendía que era el día de presentación de la demanda si luego resultaba admitida.
• Dies ad quem cuando no caben recursos posibles: día en que se dicta una resolución firme.
No caben dos procesos pendiente sobre lo mismo por tanto el segundo no puede continuar si hay otro pendiente. Si hay el primero pendiente hay litispendiente. Por ello es muy relevante el dies ad quo para saber cual de ellos puede continaur dado que continua el que se presentó la demanda antes.
Las excepciones procesales al respecto se dan en la audiencia previa o en el juicio verbal (Art. 416 LEC, 421 LEC y el 443 LEC) Cuando el tribunal aprecie la pendencia de otro juicio o hay cosa juzgada, se da por finalizada la audiencia y se dicta en los siguientes 5 días acto de sobreseimiento. Si no hay litispendencia, se continua con el proceso. En caso de identidad, continua el proceso que esté más avanzado.
Otro efecto de la litispendencia es la perpetuatio iurisdiccionis. Perpetuación de la jurisdicción que consiste en que las alteraciones que se den una vez indicado el proceso en la litispendencia no afecta ni a la jurisdicción ni a la competencia. Las modificaciones que se den no afectan ni a la jurisdicción ni a la competencia..
Otro efecto procesal es la prohibición del cambio de demanda ni del objeto (mutatio demendi) porque generaría indefensión (Art. 412 LEC). Una vez establecido lo que oída el actor en la demanda, en la reconvención, las partes no lo podrán modificar posteriormente sin perjuicio de la posibilidad e formular alegaciones complementarias. No se cambia el objeto, sino que se amplia.
Durante la pendencia del litigio, nada se puede innovar (Art. 413 LEC). El Art. 22 LEC da la finalización del proceso por motivación absolutoria (finalización extraordinaria del proceso).
La litispendencia a partir de un determinado momento tiene efectos de carácter material que se regula en el CC como por ejemplo la interrupción de la prescripción adquisitiva o usucapión desde el emplazamiento que se de al demandado o extintiva es desde la demanda. Además hay unas reglas especiales de enajenación de bienes litigiosos.
LECCIÓN 17ª: CONDUCTAS POSIBLES DEL DEMANDADO ANTE LA DEMANDA (IMPORTANTE) Esquema de planteamiento general: el demandado puede: No comparecer: declaración en rebeldía • No Comparecer: raramente se da (se le emplaza o cita para que acuda al acto verbal y no acude ) en cuyo caso se declara al demandando en rebeldía.
• Comparecer (acude a dicha citación): pueden darse dos opciones: o Adoptar una posición inactiva que opte por la inactividad (no contestar en el plazo que tiene para contestar, lo cual es inusual en la práctica) ello es muy poco habitual. En este caso se declara al demandado en rebeldía (Art. 496 a 508 LEC).
o Adaptar una posicionan activa: que opte por la actividad § Rendición: consiste en que el demandado se rinde, que se llama allanamiento § Contraataque: reconvención (nueva acción) § Defensa: puede optar una postura defensiva como plantear planteamiento de declinatoria antes de contestar a la demanda. Aunque lo habitual es que conteste a la demanda. Al contestar puede hacer varias cosas: 67 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 Ø Interponer excepciones procesales o de forma Ø Introducir defensas materiales (no son incompatibles con las primeras). Entre estas se distingue entre: v Negación: negar los hechos y argumentos que el actor ha alegado en la demanda. Que puede ser de dos clases: - Directa: que puede ser de dos tipos: § Fáctica: se limita a negar los hechos § Jurídica: se limita a negar la consecuencia jurídica de los hechos - Indirecta: se niegan los hechos y se introducen hechos nuevos que son incompatibles con los que el actor ha alegado en la demanda, que se denomina en derecho penal como la coartada en cuyo caso se absuelve al demandado. El problema es cuando ni el actor ni el demandado pueden probar los hechos, en cuyo caso será una sentencia absolutoria para el demandando.
v Excepciones materiales o de fondo: que van desde la mera negativa en que se niega lo que dice el actor y no se aporta nada más, hasta - Propias: - Impropias: A veces el demandado introduce hechos nuevos que pueden ser compatibles con los otros o no. Los cuales son de tres tipos: § Impeditivos: aquellos que impiden que tengan consecuencia jurídica los hechos alegados por el actor.
§ Extintivos: extinguen la eficacia jurídica de los hechos constitutivos.
§ Excluyentes: excluyen la eficacia jurídica de los hechos constitutivos cuando son alegados y probados.
17.1. Incomparecencia o rebeldía del demandado Cuando el demandando no acude a la citación, se le declara en rebeldía (Art. 496 a 508 LEC). En nuestro sistema rebeldía equivale a oposición de la demanda y por tanto, va a ser el actor el que deberá probar que tiene derecho a lo que pide salvo que la ley disponga lo contrario por ejemplo en los siguientes casos entre otros: la tercería de mejor derecho, el allanamiento equivale a ejecución… La declaración en rebeldía tiene los siguientes efectos: el Art. 479 LEC establece que el proceso va seguir a sin audiencia del rebelde, aunque si este quiere entrar en el proceso con posterioridad, se darán por prelucidas las actuaciones previas (no se volverán a repetir). Una de las excepciones es aquella en la que el demandando declarado en rebeldía aparece en un momento en que no cabe aplicar prueba en primera instancia. En el caso de que el rebelde sea involuntario cabra prueba en secunda instancia.
Dentro de los efectos de la rebeldía tenemos una serie de normas especificas en materia de notificaciones de manera que el rebelde a partir del momento en que sea declaro como tal las notificaciones nos e hacen personalmente, sino a través de edictos excepto la sentencia al final de la primera instancia que si se hace personalmente así como los posibles recursos que quedan sobre la misma. El rebelde puede recurrir la sentencia en el plazo que la ley prevé (Art. 500 LEC). Cuando no se le pudiere notificar personalmente la sentencia, entonces se le comunica también en forma edictal. Cuando dicha sentencia sea firme porque no se le pude comunicar, se permite el mecanismo de la audiencia al condenado en rebeldía que permite la rescisión de la sentencia firme cuando ase den los presupuestos que establece la ley por ello se va a dictar nueva sentencia con 68 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 idéntico o diferente contenido a la sentencia previa. En este caso si la sentencia es de condena para el rebelde si se dan los requisitos que dice la ley cabe pedir su rescisión ante el tribunal que la haya dictado a los efectos de que la rescinda y de que vuelva a conocer del asunto el que dicto la sentencia en primera instancia. Todo esto solo cabe ante la rebeldía involuntaria. Se entiende que se realiza ante una sentencia condenado al rebelde de lo contrario no cabe (Arts. 501 a 508 LEC).
Fuera mayor, desconocimiento de la demanda…. Hay unos plazos para la acción de rescisión si es un demandado involuntario: que son de 20 días para intentar la audiencia si es una sentencia firme que se notifica personalmente al demandado, 4 meses si la comunicación de la sentencia se hico por edicto. Estos plazos podrán prorrogarse si existiera fuerza mayor que hubiera evitado la comparecencia del demandado en cuyo caso hay un plazo de caducidad máximo de 16 meses. No cabra este mecanismos cuando se trate de procesos sumarios que carecen de efecto de cosa juzgada.
Los artículos siguientes explican la tramitación de dicho procedimiento. Si se dan dichas circunstancias se rescinde la sentencia y vuelve a conocer del asunto el juez de primera instancia y entonces se solicita al demandado que actué. Respecto de la sentencia que se dicte caben los recursos oportunos.
El Art 508 LEC establece que si el dimanado no formula alegaciones y tramitaciones cuando rescinde la sentencia, se entiende que no lo acepta y se dicta la misma sentencia que fue rescindida.
17.2.Actividad o inactividad (comparecencia y posición actica del demandado) 17.3.Allanamiento, oposición a la demanda y reconvención La inactividad es muy poco habitual en la actualidad dado que lo normal es que el demandado tenga una posición activa y comparezca especialmente para defenderse. Aunque en la contestación ala demanda el demandado puede allanarse (modo de finalización anticipada del proceso Art. 21.1 y .2 LEC donde se distingue entre el: • Allanamiento total: el allanamiento vincula al juez quien dicta una sentencia de condena estimando lo que el actor pedía frente al demandado que se llana totalmente. Cuando se da un fraude de ley o se allana en perjuicio de un tercero el juez no se vincula.
• Allanamiento parcial: el juez dicta un auto respecto a las cuestiones que el demando se allanó y dicho autor tiene equivalencia a una sentencia en el sentido de titulo ejecutivo. Aunque el proceso continua sobre las cuestiones no allanadas La postura diferente al allanamiento es el contraataque del demandando llamado reconvención (estudiada en temas anteriores) cuyos efectos de acumulación sobrevenida de acciones es que todas las acciones se resuelven en una misma sentencia (Art. 408 LEC). Hay que tener en cuenta la litispendencia (estudiada en temas anteriores).
17.4.Oposición a la demanda y contestación Lo habitual es que el demandando se defienda mediante la contestación a la demanda, aunque antes de contestar la demanda se podía oponer a la misma estableciendo que el tema no se puede resolver ante un órgano jurisdiccional por falta de jurisdicción o por falta de competencia del mismo todo ello mediante la declinatoria (estudiada en temas anteriores). podría tener como ciertos dichos hechos.
17.5.Negación de los hechos y negación del efecto jurídico El demandado en la contestación de la demanda también puede establecer defensas materiales como por ejemplo la negación (de los hechos o del efecto jurídico pretendido del actor.
Estamos pues ante una negación fáctica o de una negación jurídica respectivamente) Art. 405 LEC establece que el demandado debe o bien aceptar la demanda o bien negarla pero no establecer evasivas proel juez (ficta confessio).
69 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 Cabe la posibilidad e que la negación sea indirecta relativa a hechos en el sentido de que el demandado niega los hechos mediante la introducción de hechos nuevos incompatibles con los que el actor alega. Ello en términos penales se conoce como coartada (supuesto de negación fáctica indirecta).
Con la negación jurídica el demandando acepta los hechos pero no la consecuencia que provocan.
En este caso se da una aceleración del proceso (art. 408 LEC). Se produce una aceleración del proceso en el sentido de que solo se practica prueba de los hechos controvertidos en los que las partes no están de acuerdo porque cuando están acuerdo no hay que discutir mas sobre ellos dado que la única disfunción es jurídica no fáctica.
17.6.Las excepciones. Clases y efectos El demandado alega excepcione materiales o de fondo y lo debe hacer al contestar a la demanda con una sentencia absolutoria y de cosa juzgada se trata de aportar hechos nuevos distintos a los que alega la parte actora pero no incompatibles con estos. El demandado debe probar los siguientes hechos: • Impeditivos porque impiden la consecuencia jurídica derivada de los hechos constitutivos que el actor pretende. Estos pueden ser anteriores o coetáneos a los constitutivos que constituyen el derecho a tutela.
• Extintitos dado que se trata de hechos nuevos posteriores a los constitutivos que extinguen la eficacia jurídica de estos. Un ejemplo seria el pago o la caducidad.
• Excluyentes hechos posteriores a los constituíos sin negar que sean ciertos los constituíos, se introducen unos nuevos que excluyen la eficacia jurídica de los constitutivos . Un ejemplo seria la prescripción.
Rige el principio dispositivo de que cada parte debe alegar y probar aquello que le conviene. En este sentido el actor debe probar los hechos constitutivos y el demandado los impeditivos, extintivos y excluyentes.
El Art. 217 LEC se refiere a la carga de la prueba. Cuando al juez le quedan unos hechos dudosos s hay la teoría de quien debe sufrir la carga de la prueba de dichos hechos. Quien sufre la consecuencia es el juez en el sentido de que si el actor no prueba los hechos constitutivos se dicta sentencia absolutoria. Por el contrario si el dimanado no prueba los hechos impeditivos, extintivos o excluyentes se dicta sentencia condenatoria.
Las excepciones son de dos tipos de acuerdo con la doctrina (aunque no son tenido en cuenta siempre por el tribunal para no tener sentencias incongruentes) o Una excepción es propia cuando el demandado tiene la carga formal de alegarlas y la carga material de probar aquello que alega. Son propias las que se basan por hechos excluyentes y el tribunal no las puede tener en cuenta (de acuerdo con la doctrina).
o Una excepción es impropia cunado el tribunal la alega de oficio aunque no lo haga el dimanando. La doctrina dice que aunque el demandado no alegue el hecho en el que basa su defensa, si queda probado aquello durante el proceso, el tribunal el puede tener en cuenta de oficio. Son impropios las que se basan en hechos impeditivos y extintivos de modo que si al tribunal estos hechos le quedan probado aunque la parte no los hubiera alegado el tribunal los pueden tener en cuenta de oficio (de acuerdo con la doctrina).
17.7.Alegaciones posteriores a la demanda y a la contestación a la demanda Cabe realizar alegaciones incluso con posterioridad al tema inicial. Nos referimos a la posibilidad de acumular acciones sobrevenida por el actor acumulando la demanda que no cabe después de que se haya contestado a la demanda. Cabe que cuando el demandado utilice la contestación para acumular acciones mediante reconvención, se le da al actor la posibilidad de contestar a la 70 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 reconvención. Art. 412 LEC se refiere a la prohibición del cambio de demanda (mutatio libeli) para evitar la indefensión para la otra parte. No cabe el cambio de demanda pero si la hacer alegaciones complementarias así como peticiones accesorias o complementarias a la demanda (Art. 424 LEC) también aclaraciones o precisiones que quedan a titulo del tribunal.
Cabe también alegar hechos nuevos o de nueva noticia que se hayan dado desde la audiencia asta el juicio del ordinario o en la vida del verbal (Art. 286 LEC) son alegaciones posteriores al momento inicial (estudiados en temas anteriores).
Sección Segunda: Determinación de los hechos. La prueba.
LECCIÓN 18ª: TEORIA GENERAL DE LA PRUEBA 18.1.La determinación de los hechos: el concepto de prueba, el objeto de prueba y la carga de la prueba Los Art. 281 a 298 LEC se refieren a la teoría general de la prueba mientras que los Art. 299 a 386 LEC se dedican a los distintos medios de prueba.
18.2.Concepto de prueba La prueba es una actividad que se realiza por las partes ante el juez con inmediación y a veces con intervención de terceros con los efectos de conseguir que el juez adquiera la certera de hechos controvertidos.
18.3.Objeto de la prueba El Art. 281 LEC establece que hay hechos que no es necesario que sean probados. A veces el derecho va a precisar prueba como: la costumbre y el derecho extranjero. Hay que probar hechos que guarden relación con el objeto de proceso (no hay que probar derecho) excepto cuando se trata de una costumbre o un derecho extranjero. Los hechos notorios (corresponden a la cultura media de cualquier ciudadano) que no precisan prueba. También están exceptos de prueba los hechos sobre los que exista plena conformidad de las partes salvo en los casos en que el objeto del proceso este fuera de disposición de los litigantes.
18.4. Carga de la prueba En nuestro proceso civil rige el principio dispositivo y en materia probatoria rige el principio de justicia rogada aunque en cierta medida se permite el principio de oficialidad propio en materia penal. El Art. 282 LEC sobre iniciativa de la actividad probatoria se establece que las pruebas se aportan a instancia de parte. Aunque cuando no rija el principio dispositivo, el juez podría actuar de oficio. En principio el juez admite las pruebas propuestas por las partes con ciertas limitaciones dado que no admite cuando no guarda relación con lo que sea objeto del proceso (pruebas impertinentes) o cuando sean pruebas inútiles (cuando no hay relación de medio a fin aquellas pruebas que no consiguen el fin deseado) ni las que sean prohibidas por la ley ni las consideras ilícitas (Art. 283 LEC).
El juez valora a la hora de dictar sentencia que hechos para el han quedado probados como ciertos o como que no se han dado (certeza positiva o negativa de la prueba). La regla de la carga de la prueba se da sobre los hechos dudosos (Art. 217 LEC). Cuando quedan dudosos, considera desestimadas las pretensiones del actor o del demandado a los que corresponde la carga de los hechos constitutivos de los que dependa la consecuencia jurídica de la norma.
El legislador puede alterar las reglas sobre carga de la prueba. Por ejemplo los puntos 4 y 5 del Art.
217 LEC; hay que estar atento a dicha excepción sobre casos de competencia desleal o ilícita que corresponde al demandado dicha carga de la prueba. Hay alteraciones de la regla de la carga de la prueba. En aquellos procedimientos en los que haya discriminación de sexo, corresponderá al demandado probar la ausencia de discriminación en las medias adoptadas.
71 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 Cada parte probara aquello que le sea mas fácil para basar su petición para el actor o defensa para el demandado (Art. 217.6 LEC).
18.5. Fuentes y medios de prueba Los medios de prueba que prevé el legislador son los enumerados en el Art. 299 LEC (son numerus apertus): 1. El interrogatorio de las partes 2. Documentos públicos y privados (prueba documental) 3. Dictamen de peritos 4. Reconocimiento judicial 5. Interrogatorio de testigos (prueba testifical) 6. Los otros medios de prueba son los medios de reproducción de la palabra, sonido o imagen.
Antes de la LEC actual había una doble regulación dado que se regulaban por la LEC y por el CC cuya diferencia esencial estaba en las presunciones que solo regulada el LEC. el legislador de 2000 deroga los artículos del CC sobre prueba y los regula en la LEC.
18.6.Admisibilidad e inadmisibilidad de la prueba En relación con la prueba ilícita, el art. 24 CE que pueda crear indefensión) Art. 11.1 LOPJ establece que no surten efectos las pruebas que se obtengan violentando un derecho fundamental por lo que el juez no las puede tener en cuenta.
El Art. 287.1 LEC se refiere sobre la ilicitud de la prueba: Cuando la parte tenga conocimiento de que mediante la prueba se vulnera un derecho fundamental, se pone en conocimiento de tribunal de forma inmediata. El tribunal también lo puede ver de oficio. Aunque ello se hace antes de entrar en la practica de la prueba. A tal efecto se oye a las partes y se aceptan si es necesario pruebas para que el juez decida.
El Art. 287.2 LEC dedica lo que decida el tribunal sobre la ilicitud de la prueba cabe únicamente el recurso de reposición ante dicha decisión. Es un recurso no disolutivo que se dicta sobre el jue que ha dictado la resolución, que se recure. Ello se hace en el mismo acto del juicio o de la vista, quedando a salvo del derecho de las partes a reproducir la impugnación en la apelación contra la sentencia definitiva.
18.7.Valoración de la prueba: prueba libre y prueba tasada El legislador sigue un sistema mixto en el ámbito del proceso civil porque en el penal la prueba es toda de libre valoración. En el sistema civil pueden ser: • Prueba tasada porque el legislador le dice al juez que valor le da a un medio de prueba determinado. Como pruebas tasadas, en el Art. 319 a 323 LEC se establece el valor probatorio de los documentos públicos. El Art. 326 LEC establece que valor tienen los documentos privados. La LEC anterior establecía que los documentos debían ser reconocidos como ciertos por el interesado si son privados, pero con la LEC actual se entienden como ciertos salvo que se demuestre lo contrario. Una prueba tasada es el interrogatorio de las partes que se entienden como ciertos. La LEC actual establece que se entienden todos ciertos siempre que este medio de prueba no este en contradicción con otros medios de prueba.
• Prueba de libre valoración porque el juez valora libremente el valor de la prueba mediante las reglas de la sana critica mediante una argumentación razonada.
Sobre procedimiento probatorio cada uno tiene el suyo aunque tienen todos tienen unas pautas comunes que son las siguientes: • Solicitud de parte 72 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 • Admisión por el juez en la vista oral o en la audiencia 18.8.Forma y tiempo de la prueba El Art. 284 LEC establece que los medios de prueba se separan de forma clara, se debe indicar el dominio de las partes, el tribunal debe citar a las partes para la prueba y para la prueba pericial, hay que hacer actuaciones previas. El tribunal debe admitir los medios de prueba de acuerdo con lo que establezca la ley. Se debe admitir en la audiencia del ordinario o en la vista del verbal. El Art. 446 LEC se refiere sobre a las resoluciones de prueba y recursos porque las partes pueden ejercer protesta ante la inadmisión o admisión de un medio de prueba en segunda instancia que deben ser motivadas.
En cuanto a la practica de la prueba hay distintas reglas en la ley (Art. 289 LEC): • En unidad de acto: en la audiencia o en el juicio verbal • Con inmediación: con presencia de juez en los casos que establece el Art. 289.2 LEC • La contradicción: en el sentido de que las partes intervienen en la practica de la prueba para que puedan participar • Con publicidad: salvo los casos que establezca el Art. 289 LEC El Art. 300 LEC establece un orden de practica de la prueba que es el siguiente: o Primero el interrogativo de partes o Testigos o Examen de peritos o Reconocimiento judicial o Reproducción de palabras imágenes o sonidos La prueba se establece en acta. El tiempo de practica de la prueba es en el juicio ordinario o en la vista verbal como forma general aunque puede ser previa en casos excepcionales.
LECCIÓN 19ª: MEDIOS DE PRUEBA I 19.1.El interrogatorio de las partes. Antecedentes. Clases. Preguntas y procedimiento probatorio Medios de prueba: en el caso del juicio empieza siempre con el interrogatorio de parte art. 301 a 316 LEC si se leen. Siguen muy bien el esquema que se sigue en el juicio. El interrogatorio de partes como su propio nombre indica, es interrogar a la parte. Sólo lo puede proponer la parte contraria. En ningún caso te puedes proponer a ti mismo. Todas las preguntas que hagas deben estar relacionadas con el pleito.
Siempre habrá un traductor o intérprete jurado, si no hubiese de utilizarse un idioma extranjero o no oficial o cooficial, incluso aunque los letrados y el juez sepan el idioma, porque debe dar fe.
En caso de interrogatorio de una persona jurídica debe acudir el representante legal de la empresa.
E la práctica el legal representante muchas veces no tiene ni idea de lo que ha pasado. Por eso el 309 LEC autoriza a que cuando el legal representante no tenga conocimiento de los hechos, en la audiencia previa puedes señalar a la persona a quien se atribuye el conocimiento de los hechos, para que pueda informar. En muchas ocasiones, en la práctica, eso no es necesario, porque la persona jurídica ya lo sugiere por sí misma. Se deben conferir unos poderes notariales a esa persona para que pueda comparecer en nombre de la persona jurídica al no estar previsto como legal representante en los Estatutos. A diferencia de los testigos, las partes no tienen obligación de decir verdad. En ningún caso se les podrá sancionar si se demuestra que han mentido respecto a ciertos hechos. A nivel introductorio, esto expresa los principales puntos a tener en cuenta.
73 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 Los interrogatorios no se preparan. Puedes quedar con la parte y advertirle de los temas y posibles preguntas. En principio no se preparan.
En el acto de juicio en sí, cuando se practica la prueba, antes de empezar a hablar en el juicio hay que pedirle la venia al juez. Empieza el interrogatorio, primero el de parte, tal como establece la LEC. Se entra a juicio, antes de que lleguen, se puede comunicar al juez algún hecho de nueva noticia.
La parte actora siempre empieza preguntando. En primer lugar se plantea la prueba solicitada por el demandante. En principio el demando está la izquierda del juez y el demando a la derecha –salvo criterio del juez, no está establecido, es una costumbre curiosa.
Supongamos que el legal representante no va. Aunque haya ido, se le harán preguntas y se le declarará confeso.
Las preguntas se tienen que formular siempre en sentido afirmativo. A los testigos en cambio, se admiten preguntas en sentido afirmativo y negativo. A las partes se les pueden exhibir documentos.
Una parte debe contestar a todo lo que se le pregunta, ahora bien, puede no acordarse de algo.
En el juicio oral hay cuestiones en que no hace falta abogado y procurador. En esos casos la parte se hace así misma, las preguntas que responde.
Quien hace de moderador siempre es el juez que decide sobre la validez, conveniencia y adecuación del juez. A diferencia del caso penal, el juez mantiene una posición ligeramente menos activa, pero sigue arbitrando. Generalmente, hay que reformular la pregunta. En otras el abogado puede exponer los motivos de su pregunta, quedando un cierto margen de diálogo con el juez para determinar si te dejan hacer la pregunta a un juez.
No hay propiamente un sistema de “protesto” estilo Estados Unidos, se debe formular un recurso de reposición oral y en caso de que se deniegue hay que dejar constancia en acta judicial de la misma. Esto servirá de caras a una apelación en segunda instancia. En general, los abogados españoles no son muy guerrilleros en ese sentido.
En relación con el interrogatorio de parte, el interrogatorio domiciliario: muchas veces, casos de una parte que está enferma que no puede desplazarse al juzgado. Se resuelve hacer un interrogatorio domiciliario. Normalmente no pasa, ya que el juez debería irse a la casa con el secretario.
En el interrogatorio a administraciones públicas se suele evacuar por vía escrita. Cuando la prueba reconozca un hecho que le sea perjudicial se tendrá como cierto. El interrogatorio de parte, normalmente, siempre lo pide la parte actora. A nivel de estrategia procesal siempre es más recomendable llamar a alguien como testigo que como parte por la obligación de decir verdad –que la obligación no siempre se cumple.
El interrogatorio de parte Siempre es necesario un traductor o interprete porque muchas veces alguna de las partes no entiende el idioma. El interrogatorio de parte esta claro también cuando es una persona física, pero mas problemas hay cuando la persona que vaya a entrar sea una persona jurídica, ya que la ley dice que tienen que ser el legal representante de la empresa el que vaya a entrar. Pero en la práctica nos encontramos que el representante legal de la empresa no tiene ni idea. En aquellos casos en que sabemos que el representante legal no tiene ni idea de los hechos hay que designar a otra persona que sepa más sobre los hechos y pueda aportar más información.
Lo que pasa es que en la audiencia previa que necesitan interrogatorio de parte, hay que otorgarle unos poderes a esa persona que la hayan otorgado los poderes notarialmente y se le nombra que tiene capacidad para actuar como legal representante 74 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 Otra cuestión curiosa es que le interrogatorio de parte no tiene la obligación legal de decir la verdad. Las partes pueden decir “lo que les de la gana” porque no se exige decir la verdad. Pueden acudir y dar su opinión, pero no se les sancionará si han podido mentir en sus hechos alegados.
Nunca se preparan los interrogatorios, no se dicen las preguntas que te van a preguntar pero si que se podría practicar lo que van a decir.
Primero se empieza con el interrogatorio de parte y ellos están fuera, tu entras en el juicio y cuando entras, antes de que se inicie el interrogatorio de parte, tu al juez puedes plantearle un hecho nuevo que ha pasado. Cuando ay se acaban estas cuestiones previas es cuando entran los testigos, en este caso el interrogatorio de parte Siempre se empieza la parte actora preguntándole al demandado. (Una cuestión curiosa es que el demandante siempre esta ala derecha del juez y el actor a la izquierda).
Si empieza el juicio y el legal representante no va, lo que podrá pasar es que se le harán preguntas y se entenderá que esos hechos son ciertos (porque el no está para negarlos). Las preguntas se le tienen que preguntar en sentido afirmativo al principio a los testigos como a las partes se les hace de forma afirmativa. Pero hoy en día hay mucha liberta en cuanto a las preguntas, no hay un orden marcado, pero si se hace una pregunta en sentido negativo los jueces no las admiten, porque son preguntas complicadas o largas que los testigos no entienden. Hay que hacer preguntas cortas y claras. Las partes podrán llevar documentos, pero no podrán llevar “chuletillas o apuntes” en el juicio. Una parte, además, no puede negarse a declarar, tiene que contestar a todo lo que se le pregunta aunque puede decir que no se acuerda. En el juicio verbal, hay casos en los que por cuantía, hay que ir representado por representante y procurador y será la propia parte la que se haga las preguntas. El ahora un discurso de lo que considera oportuno y como en estos casos los abogados no son necesarios, tu puedes autopreguntarte cosas. Y quien decide si una pregunta es valida, procede o no procede, es el juez. Normalmente el juez está callado en las preguntas, solo dirá si una pregunta es impertinente o inútil. También puede ser que un juez diga que una pregunta no se haga, y entonces puedes dialogar con el juez y explicar los motivos por los que quieres hacer la pregunta y entonces el juez puede decidir que formules la pregunta. También se puede impugnar una pregunta, la cual ha admitido el juez, y el juez habrá de contestar si estima el recurso de reposición y estimar la inadmisión de la pregunta o no, y habrá que hacer protesta y deberá constar la pregunta que se hizo. Esto, en la práctica no pasa, no hay esta formalidad de impugnar con el recurso de reposición, simplemente le dices al juez que consideras que esta pregunta es improcedente.
Dentro del Interrogatorio de partes encontramos los siguientes: o El interrogatorio domiciliario: en algunos casos el juez puede decidir hacer el interrogatorio domiciliaro, aunque raramente se da, porque los jueces no tienen ganas de salir del juzgado.
o Interrogatorio de las AAPP: hay casos especiales que por la repercusión se pueden hacer por escrito y a veces es mejor porque te ahorras el interrogatorio y las preguntas de pueden pensar bien, pero se pierde la inmediatez.
o Valoración del interrogatorio de parte: cuando una parte reconozca un hecho que le es perjudicial y que el resto de pruebas documentales que desacreditan ese hecho dice que se darán como hechos reconocidos y se tendrán como ciertos.
19.2.Prueba testifical. Idoneidad para ser testigo. Tachas de los testigos. Deberes y derechos del testigo. Preguntas y procedimiento probatorio El siguiente interrogatorio es el de los testigos, cada parte selecciona y llama a los suyos. Se busca que tengan conocimiento directo de los hechos. Un testigo es algo personalísimo que tiene que ir el mismo a declarar, a diferencia de las partes, no puede declarar en un representante. En ocasiones se da el testigo de referencia, que no ha visto los hechos, pero conoce a alguien que lo ha contado y lo ha visto. Esto se dará en casos excepcionales en los que por algún motivo muy concreto, la otra persona no puede venir a declarar a juicio.
75 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 La figura del testigo perito se da en aquellos casos en los que pj, hay un accidente de coche y una persona es médico y atiende en los primeros auxilios. Cuando comparece puede dar su opinión técnica sobre la lesión y su alcance. Esto siempre se tiene que corroborar por el informe pericial, pero ayuda, porque a menudo los dictámenes de parte distan de ser imparciales.
Los testigos no son ninguna de las partes, lo que no hay que confundir con que puedan tener un interés en el procedimiento. Imaginemos una persona que declara en un proceso laboral en el que está implicada su empresa.
El verbal es el proceso más complicado, porque vas a ver lo que pasa. En el mismo acto de la vista llevas a todos tus testigos. No sabes muchas veces ni quienes son. Desde que se señala el juicio tienes tres días para pedir al juez que cite judicialmente a toda una serie de testigos que tú querrías que viniese y no ves seguro que vengan si se lo piden. Puede ser que el juez admita la citación de estas personas, pero que al llegar al juicio, se les puede declarar innecesarios, porque en el proceso verbal aún no sabíamos de que iba el juicio. En ocasiones se manda llamar a testigos que no conoce la otra parte y no se sabe qué hacer con ellos. En ocasiones la exigencia de la ley de identificar al testigo se flexibilizan considerablemente en la práctica.
No hay límite exacto para citar testigos. Ahora bien, la LEC establece que por encima de tres testigos sobre un mismo hecho controvertido, la parte debe correr con los gastos que ello ocasione.
El juez también puede frenar las comparecencias cuando se entienda “ilustrado”. Lo conveniente para asegurar la presencia de testigos es dar citación judicial. En ocasiones te pide que se lo entregues tú al testigo lo que la convierte en un híbrido, porque no la entrega el tribunal. Debe ser entregado a través de un procurador.
En casos de menores y minusvalías, el juez puede determinar si debe declarar o no. Muchas veces se cita antes. En otras ocasiones, puede anularse a posteriori.
En ocasiones cuando se aprecia que un testigo va a ser parcial se puede recurrir a alguno de los motivos de tacha del art. 377. Existen bastantes casos en los que se puede declarar a alguien en tacha. A saber: parentesco hasta cuarto grado, ser testigo o falso testimonio, amistad íntima o enemistad manifiesta de las partes, de su abogado o procurador, o depender de la parte citada de forma directa (ser empleado) o tener interés directo con la parte. ¿La enemistad o amistad íntima es con la parte o con el abogado? La perspectiva no termina de ser claro.
La tacha no implica que el testigo declare, ahora bien, sirve para dejar claro al juez la falta de imparcialidad del juez.
¿Cómo se plantea? La le marca que debe ser por escrito, desde que el testigo es admitido hasta que declare. Esto se puede hacer en la audiencia previa. En la práctica hay más libertad. La parte contraria puede impugnar la tacha. El juez no va a dictar una resolución sobre el hecho, no se pronuncia sobre su admisión o inadmisión. Simplemente toma nota. Lo mejor es dejarlo por escrito siempre –aunque en la práctica se admita la forma oral. El art. 292 puede multar al testigo que no comparece en juicio. Incluso puede incurrir en un delito de desobediencia. Si es un testigo esencial, se le puede citar de nuevo y suspender el juicio. También puede seguir adelante. Depende un poco del juez. Las diligencias finales son algo a lo que el juez se manifiesta siempre un tanto reacio.
El testigo tiene también el deber de guardar secreto, por una parte el secreto profesional y por otra el secreto oficial. El juez decide si hay secreto o no y el testigo se puede acoger al derecho de guardar silencio. En ocasiones puede pedir la suspensión para comprobar si está debidamente colegiado para ver si le cubre el secreto en cuestión. Caso límite: secreto de confesión.
Un derecho que tienen los testigos es el pago de las costas. El secretario judicial justifica unos gastos, que deben ser pagados. Estos gastos pueden luego incluirse en las costas judiciales, pero son cosas separadas.
76 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 La práctica testifical. Los testigos se quedan fuera, esperando nerviosos. Conforme se acordó el interrogatorio se les va llamando. Si no dice la verdad incurre en un delito de falso testimonio antes de tomar juramento. Al amparo de las preguntas se podría alegar tacha. Pero en la práctica esto no pasa. Hay discusiones sobre si el juez puede o no hacer preguntas a las partes. Cuando hace las preguntas ya sabe si va a ganar o va a perder. El juez puede decir que no se conteste a una pregunta. En ocasiones declara su improcedencia después. Entonces ya está grabado.
Cabe el careo. Cuando se aprecien contradicciones muy graves entre testigo y otro, al acabar puede juntar a los dos testigos en sala, para que intercambien preguntas entre los dos y se determine qué ha ocurrido.
La prueba testifical: Se regula en los arts 360 a 381 LEC. Es donde esta la clave de todo el procedimiento. Para que una persona sea testigo lo que se busca es que tenga un cierto conocimiento de los hechos. Así como en el interrogatorio de parte de puede señalar a una persona para que aporte pruebas, el testigo ha de ser necesariamente el que hay avisto los hechos.
Dentro de la prueba testifical tenemos: o Testigo de referencia: es en aquellos casos en que dices que no has visto algo pero si que conoces a alguien que lo ha visto en primera persona y te lo ha contado. No tiene mucho sentido porque tendría que venir al persona que lo ha visto pero por motivos muy concretos esa persona no puede venir a testificar y puede venir un testigo de referencia (pero no suele darse).
o Testigo perito: es en aquellos casos que por lo que sea, como por ejemplo en un accidente de coche, uno de los que presenta el accidente es medico y va a ser quien va a atender a las personas y cuando haga su testimonio va a poder dar su opinión médica de cual era el alcance de la lesión. Esto se toma con cautela porque para esto ya esta el informe judicial. Los testigos peritos son interesantes porque son figuras imparciales.
No hay que olvidar que los testigos son personas ajenas al procedimiento pero si que pueden tener algún interés en cuanto al proceso porque puede tener alguna relación con alguna de las partes, como por ejemplo un empleado que hace de testigo en un juicio de su empresa.
A nivel procesal, los testigos se proponen en la audiencia previa. En la practica hay barra libre, puedes citar a quien te de la gana siempre que tenga una relación con los hechos, pero no hay una limitación de gente a la que quieres llamar.
o En el caso del verbal, el tema de los testigos es un caso curioso y complicado. Ya que los testigos se llevan en el mismo acto de la vista lo que pasa es que no sabes de donde han salido los testigos ni de donde han salido los de la otra parte, cada parte conoce los suyos. Tienes tres días a partir de la citación del juicio para proponer todos aquellos testigos que quieres traer.
o Identificación de los testigos: cuando tu propones a un testigo tienes que decirle al juez todos los datos de los que dispongas para que el juez identifique a la persona (nombre y apellidos, dirección…). El número de testigos es algo curioso, porque no ay limite, puedes poner todos los que quieras pero la ley marca un cierto límite cuando: sobre un mismo hecho controvertido, a partir del 4 testigo, los gastos derivados de que esta persona tenga que acudir al juicio los asumirá la parte.
o Aportación de estos testigos: estos testigos, normalmente, no van a querer ir (porque están de vacaciones por ejemplo) por eso siempre es mucho mejor la citación judicial que llame a los testigos, que no que sea a través de las partes que se lo piden a los testigos directamente.
o Idoneidad de los testigos: ¿quien puede declarar como testigo? Lo que marca la ley es que puede declarar toda persona +14 años, pero el juez ha de considerar si esa persona esta en condiciones de declarar o no. Los representantes legales del menor se podrían oponer a que el menor declare como testigo. También pueden declarar algunos incapacitados como por ejemplo el hecho de ser ciego no quiere decir que no pueda declarar porque puede ser que haya oído algo relevante.
77 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 o Tacha del testigo: es cuando un testigo que tu ves que esa persona por algún motivo no va a ser imparcial, va a ser parcial en beneficio de alguna de las partes. El art 377 LEC establece todos los 5 motivos de tacha: por ejemplo ser o haber sido cónyuge, tener una relación directa con la parte que le ha citado, tener un interés directo o indirecto en el asunto, ser amigo o enemigo íntimo de la parte o del procurador, etc. No puede haber otros motivos de tacha, son solo estos 5 motivos.
§ Las consecuencias de la tacha son: la tacha no te impide declarar, lo único que hace es poner en cuestión la imparcialidad del testigo peor o le impide declarar. Es una especie de decirle al juez que esa persona no va a ser imparcial.
§ La tacha se plantea desde que el testigo es admitido hasta la celebración del juicio oral. El juez la tiene en cuenta a la hora de dictar la sentencia, pero no se va a pronunciar sobre la tacha en si.
Derechos y deberes de los testigos: § Acudir a declarar y contestar a las preguntas § Esto son básicamente los dos derechos y deberes, pero de ellos se desprenden otros más. Art 292 LEC. Se puede cambiar la fecha del juicio si un testigo citado no puede acudir porque por ejemplo está de vacaciones, los jueces españoles son bastante permisivos en este sentido, aunque puede ser que no cambien la fecha.
§ Deber de guardar secreto: - secreto profesional - secreto oficial § Recibir los gastos de acudir: cuando vas al secretario judicial le puedes aportar un certificado de todos los gastos (billete de ave, etc) y el secretario dicta un decreto y entonces la parte que ha propuesto los testigos, se los tiene que pagar.
o Práctica testifical: ¿Qué pasa con los testigos? ¿Cómo declaran? Están fuera y conforme se acuerda le interrogatorio van entrando. Para saber quien declara antes o después se ha de ver quien los ha propuesto. Los de la parte demandante van primero siempre, pero si el juez considera oportuno cambiar el orden podrá hacerlo. Una vez que entran el juez le dice: ¿jura decir la verdad? Y el juez le advierte que si no dice la verdad puede incurrir en un delito de falso testimonio. Una vez entran los testigos el juez hace las preguntas generales de la ley que normalmente de parecen a los motivos de tacha. El juez tiene la capacidad de preguntar, y normalmente lo hará al final.
o Admisión e inadmisión de preguntas: se pueden impugnar, es lo mismo que en interrogatorio de parte. Cuando un juez considera que una persona es inútil o impertinente se lo tiene que decir inmediatamente al abogado para que deje de formular la pregunta.
Especialidades del interrogatorio de testigos: § También esta el interrogatorio domiciliario § Careo: pasibilidad que tiene el juez de decir a dos o tres testigos, cuando el aprecie que ha habido declaraciones muy diferentes entre los testigos, decirles que cuando acabe le juicio no se vayan y hacer un intercambio de preguntas entre ellos juntos a la vez.
78 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 LECCIÓN 20ª: MEDIOS DE PRUEBA II 20.1.La prueba documental y otras pruebas semejantes La prueba documental está regulada en los arts. 238 y 237 LEC. Al inicio del proceso, al contestar la demanda hay que aportar todos los documentos. Pero a veces no es posible presentar todas las pruebas documentales en ese momento procesal.
Art. 265.3 LEC permite al actor aportar nuevos documentos en la audiencia previa en función de la contestación a la demanda.
Se permite formular alegaciones complementarias.
270 LEC el documento es posterior, por algún motivo te enteras de un documento con fecha posterior, o de fecha anterior, pero de los que no se tenía conocimiento. Un caso muy típico son las sentencias. –Duda sobre si la sentencia es documental o informativa.
20.2.Los documentos. Concepto. Clases y valor probatorio. Procedimiento probatorio Impugnación de la autenticidad de los documentos. Exhibición de documentos Los documentos públicos y privados se aportan con la contestación a la demanda. La LEC exige en principio el original, pero en la práctica basta con aportar la copia simple. Otra cuestión es la designación de archivos, cuando alguien aporta X documentos y asigna los archivos de un diario, medio de comunicación o archivo oficial.
La exhibición de los documentos, art. 230 LEC, se exige a un tercero. Siempre que se posible aportar copia simple documento, pero no el original, puedes aportar los datos básicos. En la práctica el juez se muestra bastante flexible.
En la audiencia previa es el momento de impugnar la autenticidad. No es lo mismo impugnar el valor probatorio que la autenticidad. Lo primero se puede asociar a la irrelevancia. Conflicto entre 427.1 y el 326. Se exige presentar prueba para impugnar el documento. ¿Quién debe probarlo? La doctrina no es clara en este punto, en principio debería probarlo el actor, si bien, en ocasiones o según algunas opiniones se puede interpretar que la prueba debe aportarla quien aportó la prueba.
El cotejo de letra se puede pedir tanto para documentos públicos como privados. En el primer caso se llamará al notario o al funcionario y ver si se corresponden con la matriz. En cuanto a documentos privados se pueden impugnar fechas, firmas, los intervinientes, partes… El art. 349.1 LEC establece que una vez se impugna una prueba se debe alegar la causa. Básicamente será un perito caligráfico quien resuelva la cuestión.
Los documentos públicos (art. 317) y los privados (art. 324) los primeros son escrituras públicas emitidos por todos aquellos fedatarios públicos, constituyen prueba plena –rara vez se impugnará un documento público. Los documentos privados engloban un concepto más amplio y extensivo que engloba todo aquello que no sea privada. Si no se impugnara, también harán prueba plena.
La diferencia entre documentos públicos y privados es básicamente los públicos son escrituras públicas, registradores, etc. Son documentos que se da por supuesto que lo que se da es verdad (prueba plena) y raramente se impugnara un documento público. En los documentos privados, si son impugnados también darán prueba plena.
20.3.Medios de reproducción del sonido y de la imagen e instrumentos de archivo Técnicas de grabación y archivo, esto se incluyó para actualizar la ley en materia de grabaciones y similares. Básicamente, en ocasiones la parte actora aporta anuncios televisivos de un anuncio, y pidió el visionado. Una grabación de la parte actora puede en ocasiones presentar una grabación.
Conclusiones. En la práctica no tienen un gran impacto sobre el juez. Su objeto es el resumen de la prueba practicada, no todo el resumen del caso.
79 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 Técnicas de grabación y archivo (art 288 LEC): cualquier soporte a efectos que se pueda reproducir en el juzgado. En un caso la parte actora aporta un anuncio televisivo de un anuncio y el juez dice que para que servía y el juez luego lo admitió. Otro caso fue en el que se grabó con una cámara oculta y luego se aportó en juicio, y el juez inadmitió la prueba.
Conclusiones: cuando acaba todo esto, las partes hacen las conclusiones y normalmente los jueces desconectan y no las escuchan, así que hay que intentar captar su atención. Es imprescindible ceñirse a los hechos, a la prueba practicada. Hay que intentar ser concisos y no tardar más de 5-10 min. Muchas veces el juez después de esto ya dicta sentencia porque ha practicado la prueba y ya lo ve todo claro.
LECCIÓN 21ª: MEDIOS DE PRUEBA. III 21.1.La prueba pericial. Concepto. Clases de peritos. Dictámenes periciales aportados por las partes. Peritos designados por el Tribunal. Recusación y tacha del perito.
Procedimiento probatorio El perito, persona con conocimientos técnicos sobre una materia, auxilia al juez para aclararle sobre la materia. Suelen ser ingenieros, médicos etc. A veces un dictamen lo firman dos personas y solo acude el juicio una de las dos. Un perito nunca se pronuncia sobre cuestiones jurídicas, ello compete al juez. Puede ser también una academia, o institución cultura.
Los dictámenes periciales pueden ser de parte –lo más común- o en su caso judicial que tiene carácter subsidiario. ¿Cuándos se aportan? Siempre en el momento de la demanda y de la contestación, si bien la ley prevé algunas excepciones.
Lo que dice la LEC es que hay casos en los que cabe aportarlos con posterioridad, hasta cinco días antes de la vista previa o de la audiencia. El actor puede hacerlo cuando le dé la gana lo de interponer la demanda. ¿Cómo se justifica que no aporte los dictámenes ab initio? Obviamente esto obedece a una cuestión de estrategia. La ley es más restrictiva, en consecuencia, para el actor: casos de caducidad, daño irreparable, o cualquier otro perjuicio grave hay que interponer una compromiso para aportarlo en cuanto lo tenga –siempre se presentan el día de agotar el plazo.
El demandado lo tiene más fácil para presentar los dictámenes, porque tiene veinte días para contestar. La parte se puede curar en salud aportando al juzgado un documento del propio perito donde exponga su opinión.
Se pueden presentar también art. 265.3 a la vista de la contestación a la demanda, puede aportarse un nuevo dictamen pericial. En la audiencia previa se puede solicitar la ampliación del dictamen pericial. Otra forma que no sea en el momento inicial: peticiones accesorias, alegaciones complementarias… La judicatura tampoco es excesivamente restrictiva en estos casos. Sí da más problemas el tema de la cuenta de los “cinco días antes”. Por ello es mejor presentarlo con un margen de prudencia.
El dictamen judicial 239 LEC es, como se ha dicho, mucho más subsidiario. Es poco frecuente.
La diferencia fundamental es que el dictamen de parte lo ha elaborado un perito escogido por la parte y en este caso quien designa el perito es el juez. Puede solicitarlo cualquiera de las partes, en la audiencia previa, o incluso en la demanda y contestación. Se aplica muchas veces en los casos de asistencia jurídica gratuita. La LEC dice que diez días antes de la vista tú vas a querer un dictamen pericial judicial, a efectos de que pueda estar antes de la vista –si bien en la práctica los peritos suelen necesitar más tiempo.
Sus gastos, en principio, los tiene que asumir quien lo pide. Si lo deben pagar ambas partes, una lo paga y la otra no, hay dos opciones: renunciar al dictamen, o pagar la parte que falta. Normalmente, entonces, el dictamen sólo se pronuncia sobre los asuntos que interesan a la parte interesada. Pero se mantiene el precio inicial.
80 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 En cuanto al proceso de selección del perito se hacen unas listas con los peritos. Conforme se producen casos van saltando de perito en perito. Las partes se pueden poner de acuerdo en elegir un perito –caso raro en la práctica- si no, el juez cogerá la lista y dirá quién es el siguiente. Los peritos tienen unos conocimientos técnicos. El perito puede renunciar si alega justa causa. Una vez aceptado el encargo no hay ningún problema, el juez deberá decirle cuándo tiene que entregar el dictamen para que todas las partes puedan tenerlo, analizarlo, y acudir al juicio.
Cabe que el perito se abstenga, sea recusado e incluso se formula tacha contra él, según el dictamen sea judicial o a propuesta de parte se dará más o menos. Las causas de abstención y recusación son las mismas que para jueces y magistrados.En el dictamen pericial judicial procede la recusación, en el de parte, sólo cabe la tacha. En los dictámenes de parte los peritos no son todo lo autónomos que cabría esperar.
El perito sólo va al juicio si las partes lo piden. En caso contrario, su labor se quedaría en la elaboración del dictamen. Las partes siempre exigen la comparecencia del perito –el juez también lo puede acordar de oficio. Al final, más que el papel, vale la sensación que el perito produce en el juez que lo interroga. En ocasiones hay jueces que muestran más confianza en los peritos con más experiencia.
El hecho de que seas más joven, más mayor no es determinante. Pero es un elemento más que el juez tiene en cuenta.
La valoración de los dictámenes se rige por las reglas de la sana crítica. El juez puede tener en cuenta un dictamen sí, otro no… La existencia de un dictamen sea judicial o de parte no le vincula.
No es un elemento imprescindible u obligatorio. La tendencia es que los jueces tienen más en cuenta los dictámenes judiciales, y luego.
En ocasiones el juez puede salir de su juzgado a constar un objeto determinado. El ejemplo más significativo son una servidumbre o unos lindes. Las partes hacen saber al juez que acuda al lugar para verlos.
Dictamen de peritos: básicamente, hay muchos procedimientos en los que hay que determinar si el perito actuó bien o no, ya que, el juez obviamente no puede saber de todo y entonces se ayuda del perito que es una persona con conocimientos técnicos en al materia para ayudar al juez.
¿Quien puede ser perito? Un ingeniero, un medico, personas con conocimientos técnicos sobre la materia que se está analizando. Estos peritos normalmente, no tienen un conocimiento directo sino indirecto de los hechos. Y su pericia no puede ser sobre cosas jurídicas, no se va a pronunciar sobre elementos jurídicos de derecho, sino sobre elementos técnicos. El perito también puede ser una academia de profesionales por ejemplo.
2 clases de dictámenes judiciales: o De parte: el 95% de dictámenes son de parte. En este caso los propone la parte, y como la misma parte no puede rechazar sus propios peritos, si que hay motivos de tacha. Esta poco valorado, muchas veces los jueces, no hacen caso al dictamen de parte porque los jueces saben que los dictámenes de parte suelen decir lo que la parte quiere.
o Judicial/pericial: se aportan en el momento de la demanda y en la contestación.
Habrá casos en los que se pueden aportar los dictámenes con posterioridad y la ley establece que será en cuanto el autor tenga los documentos esenciales o como máximo se podrán aportar 5 días antes de la audiencia previa de lo ordinario y en la vista del verbal (serán casos excepcionales).
Muchas veces cuando se contesta a una demanda se piensan que ese dictamen tendría que haber ser aportado junto con la demanda. En el caso del demandado, también lo permite. También se permite la ampliación del dictamen pericial, si por ejemplo se han aportado lo mismo, se deja aportar más alegaciones a la demanda. Art 426.5 establece que son hechos nuevos, alegaciones complementarias, peticiones accesorias, etc.
81 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 La diferencia entre el dictamen de parte es que lógicamente lo ha elaborado un perito designado por la parte y el judicial es que lo ha designado el juez. Se tiene que decir 10 días antes de la vista que tú vas a querer un dictamen judicial/pericial. Los gastos dice la LEC que cuando tiene un dictamen judicial/pericial, es un coste que hay que asumir por la parte, igual que en el dictamen de parte.
Cuando las dos partes quieren un dictamen judicial, se reparten los gastos entre las dos. Pero si una parte no paga el dictamen judicial, hay dos posibilidades: o bien renunciar a poner el dinero y entonces el dictamen no se hace, o si una parte esta muy interesada en realizar ese dictamen, ha de pagar la parte que falta (y entonces el dictamen solo se pronuncia sobre una parte).
Proceso del nombramiento del perito judicial: cada año se hacen unas listas con todos los peritos, normalmente las partes podrán escoger el perito judicial aunque los casos son pocos. Normalmente el perito aceptara el cargo a no ser que excepcionalmente lo rechace pero tendrá que haber una justa causa que motive el porque no acepta el cargo. Una vez aceptado sin problemas, el juez le dirá cuando tienen que entregar el dictamen (que será unos días antes del juicio para que las partes puedan verlo y estudiarlo). Las causas se excusión y reposición son las mismas que para los jueces y magistrados, previstas en el art. 219 LOPJ.
La prueba de los peritos (en la práctica): el ejercicio del perito podría ser tan solo hacer el perito, pero en la práctica no lo hacen así, también van al juicio y en el caso de que no lo hicieran el juez también podría acordar el interrogatorio de perito. Al final lo que vale no es tanto el dictamen, sino la sensación que le trasmita al juez el perito cuando lo interroga (porque los jueces tienen mucho trabajo y no suelen mirarse todo el dictamen profundamente y las conclusiones de este). Así que al final, lo mejor es que sean más buenos declarando en el juicio que no elaborando el dictamen. L juez tienen en cuanta toda una serie de factores para llegar a una decisión, y el hecho de la edad del perito, su experiencia, etc, lo tiene en cuenta la conclusión del juez.
El carero de los peritos: es el hecho de poner a dos peritos juntos y entonces el juez les hace preguntas a los dos, cuando tienes un perito que dice una cosa y otro que dice la contraria. A veces, el juez también lo hace por cuestión de tiempo, prefiere tener 30 min a los dos peritos a la vez hablando, que no 30 min por separado cada uno.
Para dictar su sentencia, el juez puede dictarla sin tener en cuenta los dictámenes ya que no es un elemento imprescindible. El juez tiene más en cuenta los dictámenes judiciales/periciales porque son más objetivos.
21.2.El reconocimiento judicial Casos de personas que han sufrido un perjuicio estético. En cuanto al tema psíquico lo mismo. Al reconocimiento judicial asiste el juez, los abogados, el secretario judicial e incluso los procuradores. Parece un procedimiento más apropiado para la escena penal, en el civil se da poco.
En ocasiones puede acudir una persona técnica en la materia –no confundir con perito- puede ser, por ejemplo, alguien que conozca bien el terreno.
Todo esto se refleja mediante acta. En ocasiones se pueden formular alegaciones y será el juez quien discrecionalmente determine si se incluyen o no. En la actualidad hay muchos jueces que como en los casos de estafa bancaria, no se admite la petición de interrogación de la propia parte, muchas partes solicitan el reconocimiento judicial. Esto constituye un fraude procesal, sin embargo, hay muchos jueces que lo admiten. Lo correcto sería un examen pericial y si es judicial mejor.
Reconocimiento judicial (arts 353 a 359 LEC): sirven para comprobar la certeza de los hechos en relación con un lugar, un objeto o un sujeto. El juez se desplaza a las afueras a constatar un objeto determinado, un lugar o una persona.
o lugar: una carretera, un campo, etc. Es imprescindible que el juez acuda al lugar en cuestión a objetos del amojonamiento o lo que sea… 82 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 o personas: se reducen a dos, que son las conexiones físicas o psíquicas de una persona. Por ejemplo una persona que ha sufrido un perjuicio estético y en el caso de más o menos perjuicio se tendrá más indemnización o menos. Y en el caso de perjuicio psíquico, el juez ha de valorar hasta que punto e ha limitado su capacidad.
o objetos: todo lo que no sean personas ni lugares será un objeto, como por ejemplo, un bien inmueble que no se puede llevar al juzgado.
Los jueces no tienden a salir del juzgado por tanto el reconocimiento judicial se hará pocas veces.
Lo piden las partes. No es necesario que sea un mecanicismo por escrito, también pueden ser grabaciones, para dejar constancia de los hechos. Cuando acabe la inspección se levantara le acta correspondiente y volverá todo el mundo al juzgado. Lo que no se puede hacer es que en el reconocimiento judicial vaya el abogado.
LECCIÓN 22ª: LAS PRESUNCIONES 22.1.Introducción Concepto de prueba: Prueba es una actividad q pretende q el juez alcance la certeza positiva o negativa de los hechos alegados x las partes y a partir de esta certeza o incerteza del juez va a dictar su sentencia No son un verdadero medio de prueba porque a través de ellas el juez no adquiere la certeza negativa o positiva de los hechos sino que de un hecho que se ha dado en un proceso, el juez adquiere una probabilidad de que habiéndose dado un hecho se haya dado otro distinto del que deriva la consecuencia jurídica de la norma. Arts 385 y 386 LEC.
• Hecho indicio/hecho sucedáneo: Cuando queda probada la certeza positiva de un hecho, se ha dado el hecho del que deriva la consecuencia jurídica de la norma • Hecho presunto/hecho genuino: Cuando queda probada la certeza negativa de un hecho, no se ha dado el hecho del que deriva al consecuencia jurídica de la norma.
El juez puede aceptar una presunción cuando habiendo probado la consecuencia de un hecho se haya probado también el hecho presunto o genuino de ese otro hecho. Sustituir el hecho del que deriva la consecuencia jurídica de la norma por otro hecho distinto que debe quedar probado.
• El hecho del q deriva la consecuencia jurídica de la norma es el que llamamos hecho presunto o genuino.
• En cambio ese otro hecho que debe quedar probado y que será muy probable que si se prueba este, quedara probado el otro es el que se llama hecho índice o base, o hecho sucedáneo Ejemplo: cuando hay aun naufragio y los náufragos no aparezcan, se presumirá que los náufragos han fallecido. El hecho genuino o presunto es el naufragio y de este deriva al declaración e fallecimiento de los náufragos y de los que deriva al consecuencia jurídica de la norma.
22.2.Concepto y clases de presunciones; presunciones legales y judiciales Una presunción no debe venir de otra presunción. 2 tipos presunciones: El juez deduce que probado un hecho se haya dado el hecho del que se deriva la consecuencia jurídica de la norma.
o legales: el legislador prevé la sustitución de un hecho indicio por un hecho sucedáneo § Iuris et de iure: estas presunciones no admiten prueba en contrario del hecho presunto. No admiten que intentemos probar la sentencia negativa del hecho presunto. Sustituye el hecho genuino del q debe derivar la consecuencia jurídica d el norma y lo sustituye por otro (hecho indicio o base). Ej art antiguo CC: decía que se presumirán hijos legítimos los nacidos dentro de los 180 días desde la celebración del matrimonio o dentro de los 300 días siguientes a su separación. No se admitía la prueba en contrario. El hecho genuino es la paternidad biológica y la consecuencia jurídica se hacia derivar del hecho sucedáneo.
83 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 § Iuris tantum: cabe una prueba en contrario del hecho presunto.
o -judiciales/hominis: cabe una prueba en contrario del hecho presunto, la parte puede intentar demostrar la certeza negativa del hecho presunto. Cuando la presunción es judicial o hominis se puede discutir el enlace de la probabilidad del hecho genuino.
Cuando no estamos en ninguno de los supuestos del 317 LEC, estamos frente a un documentos público. La LEC hace una extensa enumeración, distingue entre documentos públicos notariales, judiciales –librado por un secretario judicial- y registrales. Los expedidos por funcionarios públicos distintos de los anteriores estamos ante un documento oficial aunque sea privado.
El art. 323 LEC se refiere a los documentos públicos extranjeros que tendrán valor en nuestro sistema cuando reúnan todos los requisitos necesarios en el derecho extranjero. Se requerirá además de la apostilla o certificado diplomático o consultar.
También hablamos de documentos indubitados, aquellos cuya autoría no ofrece duda. Se compararán con otro documento, cuya autoría se duda, para cotejar la caligrafía o las firmas.
Documento autenticado es aquel que confirma que el documento que es una copia coincide con el original. Debe aportarla rubricada por el fedatario público.
En ocasiones hay pruebas documentales que adquieren valor de prueba pericial. Si yo sólo aporto un documento y la otra parte no discute su autenticidad, el juez lo tendrá por cierto. Lo mismo ocurre con la prueba pericial.
La tacha no excluye el valor de la prueba pericial, pero el juez las podrá tener en cuenta a la hora de evaluar el caso. El perito judicial no puede ser tachado, pero sí recusado, en cuyo caso tendrá que ocupar su lugar un nuevo perito.
La prueba pericial es un ejercicio que concede al juez certeza sobre un hecho –o la falsedad en su casa. Las presunciones son una probabilidad. Normalmente las consecuencias jurídicas de una norma derivan de un hecho. Cuando se prueba la certeza positiva o negativa del hecho, no se ha dado la consecuencia de la que deriva la consecuencia de la norma.
Un juez puede aplicar una presunción cuando habiéndose probado ese hecho, se haya dado el hecho presunto o genuino. En las presunciones hay prueba, pero esta no sobre el hecho presunto o genuino del que deriva la consecuencia jurídica, sino el hecho base, sucedáneo o indicio.
Habiéndose dado este último se presume que se ha dado el hecho genuino del que depende la consecuencia jurídica que prevé la norma.
Caso de naufragio: si no aparecen los supervivientes se les presupone muertos, declaración de muertos. En ocasiones, como el hecho genuino es difícil de probar, se prepara una presunción, para ello: si la nave no llega a puerto en “X” tiempo se presupone naufragio. A partir de ahí, se puede proceder a la declaración de fallecimiento.
Probado el hecho sucedáneo se puede proceder a la declaración de fallecimiento. Estamos ante una presunción legal que contiene dos formas: iuris tantum que admite prueba en contra y la presunción iuris et de iure no admiten prueba en contrario, no admiten que intentemos probar la falsedad del hecho. En estos casos el legislador sustituye el hecho presunto o genuino y hace derivar las consecuencias jurídicas de la norma del hecho sucedáneo.
La antigua forma de determinar preveía una presunción de los hijos legítimos. Por razones morales, a falta de pruebas de paternidad, no se admitía prueba en contrario. Se aprecia que el subarrendamiento es parcial cuando el arrendatario siga habitando en la vivienda. Aquí no hay hecho genuino: la paternidad biológica o el subarriendo parcial.
Presunciones legales o presunciones hominis (art. 386) cuya dedución compete al juez admiten prueba en contario y discusión tanto de la existencia del enlace como de su entidad. Esto significa que se puede discutir la entidad de la probabilidad. Probada la certeza negativa o positiva del hecho, se destruye o bien no se aplica la presunción – 84 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 esto último si se prueba el hecho judicial, hay no hace falta la deducción. Las presunciones legales de acuerdo con la LEC sólo son admisibles cuando haya quedado por cierto el hecho indiciario. O bien, en su caso porque la otra parte lo ha admitido como cierto. A partir del hecho presunto y probado se puede probar el genuino siente ambos existe un nexo causal útil para el cerebro humano. Cabe que esto no se pueda aplicar –iuris et de iure.
Sección Tercera: Terminación del proceso declarativo LECCIÓN 23ª: TERMINACIÓN NORMAL DEL PROCESO 23.1.Introducción A. ACTUACIONES TRAS LA PRACTICA DE LA PRUEBA ORAL • • • conclusiones (art 431 último inciso y art 322.2 LEC)- sobre las pruebas o sobre los hechos controvertidos.
informes (art 433.3 y 4 LEC)- sobre los argumentos jurídicos.
posibles diligencias finales: terminado el juicio y dentro el plazo para dictar sentencia: o consecuencias art 434.2 último inciso: en el plazo de 20 días en lo ordinario y ene l verbal dentro de los 10 días desde que finaliza la vista. Pero en el ordinario caben las diligencias finales.
o procedencia art 435 LEC a instancia de parte o excepcionalmente, de oficio o plazo para su practica (art 436 LEC), escrito de conclusiones (art 436.1 último inciso LEC) y computo del plazo para dictar sentencia (art 436.2 LEC) Tras esto, el proceso acaba con la sentencia (terminación normal) pero el proceso también puede acabar sin sentencia, con al normal contradicción de partes o sea sin la normal contradicción de partes. Por tanto ay otros procesos que terminan de forma anormal o no habitual.
En la terminación del proceso, las partes emitirán sus conclusiones sobre la prueba practicada.
Expuestas las conclusiones sobre los hechos controvertidos, cada parte podrá informar sobre los argumentos jurídicos de sus pretensiones que ya no podrán ser alterados en este momento. Si el tribunal no se considera suficientemente ilustrado podrá instar a las partes para que clarifiquen su postura. Tras esto concluye el juicio y ya no queda más que dictar la sentencia. En el ordinario en un plazo de veinte días desde que termina el juicio, en el verbal, diez desde finalizar la vista. Cabe recordar que hay en diligencias finales. Los plazos del tribunal casi nunca se cumplen.
Generalmente los procesos terminan mediante sentencia. De ahí que hablemos de terminación normal del proceso. Sin embargo, hay modos anormales de terminar el proceso sea con la normal contradicción entre partes so sin ellas.
Veamos primero la sentencia. De acuerdo con los art. 206 a 210 LEC y otros de la LOPJ) En el art.
206.3 LEC se dicta sentencia al terminar la primera instancia.
Hay una serie de requisitos formales. En la actualidad no hay sentencias absolutorias de la instancia porque en el práctica se dan antes, de modo que no se da sentencia absolutoria de la instancia que no entra en el fondo.
Se hacen constar los nombras de las partes, los nombres de las partes, quien los fundamentos de hecho que recogen antecedentes. Le siguen un apartado de fundamentos de derecho donde se enumeran en párrafos y puntos números separados los hechos y normas aplicables en su caso. En los procesos civiles –a diferencia de los penales- la sentencia siempre es escrita, no cabe oralidad, y la sentencia se comunica por los sistemas de notificación comentados. Generalmente el procurador.
Estáticamente, en la sentencia hay un silogismo, la premisa mayor es el derecho. El juez subsume los hechos probados en la norma, en el derecho. Entonces se dicta sentencia favorable al actor.
Aunque no siempre, a veces se evaluará si la tutela jurídica que se pide es admisible en nuestro derecho. Esto es una valoración jurídica no fáctica. También es una valoración jurídica determinar la legitimidad para reclamar la tutela.
85 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 Se realizan también valoraciones fácticas. Entonces será el momento de pasar a valoraciones fácticas que hechos se han probado, cuáles son ciertos y cuáles no. La ley lo que nos dice en el art.
218 es cuál debe ser el contenido de la sentencia que debe ser clara y precisa –por consiguiente no contradictoria-, exhaustiva y congruente –con la petición de las partes. La ley ahora parece distinguir entre fala de exhaustividad e incongruencia por omisión. Cuando la sentencia no entre en todas las cuestiones que se plantean, se denomina sentencia no exhaustiva. Hay un mecanismo para corregir la falta de exhaustividad en la sentencia firma –en las otras sentencias cabe recurso- sin tener que acudir al constitucional o al incidente de nulidad de acciones.
23.2.Conclusiones orales e informes 23.3.Las diligencias finales 23.4.La sentencia. Concepto y contenido B) TERMINACIÓN NORMAL DE PROCESO: LA SENTENCIA a. concepto art 206.1, 3º: Aun cuando no se siga la tramitación ordinaria prevista por la ley puede que se dicte sentencia con un efecto equivalente a la sentencia y seria un mecanismo anormal. Si tuviéramos una sentencia firme y se intentara la revisión también se resolvería con sentencia. En el art 745 en sede de medidas cautelares se hace distinción entre stc absolutoria de fondo y sentencia absolutoria de la instancia sin efecto de cosa juzgada.
b.
forma y contenido eterno de la sentencia: encabezamiento, antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y fallo (Art 208.3 y 4, 209 y 210.3 LEC). Sorbe todo de regula en el art 209 y también en el art 208.3. La sentencia debe tener la siguiente estructura: encabezamiento donde se expresarán los datos de la partes (en su a caso la legitimación, el nombre de los procuradores y el objeto del proceso), habrá un apartado sobre los antecedentes de hecho y otro sobre fundamentos de derecho, y finalmente el fallo de la sentencia. Ha de ser una sentencia sucinta.
Las pretensiones de las partes han de quedar alegados con claridad, las prueba squ e se hayan practicado y los hechos que se tengan por probados (todo esto estará en los antecedentes de derecho). En los fundamentos de derecho se fundaran los elemento de derecho fijados por las partes y será donde el tribunal ya va a ir perfilando la solución, dando ya su argumentación con expresión de las normas concretas en que se va a basar el fallo. El fallo es un apartado muy resumido en el que estima o desestima sin explicar detalladamente el porqué ya que ya está explicado en los fundamentos de derecho con las normas jurídicas que ha tenido en cuenta. No se dictara sentencia en un proceso civil.
c. requisitos o contenido interno de la sentencia (art 218 LEC): o claridad, precisión y debida separación de pronunciamientos (art 218.1 y 3 LEC): normalmente hay una premisa mayor y otra menos, lo que hace le juez, estéticamente considerada la sentencia, es subsumir los hechos probados en la norma y extraer la consecuencia jurídica de la norma (si son los hechos constitutivos, los hechos probados aquellos de los que deriva al consecuencia jurídica de la norma, dictara sentencia favorable).
Pero dinámicamente considerada al stc, la stc no es tan simple, algunos dicen que prevalecen las valoraciones fácticas para luego hacer valoraciones jurídicas y otros piensan que antes se tienen que hacer valoraciones jurídicas antes de las fácticas. Normalmente el juez antes de valorar si los hechos son ciertos o no lo que hará es ver si la tutela jurídica que se pide es defendible en nuestro derecho (algunas veces lo hará y seria una valoración jurídica, saber si aquel que pide una tutela esta legitimada para pedirla). Una vez tenga claro que la tutela se puede ejercitar y que esta legitimado el que lo hace, ser al momento de pasar a valoraciones fácticas (que hechos han quedado probados, son ciertos, cuales son notorios, etc). Una vez queden fijados los hechos el juez tiene que evaluar si de aquellos hechos se deriva la consecuencia jurídica d e al norma.
o El art 218 establece que: La sentencia debe ser clara, precisa, no contradictoria, congruente y exhaustiva.
86 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 o El art 215 permite un mecanismo para resolver la falta de exhaustividad, cuan do al stc omita algún planteamiento sobre las cuestiones planteadas, sin tener necesariamente que acudir al constitucional o al incidente de nulidad de actuaciones (es un mecanismo en vía ordinaria).
Porque si la omisión se da en una stc firme y no hay posibilidad de recurso extraordinario el único mecanismo que hay es la nulidad de actuaciones o al recurso de amparo, pero antes de estos de ha de ir al recurso del art 215 (ya que hay sentencias que dicen que no caben estos mecanismos si no se ha dado lugar primero a este mecanismo del 215).
§ congruencia (art 218.1 LEC) § motivación (arts 24, 120.3 CE y arts 209.3 y 218.2 LEC) 23.5.La formación interna y motivación de la sentencia 23.6.Congruencia de la sentencia LECCIÓN 24ª: TERMINACIÓN ANORMAL DEL PROCESO 24.1.Introducción 24.2. La renuncia del actor 24.3.El allanamiento del demandado 24.4.El desistimiento 24.5.La transacción 24.6.La caducidad de la instancia 24.7.Sobreseimiento del proceso 24.8.Terminación del proceso por satisfacción extraprocesal de las pretensiones Capítulo Segundo: Segunda instancia y recursos extraordinarios LECCIÓN 25ª: LA SEGUNDA INSTANCIA 25.1.Concepto 25.2.Apelación y segunda instancia 25.3.Fundamento y ámbito de la segunda instancia 25.4.Sustanciación de la segunda instancia 25.5. Alegaciones y prueba en segunda instancia 25.6. La sentencia de segunda instancia.
LECCIÓN 26ª: LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS 26.1. Introducción Lo que queremos hacer es acabar e proceso de declaración con una sentencia firme, tenemos que seguir el tramite normal que la ley permite y podemos recurrir una sentencia mediante recurso de apelación. Este recurso abre lo que llamamos la segunda instancia.
La primera instancia acaba en sentencia, y toda segunda instancia ase abre mediante de apelación pero n todo recurso e apelación supone una segunda instancia siempre. La tramitación es idéntica pero solo se da segunda instancia cuando hay un re-examen de lo que el juez ha conocido en primera instancia.
Cuando yo recurro la sentencia, abro una segunda instancia, y esta va a concluir mediante sentencia revocando la anterior o confirmándola, dictara el T2º instancia una nueva sentencia. Cabra todavía recurrir esta sentencia, recurriéndola con un recurso extraordinario que no e una segunda instancia, y puede ser de dos clases: 87 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 recurso extraordinario por infracción procesal o recurso de casación (y aquí la sentencia que se dictara seria firme y pondría fin). Con esta sentencia firme seria cuando podría iniciar un proceso distinto de ejecución (una stc firme de condena me permite iniciar un proceso de ejecución forzosa).
La potestad jurisdiccional comprende dos procesos: decir derecho y hacerlo cumplir. Uno de los títulos judiciales es la sentencia, cuando tengo sentencia de condena puedo iniciar el proceso de ejecución.
El órgano que conoce de la segunda instancia dictara sentencia. Si se ha recurrido un auto, el órgano que conozca del recurso resolverá la sentencia mediante auto la decisión de ese recurso de apelación. El recurso de apelación es un recurso ordinario, yo puedo recurrir alegando una sentencia por cualquier motivo, no hay unos motivos tasados y tanto puedo alegar infracción procesal como infracción material. Es un recurso devolutivo y por tanto hay dos órganos (el órgano ad quo y el ad quem). El ad quo es el que ha dictado la resolución que se recurre y el ad quem es el superior jerárquico al que se recurre. Por tanto si ha conocido del juez de primera instancia, del recurso conoce la audiencia provincial. Si en la primera instancia conoce el juez de paz, en la actualidad no cabe recurrir en segunda instancia, pero cuando el ad quo sea el juez de paz el ad quem es el juzgado de primera instancia, no habrá segunda instancia pero si que cabe recurrir autos definitivos dictados por el juez de paz y del recurso de apelación conocerá el juez de primera instancia porque es su superior jerárquico. Nada me dice sobre cuando el ad quo es el mercantil o el de violencia obre la mujer, pero si vamos a la LO, en el art 82.2 y .4 frente a resoluciones dictadas sobre juzgados de lo mercantil o de violencia quizás cabra un recurso extraordinario.
El art 456 nos viene a decir que el tribunal que conozca de la apelación tendrá los datos que obtuvo del que conoció de la primera instancia. No se pueden alterar las pretensiones en cuanto al hecho ni al derecho porque habría una mutatio libelli.
Cuando el órgano que dicta la sentencia en primera instancia es colegiado no hay apelación, tendría que ir al supremo y este no conoce de apelaciones (sino de recursos extraordinarios) por tanto cuando dicte stc el tribunal superior de justicia, no habría apelación, si que cabria una recurso extraordinario.
Cuando conoce el tribunal supremo, no hay apelación pero tampoco hay casación ni rec.
Extraordinario porque quien conoce es el tribunal superior de justicia que es el órgano superior en todos los órdenes.
La audiencia provincial es un órgano colegiado pero no dicta stc en primera instancia.
Art 460 regula que cabra aportar documentos en primera instancia por el apelante (demandante o demandado, recurrente o recurrido). Rige el principio dispositivo en el todo el proceso civil y no es que la apelación directamente tenga lugar tras al sentencia sino que la persona apelante que considere que el perjudica presentara el rescrito de interposición del recurso y tiene un plazo para recurrir de 20 días desde que le notifican la resolución y se debe aplicar cual es al resolución que se recurre y que aspectos recurro y fundamentar por que esos argumentos considero que se han de recurrir y se aportaran los documentos previstos en el 270 LEC (documentos que no están en mi poder pero he dicho en que lugar se encuentran, documentos nuevos o anteriores pero que yo desconocía).
El apelado podrá oponerse al recurso de apelación argumentando que no se debía admitir (porque esta fuera de plazo x ejemplo) y que los motivos por los que se apela no pueden permitirse peor el apelante podría también en el mismo escrito formularlo que se denomina adhesión a la apelación, puede impugnar la resolución apelada, ya que el no apeló pero adherirse quiere decir que también impugna la sentencia y se convierte también en apelante al adherirse la apelación y no lo hace en el plazo de 20 días sino al contestar lo que ha argumentado el apelante y se convierte el también en apelante. En ese momento el apelado inicial puede aportar esos mismos documentos que ha aportado el apelado excepcionales a los que se refiere el art 460 LEC.
88 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 El apelante podrá pedir también la práctica de prueba en los casos que prevé el art 460. La ley también permite que el rebelde involuntario pueda pedir la práctica de prueba cuando no acudió al proceso por circunstancias excepcionales como la causa mayor (supuestos específicos de excepción de la nueva reperta).
Yo puedo alegar al recurrir la sentencia tanto motivos procesales como motivos de fondo (que el tribunal aplica mal la norma). El art 465.3 y .4 dice que si se recurriera sentencia alegando infracción de norma procesal que puede ser in indicando (si el juez no motiva al sentencia) y in procedendo (si el juez inadmite un medio de prueba o el juez desestimo la declinatoria pero carece de legitimación por ejemplo…) el tribunal de apelación tras revocarla resolverá tras la cuestión que fueran de objeto del proceso. Según el problema procesal que se haya dado en al tramitación el tribunal de apelación revoca la sentencia y ordena reenviar la sentencia al momento en que se produció el vicio. Si se trata de un vicio subsanable de segunda instancia se prevé que se subsane en la segunda instancia.
Cuando recurre, se remitan las actuaciones al órgano ad quem, yo presento el escrito de interposición en el órgano ad quo pero es el ad quo el que lo remite al órgano ad quem y si el apelante no acude se entenderá que desiste del recurso.
(TODO ESO ES MAS IMPORTANE QUE EL PROCEDIMIENTO) Procedimiento: - Se interpone el proceso ante el órgano ad quo con el escrito de interposión (arts 458 y 459 LEC).
Si el secretario judicial n observa ningún problema tiene como admitido el recurso pero si ve algún redactó remite la juez ad quo para que decida sobre la admisión y si este no ve ningún problema dicta por providencia la admisión y si entiende que hay un problema dicta un auto de inadmision, y ese auto es recurrible (cabe recurso de queja porque es s el propio órgano ad quo que lo resuelve).
-Traslado del escrito de interposición al apelado: Se traslada el escrito de interposición directamente al apelado, a los efectos que este se oponga el recurso, diciendo que el apelante no tiene razón. Pero el apelado puede no solo oponerse, sino impugnar la resolución también inicialmente apelada.
[Oposición al recuro e impugnación de la sentencia (adhesión a la apelación) art 461 LEC.] y presentación de pruebas.
- Remisión de autos al tribunal “ad quem art 463 LEC: una evz el ad quem tiene los autos, si el apelante no acude, desiste del recurso pero lo norma es que las partes acuden al ad quem y se personan ante la audiencia provincial y es esta la que decide sobre los docs aportados y cuales son pertinentes y cuales no.
- Admisión de pruebas y señalamiento de vista. En su caso- art 464 LEC: Si hay que práctica prueba hay que celebrar vista. Y se regirá por los trámites del verbal. Si hay vista porque hay proposición y práctica de prueba la ley fija unos plazos para la vista.
- Resolución art 465.1 y 2 LEC 26.2.Los recursos extraordinarios: breve reseña histórica Recursos contra al sentencia de segunda instancia (arts 466, 467, 488 u 489 LEC. Disposición final 16ª LEC à no se va a explicar)La ley dice que caben unos recursos para las sentencias dictadas en segunda instancia. Frente a los recursos dictados en segunda instancia por la audiencia provincial en cualquier proceso civil podrán las partes legitimadas optar por interponer el recurso extraordinario por infracción procesal o el recurso de casación. No se puede recurrir por los dos recursos, hay que decidir uno. Si se presentare por la misma parte incumpliendo este precepto, acumulando los dos recursos a la vez, se entenderá que no interpone casación.
89 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 Si una de las partes recurre en infracción procesal y la otra parte por casación, no esta prohibido.
En ese caso, se estará a lo dispuesto en el art 488 LEC. Si se desestima la infracción procesal, continua el recurso de casación.
26.3.El recurso extraordinario por infracción procesal • órgano competente (art 468, párrafo inicial. Ver tb DF 16ª. 1. 1º y 2 LEC): sala de lo civil por stc y autos dictados por la audiencia provincial que pongan fin a la segunda instancia o apelación, lo conocerá el tribunal superior de justicia.
• Resoluciones recurribles (art 468 párrafo inicial. Ver tb DF. 16ª. º LEC)): autos y sentencias dictados en segunda instancia por la audiencia provincial.
• motivos del recurso (art 469 LEC): infracción de normas sobre jurisdicción o competencia objetiva. Cabria recurrir frente la infracción de normas procesales (in procedendo)- El defecto puede venir por que conozca quien no debe o conozca con defecto. También cabria recurrir frente la infracción de normas procesales reguladoras de la sentencia (in iudicando -falta de motivación, falta de congruencia). También cabe recurrir por motivos de valoración de la prueba, pero solo se puede recurrir si la motivación es arbitraria o cuando se hayan infringido las reglas de valoración tasada de la prueba, no sobre el valor que se haya dado a la prueba testifical, solo si es absolutamente arbítrale e incoherente. Otro motivo es la infraccion de normas legales que rigen los actos y garantais del proceso que hubiere podido producir indefensión (norma procesal in iudicando).
• Sentencia y efectos (art 479 LEC). Ver tb DF. 16 ª. 1.7º LEC).
26.4.El recurso de casación 26.5.El denominado “recurso en interés de la ley” 26.6.El recurso de queja.
Capítulo Tercero: Los efectos del proceso LECCIÓN 27ª: LA COSA JUZGADA Las resoluciones judiciales y la cosa juzgada.- Cosa juzgada formal y cosa juzgada material.- Teorías sobre la cosa juzgada material. Función positiva y función negativa de la cosa juzgada.-Delimitación de la cosa juzgada.- Tratamiento procesal de la cosa juzgada.
LECCIÓN 28ª: MEDIOS DE RESCISIÓN Y NULIDAD DE SENTENCIAS FIRMES Introducción.- La revisión.- La audiencia al rebelde.- El “incidente” de nulidad de actuaciones.
LECCIÓN 29ª: LAS COSTAS PROCESALES Deber de pago de costas y gastos.- Derecho al reintegro de las costas pagadas: la condena en costas.- Tasación e impugnación.
Capítulo Cuarto: Crisis del proceso 90 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 LECCIÓN 30ª.- LAS CRISIS PROCESALES.La prejudicialidad.- Prejudicialidad penal en el proceso civil.- Prejudicialidad no penal (administrativa o social).- Prejudicialidad civil en el proceso civil.- Prejudicialidad constitucional y prejudicialidad internacional.- Cuestión incidental y procedimiento de incidentes.- La paralización del proceso.
Capítulo Quinto: Los procesos declarativos ordinarios LECCIÓN 31ª.- LOS PROCESOS DECLARATIVOS ORDINARIOS.El juicio ordinario. Especial consideración de la audiencia previa y del juicio en el juicio ordinario.- El juicio verbal. Especial consideración de la vista en el juicio verbal.
LECCIÓN 32ª.- ESPECIALIDADES DE LOS PROCESOS DECLARATIVOS ORDINARIOS.Las especialidades de los procesos declarativos ordinarios.- Procesos sumarios.
Título Cuarto EL PROCESO DE EJECUCIÓN (Bloque VI) Capítulo Primero: La ejecución procesal. Teoría General.
LECCIÓN 33ª.- NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD EJECUTIVA.Introducción.- Ejecución y responsabilidad.- La responsabilidad y la sanción.- Actuación de sanciones genéricas y específicas. Ejecución dineraria y ejecución no dineraria.- El ejecutor como sustituto del ejecutado.- Ejecución propia y ejecución impropia.- Ejecución singular y ejecución concursal.
LECCIÓN 34ª.- PRESUPUESTOS DEL DERECHO A LA EJECUCIÓN.La acción ejecutiva.- El título ejecutivo.- Títulos ejecutivos judiciales y extrajudiciales.LECCIÓN 35ª.- LOS SUJETOS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN.El Tribunal de la ejecución.- Las partes del proceso de ejecución.- Los terceros a la ejecución y su tutela jurídica.LECCIÓN 36ª.- INICIO DEL PROCESO DE EJECUCIÓN.Introducción.- La demanda ejecutiva.- El despacho de la ejecución.- Acumulación de ejecuciones.
LECCIÓN 37ª.- LA OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN Y LA IMPUGNACIÓN DE ACTOS EJECUTIVOS.Introducción.- La oposición a la ejecución. Por motivos procesales. Por motivos de fondo.La impugnación de actos ejecutivos concretos.- Suspensión y término del proceso de ejecución.
Capítulo Segundo: La ejecución dineraria LECCIÓN 38ª.- LAS CONDENAS PECUNIARIAS.Las condenas pecuniarias.- Liquidez del título ejecutivo.- Liquidación de títulos ilíquidos.El requerimiento de pago.- 91 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 LECCIÓN 39ª.- EL EMBARGO DE BIENES.Introducción.- Objeto del embargo.- Localización de los bienes del ejecutado.Determinación de los bienes a embargar.- La traba o afección de los bienes.- Reembargo y embargo del sobrante.- Los distintos medios de garantía de la traba: la anotación preventiva de embargo, el depósito judicial, la administración judicial, la retención sin desapoderamiento.- Efectos del embargo.- Modificación y alzamiento del embargo.
Oposición de terceros al embargo: la tercería de dominio.
LECCIÓN 40ª.- LA REALIZACIÓN FORZOSA. I.Introducción.- Las distintas formas de realización de los bienes embargados.- La enajenación forzosa de valores.- Sistemas generales de enajenación.- La subasta judicial.
Preparación. Anuncio. Depósito previo. Acto de la subasta. Subasta desierta. Doble subasta. Aprobación del remate y pago del precio. Falta de pago del precio y quiebra de la subasta.
LECCIÓN 41ª.- LA REALIZACIÓN FORZOSA. II.La adjudicación de los bienes al ejecutante.- La realización mediante convenio aprobado judicialmente.- La realización por persona o entidad especializada.- Entrega al adquirente de los bienes enajenados.- Subsistencia y cancelación de cargas.- Enajenación forzosa de bienes pertenecientes a un tercer poseedor.- La administración para pago.- El pago al ejecutante.- La tercería de mejor derecho.
LECCIÓN 42ª.- LA EJECUCIÓN SOBRE BIENES HIPOTECADOS O PIGNORADOS.Introducción.- La ejecución de créditos asegurados con hipoteca. Presupuestos. Desarrollo de la ejecución. Suspensión y oposición a la ejecución.- Ejecución de los créditos asegurados con prenda.- Realización extrajudicial de las garantías reales.
Capítulo Tercero: La ejecución no dineraria LECCIÓN 43ª.- LAS CONDENAS NO PECUNIARIAS.Introducción.- Reglas comunes a toda ejecución no dineraria.- Ejecución de condenas de hacer o no hacer.- Ejecución de condenas de entregar cosas.- Ejecución de condenas a emitir una declaración de voluntad.
Capítulo Cuarto: Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras LECCIÓN 44ª.- RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES EXTRANJERAS.Introducción.- Régimen interno.- Régimen convencional. Especial referencia al Convenio de Bruselas.Capítulo Quinto: La ejecución provisional LECCIÓN 45ª.- LA EJECUCIÓN PROVISIONAL.Introducción.- Concepto y características generales.- Presupuestos de la ejecución provisional.- Demanda y despacho de la ejecución provisional.- La oposición a la ejecución provisional y a actuaciones ejecutivas concretas.- Confirmación o revocación de la sentencia provisionalmente ejecutada.
Título Sexto 92 Derecho Procesal Civil Silvia Vilchez Poch – 2014- 2015 LAS MEDIDAS CAUTELARES (BLOQUE VII) LECCIÓN 46ª.- EL ASEGURAMIENTO DE LA EJECUCIÓN: LAS MEDIDAS CAUTELARES.Concepto.- Naturaleza y finalidad.- Presupuestos de las medidas cautelares.Procedimiento.- Oposición a las medidas cautelares.- Modificación o alzamiento de las medidas cautelares. Caución sustitutoria.- Medidas cautelares específicas.
93 ...