Resum lectures seminari 1 (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención - 2º curso
Asignatura Dret Constitucional
Profesor C.M.
Año del apunte 2014
Páginas 5
Fecha de subida 31/03/2015
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4. La reforma de la Constitución. Inexistencia de límites materiales La reforma constitucional desempeña la importante funci6n de ofrecer una vía de adaptaci6n de la Constitución a la realidad cambiante. La existencia de esta válvula de seguridad impide en muchas ocasiones una ruptura constitucional, que puede definirse como el cambio político en el que se produce una solución de continuidad entre dos regímenes sucesivos, con intervención del poder constituyente originario en la creaci6n del segundo.
La reforma constitucional no es, sin embargo, la (mica vía de evoluci6n constitucional, pues junto a ella existe otro procedimiento más lento y de carácter progresivo, pero no por ello menos útil, como lo es la labor de la jurisprudencia constitucional.
La reforma de la Constitución es un hecho de innegable trascendencia, pues implica la modificaci6n de la decisi6n del poder constituyente sobre el modelo de régimen político.
La intervención del poder constituyente en un procedimiento de reforma no es primaria, puesto que se ajusta a un procedimiento ya determinado por el poder originario que promulgó la norma constitucional que se trata de modificar. Se le califica por ello como un poder constituyente constituido, expresi6n aparentemente contradictoria que pretende reflejar esa doble faceta de poder que puede reformar la decisión del constituyente originario (por lo que se le califica de poder «constituyente») y que, sin embargo, ha de seguir los procedimientos previamente acordados por aquel (por lo que se le llama poder «constituido»).
La rigidez constitucional no es sino una forma de garantizar la supremacía de la Constitución.
En efecto, gracias a ella la norma superior no resulta modificada por cualquier ley posterior que la contradiga: la modificación de la Constitución deberá hacerse mediante el procedimiento específico de reforma, y cualquier ley ordinaria que contradiga la Constitución es una ley «inconstitucional» que debe ser eliminada del ordenamiento jurídico.
El procedimiento de reforma constitucional contemplado en el art. 167 puede calificarse como el procedimiento ordinario de reforma, mientras que el regulado en el art. 168, previsto para las reformas de más relevancia y que se caracteriza por su mayor complejidad y dificultad, puede calificarse por ello como un procedimiento agravado.
La existencia de estos dos procedimientos de reforma constitucional, de diverso grado de rigidez, evidencia que la Constituci6n ha optado por agravar el procedimiento de reforma para poder modificar determinados aspectos esenciales del sistema antes que excluir algunas cuestiones o preceptos de la posibilidad de reforma. Esta opci6n suele responder a la convicci6n de que imponer límites materiales a la reforma, esto es, excluir toda posibilidad de reforma de ciertos contenidos constitucionales, no es una barrera eficaz para impedir cambios políticos, que suele ser la pretensi6n, un tanto ingenua, de tales clausulas de intangibilidad.
En la Constitución española, la posibilidad de la reforma está abierta incluso para los aspectos más relevantes del sistema constitucional, lo que, como mínimo, puede servir para encauzar la posible transformaci6n del régimen y contribuir a evitar actuaciones de hecho. Por otra parte, incluso desde una perspectiva puramente formal, las clausulas de inmodificabilidad suelen ser ineficaces.
Los aspectos esenciales del sistema político español-los principios básicos de un Estado de Derecho, la forma de gobierno de monarquía parlamentaria, la estructura territorial- deben considerarse en todo caso como un limite implícito a la reforma, en el sentido de que si se sobrepasa, ello supone en realidad la transformaci6n del régimen político en otro distinto.
5. La iniciativa de reforma La Constitución prohíbe que una reforma constitucional pueda iniciarse «en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el art. 116» (art. 169). Es claro que el constituyente ha considerado que la reforma de la Constitución, sea cual sea su alcance, tiene o puede tener la suficiente trascendencia para el sistema constitucional como para que deba efectuarse en situación de normalidad política, al objeto de impedir que reacciones emocionales puedan alterar las decisiones de cualquiera de los sujetos intervinientes en el proceso de reforma.
El poder constituyente pretendió garantizar que al menos existiera normalidad institucional en el momento de acometer la reforma. Sin embargo, los mismos argumentos que existen para no considerar adecuado iniciar una reforma constitucional en situaci6n de inestabilidad son aplicables para no tramitarla o concluirla, ya que el objetivo es lograr que la reforma se efectúe en un ambiente que excluya la existencia de presiones sobre quienes tienen a su cargo dicha tarea. Esa es la razón, sin duda, que ha llevado al legislador a excluir que pueda celebrarse cualquier referéndum, y por tanto también los de reforma constitucional.
La iniciativa de reforma constitucional corresponde al Gobierno y a cada una de las Cámaras de las Cortes, así como, con notables limitaciones, a las Asambleas de las Comunidades Autónomas.
El ejercicio de la iniciativa de reforma constitucional se regula en los Reglamentos parlamentarios. En lo que respecta al Gobierno se ejerce con el mero envío del proyecto de reforma al Congreso de los Diputados para su posterior tramitación por ambas Cámaras. La Constitución la atribuye a las propias Cámaras, no a los diputados o senadores, por consiguiente, es la Cámara la que ejerce propiamente la iniciativa de reforma. Las proposiciones procedentes de la propia Camara deberan ir suscritas por dos grupos parlamentarios (en vez de por uno sólo) o por la quinta parte de los Diputados (lo que supone 70 Diputados en vez de 15).
6. EI procedimiento ordinario de reforma El proyecto de reforma ha de ser aprobado por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Esta mayoría se computa en relación con el número total de sus miembros, que la práctica parlamentaria ha reducido a aquellos que hayan adquirido la condición plena de Diputados o Senadores respectivamente.
La Constitución contempla la posibilidad de que ambas Cámaras discrepen en cuanto al texto aprobado por cada una de ellas; así, en caso de que exista cualquier diferencia en el texto aprobado por el Senado respecto el aprobado previamente por el Congreso de los Diputados, se constituye una Comisión mixta de composición paritaria de Diputados y Senadores, cuya misión es lograr un texto consensuado que ha de someterse a ambas Cámaras al objeto de que sea aprobado por la mayoría de tres quintos.
La Constitución prevé una segunda modalidad para aprobar el texto: Se admite la aprobación de la reforma con una mayoría inferior a la inicialmente requerida de tres quintos en el Senado, siempre que el Congreso supere esta mayoría y alcance los dos tercios.
También prevé una tercera modalidad: Se con templa la intervención del electorado. En efecto, si lo solicita la decima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras (en principio, 35 Diputados y, aproximadamente, unos 25 Senadores), la reforma ya aprobada por las Cortes Generales mediante el procedimiento indicado ha de ser sometida a referéndum para su ratificaci6n. El sistema de reforma previsto en la CE es respetuoso con el principio de soberanía popular, puesto que incluso en el procedimiento ordinario cabe la intervención del titular de la soberanía, aunque sea posible hacer la reforma con la sola intervención de los representantes políticos en los casos en que ninguna fuerza parlamentaria relevante lo estime necesario.
7. EI procedimiento agravado de reforma Este procedimiento es obligado cuando la propuesta sea de revisión total de la Constitución o cuando afecte al Título Preliminar, al Capitulo Segundo, Sección Primera, del Título I o al Título II. Por revisión total de la Constitución ha de entenderse aquella que incida en forma relevante en todas sus partes, aunque queden preceptos sin modificar.
El procedimiento agravado es obligado aunque la reforma de tales partes sea parcial o de escasa relevancia y no suponga una modificación importante del sistema constitucional.
La Constitución determina que la decisión de efectuar una reforma de las indicadas en el art.
168.1 ha de ser aprobada por mayoría de dos tercios de cada Cámara. Aunque del texto constitucional no se deriva inexcusablemente que la iniciativa de reforma se haya concretado en un determinado texto, ambos reglamentos parlamentarios si han partido de semejante supuesto, determinando que los proyectos o proposiciones de reforma sean sometidos a un debate de totalidad. En caso de que el principio de reforma constitucional sea aprobado por la citada mayoría en ambas Cámaras, se ha de proceder a la inmediata disolución de las mismas.
Las Cámaras elegidas a continuación deben primero ratificar la decisión, para lo cual no se exige ninguna mayoría cualificada, bastando por consiguiente que haya una mayoría simple a favor de la reforma. De ser así, han de proceder seguidamente al estudio del texto del proyecto o proposición de reforma constitucional, que debe ser aprobado en ambas Cámaras por mayoría de dos tercios. Una vez aprobada por las Cortes Generales, la reforma ha de ser sometida, en este caso necesariamente, a referéndum para su ratificación.
Reforma constitucional La irreformabilidad de una Constitución repugnaría tanto al principio democrático (la voluntad popular del presente no puede imponerse totalmente a la voluntad popular del futuro) cuanto al carácter mismo de las normas jurídicas (de las que como productos históricos, no hay que predicar la inmutabilidad, la duración de estas).
La rigidez de la Constitución es el sustento de su carácter supralegal.
La especialidad del procedimiento de reforma constitucional se puede hacer de distintas maneras: Algunos ordenamientos exigen la participación del pueblo mediante referéndum, en otros se requieren mayorías cualificadas en el Parlamento, en otros se precisa de la intervención de 2 legislaturas sucesivas e incluso hay supuestos en que se confía a una Asamblea la reforma constitucional.
La especialidad de la revisión es el requisito de la supralegalidad constitucional de las leyes, de tal manera que sólo si la constitución es rígida puede haber justicia constitucional.
La iniciativa de reforma se atribuye al Gobierno, al Congreso, al Senado y a las Asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
- Cuando la iniciativa la ejerza el Gobierno presentará un proyecto de reforma constitucional ante el congreso de los diputados.
- Cuando la iniciativa la ejerza el Congreso o las Asambleas legislativas de las comunidades autónomas, el pleno de la Cámara habrá de hacerlas suyas diciendo si las toma o no en consideración.
- Cuando la iniciativa la ejerza el senado mediante una proposición de reforma constitucional que ha de ser suscrita por un mínimo de 50 senadores que no pertenezcan a un mismo grupo parlamentario.
A partir de la iniciativa terminan las reglas comunes, apareciendo la diferenciación procedimental.
Procedimiento ordinario o menos agravado La iniciativa de reforma continuará su tramitación en el Congreso de los Diputados conforme a las reglas del procedimiento legislativo ordinario, pero el texto aprobado por el Pleno habrá de someterse a una votación final en la que habrá de obtener el voto favorable de al menos 3/5 de los miembros de la Cámara. Después el texto pasará al Senado, donde seguirá una tramitación similar a la del procedimiento legislativo ordinario, aunque sin posibilidad de ejercicio del veto con devolución del texto al Congreso, sometiéndose por último en el Pleno del Senado a una votación final sobre el conjunto del texto, que requerirá la obtención de una mayoría de al menos 3/5 de senadores. Si el Senado aprueba el texto del Congreso sin variaciones, lo comunicará a éste concluyendo así la reforma. Si el senado introduce enmiendas, se formará una comisión Mixta paritaria de Diputados y Senadores que elaborarán un texto común y dicho texto habrá de someterse a votación en el Pleno del Congreso y en el Pleno del Senado, necesitando para su aprobación la mayoría de 3/5 de los miembros de cada una de las cámaras. No obstante, si ese texto de la Comisión Mixta no alcanzase en el Senado dicha mayoría de 3/5, pero si al menos la mayoría absoluta de Senadores, la reforma puede aprobarse si el Congreso otorga una votación de los 2/3 de sus miembros.
Aprobada la reforma por las Cortes Generales, sólo se someterá a referéndum nacional para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los 15 días siguientes a su aprobación. Si transcurridos 15 días desde la aprobación del texto del texto por las Cortes Generales, no se solicita referéndum, o si celebrado éste resulta favorable, la reforma será anunciada por el Rey.
Procedimiento extraordinario o más agravado Previsto para la revisión de la Constitución o para cualquier reforma parcial que afecte al Título Preliminar, al Capítulo II, Sección primera del Título I o al Título II.
Cada Cámara deberá aprobar el principio de la reforma por mayoría de 2/3. La iniciativa de reforma habrá de aprobarse en el Pleno del Congreso y en el Pleno del Senado por una mayoría de 2/3 de los miembros de cada Cámara, actuando en primer lugar la Cámara en la que la iniciativa se presente. Si la iniciativa es aprobada por el Congreso y el Senado se procede a la disolución de las Cámaras y a la convocatoria de elecciones generales. Estas elecciones se presentan como medio de participación del pueblo en la iniciativa de reforma ya producida.
Una vez constituidas las nuevas Cámaras, éstas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional. Las nuevas Cámaras han de tener un cierto margen de libertad para enmendar el texto que reciben de las Cámaras anteriores. En las nuevas cámaras, favorecen la interpretación de que la ratificación por mayoría simple resulta la solución más correcta y más conveniente.
Una vez ratificado el texto de la iniciativa por ambas Cámaras, el Congreso lo tramitará por el procedimiento legislativo común, aunque al final, para ser aprobado, requerirá la votación en el Pleno por una mayoría favorable de 2/3 de los miembros de la Cámara. Obtenida dicha aprobación en el Congreso, el texto pasará al Senado que deberá aprobarlo en el Pleno por mayoría de 2/3 de Senadores.
Aprobada la reforma por ambas Cámaras se someterá a referéndum nacional, que se convocará dentro del plazo de 30 días a partir de la comunicación de dicha aprobación por las Cortes Generales al Presidente del Gobierno y que deberá celebrarse en los 60 días siguientes.
Si el resultado del referéndum es favorable, la reforma queda aprobada y el Rey deberá promulgarla y ordenar su publicación en el BOE. Puesto que la reforma ya se ha sometido a ratificación popular se descarta el escenario dónde la reforma sea desfavorable.
Límites y control de la reforma Nuestra Constitución no contiene límites temporales (prohibiciones de ejecutar reformas en los primeros años de vigencia) a la reforma. Contiene límites circunstanciales (prohibiciones de la reforma en determinados momentos o situaciones).
Es obvio que una reforma constitucional requiere unas condiciones de normalidad políticoinstitucional y de plena vigencia de las libertades públicas que no existen en los estados de guerra.
Nuestra Constitución dispone que sea enteramente revisable, no imponiendo límites explícitos a la reforma. Tampoco son aceptables los límites materiales implícito, dado que la actuación necesaria del pueblo en referéndum debe conducir a la conclusión de que mediante el procedimiento agravado de reforma se ha positivado al poder constituyente.
Gracias a esta ausencia de límites materiales (implícitos y explícitos) nuestro ordenamiento asegura al pueblo su capacidad de autodeterminarse, impidiendo quelas generaciones futuras queden sometidas a la voluntad de las generaciones del presente.
El artículo 168 CE facilita las vías jurídicas para el cambio político asegurando que será el pueblo (mediante la intervención en las elecciones y después en el referéndum) el que ejercerá el derecho de autodeterminación.
La regularidad del procedimiento de la reforma ha de estar garantizada, de ahí que la reforma deba ser susceptible de control por el TC, para que en el supuesto de que tal reforma fuera impugnada, pueda comprobar su validez.
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