Tema 6 (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Contratación y Actividad de la Administración
Profesor N.D.L.M.
Año del apunte 2014
Páginas 14
Fecha de subida 08/04/2015
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TEMA 6. LA ACTIVIDAD EXPROPIATORIA 6.1 Concepto y fundamento.
Antes de entrar en la expropiación forzosa nos vamos a referir al régimen administrativo de la propiedad, pues este no es un derecho que solo se trate en el derecho civil, sino que normas de derecho público que también le dan contenido.
Es por ello que volvemos al TEMA 4, al epígrafe incidencia de los poderes públicos sobre los derechos de los particulares y las medidas ablatorias: delimitación, limitación y sacrificio, que hacen referencia al derecho de propiedad.
Dicho esto, entramos a ver el Régimen administrativo de la propiedad y su evolución.
En primer término debemos destacar que, desde el primer momento hasta hoy, el derecho de propiedad ha sido un derecho subjetivo reconocido por la legislación civil pero sobre el cual la legislación administrativa también ha establecido una regulación, la cual atiende a la tutela de los intereses generales.
La legislación administrativa trata de conciliar los intereses generales con el derecho de propiedad propiamente dicho. Esto es algo que hoy la CE recoge, al referirse a diferentes cuestiones que tienen que ver con la propiedad.
La propiedad no solo es un hecho subjetivo, sino que tiene una vertiente objetiva que el ordenamiento ha hecho suya. Esto ha ido evolucionando: • En el Antiguo régimen cuando se hablaba de propiedad se hablaba de un fundo propiedad del señor feudal que trabajaban sus vasallos, de modo que había una amortización de la propiedad fuera del tráfico jurídico. Tanto era así que no era posible disponer de esas tierras mediante actos inter vivos.
• Derecho liberal. Había un derecho subjetivo que la declaración de los derechos humanos califica de inviolable y sagrado. En esta etapa se produce la desamortización, pues se empieza a trabajar en el mercado con bienes, por lo que se entiende que es posible una vertiente más abstracta del derecho de propiedad que no se refiere ya solo a los fundos, sin a más bienes que están en el mercado. El art.
348 del Código Civil describe los bienes de forma unitaria, es decir, hace una definición de todos los bienes en general.
Paralelamente se va desarrollando la idea de que efectivamente el derecho de propiedad está sometido a unos deberes de derecho público y en esos momentos el CC y otras leyes administrativas (como la ley de aguas) empiezan a referirse a los bienes de dominio público. Éstos se excluyen del tráfico para protegerlos y que no se pueda transaccionar con ellos, dada su importancia. Vemos que en ese momento ya trataban de combinar ambos derechos. Además, se definen los bienes de dominio público como aquellos inalienables, indescriptibles e inembargables.
Aparece también la expropiación forzosa, que se prevé y que obviamente se contempla como algo excepcional y restrictivo, que lo rodea de unas garantías.
Hoy, todas estas ideas se han recogido en diferentes leyes administrativas y tomando como referencia que la función social regula el contenido de la propiedad, en diferentes textos se ha ido regulando cual es efectivamente este contenido. Ahora bien, el contenido del derecho de propiedad va a ser distinto en función del bien sobre el cual se ejerce. Esto significa que hay unas notas comunes (facultad de gozar y disponer de un bien), pero esas van a tener tintes distintos según cuál sea el bien sobre el cual se ejerce este goce y esta disposición (por ejemplo, el estatuto de la propiedad agraria es distinto del estatuto de la propiedad urbana; y el que tiene un bien declarado patrimonio artístico no tiene los mismos derechos y obligaciones que quien no; tampoco es lo mismo ser propietario de suelo en una montaña o suelo en primera línea de mar).
Esto implica que, según se proyecta el derecho, se pueden hacer cosas distintas.
El régimen de propiedad se diversifica, por lo que vamos a ver diferentes cargas y obligaciones del propietario según cuál sea el bien sobre el que recae la propiedad.
La propiedad en la CE se basa en diferentes artículos: - - En el artículo 33 se reconoce el derecho a la propiedad y a la herencia. El art. 33.2 dice que la función social de la propiedad delimitará su contenido de acuerdo con las leyes. Esto liga con el art.
128 cuando dice que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Este mandato guarda relación con los principios rectores de la política social y económica y con todos los preceptos de la CE que se conocen como la “Constitución económica”. Guarda relación porqué efectivamente en los principios rectores de la vida política y económica vemos que el legislador, al regular los bienes de dominio público y la propiedad privada, tiene en cuenta lo que dicen estos preceptos.
De acuerdo al artículo 53, el ejercicio de este derecho solo se va a poder regular por ley, que en todo caso tiene que respetar su contenido esencial. Este contenido esencial es la facultad de goce y de disposición. Estas facultades, sin embargo, no son ilimitadas (como por ejemplo servidumbres, relaciones de vecindad, etc.).
Cuando uno se enfrenta a un texto legal que regula la propiedad, tiene que tener en cuenta si regula la función social. La STC del constitucional 37/1987 de 26 de marzo fue la sentencia que declaró por primera vez la importancia de la vertiente constitucional del derecho de propiedad. Esto quiere decir que, desde un punto de vista legal, se van a producir intervenciones públicas plasmadas en ese contenido del derecho de propiedad y que van a delimitar el contenido de este derecho en función de cada tipo de bien. Pero no lo pueden anular por completo, porque si lo hacen aparece la expropiación, pues están privando a quien lo posee del disfrute de ese bien.
Si se da esta privación, el art. 3.3 CE dice que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa de actividad pública o interés social. Ahora bien, si esto pasa, se ha de indemnizar y, desde luego, es algo que deberán prever las leyes.
- Por último, la CE también se refiere a otro tipo de propiedades, en el artículo 132. Se refiere a los bienes de dominio público. Estos bienes son aquellos que dejan de ser bienes de propiedad privada, pero en los que, sin embargo, no va a haber la correspondiente indemnización.
Cuando se trata de bienes de dominio público hablamos de una titularidad pública sobre esos bienes, de modo que no pueden transmitirse. Pero puede ser que ya reúnan una serie de requisitos naturales que hagan que no sean susceptibles de ese tráfico. Es por eso que la CE dice que son bienes de dominio público los que determine la ley (cada ley en particular) y, en todo caso: a. Las playas b. La zona marítima terrestre c. El mar territorial d. La zona exclusiva económica e. La plataforma continental Sin embargo, al decir que son de dominio público no nos referimos que sean del estado, o de las CCAA, etc. sino que nos referimos que son bienes sui generis, es decir, propiedad de todos y de nadie, de los que todos podemos disfrutar.
Sobre ellos se establece un régimen jurídico que se inspira en los principios de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad, lo que constituye una garantía de esa titularidad “pública” y de su destino de fines de interés público, uso público o disfrute publico.
En la CE se han definido unos bienes que por definición son bienes de dominio público, pero esta determinación no es una determinación libre, sino que tiene una serie de límites: a. Se ha de tratar de bienes que sean recursos que constituyan, por ejemplo, soporte de servicios públicos b. Son bienes que por sus características naturales se han de proteger (por ejemplo aguas y costas) La propiedad y el derecho comunitario Por tanto, junto a toda esta perspectiva (el derecho de la constitución) vamos finalmente a referirnos como este régimen de la propiedad no se ha visto alterado ni modificado por el derecho comunitario. Esto es así porque la UE no prejuzga el derecho de propiedad de cada estado, aunque sí que es verad que jau determinadas policías que inciden en el ejercicio del régimen de la propiedad, aunque, como decimos, sin prejuzgarlo.
La Carta reconoce la propiedad en su art. 17 y el protocolo adicional número 1 del Convenio Europeo, para la protección de derechos reales, reconoce el derecho de toda persona al derecho de todos sus bienes sin perjuicio de la posibilidad de su expropiación por causa de actividad pública, conforme a la ley y los principios de derecho internacional y del derecho de los estados a promulgar leyes para regular el uso de los bienes de acuerdo con el interés general, el cual fue ratificado el año 1990 en España.
Expropiación forzosa El legislador, cuando se refiere a los tipos de bienes sobre los cuales se ejerce la propiedad, está delimitando el contenido del derecho de la propiedad que recae sobre cada bien. Pero cuando delimita lo llena al mismo tiempo de contenido. Cuando lo llena de contenido, mientras no se vean afectadas las facultades de goce y disposición, no es susceptible de ser indemnizable.
En primer lugar, hay que señalar que La Ley de Expropiación Forzosa es una ley que se tiene que interpretar a través de la CE. La expropiación forzosa en esta ley de 1994 comporta cualquier forma de privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, cualquiera que sean las personas o entidades a las que pertenezcan, acordada imperativamente, ya implique: venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de ejercicio; y ya sea por causa de utilidad pública o interés social.
De esto se deduce que la expropiación es una potestad pública y su objeto es privar a una o varias personas de sus derechos patrimoniales cuando así lo requieran los intereses generales. Se debe ejercer esta potestad de acuerdo con lo que dispongan las leyes en los supuestos que estas leyes hayan previsto y para los fines de interés público que les correspondan.
De esta forma vemos como tanto leyes estatales como autonómicas van a determinar la causa expropiandi para los bienes de interés público correspondientes. Además, estamos hablando de una situación que comporta la indemnización porque ha habido una ablación o privación del derecho de propiedad, pero también existe en el ordenamiento otro supuesto que hace surgir el derecho del interesado a una indemnización de los bienes públicos, y es al generarse un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. Es decir, se ha de producir un daño antijurídico, el cual es el elemento determinante independientemente de la conducta de la Administración, sino por su comportamiento normal y anormal de los servicios públicos.
En la expropiación el particular tienen el deber de soportar el daño porque es referente a un bien social que lo justifica, pero en la responsabilidad veremos que no.
La expropiación, además, consiste en la privación o ablación de un interés legítimo patrimonial, decíamos.
Por ejemplo, yo soy propietaria de un terreno y me plantan una torre de alta tensión (servidumbre legal). En este caso yo sé que jamás podré vender esa finca, pues nadie querrá comprármela, de modo que se me está privando del derecho de disposición y se ha producido una indemnización.
En ocasiones se expropian otros derechos patrimoniales que no son la propiedad, como el usufructo. Las causas que legitiman la expropiación es la utilidad pública o el interés social, que se refieren a cualquier motivo de interés público que pueda concurrir. Por ejemplo, si nos vamos a una expropiación urbanística nos podemos encontrar que el suelo que se expropia se ponga a disposición de los promotores, que pueden llevar a cabo la ejecución de planes de urbanismo. Aquí, el beneficiario de la expropiación es el promotor.
La otra cara de la moneda es que la expropiación no es solo una potestad, sino que es una garantía en la medida de que, para que sea legítima, tienen que concurrir los siguientes aspectos: - Solo cabe la expropiación por causas justificadas de interés publico - Debe existir un nexo entre el objeto de la expropiación y los fines a cumplir - Deber darse la correspondiente indemnización - La potestad debe ejercerse según prevean las leyes y a través del procedimiento establecido Todo esto van a ser garantías para el sujeto expropiado. Si se producen estas notas estamos ante una expropiación, pero si no, estaríamos ante un exfolio o una confiscación, lo cual no permite la CE.
Por último, en relación a la garantía indemnizatoria, la legislación y la CE han eliminado la expresión “previo pago” de la correspondiente indemnización. Esto, en principio, responde a una idea en la que la AP necesita disponer con carácter previo de esos bienes puesto que el expediente suele ser un proceso largo. Es decir, antes primero la AP pagaba y después disponía, sin embargo, ahora es al revés.
6.2 Elementos: sujeto, objeto y causa.
A) SUJETOS Sujetos: - Administración expropiante - Beneficiario - Expropiado a) Administración expropiante La Administración expropiante es la titular de la potestad expropiante. Tanto la Ley de Expropiación Forzosa (LEF en adelante) como el Reglamento de la Expropiación Forzosa (REF) precisan quiénes son los titulares de esta potestad: - Estado - Provincia - Municipio.
- No citan estas normas las Comunidades Autónomas porque no existían en el momento de su creación, pero nosotros debemos tenerlas en cuenta.
Dentro de las entidades locales no solo existen la provincia y el municipio, sino que también se tienen en cuenta entidades locales menores y entidades supramunicipales. Además, también pueden tener atribuida la potestad expropiatoria otras entidades como las comarcas y las mancomunidades.
Estamos haciendo referencia todo el rato a las Administraciones territoriales, con el fin de que puedan cumplir con los objetivos que forman parte de sus competencias. Por tanto, es evidente que van a tener la limitación territorial, es decir, no van a poder dictar expropiaciones fuera de su ámbito territorial.
NO aparece que las Administraciones institucionales (Administración de descentralización funcional creadas para descentralizar funciones que ejercería el ente territorial que las crea – los ministerios? – ) tengan esta potestad. Se entiende que estos entes institucionales (organismos autónomos, etc.) no tienen potestad expropiatoria por sí mismos, sino que tienen que solicitar al órgano matriz del cual dependen que ponga en marcha esta potestad. Normalmente van a participar en el procedimiento expropiatorio como beneficiarios del mismo, pero no como administraciones expropiantes.
Dentro del ámbito de las Administraciones territoriales y refiriéndonos a órganos, vemos que se hace referencia a los gobernadores civiles, a los que se les otorga la competencia para tramitar y resolver expedientes expropiatorios, pero hoy en día ya no existen, de modo que se atribuye a los delegados del gobierno y a los subdelegados provinciales del gobierno esta facultad.
Si se trata de una expropiación destinada a la expropiación de una obra pública, esta competencia se le atribuye a los ingenieros jefes de los servicios respectivos. Por tanto, las resoluciones que dicten estos órganos en materia de expropiación son susceptibles de los recursos administrativos correspondientes y serán resueltos por el ministerio competente por razón de la materia. Por lo tanto, serian susceptibles del recurso de alzada.
En cambio, en el ámbito de la Administración local, la competencia para decretar la expropiación la ejercen la diputación provincial, el pleno municipal y el alcalde.
b) Beneficiario de la expropiación El beneficiario de la expropiación es tanto la persona pública como privada a la que van a ir destinados los bienes y derechos que son objeto de expropiación.
Normalmente suele coincidir con la Administración expropiante, pero en ocasiones no es así: por ejemplo la expropiación de las fincas rústicas puede pasar a una cooperativa agrícola.
En este sentido el Reglamento de Expropiación Forzosa (art. 3) indica que el beneficiario de la expropiación es el sujeto que representa el interés público o social para cuya realización está autorizado a instar de la administración expropiante el ejercicio de la potestad expropiatoria y que adquiere el bien o derecho expropiado.
La Ley de Expropiación Forzosa lo que hace es distinguir si la expropiación es por causa de interés social o no, a efectos de señalar quien será el beneficiario. Cuando es por causa de utilidad pública dice que, además de la propia administración expropiante, van a poder ser beneficiarios también las entidades o concesionarios a los que se conceda tal consideración.
En definitiva, el beneficiario tiene ciertas facultades y obligaciones: - Impulsar el procedimiento - Establecer la relación de bienes y derechos a expropiar - Tratar de llegar a un acuerdo con el expropiado para determinar el justi precio. Si no alcanza acuerdo puede presentar la hoja de aprecio (su valoración) ante el jurado provincial de expropiación, que la avaluará. Además, deberá pagar el justi precio y si no lo paga (puede darse el caso que el expropiado no esté de acuerdo), consignará el precio que considere que ha de pagar.
c) El expropiado El expropiado es el titular de los bienes y derechos objeto de expropiación. Esto le convierte en el interesado directo en el procedimiento y le hace también poseedor del derecho a cobrar la correspondiente indemnización.
Tanto personas físicas como jurídicas van a poder ser sujetos expropiados y precisamente por ser titulares de algunos bienes afectados por el expediente tienen derecho a que se les cite expresamente. Sin embargo, no solo ellos tienen derecho a ser ciados de forma expresa, sino que hay otros sujetos titulares de otros derechos que pueden verse afectados por la actividad expropiatoria, los cuales también van a tener que ser citados. Estos sujetos con interés en el procedimiento expropiatorio y que aparecen en determinados momentos son: - El propietario titular del derecho. Es todo aquel que conste en los registros públicos que otorgan una presunción de titularidad como tal (Registro de la Propiedad, Registro Mercantil, etc.). Cosa distinta es si después no son ellos los propietarios, pero en el procedimiento expropiatorio la presunción es que efectivamente lo son.
- Arrendatarios de inmuebles rústicos y urbanos. Los arrendatarios de bienes inmuebles rústicos y urbanos van a tener derecho a una indemnización diferente a la del propietario y por eso la LEF exige que para ellos se tramite un expediente incidental para fijar tal indemnización.
- Personas titulares de derechos reales y de intereses económicos directos.
Por ejemplo, puede aparecer como titular de un derecho real alguien que ostenta un usufructo sobre la propiedad objeto de expropiación o titulares de derechos económicos directos sobre la cosa. Ambos van a intervenir bajo la condición de interesados. Tienen esta condición porque la LEF tiene el objetivo de que la AP adquiera el bien expropiado libre de cargas. Sin embargo en la práctica nos podemos encontrar con que se pueda conservar el derecho real existente si es compatible con el nuevo destino de ese bien si están de acuerdo el expropiante y el titular del derecho.
Éstos van a hacer valer sus derechos sobre el justi precio minorando la indemnización que le corresponda percibir al propietario. Es decir, a cuenta de lo que cobra el propietario le van a reclamar al mismo en concepto de dejar de tener el disfrute de la cosa.
De no existir acuerdo, la AP va a consignar el precio de la indemnización a pagar en la Caja General de Depósitos. La decisión final del reparto va a tener lugar en el proceso civil entre los interesados.
- El Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal intervendrá a la vista de las funciones que le correspondan, que son promover la justicia en defensa de la legalidad de los intereses de los ciudadanos y públicos.
Intervendrá ante los supuestos específicos del art. 15 LEF, como por ejemplo: a. Cuando no hay una relación de propietarios afectados en la lista correspondiente.
b. Cuando los sujetos afectados sean incapacitados c. Cuando exista litigiosidad porque en el registro correspondiente figura alguien que no es el verdadero titular d. Etc.
B) CAUSA EXPROPIANTE La causa expropiante es la causa que legitima la expropiación, por lo que es una garantía fundamental de la misma.
Se exige que concurra una causa específica que legitime la expropiación porque ésta no puede ser un fin en sí misma, sino que ha de ser un instrumento o un medio que se ponga al servicio de la AP para que ésta cumpla con los fines públicos que le competen. Si no se da esta causa, que es el presupuesto básico, no puede haber expropiación.
La declaración de expropiación debe realizarse por una causa que aparezca en la Ley. Vemos que se está reforzando la garantía expropiatoria, aunque también es verdad que la posibilidad de controlar esa declaración de expropiación por utilidad pública se restringe para los expropiados. Es por eso que el particular solo va a tener la opción de que se impugne ese acto o declaración de necesidad de expropiación cuando esté ya dentro del procedimiento de expropiación, lo que va a tener lugar cuando el juez o tribunal tenga dudas acerca de la constitucionalidad de esa declaración, planteando así la cuestión de inconstitucionalidad. Vemos pues que lo que inicialmente era una garantía se convierte en un elemento que restringe las posibilidades reales de que los expropiados puedan someter a control la causa que da pie a la expropiación y que la habilita.
• Sobre la expropiación de bienes inmuebles se establece que la misma estará implícita, por ejemplo, en los planes de obras y servicios que aprueben los estados, provincias, municipios y organismos autónomos.
Por tanto, en estos casos no será necesaria la intervención de la Ley.
Vemos por tanto que hay ciertas circunstancias excepcionales que hacen que no tenga que aparecer la causa en una ley como tal. Por ejemplo, en el caso de las expropiaciones reguladas en el art. 85-89 LEF tampoco será necesario.
• Para los bienes muebles, la LEF exige de entrada la necesidad de Ley, que luego matiza, ya que dice que cuando una ley, de una forma genérica, declare la utilidad pública de expropiar toda una categoría de bienes, bastará con que esta declaración se haga por decreto del Consejo de Ministros o bien por el Consejo de Gobierno Autonómico.
Si se producen estas últimas circunstancias que señalamos, nos encontraremos con que el particular expropiado sí que va a poder impugnarlo, pues tienen los planes (por ejemplo) naturaleza reglamentaria.
6.3 Procedimiento expropiatorio: el procedimiento ordinario y el procedimiento urgente.
El procedimiento esencial y si no se respeta ni se respetan los trámites esenciales del mismo la expropiación pasará a ser una usurpación ilegítima del bien.
Procedimientos: - Procedimiento ordinario a. 1ª fase: De determinación del acuerdo de necesidad de ocupación. Se ha de concretar cuáles son los bienes sujetos a la expropiación b. 2ª fase: de determinación del justi precio o la indemnización.
c. 3ª fase: de pago de la indemnización que va a permitir la ocupación del bien expropiado.
- Procedimiento urgente - Procedimientos especiales A) PROCEDIMIENTO ORDINARIO a) Primera fase: de determinación del acuerdo de necesidad de ocupación No hemos dicho que la necesidad de utilidad pública o interés social declare cuáles son los bienes que se han de expropiar. Pues bien, esta fase responde a esa identificación: 1. En esta fase el beneficiario de la expropiación va a hacer una relación concreta e individualizada de los bienes que considera necesario expropiar. Estos bienes, según la Ley, son los estrictamente indispensables, aunque la LEF permite la posibilidad de que se incluyan otros que puedan ser necesarios para previsibles ampliaciones de la obra.
2. Una vez se ha hecho esto se abre el trámite de información pública, que durará 15 días. Cualquier persona puede aportar los datos oportunos para rectificar errores o para oponerse a la necesidad de ocupación.
3. Una vez finalizado este trámite y una vez hayan hecho alegaciones los afectados, el órgano administrativo que esté tramitando la expropiación adoptará el acuerdo de necesidad de ocupación.
Este acuerdo se publica y se ha de notificar individualmente a los interesados en el procedimiento expropiatorio en la medida que les afecte.
Este acuerdo de necesidad de ocupación permite que cualquier persona pueda cuestionar la utilidad pública o interés social que dice justificar esa expropiación y, por tanto, se puede impugnar: a. Interponiendo los recursos administrativos correspondientes: alzada o reposición, en función del órgano b. Acudiendo a la jurisdicción contenciosa-administrativa b) Segunda fase: de determinación del justi precio El justi precio puede quedar fijado por acuerdo entre el expropiado y el expropiante. En la práctica, sin embargo, no suele existir acuerdo a la hora de determinarlo.
Si no hubiera ese mutuo acuerdo quedaría concluido el expediente expropiatorio. En todo caso, la ley contempla un plazo de 15 días para alcanzar un acuerdo. Si no se ponen de acuerdo se inicia el trámite de fijación del mismo.
Este trámite de fijación del justi precio se tramita como pieza separada, es decir, que se cose aparte. De todas formas se puede llegar a un acuerdo amigable antes de que el tribunal decida.
1. Una vez abierta la pieza separada lo que la AP hará será requerir al expropiado y le instará a que en 20 días presente su hoja de aprecio. El expropiado hará esta hoja basándose en acuerdos periciales, además de hacer cuantas alegaciones considere pertinentes. Una vez la AP recibe la hoja de aprecio la aceptará o la rechazará (20 días): a. Si la acepta queda fijada la indemnización b. Si la rechaza, la AP formulará su propia hoja de aprecio (lo que ella considera que ha de pagar) y se la notificará al expropiado, que tendrá 10 días para decidir si la acepta o la rechaza:  La acepta  Como normalmente la rechaza (la AP paga poco, tarde y mal), en este caso va a pasar al Juzgado Provincial de Expropiación, que fijará el precio, aunque lógicamente lo hará sujeto a unos límites y baremos y de forma motivada.
Esta decisión será ejecutiva, de modo que pondrá fin a la vía administrativa, habiéndose de impugnar directamente ante la Jurisdicción contenciosaadministrativa. El recurso ante esta jurisdicción lo puede imponer: • El expropiado • El beneficiario de la expropiación • La administración expropiante. Ahora bien, si lo interpone la AP, entonces tendrá que seguir la vía del recurso de lesividad (art 103 de la Ley 30/92).
Esto es así porque la decisión es un acto administrativo y el jurado es un órgano de la AP, por lo que está la AP impugnando un propio acto de la AP.
En la declaración de lesividad se ha de justificar que el precio fijado es contrario al interés público.
Se utilizan distintas reglas para la fijación del justi precio: - No se van a tener en cuenta las plusvalías que tengan lugar como consecuencia del proyecto de obra que motiva la expropiación.
- Tampoco se tendrán en cuenta mejoras que se hayan realizado una vez se ha iniciado el procedimiento del justi precio.
A partir de estas premisas el justi precio ha de ser integral y debe responder a un valor de sustitución.
Entran en juego, por tanto, valores fiscales, valores de mercado, etc. Al resultado (justi precio) hay que añadirle lo que se conoce como premio de afección, que es un incremento del 5% que trata de compensar el quebranto moral que comporta la expropiación (art. 47 LEF).
c) Tercera fase: pago y ocupación El pago se ha de realizar en un plazo máximo de 6 meses. Sin embargo, puede pasar que el expropiado rehúse requerir lo que le tiene que pagar la administración, en cuyo caso se consigna la cantidad del justi precio en la Caja General de Depósitos. Junto al justi precio puede además existir una indemnización por los daños sufridos. Esta indemnización sí que puede (algo como que puede entregarse sin que haya acuerdo).
Si se paga el justi precio o se consigna, esto va a permitir la ocupación del bien en el ejercicio de expropiación. Si se ocupa el bien, entonces se transmite el dominio del bien o la titularidad del derecho, lo que se formaliza en un acta de ocupación, que se podrá inscribir en cualquier registro público.
Ahora bien, vamos a detenernos en el caso de que se produzca retraso a la hora de fijar y/o pagar el justi precio. Si esto ocurre, la AP va a tener que abonar al expropiado el interés legal correspondiente, que se calcula en función del tiempo que transcurre en el momento en el cual tendría que haberse fijado y el momento en el que se fijó el justi precio. Esto mismo se aplica en el caso de retraso en el pago.
Si se produce un retraso superior a los 6 meses que se dan, de dos años, por ejemplo y tal como establece la LEF como paradigmático, en este caso, se van a tener que volver evaluar todos los bienes o derechos, es decir, se ha de hacer una retasación. El administrado no se puede contentar con actualizar el justi precio, sino que tiene que pedir que se vuelvan a valorar los bienes.
B) PROCEDIMIENTO DE URGENCIA Este procedimiento nace tras la guerra civil. En la práctica este procedimiento se ha convertido en un supuesto ordinario que se puede utilizar con independencia de los bienes y derechos objeto de expropiación y cualquiera que sea la causa de la misma. Incluso diríamos que es tan habitual este procedimiento que hasta leyes sectoriales contienen la declaración genérica de urgencia para determinados tipos de obras.
La LEF caracteriza esta urgencia como un supuesto excepcional y esa excepcionalidad ha de ser declarada por acuerdo del Consejo de Ministros, aunque también puede declararse como tal por Consejo de Gobierno de la correspondiente CA.
El procedimiento de urgencia consiste, en definitiva, en una inversión de determinadas ases del procedimiento ordinario y en concreto en una anticipación de la ocupación de los bienes, que tiene lugar antes de la fijación definitiva y del pago del justiprecio, que se pospone para el final del procedimiento.
Procedimiento (1) Este procedimiento se inicia con la declaración de la urgente ocupación de los bienes afectados, lo que implicará la declaración de la necesidad de ocupación de los bienes que hayan de ser expropiados. Vemos que en este procedimiento se prescinde de la declaración de necesidad de ocupación de los bienes porque se entiende que la misma está implícita cuando se aprueba el procedimiento de obras que da pie a la expropiación, lo que da derecho a la ocupación inmediata (2) La ocupación ha de ir precedida del levantamiento del acta previa a la ocupación sobre los terrenos que han de ser expropiados, previa notificación a los interesados del día y hora en la que la misma va a proceder, con una antelación mínima de 8 días.
Una vez se hayan personado en el día y hora señalados en la finca que se trate, tanto el representante de la AP como los propietarios y demás interesados y sus representantes, normalmente acompañados por los peritos y un notario, entonces se procede a levantar el acta. A esa acta la acompañaran todas las manifestaciones que hagan las partes, que van a permitir determinar los derechos afectados, los perjuicios que se derivan etc., de esta urgente e inmediata ocupación.
(3) A la vista del acta y de los documentos aportados se calculará y consignará en la Caja General de Depósitos la indemnización.
(4) Efectuada la consignación o percibida la misma por el expropiado, se procede a la ocupación en un período máximo de 15 días.
5) Se tramitará el expediente del justiprecio por los trámites del procedimiento ordinario y se pagará. Lo que la AP hace es una valoración estimatoria y deposita esa cantidad, y así lo hace al elaborar la hoja de aprecio.
Vemos que tanto la fijación como el pago del justi precio se hacen después de la ocupación.
Hemos visto que no existe el previo pago del justiprecio en este procedimiento; e incluso diríamos más, el justiprecio tampoco se fija por parte de la AP, lo que se deja para un momento posterior.
La LEF también incluye una cuestión en la que dice que no es susceptible de recurso alguno el procedimiento por el cual se declara urgente la ocupación de los bienes. No es conciliable con el derecho a la tutela efectiva, por lo que esta previsión es una provisión que no está vigente.
C) PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Se trata de supuestos especiales de expropiación, atendiendo a la extensión del objeto expropiado, la singularidad de la causa o del destino de los bienes o los efectos colectivos que de ella se deriven. Se trata en todo caso de singularidades relativas que no afectan al fondo de la institución ni a la aplicación del esquema básico de la regulación general.
Vienen motivados por diferentes circunstancias.
Clases de procedimientos especiales: - Expropiación de determinadas zonas o grupos de bienes. Tiene lugar cuando se lleva a cabo la realización de una gran obra con la que se ocupa gran parte de terreno y por la cual se deberá expropiar una gran cantidad de bienes. El procedimiento previsto para la expropiación de grandes zonas territoriales o series de bienes susceptibles de una considetacion de conjunto se caracteriza por la adopción de la técnica de máximos y mínimos en la determinación del justiprecio. Hay distintas fases en esta expropiación: a. El Consejo de Ministros aprueba un decreto en virtud del cual se da la declaración de necesidad de ocupación.
b. Se clasifican los bienes en grupos y para cada uno de esos grupos se establecen unos precios máximos y mínimos. Esta relación de bienes se ha de someter a información pública durante un mes, con el objetivo de que los afectados puedan hacer alegaciones. Pero este derecho no basta, sino que los afectados tienen derecho a que se les notifique individualmente.
c. Los afectados van a hacer alegaciones y la AP las ha de tener en cuenta, y junto a éstas y a los precios máximos y mínimos establecerá la valoración exacta del precio. Esta valoración individualizada será la que hará la AP en su hoja de aprecio, que ha de ser individual para cada uno de los sujetos afectados.
d. El sujeto puede:  Estar de acuerdo → se sigue el procedimiento general de expropiación  No está de acuerdo → presenta su hoja de aprecio. Si la AP no la acepta se acudirá al Juzgado Provincial de Expropiación para que sea quien determine la cantidad.
- Expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad. En este caso nos encontramos ante una expropiación- sanción, que opera en aquellos casos en los que se está - - privando de un bien porque se ha incumplido una serie de deberes que hacen que un sujeto disfrute de su derecho sin tener en cuenta el interés colectivo.
Expropiación por razón de la defensa nacional (Arts. 52 y 53 LEF) Expropiación de bienes de valor histórico, artístico y arqueológico. En este caso no existe el jurado de expropiación, sino que aparece una comisión de expertos en la materia. Nos encontramos con la posibilidad de que el estado pueda ejercer sobre esos bienes los derechos de tanteo y retracto.
Expropiación que va a dar lugar al traslado de poblaciones. Son expropiaciones en las cuales la AP va a deber buscar una localización alternativa donde colocar esa población. No solo van a tener derecho estas personas a cobrar la indemnización vemos, sino también a ser trasladados.
Es importante tener presente que la LEF contempla diferentes aspectos que van a ser indemnizables.
Se contemplan diversos supuestos de indemnización: a. El cambio forzoso de residencia b. La reducción del patrimonio familiar que se puede producir c. Los perjuicios que se causan por la interrupción del ejercicio de la actividad profesional d. Los gastos que comporta el traslado 6.4 La reversión El derecho de reversión aparece recogido en los arts. 54 y ss. LEF y es un derecho que sufrió una modificación en su regulación en virtud de la aprobación de la Ley 39/99 de 5 de noviembre.
En el art. 54 se refiere el legislador a la reversión cuando dice que “en el caso de no ejecutarse la obra o no establecerse el servicio que motivó la expropiación, así como si hubiera alguna parte sobrante de los bienes expropiados o desapareciese la afectación, el primitivo dueño o sus causahabientes podrán recuperar la totalidad o parte sobrante de lo expropiado mediante el abono, a quien fuera su titular, de la indemnización”.
Caracteres: 1. Este derecho surge de una forma automática, pues se produce una desaparición sobrevenida del fin que justificó la expropiación. Con esto queremos decir que el fin que motivó la expropiación ha de existir antes del procedimiento de expropiación pero ha de mantenerse después. Si desaparece, entonces de una forma ipso iure nos encontramos con que ha de eliminarse esa privación.
2. Este es un derecho de configuración legal (configurado por la LEF).
3. El derecho de reversión se va a regir por el derecho vigente en el momento de su configuración. Es decir, no se regirá por el derecho vigente en el momento de la expropiación.
4. El derecho de reversión es un derecho real de adquisición preferente, por lo que se antepone a otros derechos reales inscritos en el derecho de la propiedad, siempre que el mismo se encuentre también inscrito (art. 54.5 LEF).
Supuestos de reversión: - Inejecución de la obra o no establecimiento de servicio. El derecho de reversión tiene dos modalidades de ejercicio distintas, que dependen de la forma de la cual se constante la ejecución: a. La AP de forma expresa declare la inejecución: notifica al expropiado su propósito de no - - ejecutar la obra. En este caso, el expropiado va tener un plazo de 3 meses a contar desde la fecha de la notificación para ejercer su derecho de reversión.
b. La AP no efectúa la notificación, por lo que la inejecución de la obra tiene lugar en el ámbito de los hechos. Este desistimiento se presume producido cuando concurre una de las dos circunstancias siguientes:  Por el transcurso de 5 años desde la fecha en que los bienes o derechos expropiados quedaron a disposición de la AP sin que ésta hubiera iniciado la ejecución de la obra o implantado el servicio.
 Por la suspensión durante más de dos años de las actuaciones dirigidas a ejecutar la obra o implantar el servicio hinque se produjera por parte de la AP o el beneficiario ninguna acto expreso para su reanudación.
Existencia de bienes sobrantes. Puede suceder que una vez ejecutada la expropiación sobre parte de los bienes que se expropiaron (por ejemplo, más terreno del necesario). Esto se va a poder constatar mediante la declaración expresa de bienes sobrantes, que se notifica al expropiado.
El expropiado tiene derecho de reversión a ejecutar dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de notificación. Si la notificación no se produce, según la ley, el derecho de reversión podrá ejecutarse siempre que no hubieran transcurrido 20 años desde la toma de posesión de los bienes expropiados Desaparición de la afectación. Lo que sucede es que la afectación desaparece cuando desaparecen los fines que llevaron a realizar la operación expropiatoria.
El expropiado tendrá 3 meses para poder ejercer el derecho de reversión. Si esta notificación no tiene lugar, a partir de la fecha en la que la desaparición del fin consta de forma inequívoca y siempre que no hayan transcurrido más de 20 años desde la toma de posesión de los bienes.
No habrá derecho de reversión cuando la afectación al fin que la justificó se prolongue durante 10 años desde la terminación de la obra o establecimiento del servicio. Dicho de otra forma, si una vez acabada la obra persisten los fines para los cuales se llevó a cabo durante 10 años, no habrá derecho de reversión.
No debemos confundir desaparición de la afectación con cambio de la afectación, que sería aquel supuesto en el que la AP expropiatoria efectuara una modificación del fin de tal manera que los bienes fueran dedicados a otros medios distintos a los que legitimaron en su día la expropiación.
Este derecho de reversión lleva como consecuencia la restitución del valor de los bienes recuperados, es decir, el expropiado deberá restituir la indemnización expropiatoria que recibió. El quantum de esta devolución será determinado teniendo en cuenta el justiprecio, aunque actualizado mediante el índice de precios al consumo, teniendo presente el ITP desde la fecha de inicio del expediente hasta la fecha de la revocación.
Si resulta que ese bien o derecho hubiera incorporado una serie de mejoras, se va a tener que proceder a la retasación del mismo, que se avala siguiendo el mismo procedimiento descrito en el párrafo anterior.
El pago de indemnización por parte del reversionado es un autentico presupuesto de la efectividad de la reversión. Se ha de pagar en un plazo máximo de 3 meses desde que se determina en vía administrativa.
6.5 Las garantías jurisdiccionales.
6.6 Las llamadas «expropiaciones legislativas».
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