TEMA 5 Financiación del terrorismo, blanqueo de capitales, paraísos fiscales, secreto bancario y corrupción. (2013)

Apunte Español
Universidad Universidad de Valencia (UV)
Grado Criminología - 4º curso
Asignatura DELINCUENCIA ORGANIZADA
Año del apunte 2013
Páginas 13
Fecha de subida 28/01/2015
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TEMA 5 Financiación del terrorismo, blanqueo de capitales, paraísos fiscales, secreto bancario y corrupción.
INTRODUCCIÓN.
Al tratarse de fenómenos que están estrechamente relacionados entre sí, intentaremos dentro de lo posible, hacer un análisis para que finalmente podamos llegar a un conocimiento global sobre los modos de actuación delictiva que surgen interrelacionando todos estos conceptos.
Para comenzar, debemos tener en cuenta que el blanqueo de capitales, así como la corrupción, y la financiación del terrorismo, son tres delitos regulados en el Código Penal español, si bien en diferentes Títulos. Por un lado, el blanqueo de capitales se regula en el Título XIII, bajo la rúbrica Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico; por otra parte, la corrupción y sus formas, se encuentran en el Título XIX, con el nombre de Delitos contra la Administración Pública; por último, la financiación del terrorismo constituye un delito tipificado en el Título XXII del Código Penal, bajo el nombre de Delitos contra el orden público.
Sin embargo, no podemos aproximarnos a estas actividades delictivas sin tener en cuenta su actividad a nivel global, y por tanto, ciertas regulaciones y actuaciones que aparecen no solo a nivel de la Comunidad Europea, sino también a nivel mundial; Por lo que respecta a los conceptos de paraíso fiscal y secreto bancario, no se trata propiamente de delitos, pero existen ciertos delitos (como el blanqueo de capitales) que no puede entenderse sin explicar previamente dichas figuras, íntimamente relacionadas entre sí.
1. BLANQUEO DE CAPITALES En primer lugar vamos a proceder a dar un concepto de lo que vendría a ser el blanqueo de capitales, se trataría del conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legitimidad o legalidad a bienes o activos de origen delictivo, la finalidad es la de obtener unos beneficios ilegales que se pretenden introducir al mercado financiero u otro sector económico. En la Ley 10/201, se habla de acciones de convertir o transferir bienes, de ocultar o encubrir, la adquisición, posesión y participación, todas ellas son referidas a acciones que tienen que ver con el blanqueo según dicha Ley, más en adelante nos centraremos más en el propio CP español en el que se establece el castigo que recibirá aquella persona que incurra en alguna de las acciones descritas en el precepto.
El blanqueo de capitales tiene una serie de fases determinadas que en la vida real son bastante difíciles de distinguir: 1. Colocación: Es la etapa inicial del proceso de lavado, en la cual el dinero “sucio” ya sea en efectivo o cualquier tipo de ganancia en bienes de capital de procedencia ilícita que cambia de ubicación colocándose más allá del alcance de las autoridades. Las acciones que se podrían introducir en esta etapa seria por ejemplo:  Envío de grandes cantidades de dinero sacándolo fuera del país donde pasen desapercibidos.
 Transformar el dinero en efectivo, en cheques de cajero, viajero o en otro tipo de instrumentos negociables a través de bancos e instituciones del sistema financiero, también el cambio de billete de baja denominación por otro de mayor.
 Depositar dinero en efectivo en diversas cuentas bancarias en cuentas sencillas y mancomunadas en una o varias instituciones financieras o convertir el dinero en mercancía de calor que sean fácilmente negociables, tales como metales o piedras preciosas.
 Utilizar entidades empresariales que debido a su naturaleza, son receptoras de grandes cantidades de efectivo como es el caso de centros nocturnos, restaurantes, casas de cambio casinos.
2. Estratificación o intercalación o diversificación o conversión: Esta fase consiste en intercalar en varios negocios e instituciones financieras, ya sea en forma física, por medio del depósito o por transferencia electrónica. Se transporta el dinero físicamente a otros lugares para disfrazar su origen ilícito. Lo importante aquí es adquirir bienes para transferirlos o permutarlos con otros de procedencia lícita. En esta fase una vez el dinero está dentro de los “circuitos financieros” se realizan movimiento para ocultar su origen (normalmente se realiza con el envío a paraísos fiscales).
3. Integración o inversión: En esta etapa se procede a la utilización del dinero en operaciones financieras, dando apariencia de operaciones legitimas Durante esta etapa se realizan inversiones de negocios, se otorgan préstamos a individuos, se compran bienes y todo tipo de transacciones a través de registros contables y tributarios, los cuales justifican el capital de forma legal dificultando el control contable o financiero. En esta fase lo que se produce es una nueva colocación del dinero a la economía con una apariencia de legalidad.
Algunos ejemplos que se pueden dar en esta etapa son los siguientes: Depositar dinero en efectivo o cheques a la cuenta bancaria de algún negocio, dándole al mismo la apariencia de ser utilidades de transacciones comerciales legítimas o recibir el dinero de un casino, de la lotería o cualquier otro juego de azar lo que permite dar apariencia de ganancias legítimas como consecuencia del juego.
Antes de entrar en la legislación, nos gustaría aportar una gráfica sobre el blanqueo de capitales en España. No hemos encontrado una gráfica más reciente pero esta ya nos serviría para darnos cuenta de cuánto ha aumentado el blanqueo de capitales en nuestro país. Como podemos observar, a lo largo de los años ha ido aumentando considerablemente, sobre todo en desde el años 2005 al 2007. No sabemos decir cuál es el motivo de este aumento pero sí que a medida que avanzan los años el número de delitos relativos al blanqueo de capitales también lo hace.
Centrándonos ahora un poco en la legislación más importante de nuestro país, vamos a comenzar primero por la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales (LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL), en segundo lugar al Código Penal español y por ultimo nombrar unas leyes y ordenes que hacen referencia al mismo problema.
La Ley 10/2010, afecta a todas aquellas actividades relacionadas con: Comercio de joyería y metales preciosos, corredurías de seguros, asesores fiscales, auditores de cuentas, contables externos, fundaciones y asociaciones, sector inmobiliario / construcción, juegos de azar, giro o transferencia internacional de dinero, abogados, procuradores, notarios y registradores, compra – venta de vehículos.
En dicha ley se especifican las obligaciones de elaboración de un Manual de Procedimientos de control interno y designación del representante ante el SEPBLAC (órgano encargado de supervisar la implantación de los procedimientos y órganos de control interno y de comunicación), una Auditoría Anual a realizar por un Experto Externo con objeto de examinar los controles internos (Art. 28 LPBC y FT 10/2010) y una correcta Formación de empleados (Art. 29 LPBC y FT 10/2010).
Por último se establece una serie de infracciones y Sanciones que se aplica tanto a nivel del sujeto obligado (empresa) como a nivel de las personas implicadas caso de directivos y otros empleados (Art. 54 y 56 LPBC y FT 10/2010).
Cuestiones importantes a destacar de esta Ley es su art 1. El objeto, definiciones y ámbito de aplicación, de aquí podemos extraer que se entiende como blanqueo de capitales: a) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a personas que estén implicadas a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos.
b) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva.
c) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de la recepción de los mismos, de que proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva.
d) La participación en alguna de las actividades mencionadas en las letras anteriores, la asociación para cometer este tipo de actos, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o facilitar su ejecución En el mismo art se habla también por bienes procedentes de una actividad delictiva todo tipo de activos cuya adquisición o posesión tenga su origen en un delito, tanto materiales como inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los documentos o instrumentos jurídicos con independencia de su forma, incluidas la electrónica o la digital, que acrediten la propiedad de dichos activos o un derecho sobre los mismos, con inclusión de la cuota defraudada en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública.
Dicha ley será aplicable tanto en España aun cuando las actividades que hayan generado los bienes se hubieran desarrollado en el territorio de otro Estado.
En relación a la tipificación el CP dentro del Título XIII «Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico» recoge en su Capítulo XV como conducta afín a la receptación, la figura delictiva de «blanqueo de capitales».
Desglosando el delito en sí, este se encuentra en el artículo 301 del Código Penal castiga las siguientes conductas: «1. El que adquiera, convierta o transmita bienes sabiendo que éstos tienen su origen en un delito grave, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas descritos en los artículos 368 a 372 de este Código».
Además en dicho art se contemplan las distintas modalidades en las que se puede incurrir en el delito de blanqueo de capitales: a) «Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que tienen su origen en un delito grave».
La adquisición debe interpretarse en el mismo sentido que los artículos 298 y 299 del Código Penal. Su apreciación parece requerir la existencia de una contraprestación. La conversión comprenderá los casos en los que se lleve a cabo una transformación de la naturaleza del bien. La transmisión entraña la cesión del bien a un tercero por cualquier título o forma.
b) «Realizar cualquier otro acto para ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes». El empleo de la cláusula abierta «cualquier otro acto» resulta criticable sobre la base de la exigencia de determinación y taxatividad que debe presidir la formulación de los tipos penales.
c) «Realizar cualquier otro acto para ayudar a la persona que ha participado en la infracción para eludir sus consecuencias legales». La formulación de esta modalidad típica resulta poco afortunada dada su amplitud, por lo tanto, debería imponerse una interpretación restrictiva de su alcance que no debiera ser otra que la de entender que nos encontramos ante un encubrimiento específico en el que la ayuda a los responsables debe serlo a eludir la investigación de la autoridad o sus agentes o a sustraerse a su busca o captura.
Ahora bien, en relación a este delito podemos sacar lo siguiente:  Sujeto activo de este delito, hay que tener en cuenta que no pueden incurrir en el aquellas personas que hayan participado en el delito del que provienen los bienes ya que este delito al ser posterior a la obtención, pasaría a ser un acto impune.
 Objeto material serían los bienes en que se tradujeron las ganancias del delito.
 Plano subjetivo se exige que el sujeto realice la acción típica sabiendo cual es el origen de los bienes, siendo suficiente un conocimiento eventual.
En el apartado segundo del mismo art que estamos tratando se detallan las formas de encubrimiento, este dice, «2. Con las mismas penas se sancionará, según los casos, la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos expresados en el apartado anterior o de un acto de participación en ellos».
 Acción típica consiste en ocultar o encubrir la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos. La diferencia con el apartado anterior es que en este apartado haría referencia a bienes que ha han experimentado su primera transformación.
 Plano subjetivo, el sujeto actuaría sabiendo la procedencia de los bienes que han sido obtenido a partir de uno de los delitos expresados en el apartado uno.
El tercer apartado se mantiene la incriminación imprudente, «3. Si los hechos se realizasen por imprudencia grave, la pena será de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo».
El apartado cuarto contempla la extraterritorialidad de la Ley penal. «4. El culpable será igualmente castigado aunque el delito del que provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores hubiesen sido cometidos, total o parcialmente, en el extranjero».
Lo que pretende dicho apartado es la aplicación del castigo cuando tengan lugar en España alguno de los comportamientos descritos aunque los bienes procedan total o parcialmente del extranjero a su vez también se aplicará la ley cuando el delito del que procedan los bienes como los actos de blanqueo se hubieran realizado total o parcialmente en el extranjero.
Añadir que existe una agravación de la pena en los supuestos de pertenencia a una organización dedicada a los fines señalados en el artículo 301 CP.
El legislador, en el artículo 303 del Código Penal al hacer referencia específica al «empresario, intermediario en el sector financiero, facultativo, funcionario público, trabajador social, docente o educador, en el ejercicio de su cargo profesión u oficio», como personas cualificadas que pueden cometer los delitos previstos en los artículos 301 y 302 del Código Penal, ha optado por una enumeración cerrada del círculo de personas a los que es aplicable la cualificación.
Por último y en relación a esta tipificación penal, se consideró conveniente el adelantar las barreras punitivas sancionando la provocación, la conspiración y la proposición para delinquir. Tendría por así decirlo un punto preventivo en el mismo.
Otro texto importante a añadir es la Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, en relación con el informe externo sobre los procedimientos y órganos de control interno y comunicación establecidos para prevenir el blanqueo de capitales, en dicha ley se determina los pasos a seguir para poder llevar a cabo una prevención de la comisión del delito de blanqueo de capitales.
Además de dicha orden, en España tenemos otras leyes que tienen que ver con la prevención como son Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993 sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales (BOE 06/07/95). Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales (BOE 29/12/93).
En relación a la acción policial existente al respecto, la lucha policial contra el blanqueo de capitales vinculado al crimen organizado se ha incrementado en un 121%. Dicha investigación contra los beneficios económicos de las redes transnacionales, es uno de los principales medios para luchar contra el crimen organizado.
Contra el blanqueo de capitales se intenta entre los Estados Miembros de la UE y sus instituciones, trabajar para hacer frente a ello, es decir se busca una cooperación entre los diferentes países ya que es un delito que con bastante frecuencia se desarrolla en varios países.
España ha entablado relaciones con diferentes países tanto en el ámbito europeo como en el ámbito americano, así pues podemos observar por ejemplo relaciones como la de EEUU, concretamente el Director General de la Policía de España y el DEA y FBI de EEUU, se reunieron en 2012 para incrementar la cooperación contra la lucha del blanqueo de capitales provenientes de organizaciones criminales. En 1997 se reunieron España y Rusia también con el fin de intensificar la cooperación contra la lucha del blanqueo de capitales. Como estos también existen otros países con los que se está colaborando contra el blanqueo como pueden ser México o China.
DELITO DE RECEPTACION La receptación adentrándonos en su concepto, se determina en la RAE como “ocultar o encubrir delincuentes o cosas que son materia de delito” La receptación es un delito que lesiona el patrimonio y la administración de justicia, por cuanto por un lado, facilita que se aproveche el producto de un delito patrimonial, y se dificulta la actuación de la investigación por parte de los órganos judiciales, además que se reduce que el propietario de la cosa tiene menos posibilidades de su recuperación.
Dicho delito lo encontramos regulado en el Capítulo XIV del Título XIII que recoge los delitos de receptación y blanqueo de bienes.
El objeto central de los tipos delictivos lo constituye la figura del perista y se castiga la conducta de quien se aprovecha para sí de los efectos del delito ya sea patrimonial o socioeconómico en el que no ha tomado previamente parte.
El hecho de que exista una figura aparte del blanqueo de capitales, es decir, la receptación, se debe al interés en no favorecer la delincuencia patrimonial y económica. Se trata de proteger el tráfico lícito de bienes, en el que no pueden tener cabida los bienes procedentes de delitos.
Modalidades delictivas: - Tipo básico: 298.1.
- Receptación para el tráfico: 298.2.
- Receptación de faltas: 299.
El delito de receptación puede realizarse de dos formas: 1. Ayudando a los responsables del delito previo a aprovecharse de los efectos de ese delito anterior (aprovechamiento ajeno) 2. Recibiendo, adquiriendo u ocultando los efectos del delito previo (aprovechamiento propio) Hay que tener en cuenta que en ambas modalidades un elemento común e importante para ello es el ánimo de lucro. Y como elemento diferenciador es el propósito principal que el sujeto persigue, de tal forma que en la primera modalidad se persigue un ánimo de ayudar, en la segunda existe el ánimo de beneficiarse. Ese beneficio en el provecho puede ser en especie, es decir, recibiendo parte de los objetos robados, o parte de la droga… se trataría de una parte de lo obtenido) El aprovechamiento propio, la conducta del receptador podrá consistir en: 1. Adquisición: que integra el delito tanto si es gratuita como si se produce mediante precio.
2. Recepción: se refiere a la entrega gratuita de los efectos.
3. Ocultación: equivale a esconderlos, aunque sigan siendo de quien los entregó.
Sujeto activo: sólo pueden serlo quienes no hayan intervenido ni como autores ni como cómplices en el delito contra el patrimonio u orden socioeconómico del que provienen los efectos.
Para evitar la impunidad cuando los objetos provienen de un delito realizado por un inimputable, será necesario aplicar lo previsto en el art. 300, bastando entonces que el hecho sea típico y antijurídico. Por eso el principio de accesoriedad mínima establece que los partícipes responden criminalmente aunque el autor principal del hecho en que intervienen resulte inculpable o exento de pena a través de una excusa absolutoria.
Por lo que respecta a los efectos del delito de los que se beneficia el sujeto, éstos son el objeto material del delito previo.
Receptación de delitos: Regulado en el art. 298.1 CP “El que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.” Para darse el delito de receptación se dice que debe de haber un conocimiento y voluntad y certeza en los efectos que proceden al delito previo contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
Tener en cuenta que cabe la receptación en cadena, es decir, cuando el delito previo es otra receptación. La consumación se alcanza cuando el sujeto lleva a cabo el acto de ayuda, y a través de él se permite que los autores se aprovechen de los efectos del delito previo por tanto se entiende como consumado en el momento en que el receptador adquiere, recibe u oculta la cosa.
 En el caso del aprovechamiento propio, la consumación se produce al adquirir, recibir u ocultar.
 En el caso del aprovechamiento ajeno, en el momento en que se presta la ayuda.
No será preciso que el receptador llegue a materializar de forma efectiva el lucro pretendido, es decir, vender la cosa a terceros, sacar partido de la misma o servirse de ella, ya que dicho delito no es de resultado Centrándonos en la tentativa, se dará cuando el receptador da inicio a la prestación de ayuda o a la adquisición, ocultación o recibimiento, pero finalmente no llega a producirse por causas ajenas al mismo También cabe la participación, porque se trata de un delito autónomo.
Receptación para el tráfico: Regulado en el art 298.2 CP “Esta pena se impondrá en su mitad superior a quien reciba, adquiera u oculte los efectos del delito para traficar con ellos. Si el tráfico se realizase utilizando un establecimiento o local comercial o industrial, se impondrá, además, la pena de multa de doce a veinticuatro meses. En estos casos los Jueces o Tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria, por tiempo de dos a cinco años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años” Este delito tiene los mismos requisitos desglosados en el apartado anterior, solo añadir que para su consumación no es preciso que llegue a traficarse efectivamente, bastando solo el mero propósito hacia ello.
Además se añade la pena de multa que será de 12 a 24 meses cuando se realice utilizando un establecimiento o local comercial o industrial y la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, industria o ejercicio de la actividad de 2 a 5 años, incluso la clausura temporal hasta 5 años o definitiva del establecimiento o local. En todo caso la pena no podrá superar a la del delito encubierto.
Receptación de faltas: Por último esta la receptación de faltas que se encuentra en el art 299 CP, “1. El que con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de hechos constitutivos de falta contra la propiedad, habitualmente se aprovechara o auxiliara a los culpables para que se beneficien de los efectos de las mismas, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año.
2. Si los efectos los recibiere o adquiriere para traficar con ellos, se impondrá la pena en su mitad superior y, si se realizaran los hechos en local abierto al público, se impondrá, además, la multa de 12 a 24 meses. En estos casos los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años.” En este caso solo será delictiva cuando éstas sean habituales, la pena a imponer será de prisión de 6 meses a 1 año que está desvinculada de las infracciones originarias.
La habitualidad aquí presentada hacer referencia a al menos tres actos de receptación unidos por una cierta proximidad temporal (suele considerarse 1 año).
Los responsables o autores no tienen por qué haber sido condenados para concebir el concepto de habitualidad, basta con que estén imputados por una falta. No cabe el delito continuado pues este delito es ley especial y en relación a la pena, es la misma que para la receptación de delitos.
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS Es el apoyo financiero, de cualquier forma, al terrorismo o a aquellas personas que lo fomentan, planifican o están implicadas. Es decir, es el acto de proporcionar apoyo financiero a terroristas u organizaciones terroristas a fin de permitirles realizar actos de terrorismo. Su objetivo principal no es financiero pero requieren fondos para llevar a cabo sus actividades, fondos que pueden provenir de actividades legítimas o delictivas.
Es muy relevante mencionar el lavado de activos, que es el conjunto de operaciones realizadas por una o más personas tendientes a ocultar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades delictivas.
Las técnicas utilizadas para el lavado de activos son las mismas que se usan para encubrir las fuentes y los fines del financiamiento del terrorismo. Para los grupos terroristas es importante ocultar la fuente y su uso, a fin de que la actividad de financiamiento pase inadvertida.
Hay que distinguir el lavado de activos de la financiación del terrorismo en tres aspectos trascendentales:  La finalidad del que lava activos es poder enriquecerse, mientras que la finalidad del terrorista es política.
 El lavado de activos presupone que la actividad que los ha generado es ilegal (de ahí que haya que “lavar” el dinero para poder introducirlo en el sistema financiero), mientras que los terroristas pueden financiarse tanto a través de medios legales como ilegales.
 La ocultación—uso de intermediarios, empresas fachada, etc—en el caso del lavado tiende a ser más compleja porque aquél que financia al terrorista lo que busca es básicamente poder transmitir una cantidad de dinero sin ser descubierto.
En el lavado de activos y la financiación del terrorismo tienen participación los ciudadanos, las empresas, los supervisores, la Policía Judicial, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Información y Análisis Financiero, todas las entidades públicas colombianas, organismos Internacionales y todos aquellos actores que tengan conocimiento de posibles operaciones relacionadas con el lavado de activos o alguno de sus delitos, en las cuales se involucren organizaciones criminales nacionales o transnacionales.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recomienda que cada país tipifique como delito el financiamiento del terrorismo, los actos terroristas y las organizaciones terroristas y que los clasifique como delitos que dan origen al lavado de activos. Asimismo, sugiere que las Nueve Recomendaciones Especiales diseñadas por el organismo para combatir el financiamiento del terrorismo sumadas a las 40 Recomendaciones sobre lavado de activos sean el marco para prevenir, detectar y eliminar ambos delitos.
Respecto de la prevención, se habla principalmente de la construcción de una cultura, a través de campañas audiovisuales y a la generación de una normatividad por medio de la cual, los diferentes supervisores imparten instrucciones para la implementación de mecanismos que permitan administrar el riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo, por parte de sus vigilados. La detección consiste en la identificación de las organizaciones criminales y los recursos de origen ilícitos, utilizando los diferentes mecanismos e instrumentos de las autoridades judiciales. La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que tiene como objetivo prevenir y detectar operaciones de Lavado de Activos en diferentes sectores de la economía.
5.2. REGULACIÓN INTERNACIONAL La lucha contra la financiación del terrorismo es una de las herramientas preventivas más importantes de las que dispone la sociedad internacional para evitar actos terroristas. Incluso si no se llega a cortar totalmente este flujo por la complejidad y multiplicidad de opciones que los terroristas poseen, sí se puede limitar de tal manera que se consiga que estos criminales cometan errores fruto de la presión, haciendo así que las autoridades policiales y de inteligencia, o militares en zonas de conflicto, laureen de éxito sus investigaciones.
En el año 1999 el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo estableció lo que se debía de entender por delito de financiación del terrorismo: “cometerá este delito el que por el medio que fuere, directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, provea o recolecte fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer un acto de terrorismo”. Este es el primer tratado internacional en materia de terrorismo que tiene naturaleza preventiva.
Los precedentes, habían surgido siempre de manera reactiva. Así se podría decir que es la primera vez que la sociedad internacional toma una actitud jurídicamente proactiva contra el terrorismo. Posteriormente el Consejo de Seguridad de la ONU decide dar un paso más y adoptar una resolución de obligado cumplimiento para todos los Estados Miembros de la organización: la resolución 1373 de 28 de septiembre de 2001. Esta resolución reconoce la necesidad de que se prevenga y reprima la financiación del terrorismo, se tipifique dicho delito, se congelen sin dilación los fondos y activos relacionados, y se tomen medidas contra las personas y entidades que participen en la trama de financiación.
En materia de lucha contra la financiación del terrorismo, ha habido una respuesta importante debida en parte a las presiones de determinados países por que los Estados se dotaran de un régimen administrativo y legal eficiente. Se ha conseguido un número muy relevante de ratificaciones del convenio de 1999 y las medidas en él incluidas han sido transpuestas en las legislaciones de un gran número de países.
5.3. PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO La financiación del terrorismo se hace de diversas formas y muchas veces hay factores que la propician, tales como la corrupción de funcionarios públicos en dichas tramas delictivas, la importancia de la economía sumergida en diferentes áreas de un país, o la falta de recursos humanos y materiales para hacer frente a dichas amenazas, entre otros.
Con la financiación del terrorismo, los criminales tratan de ocultar el origen y destino final de sus fondos para ocultar el atentado que planean.
Es necesario analizar los diferentes orígenes que pueden tener los fondos utilizados por los terroristas para poder combatirlos eficazmente, así podemos identificar tres tipos de fuentes: la financiación estatal, la proveniente de medios lícitos y la proveniente de medios ilícitos:  Financiación estatal: se pueden encontrar buenos ejemplos en países como Afganistán y los lazos establecidos entre los talibanes y al-Qaeda, o en Siria e Irán en relación al patrocinio de Hizbulá. Aunque en un primer momento, sobre todo tras las invasiones de Afganistán e Irak, pudiera parecer que esta modalidad de financiación del terrorismo estuviera decreciendo, no faltan ejemplos contemporáneos de Estados que mantienen con apoyo económico a grupos terroristas.
 Fuentes de financiación del terrorismo a través de medios lícitos: constituyen un conjunto muy extenso, ya que la actividad no es por sí misma jurídicamente reprochable sino sólo el destino que se prevea para los recursos generados (terrorismo).
No es necesario que el acto de terrorismo se lleve a cabo para que el delito de financiación se produzca, es decir, se sanciona el apoyo al terrorismo, lo cual incluye aspectos tan cotidianos como aportar fondos para comprar alimentos o alquilar una casa para un individuo o grupo terrorista. Dentro de los medios lícitos frecuentemente utilizados por estas organizaciones, podemos encontrar la constitución de empresas (desde gasolineras a agencias de viajes); organismos sin ánimo de lucro (con teóricos fines religiosos, étnicos, financiados a través de donaciones, créditos, subvenciones y becas); fondos de inversión; especulación bursátil, etc.
Se destaca también el uso de mecanismos de transferencia de divisas informales, tales como el Hawala, que no son por sí mismos ilegales y que pueden ser utilizados para transferir dinero casi sin dejar rastro. Una de las medidas que mayor apoyo puede ofrecer para conseguir identificar qué medios legales se están utilizando para financiar actividades terroristas, es la de establecer un sistema eficiente de alerta temprana ante transacciones sospechosas.
 Financiación a través de medios ilícitos: entre estos destacan diferentes formas de criminalidad especialmente graves, como el tráfico de drogas, de armas, la piratería y la trata de personas; pero también otros delitos como el tráfico de joyas, piedras y metales preciosos, la compra-venta de coches de lujo robados, los secuestros y robos, la compra-venta de objetos falsificados, así como los delitos de “cuello blanco” y fraudes que utilizan empresas de intermediación, triangulación de operaciones, auto -préstamos, etc.
Organizaciones sin ánimo de lucro, transporte de dinero en efectivo, uso de Internet Cuando se analizan los diferentes riesgos en materia de financiación del terrorismo, nos encontramos tres de ellos que sobresalen con singularidad: las organizaciones sin ánimo de lucro, el transporte transfronterizo de dinero en efectivo (y otros instrumentos financieros al portador) y el uso de Internet.
Las organizaciones sin ánimo de lucro forman parte de la sociedad civil, la cual es un factor de estabilidad clave para la convivencia democrática en libertad, pues es una vía de escape pública y pacífica de las reivindicaciones de los ciudadanos, y es uno de los medios por los que el individuo puede cobrar voz ante los poderes públicos. Por ello, la utilización de la sociedad civil por parte de organizaciones que pretenden destruir esa misma sociedad, es la mejor muestra de la astucia terrorista. El principal reto en relación a las organizaciones sin fines de lucro, es probar la existencia del vínculo entre dichas organizaciones y el destinatario final del dinero (la organización terrorista) Respecto al transporte transfronterizo de dinero en efectivo existen notables problemas a la hora de probar que el dinero transportado ilegalmente tiene como destino el financiar el terrorismo. Actualmente existe preocupación por parte de un sector importante de la sociedad internacional sobre la utilización de esta técnica de contrabando como método para burlar los sistemas de seguridad en materia de lucha contra el terrorismo. El riesgo radica en que el rastro dejado es prácticamente nulo y en que el transporte es relativamente simple.
Si a ello añadimos el coste relativamente bajo que comporta la preparación y ejecución de un atentado terrorista, el riesgo es evidente.
La utilización de Internet por los terroristas para recaudar dinero, no es menos importante y además genera importantes problemas de prueba. De especial preocupación son las tarjetas pre-pago que uno puede comprar y cargar con determinadas cantidades a través de la red, y sin necesidad de identificarse. Del mismo modo, existen análisis de riesgo que apuntan a divisas electrónicas como el e-Gold o PayPal, así como los casinos y casas de apuestas en línea, como posibles fuentes de lavado de activos y de financiación de organizaciones terroristas. La falta de regulación en torno a este tipo de negocios en Internet es, obviamente, una de sus principales vulnerabilidades.
En el Código Penal de 1995, la financiación del terrorismo se encuentra regulada en los artículos siguientes: Artículo 570 ter 1. Quienes constituyeren, financiaren o integraren un grupo criminal serán castigados: a) Si la finalidad del grupo es cometer delitos de los mencionados en el apartado 3 del artículo anterior, con la pena de dos a cuatro años de prisión si se trata de uno o más delitos graves y con la de uno a tres años de prisión si se trata de delitos menos graves.
b) Con la pena de seis meses a dos años de prisión si la finalidad del grupo es cometer cualquier otro delito grave.
c) Con la pena de tres meses a un año de prisión cuando se trate de cometer uno o varios delitos menos graves no incluidos en el apartado a) o de la perpetración reiterada de faltas, debiéndose imponer en este último caso la pena en su mitad inferior, salvo que la finalidad del grupo fuera la perpetración reiterada de la falta prevista en el número 1 del artículo 623, en cuyo caso podrá imponerse la pena en toda su extensión.
A los efectos de este Código se entiende por grupo criminal la unión de más de dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal definida en el artículo anterior, tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos o la comisión concertada y reiterada de faltas.
2. Las penas previstas en el número anterior se impondrán en su mitad superior cuando el grupo: a) esté formado por un elevado número de personas.
b) disponga de armas o instrumentos peligrosos.
c) disponga de medios tecnológicos avanzados de comunicación o transporte que por sus características resulten especialmente aptos para facilitar la ejecución de los delitos o la impunidad de los culpables.
Si concurrieran dos o más de dichas circunstancias se impondrán las penas superiores en grado.
Artículo 576 bis 1. El que por cualquier medio, directa o indirectamente, provea o recolecte fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer cualquiera de los delitos comprendidos en este Capítulo o para hacerlos llegar a una organización o grupo terroristas, será castigado con penas de prisión de cinco a diez años y multa de dieciocho a veinticuatro meses.
Si los fondos llegaran a ser empleados para la ejecución de actos terroristas concretos, el hecho se castigará como coautoría o complicidad, según los casos, siempre que le correspondiera una pena mayor.
2. El que estando específicamente sujeto por la ley a colaborar con la autoridad en la prevención de las actividades de financiación del terrorismo dé lugar, por imprudencia grave en el cumplimiento de dichas obligaciones, a que no sea detectada o impedida cualquiera de las conductas descritas en el apartado primero de este artículo, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a la prevista en él.
3. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis de este Código una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este artículo, se le impondrán las siguientes penas: a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
b) Multa de uno a tres años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de más de dos años de privación de libertad no incluida en el anterior inciso.
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis de este Código, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.
Por otro lado, cabe hacer mención a los artículos 1 y 9 de la Ley 12/2003, de 21 de mayo, de bloqueo de la financiación del terrorismo Artículo 1 1. Con el fin de prevenir las actividades de financiación del terrorismo, son susceptibles de ser bloqueadas, en los términos previstos en esta ley, las cuentas, saldos y posiciones financieras, así como las transacciones y movimientos de capitales, aun ocasionales, y sus correspondientes operaciones de cobro, pago o transferencia, en las que el ordenante, emisor, titular, beneficiario o destinatario sea una persona o entidad vinculada a grupos u organizaciones terroristas, o cuando se hubiera realizado la transacción, movimiento u operación con motivo u ocasión de la perpetración de actividades terroristas, o para contribuir a los fines perseguidos por los grupos u organizaciones terroristas.
2. A los efectos previstos en esta ley, se entenderá por bloqueo la prohibición de realizar cualquier movimiento, transferencia, alteración, utilización o transacción de capitales o activos financieros que dé o pueda dar lugar a un cambio de volumen, importe, localización, propiedad, posesión, naturaleza o destino de dichos capitales o activos, o de cualquier otro cambio que pudiera facilitar su utilización, incluida la gestión de una cartera de valores.
Artículo 9 Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo 1. Se crea la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo como órgano encargado de acordar el bloqueo de todas las operaciones definidas en el artículo 1 de esta Ley, así como el ejercicio de todas las competencias que sean necesarias para el cumplimiento de lo previsto en ésta.
4. La Comisión de Vigilancia ejercerá sus competencias con el apoyo de la Secretaría de la Comisión de Vigilancia, que tiene la consideración de órgano de la Comisión. La Secretaría será desempeñada por la unidad orgánica, con rango al menos de subdirección general, de las existentes en el Ministerio del Interior, que reglamentariamente se determine.
Corresponderá a la Secretaría, entre otras funciones, instruir los procedimientos sancionadores a que hubiere lugar por las infracciones de esta Ley, así como formular a la Comisión de Vigilancia la correspondiente propuesta de resolución.
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