Lección 12 - Drets i Llibertats Fonamentals (2017)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Drets i Llibertats Fonamentals
Año del apunte 2017
Páginas 20
Fecha de subida 24/09/2017
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Lección 12 de la asignatura de Drets i Llibertats Fonamentals (equivalente a Derecho Constitucional III) de la UPF.
La lección 12 trata los derechos personales (II): libertades de expresión e información

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Lección 12. Los derechos de libertad (II). Libertades de expresión e información 1. El art. 20 CE. Naturaleza de la libertad de expresión Art. 20 CE ® Reconocimiento y protección de la libertad de expresión en sus diversas manifestaciones + previsión de sus aspectos esenciales.
Art. 20.1 CE ® derecho a «expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción».
La formulación podría considerarse casi omnicomprensiva de todas sus facetas si la entendemos de manera extensa. No obstante, se entiende más bien como el núcleo más específico en sentido estricto.
En los demás incisos del apartado se reconocen otros DD que constituyen contenidos propios de la libertad de expresión ® plantean una problemática específica.
Por ello el constituyente prefirió formular los derechos de forma expresa (que se relacionan entre sí). Por ese motivo solemos hablar de un “conjunto de derechos” al referirnos a la libertad de expresión. 4 manifestaciones: 1. Libertad de expresión en sentido estricto (derecho a manifestar libremente las propias ideas y opiniones – ap. 1 a) 2. Libertad de creación literaria, artística, científica y técnica (ap. 1 b) 3. Libertad de cátedra o derecho a la libre expresión de los docentes (ap. 1 c) 4. Libertad de información (derecho a transmitir y recibir libremente información veraz – ap. 1 d) Estos derechos poseen una destacada trascendencia institucional. El TC señaló su importancia para el mantenimiento de una «comunicación pública libre, sin la cual quedarían vaciados de contenido real otros derechos que la Constitución consagra, reducidas a formas hueras las instituciones representativas y absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática que enuncia el artículo 1.2 de la CE, y que es la base de toda nuestra ordenación jurídico-política» Ello se completa con la afirmación «sin comunicación pública libre no hay sociedad libre, ni por tanto soberanía popular».
La libertad de expresión pertenece al conjunto de derechos fundamentales que fueron reconocidos en el constitucionalismo más temprano (declaraciones revolucionarias del siglo XVIII). Así, es un derecho de libertad (de carácter negativo) ® determina un ámbito de libertad frente al Estado donde el individuo no puede ser importunado.
Deber del estado ® abstención (no injerencia en la actividad de los sujetos).
Ello es así incluso para los medios de comunicación y los profesionales de la información, no obstante el mayor ejercicio que practican de tales libertades.
Existen, además, aspectos de estos DD que pueden implicar una determinada actividad estatal de garantía de los mismos: - Garantía institucional de una comunicación pública, libre, pilar de la organización socio-política establecida por la CE + garantizar pluralidad de información.
Además, la experiencia muestra que la intervención de los poderes públicos es siempre susceptible de interpretaciones partidistas (acaba siendo perjudicial).
La libertad de expresión es un derecho cuyo ejercicio pone al individuo en relación con sus conciudadanos, aspecto del que deriva su trascendencia política y su relevancia institucional.
Por su contenido ® complemento imprescindible tanto para determinados derechos de libertad clásicos (como los de reunión y manifestación) como para otros tradicionalmente calificados de derechos políticos (de sufragio o de petición) + INDISPENSABLE PARA LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA.
Además, es un derecho esencial para el completo desarrollo de la persona (art. 10.1 CE), pues está estrechamente conectado con la libertad ideológica y de pensamiento.
*Debe señalarse, finalmente, respecto a la libertad de cátedra (art. 20.1 c), que su estrecha relación con la libertad de enseñanza garantizada en el art. 27 de la CE nos lleva a estudiarla en dicho marco (ver lección 16).
2. La libertad de expresión en sentido estricto: art. 20.1 a) a) La libre expresión o difusión de opiniones La libertad de expresión ampara cualquier expresión o difusión de ideas u opiniones.
Protege: - Actividad única e irrepetible de la comunicación (discurso, conferencia…) - «difusión» de un «hecho expresivo» a un público numeroso mediante cualquier técnica de reproducción.
Así, es indiferente que exista o no contacto directo entre emisor y receptor (o el número de éstos).
Como derecho subjetivo ® protege al actor, sea cual sea el marco en el que éste se expresa. Es el sujeto actor quien escoge el contexto en el que desea expresarse.
La actividad de expresar o difundir ideas u opiniones ha de ser libre: no ha de haber restricciones previas del Estado (constituiría una modalidad de censura). Queda abierto, sin embargo, cómo y hasta qué punto puede una autoridad judicial interferir.
Es una cuestión todavía por regular, con excepción de lo relativo al secreto sumarial, que sólo afecta a las partes y letrados de un proceso (y que sin duda incide sobre la libertad de expresión de dichos sujetos).
En cuanto a restricciones procedentes de particulares, quedan igualmente excluidas por el artículo 20.1 a), salvo que constituyan a su vez supuestos de legítimo ejercicio de otros derechos, comprendidos en la enumeración del art. 20.4 de la CE (entonces habría que hacer una ponderación).
En principio, las restricciones ilegítimas a la libertad de expresión están explícitamente proscritas por leyes penales o sancionadoras.
b) Objeto de la libertad de expresión «Objeto» de la libertad de expresión se describe con 3 términos: - Pensamientos Ideas Opiniones Todos ellos se refieren a concepciones subjetivas de las personas y que son, por lo mismo, reiterativos en alguna medida.
Art. 20.1 a) CE ® ampara la expresión por parte de un individuo de cualquier idea o concepción sobre personas, opiniones, hechos o ficción = Cualquier concepción de la mente humana ya protegida por la libertad de pensamiento queda en principio igualmente protegida por la libertad de expresión y puede, por tanto, ser comunicada sin trabas.
AHORA BIEN: la formulación diferenciada de la libertad de información y de los demás derechos garantizados en el art. 20.1 CE NO IMPIDE que puedan de considerarse parte integrante de la libertad de expresión en general, así como que la libertad de expresión en sentido estricto, reconocida en el apartado 1 a), pueda abarcar, por su amplia formulación, prácticamente cualquier contenido de ese conjunto de derechos.
Además, hay imposibilidad material para diferenciar entre expresión de opiniones y exposición de hechos.
Aunque ciertamente pueden darse casos claros de opiniones o de escuetas informaciones, unas y otras se entremezclan la mayor parte de las veces dentro del mismo discurso, sin perjuicio de que éste sea o pretenda ser básicamente de opinión o de información. Y cualquiera de esos discursos cabe en el 20.1 a), de tal forma que si un acto de expresión no es comprendido en cualquiera de las demás letras del art. 20.1, siempre podrá quedar amparado por la libertad de expresión en sentido estricto, que constituye así un cajón de sastre frente al contenido más específico de los demás derechos protegidos en el art. 20 CE.
c) Los medios: la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción La CE contempla los posibles medios para comunicar algo en ejercicio de libertad de expresión con absoluta generalidad.
Se mencionan expresamente los de mayor trascendencia + cláusula omnicomprensiva restantes «cualquier otro medio de reproducción»).
Así pueden quedar comprendidos: - Palabra hablada Cualquier otro medio técnico (desde el impreso hasta los modernos medios audiovisuales y electrónicos) Lo esencial por tanto, es que estemos en presencia de un «hecho expresivo» ® de un mensaje o de un comportamiento mediante el que se intenta comunicar una idea, una opinión, un sentimiento, etc.
Esto implica que comportamientos simplemente gestuales o testimoniales también pueden resultar amparados por la libertad de expresión (en ellos pueden entrar en juego otras libertades).
PERO LÓGICAMENTE: ello no implica que todo hecho expresivo sea legítimo; no obstante, i en ausencia de limitaciones válidas constitucionalmente un «comportamiento expresivo» ha de contar con la misma protección constitucional que formas más convencionales de comunicación.
Todo ciudadano tiene derecho a expresarse a través de cualquier medio con idénticas garantías constitucionales. Lo cual tiene interés tanto en relación con los nuevos medios de comunicación (muy destacadamente, con Internet), como respecto a la cuestión de la libre creación de los soportes o medios a través de los cuales se pretende la comunicación.
3. La libertad de información: art. 20.1 d) de la CE Art. 20 CE ® derecho autónomo (dentro de la libertad de expresión): el derecho a «comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión».
Este posee un contenido múltiple y al cual, de acuerdo con gran parte de la doctrina y práctica comparada, denominaremos libertad de información.
TC ha determinado: - Su pertenencia al ámbito de la libertad de expresión Su autonomía respecto de la misma = posiciones NO contradictorias. ¿Por? Porque la libertad de información comprende un conjunto de derechos englobados en la libertad de expresión, pero que a su vez cuentan con un perfil propio que los configura como derechos autónomos.
También lo entienden así los textos internacionales sobre la materia.
La libertad de información se integra (básicamente) de 2 DD: - el derecho a comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión el derecho recíproco a recibir dicha información en iguales condiciones.
a) Sujetos titulares ¿Titularidad de la libertad de información? ® TODOS los ciudadanos.
Pero ha de reconocerse que hay una categoría de ciudadanos que, de facto, ejercen más frecuentemente el derecho a comunicar información (es su profesión).
No se produce una situación como la de la libertad de cátedra, en la que ésta se define precisamente en relación a la profesión docente; aquí se da un nexo puramente fáctico entre los profesionales de la información y la libertad de información no exento de consecuencias jurídicas, que no alcanza a atribuirles privilegios en el ejercicio de la libertad de información pero si algunas modulaciones en su ejercicio.
Los medios de comunicación (empresas o periodistas individualmente) cumplen una función informativa: son intermediarios naturales entre la noticia y los ciudadanos.
Ello es lo que justifica la preferencia en el ejercicio del derecho a informar que el TC les ha reconocido y que explica su prioridad en determinadas ocasiones, como la entrada en recintos oficiales, asistencia a conferencias de prensa, proximidad a acontecimientos de interés, etc.
Además: esta relevancia se refuerza por la presencia de otros principios constitucionales (como el de la publicidad de los juicios o, en general, el de publicidad de la actuación de los poderes públicos, derivado del principio democrático.).
b) La búsqueda y obtención de información Derecho a difundir libremente información veraz comprende asimismo el derecho a la búsqueda y obtención de información.
Es obvio que no puede difundirse información sin haberla previamente recolectado, así que es un derecho implícito en el art. 20.1 d) CE.
Frente a esta faceta de la libertad de información, la posición de los demás sujetos es DISTINTA según sean particulares o poderes públicos: - Particulares ® § no tienen obligación alguna de proporcionar información a nadie (excepto en cumplimiento de una obligación legal).
§ Pueden oponer, frente a indagación ajena, sus propios DD reconocidos en el art. 18 CE (derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y la propia imagen), pues son derechos que el propio art. 20.4 CE menciona como límites básicos a la libertad de expresión y de información.
- Poderes públicos ® Frente a ellos, el DD de los ciudadanos a la obtención de la información se complementa con un principio general de publicidad de la acción del Estado.
Pero hay excepciones, y también este DD frente a poderes públicos encuentra límites.
Por otro lado: La evolución social y tecnológica ® plantea nuevas cuestiones, como en la mayor parte de los derechos. Aspecto que ha ido adquiriendo relevancia: medios y procedimientos que pueden emplearse para la obtención de información.
Los avances han ampliado las posibilidades hasta puntos impensables hasta hace poco: Obtención de imágenes por satélite de alto grado de definición, interceptación masiva de comunicaciones (que obviamente afecta al secreto de las mismas), uso de drones para captar imágenes y sonido de alta resolución… Asimismo, también se plantean nuevos problemas en relación con los nuevos contextos en los que fluye la información, como internet y, en particular, en las redes sociales.
En cuanto a los medios de obtención de información® TC no avala el uso inconsentido de medios como las cámaras ocultas de grabación en un contexto privado, incluso en el caso de que la información obtenida pueda tener relevancia o interés público.
En lo que respecta a la información que puede obtenerse en diversos contextos de internet y la difusión y uso informativo que pueden darse a tales datos, así como los límites que pueden derivarse del derecho a la intimidad: son cuestiones que todavía están en una fase incipiente, dada la rapidez con que estos nuevos fenómenos han ido adquiriendo una enorme relevancia social.
c) El objeto de la libertad de información «información» ® dificultad de su diferenciación respecto a lo que puedan constituir simples opiniones.
En todo caso, el contenido de la libertad de información del ap. 1 d) del artículo 20 de la CE es más reducido que el de la libertad de expresión del ap. 1 a) y se proyecta básicamente sobre la información de hechos.
TC: posibilidad de distinguir entre: - Libertad de expresión sensu stricto ® encaminada a la transmisión de opiniones Libertad de información ® destinada a la información sobre hechos, al menos en cuanto al sentido predominante de una obra cualquiera, para poder así aplicar las garantías específicas de uno u otro derecho.
Ha separado incluso: - Lo que constituye libertad de expresión ex art. 20.1 a) y lo que es libertad de información ex art. 20.1 d) ¿Para qué? Para poder valorar, por un lado, la mayor amplitud del derecho a transmitir opiniones y, por otro el requisito de la veracidad en cuanto a las informaciones transmitidas.
Destacar el reportaje neutral ® la información en la que se recogen o reproducen de forma fidedigna opiniones o declaraciones de un tercero que resultan lesivas para el honor de otra persona. Si tales opiniones se reproducen de forma fidedigna, con indicación de su autor y sin alterar su importancia en el conjunto de la noticia ni reelaborarlas en el marco de un reportaje propio, la responsabilidad por ellas recae sobre el autor de las mismas, no sobre el periodista o el medio que las recoge.
En este caso, el medio de comunicación actúa en realidad como un mero transmisor de la información, y es esta circunstancia la que permite trasladar la responsabilidad de la misma al autor de las opiniones eventualmente ofensivas respecto de otros sujetos (perquè realment ha estat així).
En el supuesto de publicación de un reportaje neutral, la obligación de verificación de la veracidad de la información: se limita a la existencia y fidelidad de las declaraciones u opiniones que se transmiten (NO a su contenido).
En la práctica, la libertad de informar se proyecta en gran medida sobre la actividad de los profesionales de los medios de comunicación, pero el derecho es, ante todo, un derecho fundamental del que son titulares todos los ciudadanos.
d) La veracidad de la información CE reconoce el derecho a comunicar libremente información «veraz».
¿Qué es la veracidad de la información? ® correspondencia de los hechos y circunstancias descritos con la realidad (al menos con sus elementos esenciales).
¿Qué consecuencias acarrea una eventual falta de veracidad en la información? El TC ha señalado que no puede pretenderse que la correspondencia sea total: ha interpretado que una información es veraz (a los efectos de su protección constitucional) cuando ha sido suficientemente contrastada antes de su divulgación (aunque luego pueda contener errores o inexactitudes).
La manera de verificar si es o no veraz a efectos constitucionales no será la de contrastar el grado de esa correspondencia, sino comprobando si el informador ha verificado o no convenientemente la exactitud de la noticia que transmite.
Así los medios de comunicación y sus profesionales, tienen la obligación de contrastar de forma razonablemente suficiente las informaciones que difunde. Criterios para considerar que ha sido suficientemente contrastado: - la fuente de la que procede la información que se explicite dicha fuente que esté en juego de forma simultánea el derecho a la crítica cuando se trata de personas de actividad pública que la información sea o no difamatoria prima facie que el medio tenga indicios o conocimiento por cualquier otra vía de la inexactitud de la información que pueda suponerse razonablemente que la información pueda acarrear peligro para personas o bienes materiales, etc.
Éstas circunstancias sirven para determinar la intensidad del deber de comprobación de la veracidad de la información.
¿Consecuencias? Pérdida de la protección constitucional del artículo 20.1 d) de la CE para el responsable de la información.
Así pues, la veracidad en la información es una condición inexcusable para que tengan plena eficacia las garantías constitucionales del DDFF a informar libremente.
En caso de una contraposición entre libertad de información y otro derecho, al ponderar, resulta elemento esencial para determinar cuál debe prevalecer.
En esta línea, el derecho al honor de las personas es el bien jurídico que más puede sufrir con la falsedad de una información (pero también se pueden dañar otros intereses y bienes personales/materiales).
Por tanto: la legislación protectora del honor personal y familiar, tanto civil como penal, representa el límite a partir del cual decae la protección constitucional de la libertad de expresión.
En relación con la veracidad de la información, el ordenamiento pone a disposición de quien resulte afectado por una noticia que considere inexacta el derecho de rectificación (*pero este derecho se configura más como una vía de protección del honor que de la veracidad de la información).
4. La creación de medios de comunicación La relevancia constitucional de la creación de medios de comunicación: art. 20.1 a) y d) de la CE literal, ya que la difusión de opiniones e información requiere medios de comunicación, y la creación de éstos puede considerarse, por tanto, como un momento instrumental de las libertades de expresión e información.
«cualquier medio» de difusión o reproducción ® expresión que engloba todo posible medio ya existente o que se invente en el futuro gracias al progreso técnico.
Toda limitación a este derecho habrá de ser, en cuanto tal limitación indirecta de un DDFF, de necesaria interpretación restrictiva (fundada en la protección de otros valores).
La inclusión del derecho a la creación de medios de difusión en el contenido de la libertad de expresión e información: claramente aceptada por el TC, y con amplio desarrollo para el legislador.
Declaró que: «no hay inconveniente en entender que el derecho de difundir las ideas y opiniones comprende en principio el derecho de crear los medios materiales a través de los cuales la difusión se hace posible».
Pero con 2 matices: - Este derecho, en cuanto instrumental no tiene la fuerza ni la intensidad de protección de éste.
Enunció 3 importantes límites del citado derecho § Necesidad de respetar el ejercicio del mismo derecho a otros sujetos § Las consecuencias derivadas de la declaración de servicio público de ciertos bienes necesarios para la creación de determinados medios § Las limitaciones derivadas de las regulaciones internacionales sobre la materia.
Estos límites sólo afectan a la radio y la televisión por ondas hertzianas (ya que ambos utilizan un medio de difusión limitado como lo es el espacio radioeléctrico convencional).
El Estado quedaría obligado a articular la regulación jurídica adecuada para la utilización de dicho bien de tal forma que se respete el pluralismo, la eventual declaración de servicio público de dicha actividad y su concreta regulación jurídica y la normativa de derecho internacional que pueda haber sobre la materia.
2ª consecuencia: SÓLO si la vía concesional o cualquier otra regulación que permita el ejercicio del derecho por los particulares resultasen inviables o no permitiesen garantizar el pluralismo sería posible la exclusiva gestión directa del servicio público de radio y televisión por parte del Estado.
El TC afirmó en relación con el derecho a crear emisoras de televisión privada que la llamada «televisión privada» no está necesariamente impuesta por el artículo 20 de la Constitución» Es decir: La TV privada no vendría impuesta por la CE (pero tampoco la excluiría): libre decisión del legislador, que debería hacerlo mediante LO y respetando el pluralismo.
El legislador reconoció la televisión privada de ámbito nacional en 1988, y tras la una importante sentencia se declaró que si el legislador no regulase un sistema que permitiera la actividad por los particulares de transmitir televisión por cable de ámbito local, ello equivalía a su prohibición (sería entonces, contrario al art. 20 CE).
Así pues, el TC ha evolucionado desde su inicial afirmación de que la televisión privada es una opción del legislador, hasta sostener, que el legislador está obligado a dictar la regulación necesaria Los avances técnicos (como el paso a la televisión digital) han permitido multiplicar el número de televisiones posibles y han dado paso a una progresiva e intensa liberalización del medio.
5. Derechos constitucionales de los periodistas: cláusula de conciencia y secreto profesional CE recoge 2 DD asociados al ejercicio de la profesión de periodista: - la cláusula de conciencia el secreto profesional.
Además, se remite a una ley para su desarrollo: «La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y el secreto profesional en el ejercicio de estas libertades».
En cuanto a su ámbito subjetivo: estos DD NO se reconocen a todo ciudadano: se reconocen sólo a quienes ejerzan ésta profesionalmente.
¿Cuál es la naturaleza de estos derechos? La remisión que el precepto realiza a la ley deja sin determinar si han de ser considerados DDFF protegidos por el recurso preferente y sumario previsto en el art. 53.2 de la CE y por el recurso de amparo.
El legislador, al regular la cláusula de conciencia (LO), parece haber optado por otorgarle naturaleza de derecho fundamental, tanto por los términos de la exposición de motivos como por su regulación mediante LO.
a) Cláusula de conciencia Esta surge como un derecho del mismo en defensa de su integridad y dignidad profesionales.
Se concibe como la facultad que se otorga a un periodista, en caso de cambio de orientación ideológica del medio en el que trabaja, de rescindir unilateralmente la relación laboral con la empresa periodística y recibir una indemnización como si se tratase de un despido improcedente.
® Su restricción a los periodistas es de rigor.
® ¿Objetivo de la cláusula de conciencia? Evitar que el periodista tenga que trabajar en un medio que se rige por principios ideológicos contrarios a sus convicciones.
Como derecho constitucional que trata de evitar lo dicho, presenta un doble fundamento: - Garantizar (desde un punto de vista institucional) la libertad de información Proteger (desde el punto de vista subjetivo de los periodistas) su libertad ideológica.
El legislador español ha cumplido el mandato constitucional con la LO Reguladora de la Cláusula de Conciencia de los Profesionales de la Información: Se ha ajustado plenamente a esta configuración tradicional de la institución. Definición en la ley: «el derecho constitucional de los profesionales de la información que tiene por objeto garantizar la independencia en el desempeño de su función profesional».
La ley le ha atribuido 2 contenidos: - - La posibilidad de rescindir el contrato laboral con la empresa de comunicación para la que trabajan (con derecho a una indemnización no inferior a la pactada) En defecto del pacto previo: § Cuando en el medio informativo en dónde trabaja se haya producido un cambio substancial de orientación informativa § Cuando la empresa cambie al informador a otro medio que por su género o línea suponga una ruptura con su orientación profesional.
Derecho a negarse «motivadamente, a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios éticos de la comunicación, sin que ello pueda suponer sanción o perjuicio». Se formula así una suerte de «objeción de conciencia ideológica». Esta, para ser realmente efectiva, requeriría la aprobación de un código deontológico (por el legislador o por los propios profesionales de la información) en el que se concretasen: los «principios éticos de la comunicación»; a falta de semejante parámetro de valoración, su concreción queda deferida a los tribunales, tanto ordinarios como, en último término, al TC.
b) Secreto profesional Es una garantía del recto ejercicio de ciertas profesiones que consiste: en la obligación de reserva sobre los datos que el profesional obtiene del cliente como consecuencia de la relación profesional (tanto respecto a terceros como, en su caso, respecto a los tribunales).
Toda la información recibida, que incluso puede incluir datos sobre la propia persona que informa y que afecten a su vida privada, tiene como destino precisamente su transmisión y difusión: son datos que el profesional adquiere mediante su labor o que espontáneamente llegan a sus manos precisamente por su profesión de difundir información.
¿Qué quiere garantizar este secreto profesional? ® La protección del carácter reservado de la fuente, por varios factores: - la propia reserva sobre la vida privada del informante cuestiones de seguridad personal del mismo evitar acciones legales contra él Así, reserva versa exclusivamente sobre la identidad de esa fuente, mientras que la información que proporciona la fuente tiene precisamente el destino opuesto de ser difundida.
Podemos hablar de un triple fundamento del secreto: - La libertad de información del periodista El derecho a la intimidad La vida privada del informante y el interés institucional en una libre comunicación social.
Este último es el determinante de la protección constitucional del secreto profesional de los periodistas.
Está claro que este secreto facilita el ejercicio de la libertad de información a los periodistas, ya que les permite acceso a informaciones a las que no lo tendrían si no estuviese garantizado el anonimato (especialmente ante tribunales).
También es evidente que la protección de la vida privada del informante es un objetivo deseable en sí mismo.
PERO: ninguna de estas 2 razones serían suficientes para justificar el secreto (especialmente en su vertiente de reserva frente a los tribunales): el objetivo último del secreto es ® garantizar el más amplio flujo de noticias hacia los periodistas. ¿Por? Porque ello equivale a una más rica comunicación pública y libre (perseguido pro art. 20 CE).
Así: - Tanto la mayor facilidad en la labor de recogida de información para los periodistas Como la protección a la privacidad de los informantes sirven a una mayor riqueza de la actividad informativa.
Por ello este es el auténtico fundamento constitucional: constituir una garantía institucional de la comunicación pública libre (al favorecer lo que los anglosajones han denominado el «free flow of news»). Ello posibilita: - un debate público - una opinión pública más informada = un favorecimiento de todos los derechos reconocidos en el artículo 20.1 CE.
Contenido negativo del secreto: la exención de la obligación de declarar ante la Administración o ante los órganos judiciales cuál haya sido la fuente de la información.
Ello tiene doble faceta: 1. La exención de la obligación de denuncia en materia penal 2. La exención de la obligación de declarar ante órganos judiciales en general por otro Ello plantea problemas en relación con la jurisdicción penal: la exención choca con el interés de orden público (como lo es la persecución de los delitos).
Este conflicto ® necesidad de PONDERAR la importancia y peso respectivo de ambos.
*Cabe añadir que la ponderación, en realidad, es entre el secreto profesional y la libertad de información (a la que precisamente sirve el primero).
La mayor o menor importancia (en cada supuesto) de la libertad de información y del interés de la justicia: determinará: - la prioridad del derecho del periodista a mantener el secreto profesional o bien su decaimiento y la consiguiente obligación de declarar.
¿Criterios para realizar esta ponderación? ® 1. La importancia de la infracción penal del delito para cuyo esclarecimiento sea conveniente el levantamiento del secreto profesional 2. La utilidad que se presume de la revelación de la fuente para la represión.
Digamos, finalmente, que NO EXISTE, en España, una regulación legal sistemática del secreto profesional en general: tan sólo existen regulaciones fragmentarias (ej: sanciones administrativas y penales de la violación de dicho secreto por ciertos profesionales, como abogados y funcionarios) y nada todavía en relación con los profesionales de la información, salvo su enunciado en estatutos profesionales aprobados por Colegios de periodistas.
6. Prohibición de censura previa y exclusión de secuestros administrativos Art. 20 CE ® 2 importantes garantías que integran la libertad de expresión: - la prohibición de censura previa (Art. 20.2 CE) la exclusión del secuestro administrativo (Art. 20.5 CE).
Ambas protegen a TODOS LOS DD del 20.1 CE ® cualquier manifestación de la libertad de expresión.
Art. 20.2 (prohibición de censura previa) ® establece una prohibición absoluta e incondicionada.
TC ha elaborado una definición extensiva de censura previa: «cualquier medida limitativa de la elaboración o difusión de una obra del espíritu, especialmente al hacerla depender del previo examen oficial de su contenido». Considera el alto Tribunal que constituyen censura también aquellas medidas «más débiles y sutiles, que… tengan por efecto no ya el impedimento o prohibición, sino la simple restricción de los derechos de su art. 20.1».
Posteriormente, y de manera más completa, declaró que: «la censura previa implica la finalidad de enjuiciar la obra en cuestión con arreglo a unos valores abstractos y restrictivos de la libertad, de manera tal que se otorgue el placer a la publicación de la obra que se acomode a ellos a juicio del censor y se le niegue en caso contrario».
Además, el art. 20.2 CE NO puede suspenderse en caso de estado de excepción o sitio (sigue vigente en circunstancias extraordinarias) ® muestra de la radical opción constitucional en contra de la censura previa.
Art. 20.5 CE (exclusión de secuestro administrativo) ® ¿Qué es el secuestro? ® medida consistente en la retención (por parte de los poderes públicos) de cualquier obra impresa, sonora o audiovisual (debido a la presunta infracción legal cometida por medio de dicha obra).
Por tanto, se refiere a publicaciones ya realizadas (al menos en parte), NUNCA a futuras.
Cualquier otra limitación preventiva respecto a una obra todavía no realizada tendrá que ser: - constitucionalmente admisible estar amparada por la legislación vigente Pero no puede calificarse como secuestro, por el propio sentido de este término.
El secuestro, como tal medida preventiva, podría ser adoptada: por la autoridad administrativa y la judicial.
Sin embargo, debido a que constituye una grave limitación de la libre expresión: se entiende que SÓLO el secuestro judicial reúne suficientes garantías ® es EL ÚNICO ADMITIDO POR LA CE (el administrativo NO).
El administrativo es muy frecuente en los regímenes autoritarios, Art. 20.5 CE: «sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial».
Recordar que (a diferencia del 20.2), el secuestro SÍ puede suspenderse en estados de excepción i sitio, y en tales situaciones sí cabe el secuestro administrativo (si en la declaración de dichos estados especiales se contempla dicha suspensión).
7. La libertad de producción y creación literaria, artística, científica y técnica Que este derecho se formule autónomamente es una ratificación de la amplia concepción de la libertad de expresión presente en nuestra Constitución.
Art. 20.1 b) emplea expresiones que abarcan dos formas de este ejercicio: - creación o producción artística y literaria Esta ampara la labor creativa de cualquier género - científica y técnica por otro Esta cubre: § las contribuciones de carácter teórico § as aplicaciones de naturaleza técnica o práctica.
NO CONFUNDIR: 1. el derecho a la creación artística y literaria y a la creación científica y técnica Se trata de derechos de naturaleza constitucional (acto de creación y expresión sin trabas) 2. con los derechos de propiedad intelectual e industrial Derechos sobre la obra ya creada (de naturaleza distinta, básicamente económica).
Hay que matizar que la actual legislación de propiedad intelectual reconoce lo que se ha denominado «derecho moral de autor», y alguna de sus manifestaciones puede tener un engarce con la libertad de creación literaria y artística.
El el derecho moral de autor contiene el decidir: - si su obra ha de ser o no divulgada de determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o anónimamente exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra y exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación o atentado contra la misma, teniendo en cuenta también, en su caso, los legítimos derechos del propietario actual de la obra Sí parece claro, sin embargo, que estos carecen de rango constitucional, por lo que su nivel de protección será, por consiguiente, el que establezca su regulación legal.
Además, son derechos de naturaleza preferentemente económica: comprenden el derecho del autor o inventor a obtener los beneficios que su creación pueda determinar (dentro del marco establecido por las leyes + según los términos de la relación contractual privada en virtud de la cual se efectúa la actividad y de acuerdo con lo que en ella se prevea sobre la explotación económica de dicha creación).
8. El derecho a recibir información veraz El interés jurídico por el sujeto pasivo de la relación informativa (aquél que recibe la información), es relativamente reciente. ¿Por? - Enorme incremento de los medios informativos Su creciente influencia en la sociedad actual.
Aparición y progresivo auge de los medios audiovisuales en el siglo XXI + el alcance prácticamente universal de la información + perfección técnica de los mismos ® gran capacidad de conformación de la opinión pública.
Con ello, se ha empezado a prestar atención al ciudadano sometido pasivamente a ese cúmulo informativo: - - Por un lado, porque su reconocida capacidad de influencia ha despertado la conciencia de sus eventuales peligros (posibilidad de monopolios informativos) Por otro lado, porque la percepción de la importancia de los medios de comunicación va unida a la de su necesidad, tanto para un Estado democrático como vehículo de la opinión pública, como para el ciudadano inmerso en una sociedad altamente compleja y diferenciada que necesita una pluralidad de fuentes informativas.
TC interpretó inicialmente el derecho a recibir información forma restrictiva, calificándolo como una redundancia del derecho a difundir información: implica en todo caso la existencia de un receptor.
La interpretación del derecho como «derivado» se suma a la consideración del mismo como un derecho de libertad negativo (como todos los reconocidos en el art. 20 CE).
Su contenido sería la posibilidad de recibir información sin interferencias procedentes de los poderes públicos o sujetos privados.
Estos criterios podrían conducir fácilmente a pensar en un vacío del derecho, y por ello el TC ha afirmado que: Pese a constituir «una redundancia» su «inclusión en el texto constitucional se justifica, sin embargo, por el propósito de ampliar al máximo el conjunto de los legitimados para impugnar cualquier perturbación social».
Con ello - el TC deja abierta la posibilidad de que cualquier ciudadano directamente afectado por una obstaculización ilegítima a la libre comunicación social quede legitimado para ejercer las acciones que sean procedentes.
La protección de este derecho frente a actuaciones positivas de los poderes públicos se acepta, pero más problemática es la posibilidad de esa protección frente a una hipotética inacción de los poderes públicos en la defensa de una pluralidad informativa suficiente para una sociedad democrática.
9. Límites de los DDFF del art. 20 CE La libertad de expresión, pese a su carácter preferencial, también tiene límites.
Art. 20.4 CE ® límites para los derechos reconocidos en dicho artículo.
Así, la CE especifica taxativamente qué límites puede establecer el legislador Establece que: «estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollan y, especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y la infancia».
DEJAR CLARO QUE la CE no da sólo un mandato al legislador, sino que estos límites también afectan directamente a los ciudadanos en ejercicio de libertad de expresión.
Así pues, cualquier restricción a los derechos de este artículo debe poder fundamentarse en alguno de los límites específicamente contemplados por el art. 20.4 CE.
*Es una garantía especial de la libertad de expresión, pues se trata de un procedimiento excepcional en el Título I.
Pero el valor de esta garantía queda relativizado porque uno de los límites que se enuncian es, precisamente, una cláusula abierta al legislador: los preceptos de las leyes que desarrollen el Título I de la CE.
Los límites pueden agruparse en tres apartados: a) Los derechos reconocidos en el título I, entre los cuales el propio precepto 20.4 menciona «especialmente» el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen (los del art. 18.1 CE) La ponderación judicial será la que determine qué derecho debe prevalecer y en qué medida.
b) La protección de la juventud y la infancia.
Aquí la CE enuncia un objetivo que deriva de determinados valores, principios y derechos reconocidos en la propia norma suprema: principalmente los valores reconocidos en el art. 10.1 (dignidad de la persona, libre desarrollo de la personalidad), los del art. 27 (derecho a la educación) art. 39 (protección integral de los hijos) y art. 48 (promoción de las condiciones para la libre participación de la juventud en todos los aspectos de la vida colectiva).
c) límites contenidos en «los preceptos de las leyes que lo desarrollen» (al Título I) Es el que más problemas presenta. Significa que el ejercicio de la libertad de expresión debe ajustarse a los límites establecidos en las leyes de desarrollo del Título I de la CE.
A su vez, cualquier límite ha de ser consecuencia (directa o indirecta) de la protección que pueda otorgar el legislador a derechos o principios garantizados en el citado Título (ello constituye una garantía adicional a las restantes reservas de ley existentes).
La formulación permite una mayor libertad al legislador. ¿Por? Porque las limitaciones no quedan restringidas a leyes específicas de desarrollo de derechos, sino que pueden derivar de leyes que sean desarrollo genérico del Título I: Leyes que pueden tener como objeto la protección de valores o intereses colectivos, El problema es: ¿hasta qué punto las leyes de desarrollo del Título I CE pueden incluir límites a los derechos reconocidos en el art. 20 CE? (en otras palabras, ¿qué limites son los que pueden establecer el legislador por esta vía?) Hay un tipo de limitaciones que no necesitan justificación: - Las que derivan del contenido esencial de otros DDFF o incluidos en el Título I de la CE + las que derivan de otros objetivos constitucionales expresos TC ® «La ley también puede fijar límites siempre que su contenido respete el contenido esencial de los derechos y libertades a que se refiere el art. 20 de la Constitución» A este respecto, la DUDH, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos, coinciden en admitir los siguientes límites: - seguridad nacional - orden público protección de la moral de la reputación y de los derechos ajenos Estos bienes y derechos constituyen, por consiguiente, limitaciones legítimas de los derechos reconocidos en el art. 20 CE.
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