Lección 20 (2017)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Constitucional III: Derechos y Libertades
Año del apunte 2017
Páginas 9
Fecha de subida 17/08/2017
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Lección 20: LAS GARANTÍAS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES: LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES 1. La protección judicial de los derechos fundamentales a. CONCEPTO Además de las garantías genéricas, la Constitución prevé, también, unos mecanismos específicos de tutela de los derechos fundamentales para los casos concretos en que se puedan considerar vulnerados.
Estos mecanismos, regulados en el art. 53.2 de la CE, son los cauces de protección de los derechos fundamentales por las jurisdicciones ordinaria y constitucional. Como todos los demás derechos e intereses legítimos, los derechos fundamentales son defendibles ante la jurisdicción ordinaria, ejercitando el derecho a la tutela judicial efectiva. Pero, dada su relevancia en el sistema, la Constitución ha querido proporcionar, además, mecanismos extraordinarios de protección, bien por parte de los órganos judiciales ordinarios, a través de «un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad», o por parte del Tribunal Constitucional, mediante el «recurso de amparo constitucional».
Esta doble protección jurisdiccional —ante la justicia ordinaria, administrada por jueces y magistrados independientes y sometidos exclusivamente al imperio de la Ley, o ante el Tribunal Constitucional, supremo intérprete de la Constitución— cierra el círculo del complejo y acabado sistema de garantías que la Constitución dispone para asegurar la eficacia de los derechos fundamentales. Por otro lado, como más adelante se verá, el proceso de internacionalización de la vida pública tiene, entre otras consecuencias, la de que también garantías internacionales despliegan sus efectos en el ámbito interno.
La protección judicial de los derechos fundamentales arranca, pues, del art. 53.2 de la CE. Este precepto configura los derechos fundamentales como auténticos derechos subjetivos susceptibles de ser protegidos mediante el recurso a los Tribunales. La peculiaridad de este mandato constitucional se pone de relieve al compararlo con el número siguiente del propio artículo, que excluye expresamente de la categoría de derechos subjetivos de directo origen constitucional a los «principios rectores» recogidos en el Capítulo 3º del Título I de la CE. Aún más, la protección prevista en el art. 53.2 de la CE ni siquiera alcanza a todos los derechos recogidos en el Capítulo 2º del Título I de la CE: se limita, exclusivamente, a los derechos recogidos en los arts. 14 a 30.
El art. 53.2 de la CE tiene un doble efecto. Por un lado, prevé una acción procesal, o, para ser más exacto, da cobertura a un conjunto de acciones procesales ejercitables en defensa y protección —en tutela, según la terminología constitucional— de los derechos fundamentales, cerrando así el círculo de preceptos constitucionales que hacen de los derechos fundamentales derechos subjetivos cuya protección o reparación es exigible ante los tribunales ordinarios. Por otro lado, el mismo artículo instituye, para el ejercicio de esas acciones en tutela de las libertades públicas, un procedimiento caracterizado in genere por dos notas: preferencia y sumariedad. Lo que distingue a este procedimiento (o procedimientos, como se verá más adelante) es que el órgano llamado a realizar la protección es un juzgado o tribunal ordinario integrado en el Poder Judicial, a diferencia de lo que sucede con el amparo constitucional, que se residencia ante el Tribunal Constitucional.
b. DESARROLLO Pese a lo que pudiera deducirse de una lectura apresurada del art. 53.2 de la CE, y tal y como se ha apuntado previamente, la tutela de los derechos fundamentales que deben dispensar los jueces y tribunales ordinarios no se encuentra articulada en torno a un único procedimiento sino que dicho precepto constitucional ha encontrado desarrollo mediante un complejo sistema de acciones procesales distintas, aunque complementarias.
Este sistema de mecanismos judiciales de protección de los derechos y libertades consagrados en los arts. 14 a 30 de la CE se organiza, en primer lugar, adecuándose a la propia estructura procesal española. En efecto, poco a poco, se ha ido configurando un sistema de garantías incardinado en la propia organización de la jurisdicción española de manera que, en lugar de establecer una única acción, lo que se ha hecho es establecer procedimientos específicos en cada orden jurisdiccional. Dicho de otra manera, como regla general, no existe un juez especial de los derechos fundamentales sino que las leyes procesales han establecido procedimientos específicos a seguir en aquellas acciones en las que se denuncian vulneración de derechos fundamentales. Así, todas las leyes procesales generales tienen previsiones en este sentido, de forma que la vía a seguir dependerá exclusivamente de la materia de la que se trate según las reglas de reparto entre los distintos órdenes jurisdiccionales, lo que, a su vez, viene marcado por la naturaleza del acto objeto de impugnación. Así, la LJCA regula en su Capítulo I del Título V un procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona, recurso preferente y sumario del art. 53.2 de la CE frente a los actos de las distintas Administraciones Públicas, como regla general; la Ley de Procedimiento Laboral regula, asimismo, en el Capítulo XI del Título VII un mecanismo de defensa de derechos fundamentales en el orden laboral, mecanismo que juega como desarrollo en este ámbito del art. 53.2 de la CE; por su parte, la Ley de Enjuiciamiento Civil establece como mecanismo de defensa de los derechos fundamentales el juicio ordinario (art. 249); también existe en el ámbito de la jurisdicción militar un procedimiento «preferente y sumario» de defensa de los derechos fundamentales (Título V); por último, en el ámbito penal, no existe una garantía específica para la protección de derechos fundamentales, aunque no debe olvidarse que buena parte de los tipos penales protegen derechos fundamentales. De lo expuesto, se deduce, pues, que la protección de derechos a través de la jurisdicción ordinaria prevista en el art. 53.2 de la CE se ha desarrollado de manera sectorial, dentro de los distintos órdenes jurisdiccionales. Ahora bien, a este «desarrollo» sectorial hay que añadir algunas reflexiones adicionales.
En primer lugar, junto a esos «desarrollos» sectoriales, pero generales en su ámbito, existen algunos mecanismos procesales específicos que sirven para proteger ciertos derechos fundamentales, mecanismos específicos que se justifican por las particularidades de los actos que pueden generar la lesión de esos derechos. Entre estos procedimientos específicos de protección de ciertos derechos pueden destacarse los siguientes: – Habeas corpus (art. 17.4 de la CE desarrollado por la LO 6/1984).
– Derecho de rectificación (art. 18 de la CE y LO 2/1984).
– Derecho de reunión y manifestación (art. 122 de la Ley 29/1998).
– Recursos contencioso-electorales contra la proclamación de candidaturas y candidatos (art. 49 LOREG) y contra la proclamación de electos (arts. 109 a 117 LOREG).
– Protección civil del honor, la intimidad y la propia imagen (art. 249 Ley 1/2000).
En segundo lugar, hay que señalar, también, que las lesiones de los derechos fundamentales que procedan directamente de órganos judiciales, tanto in procedendo como in iudicando, no poseen ningún mecanismo específico único de protección ante la jurisdicción ordinaria, sino que habrá que procurarse su repa ración mediante los correspondientes recursos que en cada caso quepan. Cuestión distinta es que, a menudo, las leyes procesales prevean como motivo para interponer un recurso contra una decisión judicial precisamente el que esa resolución judicial se haya dictado bien violando derechos fundamentales o, sobre todo, en virtud de un procedimiento lesivo de éstos.
Por último, la reforma de la LOTC de 2007 ha introducido en la LOPJ un nuevo mecanismo de protección de los derechos fundamentales que viene a cerrar la garantía que ofrecen los jueces y tribunales ordinarios. En efecto, la nueva redacción del art. 241.1 de la LOPJ dada por la citada reforma permite reparar, mediante la nulidad de actuaciones, cualquier vulneración de los derechos fundamentales a los que se refiere el art. 53.2 de la CE ante la autoridad judicial a la que se imputa dicha vulneración siempre que no haya habido posibilidad de denuncia previa ni quepa recurso ordinario o extraordinario que hiciera viable la reparación de la lesión que se denuncia.
c. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DESARROLLO Los procedimientos creados en desarrollo del art. 53.2 de la CE son procedimientos de excepción, y lo son en un triple sentido. En primer lugar, porque son diferentes a los procedimientos ordinarios. En segundo lugar, tienen un objeto material concreto y excepcional: la protección de los derechos fundamentales. Por último, implican para quien lo utiliza una serie de ventajas procesales respecto de su posición en los procedimientos ordinarios. Por ello, no cabe utilizar estos procedimientos en cualquier caso, sino sólo cuando exista una correspondencia entre la pretensión que se insta —la protección de una libertad pública— y el cauce procesal elegido. Para garantizar que la utilización de este procedimiento se limite a la protección de derechos fundamentales existe, como luego se verá, una fase de admisión, en la que se resuelve sobre la idoneidad del procedimiento.
La segunda nota que, según el art. 53.2 de la CE, caracteriza a estos procedimientos es la sumariedad. Se entiende técnicamente por sumario un procedimiento cuyo objeto es limitado, en contraposición con los procedimientos plenarios, en los que se conoce de todas cuantas cuestiones se planteen; sin embargo, el término «sumario» también se aplica a los procedimientos que, al objeto de lograr una mayor celeridad, reúnen una especial rapidez y sencillez de tramitación. Todo parece indicar que con la palabra «sumario» la Constitución quiere, en realidad, configurar un proceso acelerado, urgente o especialmente rápido, al que se denominó, por eso, «sumario». Sobre esta base, puede muy bien decirse que el mandato constitucional queda satisfecho con la existencia de un procedimiento excepcional y específico, caracterizado por las notas de urgencia y celeridad.
El tercer principio que se deriva del art. 53.2 de la CE es el de preferencia. Como se deduce de su estricto sentido gramatical, ello quiere decir que los órganos judiciales habrán de tramitar, en primer lugar, y con independencia del orden de ingreso de los asuntos que habitualmente se sigue, las demandas que se presenten por este cauce reclamando la protección de un derecho fundamental. El de preferencia es, pues, un concepto relativo, relacionado con las demás pretensiones instadas ante los órganos judiciales, y que encuentra fundamento en la especial naturaleza de los derechos fundamentales, en razón de la cual se entiende que la resolución de las demandas referentes a ellos debe ser prioritaria, aún cuando hayan sido presentadas con posterioridad a otras pendientes.
Ambas notas, la «sumariedad» —o celeridad— y la «preferencia» se manifiestan, también, en el terreno procesal en dos sentidos concretos. Por un lado, implican habitualmente el establecimiento de plazos, para los diferentes trámites del procedimiento, más cortos de los establecidos con carácter general; por otra parte, repercuten, asimismo, en la supresión de trámites prescindibles y, en general, en la simplificación del procedimiento.
Finalmente, los procedimientos de tutela de los derechos fundamentales se caracterizan por su alternatividad y compatibilidad con los procedimientos ordinarios. En efecto, al reconocer el art. 24 de la CE el derecho a la tutela judicial efectiva, resulta evidente que la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, como de cualquier otro derecho o interés legítimo, puede muy bien instarse para cada caso por los cauces previstos en la legislación ordinaria y no forzosamente a través del procedimiento especial del art. 53.2 de la CE. Hay, pues, dos vías de protección jurisdiccional, y el demandante puede elegir entre una —la ordinaria— u otra —la excepcional— o, incluso, proseguir simultáneamente las dos, como ha puesto de relieve el Tribunal Constitucional. Ahora bien, es lo cierto que en algunos ámbitos jurisdiccionales en los que lo que se ha hecho incluir las lesiones de los derechos fundamentales entre los supuestos en que debe seguirse un procedimiento ordinario (ámbito civil, por ejemplo), esta idea de la alternatividad queda muy relativizada por la sencilla razón de que procedimiento ordinario y especial de defensa de los derechos fundamentales coinciden.
2. Regulación legal Dada la variedad de mecanismos procesales de tutela de los derechos fundamentales, no resulta posible exponer sistemáticamente toda su regulación, aunque sí pueden resumirse los elementos comunes del régimen jurídico de las garantías establecidas en desarrollo del art. 53.2 de la CE.
a. ÁMBITO MATERIAL La primera nota distintiva de la previsión del art. 53.2 de la CE es la totalidad de su cobertura, pues acoge a todas las pretensiones, cualquiera que sea su fundamento sustantivo, siempre que se basen en conculcación de derechos fundamentales. En efecto, el art. 53.2 de la CE no establece distinciones en razón de que la eventual violación proceda de los poderes públicos o de particulares. La cobertura de la protección es, también, completa en el sentido de que puede solicitarse tanto frente a actos concretos cuanto frente a disposiciones, siempre que éstas no tengan rango de ley.
Los derechos que, en principio, son susceptibles de protección por los mecanismos específicos de protección son los reconocidos en los arts. 14 a 30 de la CE. Este ámbito material es el mínimo posible constitucionalmente hablando, puesto que la obligación de articular un procedimiento de este género para proteger los derechos citados deriva del art. 53.2 de la CE. Ahora bien, la Constitución acota el ámbito mínimo del amparo judicial, pero no limita dicho ámbito. Dicho en otros términos, el art. 53.2 de la CE no establece una lista cerrada de derechos protegibles: delimita un ámbito mínimo de derechos que, en todo caso, deben ser objeto de protección judicial mediante un procedimiento acelerado, pero ello no impide al legislador extender ese cauce procesal a otros derechos distintos de los enumerados en el art. 53.2.
b. LEGITIMACIÓN La Constitución no prevé nada respecto de quiénes tienen legitimación para iniciar el amparo judicial, al contrario de lo que sucede con el amparo constitucional. Por ello, el legislador goza, en este campo, de capacidad de maniobra. La libertad del legislador, sin embargo, no es absoluta. En primer lugar, parece claro que, aún cuando la Constitución utilice la expresión «cualquier ciudadano», ésta debe entenderse en sentido impropio, esto es, como referida a cualquier persona. Ello es así porque muchos derechos fundamentales, aunque no todos, se reconocen a todas las personas, con independencia de su cualidad de españoles o extranjeros, y no tendría sentido dicho reconocimiento si se excluyese al titular del derecho de la facultad de instar su protección (ver lección 7ª). Por otro lado, la legitimación se extiende tanto a las personas físicas como a las jurídicas, en la medida en que éstas sean titulares de derechos fundamentales, como la jurisprudencia constitucional ha señalado. En suma, la configuración de estos procedimientos como previos al amparo constitucional hace que puedan ser utilizados en todos aquellos supuestos en los que quepa el acceso al amparo constitucional, y que deban serlo antes de recurrir a este último. Y la legislación específica viene a confirmar esta idea ya que, bien por previsión específica, bien por remisión a las reglas generales de legitimación, ésta se contempla de forma amplia en todos los procesos de defensa de los derechos fundamentales.
c. PLAZOS Como ya se ha señalado, una de las características procesales que impone el art. 53.2 de la CE a los procedimientos judiciales de protección de los derechos fundamentales es la celeridad con que éstos deben tramitarse porque se pretende proteger bienes jurídicos especialmente valiosos. Este principio encuentra reflejo, asimismo, en todas las normas que desarrollan el amparo judicial, tanto por lo que respecta a los plazos para iniciar los procedimientos como en los plazos para tramitarlos y resolverlos: en todos los casos esos plazos son inferiores a los de los procedimientos ordinarios. En algunos, incluso, se trata de plazos extraordinariamente breves ya que sólo mediante su establecimiento puede asegurarse la eficacia de los derechos: así sucede, por ejemplo, en los ya citados recursos contenciosoelectorales previstos en la LOREG, en el habeas corpus o en la acción especial en defensa del derecho de reunión.
d. PROCEDIMIENTOS Por lo que respecta al procedimiento a seguir en los procesos de defensa de derechos fundamentales, y dejando a un margen las particularidades específicas de algunos de ellos, la característica común que los diferencia respecto de los procesos ordinarios es, como ya se ha indicado, la del acortamiento de los plazos. Pero, además, existen otras características propias. Así, la naturaleza extraordinaria de estos procesos en los que sólo y únicamente cabe instar la protección de derechos fundamentales justifica que el trámite de admisión esté configurado, a menudo, con más rigor que en el procedimiento ordinario, sobre todo en la vía contencioso-administrativa.
También la adopción de medidas cautelares, en especial la suspensión provisional de los actos recurridos, presenta algunas particularidades en relación con los derechos fundamentales, y ello con independencia de que la legislación así lo prevea expresamente. Esas particularidades proceden de la propia naturaleza de los bienes jurídicos objeto de tutela que, por su condición de derechos fundamentales y, en cuanto tales, de elementos básicos del ordenamiento, deben obtener una protección ya en vía cautelar. Ello no impide, como es lógico, que la conveniencia de suspender actos denunciados como lesivos de derechos fundamentales deba ponderarse con otros bienes jurídicos en juego, por lo que no puede establecerse una regla general ni de suspensión ni de lo contrario, debiendo decidirse caso por caso.
Por otra parte, en el orden laboral, la protección de los derechos fundamentales tiene una característica singular que no se da en los demás órdenes jurisdiccionales, por lo que conviene resaltarlo aquí: si se constata la concurrencia de indicios de que se ha producido violación de la libertad sindical, corresponderá al demandado «la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad» (art. 179.2 LPL). Además, se dispone que «en los procesos en que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de indicios de discriminación por razón de sexo, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad» (art. 96 LPL). Así pues, en dos casos —violación de la libertad sindical y discriminación por razón de sexo—, si se deducen indicios de violación de los derechos respectivos, corresponde a la parte que supuestamente los conculcó demostrar «suficientemente» que las medidas adoptadas han tenido una justificación objetiva y razonable y son proporcionales; de otra forma, se entenderá que se produjo vulneración de los citados derechos fundamentales.
3. La regulación frente a los poderes públicos y frente a los particulares Tradicionalmente, los mecanismos de protección de los derechos fundamentales se han enfocado a prevenir, impedir y reparar sus posibles vulneraciones por parte de los poderes públicos: se supone que son dichos poderes los que pueden realizar una utilización abusiva de las facultades que tienen conferidas, utilización que, en su caso, puede redundar en una conculcación de los derechos fundamentales. Existe, así, una concepción generalizada de que los derechos fundamentales deben proteger, sobre todo, frente a los poderes públicos, en cuanto que éstos disponen de instrumentos poderosos que otorgan una mayor facilidad para la vulneración de los derechos fundamentales. Sin embargo, como se ha visto, la protección de los derechos no está articulada sólo frente a los poderes públicos sino, también, frente a los particulares.
La protección de los derechos fundamentales en el ámbito privado plantea el interrogante de cuál sea la eficacia de la Constitución y, en especial, de los derechos fundamentales frente a los particulares. Desde la perspectiva de la teoría clásica, la Constitución, y los derechos fundamentales en ella recogidos, aparecen como una limitación de los poderes públicos. Por tanto, la fuerza vinculante de la Constitución se proyecta sobre los poderes públicos, y no —al menos directamente— sobre los ciudadanos.
Como ya se viera en la lección 6ª, en el vigente ordenamiento constitucional español esta concepción debe ser, al menos, matizada. La Constitución española señala en su art. 9.1 que «los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento», estableciendo así, por tanto, una expresa relación de sujeción de la ciudadanía a los mandatos constitucionales. Ello es coherente con la fórmula del Estado democrático de Derecho, así como con la pretensión, expresada en el Preámbulo constitucional, de proteger a todos los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. En apretada síntesis, puede muy bien decirse que la concepción de la Constitución como elemento que limita al poder político es característica del Estado liberal de Derecho, en tanto que el entendimiento de la Constitución como norma reguladora de la convivencia social, de la que dimanan directamente derechos y obligaciones, es la consecuencia directa del Estado social y democrático de Derecho. En otras palabras, mientras en el primero los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos se conciben como una esfera de inmunidad frente al poder político, en el Estado social y democrático de Derecho las libertades públicas se entienden como un prius del orden social, que es protegible frente a todos y cuya defensa es asumida por la colectividad como un asunto de orden público. De ahí que la propia Constitución señale, en su art. 10.1, que «la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social». La inviolabilidad de estos derechos se constituye, pues, cualquiera que sea el sujeto activo de su eventual conculcación, en fundamento del orden político; y la alusión al respeto a los derechos de los demás supera la relación biunívoca poderes públicos ciudadanos para establecer una obligación genérica, por parte de todos, y no sólo del poder político, de respetar los derechos ajenos. En fin, la fuerza normativa de la Constitución se proyecta, así, sobre todos los integrantes de la colectividad, y los derechos fundamentales se configuran como un mandato dirigido a la propia colectividad.
Esta concepción ha sido recogida, también, en el plano legislativo. No otra cosa quiere decir el art. 7.1 de la LOPJ, al prescribir que «los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo 1º del Título I de la CE vinculan, en su integridad, a todos los jueces y tribunales y están garantizados bajo la tutela efectiva de los mismos». Nótese que las expresiones «garantía» y «tutela efectiva» tienen un alcance genérico, no limitado a la protección frente a los actos de los poderes públicos. A mayor abundamiento, el número siguiente del propio artículo indica que «los derechos enunciados en el art. 53.2 de la CE se reconocerán, en todo caso, de acuerdo con su contenido constitucionalmente declarado, sin que las resoluciones judiciales puedan restringir, menoscabar o inaplicar dicho contenido». Parece claro que si las resoluciones judiciales no pueden restringir, menoscabar o inaplicar este contenido, es que el mismo es efectivo cualquiera que sea el carácter, público o privado, del destinatario del mandato. Y así el Tribunal Constitucional, en no pocas ocasiones, ha otorgado su amparo frente a violaciones de derechos fundamentales procedentes de particulares, utilizando la vía indirecta de concederlo no directamente frente al acto del particular, sino frente a la resolución judicial que pone fin a la tutela solicitada ante la jurisdicción ordinaria. De hecho, es preciso reparar en que, como ya se viera, en algunos derechos fundamentales, las posibles conculcaciones proceden, típicamente, de particulares. Así sucede muy claramente, por ejemplo, con las eventuales vulneraciones de los derechos que presiden las relaciones laborales (huelga, sindicación, etc.). De ahí que admitir que la Constitución no tuviese eficacia, en este terreno, frente a los particulares, supondría tanto como admitir significativas violaciones de su contenido dogmático.
La jurisprudencia constitucional al respecto ha seguido una línea conceptual que, muy sintéticamente, puede resumirse como sigue: los derechos fundamentales protegen a todos frente a todos, con independencia de su naturaleza pública o privada; en caso de conculcación de un derecho fundamental los poderes públicos en general, y los juzgados y tribunales en particular, deben preservar o restablecer el derecho violado; si así no lo hicieren, su decisión es atacable, incluso, ante el Tribunal Constitucional.
Esta línea está cabalmente expuesta en la STC 47/85 (caso Sala), que declaró la «nulidad radical» de un despido laboral fundado en razones religiosas e ideológicas. En dicha Sentencia, el Tribunal señaló que «los jueces y tribunales ordinarios están obligados por el art. 53.2 de la CE a la tutela de los derechos y libertades… la Sentencia de la Magistratura no amparó a la demandante en su libertad ideológica… El Magistrado debió amparar a la demandante en su libertad ideológica».
Así pues, jueces y tribunales han de amparar las libertades públicas y deben para ello, según el Tribunal Constitucional, «adentrarse en el plano de la constitucionalidad». Por tanto, los ciudadanos pueden obtener el amparo de los poderes públicos y, especialmente, el del Poder Judicial, frente a las eventuales lesiones de derechos fundamentales procedentes de particulares. Quiere decirse con ello que los particulares no pueden violar los derechos fundamentales ajenos y que, por ende, están obligados a respetarlos y quedan expuestos a consecuencias jurídicas en caso de incumplimiento de dicha obligación. Cuestión distinta es que la eficacia y el alcance de los Derechos Fundamentales pueda variar en función de las relaciones jurídicas sobre las que se proyecta, y muy especialmente, en función de su naturaleza jurídico-pública o jurídico-privada. Pero esto no significa que en unas sean eficaces y en otras no, sino sólo que esa eficacia puede verse matizada por la naturaleza de la relación.
La situación puede, pues, resumirse de la siguiente manera: los ciudadanos están sujetos a la Constitución y, por tanto, a los derechos fundamentales, que tienen obligación de respetar; los jueces y tribunales, por su parte, están obligados a amparar los derechos fundamentales, de suerte que el incumplimiento, por parte de los particulares, de la obligación de respetarlos puede dar lugar a una acción en pretensión de tutela o reparación ante los órganos jurisdiccionales; por último, el eventual incumplimiento por los órganos judiciales de su obligación de proteger el derecho permite acudir al amparo constitucional. De ahí que, según se señaló, el ordenamiento haya previsto mecanismos de garantía de los derechos fundamentales para acudir a los jueces y tribunales del orden jurisdiccional civil y laboral en demanda de protección de los derechos fundamentales, procedimientos ejercitables, precisamente y como regla general, frente a los particulares.
4. El amparo constitucional: ideas generales y remisión El art. 53.2 de la CE señala que los derechos reconocidos en los arts. 14 a 29 de la CE, así como la objeción de conciencia, son objeto de protección, además de por el amparo judicial, a través del amparo constitucional. El amparo constitucional se configura, pues, como una garantía específica de los derechos fundamentales. Es un instrumento más, el último en el ámbito nacional, de reacción frente a una posible vulneración de un derecho fundamental. De este rasgo reactivo frente a las vulneraciones concretas de derechos fundamentales proviene su carácter de garantía específica.
La característica más relevante del recurso de amparo constitucional deriva, precisamente, del órgano ante el que se residencia: a diferencia del amparo judicial, que, como se vio, se insta de los órganos jurisdiccionales ordinarios, el amparo constitucional se solicita, precisamente, del Tribunal Constitucional. De ahí —más, incluso, que del carácter evidentemente constitucional de los derechos cuya protección canaliza— proviene su nombre, y de ahí, también, derivan sus características más distintivas, que lo singularizan respecto de los demás recursos. Se trata de un instrumento procesal de garantía de ciertos derechos fundamentales y de interpretación de los mismos, excepcional en cuanto a su objeto y función, subsidiario y no susceptible su decisión de impugnación. Su estudio se realiza en la Lección 31ª a la que procede ahora remitirse. Conviene adelantar, no obstante, que la exigencia de que las demandas de amparo poseen especial trascendencia constitucional para ser admitidas a trámite ha debilitado el carácter garantista del recurso de amparo para acentuar su dimensión como instrumento de interpretación constitucional.
5. La protección internacional Como ya se señalara en la lección 5ª, una de las características básicas del Derecho Público de los últimos años es el proceso de internacionalización de la vida social, económica, cultural y política. Pues bien, ese proceso de internacionalización alcanza, y de manera muy significativa, a los derechos fundamentales.
Por un lado, y como se vio en la lección 6ª, el reconocimiento de los derechos fundamentales no se limita a su consagración constitucional interna sino que se ven proclamados en numerosos convenios e instrumentos internacionales de carácter general o específico, y de ámbito universal o regional. Buena parte de esos convenios e instrumentos incorporan, a su vez, mecanismos de garantía y protección de los derechos. En la medida en que España ratifica esos convenios acepta, también, los mecanismos de protección que incorporan, lo que supone, pues, por lo que ahora importa, un nuevo escalón de garantía de los derechos: la protección internacional. Esos mecanismos son de muy distinta naturaleza; casi siempre se trata de órganos de seguimiento del respeto de los derechos por parte de los Estados, que, por lo general, pueden realizar declaraciones (a veces recomendaciones) a los Estados. Pero, en ocasiones, esos mecanismos van más allá, alcanzando incluso naturaleza jurisdiccional. Sería excesivamente prolijo intentar aunque sólo fuera resumir todo el sistema internacional de garantía de derechos al que España se encuentra vinculado como consecuencia de los compromisos internacionales adquiridos, tema por otro lado objeto de estudio en Derecho Internacional Público. Lo relevante ahora es destacar que si todos los mecanismos nacionales de protección resultan infructuosos, los derechos fundamentales pueden ser defendidos, también, ante instancias internacionales. No obstante, sí conviene hacer referencia a dos mecanismos de protección por su relevancia interna dado el valor que tienen desde la perspectiva del art. 10.2 de la CE.
En el ámbito universal de la Organización de Naciones Unidas tiene una especial relevancia el Comité de Derechos Humanos, que puede examinar quejas dirigidas por los particulares contra los Estados. Sus decisiones, no obstante, no tienen carácter jurisdiccional. Más incidencia interna aún posee la labor del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en la ciudad de Estrasburgo. En efecto, y como ya se señaló en la lección 6ª, España es signataria del Convenio Europeo de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de la Persona (CEDH), que, entre otras cosas, instituye un órgano jurisdiccional encargado de la protección de los derechos recogidos en el Convenio: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). En cuanto signataria del Convenio, España está sujeta tanto a los derechos en el mismo consagrados, como a la jurisdicción del TEDH.
La protección que dispensa el TEDH se limita, como es lógico, a los derechos consagrados en el CEDH y en los Protocolos que lo amplían; en todo caso, y como ya se señalara, la coincidencia entre la declaración constitucional y el CEDH es muy amplia, máxime si se tiene en cuenta que el art. 10.2 de la CE impone que el CEDH se utilice como parámetro de interpretación de los derechos fundamentales constitucionalmente garantizados.
El mecanismo de protección que ofrece el TEDH pueden utilizarlo tanto personas físicas como jurídicas (art. 34 CEDH); pero para acudir al TEDH debe respetarse el principio de subsidiariedad, o dicho de otra forma, es menester ha ber agotado previamente todas las vías internas (art. 35.1 CEDH), incluido, en su caso, el Tribunal Constitucional, lo que será la regla general ya que, como se ha indicado, existe una correspondencia muy amplia entre el contenido material del CEDH y los derechos protegidos en amparo, aunque exista alguna excepción significativa: el derecho de propiedad.
Sin entrar a exponer las particularidades del procedimiento que se sigue ante los instrumentos de protección internacional de derechos en general, y específicamente ante el TEDH, sí conviene destacar que sus decisiones tienen una doble importancia constitucional. Desde el punto de vista general, y como consecuencia de la previsión ya citada del art. 10.2 de la CE, como se vio en la lección 6ª, el Tribunal Constitucional ha destacado la importancia que tiene para la interpretación constitucional la interpretación que llevan a cabo los órganos de garantía creados por los instrumentos internacionales y, muy especialmente, la jurisprudencia del TEDH (STC 116/2006, caso Gómez Vázquez por ejemplo).
Desde el punto de vista individual, del caso concreto, aunque las Sentencias del TEDH tienen un efecto meramente declarativo, el Tribunal Constitucional ha estimado que, en ocasiones, constatada una lesión de derechos por el TEDH, ésta debe ser reparada en el ámbito interno (STC 245/91, caso Bultó 2).
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