Teoría del Derecho (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad de las Palmas de Gran Canaria
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Teoria del Derecho
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 28/03/2016
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TEMA 12: LOS HECHOS JURÍDICOS OPERATIVOS 1. Hechos y hechos jurídicos No todas las incidencias que se producen en el espacio social merecen la atención de las reglas jurídicas. Estas solo proyectan su influencia sobre determinados fenómenos naturales y sobre ciertas acepciones del hombre que son consideradas relevantes desde la perspectiva del papel que se entiende encomendado al orden jurídico.
Se reconoce como hecho en sentido amplio a cualquier acontecimiento que se produce en la realidad, y como hecho jurídico en sentido amplio a cualquier acontecimiento que se produce en la realidad al que el ordenamiento jurídico atribuye consecuencias jurídicas.
Como es fácil admitir, a pesar de la aparente sencillez de esa formulación, no está claro que todas las circunstancias que generan consecuencias jurídicas tengan su origen en un hecho jurídico.
Hay determinados acontecimientos de carácter espiritual o inmaterial a los que el ordenamiento jurídico atribuye relevantes efectos, si no como fenómenos que, al acompañar a un suceso, modulan el tener de las consecuencias que este acarrea. Es difícil ubicar la premeditación o la alevosía en el mundo de la tangibilidad física, dejan de ser reconocidos como acontecimientos relevantes por el derecho.
Por tanto, concebimos al hecho jurídico como cualquier acontecimiento que se produce en el universo, interior o exterior al individuo, al que el derecho atribuye consecuencias jurídicas.
2. Los actos jurídicos Una definición semejante englobaría a los eventos naturales, sin que medie ningún tipo de voluntad humana, como a los que tienen lugar como resultado de una intervención voluntaria del individuo. Es por ello que se les ha solido diferenciar reconociendo a los primeros como hechos jurídicos en sentido estricto y a los segundos como acto jurídico.
Serían hechos jurídicos en sentido estricto en la medida que tienen lugar sin mediación de la voluntad humana y el derecho les atribuye los correspondientes efectos jurídicos. Serían actos jurídicos los que vienen determinados por la voluntad del hombre y el derecho les atribuye a todos consecuencias jurídicas. Aunque el ordenamiento jurídico reconoce consecuencias a todos ellos, estos adquieren una índole muy diferente según los casos. El robo de un objeto es un acontecimiento producido por la voluntad del hombre y el derecho le atribuye efectos negativos. La apertura de una cuenta de banco es un suceso originado por la voluntad de su titular al que se le reconocen efectos jurídicos que no adquieren el sentido negativo, puesto que el derecho no tiene interés en reprimirlos. Los primeros reciben la consideración de actos ilícitos, y son reprimidos por el ordenamiento jurídico, en tanto que el segundo se reconoce como acto lícito, permitido por el derecho.
Los actos lícitos han provocado una discusión en la que se ha podido identificar dos posturas contrapuestas. Por una parte, se les ha reconocido carácter jurídico en la medida en que se ha entendido que el derecho, aun valorándolos negativamente, los tiene en cuenta desde el momento en que promueve su represión. También se ha considerado que su condición de transgresión del derecho los configura como actos antijurídicos, argumentando que resulta ridículo atribuir carácter jurídico a algo que se define como la vulneración del derecho.
Se plantea desde dos formas diferentes de entender la apelación al carácter jurídico abusando del sentido ambivalente que puede tener la juridicidad como atributo que traduce la consideración que el orden jurídico realiza de la necesidad de regular jurídicamente una situación, o de regular jurídicamente una situación que resulte reprobable. Los actos lícitos resultarían jurídicos en el sentido de constituir hechos que el hombre lleva a cabo voluntariamente cuya realización es contemplada por el derecho en términos permisivos. Los actos ilícitos serían jurídicos en el sentido de constituir hechos que el hombre realiza libremente siendo contemplados por el derecho, y resultarían paradójicamente antijurídicos en el sentido de constituir hechos que el hombre lleva a cabo voluntariamente, cuya realización es contemplada por el derecho en términos prohibitivos.
Los actos lícitos se clasifican en actos lícitos debidos y actos lícitos libres. Los primeros son actos cuya realización es exigida por el ordenamiento jurídico, aunque queda a la libre voluntad del individuo de llevarlos a efecto o no, arriesgándose a sufrir las consecuencias que el derecho prevé para su incumplimiento.
1 Son actos jurídicos libres aquellos cuya realización queda a la libre decisión del individuo sin que medie ningún tipo de exigencia al respecto por parte del ordenamiento jurídico. Los actos jurídicos libres admiten dos modalidades en función de que sus efectos estén o no determinados por el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, es un acto libre cuyos efectos están determinados por el ordenamiento jurídico el caso de cambio de ciudad de residencia de un individuo, por cuanto se trata de un acto al que el ordenamiento jurídico atribuye consecuencias relevantes en orden a la determinación del lugar en el que puede ejercer ciertos derechos y debe realizar algunas obligaciones.
En ocasiones, el derecho deja que sea el propio sujeto quien determine los efectos del acto que ejecuta. Se dice entonces que nos encontramos ante la figura del negocio jurídico: el acto de autonomía privada reconocido por el derecho como productor del nacimiento, modificación o extinción de relaciones jurídicas.
También se plantea la clasificación de los actos jurídicos en positivos y negativos. La expresión de acto jurídico hace pensar en la idea de movimiento. En ese sentido, parecería referir a una modificación del estado del sujeto que lo ejecuta, que alteraría así su posición, lo que excluiría que se dieran actos jurídicos negativos. Se señala así que hay actos jurídicos positivos, que serían las acciones propiamente dichas y actos jurídicos negativos, que consistirían en omisiones por parte del sujeto de quien cabría esperar, porque así lo estipula el ordenamiento jurídico, la realización de una actuación positiva. Esta diferenciación encuentra su justificación en la consideración de la indiscutible relevancia que, puede tener también la omisión de la conducta humana.
3. La teoría de las nulidades de los actos jurídicos Se considera a un acto jurídico como inexistente cuando no concurren en el mismo los elementos y requisitos que demanda su propia estructura. Sería inexistente la compraventa si no hay ningún sujeto que venda ni ningún objeto en venta, porque tanto el sujeto como el objeto son elementos inherentes a la propia estructura del contrato de compraventa. En este sentido diremos que el acto inexistente carece por completo de efectos jurídicos porque ni si quiera ha llegado a generar una apariencia de realidad que resulte percibible por los miembros de la comunidad jurídica.
Los actos jurídicos nulos plantean una diferencia de matiz con los inexistentes. La falta de alguno o algunos de los requisitos que el derecho considera esenciales a su identidad los sitúa por completo al margen del mundo de la realidad jurídica. EL acto nulo es el que crea una apariencia de realidad que conviene destruir. LA generación de efectos jurídicos que el pretendido acto haya podido producir colisiona de manera frontal con la lógica del ordenamiento jurídico en la medida que este les niega la propia condición de auténticos actos jurídicos. Se les considera actos nulos de pleno derecho o como actos afectados de un vicio de nulidad absoluta.
El acto jurídico anulable resulta también viciado por la falta de alguno de los requisitos que determinan su calificación jurídica. Pero el requisito no es un requisito esencial. Ello hace que el ordenamiento jurídico los considere válidos hasta el momento en que se denuncie su invalidez. EL carácter accesorio del requisito que se considera inobservado conduce a que el algunas ocasiones se posibilite la subsanación de los vicios advertidos, convalidando, el acto jurídico. En este sentido, se les identifica como actos jurídicos afectados de nulidad relativa.
La teoría de las nulidades de los actos jurídicos ha sido objeto de un amplio tratamiento que ha querido vislumbrar en el carácter esencial o accesorio de los requisitos de la distinción entre los diferentes niveles de nulidad. No se puede predicar el carácter nulo o anulable de un acto jurídico como condición inherente a su propia naturaleza, puesto que los requisitos cuya observancia se cuestiona no refieren una calidad sustancias, sino una creación humana como todas las demás entre las que se encuentra el ordenamiento jurídico.
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