Derecho civil I TEMA 3 ÀMBIT I EFICÀCIA DE LA NORMA CIVL (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho + Droit - 1º curso
Asignatura Derecho civil I
Año del apunte 2014
Páginas 10
Fecha de subida 20/09/2014 (Actualizado: 16/09/2015)
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Tema 3 Ámbito y eficacia de la norma civil.
1. Ámbito espacial de las normas.
Ámbito espacial de las normas jurídicas (Dónde ejercen su potestad) es el área geográfica que corresponde a la soberanía de un determinado Estado, lo que expresa mediante el principio de territorialidad y es el que se comprende al Estado español.
Esta regla es absoluta en lo que atañe a las leyes penales, las de policía y las de seguridad pública. Que obliga todos los que se hallen en territorio español.
Ciertas normas privadas forman parte de lo que se denomina el estatuto personal de los individuos y les siguen (acompañan) mientras mantengan la nacionalidad, así que se aplican más allá de nuestras fronteras. Cabe que sean aplicables a las relaciones jurídicas normas jurídicas, para dirimir pleitos entre las personas cuando no tengan la misma nacionalidad o no corresponda la aplicación de la ley española.
Son las normas de resolución de conflictos entre particulares, que se contienen en los artículos 8- 12 CC, las que determinan los criterios que indican cual es la ley aplicable; normas de derecho internacional privado.
La organización del Estado en Comunidades Autónomas que tienen competencia legislativa en materia civil. Coexistencia de distintas legislaciones civiles en el territorio español, lo que exige determinar el ámbito espacial de las normas.
Conforme a la distribución de la competencia en legislación civil se ha de distinguir: 1. Las normas emanadas de las Cortes Generales Art. 66,2 CE y que regulen materias en que la competencia es exclusiva del Estado, se aplican a todo el territorio español. Lo mismo se extiende, también a aquellas normas en las que la competencia entre el Estado y la Generalidad de Cataluña es compartida, en lo que afecta a cada uno.
2. Derecho civil catalán. Competencia exclusiva. Tiene eficacia en el territorio de Cataluña y en general en materias de competencia exclusiva de la Generalidad, es aplicable en su territorio preferentemente a cualquier otro (principio de territorialidad).
No obstante, pueden darse excepciones a la eficacia territorial, pues en el orden civil la sujeción al derecho civil resulta de la aplicación de otro criterio que toma en consideración la condición de la persona del que se deriva la eficacia extraterritorial del Derecho Catalán.
1 Las normas que resuelven los conflictos que puedan originarse entre las distintas legislaciones civiles, en el momento de su aplicación, son las denominadas normas de derecho interregional, en cuya delimitación ART. 16 CC la ley ha seguido un criterio paralelo al de las normas de derecho internacional privado.
Para determinar cuál es la ley aplicable en caso de conflicto, los criterios generales establecidos son:      La ley personal. Es la que rige la capacidad, el estado civil, los derechos familiares y los derechos de sucesión, es la determinada por la vecindad civil.
La ley del lugar. En el que se halle el bien inmueble (lex rei sitae) es la que rige la posesión, la propiedad y los demás derechos sobre éstos.
Las obligaciones nacidas de contratos. Se rigen por la ley a la que las partes se sometan expresamente siempre que exista alguna conexión con el negocio; en su defecto por la ley común a las partes y cuando falte la de residencia habitual común. En último término la ley del lugar de celebración del contrato.
Las obligaciones no contractuales. Se someten a la ley del lugar donde hubiere ocurrido el hecho de que deriven.
Las formas y solemnidades de los contratos, testamentos y demás actos jurídicos se rigen por la ley del lugar en el que se otorguen.
2. Eficacia temporal de las normas Ámbito temporal de las normas: Período de tiempo a partir y durante el que están vigentes y han de ser aplicadas por los jueces y tribunales. Art. 1.7 CC.
2.1 Entrada en vigor.
Aprobada la norma jurídica por el órgano competente y elaborada conforme al procedimiento que corresponda, se ha de sancionar, promulgar y publicar para que pueda tener vigor o ser vigente. La vigencia de la norma es la cualidad que le otorga relevancia preceptiva e impone que se deba aplicar por los jueces y tribunales.
El Rey, determina el ART.9.1 CE, en el plazo de 15 días sancionará las leyes aprobadas por las Cortes Generales y las promulgará y ordenará su inmediata publicación. Art. 65 EAC, establece que las leyes de Cataluña son promulgadas en nombre del Rey, por el presidente o presidenta de la Generalidad, quien ordena su publicación.
De los preceptos transcritos se sigue que los requisitos imprescindibles previos a la entrada en vigor de la norma son la PROMULGACIÓN y la PUBLICACIÓN. La sanción del Rey, es decir la firma de la ley en la monarquía constitucional actual es un acto debido del mismo, mediante el que expresa su colaboración en el procedimiento 2 legislativo, solo se exige para las normas jurídicas que sean leyes y que emanen de las Cortes Generales.
La promulgación: es el acto mediante el que la autoridad correspondiente proclama la existencia de la ley por haber concluido el proceso de elaboración correspondiente.
SOLO SE PREDICA DE LAS LEYES. Las normas que no se elaboran en los parlamentos legislativos no se promulgan sino que se ordenan publicar por la autoridad a la que corresponda.
La publicidad, Estado de Derecho es uno de los principios fundamentales que nuestra Constitución garantiza. ART. 9.1 CE. Finalidad es que los ciudadanos la puedan conocer. Se cumple mediante la publicación de la norma en el BOE.
Las leyes emanadas de los parlamentos autonómicos tienen una doble publicación en el diario oficial de la Comunidad autónoma, en su idioma oficial, y en el BOE.
La publicación es un requisito indispensable para la existencia de la norma, sin embargo es previo a la entrada en vigor.
Norma general: Las leyes entran en vigor 20 días después de su publicación en el BOE, salvo que en ellas se disponga otra cosa.
Caracteres que se predican del sistema de entrada en vigor:   Simultaneidad. Las normas entran en vigor en todo el territorio al que se hayan de aplicar en el mismo momento.
La vacatio legis o aplazamiento temporal. La norma adquiere vigor pasado un cierto tiempo de su publicación, 20 días.
2.2 Pérdida de vigor La norma que se ha elaborado cumpliendo los requisitos que correspondan y cuyo contenido no contradice la Constitución está vigente, normalmente, de manera indefinida y solo queda sin efecto por las causas y las vías que específicamente se determinan.
Las normas que sean contrarias a la Constitución pueden ser declaradas nulas por el Tribunal Constitucional. La jurisdicción contencioso- administrativa puede anular las disposiciones de categoría inferior a la ley cuando se vulnere el principio de jerarquía normativa.
En determinados supuestos, la pérdida de vigencia de la norma aparece ínsita en la misma. Leyes temporales y leyes excepcionales.
La derogación es la vía generalmente prevista para la pérdida de vigencia de la ley. Art.
2.2 CC las leyes solo se derogan por otras posteriores (lex posterior derogat lex anterior), esto supone que: 3   Las normas no se derogan por desuso o no uso.
Que es necesario que la derogación provenga de una ley.
La costumbre NO tiene fuera derogatoria.
La derogación tiene el alcance que expresamente se dispone en la norma que la establece y se extiende, siempre, a todo aquello que en la ley nueva dictada sobre la misma materia sea incompatible con la ley anterior.
Dos maneras de derogación: 1. Derogación expresa. Es la que tiene lugar en los casos en que la nueva ley lo indica, bien porque la norma se dicte especialmente para derogar la anterior, bien porque contiene la cláusula derogatoria expresa en la que indica su alcance.
2. Derogación tácita. Es la que se deduce de la nueva regulación y exige una labor de interpretación para determinar cuando existe y su alcance. Es necesario que la nueva norma regule lo mismo que la anterior (identidad) y que la nueva regulación sea incompatible con aquella, ya sea por contradicción o absorción de la nueva ley.
La derogación supone le pérdida de vigencia de la norma de modo indefinido, para que se produzca la reviviscencia es preciso que la nueva ley disponga expresamente la entrada en vigor de la anterior.
Ordenamiento jurídico civil catalán, además de la derogación, existe la técnica de la sustitución de una norma por otra. La sustitución se define como la privación de vigencia condicionada de una norma mientras está en vigor la norma que sustituye, de manera que cuando ésta se deroga recupera su valor la norma sustituida.
2.3 La retroactividad La retroactividad significa llevar la eficacia de la ley nueva a un momento temporal anterior a su entrada en vigor, no respetando la vigencia de la ley que ha quedado sustituida o extinguida.
La regla general que obedece a un principio de seguridad jurídica, es el principio de irretroactividad que proclama la norma fundamental ART. 9.3 CE. Y la positiva: Las leyes no tienen efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario.
Es decir las normas tienen la eficacia que en ellas se establezca. En principio, la retroactividad de la norma debe estar dispuesta expresamente, pero también la doctrina se refiere a la retroactividad tácita, que se ha de deducir individualmente de cada norma concreta, y que es a que se colige de su finalidad o de su naturaleza.
Derechos adquiridos. Son los derechos ya adquiridos y no las meras expectativas las que quedan frente a la retroactividad de la nueva norma.
Derechos consumados. Es la ley vigente en el momento en que se realizaron la que debe regir, excepto que la nueva ley quiera excluir a la anterior.
4 Grados de retroactividad:    Grado máximo. Implica que la nueva ley se aplica a todo el supuesto de hecho y sus efectos ya nacidos y consumados, de manera que la retroactividad supone la privación de los efectos ya producidos y se impone la readaptación del supuesto de hecho a la nueva situación.
Grado medio. Respeta la situación anterior, en el supuesto de hecho y efectos ya consumados. Los que estén pendientes, son los que han de regirse por la nueva ley.
Grado mínimo. Comporta que la nueva ley solo se aplica a los efectos que nazcan a partir de su entrada en vigor.
Regla general: Irretroactividad.
Las disposiciones que no son retroactivas son las desfavorables.
2.4 La transitoriedad Fijación y resolución de los conflictos que pueden derivarse de la existencia de dos leyes, se arbitra mediante unas determinadas y concretas normas: las disposiciones transitorias que se contienen en las leyes, generalmente en su parte final y bajo tal nombre. Éstas se diferencian de las que se dirigen a resolver los conflictos de derecho inter temporal y remiten a una regulación u otra, y las de carácter material (normas de transición) mediante las que se regula de una manera concreta la liquidación de la situación anterior.
Cada nueva ley es la que ha de contener las reglas de derecho transitorio relativas a la materia objeto de regulación.
A falta de disposiciones transitorias, en la legislación catalana civil vigente, el criterio más general es el que dicta la disposición transitoria 9ª CDCC.
Se ha de acudir a los principios generales del derecho catalán, ya que proporcionan el criterio a seguir para resolver las cuestiones relativas a las situaciones de transitoriedad.
3. La eficacia de las normas. Art. 9.1/10.1 CE La norma jurídica contiene un mandato, regla de conducta, mediante la que se regula un supuesto de hecho al que se liga un efecto jurídico determinado.
 Deber de cumplimiento. La realización, la puesta en práctica de la regla contenida en ella.
5  En las consecuencias que se vinculan a la lesión (falta de cumplimiento) de la norma (eficacia sancionadora).
La aplicación, se predica respecto de la persona que debe poner la norma en funcionamiento, el cumplimiento se refiere a la comunidad (los sujetos) de un determinado ordenamiento jurídico.
Art. 6 CC se refiere a la eficacia.
Las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas son competencia exclusiva del Estado, por lo que el Parlamento catalán carece de competencias en esta materia en la que rigen las normas estatales.
Art. 9-1 CE “Els ciutadans i els poders públics estan subjectes a la Constitució i a la resta de l’ ordenament jurídic”.
Art. 10.1 CE “ El respecte a al llei i el respecte als altres són fonament de l’ ordre polític i de la pau social”.
Eficacia: Resultat. Aplicació quan s’ acaba la Vacatio Legis, serà válid però no eficaç; però no potser eficaç i no vàlida.
3.1 La sujeción al ordenamiento y a la ley La eficacia general de la norma jurídica es provocar la vinculación de los destinatarios al mandato que se contiene en la misma, y legitimar la actuación dirigida a imponer la norma coactivamente.
De la vinculación se sigue el deber de acatar, guardar y respetar la ley, y la fuerza obligatoria de la norma: la necesidad jurídica de actuar o abstenerse.
Esta eficacia general deriva de una situación previa: la sujeción a la Constitución como norma jurídica y al resto del ordenamiento jurídico de los ciudadanos y de los poderes públicos (art. 91. CE) y el respeto a la ley y a los derechos de los demás que se erigen en fundamento del orden político y de la paz social.
3.2 La ignorancia de la ley.
La ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. ART. 6.1 CC.
Ignorancia: Ausencia de conocimiento de una norma.
Todos los ciudadanos deberían conocer las normas,pero, en el plano de la legalidad vigente no existe tal deber; únicamente quienes tienen asignada la función de aplicación de las normas (jueces y tribunales) tienen tal obligación y sólo con relación a la ley. IURIA NOVIT CURIA.
6 La aplicación de la norma se funda en un criterio objetivo, no subjetivo; en la fuerzaeficacia de su efectividad, y no en el conocimiento que se tiene de la misma.
3.3 El error de derecho Párrafo 2 del apartado 1 art. 6 CC que “El error de derecho producirá únicamente los efectos que las leyes determinen”.
El error de derecho se diferencia claramente de la ignorancia de la norma. Se distingue de la ignorancia en que éste se parte del conocimiento (equivocado o falso) de una norma, lo que no se da en aquella y en que, por lo tanto, se refiere al contenido, interpretación o aplicación al caso concreto.
El error de derecho se describe ya como el desconocimiento o la falsa representación del contenido de una norma jurídica.
A éste se contrapone el error de hecho que es que recae sobre las circunstancias de hecho del acto jurídico (personas, cosas, hechos) en concreto.
El error de derecho es compatible con la regla de inexcusabilidad de la ignorancia de la ley porque no pone en cuestión el cumplimiento de la misma sino que afecta a la situación jurídica en la que deba entrar en juego. El error de derecho, no elimina la aplicación de la norma pero sí tienen el efecto de aminorar o eliminar la eficacia (reglas) de la mismo.
Para que el error de derecho sea tomado en consideración se requiere: a) Que exista una norma que lo permita. En general, tanto la doctrina de los autores como la jurisprudencia admite que en todos los casos en los que las normas hablan de error, sin distinguir, ha de incluirse el de derecho.
b) Esencialidad. El error ha dado motivo principalmente o ha sido la causa principal de la realización del acto jurídico.
c) Excusabilidad. El error es inexcusable cuando la persona que lo padeció pudo haber evitado incurrir en él utilizando la diligencia adecuada al caso y no lo hizo. Es excusable cuando, de las circunstancias se sigue, de acuerdo con criterios de racionabilidad, que cualquiera pudo incidir en él, sin culpa.
3.4 La exclusión voluntaria de la ley.
La norma jurídica debe aplicarse y ha de ser cumplida, no obstante, puede evitarse en determinados casos. ART. 6.2. CC, admite, en general la exclusión voluntaria de la ley aplicable al caso concreto, juntamente a la renuncia de los hechos que se contienen en la misma y exige los mismos requisitos en ambos casos.
7 Normativa civil catalana determina el art. 111- 6 CCCat, bajo la denominación libertad civil, un principio arraigado en nuestro ordenamiento: la admisión de que se pueda excluir voluntariamente, renunciar o pactar en contra de las disposiciones del Código civil de Cataluña y de las demás leyes civiles catalanas, salvo aquellas en que se establezca su naturaleza imperativa expresamente o ésta se deduzca necesariamente de su contenido.
La exclusión de la ley en los dos preceptos indicados es voluntaria, esto implica, de una parte que se vincula a un acto que deriva de la autonomía privada de las personas (libertad civil), de manera que si no se produce la exclusión de la norma, ésta será aplicada a la situación o relación jurídica para la que esté prevista.
Excluida la aplicación de una norma procederá la aplicación, al supuesto concreto, de la regulación que haya previsto la autonomía privada, la de la norma aplicable será sustituida por ésta, excepto que se haya limitado a vetar un precepto concreto. Un elemental principio sugiere que toda exclusión haya de ir acompañada del régimen correspondiente, si no es así, no es eficaz, no se logra excluir.
La exclusión no se puede oponer a tercero que resulte perjudicado.
Interés u orden público como límite a la eficacia de la exclusión de la ley.
4. La eficacia sancionadora Eficacia sancionadora: Se hace alusión a la manera y los medios de reacción que el ordenamiento jurídico prevé frente al incumplimiento o lesión de la norma jurídica, para procurar el restablecimiento del orden que se ha alterado.
La sanción, que se traduce en un determinado régimen jurídico, depende del tipo supuesto de hecho concreto y de la materia jurídica, de manera que en cada ámbito la normativa propia contiene también las previsiones relativas al tipo de sanción, lo que implica que se haya de estudiar en cada una de las materias concretas.
La eficacia sancionadora de carácter general se contiene el ART. 6 CC en el que se regula la nulidad de los actos de contra versión y el fraude a la ley.
4.1 La nulidad Art 6.3 CC los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ello se establezca un efecto distinto para el caso de contravención.
8 La nulidad es la institución jurídica que priva de eficacia jurídica a los actos jurídicos; es decir, que provoca que se desconozcan y no sean consideradas las consecuencias que se derivarían de los actos realizados, pese a que existan en la realidad social.
Un acto ineficaz implica que el ordenamiento jurídico no lo toma en consideración, desconoce, no reconoce la finalidad que se persigue en él y no admite el supuesto de hecho del que dimana (quod nullum est nullum efectum producit) Para que se produzca la sanción prevista en este art. 6.3 CC han de concurrir una serie de datos: 1. Ha de tratarse de acto o actos humanos. Solo los actos jurídicos son aptos para cumplir o incumplir un mandato normativo. Basta el acto humano voluntario.
2. El acto ha de ser contrario de la norma imperativa o prohibitiva, es el acto contra la ley (contra legem) La norma imperativa es aquella cuyo contenido no puede eludirse por ser de aplicación necesaria y obligada. El concepto de norma prohibitiva alude a la norma imperativa.
Se requiere que la contravención de la norma sea radical, grave, no es suficiente la mera disconformidad o disparidad.
La nulidad que se prevé en la forma es radical, absoluta, originaria, el acto jurídico nace ya nulo, es automática se declara de oficio, no puede sanarse y la acción no prescribe. La jurisprudencia en ocasiones ha matizado la rigurosidad de la misma, ya decantándose por la nulidad parcial (que no abarca a la totalidad del acto), ya entendiendo que se trata de una nulidad relativa o anulabilidad.
4.2 El fraude de ley Art. 6.4 CC. Es la vulneración de la ley que se produce de manera oblicua y tiene lugar mediante la realización de uno o varios actos que producen un resultado contrario a la norma jurídica por haberse amparado en otra norma dictada con distinta finalidad.
Mediante el fraude se pretende obtener un resultado jurídico que, aplicando la regla que corresponde, no puede alcanzarse.
Presupone de una parte voluntariedad y el juego, por lo menos de dos normas jurídicas: la que se defrauda (defraudada) y la norma que se utiliza como cobertura.
Requisitos que permiten apreciar que existe fraude de ley: 1. La realización efectiva de uno o más actos jurídicos (voluntarios) que han de ser válidos y lícitos.
2. La consecución de un resultado prohibido por el ordenamiento.
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