TEMA 5 (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención - 2º curso
Asignatura Derecho Penal
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 13/03/2016
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Derecho Penal TEMA 5. CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN (IV) 1. Cumplimiento de un deber 1.1 Fundamento de la eximente Desde el punto de vista sistemático es incongruente que un deber jurídico o un derecho impuesto expresamente por el derecho "no penal" esté prohibido por el derecho penal.
La función de última ratio del derecho penal deriva aquí en un acto de volver la vista hacia el Ordenamiento Jurídico en su conjunto antes de valorar si determinado comportamiento debe considerarse prohibido. Así, si un hecho es permitido u obligado por el Derecho civil su prohibición penal sería contraria a derecho. Por lo contrario, si algo no está prohibido penalmente ello no quiere decir que este comportamiento esté permitido en líneas generales por todo el OJ.
Artículo 20.7 CP: "Están exentos de responsabilidad criminal: 7. El que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo." El comportamiento solo estará justificado en una norma "no penal" cuando se mantenga la vigencia de dicha norma frente a una determinada prohibición penal. En este sentido, el artículo 20.7 CP plantea un conflicto de leyes que se resuelve a favor de la norma no penal: el hecho, en consecuencia, se considera permitido.
Si la prohibición penal deroga el deber o derecho no penal éste desaparece en favor de la vigencia de la norma penal. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando se introducen tipos penales posteriores a los deberes o derechos permitidos por normas no penales promulgadas anteriormente.
1.2 Cumplimiento de un deber Deber específico de lesionar un bien jurídico potencialmente o concretamente vulnerado. Se distingue de la colisión de deberes que en estos casos el deber que se cumple para lesionar otro no consiste en sí mismo en lesionar un bien jurídico.
Cumplimiento de un deber Si un agente de policía detiene a un sujeto, su conducta está justificada conforme a lo que establece el artículo 20.7 CP: actúa cumpliendo un deber que específicamente le obliga a practicar la detención de personas.
Colisión de deberes Si ‐ con el objeto de detener a unos delincuentes que huyen en un coche a gran velocidad ‐ un agente de policía conduce temerariamente su coche y en consecuencia, pone en peligro bienes jurídicos ajenos, el delito de conducción temeraria quedará excluido en virtud de que opera en colisión de deberes contenida en el artículo 20.5 CP (estado de necesidad).
1 Derecho Penal Los deberes específicos de cumplimiento se derivan en líneas generales de la ocupación de cargos en la funición pública: fuerzas de seguridad, tribunaes, funcionarios de prisiones, etc. en consecuencia, fundamentalmente NO estarían incluidos: ‐ Deber de informar de los testigos en juicio o el deber de denunciar delitos: sirven para justificar imputaciones injuriosas.
‐ Deber de guardar secreto de abogados y procuradores: el contenido específico de este deber no es la lesión de bienes jurídico penales sino que tiene metas lícitas.
Particularidades de los deberes jurídicos derivados de un cargo público En determinados supuestos, el derecho impone a personas que ejercen cargos públicos cumplir deberes que implicar coaccionar a los ciudadanos con el objeto de hacer cumplir normas jurídicas. Estas facultades están por lo general, expresamente previstas en la ley y deben ejecutarse conforme a un procedimiento también expresamente previsto en la norma.
Las formas coactivas de hacer cumplir la ley por parte de quienes ejercen ciertas funciones públicas está por lo general claramente delimitada en las normas jurídicas, no obstante, en ciertos supuestos que obligadamente exigen la imprecisión, las normas jurídicas establecen criterios generales de cumplimiento. Se establecen las siguientes condiciones o presupuestos: ‐ Condición efectiva de funcionario: el agente debe haber sido nombrado como tal conforme a la normativa vigente y debe además estar ejerciendo sus funciones cuando tenga que hacer uso de la fuerza.
‐ Que exista desde el punto de vista objetivo necesidad del uso de la fuerza: necesidad abstracta (la fuerza debe ser exigible para alcanzar el cometido encomendado) necesidad concreta (debe atenerse en clase y cantidad a lo estrictamente requerido).
‐ Proporcionalidad de la fuerza usada a la gravedad del caso ‐ En casos de errónea suposición por parte del funcionario que le motivan erróneamente a hacer uso de la fuerza rigen las reglas generales previstas en el artículo 14.1 CP (error del tipo).
‐ Se puede apreciar la eximente tanto en el caso de tipos dolosos como imprudentes.
2 Derecho Penal 1.3 Ejercicio de un derecho Pueden lesionarse bienes jurídicos por medio de conductas que son conformes a derechos derivados o no del ejercicio de un oficio o cargo.
‐ Derechos que NO derivan del ejercicio de oficios o cargos *Vías de hecho: el valimiento de un derecho fueraa de los cauces legalmente establecidos. En líneas generales la realización de un derecho fuera de la legalidad es impune, siempre y cuando no concurra la violencia, intimidación o fuerza en las cosas. Así por ejemplo, el llamado derecho de retención, permite al acreedor quedarse con la cosa del deudor que tiene en posesión hasta que le sea satisfecho el crédito relacionado con la cosa retenida.
*Derecho de corrección: se permite la corrección moderada por parte de los padres de hijos o pupilos que se encuentren bajo su patria potestad o tutela. Artículo 153.2 CP: "Los padres podrán (...) también corregir razonable y moderadamente a los hijos." En todo caso, para que opere la eximente debe echarse mano de una interpretación restrictiva de la definición legal del maltrato, habría que considerar adecuado para las correcciones y distinguirlos de los castigos de mayor gravedad.
*La práctica deportiva: implica en ocasiones la posibilidad de apreciar conductas típicas que necesariamente han de estar justificadas siempre que se respeten las reglas del deporte o juego que se practica. Además, debe tenerse en cuenta el consentimiento de los que intervienen en esta actividad: sin consentimiento no puede hablarse de justificación.
‐ Derechos que derivan del ejercicio de oficios o cargos Se suele incluir aquí el derecho de los abogados a la confidencialidad de las informaciones proporcionadas por sus clientes y a realizar imputaciones injuriosas sobre otras personas en el ejercicio de la defensa de sus clientes. También es objeto de particular atención el ejercicio profesional de la medicina: particular referencia al tratamiento médico‐quirúrgico "prescripciones procedentes de una persona autorizada para efectuarlas (médico) o de acciones realizadas directamente por dicha persona sobre otra (paciente) con finalidad paliativa o curativa, que pueden afectar a la salud de esta última." El tratamiento médico puede subsumirse en el tipo penal de lesiones y tanto la doctrina como la jurisprudencia hacen uso de la eximente contenida en el artículo 20.7 CP para justificar estas conductas.
No obstante cabe hacer las siguientes precisiones: ‐ Si desde el punto de vista objetivo el tratamiento médico no menoscaba la salud del paciente y la mejora, no cabe hablar de tipicidad respecto del tipo de lesiones.
‐ Si la intervención médica es realizada conforma a la lex artis pero tiene un resultado fallido, la conducta será atípica respecto del delito de lesiones.
Es fundamental el CONSENTIMIENTO del paciente para que el tratamiento médico‐quirúrgico sea conforme a derecho.
3 Derecho Penal 2. La obediencia debida 2.1 Introducción El CP derogado establecía la exención de responsabilidad penal al que obrase "en virtud de obediencia debida". En la actualidad esta disposición ha sido suprimida. No obstante, el ordenamiento jurídico español permite la obediencia a determinadas órdenes antijurídicas con base en la eximente del cumplimiento de un deber.
Artículo 410 CP: castiga la desobediencia de órdenes que no sean la "... infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de Ley o de cualquier otra disposición general." En consecuenncia, existe un deber de obediencia de órdenes antijurídicas pero asimismo, no toda orden antijurídica debe ser obedecida.
2.2 Requisitos ‐ Formales * Relación de jerarquía y consecuente subordinación del obligado a cumplir la orden. Fuerzas armadas, funcionarios públicos, etc. No cabe apreciar la eximente en ámbitos domésticos, laborales, familiares, etc. Se trata de un deber jurídicamente establecido, órdenes con apariencia de legalidad. No hay precepto que obliga, por ejemplo, a un trabajador.
* Competencia abstracta del superior jerárquico para dictar la orden antijurídica. No existe competencia concreta para dictar órdenes antijurídicas, existe por lo contrario, competencia abstracta: la orden dictada debe estar dentro del ámbito de las normalmente dictadas por dicho funcionario.
* Competencia abstracta del subordinado para cumplir la orden.
* Orden expresamente dictada y revestida de las formalidades legales correspondientes.
‐ Materiales Conforme a la teoría de la apariecia la orden no debe ser manifiestamente antijurídica, debe ser por el contrario, aparentemente legal. El criterio de apariencia de legalidad debe medirse conforme a criterios de imputación objetiva: la de un hombre medio en un momento ex ante y con los conocimietos especiales del subordinado que debe obedecer la orden.
2.3 Fundamento y naturaleza dogmática ‐ Fundamento: necesidad de funcionamiento de la administración pública, se exige una organización jerárquica que no debe paralizarse por dudas permanentes de los funcionarios que cada vez que reciben una orden deberían detenerse a considerar si la orden es o no antijurídica. Solo opera la eximente en caso excepcional de manifiesta ilegalidad que no dé lugar a estudios profundizados o reflexiones concienzudas, sino motivos suficientes y fácilmente reconocibles de ilegalidad.
4 Derecho Penal ‐ Naturaleza dogmática: la imposición de un deber jurídico en tanto norma permisiva es el fundamento de esta entre otras causas de justificación. Las necesidades de funcionamiento de la administración obligan a justificar o permitir la lesión de bienes jurídicos a través del ejercicio de deberes de obediencia. Se realiza una conducta típica que no es antijurídica.
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