Organización Territorial del Estado, TEMA 6 (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Organizació Territorial del Estado - Constitucional 2
Año del apunte 2014
Páginas 12
Fecha de subida 22/10/2014
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TEMA 6 – Los conflictos entre el Estado y las CCAA 1.Los conflictos territoriales La división vertical del poder supone conflictos en el ejercicio de ese poder estatal. En sentido amplio se habla de “conflictos territoriales”, “controversias federales” o “diferencias de opinión” haciendo referencia a los conflictos que nacen cuando existe una relación jurídico-constitucional basada en un entramado de derechos y obligaciones recíprocos de las partes y éstos se contraponen.
Hay 3 vías de resolución de conflictos: negocial, jurisdiccional, coactiva ! la elección depende de la mayor o menor influencia que los entes territoriales descentralizados tienen e la formación de la voluntad política y jurídica del estado: cuanto mayor es su peso se usa vía negocial; cuando menor es su incidencia, la jurisdiccional.
La CE se ha inclinado más por la vía jurisdiccional.
2. La vía negocial Es una vía de hecho que utilizan el Estado y las CCAA para dirimir directamente y de forma extrajudicial sus conflictos territoriales (especialmente competenciales). Las negociaciones se llevan a cabo en • Sede administrativa, mediante la negociación directa de los departamentos afectados • Sede parlamentaria • Creación de órganos de representación de los respectivos (ej.comisiones bilaterales).
Esta vía negocial desemboca en ciertos acuerdos, convenios u otros instrumentos de colaboración que evitan y resuelven controversias territoriales.
La LOTC prevé dos mecanismos de negociación antes de que pueda abrirse la vía jurisdiccional: • El requerimiento • Periodo negociado (introducido por la Ley 1/2000 de reforma de la LOTC): se amplía hasta 9 meses el RI.
Pero la no obligatoriedad de esta vía, da lugar a que muchas controversias se solucionen por la vía jurisdiccional.
3.La vía jurisdiccional Tiene doble vertiente ya que tanto el TC como la jurisdicción contencioso-administrativa son competentes para conocer las controversias territoriales. Se distinguen por el hecho que al TC l corresponde la resolución de conflictos competenciales y a la jurisdicción contenciosoadministrativa le corresponde la resolución de otro tipo de conflictos territoriales.
3.1 La delimitación entre la jurisdicción contenciosa y la jurisdicción constitucional en la resolución de los conflictos territoriales.
Tribunal Constitucional: control relativo a la constitucionalidad de las normas con rango de ley de las CCAA (art.153 CE) + conocer conflictos de competencias (art.160.c CE) Jurisdicción contencioso-administrativa: controlar la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa (Art.160.1).
Pero surgen problemas cuando un sector de la doctrina defiende la tesis de la alternancia = el Estado y las CCAA puede elegir entre la jurisdicción constitucional o la contenciosa en algunos supuestos (art.106.1CE y art.153.c CE). a la tesis de la alternancia se ha contrapuesto la tesis de la exclusividad = la CE reserva a la jurisdicción constitucional la resolución de conflictos competenciales.
La realidad se ha inclinado por la tesis de la alternancia aunque nuestro sistema de justicia constitucional no permite la difusión jurisdiccional para dirimir controversias competenciales. Por ello, la sede teórica defiende la tesis de exclusividad.
Para intentar resolverlo, algún autor ha matizado que mientras el TC tiene exclusividad referida a la declaración de titularidad de competencias, los tribunales contenciosos se limitan a la declaración de nulidad de la norma que contraviene el orden constitucional de distribución de competencias. Además se ha realizado un análisis desde el punto de vista objetivo y subjetivo: • • Cuando por razón de sujetos, el conflicto puede darse entre Estado.vs.CA o CA.vs.CA Cuando por razón objetiva, los conflictos versan sobre el contenido, la interpretación, la aplicación o la ejecución de una disposición relativa al reparto competencial Cuando concurren estos dos requisitos, se encarga el TC. En cambio, la jurisdicción contenciosa está reservada a aquellos supuestos en los que falte uno de los sujetos legitimados en el conflicto de competencias o que aun estando presentes, su pretensión no sea la resolución de un conflicto como anteriormente se ha indicado.
El estado no puede ejercer controles de oportunidad política sobre la actuación normativa y ejecutiva de las CCAA El estado tiene una posición preferente que se manifiesta en las diversas opciones que tiene procesalmente.
No se proclama un principio de lealtad ni de colaboración. El de colaboración aparece en el ord.jco estatl a principios de los 90. El ord.jco español no se ha dotado de mecanismos de colaboración de carácter estables. Existía alguno pero su generalización se lleva a cabo a partir de los 90.
3.2 La resolución del conflicto de competencias entre el Estado y la CCAA Hay dos tipos de conflictos ante el TC: 1. Conflicto de competencias= controversias políticas con relación en el ejercicio de competencias. ¿Cómo lo resuelve el TC? A través de un procedimiento que se llama conflicto de competencia " cuando no hay acuerdo político entre las partes, es cuando debe acudirse a un órgano imparcial. El TC no actúa de oficio y por tanto, hay una série de vías para acceder y plantearle el conflicto. Estas vías deben ser activadas por sujetos u órganos con legitimación para activarlo.
El sistema de reparto de competencias conlleva un alto grado de conflictividad, que no puede resolverse mediante el diálogo porque no existen órganos que canalicen este diálogo entre las instancias autonómicas y central. Como no existen estos mecanismos para resolver las controversias, es por esta razón que el TC ha sido utilizado como un árbitro y también se han utilizado los procedimientos de acceso al TC para introducir alguna fase pre-contenciosa de conciliación.
Se encuentra regulado en el Título IV Cap. II LOTC (art. 60 al 72: importantísimo leerse estos artículos para la última práctica).
Se entiende por conflicto de competencias el recurso que tiene como finalidad resolver la discrepancia entre dos instancias de poder como consecuencia de una interpretación divergente sobre el ejercicio de una competencia. Es decir, que la CCAA o el Estado entienden que el ejercicio de una competencia por parte del otro ente, vulnera su ámbito competencial.
Introducción: Hay dos tipos de recursos/de conflictos de competencia, el positivo y negativo: ¿Cuándo se activan estos dos conflictos? Cuando el origen de la controversia se sitúa o bien, en una norma sin rango de ley (ej.reglamentos), o en una actuación de un poder público autonómico o estatal! una actuación normativa o una actuación ejecutiva. Pero cuando es una ley la que origina el conflicto, para llevarla al TC es necesario que la norma no tenga la consideración de una ley, es decir no puede ser ni una norma del parlamento ni del gobierno con rango de ley. Son normas de rango infralegal las que se pueden llevar al TC.
¿Qué pasa cuando las discrepancias competenciales son hechas por una ley o un acto con rango de ley? La CE no lo preveía, pero no quiere decir que se quedara sin posibilidad de acudir al TC. Y se entendía que se utilizaría el mecanismo del recurso de inconstitucionalidad para resolver los conflictos de competencias que tuvieran su origen en una ley (el objeto son pues leyes o normas con rango de ley del Estado o de las CCAA).
• Conflicto Positivo de competencias: Ambas instancias territoriales reclaman para sí el ejercicio de la competencia, considerando que la otra instancia ha invadido sus competencias.
o Órganos legitimados: (art. 60 LOTC) el gobierno estatal o autonómico o el órgano ejecutivo superior de una CCAA consideran que una disposición, resolución o acto de uno de los órganos no respeta el orden de competencia establecido en la CE, EA o en las respectivas leyes orgánicas con contenido competencial (leyes de transferencia o de delegación prevista en el art.150 CE).
Aquí NO entran los Parlamentos, ni los defensores del pueblo… Es decir, el Parlamento puede instar al gobierno a presentarlos, pero la legitimidad sólo la tienen los órganos ejecutivos. por ser normas infralegales.
El conflicto puede darse entre CA y estado o Estado y CA o entre CA y Ca o Objeto del conflicto: Acto susceptible de impugnación Que este acto incurra en un vicio competencial por infraccion de las normas delimitadoras de comptencias.
# Según el art.61 LOTC ! “las disposiciones, resoluciones y actos emanados de los órganos del Estado o de los órganos de la CCAA” = se admite como objeto del conflicto cualquier norma de rango infralegal (ej.: reglamentos, decretos, comunicaciones, resoluciones, órdenes ministeriales, instrucciones circulares…), actos administrativos concretos o incluso actuaciones jurídicas sin contenido decisorio. Ej: actos de trámite, circulares, instrucciones, comunicaciones, etc.
o Requisitos: # No puede imponerse una norma de rango legal ya que pertenece al recurso de inconstitucionalidad.
# Ha de ser una vulneración del orden competencial (=infracción de las normas delimitadoras de competencias =vindicatio potestatis/reivindicación competencial), porque si el reglamento o la norma es contraria a la CE por vulnerar el interés general o un derecho fundamental el procedimiento será otro (jurisdicción contenciosoadministrativa, que es la que se encarga de vigilar la constitucionalidad y legalidad de los reglamentos). Por tanto, no pueden ser conflictos originados por una vía de hecho, es decir, aquellos supuestos en los que no se ha producido un acto concreto de ejercicio competencial. Y tampoco las omisiones y las normas con fuerza de ley. Resumiendo, si el reglamento tiene problemas de competencias: TC; si el reglamento tiene problemas de legalidad o constitucionalidad: jurisdicción contencioso-administrativa.
# La vindicatio potestatis ha sido interpretada de manera extensiva por el TConstitucional: no resulta indispensable que el ente que los plantea reclame para sí la competencia ejercida por el otro, sino que es suficiente que el reclamante entienda que una disposición no respeta el orden de competencias establecido. En consecuencia, puede darse conflictos administrativos o aquéllos en que no se ha dado la lesión aún, es decir un conflicto virtual o preventivo.
# El TC ha aceptado que la vulneración del orden competencial sea, bien porque vulnera una competencia de la CCAA o porque vulnera en general todo el orden competencial. Es decir, por ejemplo, Cataluña puede impugnar una norma de rango infralegal de Galicia ante el TC, porque entiende que vulnera el orden competencial, porque afecta su ámbito competencial reconocido, o porque afecta en general la distribución competencial.
o Tramitación: está formado por dos fases: # Requerimiento de incompetencia: El plazo para interponerlo es de 2 meses desde la publicación de la norma en el BOE o en el boletín de la # # CCAA. Las leyes autonómicas también se publican en el BOE, los reglamentos NO.
# Formalización y tramitación del conflicto ante el TConstitucional.
Se debe diferenciar si quien inicia el conflicto es: # El gobierno estatal.VS.CCAA: el Estado tiene 3 posibilidades: • En el plazo de 2 meses (desde que tiene conocimiento de la actuación/disposición normativa de la CCAA), puede plantear directamente el conflicto ante el TC.
• En el plazo de 2 meses (desde que tiene conocimiento de la actuación/disposición normativa de la CCAA) puede realizar un requerimiento1 a la CCAA (es potestativo) donde le señale que disposición/acto considera que no respeta su esfera competencial y pro tanto que anule ese acto/disposición. El ente requerido tiene el plazo de 1 mes para responder. Este puede responder que anula el acto o que no lo anula, o simplemente no lo responde. En el caso que no lo anule, el ente que lo solicito tiene 1 mes para presentar el recurso o puede invocar el art.161.2 de la CE (entonces, los dos meses anteriores se convierten para la CCAA en 4 meses). Si no responde, se entiende que pasado 1 mes el ente que lo solicito también puede interponer el recurso de competencia ante el TC o puede invocar el art.161.2 de la CE. El requerimiento supone como una oportunidad/negociación para la otra parte, para que no lo lleven al TC.
Cuando hace el requerimiento, ya amenaza la CCAA que puede ir por el art.161.2 # CCAA.Vs.gobierno estatal o CCAA.VS.CCAA • En el plazo de 2 meses (desde que tiene conocimiento de la actuación/disposición normativa del Estado o de la otra CCAA), debe plantear un requerimiento a la otra parte (es obligatorio).
El requerimiento supone como una oportunidad/negociación para la otra parte, para que no lo lleven al TC.
No es la misma fuerza que tiene el estado ya que el estado puede plantear el art.161.2 y en cambio las CCAA no.
• En el plazo de 1 mes (si no responde o no lo anula , igual que el Estado) puede plantear el conflicto ante el TC. El mero planteamiento del conflicto no suspende la vigencia/eficacia del acto impugnado. Pero igualmente, la CCAA puede solicitar la suspensión ! en estos casos, por causa determinadas, la Lorg dice que el TC decide libremente.
                                                                                                                        1  Requerimiento  tanto  por  el  Estado  como  para  la  CCAA  es  el  acto  de paralizar el acto. Es lo que se denomina requerimiento por incompetencia (art. 62 y 63 LOTC).   Cuando se presenta el recurso ante el TC puede ocurrir: • • Suspensión automática si quien lo plantea es el Estado y alega el art. 161.2 CE, el auto de admisión del recurso por el TC implica la suspensión automática de la norma.
Si el Estado no alega el art. 161.2 CE, el TC simplemente admite el recurso, pero NO suspende la norma.
Art. 161.2 CE “La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”.
Suspensión potestativa del Tribunal, si quien lo plantea es la CCAA y se invocan perjuicios de imposible reparación (art.64.3LOTC). Es decir, debe alegar la suspensión entendiendo que hay perjuicios irreparables en caso de no suspenderse. Y el TC decidirá si suspende o no la norma en un plazo no superior a 5 meses.
o Efectos de la sentencia: según el art. 66 LOTC la sentencia debe declara la titularidad de la competencia, y en caso de no adecuarse la norma al sistema de distribución competencial, declarará que ha habido una invasión competencial y su nulidad. Aquí lo importante, es saber quién tiene la titularidad de la competencia. Si la titularidad le corresponde al estado, anula la disposición o acto de la CA. Si la titularidad es del estado, anula la disposición del Estado. El efecto es entre las partes La sentencia también puede declarar que la norma o el acto es conforme con el sistema de distribución competencial.
Como se ha dicho es potestativo que en la sentencia se diga la titularidad. Así mismo, es facultativo que se declare la nulidad y también se puede declarar no la nulidad, sino la inaplicabilidad territorial. La inaplicación territorial puede tener variantes: inaplicación directa pero no supletoria, inaplicación directa y supletoria.
También las medidas de restablecimiento del daño son facultativas.
Por lo tanto, el TConstitucional puede omitir algunos contenidos del art.66 LOTC y además la práctica ha llevado a incluir en las sentencias contenidos no previstos por esta ley, por ejemplo las “sentencias interpretativas” = el TC declara la validez de dicha norma siempre y cuando no se interprete de una determinada forma.
Por último, el art.61.3 LOTC, establece que el fallo del TC debe vincular a todos los poderes públicos y tiene pleno efectos ante todos. Las sentencias por tanto, vinculan a todos los poderes públicos (erga omnes).
• Conflicto Negativo de competencias: ambas instancias territoriales niegan el ejercicio de una competencia. Es decir, ni CCAA ni Estado atribuyen para sí la competencia.
o Órganos legitimados: los particulares o personas jurídicas (art. 68 LOTC) y el gobierno central (art. 71 LOTC).
o Objeto del conflicto: la omisión de actuaciones o disposiciones normativas (sin la consideración de una ley) del Estado o de las CCAA.
o Tramitación: la LOTC presenta dos modalidades distintas según si se inicia por parte de: # Una persona física o jurídica que advierte que la Administración del Estado y la de la CCAA se inhiben de ejercer una competencia. El art.68 LOTC, el interesado 1) Debe haber agotado todos los recursos administrativos de su vía administrativa mediante recurso ante el ministerio correspondiente para obtener de éste una determinada pretensión o acto. Y ésta debe emitir una resolución donde se considerará cuál es la administración competente; 2) Después de esto, podrá reproducir su pretensión ante el otro gobierno, ya sea de la comunidad (si se interpone el recurso por el estado) o el del estado (si se interpone el recurso por la comunidad), y en el plazo de 1 mes podrá declararse incompetente o no (deberá seguir el mismo procedimiento y agotar la vía administrativa). Y si lo denega se pueden dirigir al TC que identificará cuál es la administración competente.
# O si se inicia por parte del Gobierno central que exige una CCAA el ejercicio de sus competencias (art.71 LOTC): Le hace un requerimiento al gobierno de la CCAA y si la CA no dice nada/se declara incompetente, es cuando se plantea el conflicto negativo al TC. Y el TC declara que el requerimiento es procedente, con el establecimiento de un plazo dentro del cual cada CA debe ejercer la atribución requería, o es improcedente (art.73.3 LOTC) (desde la perspectiva constitucional del reparto de competencias). En estos casos el Gobierno no interviene en defensa de sus competencias sino en defensa del interés general, a fin de que cada territorio autónoma asuma las competencias que le son propias.
[Teniendo los dos actos, se tiene 1 mes para iniciar el conflicto negativo ante el TC].
o Efectos: La sentencia del TC declarará cual es la administración competente, pero NO la solución de la pretensión particular • Recurso de inconstitucionalidad (en adelante RI) (art. 161.1 CE y en los art. 31 al 55 LOTC) por violación del régimen competencial (no se considera como un proceso de conflictos de competencia pero si que resuelve conflictos de competencia). Es un medio de control de legalidad.
o Órganos legitimados (art.162 CE o 32 LOTC): Estado: 50 diputados o 50 senadores, el Presidente del gobierno, el Defensor del Pueblo estatal, # CCAA: Órganos colegiados ejecutivos de las CCAA (=los gobiernos de las CCAA, basta que sea el Presidente) y las Asambleas de la CCAA (Será cada asamblea autonómica quien decida el régimen o acuerdo para elevar el recurso, generalmente mayoría simple, por eso decide la CCAA). En el caso de la CCAA, impone dos condiciones no previstas en la CE: • Que la norma impugnada sea una ley del Estado ! consecuencias: o Una ley autonómica contraria a su estatuto de autonomía no puede ser impugnada por los órganos de la misma CCAA que la hayan dictado.
o Una ley autonómica que invada la esfera de competencias de otra ley autonómica de una CA ajena, no puede ser susceptible de impugnación directa.
• Que pueda afectar a su propio ámbito de autonomía, implica que hay una invasión competencial. El TC ha interpretado de manera extensiva esta condición: las CCAA pueden actuar en defensa del interés general y por tanto, reaccionar ante normas inconstitucionales aunque la norma impugnada sólo afecte al círculo de intereses propios de la CA recurrente. Así, su legitimación se extiende a todos los supuestos en que exista un punto de conexión material entre la ley contra la cual se pretende recurrir y el ámbito competencial autonómico, el cual, no puede ser interpretado restrictivamente.
o Objeto de conflicto: normas autonómicas o estatales con rango de ley, actos con rango de ley. El art. 32.2.1º LOTC: normas de rango legal del Estado (se incluyen todas las leyes que hace el Estado, menos las Leyes, decretos leyes y decretos legislativos autonómicos no podrán). Con esto se niega: # La posibilidad de que una CCAA impugne leyes contra otra CCAA # Que no se impugnen normas con rango de ley de la propia CCAA. Por tanto ESTADO.VS.CCA o CA.vs.ESTADO.
o Tramitación i particularidades del procedimiento (art. 33.2 LOTC): # *Se lleva ante el TC porque se entiende que una norma con rango ley vulnera la CE. En este caso, cuando hablamos de CCAA entendemos que la vulneración está directamente vinculada con el régimen competencial. Es decir, los EA y el art. 149 CE.
Procedimiento: # El plazo de interposición del recurso de inconstitucionalidad es de 3 meses de plazo, desde la publicación en el BOE o en el BOE de la CCAA. Pero con la ley de reforma de la LOTC 1/2000 se amplía el plazo de 3 a 9 meses (no es obligatorio) para el presidente del Gobierno y los órganos colegiados ejecutivos de las CCAA, siempre y cuando cumplen (art.33LOTC): • Se haya constituido una Comisión Bilateral de Cooperación2 entre la Administración General del Estado y la respectiva CCAA, previa solicitud de convocatoria por parte de cualquiera de las dos administraciones (ej.: el ministro de Sanidad, con el consejero de Sanidad de la CCAA).
• Que dicha comisión llegue a un acuerdo sobre el inicio en las negociaciones, para resolver las discrepancias, pudiéndose instar a la modificación del texto normativo. Este acuerdo puede referirse a la invocación o no de la suspensión ed la norma, en caso de que el recurso se presente dentro del plazo mencionado.
• Que los órganos antes mencionados hayan puesto en conocimiento del TC el acuerdo, en un plazo de 3 meses desde la publicación de la norma en el BOE o en el Boletín Oficial de la CCAA.
• Una vez comunicado el TC amplía el plazo a 6 meses para desarrollar su negociación Se hace esta reforma, porque llegaban demasiados RI al TC, los cuales se podían solucionar mediante una vía negocial, es decir, resolverse vía acuerdo y evitar el RI.
El auto de admisión del RI decidirá también sobre la suspensión de la norma, que será automática si se ha impugnado por parte del Estado por el art. 161.2 CE, o potestativa si es igual que el conflicto de competencias o Efectos: # La interposición del RI NO suspende la vigencia ni la aplicación de la ley impugnada, exceptuando el caso en que el Gobierno de Estado amparándose en lo dispuesto en el art. 161.2 CE (y el art. 30 LOTC) solicite la suspensión automática.
# La sentencia del TC declarará la norma conforme o no al sistema de distribución de competencias. Y tiene los mismos efectos que los conflictos de competencia (nulidad…). También puede presentar ciertas peculiaridades como la declaración de inaplicabilidad en vez de declaración de la nulidad.
# Las sentencias tienen valor de cosa juzgada = vinculan a todos los poderes públicos y tienen efectos generales desde la fecha de su publicación en el BOE (art.38.1 LOTC).
                                                                                                                        2  Es  un  órgano  de  composición  paritaria  entre  representantes  de  la  administración  general  del  Estado  y   representantes  de  la  administración  autonómica  que  decide  sobre  la  controversia  competencial.  Sino   funciona  se  puede  plantear  el  recurso.   o Cambios: El TC negó la legitimación de las CCAA para elevar RI que no tuvieran como objeto la invasión competencial. En la STC 84/82 el TC cambia su doctrina y señala que las CCAA también pueden actuar en la defensa del interés general y crear un punto de conexión: quiere decir que se puede interponer un RI por motivos materiales. La teoría dice que la legitimación se extiende a todos aquellos supuestos en donde exista un punto de conexión material entre la ley estatal y el ámbito competencial autonómico.
En la STC 48/2003 hallamos un RI contra la ley de partidos políticos, que es impugnada por el País Vasco y que el TC dice que la LO de partidos 6/2002 se rige en el marco normativo de la CCAA. Esto demuestra que el TC ha sido muy laxo interpretando el punto de conexión.
La impugnación del art. 161.2 CE Este artículo de la CE NO dice muy bien cómo y para qué funciona, ya que tenemos el RI y el conflicto de competencias. Así el nuevo procedimiento declara que el Gobierno podrá impugnar ante el TConstitucional disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las CCAA, de rango infralegal que se consideren contrarios a la CE pero por motivos distintos al reparto competencial (ni reclamación de la titularidad, ni disputas competenciales, ni imputación a otro ente para el ejercicio de una competencia). Se basa en la imputación por no adecuarse una norma sin rango de ley a la CE. Así lo ha declarado la STC 54/1982.
La tramitación es idéntica a la del conflicto positivo de competencias, per sólo el Estado puede plantearlas, por medio del Gobierno, y no pueden plantearlas las CCAA.
La formulación de la impugnación produce un efecto automático, la suspensión de la eficacia/vigencia de la disposición recurrida (durante 5 meses), hasta que el TC resuelva ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 5 meses, salvo que con anterioridad se hubiese dictado sentencia.
4. La ejecución forzosa o vía coactiva (art. 155 CE) Es la recepción por parte del sistema constitucional autonómico de una institución propia del derecho federal. Consiste en la acción coactiva y armada de la federación sobre los estados miembros para obligarlos a cumplir la constitución y las leyes federales. Es pues, un mecanismo de defensa constitucional excepcional NO aplicable a cualquier diferencia de opinión por las partes.
Procedimiento: 1. Una CCAA no cumple las obligaciones que la CE u otras leyes le impongan o actúa de forma que atenta gravemente el interés general de España 2. El Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la CCAA, y en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del interés general.
3. Para la ejecución de las medidas anteriores, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las CCAA Pero antes de usar esta vía coactiva, hay unas excepciones: a. Se debe agotar el sistema constitucional de controles ordinarios antes de aplicarla vía coactiva b. Se debe hacer una interpretación restrictiva de los presupuestos materiales es decir: a. Del significado del incumplimiento de las obligaciones que la CE u otras leyes establecen = debe tratarse del incumplimiento de verdaderos deberos jurídicos, incluso derivados de principios constitucionales como la unidad, autonomía, solidaridad, lealtad, o derivados de leyes con fuerza de ley estatales, autonómicas, internacionales o comunitarias.
b. I también se debe interpretar que una actuación sea grave contra el interés general de España = este caso es difícilmente justificable su producción desde una perspectiva jurídica. Es por ello que se ha interpretado que no es posible una actuación que atente gravemente contra el interés general de España sin atentar directamente contra la CE o sin incumplir alguna obligación jurídica. con lo que el término de “gravemente contra el interés general” incluye estos dos supuestos descritos.
Los presupuestos formales para accionar esta vía son 3: • • • • Que sea el Gobierno del Estado el sujeto activo que constate el incumplimiento de las obligaciones de la CA. Por tanto, corresponde al Gobierno de Estado la titularidad activa para iniciar el mecanismo de la coerción constatando el incumplimiento de obligaciones por parte de la CA Que se haya desatendido el requerimiento efectuado al presidente de la CA ! posteriormente a que el gobierno inicie la vía coactiva, debe efectuar un requerimiento al presidente de la CA presuntamente infractora. Si la CA acepta cumplir las medidas propuestas por el Gobierno, decae el procedimiento. En caso contrario, se abre la actuación del Senado.
El gobierno presenta ante el presidente del Senado un escrito en que se manifieste el contenido y alcance de las medidas propuestas3 así como la justificación del porque se ha dado el requerimiento a la CA y la justificación de su incumplimiento por parte de la CA. La Mesa remite este escrito a la comisión correspondiente y se da trámite de audiencia al presidente autonómico. La comisión formula una propuesta sobre si procede o no la aprobación solicitada por el Gobierno (que se puede modificar) y finalmente, el Pleno de la cámara se someterá a votación de dicha propuesta por mayoría absoluta.
Que la aprobación de las medidas propuestas lo sea por mayoría absoluta del Senado.
                                                                                                                        3  El  art.155  de  la  CE  no  establece  cuáles  son  estas  medidas.  Aun  así,  deben  ajustarse  a  los  principios  de   necesidad,  proporcionalidad,  adecuación  al  caso,  lesión  menor  de  los  derechos  autonómicos.  En  caso   contrario,  se  puede  declarar  inconstitucional.     Esta vía coactiva es además de un control político, un control jurisdiccional por parte del TConstitucional, en la medida de que lo que se produce es una defensa de la garantía constitucional de la autonomía por incumplimiento de los presupuestos materiales/formales del art.155CE. Además la aplicación de las medidas podrá controlarse por órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa.
El art.155 CE cumple la función pues, de prevención de una posible conducta incumplidora de una CA como de reacción contra ésta.
[Los conflictos de competencia a la práctica ! pag.568 : llegar per saber per l’examen]   ...