TEMA 3 La extinción de la obligación tributaria. Las garantías. (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Derecho Financiero y Tributario II
Año del apunte 2015
Páginas 15
Fecha de subida 10/03/2015 (Actualizado: 08/05/2015)
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Tema 3 La extinción de la obligación tributaria. Las garantías.
Las formas de extinción de todas las obligaciones: el pago, la prescripción, la compensación y la condonación.
1. El pago. Los sujetos. El tiempo. El aplazamiento.
Pago. Art. 60 LGT Forma habitual de extinción de la obligación Concepto. El pago es el modo normal de extinción de las obligaciones pecuniarias y se puede definir como la realización del contenido de las mismas.
1.1 Requisitos Objeto. Aquello que se ha de entregar para cumplir la prestación. En las obligaciones pecuniarias lo es siempre la entrega de dinero, aunque en el ámbito tributario se reconocen distintas formas y medios de pagos.
Medios de pago. No opción, excepto art. 60.2 LGT (Posibilidad de pago en especie).
 La regla general es el pago en efectivo. Cuando se haya realizado el ingreso de su importe. Siempre y cuando sea en un órgano o entidad legitimado para recibirlo.
 Efecto timbrado. Papel emitido por la fábrica de moneda y timbre, el cual tiene un cierto valor para documentar operaciones, valor administrativo como la letra de cambio. Se paga en efecto timbrado cuando así lo disponga la ley. Ejemplo: Actos Jurídicos Documentados. Impresos en que figure el sello del Estado y que se vendan por éste directamente o por entidad concesionaria en régimen de monopolio.
 En especie si ley. Bienes del patrimonio histórico y artístico.
Integridad del pago. Se paga en la Caja del Tesoro, entidades de depósito o colaboradoras.
1.2 Sujetos Legitimados para el cobro: Administración acreedora/ Entidades autorizadas: 1 Si se paga a una entidad no competente, art 62. 9 LGT (Se suspenderá sin garantías cuando la Administración verifique se ha pagado a la mismo u otra administración) se continuará siendo deudor y el pago no se habrá efectuado. De ahí pueden surgir los recargos ejecutivos o los intereses de demora. Mientras la Administración comprueba, sucede que quizás se tienen que pagar recargos. Sujetos del pago, acreedor se identifica con los Entes públicos, concretamente con los órganos de la Administración tributaria que llevan a cabo la recaudación de los tributos. No obstante conviene hacer una precisión y referirse a los legitimados para el cobro material del crédito tributario, que no se identifican con los órganos competentes para recaudar, ya que el servicio de caja no se desempeña directamente por ellos, sino que actualmente los sujetos legitimados para recibir el pago de las deudas tributarias son, las entidades colaboradoras (bancos y cajas) que prestan actualmente servicio de caja. Por eso como indica el artículo 33 RGR, los pagos que se efectúen a órganos no competentes para recibirlos o a personas no autorizadas para ello no liberarán al deudor de su obligación de pago. Asimismo el pago tendrá efectos liberatorios para los obligados tributarios.
En cuanto al sujeto deudor, puede serlo cualquiera de los obligados a realizar prestaciones tributarias de carácter pecuniario. En concreto pueden serlo todos los mencionados en el artículo 35. 2 LGT y en particular, el sujeto pasivo, según el art. 36.1 LGT, los obligados a realizar pagos a cuenta, los sucesores y los responsables.
Legitimación para el pago: Cualquiera, incluso un tercero.
Extinción de los tributos: Consignación, Prescripción, la Compensación y la condonación. Garantías del crédito (Derecho de prelación, afección, retención, cautelares).
Recaudación: Aplazamiento/ Fraccionamiento, Suspensión período de apremio.
Período voluntario, ejecutivo, 1.3 Tiempo Cuestión de la que se ocupa el artículo 62 LGT. Las deudas se pagan cuando así lo establezca la ley, sin embargo es necesario distinguir 2 momentos para efectuar el pago:  Período voluntario. Art. 62 LGT. La recaudación en período voluntario supone que el pago de la deuda tributaria se realiza dentro de los plazos de ingreso de dicho período contemplados en las normas reguladoras de los diferentes tributos o, en su defecto, en las normas recaudatorias generales. El plazo de ingreso en período 2 voluntario queda recogido en el artículo 62 LGT dependerá de varias circunstancias, y especialmente de si las deudas tributarias son el resultado de autoliquidaciones o bien de liquidaciones practicadas por la administración. Autoliquidación1 y declaración2 (se declaran hechos y cuantifica la Administración, liquida ésta). La autoliquidación se tiene que presentar cuando lo diga la ley. En el caso de la declaración, la situación se segmenta: Si se notifica la liquidación (practicada por la Administración) del 1- 15 de cada mes, se tendrá hasta el 20 del mes siguiente para efectuar el pago. 1 mes más 5 días. Si se notifica en la segunda quincena 16 – final de mes, también se tiene 1 mes más 5 días. Éstas están notificadas individualmente.
Deuda con efectos timbrados: Cuando se realiza el hecho imponible, se tiene que pagar, no hay un margen temporal, no existe con carácter general un plazo de ingreso en período voluntario propiamente dicho. Existe otro supuesto, cuando son deudas de notificación colectiva y periódico, se habla del tipo de deuda, notificación colectiva y periódica (Impuestos locales). Estas deudas deben ser satisfechas en el momento de la realización del hecho imponible.
Falta de pago en el período voluntario:  1. Devengo de los intereses de demora.
2. Se abre la opción de que el obligado tributario realice un cumplimiento voluntario extemporáneo, satisfaciendo los recargo que contempla el precepto 27 LGT.
3. Y una vez la deuda tributaria haya sido conocida por la Administración y no haya sido satisfecha, se abre la posibilidad de que sea exigida en período ejecutivo, a través de la vía o procedimiento de apremio, con los recargos e intereses establecidos en las mismas.
Cumplimiento voluntario extra temporáneo: supuestos y efectos. Las obligaciones tributarias deben ser cumplidas en los plazos previstos por las normas tributarias, y su incumplimiento acarrea consecuencias jurídicas, puesto que es razonable tratar mejor a quien cumple voluntariamente con sus obligaciones, es decir sin que se lo haya exigido la Administración, que a aquellos otros que cumplen después de que se lo haya exigido la Administración. Se concediera requerimiento previo cualquier actuación administrativa realizada con conocimiento formal del obligado tributario que pretenda el reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento o liquidación de las deudas tributarias.
Supuestos en que el pago se produce como consecuencia de un cumplimiento voluntario extemporánea.
1 Autoliquidación: Es la operación mediante la cuál el propio sujeto pasivo reconoce el hecho imponible y realiza la cuantificación de la cantidad que ha de pagar por la obligación a la Hacienda pública.
2 Declaración: Todo documento presentado ante la Administración Tributaria donde se reconozca o manifieste la realización de cualquier hecho relevante para la aplicación de los tributos.
3 o Presentación extemporánea y voluntaria (sin requerimiento previo) de una autoliquidación. Comprende los supuestos en que la autoliquidación no se presentó en tiempo, así como los supuestos en que se presentó en el plazo previsto pero con datos inexactos o incompletos que se corrigen en la nueva autoliquidación presentada fuera de plazo. Recargo por regularización.
o Presentación extemporánea y voluntaria (sin requerimiento previo) de una declaración simple que dará lugar a una liquidación posterior notificada individualmente por la Administración tributaria, que abrirá los plazos de ingreso en período voluntario previstos en el art. 62.2 LGT. Recargo por regularización Efectos o Mismos efectos del recargo por regularización.
 Período ejecutivo. El período ejecutivo constituye el marco temporal en el que se sitúa una realidad material: el cobro forzoso de las deudas tributarias. En este periodo el deudor cuenta también con la posibilidad de cumplir o pagar la deuda tributaria de forma voluntaria en cualquier momento dentro de este período ejecutivo. Pero si no lo hace, la deuda puede ser exigida a través de un procedimiento o vía de apremio, cuya finalidad es la ejecución del patrimonio del deudor en cuantía suficiente para cubrir la deuda no satisfecha.
Con recargos ejecutivos. Deriva de una situación de impago en el período voluntario. Se entra en período ejecutivo con dos requisitos: o Fin período voluntario. Conocimiento por la Administración de la deuda tributaria, se debe significar que la Administración tributaria tendrá constancia expresa de la existencia y cuantía de una deuda tributaria líquida y exigible.
o Que exista liquidación. Una cuantificación, si no existe una cuantificación de la deuda no se puede entrar en período ejecutivo. La Administración no puede exigir algo que no ha determinado anteriormente. Esto se denomina prórroga del período voluntario. Situación anormal, pero no se está en el ejecutivo si no hay cuantificación.
Efectos El principal efecto que produce el comienzo del período ejecutivo es la posibilidad de iniciar el pertinente procedimiento de apremio con el fin de recaudar la deuda no satisfecha por el deudor, aunque el deudor tiene la posibilidad de pagar la deuda de forma voluntaria antes de iniciarse el procedimiento de apremio, satisfaciendo el denominado recargo ejecutivo. (Efectos del mismo). Procedimiento de apremio. El 4 cauce formal mediante el que la Administración procura el cumplimiento de la prestación tributaria actuando, si es preciso, coercitivamente contra el patrimonio del deudor.
1.3.1 Suspensión El procedimiento de apremio tiene carácter ejecutivo en cuanto manifestación de la potestad de autotutela de la Administración, y en consecuencia, solo se podrá suspender en los supuestos previstos en la Ley, concretamente en el Art. 165 LGT existen dos modalidades de suspensión: a iniciativa del propio obligado tributario o a iniciativa de un tercero.
Los actos Administrativos son ejecutivos, tienen plenos efectos (ejecutividad). Para suspenderse se necesita una situación especial para que se suspenda la eficacia, de lo contrario, se entra en período ejecutivo. Tutela ejecutiva por parte de la Administración.
Hacer cumplir sus actos, sin acudir al juez y en contra de la voluntad del obligado. Para suspender dicha eficacia, se necesita garantizar el importe de la deuda: cuota+ intereses. Esto se realiza con ayuda de los bancos, pedir a un bando un aval solidario, para que la Administración en caso de impago escoja entre el banco o el obligado. El hecho de no pagar en el período voluntario y pedir un aval, no quita los intereses de demora. La mera suspensión sin garantía no suspende, únicamente si existe un aval.
Sin embargo, pueden no presentarse garantías cuando el interesado la solicite y demuestre que se ha producido en su perjuicio un error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda; o bien cuando dicha deuda ha sido ingresada, condonada, compensada, aplazada o suspendida, o cuando haya prescrito el derecho a exigir su pago.
Regla general con garantía + intereses.
Excepcional art. 62. 7 LGT:    Compensación por devolución.
Pago efectuado a órgano incompetente. Si la Administración reconoce que la deuda pagada se parece a la exigida, se suspende sin necesidad de aval.
La impugnación de un acto tributario, no suspende su eficacia excepto si se consigue avalar el importe. La impugnación no elimina su exigibilidad.
En cuanto a la suspensión del procedimiento de apremio a iniciativa de un tercero o tercería, ésta se produce cuando sobre un bien o derecho embargado en un procedimiento de apremio existe la pretensión de un tercero. Pueden ser de dos clases: tercería de dominio, cuando el tercero entiende que los bienes o derechos que se pretende ejecutar le corresponden en propiedad, y tercería de mejor derecho, cuando 5 el tercero entiende que tiene un derecho preferente sobre el de la Hacienda Pública para ejecutar los bienes o derechos.
Procedimiento tercería Se deberá formular la reclamación ante el órgano administrativo competente del procedimiento de apremio, acompañando los documentos en que el tercerista funde su derecho, siendo esta reclamación requisito previo para el ejercicio de la acción de tercería ante los juzgados y tribunales civiles. La resolución de la tercería debe notificarse en el plazo máximo de 3 meses desde el día en que se promovió. Transcurrido este plazo sin haberse resuelto se tendrá por desestimada a efectos de interponer la correspondiente demanda judicial, y si la tercería se ha desestimado, y no se interpone demanda judicial en el plazo de 10 días, proseguirán los trámites del procedimiento de apremio suspendidos como consecuencia de ella.
Qué hacer para suspender la eficacia de un acto, no pagar desde que uno ya es deudor, desde la notificación del acto: Fraccionamiento y Aplazamiento.
Recaudación de los tributos fraccionamiento y aplazamiento) (Período voluntario, ejecutivo, La función recaudatoria se lleva a cabo mediante unos procedimientos administrativos, realizados con posterioridad a la cuantificación de la deuda tributaria, cuya finalidad primordial es hacer efectivo el cobro de dicha deuda, art. 160 LGT.
1.3.2 Fraccionamiento y Aplazamiento Concepto. Posibilidad de solicitar el aplazamiento, con o sin fraccionamiento en el pago de las deudas tributarias. Art.65 LGT. Fraccionamiento es una modalidad de diferimiento de pago. Aplazar, pagar más tarde, y fraccionar pagar a partes. Dos instituciones que son diversas, pero que tienen un régimen diversos pues son muy similares. Con carácter general pueden ser objeto del aplazamiento o fraccionamiento del pago toda clase de deudas y deudores tributarios, tanto en período voluntario como en período ejecutivo con las correspondientes excepciones del art. 65. 2 LGT: las deudas tributarias cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados; y las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplirse por el retenedor o el obligado a hacer el ingreso a cuenta.
Fundamento. Facilitar el pago de la deuda: deudor solvente art. 65.1 LGT. El pago se le facilita la persona que puede pagar, si el deudor no es solvente no es congruente que se aplace la deuda ya que tampoco se efectuará en un futuro. La persona que no puede pagar en el momento tiene una falta de liquidez, y necesita que le fraccionen o aplacen el pago, pues es solvente. Si es insolvente NUNCA se pueden conceder fraccionamientos y aplazamientos. NO A TODO EL MUNDO SE LE PUEDE FRACCIONAR O APLAZAR LA DEUDA.
6 Requisitos a verificar por la Administración.
  Que tenga una garantía suficiente. Como regla general ésta se va a exigir.
Que la deuda sea aplazable.
Estos requisitos no constituyen un elemento esencial de la figura.
Procedimiento Éste comienza con una solicitud dirigida al órgano competente en los plazos fijados reglamentariamente, que contendrá los datos identificativos del obligado al pago, de la deuda, las causas del aplazamiento y, por regla general, se acompañará de la correspondiente garantía, que consistirá en la presentación de un aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca. Cuando el obligado tributario no pueda obtener un aval o su aportación pudiera comprometer gravemente la viabilidad de su actividad económica, la Administración podrá admitir otras garantías, en concreto hipoteca, prenda, fianza personal y solidaria, u otras que estime necesarias.
Regla general del aval solidario Prestado por una entidad de crédito. Firma en virtud del cual se compromete a abonar la cuantía que debe el obligado y se sitúa en la misma situación que el de forma solidaria, no es un responsable solidario, es un aval. Se diferencia por el acto de derivación, el cual es exigible SIEMPRE en los responsables. El avalista no es responsable tributario.
El aval solidario no es una institución tributaria, sino mercantil. Es aval solidario, contra él o el deudor cuando se desee por la totalidad deseada. Se diferencia del aval subsidiario.
Si no se tiene aval solidario, es necesario que se admita como garantía otro tipo de instrumento, pues la regla general es éste.
No se pueden fraccionar o aplazar las deudas del retenedor, pues la cuantía que se retiene de la deuda no es del retenedor, sino del obligado tributario. El retenedor únicamente efectúa la detracción y el ingreso a la Administración. Asimismo de manera excepcional, las deudas del retenedor podrían ser aplazadas.
Excepciones al aval Cuando se impugne una cuantía no superior a 18.000 €, en este caso no es necesario el aval y por las consecuencias. Igualmente se tiene que ser solvente, pues SER SOLVENTE ES UN REQUISITO ESENCAL, ES POR ESE MOTIVO QUE SE CONSTITUYE UN AVAL. NO SE PUEDE CONSTITUIR UN AVAL SI UNO NO ES SOLVENTE. Asimismo, cuando el deudor carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda y a ejecución de su patrimonio afectara sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de 7 empleo de la actividad económica respectiva. Y por último, en los demás casos que establezca la normativa tributaria.
La concesión del aplazamiento se considera una potestad reglada de la Administración.
Efectos de la solicitud. Qué sucede cuando se solicita el fraccionamiento o aplazamiento.
Período Voluntario. 1 mes y 5 días (liquidaciones).
Se presenta un escrito afirmando que se quiere fraccionar y aplazar y se proponen unos plazos. Se es solvente, regla esencial. Si se solicita en el periodo voluntario, no se inicia el período ejecutivo. Tiene un efecto suspensivo. Pero se tienen que pagar intereses de demora.
  No inicia período ejecutivo.
Sí, interés de demora Se podrían cumplir los requisitos: Garantía y ser solvente. En caso de que la cuantía sea inferior a 18.000 € no es necesario aval solidario.
Período Ejecutivo.
Cuando se notifica una providencia de apremio SIEMPRE se está en período ejecutivo.
¿Se puede aplazar o fraccionar lo que se debe? En principio sí que se puede solicitar, se tiene como límite hasta el acuerdo en el que se fija la deuda, es decir, que la cuantía sea líquida ose haya firmado la compraventa.
Antes, en periodo voluntario se suspendía la eficacia, pero en período ejecutivo no suspende. Pueden embargar más, presentar en subasta, pero se suspenden las acciones de venta. Eso quiere decir que se irán pagando recargo (recargo ejecutivo) e intereses, y la Administración podrá embargar más bienes pues no suspende la eficacia.
Tiene un cierto efectivo de que los bienes no lo van a subastar, pero se efectúa el embargo. Ciclo: Pago, no hay liquidez, se embarga, pago, etc.
Procedimiento. Límite solicitud.
Sustantivo. Recargo ejecutivo, eventuales, intereses.
Falta de pago puntual (Recargos).
Si no se paga, se causa un decremento en el pago del deudor, que se compensa en cuanto a la Administración con el pago de intereses de demora, los cuales son superiores a los intereses legales. La administración en la defensa de sus intereses tiene una cierta ventaja es por eso que los intereses de demora son superiores. Junto con esta 8 conducta, existe el no declarar de una manera puntual, es decir, intención de ocultar.
Si se oculta y se regulariza antes del requerimiento administrativo, recargo por regularización, si se regulariza y no se ingresa, se puede aplicar el recargo ejecutivo.
Falta de pago, es necesario que la administración conozca la deuda.
1.4 Consignación Concepto. Art. 64 LGT. Depósito de la cuantía debida a favor del acreedor previo ofrecimiento. Como el ámbito civil, se consigna el pago. Efecto liberatorio propio del pago, a causa de la negativa por parte del acreedor a recibir el pago. Es mejor suspender que consignar. Tanto si se suspende como si se consigna, se pagan siempre intereses. Cuando el acreedor se niega indebidamente a recibir el pago del deudor.
Efectos.
  Suspensivos. De la ejecución, pero devengo intereses.
Liberatorio. Del pago, si negativa a colaborar.
2. La prescripción extintiva. La compensación.
Concepto. Es la extinción del derecho derivado del no ejercicio del mismo. Si no se ejercita el derecho en un plazo, el derecho se extingue. –efecto que se produce sobre el derecho por la falta de ejercicio, en el término previsto en la ley.
Fundamento. Seguridad jurídica, lo que hace que los derechos y acciones, si no son accionados, pierdan eficacia por el transcurso del tiempo hasta que desaparece definitivamente la posibilidad de hacerlos valer.
Efectos.
  Extingue la obligación. Si se extingue la obligación del principal, desaparece la obligación del responsable.
Aprovecha a todo los obligados.
Distinciones  No es la caducidad. La interrupción supone algún elemento que permite continuar la vigencia del derecho. Si se tiene el plazo de 3 años para interponer una acción, si transcurre y no se ha interpuesto, esta posibilidad caduca. Si se tiene el derecho a ejercitar el cumplimiento de la obligación del obligado, si pasa un tiempo caduca. La prescripción, el plazo puede ser interrumpido por diversos motivos. Con la caducidad no se tiene la opción de interrupción. En derecho tributario la caducidad se refiere 9 únicamente al procedimiento. Los procedimientos caducan, los derechos prescriben. El derecho es algo previo al procedimiento.
  La prescripción tributaria y la civil no son iguales. La tributaria se presume de oficio por la Administración, y la civil siempre tiene que ser alegada inter partes. Si se paga una deuda prescrita, la Administración te devolverá aquello que se ha pagado. Es recíproco, prescriben los derechos de la administración en cuanto a los ciudadanos, y viceversa. La administración de oficio tiene el deber de reconocer la prescripción dela deuda, aunque sea la acreedora, pero si no lo hace prescribe el derecho para que esta devuelve, prescribe la prescripción.
En el ámbito tributario la prescripción se aplica de oficio, sin necesidad de que la alegue el obligado.
Art. 66 prescriben los siguientes derechos:     El derecho de la Administración a liquidar la deuda tributaria. (Derecho de la Administración) El derecho de la Administración a exigir el pago de las deudas liquidadas y autoliquidadas. (Derecho de la Administración) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.
(Derecho del obligado).
Y el derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.
(Derecho del obligado).
Plazo de prescripción: 4 años (Civil 10 años) Es un derecho de crédito, por lo tanto se le fija un plazo de 4 años. ¿Por qué el crédito de la Administración está menos protegido que el del particular? Porque normalmente los medios que tiene la administración para poder cobrar es mayor que el que ocurre entre particulares. La administración puede declarar el crédito y ejecutarlo, tutela ejecutiva. El problema nace cuando la administración no es la acreedora, cuando se paga más de lo debido, el pago es asimismo 4 años (y no 10), aunque no se tengan los mismos poderes que la Administración para exigir el crédito.
Si se regulariza de forma tardía, y se quiere fraccionar/ aplazar el pago, se tendrá que pagar recargo extra temporáneo, más interés legal depende del tiempo transcurrido, y no se iniciará el período ejecutivo.
A la hora de establecer plazos y momento, la ley Tributaria resulta muy confusa, pero establece una estructura: distingue entre el derecho de la Administración a cobrar 10 cuando se inicia el cómputo y el derecho a reclamar a la Administración aquello que se le debe al administración.
Derecho de la Administración  A determinar la deuda. L’ Admón. tiene un plazo para determinar la deuda.
o Día ss fin plazo presentar la declaración. Tratándose del derecho de la Administración a liquidar, se inicia el día siguiente a aquel en que finalice el plazo para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación del tributo.
o Fin del período voluntario. Tratándose del derecho a exigir el pago de la deuda a través del procedimiento ejecutivo, el cómputo del plazo se inicia desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo de pago en período voluntario.
Derecho del contribuyente  A solicitar devoluciones/ A obtener devoluciones. El inicio del cómputo es partir del momento en que se puede solicitar esta devolución. Una vez se ha reconocido el derecho a este crédito, se tiene el derecho a obtener ese importe, y por lo tanto, el plazo de prescripción comienza desde el día siguiente se notifique la resolución que reconozca el derecho a ese crédito. 2 momentos.
Cuando acaba el período voluntario   Si hay liquidación. Cuando se notifica 1 mes y 5 días.
Si hay autoliquidación. Cuando la ley lo estipule.
Interrupción de la prescripción Alguna actuación de la Administración o del Administrado rompe el silencio del derecho o de la acción que está prescribiendo, de modo que, a partir de ese momento, como regla general, el cómputo del plazo de 4 años vuelve a iniciarse. Situación que hace salir de la inactividad al derecho y da lugar al inicio del cómputo. Cuando se interrumpa la prescripción, es como si no hubiese existido el transcurso del tiempo anterior. Es como si no existiese el tiempo de inactividad. Cabe añadir que no todas las actuaciones de la Administración y del obligado interrumpen la prescripción, sino solamente aquellas que supongan realmente un intento de hacer valer el derecho de que se trate.
Supuestos: 11   Derecho de la Administración Pública. Cuando la Administración actúa, y tiene conocimiento formal de ella el obligado, esta actividad implica el ejercicio del derecho. Si no se notifica esta actuación administrativa, no tiene efecto interrumpido. IMPORTANCIA NOTIFICACIÓN TRIBUTARIA.
o Actuación administrativa + conocimiento formal del obligado.
 Actuaciones pretexto.
o Actos del interesado – recursos-.
Derecho del obligado a exigir devoluciones.
La actuación administrativa ha de exigir el cumplimiento del derecho ha de tener una finalidad, Si solo sirve de pretexto para la interrupción, esta actuación se considera no apta para efectos interruptivos. En ocasiones el recurso es el que puede generar el efecto de interrupción.
2.1 Efectos:   Interrupción instantánea. Art. 68.5 LGT. Si se interrumpe la prescripción, se iniciará un nuevo período y se volverá a contar desde 0. Tiene un efecto extintivo del tiempo transcurrido.
Pérdida de los efectos interruptivos. Causas que interrumpen la prescripción: ejercicios del derechos, actos del obligado (recurso y reconocimiento) la interrupción va a 0, es como si no existiera. Como la interrupción pierde su propia eficacia como interrupción. La interrupción finaliza cuando se ha caducado el procedimiento.
o Caducidad del procedimiento que dio origen a la misma. Art. 104.5 LGT. El procedimiento caducado no generará la interrupción. Cuando caduca el procedimiento es como si éste no hubiese ocurrido. Cuando el acto administrativo que la origina desaparece, cuando el procedimiento caduca y por tanto no se ha originado.
o Interrupción injustificada inspección. Art. 150 LGT. Como regla general, el procedimiento de inspección no caduca NUNCA. Pero tiene efectos similares a como si caducara.
Extinción de los efectos  De la interrupción. Art. 68.7 LGT.
 De la prescripción. Art. 69 LGT.
2.2 Otras formas de extinción   Compensación. Comporta el cumplimiento de la obligación y puede producirse cuando dos personas sean recíprocamente acreedoras y deudoras la una de la otra.
Condonación. Se pueden personar las obligaciones tributarias cuando lo diga la ley.
12   Confusión.
Baja provisional por insolvencia.
3. Las garantías.
Finalidad y descripción. Asegurar la efectividad del crédito, que el cumplimiento del mismo se va a llevar a cabo. Confianza y seguridad. Una garantía general es el patrimonio de bienes presentes y futuros. Desde el punto de vista tributario hay otro tipo de garantías:   Garantías personales. Responsable tributario, aval solidario para suspensión.
Garantías reales. Afectan a los derechos sobre las cosas. Ej. Hipoteca legal tácita, derecho de afección o derecho de retención (ámbito aduanero).
Hay una garantía tributaria que se menciona pero no se regula, como el aval solidario.
Derecho de prelación.
Derecho de prioridad para el cobro o efectividad, frente a otros, de ciertos créditos, que puede recaer sobre todos los bienes del deudor o únicamente sobre alguno de ellos.Pluralidad de créditos sobre un mismo obligado, duda de qué crédito se paga primero. Respecto de créditos ordinarios preferentes, y solamente se tiene una posposición cuando son créditos escritos. Respecto créditos inscritos: prelación temporal. El primero que esté escrito es el primer que se paga.
Hipoteca legal tácita. (Derecho real).
 Denominación.
Hipotecario – afecta a bienes que se puedan inscribir.
Legal –por ley se antepone al titular registral.
Tácita –no necesita inscripción.
 Requisitos.
Tributos periódicos (IBI, Impuesto Vehículos). IBI, grava el derecho real sobre la propiedad, sobre la cosa.
Derechos a inscribir en registro público.
13 Registro Catastral, sirve para aplicar los tributos. Registro público de carácter administrativo. Si hay discrepancias entre éste y el Registro de la Propiedad, depende de qué situación sea para que no prevalga sobre el otro.
 Límite.
2 anualidades: La ley no regula la solicitud de certificado. Este es el caso de los bienes afectos. Para saber si está o no libre de cargas, la LHL regula en el artículo 64 que el notario donde se vaya a realizar la operación solicite al transmitente el último recibo (último recibo del IBI) que acredite que se está al día en el pago, pues no se puede pedir un informe porque son datos privados, así que será el notario quien requiera. Se puede reclamar mediante un juicio declarativo.
Derecho de afección de bienes Cuando se adquiere un bien inmueble, como regla general no se obtienen las obligaciones del transmitente, sin embargo, de manera singular se establece que este bien va acompañado de unos impuestos no pagados, estos impuestos reales son tributos periódicos. Así que se responden hasta 2 anualidades que el sujeto anterior no haya pagado. No es responsable ni sujeto pasivo, pero se exige la obligación, no a la persona, sino al bien. No es al patrimonio de forma directa, sino que tiene relación con este bien. Se prevé un matiz, que el matiz requerirá al notario para que aporte el último recibo del IBI que se ha pagado. Cabe añadir que se podrá repetir la deuda al obligado, pues la obligación no es personal. Si se le paga la deuda otra persona es un régimen injusto.
Derecho de afección de bienes.
Concepto. Derecho a realizar el valor de la cosa si el deudor no cumple, incluso si la cosa es de tercero.
Naturaleza. No es responsabilidad, no responde con todo su patrimonio personal. No es un supuesto de responsabilidad, porque persigue a la cosa, no hay sujeto responsable.
Reipersecutoriedad= Perseguir a la res, a la cosa. Afecta al valor de la cosa, no afecta a todo el patrimonio, Responsable hasta el valor del bien que se está adquiriendo.
Requisitos.
   Concretos tributos, transmisión, adquisición, importación, IS y D, IVA y TPO.
Deudor no cumple+ derivación+ declaración de fallido. Será necesario siempre el acto de derivación.
Titular protegido por la buena fe.
14 Derecho de retención Permite retener bienes más allá del momento en que debían ser entregados al deudor.
Derecho a poseer art. 80 Fundamento de derecho aduanero. Institución típica del Derecho Aduanero.
Otras garantías.
  AVAL SOLIDARIO. Suspensión. Art. 82 MEDIDAS CAUTELARES. Estas medidas tienen por objeto impedir la desaparición, destrucción o alteración de las pruebas determinantes de la existencia o el cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como asegurar su cobro cuando existan indicios racionales de que se puede ver frustrado o gravemente dificultado.
Clases: Retención, embargo preventivo art. 81. Las medidas cautelares se pueden practicar sin providencia de apremio.
o Indicios razonables de cobro frustrado.
o Motivación, proporcionalidad, temporalidad.
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