Derecho Procesal I TEMA 6 (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Derecho Procesal I
Año del apunte 2014
Páginas 6
Fecha de subida 16/11/2014
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Tema 6 Garantías constitucionales del proceso Derechos fundamentales de contenido procesal. Hace referencia a las garantías del proceso. A pesar de su nombre, no son solo las proclamadas en la Constitución ART.
24. Junto a esos derechos, están los derechos fundamentales de carácter procesal en tratados y normas internacionales. Se complementan. Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
Primera garantía. Derecho a la tutela judicial efectiva. El constituyente español se inspiró en la constitución italiana, con una fórmula distinta, más completa. Es de las pocas normas del ordenamiento que se han recogido literalmente en un instrumento jurídico internacional, en la Carta de DF de la UE: Derecho a la tutela judicial efectiva.
3 grandes componentes de la tutela judicial:  Derecho de acceso a la jurisdicción o tribunales. Cuando alguien acude a un tribunal, aunque se equivoque y no tenga razón, el tribunal está obligado a resolver.
No cabe en el ámbito procesal la técnica del silencio administrativo, el juez que incurriese así incurriría en denegación de justicia, hay que responder. Obtener una resolución fundada en derecho, es decir, cuando se plantea una petición ante un tribunal, por regla general, en la medida de lo posible el tribunal está obligado a resolver la cuestión de fondo. Derecho para que el tribunal resuelva las cuestiones de fondo- Pro acción, si es posible resolver la cuestión de fondo, es primordial.
Siempre y cuando se cumplan los plazos. El tribunal para su relación ha de dar argumentos fácticos (de hechos) y jurídicos. Efectividad: Derecho a la ejecución de las sentencias firmes. Derecho a las medidas cautelares, medidas que garantice la ejecución de la sentencia futura.
Segunda garantía: Derecho de defensa. Audiencia, contradicción o defensa. “Sea oída también la otra parte”. Otros países hablan de principio o derecho de contradicción. Derecho a que el tribunal nos oiga antes de resolver. La CE ha preferido la fórmula más práctica, habla de derecho de defensa, todo el mundo tiene derecho a la defensa y se prohíbe la indefensión. Comprende el derecho a alegar las razones adecuadas para proteger los propios derechos o intereses.
Comprende el derecho a alegar hechos que nos sean favorables, derecho a la prueba, pruebas favorables a la causa, derecho a la argumentación jurídica y derecho a pedir, de petición. Todos estos derechos constituyen el derecho de defensa la vulneración de cualquiera de estos límites constituye una vulneración del derecho de defensa. El derecho a la prueba forma parte del derecho general de defensa en el artículo 24, también está el derecho a la asistencia letrada.
Tercera garantía. Derecho a la igualdad de las partes o derecho de igualdad de armas procesales. Las partes tengan los mismos derechos procesales, idénticas posibilidades de actuación, es de carácter formal, que se regule el proceso para que ambas partes tengan los mimos derechos. Posibilidades de actuación dentro del proceso similares. Igualdad formal. Aquellas personas que no tienen recursos económicos tienen asistencia jurídica gratuita, concesión del derecho de asistencia jurídica gratuita. Las personas que tengan un determinado nivel de ingresos económicos pueden pedir este derecho. Requisitos: IPREM (Indicador público de Renta de Efectos Múltiples) parámetro que utiliza la ley para establecer la cuantía por debajo del Salario Mínimo. Depende de la unidad familiar se ha establecido un parámetro u otro. Nombramiento de oficio de abogado y procurador (sin coste).
Los presupuestos públicos del estado, y en nuestro caso de la Generalitat, prevén una partida para la asistencia pública gratuita, y luego se reparte por los colegios de abogados del territorio. No se puede fijar, pero ayuda a los abogados en los primeros años de ejercicio.
Nombramiento abogado de oficio A elección de cada colegio de abogado, y en ese turno de oficio hay un turno general que te pueden nombrar para todos los procesos, y turnos de oficio especiales, para determinadas materias, uno de los especiales es el turno de asistencia a los detenidos. Si tiene recursos económicos, puede exigir el precio de mercado por sus servicios. Basta tener la condición de abogado para poder defender, en el ámbito procesal. Con derecho a una pequeña retribución pública, si se gana el caso, se cobra a precio de mercado. Derecho a perito. Un experto si se tiene asistencia gratuita. Para abrir un proceso que exija una demanda se pide una tasa procesal.
Cuarta garantía. Derecho a la suerte, en arbitraje el juez se puede exigir, pero según las normas de competencias y reparto, el juez no se elige, derecho al tribunal que toque, derecho al azar.
Quinta garantía. Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Derecho a ser resuelto en un plazo razonable según el convenio europeo. Derecho de contenido indeterminado. Se incumple el derecho i el caso se ha excedido demasiado. Si el retraso se debe a la propia parte procesal, no incurre este delito. Y si hay lesión de este derecho, hay derecho a una compensación económica por parte del estado.
Sexta garantía. Derecho a un proceso con todas las garantías. Fórmula equivalente de derecho a un proceso justo o equitativo. A que tenga unas garantías mínimas.
Derecho a la imparcialidad, derecho al juez imparcial.
Juez parcial. Predisposición o en contra de una de as partes. Falta de predisposición o anímica de una de las partes.
El juez no es un ente mecánico, sino que es una persona. Se tiene que evitar que sea excesivamente parcial. Art. 229 LEC y siguientes circunstancias que según el conocimiento, el legislador cree que dañen la imparcialidad, que se provoque una predisposición del juez por una de las partes. Jueces que aun estando predispuestos, pueden ser capaz de ser justos. Cuando se da una de las causas del artículo 219, en principio el juez ha de abstenerse, separarse de oficio del caso, si no se separa, cualquiera de las partes lo puede recusar, y pedir que se aparte.
Imparcialidad subjetiva. Deriva de las relaciones entre el juez y las partes. Ej. 3º grado de parentesco con las partes, o 2º grado con el abogado de una de las partes Imparcialidad objetiva. Relación entre el juez y el objeto del proceso, se trata de garantizar que el juez no haya formado pre opinión de forma anterior. “Contaminación psicológica”.
En este artículo 219 no incluye la afiliación o ideología política, religiosa o de otro tipo.
Principios procesales Principio dispositivo: Principio de rogación o principio de justicia rogada.
Fundamento del proceso civil. El principio más importante de los procesos, menos del penal.
Principio de oficionalidad. Rige en el proceso penal.
El principio dispositivo exige que el proceso se puede iniciar solo a petición de parte. Si no hay actor, si no hay alguien que acciona, el juez no puede abrir un proceso. No hay ningún juez sin actor. No procedan el juez de oficio. En el principio penal rige el principio de oficionalidad, el juez de oficio o por denuncia está obligado de oficio a abrir un proceso.
Este principio tiene otras exigencias, es decir, el objeto del proceso, las cuestiones a resolver lo determinan las partes, las partes son las dueñas del objeto del proceso.
Principio de congruencia de la sentencia: ART. 218 LEC. Si solo las partes son las que pueden determinar los objetos del proceso, el juez solo puede resolver las cuestiones planteadas las partes y dentro de los límites. La libertad de acción está restringida para el juez, uno se atiene a lo que se pide.
Estos principios tienen límites. En materia de procesos de familia y de estado civil. El principio dispositivo se atenúa, hay diversas cuestiones que el juez puede declarar de oficio, como pueden ser unos alimentos a un menor.
Facultad, poder de las partes sobre el objeto del proceso. Cuando las partes inician un proceso y durante él, las partes pueden disponer de actos de disposición, como puede ser una renuncia. Poder de disposición sobre el objeto de derecho.
El proceso puede finalizar, terminación del proceso, de forma anticipada por voluntad de las partes, sin tener que dar explicaciones. Cuando solo una parte quiere acabar, si es el demandante, puede ponerle fin pero con excepciones, el demandado no puede.
Principio de aportación de partes IUDEX IUDICARE DEBET SECUNDUM ALLEGATA ET PROBATA PARTUM. El juez debe juzgar según, de acuerdo con, lo alegado y las pruebas de las partes.
Las partes son las únicas facultadas para alegar los hechos que el juez debe tener en cuenta para resolver el conflicto. Las partes son las únicas facultadas para aportar pruebas. El juez debe atener a los hechos alegados por las partes y a las pruebas aportadas por las partes. El juez no puede tener de oficio hechos que él conozca, ni pruebas que las partes no hayan alegado ni hechos.
Este principio tiene excepciones: En los procesos de familia y sobre todo en lo que se refiere a las pruebas. En ocasiones la ley permite al juez presentar pruebas de oficio.
En ocasiones la ley permite al juez presentar pruebas de oficio, pero la regla general es la de aportación de parte 8.1. En cuanto a los hechos 8.2. En cuanto a las pruebas 8.3. En cuanto a la fundamentación jurídica. Distinción con el principio iura novit curia Calificación jurídica que las partes han efectuado a cerca de los hechos alegados, es decir, el demandante pide ser declarado propietario de un determinado bien por usucapión. El tribunal establece que no se dan las características típicas de la usucapión, sino de una simple compraventa. El juez, no puede declarar la compra-venta porque las partes no lo han demandado. El fundamento jurídico alegado por el demandante no es la compra-venta, por ese motivo no la puede alegar. Se trata de proteger el derecho de defensa de ambas partes.
No confundir con el iura novit curia. El tribunal no se puede saltar el título jurídico fundamentado por las partes, pero sí las normas jurídicas que procedan para resolver el caso.
Por ejemplo el demandante pide la responsabilidad civil extra contractual 1902, pero cuando cita las normas concretas se equivoca y cita otra. El tribunal puede aplicar la norma correcta. Tiene que aplicar de oficio el derecho que resulte necesario.
Principio de libre valoración judicial de la prueba Cuando se practica una prueba en el proceso, el tribunal debe darle o no credibilidad.
este problema práctico se puede resolver de lege ferenda por dos normas:  prueba tasada: es la ley la que le dice al juez a que prueba debe darle credibilidad en cada caso.
 libre valoración judicial: la ley deja al juez establecer que pruebas o no son válidas siempre que lo motive razonadamente. Históricamente, hasta la revolución francesa rigió el principio de prueba tasada. Había una minuciosa regulación de qué pruebas tenía que considerar el juez como válida. Testigo único, testigo nulo.
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