Unidad 02. La Constitución como acto normativo (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Derecho Constitucional I
Año del apunte 2015
Páginas 8
Fecha de subida 03/03/2015 (Actualizado: 01/05/2015)
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La estructura normativa de la Constitución, la supremacía formal y material de la Constitución y la reforma de la Constitución

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Derecho Constitucional Unidad 2. La Constitución como acto normativo 1. La estructura normativa de la Constitución La Constitución pertenece al propio sistema que crea, aunque eso sí, es una fuente distinta a cualquier otra; es la más importante, la única que se coloca en el primer nivel y porque organiza todos los demás niveles. Por tanto, las implicaciones de la Constitución como acto normativo son:  Pertenencia al sistema.
 Elemento más importante y organizador.
 Carácter jurídico, no político, integrada en el Ordenamiento.
Afirmar que la Constitución tiene naturaleza normativa significa, pues, que la Constitución es un auténtico Derecho integrado en el ordenamiento jurídico y que ha de ser aplicado como tal según el propio contenido y carácter de cada uno de sus preceptos.
Una fuerza normativa que declara de forma explícita y taxativa el propio texto por un lado, en su artículo 9.1 de la CE; que establece que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”; y por el otro lado, la disposición derogatoria, apartado 3, que declara que “quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución”.
De tenor del artículo 9, se deduce que la Constitución pretende vincular jurídicamente a todos los sujetos, públicos y privados. Es a éstos efectos a quienes se refiere la parte orgánica de la Constitución, que regula la composición, facultades y funcionamiento de los órganos constitucionales o de relevancia constitucional. Ha entendido también que los propios ciudadanos quedaban vinculados por ella. Todas las normas de la Constitución son aplicables por todos los tribunales y vinculan a todos los sujetos de Derecho.
La fuerza normativa debe desarrollarse y mantenerse a lo largo de toda la vigencia del texto. Cumple, principalmente, dos funciones:  Determinar las instituciones de autogobierno de una comunidad.
 Imponer a dichas instituciones de procedimientos de actuación, así como de determinados límites de carácter material (siendo los más importantes, los derechos fundamentales).
El contenido de la Constitución Una Constitución, en el sentido moderno del término, se define como la ordenación sistemática y racional de la comunidad a través de un documento escrito. Fija un determinado contenido, el contenido constitucional, en un documento. Con ello se logra:  Racionalizar el sistema político, dándole estabilidad, dotándolo de una estructura unificada.
 Asegurar su estabilidad y previsibilidad.
 Dar publicidad general a su contenido, para que todo el mundo tenga acceso a la información.
La Constitución española de 1978 no establece metas ni objetivos precisos a lograr, ni mandatos específicos al legislador o al ejecutivo para que realicen unas tareas concretas. La Constitución determina el tipo de funciones y las competencias que corresponden a cada uno de los poderes públicos y, en ocasiones, precisa algunas de las tareas que deben realizar.
1 Pero la Constitución no instruye al legislador o al poder ejecutivo sobre la orientación que deben asumir sus actuaciones, o las directivas políticas a seguir.
Los preceptos constitucionales son básicos, en cuanto inatacables. Por ello, los mandatos de la Constitución han de entenderse también como límites a los poderes del Estado. La Constitución establece unos límites, intocables por la acción política, límites resultado del proceso constituyente y del acuerdo nacional que representa, como expresión de las “reglas del juego”.
La Constitución, pues, no es un programa político, sino un marco jurídico normativo, dentro de cuyos límites se mueven las fuerzas políticas y sociales, y también los poderes públicos, en el ámbito de sus competencias. Los criterios para determinar estos límites, es decir, el contenido constitucional son de dos tipos:  Formal. Identifica los elementos constitucionales a partir de un criterio procedimental. Es contenido constitucional todo aquello que haya sido creado por fuentes constitucionales; un proceso constituyente o bien a través de los procedimientos de reforma establecidos en la Constitución. Cualquier norma que haya sido elaborada por uno de estos procedimientos será considerada norma constitucional.
Por ejemplo, la ley electoral ha de aprobarse mediante el procedimiento previsto en el artículo 81 de la CE; o la ley de presupuestos, mediante el procedimiento del artículo 134.
 Informal. Son normas constitucionales aquellas que aborden materias que sea propias de una Constitución con independencia de como hayan sido elaboradas. El problema es determinar que materias o normas tienen que estar forzosamente en una Constitución.
La noción de contenido constitucional ha evolucionado con el tiempo. Empezando con el artículo 16 de la Declaración de los Derechos Humanos, se establece que un Estado de Derecho y una Constitución, tiene que tener como mínimo una declaración de derechos y reconocer la división de poderes.
Actualmente no se puede hablar de reserva de Constitución; el contenido constitucional se acaba identificando por una suma de los dos criterios. Tales criterios o límites, varían considerablemente según las materias de que se trate.
Los modelos teóricos de la Constitución Se puede hablar de dos modelos teóricos de Constitución en función de lo que regulan:  Constituciones formales. Aquella que organiza el poder y determina los procedimientos de toma de decisiones y adopción de normas.
No hay pautas de contenido para la acción del poder; no hay normas que orienten la actuación del poder. No se dice nada respecto al contenido de las leyes; nada que deba ser respetando por los legisladores. Se podría identificar con la redacción original de la Constitución de Estado Unidos.
 Constituciones materiales. Buscan condicionar el contenido de la acción política y legislativa. Establecen indicaciones sobre actuaciones futuras o prohibiciones y límites en el ejercicio del poder, pero no la forma de ejércelo, de forma procedimental. Se regula el contenido de las leyes, pero no su método de elaboración.
En la realidad se dan modelos mixtos, por la necesidad de dotar de cierto margen de discrecionalidad al Legislador. La Constitución no puede llegar a regularlo todo; dotar de cierta capacidad de actuación al legislador.
2 Según el Tribunal Constitucional, la Constitución es “la norma fundamental y fundamentadora del orden jurídico y social”. Sirve de base al orden jurídico en sentido formal y material: - Sólo pueden pertenecer al mismo los actos normativos creados por los órganos y procedimientos previstos en ella y sus leyes de desarrollo.
- Establece sus bases y preestructura su contenido.
Esto no significa que regule todo el sistema de modo completo. Contiene cuestiones fragmentarias o incompletas que deben ser completadas por la regulación posterior: falta de consenso en la elaboración. Se origina por tanto la necesidad de adaptabilidad y permanencia: se impone que su contenido sea general, abstracto y flexible para adaptarse a los cambios sin tener que estar modificándose continuamente.
La experiencia histórica llevó a la constituyente de 1977-1978 a tratar de evitar la aprobación de una “Constitución de partido”, buscando, por el contrario, que el nuevo texto fundamental recogiese principios aceptables por todas las fuerzas políticas, y que hicieran posible la convivencia y la concurrencia de todas ellas dentro de un marco jurídico unánimemente respetado Es por tanto, una Constitución de consenso.
Los constituyentes, por tanto, únicamente crearon un documento destinado a ofrecer una formal sensación de acuerdo, pero sin establecer mandatos fundamentales, de forma que el legislador pudiera, según las cambiantes condiciones políticas, alterar sin límites las bases de la convivencia.
Esto no excluye el carácter vinculante de la Constitución, nunca programático. La obligatoriedad se predica del conjunto del texto. Todo es vinculante y todo es jurídico, siendo obligatorios el conjunto del texto y cada artículo individualmente considerado. Es todo obligatorio además al mismo nivel; todo es vinculante para cualquier otro elemento dentro del Ordenamiento jurídico.
Es el principio de unidad constitucional que establece que todas las normas contenidas en la Constitución tienen igual valor jurídico, igual rango, el máximo, tanto la parte formal como la material. Las contradicciones se resuelven mediante el principio de especialidad.
Tipos de normas constitucionales Según su grado de aplicabilidad las normas constitucionales pueden ser:  Normas completas. Aquellas que establecen mandatos directos.
 Normas cuyo contenido necesita una operación de concreción exigida por la propia Constitución a través de leyes o de políticas públicas específicas tendentes a lograr el fin constitucional impuesto.
 Normas principales, de aplicación inmediata, porque se aplican tal cual sin ningún desarrollo, pero indirecta, ya que estos principios no se pueden materializar, son criterios de aplicación.
 Mandatos o habilitaciones al Legislador.
Según el sector de la realidad que se aborde, la norma constitucional tenemos:  Las normas principales. Características básicas del sistema jurídico y político.
 Normas materiales o procedimentales que regulan la actividad de los poderes públicos.
 Normas organizadoras. Estructuran de forma efectiva el poder político.
 Normas materiales en sentido escritas. Aquellas que abordan una realidad concreta y dicen cómo debe plasmarse.
3  Normas garantizadoras. Aquellas que sirven para asegurar el respeto a la Constitución y a su contenido.
Según su modo de formulación, encontramos las normas constitucionales:  Reglas. Contienen prescripciones jurídicas específicas, completas o incompletas.
 Principios. Conceptos jurídicos plasmados por escrito sin estructura articulada ni eficacia directa.
 Valores. Expresión descriptiva de ideas morales o políticas, sólo tienen valor jurídico en la medida en que la Constitución los recoge.
2. La supremacía formal y material de la Constitución Las consecuencias de la idea normativa de la Constitución:  Todo su contenido son normas.
 Es un parámetro normativo.
 Tiene pretensión de inalterabilidad.
El propio sujeto obligado es también la fuente de la obligación, esto obliga a crear una ficción: el poder constituyente y el poder constituido. Por un lado, el poder constituyente, vendría a ser el pueblo soberano o voluntad popular, aquel conjunto de ciudadanos o instituciones que crean la Constitución, y por el otro, el poder constituido es todo el conjunto de ciudadanos incluidos en el grupo de sometidos en la Constitución, es por tanto, el que emana de la Constitución y es ejercido de acuerdo a ella.
La supremacía de la Constitución debe ser algo más que una proclama. Tiene un sentido jurídico; constitución normativa frente a los ejemplos nominales o semánticos. Debe garantizarse es un doble sentido: La supremacía formal Los requisitos para la supremacía formal son: - Establece el sistema de fuentes, definiendo el marco de producción normativo: formas, procedimientos, reservas, órganos legitimados y sentido de la regulación futura.
- Es particularmente estable, con procedimientos específicos y distintos de reforma.
o Constituciones rígidas o flexibles. Condiciona su permanencia, no su fuerza normativa.
o Siempre más rígida que el resto de fuentes.
La supremacía material Los requisitos para la supremacía material: - Superioridad de rango respecto de cualquier otra fuente: condicionamiento del contenido de las normas inferiores. Necesidad de compatibilidad específica y general.
- Necesidad de interpretar las normas inferiores de modo coherente y no contradictorio con la Constitución.
- Existencia de órganos públicos para contrastar y anular los actos inferiores incompatibles.
4 3. La reforma de la Constitución La vida de los sistemas constitucionales oscila entre, por un lado, la necesidad de una progresiva evolución de la Constitución, de tal forma que se adapte a la transformación social y política, y por el otro lado, la conveniencia de una estabilidad constitucional que favorezca el conocimiento popular de la Constitución, así como el arraigo en la sociedad.
La reforma de la Constitución es un hecho de innegable trascendencia, pues implica la modificación de la decisión del poder constituyente sobre el modelo de régimen político. La intervención del poder constituyente en un procedimiento de reforma no es primaria, puesto que se ajusta a un procedimiento ya determinado por el poder originario que promulgó la norma constitucional que se trata de modificar.
Es por eso que la capacidad para modificar una Constitución recibe el nombre de poder de reforma o poder constituyente derivado. Es el poder de modificar una Constitución en vigor, según las reglas y procedimientos previstos en el mismo texto. Es una variante del poder constituido, ya que deriva de la propia norma fundamental y está condicionado por ésta. El poder constituyente originario siempre permanece ajeno a la Constitución.
La rigidez constitucional se puede plasmar mediante dos fórmulas:  Material. Son las cláusulas de intangibilidad, que suponen la exclusión de determinados artículos de la posibilidad de ser reformadas. La propia Constitución establece que determinadas cuestiones nunca pueden ser objeto de reforma. Para poder modificarlo por tanto, se requerirá de una nueva Constitución.
 Formal. Establecimiento de trámites complejos para la reforma que pueden variar en función del objeto a variar pero en principio sin incluir de alguna posible reforma algún artículo.
La Constitución de 1978 emplea sólo la segunda fórmula; todo se puede modificar sin ningún artículo excluido de tal reforma. La convierte en “algo extraño” en comparación con nuestros países vecinos. Así, en países como Alemania, Italia, Francia o Portugal sus constituciones contienen cláusulas de intangibilidad.
Ahora bien, hay un límite temporal en la reforma ya que en su artículo 169 se establece que “no se puede iniciar en tiempo de guerra o estando vigente un estado excepcional recogidos en el artículo 116.1. CE” (Estado de alarma, de sitio y de excepción).
La limitación establecida en la propia Constitución española es sumamente restringida, puesto que no se impide la tramitación de la reforma en cualquiera de sus fases, sino sólo su inicio. La reforma de la Constitución está regulada en el Título X, donde se establecen dos procedimientos en función de la materia. Ambos procedimientos son de carácter rígido, es decir, distintos y más complejos que el procedimiento legislativo ordinario.
- Agravado (art. 168 CE): cuando se lleva a cabo una revisión completa o una revisión del Título preliminar, de la Sección I, Capítulo 2º Título I (derechos y libertades públicas), y el Título II.
Por revisión total de la Constitución ha de entenderse aquélla que incida de forma relevante en todas sus partes, aunque queden preceptos sin modificar. En cuanto el Título Preliminar, el mismo contiene preceptos que proclaman los principios y valores básicos del ordenamiento constitucional. La Sección Primera del Capítulo Segundo del Título I, comprende la regulación de los derechos fundamentales y las libertades públicas, que gozan una de una protección constitucional superior, según los términos del artículo 53.2 de la CE. Finalmente, el Título II, es el que regula la institución de la Corona.
- Simple (art. 167 CE): todos los demás artículos.
5 La existencia de estos dos procedimientos de reforma constitucional, de diverso grado de rigidez, evidencia que la Constitución ha optado por dificultar el procedimiento de reforma de ciertos aspectos esenciales del sistema antes de excluir algunas cuestiones o preceptos de la posibilidad de reforma.
Por lo que se refiere a los sujetos habilitados para iniciar el procedimiento de reforma, el artículo 166 de la CE se limita a prever que la reforma constitucional se ha de ejercer en los términos contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 87, esto es, en la forma establecida para la iniciativa correspondiente al procedimiento legislativo ordinario.
De esta manera, la iniciativa de reforma constitucional en ambos casos corresponde al Gobierno y a cada una de las Cámaras de las Cortes, así como, con notables limitaciones, a las Asambleas de las Comunidades Autónomas (art. 166 CE). Queda excluida, en cambio, toda posibilidad de Iniciativa Legislativa Popular en relación con la reforma constitucional.
El ejercicio de la iniciativa de reforma constitucional se regula en los Reglamentos parlamentarios. En lo que respecta al Gobierno, se ejerce con el mero envío de proyecto de reforma al Congreso de los Diputados para su ulterior tramitación por ambas Cámaras.
El Reglamento del Congreso prevé, como única diferencia con el procedimiento legislativo ordinario, que las proposiciones procedentes de la propia Cámara deberán ir suscritas por dos grupos parlamentarios (en vez de por uno solo) o por la quinta parte de los Diputados (lo que supone 70 Diputados en vez de 15).
En lo que respecta al Senado, su Reglamento atribuye la capacidad de presentar una proposición de reforma a 50 Senadores que no pertenezcan a un único grupo parlamentario, frente a lo establecido para el procedimiento legislativo ordinario, que reconoce dicha capacidad a un Grupo parlamentario o 25 Senadores.
A las Asambleas de las Comunidades Autónomas se les reconoce únicamente la posibilidad de solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de reforma o bien remitir a la Mesa del Congreso una proposición de reforma constitucional, delegando ante dicha Cámara una Comisión de hasta tres miembros de la Asamblea encargada de su defensa. Ahora bien, es una mera propuesta, que no obliga ni al Gobierno a enviar un proyecto de reforma a las Cortes, ni al Congreso de los Diputados a tomar en consideración la proposición de reforma presentada por la Asamblea regional.
El procedimiento simple u ordinario de reforma El procedimiento sencillo u ordinario de reforma (art. 167 CE) corresponde a un procedimiento legislativo ordinario con algunas especialidades. Se requiere, para su aprobación la mayoría de tres quintas partes en el Congreso y el Senado, tramitándose primero en el Congreso donde saldrá un texto que se dirigirá al Senado para su votación.
La Constitución contempla la posibilidad de que ambas Cámaras discrepen en cuanto al texto aprobado por cada una de ellas; así en caso de que exista cualquier diferencia en el texto aprobado por el Senado respecto al aprobado previamente por el Congreso de los Diputados, se constituye una Comisión paritaria o Comisión mixta de composición paritaria de Diputados y Senadores, cuya misión es lograr un texto consensuado que ha de someterse a ambas Cámaras al objeto de que se aprobado por la citada mayoría de tres quintos.
El intento de reforma habría fracasado si el texto sometido a la votación definitiva de las Cámaras es rechazado por alguna de ellas. Lo mismo ocurre si, constituida la Comisión mixta, en ella no se alcanza un acuerdo sobre el texto a someter a ambas Cámaras.
Ahora bien, la Constitución prevé una segunda modalidad para el caso de que el texto sometido a las Cámaras, con o sin intervención de la Comisión mixta, sea aprobado por ambas Cámaras, pero sin alcanzar en el Senado la mayoría 6 requerida de los tres quintos de sus miembros (art. 167.2 CE). En tal supuesto, y siempre que la reforma hubiera obtenido en dicha Cámara al menos el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, el Congreso puede aprobar la reforma si alcanza la mayoría de dos tercios.
Esto es, se admite la aprobación de la reforma con una mayoría inferior a la inicialmente requerida de tres quintos del Senado, siempre que el Congreso supere esta mayoría y alcance los dos tercios. Esta posibilidad constituye una última oportunidad para aprobar la reforma ya iniciada, de tal forma que si tampoco se obtienen estas mayorías la reforma habría fracasado definitivamente. Habría entonces que proceder, en su caso, a un nuevo ejercicio de la iniciativa de reforma.
Aprobado la reforma, se puede producir un referéndum potestativo siempre y cuando este fuese solicitado de forma expresa por la décima parte de algún de las Cámaras y siempre que fuese presentada en los 15 días siguientes a la aprobación. Este referéndum en el caso de las modificaciones “agravadas” será obligatorio.
Ha sido empleado en dos ocasiones; el 28 de agosto del 1992, con la modificación del artículo 13.2 CE, y el 27 de septiembre del 2011 con el artículo 135 de la CE.
El procedimiento agravado de reforma El procedimiento agravado es mucho más complejo y está pensado para evitar la posible reforma. Es, sin duda alguna, extraordinariamente rígido y complejo. La decisión de iniciar la reforma constitucional, con independencia del resultado, debe ser aprobada en cada Cámara por mayoría de dos tercios. Una vez aprobada la iniciativa, las Cámaras de disuelven y se convocan elecciones.
Las nuevas Cámaras elegidas a continuación deben primero ratificar la decisión de reformar la Constitución por mayoría simple, dado que no se ha establecido una mayoría determinada. De ser así, han de proceder seguidamente al estudio del texto del proyecto a proposición de reforma constitucional que deber ser aprobado en ambas Cámaras por mayoría de dos tercios.
En caso de aprobación es obligatorio la convocatoria de un referéndum vinculante de ratificación, donde se requiere una mayoría simple. La celebración de éste queda sometida a la limitación ya vista de no poder celebrarse estando vigente los estados de excepción o sitio y en los noventa días posteriores.
Mediante este proceso, se requiere de la intervención de dos legislaturas y hay dos consultas populares. Imita el procedimiento de elaboración original. Cuando la reforma afecta a materias conexas, existe inidoneidad del procedimiento aplicable; partes en que se aplica un procedimiento y partes en que se aplica otro.
En la reforma del Título X existe una auto-reforma por el procedimiento sencillo. El título X en principio está sometido al ordenamiento ordinario de manera que se podría sacar una materia que implicaría una reforma agravada para hacer que su modificación sea mediante procedimiento sencillo. Posteriormente, se modificaría esta materia mediante una reforma simple. Existe por tanto una laguna técnica salvable mediante interpretación para evitar un posible fraude de ley.
No se prevé ningún mecanismo de control sobre los procedimientos de reforma o no al menos de forma expresa. Hay por tanto una ausencia de procedimientos para fiscalizar la reforma. En estos casos, sería el Tribunal Constitucional quien ejercería este papel.
Una mutación constitucional se da cuando un precepto se queda obsoleto o bien cuando su sentido original se pierde y se acaba aplicando con un sentido completamente distinto al original. Este supuesto no es posible, pero si la 7 adaptación interpretativa, que se da cuando se lleva a cabo una interpretación del Tribunal Constitucional como intérprete máximo cosa que hace que lo que diga un precepto sin perder su sentido pueda ser aplicado a realidades nuevas o diferentes.
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