TEMA 11 - Los bienes públicos (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Actividad de las Administraciones
Año del apunte 2014
Páginas 11
Fecha de subida 30/03/2015
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Actividad de las Administraciones TEMA 11 – Los bienes públicos   TEMA 11 – Los bienes públicos 1.
CLASIFICACIÓN Los bienes públicos pueden ser: -­‐ Públicos por la titularidad: Administraciones.
-­‐ Públicos por su vinculación a los intereses públicos.
-­‐ Soporte físico a las actividades de las AAPP de servicio al interés general.
-­‐ Sujeción a un régimen jurídico exorbitante: Derecho público.
2.
DERECHO PÚBLICO DE LOS BIENES En relación con los bienes públicos, hay un régimen jurídico especial que se separa del régimen común del código civil. La causa de este régimen está en la titularidad, que está asociada al interés público. Podría pensarse que el régimen jurídico de los bienes podría ser el régimen general común de los bienes que se establecen en el Código Civil. No es así por la titularidad; la titularidad lo condiciona todo. La titularidad está relacionada con los intereses a los que sirve el dueño, la AP sirve a los intereses generales y eso condiciona al régimen jurídico de los bienes públicos.
Bienes públicos Interés público Régimen jurídico diferente Ley 33/2003 En el ámbito de los bienes privados, la titularidad sirve en exclusiva a los intereses de su dueño. En los bienes públicos, en cambio, la titularidad sirve a los intereses de un tercero, los ciudadanos. Hay la necesidad de proteger los intereses de los ciudadanos de cualquier amenaza que puedan padecer. Esta amenaza normalmente deriva de la mala administración, es decir, del propio titular del bien. Proteger los bienes públicos es proteger su afectación al interés general. Ese interés debe ser protegido por todos. En resumen, el régimen jurídico de los bienes públicos tiene como objetivo fundamental la protección porque proteger esos bienes es proteger su servicio al interés general.
Los bienes son el soporte físico a las actividades de la AP de servicio al interés general; soporte físico en tanto en cuanto constituyen la infraestructura de las actividades de la AP al servicio del interés general.
RÉGIMEN JURÍDICO: LEY 33/2003 El régimen jurídico de los bienes públicos está constituido por la Ley 33/2003. Es legislación básica del Estado respecto de las CCAA pero es legislación plena respecto del patrimonio del Estado.
-­‐ Bienes del Estado: Legislación plena.
-­‐ Bienes autonómicos: legislación básica.
1   Actividad de las Administraciones TEMA 11 – Los bienes públicos   Una de las clasificaciones fundamentales en el régimen jurídico de los bienes es la distinción entre bienes patrimoniales y bienes demaniales. El régimen jurídico es supletorio respecto de los bienes demaniales pero es principal respecto de los bienes patrimoniales: • Bienes patrimoniales: Bienes privativos de la AP. La Ley 33/2003 es la legislación principal respecto del régimen jurídico de los bienes patrimoniales. Supletoriamente, se aplicarán las normas del derecho administrativo, en todas las cuestiones relativas a la competencia para adoptar los correspondientes actos y al procedimiento que ha de seguirse para ello, y las normas del Derecho privado en lo que afecte a los restantes aspectos de su régimen jurídico.
• Bienes demaniales: Bienes de dominio público. Los bienes y derechos de dominio público se regirán por las leyes y disposiciones especiales que les sean de aplicación y, a falta de normas especiales, por la Ley 33/2003 y las disposiciones que la desarrollen o complementen. Las normas generales del derecho administrativo y, en su defecto, las normas del derecho privado, se aplicarán como derecho supletorio.
El régimen jurídico está incluido en la ley regladora de cada uno de los bienes públicos. La Ley 33/2003 sólo es subsidiaria respecto de cada uno de los bienes de dominio público. En el caso de los bienes patrimoniales (art. 7.3) el régimen de adquisición, administración, defensa y enajenación será el previsto en esta Ley.
3.
PATRIMONIO El patrimonio es el conjunto de bienes y derechos de contenido económico.
La idea de patrimonio pretende definir un concepto unitario en el que pretende integrarse todo el conjunto de bienes y derechos de contenido económico. El patrimonio es el conjunto de bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza. No se incluye en el patrimonio de las AAPP el dinero, los valores, los créditos y los demás recursos financieros de su hacienda ni, en el caso de las entidades públicas empresariales y entidades análogas dependientes de las comunidades autónomas o corporaciones locales, los recursos que constituyen su tesorería.
El régimen jurídico de los dos bienes (demaniales y patrimoniales) son radicalmente distintos. Los bienes de dominio público no pueden ser objeto de venta, en cambio, los patrimoniales sí. Por razón del régimen jurídico al que están sujetos, los bienes y derechos que integran el patrimonio de las Administraciones públicas pueden ser de dominio público (bienes demaniales) y de dominio privado (bienes patrimoniales).
-­‐ Los bienes de dominio público o demaniales tienen titularidad pública. Están vinculados a un uso común o a un servicio público. A raíz de esta vinculación, y a efectos de garantizar esta vinculación, se organiza el régimen jurídico de los bienes públicos. El régimen jurídico de los bienes públicos pretende garantizar la afectación, la vinculación del bien a un uso o servicio público.
-­‐ En el caso de los bienes privados o patrimoniales no hay esa vinculación, esa afectación al uso o servicio público. No obstante, los bienes patrimoniales siguen siendo bienes públicos y están vinculados al interés general o necesidad pública.
2   Actividad de las Administraciones TEMA 11 – Los bienes públicos   4.
VINCULACIÓN DE LOS BIENES CON EL INTERÉS PÚBLICO: AFECTACIÓN DE LOS BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO Tanto los bienes demaniales como los patrimoniales están vinculados a un interés público porque son titularidad de la AP y la AP sirve siempre al interés general.
BIENES DEMANIALES • Definición: Son bienes y derechos de dominio público los que, siendo de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales. Por lo tanto, los bienes de dominio público quedan vinculados al interés público, por obra de la afectación o bien fruto de una ley que vincula a una clase o categoría de bienes.
En algunos casos la afectación se refiere a un bien específico (bienes por afectación) y en otros casos la afectación se refiere a una categoría de bienes (bienes por naturaleza).
→ Bienes por afectación: La afectación existe respecto de un bien específico.
→ Bienes por naturaleza: La afectación existe respecto de una categoría de bienes. Es una clase relativa a ciertos bienes que reúnen ciertas características naturales. Bienes que son bienes públicos por su naturaleza. Los bienes públicos por naturaleza son las aguas, las aguas continentales y las aguas marítimas de la soberanía del Estado. El aire, la atmosfera no se puede incluir porque no es un bien en sentido jurídico porque no es apropiable. La vida puede ser un bien de dominio público en el caso de la flora y la fauna silvestre à Carece de propietario.
Son bienes demaniales: -­‐ Inmuebles de titularidad de la AGE o organismos públicos vinculados a ella o dependientes de la misma en que se alojen servicios, oficinas o dependencias de sus órganos o de los órganos constitucionales del Estado.
-­‐ La zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.
• Principios del régimen jurídico de los bienes demaniales: La gestión y administración de los bienes y derechos demaniales por las AAPP se ajustarán a los siguientes principios: -­‐ Inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad.
-­‐ Adecuación y suficiencia de los bienes para servir al uso general o al servicio público a que estén destinados.
-­‐ Aplicación efectiva al uso general o al servicio público, sin más excepciones que las derivadas de razones de interés público debidamente justificadas.
-­‐ Dedicación preferente al uso común frente a su uso privativo.
-­‐ Ejercicio diligente de las prerrogativas que la presente ley u otras especiales otorguen a las Administraciones públicas, garantizando su conservación e integridad.
3   Actividad de las Administraciones TEMA 11 – Los bienes públicos   -­‐ Identificación y control a través de inventarios o registros adecuados.
-­‐ Cooperación y colaboración entre las Administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias sobre el dominio público.
-­‐ Garantía de la permanente afectación al interés general: La afectación no puede ser perturbada por la venta. Mientras el bien esté vinculado al servicio o uso público el bien no se puede vender.
• Afectación y sus mutaciones (art. 65 y ss Ley 33/2003): La afectación determina la vinculación de los bienes y derechos a un uso general o a un servicio público, y su consiguiente integración en el dominio público. La afectación puede ser respecto de un bien específico o respecto de una categorías de bienes, en relación con sus características naturales. En el primer caso, se debe regular por ley (aguas continentales) mientras que los bienes por naturaleza son reconocidos por la CE (dominio público terrestre).
Forma de afectación: Salvo que la afectación derive de una norma con rango legal, ésta deberá hacerse en virtud de acto expreso por el órgano competente, en el que se indicará el bien o derecho a que se refiera, el fin al que se destina, la circunstancia de quedar aquél integrado en el dominio público y el órgano al que corresponda el ejercicio de las competencias demaniales, incluidas las relativas a su administración, defensa y conservación. Los hechos y actos siguientes tienen los mismos efectos que la afectación: a) La utilización pública, notoria y continuada por la Administración General del Estado o sus organismos públicos de bienes y derechos de su titularidad para un servicio público o para un uso general.
b) La adquisición de bienes o derechos por usucapión, cuando los actos posesorios que han determinado la prescripción adquisitiva hubiesen vinculado el bien o derecho al uso general o a un servicio público, sin perjuicio de los derechos adquiridos sobre ellos por terceras personas al amparo de las normas de derecho privado.
c) La adquisición de bienes y derechos por expropiación forzosa, supuesto en el que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 de esta ley, los bienes o derechos adquiridos se entenderán afectados al fin determinante de la declaración de utilidad pública o interés social.
d) La aprobación por el Consejo de Ministros de programas o planes de actuación general, o proyectos de obras o servicios, cuando de ellos resulte la vinculación de bienes o derechos determinados a fines de uso o servicio público.
e) La adquisición de los bienes muebles necesarios para el desenvolvimiento de los servicios públicos o para la decoración de dependencias oficiales.
Desafectación: Los bienes y derechos demaniales perderán esta condición, adquiriendo la de patrimoniales, en los casos en que se produzca su desafectación, por dejar de destinarse al uso general o al servicio público. Salvo en los supuestos previstos en esta ley, la desafectación deberá realizarse siempre de forma expresa. Tiene que haber una resolución que expresamente diga que ese bien ya no es útil al uso general o al servicio público. A partir de ese momento, el bien pierde la condición de bien demanial y adquiere la 4   Actividad de las Administraciones TEMA 11 – Los bienes públicos   condición de bien patrimonial, porque la titularidad pública no se pierde, simplemente deja de servir al uso general o servicio público.
Mutación: La mutación demanial es el acto en virtud del cual se efectúa la desafectación de un bien o derecho del Patrimonio del Estado, con simultánea afectación a otro uso general, fin o servicio público de la Administración General del Estado o de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. La mutación, en definitiva, se produce cuando el bien de dominio público deja de estar vinculado a un determinado fin público y pasa a estar vinculado a otro fin público. Las mutaciones demaniales deberán efectuarse de forma expresa, salvo lo previsto para el caso de reestructuración de órganos, en los que se atenderá a lo que se establezca en la correspondiente disposición. Si no se hubiese previsto nada sobre este particular, se entenderá que los bienes y derechos continúan vinculados a los mismos fines y funciones.
BIENES PATRIMONIALES • Definición: Son bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales los que, siendo de titularidad de las Administraciones públicas, no tengan el carácter de demaniales (art. 7). Se establece, para los bienes patrimoniales, una delimitación negativa (tienen carácter residual); son aquellos que no son demaniales.
Los bienes patrimoniales no están afectos a un uso general o servicio público pero están vinculados a una necesidad de la AP. Está pensado sobretodo en bienes de titularidad pública que están vinculados a una empresa pública.
• Vinculación al interés público: Los bienes y derechos patrimoniales del Patrimonio del Estado que no sean necesarios para el ejercicio de las competencias y funciones propias de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos podrán ser enajenados (art. 131.1). Por lo tanto, los que continúan en el patrimonio está vinculados a las necesidades de la AP, o sea, al interés general.
Ningún tribunal ni autoridad administrativa podrá dictar providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecución contra los bienes y derechos patrimoniales cuando: -­‐ Se encuentren materialmente afectados a un servicio público o a una función pública.
-­‐ Cuando sus rendimientos o el producto de su enajenación estén legalmente afectados a fines determinados.
-­‐ Cuando se trate de valores o títulos representativos del capital de sociedades estatales que ejecuten políticas públicas o presente servicios de interés económico general.
• Principios régimen jurídico bienes patrimoniales: Se debe someter a los bienes patrimoniales a una buena administración para que contribuyan mejor a satisfacer las necesidades de la AP al servicio del interés general. La gestión y administración de los bienes y derechos patrimoniales por las Administraciones públicas se ajustarán a los siguientes principios: a) Eficiencia y economía en su gestión.
b) Eficacia y rentabilidad en la explotación de estos bienes y derechos.
5   Actividad de las Administraciones TEMA 11 – Los bienes públicos   c) Publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en la adquisición, explotación y enajenación de estos bienes.
d) Identificación y control a través de inventarios o registros adecuados.
e) Colaboración y coordinación entre las diferentes Administraciones públicas, con el fin de optimizar la utilización y el rendimiento de sus bienes.
5.
• RÉGIMEN DE ADQUISICIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS. LA ENAJENACIÓN Modos de adquisición: Las AAPP podrán adquirir bienes y derechos por cualquiera de los modos previstos en el ordenamiento jurídico y, en particular, por los siguientes.
• a) Por atribución de la ley.
b) A título oneroso, con ejercicio o no de la potestad de expropiación.
c) Por herencia, legado o donación.
d) Por prescripción.
e) Por ocupación.
Carácter patrimonial de los bienes adquiridos Salvo disposición legal en contrario, los bienes y derechos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos se entienden adquiridos con el carácter de patrimoniales, sin perjuicio de su posterior afectación al uso general o al servicio público.
No podemos confundir adquisición con afectación: titularidad y destino. El caso peculiar de la expropiación: la afectación es implícita: “la afectación del bien o derecho al uso general, al servicio público, o a fines y funciones de carácter público se entenderá implícita en la expropiación”. Así pues, en el caos de la expropiación forzosa, el bien queda vinculado a la razón que se establece en la expropiación forzosa, cuando se expone la necesidad de ocupación. Como esa es la causa que desencadena la expropiación forzosa, esa es la afectación del bien.
-­‐ Adquisición: Se refiere a la titularidad, a la propiedad del bien. Es la incorporación del bien al patrimonio.
-­‐ Afectación: Se refiere al destino del bien que se ha incorporado en el patrimonio. La ley puede determinar la adquisición del bien y automáticamente su afectación.
• Modos de Derecho público (atribución de ley y expropiación) y los demás de Derecho privado: La Adquisición se puede hacer mediante expropiación forzosa, que es una forma de adquisición propia de lo público. Hay otros modos como la compraventa, etc., que son propias del sector privado.
• Régimen jurídico de los modos de adquisición: o Por atribución de la ley: § Inmuebles vacantes (art. 17): Bienes que, por no tener dueño, pertenecen a la AGE. Su adquisición se produce por ley sin necesidad de un acto o declaración por parte de la AGE.
§ Saldos y depósitos abonados (art. 18): Corresponden a la AGE los valores, dinero y demás bienes muebles depositados en la Caja General de Depósitos y en entidades de crédito, 6   Actividad de las Administraciones TEMA 11 – Los bienes públicos   sociedades o otras entidades financieras, si no se han gestionado por parte de los interesados que implique el ejercicio de su derecho de propiedad en un plazo de veinte años.
o A título oneroso: § Adquisición voluntaria (art.19): Las adquisiciones de bienes y derechos a título oneroso y de carácter voluntario se regirán por las disposiciones de esta ley y supletoriamente por las normas del derecho privado, civil o mercantil.
§ Mediante contrato (art. 115): Para la adquisición de bienes o derechos la Administración podrá concluir cualesquiera contratos, típicos o atípicos.
§ o Imperativa (art. 29): Mediante expropiación forzosa.
A título gratuito: § Adquisiciones hereditarias (art. 20): Se puede dejar en herencia, siempre que sea posible, bienes y derechos a órganos o instituciones de la AGE.
§ Sucesión legítima (art. 21): El Ministerio de Hacienda acepta herencias a favor de la AGE. Si la Ley del Patrimonio Histórico Español lo determina, esta competencia será atribuida al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Si se hubiese señalado el fin a que deben destinarse los bienes, serán aceptados por el Ministro titular del departamento competente. Deberán destinarse a ese fin mínimo durante 30 años y después a fines de interés social, sea ese u otro. Solo podrán aceptar herencias que sean mayores que el gravamen impuesto, excepto si concurren razones de interés público.
§ Por prescripción o ocupación (art. 22 y 23): Las AAPP podrán adquirir bienes por prescripción u ocupación con arreglo a lo dispuesto en el Código Civil y en las leyes especiales.
La ley juega con patrimoniales y demaniales pensando en un efecto que es que si son patrimoniales, la AP lo puede vender, si son demaniales no. Por eso las empresas públicas tienen bienes patrimoniales.
ENAJENACIÓN Enajenación es pasar a otro la propiedad o derecho sobre algo.
• Bienes demaniales: inalienabilidad (art. 30.1).
En el caso de los bienes demaniales no es posible la enajenación porque son inalienables; están excluidos del tráfico jurídico porque se pretende garantizar la afectación permanente de los bienes a la finalidad pública que justificó la demanialización correspondiente.
Para que pueda procederse a la venta de un bien de dominio público, el bien primero tiene que perder la condición de bien demanial mediante la desafectación. En ese caso, el bien pasa a ser un bien patrimonial.
Los bienes y derechos demaniales son pues, inalienables, imprescriptibles e inembargables.
• Bienes patrimoniales: alienabilidad (art. 30.2).
7   Actividad de las Administraciones TEMA 11 – Los bienes públicos   La enajenación de los bienes patrimoniales está rodeada de una serie de garantías para garantizar la buena administración. Los bines y derechos patrimoniales que no sean necesarios para la AGE, podrán ser enajenados siguiendo el procedimiento y los requisitos legalmente establecidos (art. 131). También es posible las enajenaciones temporales por razones de interés público.
La enajenación de los bienes de y derechos del Patrimonio del Estado podrá efectuarse en virtud de cualquier negocio jurídico traslativo, típico o atípico, de carácter oneroso. La enajenación a título gratuito sólo será admisible cuando se acuerde su cesión.
REGLAS ESPECIALES DE ENAJENACIÓN DE CIERTOS BIENES PATRIMONIALES -­‐ Enajenación de bienes inmuebles (art. 137): mediante concurso (procedimiento ordinario), subasta (criterio únicamente económico) o adjudicación directa (supuesto excepcional).
-­‐ Enajenación de bienes muebles (art. 143): Mediante subasta.
-­‐ Otros: enajenación de propiedades incorporales (art. 144) y cesión gratuita (art. 145) –bienes y derechos que son cedidos por la AGE, porque no tienen afectación o explotación previsible, para la realización de fines de interés social.
6.
• RÉGIMEN DE USO DE LOS BIENES PÚBLICOS Uso general de los bienes demaniales: En el caso de los bienes de dominio público el uso es esencialísimo para la preservación del interés público. El uso viene determinado por la finalidad que pretende satisfacer.
-­‐ Bienes destinados al uso general: Tipos de uso en función de la intensidad de uso que hacen los particulares: o Uso común (art. 85.1): Se considera uso común aquel que corresponda por igual y de forma indistinta a todos los ciudadanos, de modo que el uso por uno no impide el uso por otros interesados. El uso común no necesita título alguno. Los principios del uso común son la compatibilidad, prioridad temporal, indemnidad y ordenación por la AP.
o Uso especial (art. 85.2): Aquel que sin impedir el uso común, supone la concurrencia de circunstancias tales como la peligrosidad o intensidad del mismo, etc., que determinan un exceso de utilización sobre el uso que corresponde a todos o un menoscabo de éste. En este caso, existe una ordenación mediante el título jurídico administrativo (licencia), aunque debemos tener en cuenta que la legislación liberalizadora de los servicios ha substituido la licencia por otras formas de intervención como la declaración responsable.
o Uso privativo (art. 85.3): El que determina la ocupación de una porción del dominio público de modo que se excluye el uso por otros interesados. Se necesitará para el uso privativo: § Autorizaciones: Si el uso privativo es para instalaciones desmontables y de menos de cuatro años.
8   Actividad de las Administraciones TEMA 11 – Los bienes públicos   § Concesiones: Usos privativos con instalaciones fijas o con una duración superior a cuatro años.
§ Reservas demaniales: La AGE podrá reservarse el uso exclusivo de bienes de su titularidad destinados al uso general para la realización de fines de su competencia, cuando existan razones de utilidad pública o interés general.
-­‐ Bienes afectos a un servicio público: o Bienes vinculados a la prestación del servicio correspondiente; afectación que determina el carácter demanial de los bienes.
o Servicio público regular (bienes destinados a la prestación de servicios públicos reglados): legislación correspondiente.
o Los bienes destinados a otros servicios públicos se utilizarán de conformidad con lo previsto en el acto de afectación o adscripción.
o Ocupación de espacios en edificios administrativos del patrimonio del Estado. Tiene carácter excepcional para dar soporte a servicios dirigidos al personal o a los visitantes.
• Bienes patrimoniales: -­‐ 7.
Uso por tercero: mediante contrato, adjudicado mediante concurso.
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS Los bienes de dominio público están vinculados con un fin de servicio público. El derecho pretende garantizar que esa afectación se mantenga.
• Técnicas de protección o Inventario patrimonial: Las AAPP están obligadas a inventariar los bienes y derechos que integran su patrimonio en el Inventario General de Bienes y Derechos de Estado.
o Inmatriculación en el Registro de la propiedad: Los bienes están protegidos por la protección registral de manera que se impida la libre transmisión de los bienes. Las AAPP deben inscribir en los correspondientes registros los bienes y derechos susceptibles de inscripción. La inscripción será potestativa para las AAPP en el caso de arrendamientos inscribibles conforme a la legislación hipotecaria.
• Potestades administrativas: Para la defensa de su patrimonio, las AAPP tienen las siguientes facultades y prerrogativas.
o Investigación: Las AAPP tienen la facultad de investigar la situación de los bienes y derechos que presumiblemente formen parte de su patrimonio, a fin de determinar la titularidad de los mismos cuando ésta no les conste de modo cierto. La investigación permite conocer el estado físico y jurídico de los bienes de las AAPP. La AP, como consecuencia de la investigación, dicta una resolución declarativa que pone fin al procedimiento. La AP no tiene por qué acudir a un juez para determinar cuáles son sus propiedades.
Cuando se considere suficientemente acreditada la titularidad de la AGE sobre el bien o derecho, se declarará así en la resolución que ponga fin al procedimiento y se procederá a su tasación, a su 9   Actividad de las Administraciones TEMA 11 – Los bienes públicos   inclusión en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado y a su inscripción en el Registro de la Propiedad, así como a la adopción, en su caso, de cuantas medidas sean procedentes para obtener su posesión.
o Deslinde: Poder de la AP para establecer la frontera de la propiedad del bien de titularidad pública. El principal problema es que se entra en conflicto con los derechos del vecino colindante.
Las AAPP podrán deslindar los bienes inmuebles de su patrimonio de otros pertenecientes a terceros cuando los límites entre ellos sean imprecisos o existan indicios de usurpación.
-­‐ Una vez iniciado el procedimiento administrativo de deslinde, y mientras dure su tramitación, no podrá instarse procedimiento judicial con igual pretensión.
-­‐ Procedimiento de deslinde: § El procedimiento se iniciará de oficio, por iniciativa propia o a petición de los colindantes.
§ El acuerdo de iniciación del procedimiento se comunicará al Registro de la Propiedad correspondiente a fin de que, por medio de nota al margen de la inscripción de dominio, se tome razón de su incoación.
§ El inicio del procedimiento se publicará y el acuerdo de iniciación se notificará a cuantas personas se conozca ostenten derechos sobre las fincas colindantes que puedan verse afectadas por el deslinde.
§ La resolución por la que se apruebe el deslinde deberá notificarse a los afectados por el procedimiento de deslinde y publicarse. Una vez el acuerdo resolutorio del deslinde sea firme, y si resulta necesario, se procederá al amojonamiento, con la intervención de los interesados que lo soliciten, y se inscribirá en el Registro de la Propiedad correspondiente.
§ El plazo máximo para resolver el procedimiento de deslinde será de 18 meses, contados desde la fecha del acuerdo de iniciación. Transcurrido este plazo sin haberse dictado y notificado la correspondiente resolución, caducará el procedimiento y se acordará el archivo de las actuaciones.
o Recuperación de oficio: Se trata de la recuperación de la posesión indebidamente perdida.
Primero se procederá al requerimiento y, en caso de resistencia, se procede al lanzamiento o imposición de multas coercitivas.
§ Bienes y derechos demaniales: La potestad de recuperación se puede ejercer en cualquier momento.
§ Bienes y derechos patrimoniales: Plazo de un año desde la usurpación; pasado este plazo la AP deberá ejercer acciones ante la jurisdicción civil.
o Desahucio administrativo: -­‐ Las AAPP podrán recuperar en vía administrativa la posesión de sus bienes demaniales cuando decaigan o desaparezcan el título, las condiciones o las circunstancias que legitimaban su ocupación por terceros.
10   Actividad de las Administraciones TEMA 11 – Los bienes públicos   -­‐ Para el ejercicio de la potestad de desahucio será necesaria la previa declaración de extinción o caducidad del título que otorgaba el derecho de utilización de los bienes de dominio público.
-­‐ La resolución que recaiga, que será ejecutiva sin perjurio de los recursos que procedan, se notificará al detentador, y se le requerirá para que desocupe el bien, a cuyo fin se le concederá un plazo no superior a ocho días para que proceda a ello.
-­‐ En caso de resistencia, lanzamiento o imposición de multas coercitivas.
Los actos administrativos dictados en los procedimientos que se sigan para el ejercicio de estas facultades y potestades que afecten a titularidades y derechos de carácter civil sólo podrán ser recurridos ante la jurisdicción contencioso-administrativa por infracción de las normas sobre competencia y procedimiento, previo agotamiento de la vía administrativa.
Quienes se consideren perjudicados en cuanto a su derecho de propiedad u otros de naturaleza civil por dichos actos podrán ejercitar las acciones pertinentes ante los órganos del orden jurisdiccional civil, previa reclamación en vía administrativa.
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