procesal penal (2017)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Derecho procesal penal
Año del apunte 2017
Páginas 14
Fecha de subida 09/06/2017
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DERECHO PROCESAL PENAL 1- De qué manera se juzga en España Examen Test (20 preguntas) + 2 teóricas (cortas) Prácticas  1 procedimiento practico Clasificación de delitos - Delitos públicos: los delitos perseguibles completamente sin necesidad de denuncia.
Delitos semi-públicos: los delitos son solo perseguibles si son denunciados y no se puede renunciar a la consecución del juicio.
Delitos privados: son perseguibles si se denuncian pero se puede renunciar a su ejecución (necesitan acta de consolación previa tmb).
TEMA 1: ACTIVIDAD JURISDICCIONAL PENAL En referencia a la actividad jurisdiccional penal, el DP se aplica única y exclusivamente por los tribunales de justicia y a través de un proceso. Nadie puede imponer una pena más que un tribunal de justicia. Para que esto sea así, ese tribunal ha de ser competente territorial, objetiva y funcionalmente (preexistente). El Estado tiene el monopolio de la jurisdicción penal, solo el legislador, a través de la promulgación de la ley vigente, puede establecer sentencia.
No se pueden crear tribunales ad hoc para el enjuiciamiento de una determinada causa, sino que, prevista la conducta y la pena, el tribunal que la ha de juzgar ha de estar prefijado en la LOPJ.
En un estado de derecho, el monopolio del ius puniendi debe cumplir determinadas funciones; primero, dicho monopolio está destinado a declarar el derecho a la libertad del ciudadano inocente, segundo, el proceso penal ha de ser un instrumento útil para la reparación del daño ocasionado a la víctima (24.1 CE), tercero, la función de reinserción que debe cumplir el proceso penal conforme a lo que dice el art. 25 CE  la pena está destinada a reinsertar al preso en la sociedad.
La jurisdicción penal tiene límites, y esos límites son (art. 23 LOPJ): - Límites territoriales Limites subjetivos Limites objetivos Límites subjetivos Tenemos que tener en cuenta que en función del sujeto del que se trate, hay personas cuyos actos, pese a que con arreglo a la ley podrían ser constitutivos de delito, aun así ello no daría lugar a un procedimiento penal ante la jurisdicción española.
Existen exenciones jurisdiccionales de derecho interno: 1- Exención absoluta (art. 56 CE)  el rey es inviolable, no está sujeta a responsabilidad de ninguna clase y sus actos están refrendados por el presidente del Gobierno.
2- Exención relativa  se limita la aplicación de la jurisdicción penal a determinadas personalidades como son senadores y diputados, entre ellos hay que incluir a los parlamentarios de los distintos parlamentos de las CCAA y hay que tener en cuenta que por las opiniones manifestadas en el ejercicio de su cargo no se puede accionar penalmente contra ellos.
Sin embargo, no hay que confundir la exención relativa con el requisito de procedibilidad para poder enjuiciar a estas personalidades. Cuando hay que procesar a un diputado del congreso, la autoridad judicial que quiere procesarlo ha de dirigir suplicatorio a la cámara correspondiente.
3- Exenciones del derecho internacional  normas del derecho internacional público referidas a jefes de estado y los cuerpos diplomáticos de los distintos países para no poder accionar contra diplomáticos,… Límites objetivos - Jurisdicción ordinaria Jurisdicción penal especial  es la jurisdicción penal militar (LEPM). Tiene sus propios juzgados, CP y normas de proceso penal.
La jurisdicción ordinaria ejerce una “vis atractiva”, ejerce para si todos los efectos, causas,… que están fuera del ámbito castrense. Por tanto, si un militar comete un delito no va a ser juzgado por un juzgado especial ni se la aplicará el código militar, sino que será juzgado por el ordinario. El juzgado militar es para hechos reconocidos como delito en el código penal militar en el ámbito castrense.
Competencia por razón de la persona Se refiere a los aforamientos. Somos el país con más aforados del planeta (17.700 p.). Los aforamientos determinan la atribución de la instrucción y del enjuiciamiento criminal a un órgano judicial superior al que le pudiera corresponder por las reglas generales a cualquier ciudadano.
En función del cargo que ocupa la persona le va a corresponder que sus actos punibles le sean juzgados a un tribunal distinto del que se le pudiera conceder a un ciudadano normal.
El aforamiento choca contra el derecho a juez ordinario predeterminado por la ley (el de juzgado de instrucción). El TC dice que el aforamiento no es ningún beneficio para el imputado, es una herramienta para garantizar el desarrollo libre e independiente de las funciones esenciales del aparato del estado democrático (evitar que un tribunal de orden inferior no se vea influenciado por tener que tratar con una persona de alto rango social).
La última instancia del derecho penal es el TS Sala 2da.
Las nomas que recogen la competencia objetiva para el enjuiciamiento de cada una de las personalidades que por su cargo y función están sujetas al aforamiento son; - Art. 73 LOPJ Art. 57 LOPJ  competencia para instrucción y fallo de la Sala 2da TS Competencia territorial En el ámbito penal permite adscribir territorialmente el conocimiento de un proceso penal concreto a un órgano jurisdiccional concreto.
¿Cuáles son los criterios de adscripción? Son los fueros. Tenemos 2; - - Preferentes  es “quorum delicti commissione”. El art. 14 LEC recoge el fuero preferente, el juez competente para conocer un crimen es el del lugar donde se ha cometido el crimen. Ahora bien, existen problemas con los delitos en los que no cabe diferenciar exactamente los sujetos o el lugar, para ello existen 3 teorías jurisprudenciales que tratan de dar solución a cada uno de los casos que se plantean:  Teoría de la actividad: el lugar de comisión del delito se identifica con el lugar donde se exteriorice la voluntad delictiva.
 Teoría del resultado: el lugar de comisión se identifica con aquel donde se consuma el delito (es el criterio mayoritario que siguen todos los tribunales).
 Teoría de la ubicuidad: entiende que el delito se comete tanto donde se realizan los actos de ejecución como donde se produce el resultado, bien, los tribunales dicen que hemos de estar siempre a estructura del delito, a la naturaleza del delito y a cuales son los presupuestos dinámicos y jurídicos de la infracción y las circunstancias concurrentes en cada caso. Esta teoría nos sirve para dar solución a los delitos continuados.
Subsidiarios (art. 15 LEC)  este articulo recoge una prelación de casos en los que hay que determinar la competencia territorial en función de las circunstancias del art. 13 LEC.
Tratamiento procesal de la competencia La competencia en el proceso penal, como dice el art. 8 LEC, la jurisdicción penal es improrrogable, es decir, sobre la cuestión de la competencia (sea territorial, objetiva o funcional) las partes no pueden disponer de ella. Ésta viene determinada por ley.
En las infracciones cometidas a distancia el delito se comete, no donde se desarrolla la dinámica comisiva, sino donde se produce el resultado lesivo.
Delito de apropiación indebida El delito se consuma en el lugar donde se produce el apoderamiento legítimo, no donde el autor del delito recibe la posesión de los bienes de los que se apropia.
Estafa La consumación de la estafa no es donde se produce el engaño, sino donde quedan los bines a disposición del delincuente.
 Nazareno = Estafa  crear ante la persona a la que se quiere engañar la apariencia de solvencia y así conseguir el mayor apoderamiento de bienes para luego desaparecer (nin-nin).
Delito de desobediencia El lugar de consumación/resultado no es donde se da la orden recibida sino donde esa orden es quebrantada.
En determinados casos la jurisprudencia da soluciones para la competencia territorial, como en la modalidad de delitos contra la salud, el tráfico de drogas, pues el lugar es donde se aprehende la droga.
En la omisión del deber de socorro sería al lugar donde se esperaba que se hubiera realizado el socorro.
Abandono de familia, impago de pensiones (2271 CP) Es el lugar del último domicilio de convivencia común de los padres.
Competencia funcional Es automática y derivada. Esto le viene dado porque la ley establece en cada momento que órgano jurisdiccional, qué tribunal ha de intervenir en cada una de las fases del procedimiento, de tal manera que a cada fase de un procedimiento determinado va a corresponder a un órgano jurisdiccional concreto predeterminado siempre por la LOPJ y la LEC.
En cada fase del procedimiento conoce un órgano jurisdiccional distinto determinado por ley.
Las recusaciones a jueces y magistrados, el órgano que tiene que conocer de ella viene determinado por la ley orgánica del poder judicial dejando claro y preciso ante quien corresponde el momento de recusación (art. 224 LOPJ).
 La abstención y la recusación son mecanismos que la ley establece para salvaguardar la imparcialidad del órgano que debe juzgar. De manera que si el juez considera que tiene un interés legítimo en el pleito, relación con las partes,… tiene la obligación legal de abstenerse, pero si no lo hace, las partes que intervienen en el proceso tienen la posibilidad de recusar para evitar que ese juez no imparcial juzgue. Los límites de esto están en el 54 y ss. LEC.
Tratamiento de la competencia funcional Como son normas imperativas, el control de esta competencia corresponde hacerla de oficio al propio juzgado o tribunal teniendo en cuenta que los casos de abstención y recusación son las herramientas que tienen las partes para controlar dicha competencia.
Competencia de los delitos conexos Hasta hace poco teníamos el 300 LEC que se ha trasladado al artículo 17 de la LEC, lo que implica que por cada causa/caso, hecho que se produzca, se va a incoar un procedimiento concreto.
El problema se da en casos que cuando se detiene una persona, ésta ha podido cometer una pluralidad de delitos Si estos delitos se han cometido en un espacio temporal ínfimo, nada evita que se puedan enjuiciar todos en un caso (art. 76 CP).
Cuando existen delitos conexos, que vienen definidos en 5 supuestos del art.17 la posibilidad de juzgarlos en un mismo sumario son todas, pues el juez le ha de aplicar el 76 y les ha de aplicar el triple de la mayor condena. Si por las razones que sea, los hechos que se hubieren de haber juzgado por una misma causa no se realiza, aun habiéndose juzgado por distintos juzgados y causas y sentenciados todos los casos, cabría acudir al TC por casación y pedir la refundición de penas.
Casos en los que cabe acudir a la refundición de pena Casos con: - Conexidad objetiva Conexidad subjetiva Conexidad mixta (LEERSE POR COMPLETO EL 76 CP Y 17 LEC) Art. 100 LEC  Acción para el castigo del culpable y acción civil para la restitución de la cosa, la reparación del daño o la indemnización por los perjuicios ocasionados.
En resumen, existen dos acciones que se pueden ejecutar simultáneamente: acción de castigo a culpable y acción civil para la reparación del daño o los perjuicios causados.
Se ha de tener en cuenta que el ejercicio de acción (dependiendo del sistema judicial va a variar), cuando se produce un delito el ministerio fiscal, que siempre está invitado en todos los procesos penales por delitos públicos o semipúblicos, cuando ejercita la acción penal también estará ejercitando la civil (aunque nadie diga nada) debido al art. 108 LEC.
Cada vez que se produce un delito y se ejercitan ambas acciones, en todo proceso penal se ejercitan dos acciones paralelas; la pretensión penal (es la principal) y la pretensión civil (subsidiaria, voluntaria).
Acción penal Tendremos que saber en qué sistema jurisdiccional o judicial nos encontramos, porque dependiendo del sistema en el que nos encontremos el ejercicio de esta acción va a estar en mano de unos u otros.
Sistema acusatorio puro El sistema acusatorio puro es el que tenemos en el “common law”, el sistema anglosajón. En este sistema, la acusación corresponde a cualquier ciudadano y sólo ellos son los que pueden ejercer la acción penal.
Ventajas: el proceso penal se convierte en una contienda entre rivales (ciudadano acusa y otro ciudadano es el acusado). Se deja en mano de los particulares la acción penal.
Desventajas: tarde o temprano aparecen unas figuras que prostituyen la acción y aparecen situaciones como el chantaje.
Este sistema tiene unas características: - El proceso penal se inicia siempre por persona distinta a juez El acusador es siempre parte necesaria durante todo el proceso. Si quien acusa lo deja el proceso penal sucumbe.
Incompatibilidad entre el papel del acusador y el de juzgador.
Todo el material factico ha de ser aportado por las partes.
En definitiva este sistema busca preservar la imparcialidad del juez, de manera que éste se convierte en un auténtico juzgador “supra partes”. Históricamente no se contemplaba la figura del ministerio fiscal.
En la exposición de motivos de nuestra LEC busca no tener que utilizar la figura del juzgado.
Sistema acusatorio formal Se da en Francia, Bélgica e Italia. Aquí el Estado se reserva el ejercicio penal para él, que lo ejerce a través del fiscal. Hay monopolio absoluto del fiscal a la hora de perseguir los delitos.
Ventajas: el estado previene la posible pasividad en la que puedan incurrir los particulares en la acción penal.
Desventaja: ya no hay igualdad, pues el fiscal prevalece sobre los particulares.
Sistema de concurso del ofendido Es de Austria y Alemania. No existe monopolio exclusivo del fiscal a la hora de ejercitar la acción penal, sino que se permite que el ofendido pueda ejercitar la acción penal como coadyuvante, de tal manera que el fiscal ejercita la acción penal y puede concurrir el ofendido como coadyuvante pero no es parte principal por lo que no puede mantener la acusación en solitario.
Sistema mixto Es nuestro sistema. Aquí tenemos por una parte el fiscal que no tiene el monopolio de la acción penal (108 y ss LEC) siempre es parte y lo será necesariamente en delitos públicos y semipúblicos. También puede haber la acusación oficial, es decir, el abogado del Estado.
Siempre que sean delitos públicos puede comparecer cualquier ciudadano como acusación popular, puede comparecer el perjudicado conforme al art. 109 y ss LEC y el acusador particular.
Si es delito privado, el ofendido se convierte en acusador privado.
¿La acción penal es renunciable? El régimen jurídico, en la renuncia de la acción penal, viene determinado por la categoría del delito que se trate. En los delitos públicos no cabe la renuncia, su persecución está fuera del alcance de decisión de los particulares, incluso siendo el ofendido/perjudicado no cabe la renuncia.
En los delitos semipúblicos, una vez que el proceso se ha incoado tampoco cabe la renuncia.
Otra cosa distinta es que estos delitos necesitan del requisito de perseguibilidad (la victima/ofendido es quien tiene que denunciar). En determinados casos, un tercero o victima tiene la obligación de denunciar. Una vez incoado el proceso penal el delito se vuelve público (la víctima no puede incoar ni perdonar) Ej.: el delito de agresión sexual es perseguible de oficio si la víctima es menor o discapacitada.
En los delitos privados, solo hay dos; injurias y calumnias. Cuando las calumnias se producen por escrito y con publicidad tienen un tratamiento procesal diferente. En estos delitos privados el fiscal no es parte y se dejan en manos del ofendido/perjudicado el ejercicio de la acción penal, solamente éste puede iniciar el proceso penal y está en sus manos acabarlo cuando quiera.
Extinción de la responsabilidad penal 130 CP  casos de extinción de la responsabilidad penal. El perdón del ofendido sólo la extingue en los casos del 197 y ss CP.
Acción civil La restitución, reparación e indemnización de los daños es el objeto material de la acción civil.
Es en paralelo, pues quien quiera ejercer esta acción fuera del proceso penal tendrá que reservarse expresamente esta acción para ejercitarla ante los tribunales civiles.
La acumulación de ambas acciones es automática, ahora bien, no hemos de perder de vista que estamos antes dos acciones heterogéneas, no participan de la misma naturaleza.
Ahora bien, la otra acción que nace del delito público es la acción civil, que sí que es renunciable porque goza de naturaleza dispositiva (el ofendido dispone de esa acción según le venga en gana). También puede decidir el ejercicio separado de la acción, pues esta acción civil puede ser más elevada separadamente. Para ejercitar esta reserva ha de quedar de forma clara y determinante y expresamente definida en el proceso penal, si no queda expresamente claro que te reservas las acciones civiles el fiscal ejercitará ambas acciones.
La renuncia a la acción civil también debe de quedar clara.
La renuncia y la reserva se pueden hacer; en el primer momento, cuando te ofrece las acciones el juez (art.109) o antes de dar comienzo al juicio oral, como cuestión previa se pueden reservar y renunciar las acciones.
Dentro del proceso penal, el objeto de la acción civil viene especificado en el 110 CP y consiste (por orden de prelación) en: 1- La restitución de la cosa 2- Si no es posible la restitución, la reparación del daño (si es reparable) 3- La indemnización ¿En qué momento procesal se concreta la responsabilidad civil? En el escrito de alegaciones inicial que es el escrito de acusaciones.
El tema de la reserva de la acción civil para ejercitarla fuera del proceso penal es capital, pues la reserva ha de ser expresa, determinante y clara.
Los requisitos procesales para que se puede hacer esta reserva para una ulterior tramitación ante los tribunales civiles son: 1- Que no haya habido renuncia a la acción civil 2- Para ir a otro tribunal, el proceso penal tiene que haber acabado, pues si no ha terminado todavía, aunque nos hayamos reservado la acción hemos de esperar a que termine porque por el contrario nos pueden alegar litispendencia (la acción civil nace de la culpa, pues no podrá haber culpa sin sentencia).
¿Qué pasa si hay una extinción de la responsabilidad civil? Hay que tener en cuenta que si estamos ante un proceso penal, la muerte del reo extingue la responsabilidad penal (art. 130 CP), sin embargo no se extingue la responsabilidad civil. Es decir, si muere antes de que se le condene al muerto no se le podrá condenar pero su responsabilidad civil subsiste y se traslada a sus causahabientes.
Por lo general, la extinción de la acción penal no lleva consigo la extinción de la responsabilidad civil, a no ser que la extinción proceda de haberse declarado por sentencia firme que no existió el hecho del cual se pretendía extraer consecuencias civiles (por ejemplo, por sentencia absolutoria). Sin embargo se puede plantear un juicio por responsabilidad civil derivada del tráfico aunque se haya sido absuelto en el orden penal, pues éste no vincula al civil.
Clasificación de las partes En todo proceso tiene que haber necesariamente 2 partes (acusadora y acusada). La clasificación lo es por: La posición que ocupa cada parte en el proceso - - Partes acusadoras o Ministerio fiscal o Acusador particular o Acusador privado o Acusador popular Partes acusadas Por la relevancia en el proceso - - Partes necesaria o Acusador o Acusado Parte contingentes o Responsable civil (directo y subsidiario) o Actor civil Por el objeto que se persigue - El que ejercita sólo la pretensión civil o Actor civil Los que ejercitan la pretensión penal (que puede ser la civil y la penal) Por la naturaleza de las partes - - Partes publicas o Abogado del Estado o Fiscal Partes privadas Actor civil Es cualquier persona que bien por ser perjudicado directo o indirecto del delito, va a ejercitar sólo la acción civil dejando en manos del fiscal la penal. Normalmente son compañías de seguros que reclaman una indemnización civil al acusado.
Si el fiscal deja de acusar automáticamente decae la pretensión civil del actor civil.
Acusador particular/privado y popular El particular se refiere a el ofendido (sobre quien recae la acción delictiva) o perjudicado (quien sufre dicha acción delictiva) por un delito público o semi público decide personarse en las actuaciones y ejercitar el derecho de acción penal (conforme al art. 109-111 LEC). Es parte principal, puede (con indistinción de lo que haga, diga o deje de hacer el fiscal) mantener la acusación por sí sola.
El privado se refiere al ofendido o perjudicado por un delito privado (injurias y calumnias). Es parte principal, pues el fiscal no forma pate nunca de estos procesos, y forma la dirección principal en contra del acusado.
Finalmente, el popular (recogido en el art. 125 CE) es un derecho que se le otorga a la ciudadanía para que en los delitos públicos pueda ejercer la acción penal conjunta o separadamente a lo que haga o diga el fiscal pues es también parte principal. Esta acusación cuesta dinero.
Partes acusadas Se necesita el acusado para el juicio penal. Éste tiene toda una terminología confusa.
¿Cómo se le denomina a lo largo del proceso penal? 1- El sospechoso  aquella figura sobre quien recae el inicio de una serie de averiguaciones por parte de la policía judicial porque se cree que puede ser autor cómplice o encubridor d un presunto delito que se está investigando.
2- Investigado  sujeto llamado en presencia del juez, con todas las garantías del 22.2 CE pero aún no existe una inculpación formal pues aún no se han reunido todos los elementos para ésta. Está acompañado de abogado y con todas las garantías del 17 CE (520 LEC).
3- Inculpado  cuando ya existen indicios racionales de criminalidad y se realiza la inculpación formalmente al juez sobre los delitos que pesan sobre él (sólo para procesos abreviados). El art. 25 LOTJ todavía habla del acto de imputación.
o Art. 384 LEC (el procesado; sólo se utiliza este término para delitos graves) 4- Acusado  hay un escrito de alegaciones formal donde se acusa a la persona de ciertos hechos.
5- Condenados/penados/reo  cuando son sentenciados.
6- Absueltos  si hay casación.
Interrogatorio del inculpado 17 CE 520 LEC y 18 LO 15/16 El interrogado tiene una serie de derechos de los cuales hay que informarle de manera inmediata y clara. Tiene derecho a: declarar si quiere, contestar a alguna, todas o ninguna de las preguntas que formule, asistencia letrada (que ha de ser primordialmente la que se designe y sino de turno de oficio), a interprete, a ser visitado por el médico o ser llevado a un centro hospitalario,… Esta contestación de derechos la ha de firmar junto a su abogado.
No hay consecuencias por el derecho a mentir del investigado. El jurar o prometer decir la verdad sólo es para el perito o el testigo (pena de prisión de 1 a 4 años). Si un coimputado es absuelto se le debe tomar declaración en calidad de testigo, por consiguiente no tiene derecho a mentir.
En EE.UU no existe el derecho a mentir.
Si el interrogado confiesa en fase de instrucción la confesión puede ser modificada con posterioridad en el acto del juicio oral. Por consiguiente, el valor de esta confesión no releva al juez de la labor de proceder a todas las diligencias de observación que le sean precisas. El juez no puede dejar un vacío factico en la investigación teniendo solo en cuenta la buena fe de esa confesión.
Hay una serie de artículos que son incongruentes con la legislación actual y están derogados. El art. 387 fue derogado porque decía que el juez exhortara al interrogado a decir la verdad. No puede hacerlo porque entra en confrontación con su derecho a no confesarse culpable. El 385 también lo está.
1- El contenido del interrogatorio ha de ser sobre los hechos que se están investigando.
2- Ha de estar libre de preguntas capciosas (que llevan implícita la respuesta en la pregunta).
3- La LEC dice que el interrogatorio no podrá prolongarse en exceso y todo lo que se diga en la declaración deberá recogerse por escrito en un acta. Sin embargo, últimamente las declaraciones son grabadas y pasan a forma digital.
441 LEC: Cuando dos testigos entre sí, dos investigados o acusados entre sí o cuando entre testigos e investigados existan discordancias en sus declaraciones y no haya manera de averiguar la verdad de lo que ha ocurrido más que contraponiendo los unos contra los otros, el juez condenará la práctica de esta diligencia. Esta diligencia procurará evitarse y solo se aplicará si no hay otra forma para averiguar la verdad.
Diligencia de testigos Se practican en la fase de instrucción. En esta fase el testigo no deja de ser más que una diligencia de investigación más, el testigo se transforma en prueba testifical. Sin embargo en la fase sumarial hablamos de diligencia testifical.
Un testigo que miente en la fase de instrucción no se puede condenar por delito de falso testimonio, sólo cuando lo haga en juicio oral en causa criminal.
Testigo Es aquella persona física ajena al proceso citada por el órgano jurisdiccional o judicial en calidad de testigo. Debe ser ajeno a las diligencias de investigación. La persona no ajena que tenga un interés puede o no personarse, pero por el hecho de hacerlo o no, no deja de ser interesado y aun así se citará en calidad de testigo con la obligación legal de decir la verdad. El perjudicado sí que es parte del proceso pues está personado por abogado y procurador y tiene la obligación legal de decir la verdad.
Si el testigo que no es parte perjudicada en el procedimiento miente será condenado por un delito de falso testimonio en causa penal. Si es parte procesal y miente se le va a condenar por denuncia falsa o querella calumniosa.
Deberes del testigo 1- Comparecer al llamamiento judicial.
2- Jurar o prometer decir la verdad.
3- Declarar. No se puede acoger al derecho de no declarar. Si no se cumple este deber es constitutivo de un delito de obstrucción a la justicia.
Hay excepciones del deber de comparecer (412 LEC). No están obligados a comparecer, declarar ni jurar: el rey, la reina y las personas que componen la casa real.
Del deber de comparecer están exceptuados las demás personas de la casa real, los miembros del gobierno, presidente del congreso, diputados y senados,… Pero no del de declarar.
Exenciones del deber de declarar 417.3 LEC  personas con incapacidad psíquica, física o moral.
426  por razón de parentesco. Parientes del inculpado en línea recta ascendientes o descendientes en 2do grado,… A estas personas el juez les ha de decir que están dispensados de declarar, se pueden acoger a esta dispensa, de tal manera que el marido o la mujer pueden quedar dispensados de la obligación de declarar lo que sepan el uno del otro. Para que la dispensa legal sea válida ha de haber advertencia del juez y está en la libre decisión del testigo el acogerse o no a la dispensa Por secreto profesional (…) (La diligencia de entrada) El sujeto pasivo, es decir, aquella persona sobre la que recae la diligencia de entrada, el art.
550 LEC define que dicha persona ha de reunir necesariamente la condición de persona física.
Hoy en día a las personas jurídicas también se les pueden ajusticiar por ello también son sujetos pasivo. La condición que se exija a las personas físicas ha de ser la que more y en donde desarrolle su derecho a la intimidad. Para entrar en el lugar cerrado se necesita de una resolución motivada.
Se entra en cualquier lugar cerrado que le sirva de morada a ese sujeto pasivo. La morada no es el domicilio fiscal ni el lugar de residencia (que puede coincidir) sino que es el lugar donde la persona ejerce su derecho a la intimidad. La morada comprende también todas las dependencias de ese espacio que estén interiormente comunicadas entre sí.
En los locales comerciales no se ejerce ningún derecho a la intimidad, cosa distinta es la trastienda del comercio, es decir la que a veces coincide con el ámbito familiar del dueño del local.
En los lugares de culto sólo se necesita una diligencia para entrar.
El auto se consuma con la entrada y ulterior registro, ese mismo auto no se puede utilizar para entrar cuantas veces les dé la gana a la policía.
Una vez dentro del lugar cerrado, en el ulterior registro, que puede consistir en la detención del investigado, la recogida de instrumentos o efectos del delito (para asegurar futuras fuentes de pruebas), la ley permite que durante éste se puedan practicar incluso testificales, se puedan realizar pericias… De manera que todo lo que acontezca en el registro se anota en un acta que firman todos los intervinientes.
(-------------------------------------------------------------------------------------------- MEDIDAS CAUTELARES) Art. 520 LEC  derechos del detenido La detención significa una medida cautelar de tipo personal bastante gravosa porque afecta al derecho fundamental de la libertad. La tutela de este derecho está desarrollada por ley orgánica (6/1984 del 24 de Mayo), es decir, la ley que desarrolla el “Habeas Corpus”  poner a presencia el cuerpo del detenido ante el juez.
El “Habeas Corpus” es un procedimiento de tutela al derecho judicial muy sencillo, no necesita de procurador y la persona que lo solicita no necesita firma del letrado.
Cualquier persona que sea detenida ilegalmente o si fuere legalmente dicho proceso fuese más largo del requerido o vulnerando derechos, puede instar este proceso sencillo y rápido  no pueden pasar más de 24h desde que el juez conoce de dicho procedimiento.
A veces la detención no se produce por la policía, sino por particulares o instituciones y para ellos también está previsto el “Habeas Corpus” (también a los que se les recluyen en un centro en contra de su voluntad).
Legitimados para instarlo La ley orgánica contempla como legitimados; el privado de libertad, su cónyuge o persona relaciona a él por análoga situación de parentesco, familiares, parientes, el juez, el fiscal y el defensor del pueblo.
En la medida en que el abogado desde que es designado por el detenido o por el turno de oficio, no solamente tiene la obligación de la defensa técnica sino que también se encarga de la representación procesal del acusado hasta que se abra juicio.
El privado de libertad hace un escrito (sencillo).
Órganos competentes para conocer del procedimiento Es el juez de instrucción del lugar donde esté detenido la persona que inicia el procedimiento (fórum delicti comisi). Hay otros tipos de competencias para casos excepcionales.
Este procedimiento es aplicable a los casos del código penal militar. Asimismo, cuando estemos enfrente de esos casos el juez competente es el juez togado militar del lugar dónde se introduce el detenido.
El procedimiento Es tan sencillo que tiene que estar acabado en 24h. Está completamente ausente de formalidades, no hay ni formularios, es un procedimiento universal (afecta a todas las instituciones del Estado). Sencillez  no se necesitan requisitos ni procuradores,… Rapidez 24h max.
Una vez que se hace la petición de Habeas Corpus, si la detención es policial, los agentes custodios pondrán de inmediato al juez competente el comienzo del procedimiento. Este juez examinara la petición y las posibles causas y solicitara a los agentes custodios que pongan de inmediato en su presencia al detenido.
Una vez puesto éste en presencia judicial, el detenido dirá las alegaciones por las cuales ha puesto el proceso (el Ministerio Fiscal es indispensable).
Personas intervinientes: juez de instrucción, fiscal, detenido y su abogado.
Una vez en presencia judicial se puede practicar prueba, tendente a desvirtuar la detención o la de desvirtuar las alegaciones del detenido. Seguidamente e juez hace un auto decidiendo; que la detención no corresponde a la legalidad vigente y por consiguiente deberá ser puesto en libertad inmediatamente o confirmar la legalidad de la detención y ordenar que el detenido vuelva al lugar donde se le custodiaba hasta que vuelva a ser puesto en disposición judicial.
Medidas cautelares Libertad provisional La adopta el juez de instrucción y procede cuando no lo hace la prisión provisional (no confundir con libertad condicional). Estamos hablando de una libertad con un tiempo determinado que va a ser el tiempo que dure el procedimiento principal. La persona puede estar en libertad bajo unas condiciones, el auto que lo decreta puede contener restricción de derechos como la prohibición de salir fuera del territorio nacional, acudir a determinados sitios, actos o lugares. Puede estar sujeta también a comparecencias apud acta, que implican que el que está en libertad provisional el juez le impone la obligación de ir los días 1 y 15 de cada mes a comparecer ante el juzgado 8para firmar en un libro que está sujeto a este procedimiento). También puede ser decretada bajo fianza.
Prisión provisional (Leer el art. 502 y ss de la LEC) Consiste en una medida cautelar en la cual el detenido se le va a abolir por completo su derecho a la libertad deambulatoria. La prisión provisional implica la entrada en un centro penitenciario preventivo, sin embargo, determinadas personas por razón a su situación esa prisión provisional se le puede atenuar por un arresto domiciliario (personas con grave riesgo a su vida,…).
Como es tan gravosa la medida tiene que estar muy justificada la adopción de la misma, sólo procede cuando no haya otra manera de sujetar al investigado al proceso, bien por cualquiera de las causas del art. 503 LEC.
Ésta procede cuando estemos ante causa grave, existan indicios razonables que nos hagan creer que de mantenerlo en libertad provisional pueda darse a la fuga, pueda destruir fuentes de prueba,… o que la libertad provisional vaya a poner en peligro la instrucción o el procedimiento.
Sólo se puede instar a instancia de parte (principio acusatorio  el juez sin que nadie se lo pida no puede decretar la prisión provisional de nadie).
¿Quiénes pueden pedirla? El fiscal y cualquiera de las acusaciones personales. Cuando cualquiera de las acusaciones lo solicita el juez también escucha a la defensa.
Todo esto tiene lugar en una vista regulada en el 505 LEC, donde el juez escuchando a ambas partes va a decidir si concurren los motivos del enjuiciamiento. Contra este auto cabe recurso de reforma y de apelación, teniendo en cuenta que la petición de libertad se puede hacer tantas veces como se crea necesario por parte del privado de libertad y el juez puede adoptar tanto la prisión como la libertad tantas veces lo crea necesario a lo largo del procedimiento.
La prisión provisional sólo responde a criterios legales de la LEC, no se puede utilizar como pena anticipada ni como herramienta de previsión anticipada del delito ni para calmar una alarma social. Si se utiliza para esto se está haciendo un uso anómalo de esta medida.
Hay 3 clases: - Prisión provisional comunicada y sin/con fianza: se decreta la prisión pero no se limitan las comunicaciones del interno para con sus familiares/abogado ni se limitan las comunicaciones telefónicas o escritas.
- - Prisión incomunicada: normalmente implica el aislamiento del preso preventivo, en el cual se le prohíbe recibir visitas, mantener correspondencia y comunicar con el exterior. El abogado será siempre de turno de oficio (art.384 bis LEC).
Prisión atenuada: en caso de riesgo para la vida o salud del preso preventivo, con los informes médicos/forenses necesarios se puede acordar que la prisión preventiva transcurra en su domicilio o un centro especializado.
Si el juez de guardia acuerda la prisión provisional, cuando la casa se reparta al juzgado correspondiente en ese momento, el juez ha de volver a convocar una vista para volver a convocar la prisión provisional.
Efectos de la prisión provisional 1- Si se ha adoptado de manera infundada o una vez celebrado el juicio se dicta sentencia absolutoria, dicha sentencia puede dar lugar a una indemnización siempre y cuando la prisión provisional hubiese sido fruto de un error judicial.
2- Cuando la sentencia es condenatoria, e tiempo de prisión preventiva se restan del cómputo total de la pena prevista en La condena.
Hay otras medidas cautelares tales como la privación del permiso de conducir provisionalmente, el derecho de sufragio pasivo condicionado,… ...

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