Lección 9 - Drets i Llibertats Fonamentals (2017)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Drets i Llibertats Fonamentals
Año del apunte 2017
Páginas 9
Fecha de subida 24/09/2017
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Lección 9 de la asignatura de Drets i Llibertats Fonamentals (equivalente a Derecho Constitucional III) de la UPF.
La lección 9 trata los deberes constitucionales.

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Lección 9. Los deberes constitucionales 1. La noción de deber constitucional Art. 9.1 CE ® La CE vincula a TODOS los poderes públicos. Surge históricamente como norma destinada a limitar el poder del Estado (regula su estructura y sus relaciones con los ciudadanos).
También se manifiesta en este art. la vinculación de los ciudadanos, ampliamente debatida por la doctrina. Afecta: - A los deberes contemplados por la CE A los derechos y libertades constitucionales de los demás ciudadanos (la denominada eficacia horizontal o frente a terceros de los DDFF).
La vinculación de los particulares por la Constitución NO se corresponde con una sujeción efectiva de los ciudadanos (ésta sólo podría derivar de la ley). Tampoco tiene la función de limitar directamente la actuación de los ciudadanos: Frente al incumplimiento de los deberes, la Constitución no contempla ninguna sanción.
Por eso los mandatos aparentemente encaminados a los particulares deben interpretarse como dirigidos a los poderes públicos (para que éstos establezcan los cauces mediante los cuales queden obligados los ciudadanos).
Es preciso distinguir: - Deber constitucional Obligación constitucional Limitándonos al ámbito del Derecho público (sector del ordenamiento que regula las relaciones entre el poder público y los sujetos particulares): Los deberes y obligaciones ® comportamientos (positivos o negativos) que se imponen a un sujeto en consideración a intereses que no son particulares suyos, sino en beneficio de otros sujetos o de intereses generales de la comunidad.
Deberes jurídicos ® comportamientos cuya exigibilidad deriva directamente de una norma (tan sólo imponen el deber de facilitar el cumplimiento de dicha norma).
Obligaciones ® comportamientos exigibles en el marco de una relación jurídica en la que existe otro sujeto con capacidad de reclamar su cumplimiento.
Surgen mediante actos jurídicos de naturaleza administrativa que concretan un deber en una conducta obligada para la persona sometida al mismo. La obligación aparece ya inserta en una relación jurídica concreta y se contrapone a un derecho subjetivo que resulta exigible por otro particular o por la Administración.
Aplicando estos conceptos a la noción de deber constitucional ® puede afirmarse que la CE impone a los ciudadanos deberes jurídicos que, con la mediación de la ley, se concretan en obligaciones específicas.
Por lo general la CE impone deberes genéricos (el deber de defender a España, por ej.) y se remite a la ley para su plasmación en obligaciones concretas para los ciudadanos.
De los primeros se deriva un simple sometimiento a la norma constitucional (no obstaculizar su cumplimiento).
De las leyes de desarrollo el particular queda obligado a determinados comportamientos concretos jurídicamente exigibles.
En otro aspecto, podría hablarse de la existencia de una reserva genérica de ley en relación con los deberes constitucionales: es difícil que la restricción que suponen de la libertad individual no afecte a algún derecho o libertad comprendido en el Título I CE de al que sea aplicable la reserva del art. 53.1 CE.
Así pues: SÓLO tras la intervención del legislador surgen obligaciones exigibles por los demás particulares o por la Administración y cuyo incumplimiento puede dar origen a sanciones.
2. Deberes militares y objeción de conciencia Los deberes militares de los españoles vienen establecidos en el art. 30 CE.
a) El derecho a defender España Hay que distinguir (al igual que con la diferenciación entre deber y obligación) entre: - su reconocimiento genérico por la Constitución - las manifestaciones concretas del mismo por la ley ¿Qué es? ® derecho a participar en la defensa de la Nación en la forma que establezca la ley al regular las obligaciones militares de los españoles.
La CE NO especifica de forma expresa ninguna concreción: legislador cuenta con amplia libertad.
Históricamente, este servicio se ha reservado a los varones. Actualmente se configura como manifestación de un derecho constitucional, que obliga al legislador a regularlo de manera que no ocasione discriminación sexual.
Debido a la diferente resistencia física entre ambos géneros en términos generales, dicha participación en la defensa del país no tiene por qué estar configurada en términos de estricta igualdad entre sexos.
En Derecho comparado se ha ido abriendo paso la participación de la mujer en los ejércitos (incluso en servicios de guerra), y algunos países han llevado el principio de igualdad hasta tal punto que sólo se evita la participación femenina en acciones en las que la diferencia de resistencia física pudiese suponer una desventaja y un riesgo.
Tras la CE, el legislador español también ha ido abriendo el acceso a los Fuerzas Armadas a la mujer, si bien en un grado todavía limitado en comparación con otros países y evitando su participación directa en acciones de guerra.
Quedaba abierta, sin embargo, hasta el año 2001, el tema de la participación de la mujer en el servicio militar obligatorio, que sólo alcanzaba a los varones. Su suspensión a partir del 2002 hizo desaparecer lo que constituía una evidente contradicción con las exigencias constitucionales de no discriminación por razón de sexo: - contra las mujeres ® era una modalidad del derecho a defender España del que quedaban excluidas - contra los varones ® constituía una obligación gravosa, expresión del deber de defender la Nación, que sólo recaía sobre ellos.
b) El deber de defender a España El deber constitucional de defender España ® deber de participar en la defensa de la Nación en la forma establecida por la ley al regular las obligaciones militares de los españoles.
Art. 30.2 CE ® se remite a la ley para que ésta establezca las específicas obligaciones militares en que se concreta el deber de defender España.
Así la CE impone un deber genérico, y se remite a la ley para las obligaciones concretas (y exigibles).
Hasta el 2002, la ley contemplaba 2 tipos de obligaciones militares de los españoles: 1. Servicio militar obligatorio ® como formación de carácter militar encaminada a proporcionar a los españoles una preparación básica que les permitiera participar de manera eficaz en la defensa del país.
*Hay que precisar que la Constitución NO EXIGE la existencia de un servicio militar obligatorio. Es la ley la que debe fijar las concretas obligaciones militares de los españoles (por eso pudieron suprimirlo).
2. Obligación militar de los españoles de acudir a filas en caso de que una situación de guerra (o, al menos, de grave riesgo de enfrentamiento bélico) ® obligaba al Gobierno a movilizar a más personal militar del que en ese momento se encuentre en servicio activo (posibilidad, no obligación, hoy contemplada en la LO de la Defensa Nacional).
El servicio militar obligatorio se justificaba tradicionalmente como preparación para esa hipotética necesidad de movilización del personal civil.
c) Servicio militar obligatorio y objeción de conciencia Existencia de un servicio militar obligatorio ® llevó al constituyente a garantizar de forma expresa (entre las diversas causas de exención) la objeción de conciencia.
Así se resolvía el problema político de falta de reconocimiento de este derecho del sistema preconstitucional (existencia de objetores que eran condenados a penas de prisión por no cumplir).
En la actualidad ya carece de sentido en ese aspecto, pero hay otras razones que le siguen otorgando interés: - Primero porque la objeción de conciencia es un derecho constitucional y puede definirse como la oposición (por razones de índole religiosa o ideológica) a cualquier forma de violencia y, por consiguiente, al adiestramiento militar.
Resulta ser, por consiguiente, un derecho estrechamente relacionado tanto con: § La libertad ideológica § El deber de defender España —a la par que contrapuesto al mismo—, en la medida en que éste comprende el servicio con las armas.
Además, no hay que olvidar que, por muy improbable que sea en las actuales circunstancias, siempre puede producirse una movilización de la población civil como consecuencia de algún conflicto armado o peligro de guerra que origine la alegación de la objeción de conciencia por parte de ciudadanos afectados por dicha movilización.
Este derecho NO ES, en sí mismo, un derecho fundamental. Por mucho que pueda considerase como un derecho estrechamente relacionado con la libertad ideológica y religiosa (art. 16 de la CE), su reconocimiento expreso efectuado en el art. 30 CE le deja fuera de la catalogación como DDFF.
No obstante, no puede desconocerse que el constituyente le ha otorgado una consideración específica, puesto que el art. 53.2 CE le otorga la protección jurisdiccional especial reservada para los DDFF y libertades públicas.
En cuanto a las causas que motivan el nacimiento del derecho, la circunstancia que le da origen es la oposición a la violencia. Ello debe entenderse con gran amplitud puesto que, en puridad, es indiferente que sean razones religiosas, ideológicas, filosóficas o de parecida índole las que originen dicha oposición (la cláusula final permite entender amparadas también las razones de orden político).
Lo que sí debe interpretarse de forma estricta es el rechazo a la violencia: debe ser incondicional y general, sin acepción de motivos.
*No sería admisible, una objeción de conciencia cuya oposición a las armas dependiese de los objetivos a los que se encaminase su empleo.
En cuanto derecho de configuración legal, como ya hemos dicho, el legislador dispone de una amplísima libertad para su configuración.
La Constitución advierte al legislador que debe regular la objeción de conciencia «con las debidas garantías», y ello debe entenderse: - Por un lado ® como referencia a las garantías que deben rodear el reconocimiento al objetor de su derecho, sin restricciones injustificadas o desproporcionadas al mismo.
El legislador siempre deberá respetar, el contenido esencial del derecho, definible como el derecho «a ser declarado exento del deber general de prestar el servicio militar (no simplemente a no prestarlo), sustituyéndolo, en su caso, por una prestación social sustitutoria».
- Por otro lado ® el legislador debe procurar impedir que, por razones de índole ideológica o política pueda emplearse el derecho como una vía de fraude respecto a las obligaciones militares derivadas del deber constitucional de defender España.
TC: no puede bastar la simple alegación de una convicción personal para tener derecho a ser declarado exento del servicio militar, sino que es preciso cumplir con los requisitos establecidos por el legislador.
El legislador español no reconoció el derecho a la objeción de conciencia sobrevenida (derecho a declararse objetor una vez iniciada la prestación del servicio militar). Queda abierto si el mismo criterio es aplicable para el caso de una movilización; las circunstancias que concurren en ésta (que su convocatoria se produzca en supuestos de riesgo que suceden de forma imprevista, no de forma fija y previsible, o que pueda determinar la participación directa en hechos de guerra, etc.), impiden esta translación.
La CE prevé la posibilidad de que el legislador imponga a los objetores la obligación de cumplir con una prestación social sustitutoria del servicio militar.
Finalidad de la prestación ® imponer a los objetores la carga de un servicio civil a la comunidad que compense su exención del servicio militar. (TC lo admite).
La justificación de tal desigualdad es la mayor dureza y sacrificio que se presumen al servicio militar (y cierta prevención a una hipotética alegación fraudulenta de la objeción de conciencia).
La objeción de conciencia también constituye una excepción al cumplimiento de un deber constitucional, por lo que el derecho a la misma puede ser interpretado restrictivamente. Por ello NO PUEDE OBJETARSE que el legislador compense el ejercicio de tal derecho con una mayor duración de la prestación social sustitutoria (siempre que no se incurra a su vez en un tratamiento perjudicial y desproporcionado del derecho a la objeción).
Actualmente la desaparición del servicio militar obligatorio ® suspensión paralela de la prestación social sustitutoria; de todas formas, los criterios vistos serían aplicables, en su caso y con las debidas cautelas, a una hipotética movilización por motivos de guerra y a una paralela prestación civil para los objetores.
El mandato constitucional se desarrollada por la Ley 22/98, de 6 de junio, que regula la Objeción de Conciencia y la Prestación Social Sustitutoria.
El legislador trató de aproximar el régimen establecido para la prestación social sustitutoria lo más posible al previsto para el propio servicio militar.
En cuanto a las garantías ® la ley establecía en caso de denegación un recurso jurisdiccional de protección de DDFF y (de acuerdo art. 53.2 CE) la posterior impugnación en amparo ante el TC.
Este modelo sufrió, en sus últimos años, graves tensiones, especialmente manifestadas en un aumento desproporcionado del número de objetores de consciencia.
Además, hubo mucho un preocupante rechazo por un sector de objetores de dicha prestación, en lo que se dio en llamar «insumisión». Aunque esta actitud se pretendía fundamentar en el rechazo del servicio militar del que la prestación social es sustitución, la misma nada tiene que ver con la objeción de conciencia, puesto que la prestación no supone servicio de armas ® es más bien una actitud de desobediencia civil que carece por completo de cobertura constitucional.
En cualquier caso, la supresión del servicio militar obligatorio y la implantación de un modelo de ejército exclusivamente profesional, ha traído como consecuencia la desaparición de la problemática relativa a la objeción de conciencia y la prestación social sustitutoria.
3. Otros deberes y prestaciones de hacer El servicio militar y la prestación social sustitutoria son deberes que se concretan en prestaciones de hacer ® conductas personales que requieren una actuación física y personal del sujeto.
La CE prevé (art. 30 CE) otras posibles prestaciones de hacer por parte de los ciudadanos: - Ap. 3 ® Posibilidad de establecer un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general.
Ap. 4 ® posibilidad de imponer deberes en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
La diferencia entre ambas prestaciones reside, fundamentalmente, en el carácter regular o periódico que la CE parece asociar al servicio contemplado en el apartado 3 (al estilo del servicio militar y la prestación social sustitutoria) frente al carácter eventual de los deberes a los que se refiere el apartado 4 (determinado por la propia excepcionalidad de las circunstancias que los justifican).
Común naturaleza: obligaciones de hacer que se establecen por razones de interés general, tengan el carácter que tengan.
4. Deberes tributarios Art. 31 CE ® obligación de «todos» de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos.
A semejanza de los deberes militares, se plasman en obligaciones concretas tras la correspondiente intervención del legislador mediante las leyes fiscales.
La CE contiene determinados principios (que legislador debe incorporar tb).
Sujeto pasivo (según CE) ® «todos» (todas las personas físicas y jurídicas residentes en España) Ahora bien: - - De un lado, la imposición fiscal que afecta a las personas extranjeras depende de la regulación legal concreta, incluyendo la contenida en los convenios internacionales suscritos por España sobre la materia.
De otro lado, es evidente que los mandatos constitucionales dirigidos al legislador en relación con los caracteres que deben inspirar el sistema impositivo tienen como destinatarios principales a los ciudadanos españoles y a todos aquellos sujetos con residencia fiscal en nuestro país (únicas personas, físicas o jurídicas, a quienes dicho sistema se aplica en su integridad).
Art. 31 CE especifica caracteres a los que debe ajustarse el sistema tributario: - ha de ser un sistema «justo» basado en la contribución de todos según su capacidad económica debe responder a los principios de igualdad y progresividad.
- La justicia puede entenderse como un valor presente en el sistema tributario cuando se cumplen los demás rasgos del mismo constitucionalmente exigidos: § Generalidad, la igualdad (que se traduce en la proscripción de cualquier tipo de discriminación) y la progresividad.
De esta manera la «personalidad» del sistema tributario impide que la acumulación de las rentas de los sujetos familiares origine un incremento fiscal respecto a lo que cada integrante de dicha unidad familiar tendría que pagar de forma independiente.
El incremento fiscal resultaría discriminatorio respecto a quienes, en igualdad del supuesto de hecho convivencial (uniones de hecho), no quedasen obligados a la declaración conjunta.
En definitiva y según la jurisprudencia recaída en materia fiscal, puede concluirse que la protección constitucional de la familia derivada de los arts. 32 y 39 de la CE garantiza que el régimen fiscal de los integrantes de la misma no puede resultar más gravoso que el que les correspondería individualmente, aunque sí más beneficioso.
La Constitución impone también el principio de progresividad fiscal, que responde a una aspiración de justicia (que paguen proporcionalmente más impuestos quienes cuentan con un mayor nivel de renta). A su vez, se establece un límite al sistema impositivo, al excluir que éste pueda poseer carácter confiscatorio. El TC ha establecido que la prohibición constitucional de confiscación obliga a no agotar la riqueza imponible, sustrato de toda imposición.
La imposición tendría el «alcance confiscatorio» prohibido por la Constitución «si mediante la aplicación de las diversas figuras tributarias vigentes, se llegara a privar al sujeto pasivo de sus rentas y propiedades» (lo que supondría vulnerar indirectamente el art. 33.1 de la CE).
El resultado confiscatorio también sería evidente, añade el Tribunal, si la progresividad del impuesto sobre la renta de las personas físicas alcanzase un tipo medio de gravamen del 100% de la renta.
Fuera de esos supuestos evidentes de confiscatoriedad, el Tribunal se limita a señalar «la dificultad de situar con criterios técnicamente operativos la frontera en la que lo progresivo o, quizás mejor, lo justo, degenera en confiscatorio», dejando por consiguiente abierto el límite a la progresividad superiores a los previstos en la actualidad. En relación con las exigencias constitucionales del sistema tributario el TC ha admitido la legitimidad constitucional de la retroactividad de las leyes fiscales, si bien también ha subrayado las limitaciones que puedan derivarse de principios constitucionales como, entre otros: - los de capacidad económica seguridad jurídica - interdicción de la arbitrariedad Esta retroactividad puede chocar, en su caso, con otras exigencias constitucionales.
Finalmente, de forma análoga a lo que sucede con los deberes personales contemplados en el art. 30, la Constitución establece una reserva de ley en relación con otras posibles prestaciones personales o patrimoniales de carácter público cuyo contenido queda indeterminado y abierto, por tanto, al legislador.
Es evidente que, en todo caso, sería aplicable la reserva genérica establecida en el art.
53.1 CE, ya que, al menos, resultaría afectado el derecho de propiedad reconocido en el art. 33 CE.
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