Seminario 3 - Teoria del Derecho (2017)

Pràctica Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Teoria del Derecho
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 24/09/2017
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Seminario 3 de la asignatura de Teoria del Derecho de la UPF.

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Teoría del Derecho SEMINARIO 3: COLISIÓN DE PRINCIPIOS Planteamiento del problema Las colisiones entre la libertad de expresión y de información y los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen han ocupado una parte importante de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
En función de las circunstancias concretas del caso, ha optado por una solución diferenciada en relación al principio preponderante en cada uno de los supuestos, de diferente forma a cómo ello acontece en los conflictos entre reglas.
Determina la estructura de la relación de precedencia condicionada seguida por el Tribunal Constitucional en cada caso mediante su explicación y formalización a través de la denominada ley de colisión.
1er caso La persona demandante es doña Elena, que cree que se han vulnerado sus derechos a la imagen, intimidad personal y familiar, honor… Este recurso se sostiene por unos fundamentos, que son: 1. Que a esta persona se le vulneró el derecho a la propia imagen y la intimidad porque se publicaron fotografías suyas desnuda sin su consentimiento en una revista sobre prostitución, sexo y corrupción de menores.
2. Aunque la información fuera veraz, esta aplicación de veracidad no resulta aplicable.
3. Vulnera su derecho a la intimidad unas notas que se publicaron con el artículo periodístico en las que se hacía referencia a contactos sexuales que había tenido con varios hombres, sus características físicas, su disponibilidad de horario, sus preferencias… 4. Dichas fotografías fueron incautadas por la policía autonómica durante un registro en su casa y no le fueron devueltas, la cual cosa infringe el art. 6.1. del Convenio.
5. Desde el punto de vista de la demandante esos actos no se encuentran bajo el amparo de la libertad de expresión porque resultan denigrantes y degradantes para quien los padece, para el informador y para el informado.
6. Como la revista no ha podido demostrar que lo que se publicó fuera veraz, también se le estaría vulnerando el derecho de honor.
7. Además, añade que las imágenes no pueden considerarse inocuas, ni justificarse en un pretendido derecho a la información, porque se estaría violando el derecho a la intimidad y a la propia imagen, y eso conllevaría no solo vulneraciones constitucionales sino también la vulneración a la dignidad de la persona (art. 10 CE).
La demandada es la empresa editorial, que recurre a su demanda de amparo de los derechos a la libertad de expresión e información, fundamentándose en: 1. No hay infracción de derecho a la propia imagen porque existió autorización expresa para la captación de esta.
2. Las personas fotografiadas estaban posando y además las fotografías ya habían sido divulgadas en otros medios de comunicación.
3. Las fotos fueron facilitadas por un agente de Policía que se infiltró en la secta, y que por ello constituían parte inseparable de la información.
4. Que no hay ninguna lesión al honor porque la información debe valorarse en su conjunto y contexto informativo, ya que se trata de informaciones críticas en las que se denunciaba actitud de personas juzgadas por delitos sexuales.
5. Se vuelve a insistir que los actos están amparados por la libertad a la expresión e información porque no se trata de críticas gratuitas sino justificadas por condenas penales sobre las que versa la información principal y vinculada a los personajes, personas implicadas y su conducta.
Los fundamentos jurídicos del caso fueron que la revista “Interviú” publicó “Sexo y negocios en nombre de Dios” donde se ilustraban dos fotos en las que aparecía desnuda doña Elena R.B. y dos manuscritos.
En este caso el Tribunal Constitucional decidió otorgar parcialmente el amparo solicitado, y por ello declaró la inadmisibilidad de los recursos aportados por la editorial y que los actos constituyeron una vulneración de su derecho a la intimidad y a la propia imagen.
Segundo caso La entidad que solicita el amparo es la Unión de Campesinos Zamoranos (UCZ), que convocó una rueda de prensa en la que denunció un trato de favor a la empresa Disega, SL, por parte del Área de Agricultura de la Diputación de Zamora en la concesión de una adjudicación del suministro de semen de vacuna para la mejora de la cabaña bovina. El contenido de la rueda de prensa se publicó al día siguiente en los periódicos, y se decía lo siguiente: 1. Se solicitaba que se anulase la adjudicación o se convocarían movilizaciones por razón de trato de favor a la empresa Disega. Además la agrupación de ganaderos de ovino de leche de la Unión de Campesinos (COAG) denunció irregularidades por parte del Diputado de Agricultura porque se dijo que este, Gonzalo G, tenía “buena relación” con la empresa. Se critica que no se tuvieran en cuenta las opiniones de los colectivos ganaderos. La organización agraria envió una carta al presidente de la Diputación para ratificar y anular la adjudicación.
Además de las movilizaciones, la agrupación pide a sus asociados que no acepten el semen procedente de dicha empresa. Se critica también que en la adjudicación se tuvieron en cuenta tan solo aquellas asociaciones que disponían de toros americanos, sin tener en cuenta ni justificación la calidad del vacuno. Amenazaron con “cargarse la mejora que han conseguido estos últimos años”. En lugar de aceptar el semen de Disega piden que se acepte el de la empresa americana Southwind.
2. También denunció favoritismo en la concesión de subvenciones, denunciando a Gonzalo G. por trato de favor hacia la casa madrileña.
3. Se pide una comisión de investigación que analice las actuaciones del Área Provincial de Agricultura. Se denunció la marginación de las cooperativas zamoranas, y se destacó la probada calidad de los ganaderos zamoranos.
La empresa Disega presentó una demanda de protección del derecho al honor y a la propia imagen contra UCZ, en la que se pedía que se reconociera una intromisión de la UCZ y que se la indemnizara por daños materiales y morales. Por parte de la Audiencia Provincial se desestimó por razón de que la crítica estaba dirigida a la Diputación de Agricultura y no a Disega, SL. Además, se entiende que la crítica no es para atacar el prestigio de la empresa, sino para la defensa las organizaciones sindicales y proteger a sus afiliados.
Disega insistió y presentó un recurso de apelación que fue estimado parcialmente, y se declaró que, si la UCZ no podía probar aquello dicho en la rueda de prensa, esto excedería el principio de libertad de expresión y habría podido causar daños al a empresa Digesa.
La entidad también presentó recurso de casación para protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El recurso fue desestimado.
En la demanda de amparo por libertad de expresión, por parte de la UCZ, se declaró que las manifestaciones expresadas en la rueda de prensa no afectaron ni lesionaron el honor ni la dignidad de la empresa Digesa.
La resolución del Tribunal Constitucional fue la siguiente: Declaró que la entidad UCZ había visto vulnerado su derecho a la libertad de expresión.
Por tanto, declaró anulada la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo y la dictada por la Audiencia Provincial de Zamora.
¿Qué sucedería, en cambio, si nos halláramos frente a un conflicto de reglas (normas que no son principios)? Sería mucho menos complejo porque solamente tendríamos que fijarnos en qué regla invalidaría a la otra y así sucesivamente hasta que llegásemos a esas reglas que regularan, sin que ninguna otra las anulara e invalidando a aquellas que las contradijeran, de la mejor manera la conducta en cuestión.
Júlia Arbós Aguilar Subgrupo 301, Grupo 3.
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