4: Los Principios Constitucionales Financieros (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad de Málaga
Grado Derecho + Administración y Dirección de Empresas - 2º curso
Asignatura Derecho Financiero I
Año del apunte 2015
Páginas 5
Fecha de subida 02/08/2017
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Tema 4

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Tema 4 Los Principios Constitucionales Financieros En el artículo 1.1 del Código Civil se dice que las fuentes del ordenamiento jurídico son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. El apartado 4 habla de los principios generales del derecho, dice que se aplica el principio de ley o costumbre sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. De aquí extraemos dos consecuencias: los principios generales del derecho son auténticas normas jurídicas, y además cumplen la función de informar el ordenamiento jurídico. Es un límite para el legislador en la medida en que las normas que aprueba tienen que adaptarse a estos principios, y además porque nos sirve por su carácter informador en un momento dado para saber cómo hay que interpretar la norma e incluso para llenar las lagunas normativas.
Hay que diferenciar los principios generales de los principios concretos del derecho: los generales se aplican a toda la realidad jurídica, mientras que los concretos se aplican a una realidad jurídica concreta.
La ordenación del sistema general tributario se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad (artículo 3 de la Ley General Tributaria). Estos principios también se ven en el artículo 31.1 de la Constitución cuando dispone que todos contribuirán al sometimiento del gasto público de acuerdo a su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá carácter confiscatorio. El artículo de la Constitución se diferencia debido al principio de sistematización. Además, existe otro principio de justicia formal, que se recoge en el artículo 31.3 de la Constitución y en el artículo 9, donde se dispone que solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. El artículo 31.3 establece el principio de legalidad, y el artículo 9.3 prevé el principio de seguridad jurídica.
Principios de justicia material: Principio de generalidad: Como establece el artículo 31.1 de la Constitución, todos debemos contribuir al sostenimiento del gasto público, pero el propio artículo 31 nos dice cuál es el límite de dicha contribución, y el límite viene dado por la capacidad económica del obligado tributario. Siempre que existe o se manifieste capacidad económica en nuestro territorio debe ser objeto de imposición. Por tanto, en la medida en que un sujeto manifieste capacidad económica debe contribuir al sostenimiento del gasto público, en principio, sin ningún tipo de excepción. Por otro lado, en nuestro sistema fiscal existen beneficios fiscales, por lo que a pesar de que un sujeto manifieste capacidad económica puede, en ocasiones y por razones económicas, ser eximido de su obligación.
Principio de capacidad económica: Es el núcleo central de nuestro sistema tributario. En sentido positivo conlleva que todo aquel que manifieste capacidad económica debe contribuir, lo que obliga a tipificarlo como hecho imponible. En sentido negativo conlleva lo contrario, es decir, que cuando no se ponga de manifiesto capacidad económica no se puede gravar. La capacidad económica sirve tanto para que quede sujeto a imposición los hechos o situaciones indicativas de la capacidad económica como también para fijar la cuantía de la deuda tributaria. Los hechos indicativos de la capacidad económica son la cuantía de la renta y la titularidad del patrimonio (manifestaciones directas), el consumo y la transmisión de bienes o riquezas (manifestaciones indirectas). Por tanto, a todos estos hechos se les puede aplicar un gravamen, Respecto a los tributos extra fiscales, cuya finalidad no es exclusivamente recaudatoria, el Tribunal Constitucional dice que se pueden establecer tributos que sin desconocer o contradecir el principio de capacidad económica responde principalmente a criterios económicos o sociales, cuyos fines o satisfacción de interés público está reconocido o preconizado en la Constitución. Por otro lado, no contradice la capacidad económica el hecho de que se grave una riqueza potencial, según nuestro Tribunal Constitucional. Por último, el principio de capacidad económica sirve como instrumento para el reparto de la carga tributaria; la carga fiscal debe distribuirse conforme a dicho principio, de tal forma que todos los sujetos que tengan la misma capacidad económica deben contribuir en la misma proporción al sostenimiento del gasto público.
Principio de igualdad: El principio de igualdad supone que el tratamiento que deben recibir todos aquellos que estén en la misma situación debe ser idéntico, y el tratamiento que deben seguir las personas que estén en distinta situación debe ser distinto. El criterio tradicional que nos sirve para discriminar el tratamiento que deben recibir las personas es el de capacidad económica. Señala el Tribunal Constitucional que el principio de igualdad es indisoluble de los principios de generalidad, capacidad económica, justicia y progresividad.
El principio de igualdad nos obliga a establecer una justificación razonable y objetiva para establecerse un beneficio sobre otro, y además que el mismo sea proporcional al fin que se pretende. Lo que prohíbe el principio de igualdad es la desigualdad arbitraria, artificiosa e injustificada. Si todos debemos contribuir al sostenimiento del gasto público, el reparto de la carga tributaria debe efectuarse con un criterio de justicia; la formulación en el ámbito tributario de la idea de justicia es el principio de igualdad, pero no de igualdad aritmética sino del tratamiento igual a las personas que estén en la misma situación y desigual a los que estén en situaciones desiguales. El criterio tradicional que se utiliza para lograr un reparto justo de la carga tributaria es el principio de capacidad económica.
Principio de progresividad: Supone que a medida que aumente nuestra capacidad económica, nuestra contribución al sostenimiento del gasto público debe aumentar de forma más que proporcional. Con ello se consigue la redistribución de la riqueza que preconiza el artículo 40 de la Constitución.
Principio de no confiscatoriedad: Se entiende que un tributo es confiscatorio cuando la contribución al sostenimiento del gasto público supera la capacidad económica objeto de gravamen.
Principio de sistematización: Cuando se habla de la aplicación de los principios se hace referencia al sistema tributario, no a un tributo en concreto, sino formando parto de un sistema racionalmente articulado y vertebrado según las capacidades económicas que se pongan de manifiesto, evitando la doble imposición y la sobreimposición.
Principios de justicia formal: Principio de legalidad: Según el artículo 133.1 de la Constitución, la potestad originaria para establecer tributos le corresponde al Estado mediante ley. Las Comunidades Autónomas y las corporaciones Locales podrán establecer tributos con arreglo a la ley y a la Constitución. La norma habilitante para establecer tributos de las Comunidades Autónomas es la LOFCA, y de las Corporaciones Locales es el TRLRHL. En el ámbito tributario rige el principio de legalidad, y el mecanismo para que este principio sea efectivo es la reserva de ley; los elementos esenciales del tributo solo se pueden regular mediante norma con rango de ley. Por tanto, concluimos en que el principio de legalidad no solo se refiere a la creación del tributo, sino que se extiende a los distintos elementos de la relación jurídico-tributaria.
Principio de seguridad jurídica: Este principio comporta la seguridad del ciudadano en cuanto al derecho que está establecido y a su correcta aplicación por parte de los órganos del Estado. Se puede sistematizar en dos exigencias: la actuación de los órganos del Estado debe respetar la jerarquía normativa, y se tienen que establecer los controles necesarios para el cumplimiento de este postulado. Con carácter general, este principio se consagra en el artículo 9.3 de la Constitución, donde se dispone que la Constitución garantiza la legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normar, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables restrictivas de los derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Con carácter más específico, el artículo 53 de la Constitución se ocupa de la tutela de los derechos fundamentales a través de los recursos de inconstitucionalidad y de amparo. En cuanto al control del cumplimiento del principio de seguridad jurídica, se atribuye fundamentalmente a los tribunales de orden oficial.
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