La jurisdicción del trabajo (0)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Derecho del Trabajo y la Seguridad Social
Año del apunte 0
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Fecha de subida 05/06/2014
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TEMA 11. LA JURISDICCIÓN DE TRABAJO I.
NOCIÓN DE JURISDICCIÓN: EL ORDEN SOCIAL DE LA JURISDICCIÓN Jurisdicción es sinónimo de manifestación de la soberanía del Estado, correspondiendo su ejercicio, con exclusividad, a Jueces y Magistrados integrantes del OJ, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley. Implica la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado, es decir, refiere una dimensión constitucional, antes que procesal, relativa al poder del Estado para administrar justicia satisfaciendo el derecho a la tutela judicial efectiva.
 ESTRUCTURA ORGÁNICA Actualmente, las pretensiones que se promueven en la rama social del Derecho son conocidas y resueltas en instancia por los Juzgados de lo social (órgano unipersonal), Salas de lo Social de los TSJCCAA, Audiencia Nacional y Sala de lo Social del TS (órganos colegiados). Los Juzgados de lo Social suelen tener competencia territorial provincial. En cada CCAA existe un TSJ que cuenta con una Sala de lo Social, si bien algunas CCAA tienen dos Salas o incluso tres. Las Salas de lo Social de la AN y TS, con sede en Madrid, extienden su competencia sobre todo el territorio nacional.
 COMPETENCIAS Y FUNCIONES Como competencia genérica, a los Juzgados y Tribunales del orden social se les atribuye el conocimiento y resolución de las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del derecho, tanto en conflictos individuales como colectivos, así como las reclamaciones en materia de SS o contra el Estado cuando la legislación le atribuya responsabilidad.
La Ley 36//2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (LRJS), se ha hecho eco de la amplitud de la rama social del derecho, incluyendo en la misma la impugnación de la actuación de las AP en el ejercicio de sus potestades y funciones de derecho público cuando versan sobre el DT general y el régimen prestacional de la SS.
La concreción de la rama social del derecho, a través de un listado de inclusiones y exclusiones, delimita la competencia sustantiva o material. Quedan incluidas las materias que afectan al Derecho social en sus vertientes, a los efectos de mera catalogación, individual, colectiva, asociativa, administrativa, de aseguramiento entre las distintas materias.
Dentro de la dimensión individual del derecho social tiene cabida: - Los conflictos individuales entre empresario y trabajadores con ocasión del contrato de trabajo, incluidas las relaciones laborales de carácter especial y el contrato de puesta a disposición en relación con la empresa de trabajo temporal, así como cuando el conflicto se suscite entre el socio trabajador y el socio laboral o cooperativa - Los conflictos sobre resarcimiento de D+P derivados de contingencias profesionales - Los conflictos sobre seguridad, salud e higiene en el trabajo - Los conflictos relativos a la tutela de derechos fundamentales y libertades pública, así como los atinentes a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral - Los litigios en materia de intermediación laboral por los conflictos que surjan entre los trabajadores y los servicios públicos de empleo, agencias de colocación y entidades colaboradoras Dentro de la dimensión colectiva del derecho social tiene cabida: - Despidos colectivos - Conflictos colectivos - Impugnación de CC, acuerdos o laudos arbitrales de naturaleza social - Conflictos sobre seguridad, salud e higiene en el trabajo de dimensión colectiva - Conflictos sobre movilidad geográfica y modificación sustancia de las condiciones de trabajo de dimensión colectiva - Materia electoral Dentro de la dimensión asociativa quedan comprendidas: - Constitución y reconocimiento de la PJ de sindicatos, impugnación de sus estatutos y modificación - Constitución y reconocimiento de la PJ de asociaciones empresariales, impugnación de sus estatutos y modificación La vertiente administrativa supone la inclusión de los litigios con ocasión de: - Actuación de la AP en materia laboral, incluido el ejercicio de la potestad sancionadora, sindical, salud laboral, SS y empleo - Cuando le atribuya responsabilidad la legislación laboral, como sean los supuestos de litigios frente a Fogasa y salarios de tramitación con cargo el Estado En materia de aseguramiento quedan incluidas las cuestiones relativas a: - SS - Mejoras voluntarias, planes de pensiones y contratos de seguro, siempre que su causa quede vinculada a la relación de trabajo - Litigios entre asociaciones y mutualidades La vertiente mercantil da cobijo a las cuestiones litigiosas promovidas entre trabajador autónomo económicamente dependiente y el empresario cliente, dada naturaleza jurídica del vínculo existente entre ambos.
Del mismo modo, en sentido negativo, quedan excluidos los litigios referidos a: - Revisión del ejercicio de la potestad reglamentaria en materia social - Los actos de gestión recaudatoria de SS - Tutela de la libertad sindical y huelga de funcionarios públicos y personal estatutario - Cuestiones en materia de prevención de riesgos laborales que se susciten entre el empresario y los obligados a coordinar con este dichas actividades preventivas - Mantenimiento de servicios esenciales de la comunidad en caso de huelga y servicios mínimos de personal necesario - Negociación colectiva de funcionarios públicos - Responsabilidad patrimonial de la AP y entidades gestoras Respecto a la competencia funcional, también llamada jerárquica, queda vinculada a la extensión de la potestad ejercida por cada órgano.
 Los Jugados de lo Social son competentes para el conocimiento en única instancia  Las Salas de lo Social de los TSJ tienen una competencia mixta:  En instancia, de procesos cuyo conocimiento les venga específicamente atribuido por ley  De segundo grado, conocimiento y resolución de los recursos de suplicación contra ST de Juzgados de lo social de la propia CCAA  La Sala de lo Social de la AN conoce en instancia de procesos que extiende sus efectos territoriales más allá de la CCAA y ejecución de las ST que dicte.
 La Sala de lo Social del TS tiene igualmente una competencia mixta. Conoce en instancia de los procesos de impugnación de los actos administrativos dictados por el Consejo de Ministros y demandas de error judicial cuando el error se impute a órgano del orden social de la jurisdicción. Igualmente, conoce de los recursos de casación, revisión, audiencia al rebelde y queja, así como de las cuestiones de competencia entre órganos que tengan a esa Sala como superior común.
II.
PROCEDIMIENTO Y PROCESO LABORAL. SUS PRINCIPIOS La LEC se deja ver en cuanto que la actividad jurisdiccional se inicia siempre a instancia de parte, siendo ésta quien aporta la pretensión, con poder para decidir, en su caso, la finalización (sea a través de conciliación, desistimiento, por ejemplo), y tales extremos enfatizan el carácter dispositivo. Son las partes quienes aportan los hechos, determinan los controvertidos y proponen la prueba de la que intentan valerse en función de la carga probatoria que recae sobre cada una de ellas. Al órgano jurisdiccional corresponderá el control de la admisibilidad de la pretensión, siempre bajo una interpretación no rigorista de las normas procesales, en beneficio del principio pro actione y su impulsión de oficio.
Junto a estos, rigen en el procedimiento laboral los siguientes principios: - Principio de Oralidad, frente a la eventualidad de escritos, como sea el de demanda - Principio de Inmediación o presencia de juzgador, que mantiene el contacto directo con las partes - Principio de Concentración, que implica la realización de los distintos actos en una única audiencia o sesión. La suspensión es excepcional - Principio de Publicidad, posibilitando a terceros ajenos que puedan tener conocimiento del desarrollo III.
EL PROCESO ORDINARIO. LAS MODALIDADES PROCESALES  PROCESO ORDINARIO - Iniciación. La demanda En todo caso la demanda deberá ser escrita, e inicia propiamente el proceso. Su contenido viene marcado por la ley y, en caso de omisión de algún extremo necesario, determinará la existencia de defecto, y deberá ser subsanado, previo requerimiento, en un plazo de 4 días (15 días si el defecto consiste en la no aportación del acta de conciliación administrativa cuando ésta fuese necesaria). La demanda deberá expresar: a) Órgano al que se dirige, cosa que implica una primera elección por el demandante de la competencia material, funcional y territorial.
b) Identificación del demandante y la de todos aquellos que deben ser llamados al pleito; con ello, el demandante fija la relación procesal c) Expresión de la modalidad procesal por la que haya de suscitarse el litigio d) Enumeración de los hecho sobre los que se fundamente la pretensión (no son admisibles hechos distintos de los referidos en la solicitud de conciliación administrativa o agotamiento de la vía administrativa) e) Petición en la que se concreta la pretensión, es decir, tipo de acción que se formula en relación con una obligación concreta f) Fecha y firma g) Deberá designarse un domicilio en la sede del órgano judicial a efectos de práctica de actos de comunicación, y determinar si se tiene intención de acudir asistido por Letrado h) A todo demanda deberá acompañarse el documento que acredite haber intentado la evitación del proceso cuando la acción estuviera sometida a este requisito i) Se acompañará copia para cada una de las partes que deban ser llamadas a juicio - Admisión a trámite Presentada la demanda, el Secretario judicial comprobará que la parte, en su redacción, no haya incurrido en defecto. De constatarse la existencia de este, el Secretario requerirá al demandante para que proceda a la subsanación.
Admitida la demanda a trámite, el Secretario procede, dentro de los 3 días siguientes, a señalar la fecha de celebración de los sucesivos actos de conciliación y del juicio. Entre la citación y la celebración no podrá mediar plazo inferior a 10 días, que se elevarán a 22 cuando la demanda se dirija contra la AGE, Entidades gestoras de la SS o la AP CCAA.
Una vez admitida a trámite la demanda, el órgano judicial analiza con carácter previo su propia competencia material, funcional y territorial para el conocimiento y resolución del litigio.
- Conciliación y juicio El acto de conciliación se da ante el Secretario judicial, mientras que el acto del juicio ante el Juez o Magistrado.
La conciliación tendrá lugar en única pero sucesiva convocatoria, debiendo hacerse a este efecto la citación en forma, con entre a los demandados, a los interesados y, en su caso, al MF, de copia de la demanda y demás documentos. Comparecidas las partes el Secretario intentará la avenencia entre las mismas a través de un segundo intento de conciliación si con anterioridad se llevó a cabo la conciliación administrativa o agotamiento de dicha vía. No lograda la avenencia, no se impide que ésta pueda ser alcanzada en un momento posterior, pero siempre antes de dictar ST.
En defecto de avenencia, el juicio continúa por sus trámites bajo los principios de oralidad, inmediación, concentración y publicidad a través de las fases típicas de alegaciones (el actor se ratifica en su demanda, aclarando aspectos oscuros pero sin introducir modificaciones sustanciales. Concedida la palabra a la parte demanda, ésta puede invocar excepciones, oponerse por razones de fondo, negar hechos o proponiendo otros diferentes, entre otros), prueba (se abre la proposición, por el orden de intervención, admisión y práctica de la prueba, limitada a hechos no conformes. Los medios probatorios son los genéricos contenidos en la LEC) y conclusiones (las partes valoran el resultado de la prueba en relación con sus posicionamientos, concretando en su caso los hechos y el pedimento).
- Diligencias finales Terminado el juicio y dentro del plazo para dictar ST, el Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, puede acordar la práctica de cuantas Diligencias finales estime necesarias, que deberán ser practicadas en el plazo de 20 días y dando audiencia a las partes para valorar su resultado.
- Terminación de la instancia La ST es el modo frecuente de la terminación de la instancia. Su clasificación obedece a distintos criterios. Así, se habla de ST definitivas, firmes, según admitan o no recurso, declarativas, constitutivas o de condena, en función de la pretensión. Las de condena, a su vez, estimatoria o desestimatoria.
La ST está sujeta a estrictas formalidades. Es igualmente la resolución que procede en supuestos de allanamiento (no oposición del demandado) y renuncia (dejación o abandono del derecho por el actor).
No obstante, no es la ST la única forma de terminación de la instancia, pues es posible la transacción incluso una vez dictada ST, siempre que la misma no haya alcanzado firmeza (conciliación) y el desistimiento (apartamiento del ejercicio de la acción).
 MODALIDADES PROCESALES Con tal denominación la Ley hace referencia a procesos especiales, referidos a materias concretas, de suerte que serán de aplicación prioritario los preceptos que lo ordenan, en segundo término, los reguladores del proceso ordinario y, por último y con carácter supletorio, la LEC o, en su caso, la Ley reguladora de la jurisdicción social. Con todo esto, la Ley contempla las siguientes modalidades procesales: - Despidos y sanciones con inclusión de pretensiones relativas a salarios de tramitación: las características son las relativas a la demanda, a la pretensión, al trámite y la ST.
- Vacaciones: el procedimiento tiene el carácter de urgente, debiendo celebrarse el acto del juicio en un plazo de 5 días siguientes al de admisión de la demanda.
- Materia electoral: se subdivide, a su vez, en dos modalidades. Por un lado, la impugnación de laudos arbitrales y, por el otro, la impugnación de las resoluciones administrativas que denieguen el depósito de las actas.
- Clasificación profesional: la única especialidad es la necesidad de acompañar a la demanda informe del Comité de empresa o acreditar que éste fue solicitado.
- Movilidad geográfica y modificación sustancial de las condiciones de trabajo: la modalidad procesal únicamente cobija acciones individuales o plurales, es decir, las formuladas por los trabajadores afectados frente al empresario que haya acordado la medida.
- Permisos por lactancia y reducción de jornada por motivos familiares: las peculiaridades vienen dadas por el sometimiento de la acción a plazo de caducidad de 20 días, contando desde que el empresario participe la disconformidad con la proposición cursada por el trabajador, y el carácter urgente del procedimiento.
- SS: la interposición de la demanda requiere el agotamiento de la vía administrativa previa, siendo su omisión un defecto subsanable. Será necesario dirigir la demanda contra INSS, TGSS, Mutua de Accidentes de trabajo y Enfermedades profesionales y empresario cuando verse sobre accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
- Procedimiento de oficio, actos administrativos en materia laboral y SS no prestacionales. En el procedimiento de oficio lo promueve la Autoridad laboral. en la impugnación de actos administrativos en materia laboral y de SS, excluidos los prestacionales, la demanda se dirige contra el acto o resolución administrativa, y tal interposición exige el agotamiento de la vía administrativa previa.
- Conflictos colectivos: esta modalidad queda reservada a demandas que afecten a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores y/o que versen sobre la aplicación o interpretación de una norma estatal, CC o decisión o práctica de empresa.
- Impugnación de CC: puede pretender la impugnación de un CC por ilegalidad o lesividad, circunstancia de especial importancia en ordena al determinación de la legitimidad activa y pasiva. La ST que se dicte será inmediatamente ejecutiva, sin perjuicio del recurso que se interponga contra la misma.
- Impugnación de estatutos sindicales y de asociaciones empresariales - Tutela de la libertad sindical y demás derechos fundamentales: la legitimación activa corresponde a cualquier trabajador o sindicato que, invocando un derecho o interés legítimo, considere lesionados sus derechos fundamentales o libertades públicas, incluida la libertad sindical. El MF será siempre parte en estos procesos. Corresponde al demandado aportar una justificación objetiva y razonable de la proporcionalidad de la medida.
IV.
LOS RECURSOS Son aquellos medios o instrumentos que el OJ pone a disposición de las partes con el fin de lograr la revocación de las resoluciones judiciales.
En el proceso laboral rige el principio de instancia única, no existen, pues los recursos ordinarios como, por ejemplo, la apelación civil. La norma laboral ha previsto una serie de disposiciones comunes a los recursos de suplicación y casación, que son las siguientes: a) Consignación de depósito, que tiene como finalidad disuadir de la interposición de tales recursos con un propósito dilatorio. Es decir, todo el que sin tener la condición de trabajador, causahabiente cuyo o beneficiario del régimen público de la SS intente interponer recurso de suplicación deberá consignar como depósito la suma de 300€, y 600€ en el supuesto de que fuera el de casación (incluido la casación por unificación de doctrina) b) Consignación de cantidad objeto de condena, que tiene como finalidad el aseguramiento del pago de lo acordado en la ST. Se impone tal obligación a todo aquel recurrente que no gozara del beneficio de la justicia gratuita.
c) Condena en costas, en este punto, se establece el criterio de vencimiento salvo que la parte vencida goce del beneficio de la justicia gratuita.
d) Convenio transaccional. Se añade como forma de finalización del trámite de los recursos de suplicación y casación esta modalidad, que las partes pueden alcanzar en cualquier momento. Es una novedad legislativa contemplada por la jurisprudencia. Tal Convenio, de no apreciarse lesión grave, fraude de ley o abuso de derecho, es homologado por la Sala mediante auto, y pone fin al litigio sustituyendo el contenido de lo resuelto en ST.
Encontramos los siguientes recursos devolutivos:  ¡! RECUSO DE SUPLICACIÓN La competencia para conocer de este recurso corresponde a la Sala de lo Social del TSJCCAA, donde se encuentre el Juzgado de lo Social que haya dictado la resolución que se impugna. Las resoluciones recurribles en suplicación son la ST, autos, autos que resuelvan el recurso de reposición o, en su caso, revisión y los autos que decidan el recurso de reposición interpuesto contra los que dicten los Juzgados de lo social y los autos que decidan el recurso de revisión interpuesto contra los decretos del Secretario judicial.
En el recurso de suplicación no se examinan de nuevo todas las cuestiones discutidas en el Juzgado de instancia, sino exclusivamente aquellas que se plantean en el mismo con arreglo a determinados motivos cuyo objeto está expresamente previsto en la Ley, y que son: - Reponer los autos al estado en que se encontraban en momento de haberse infringido normas o garantías del procedimiento que le hayan producido indefensión al recurrente - Revisar los hechos declarados probados a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas - Examinar las infracciones de las normas sustantivas o de la jurisprudencia Además, en el trámite de suplicación no se practican pruebas y no pueden presentarse documentos con las excepciones establecidas en la Ley. La misma señala que la Sala no admitirá a las partes documento alguno ni alegaciones de hechos que no resulten de los autos.
El recurso de suplicación deberá anunciarse dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la ST, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su abogado, graduado social o representante. También podrá anunciarse por comparecencia o escrito de las partes, normalmente se realiza por escrito.
Si la resolución fuera recurrible en suplicación, la parte hubiera anunciado el recurso en tiempo y forma y cumplido los demás requisitos establecidos en la Ley, el Secretario tendrá por anunciado el recurso y acordará poner los autos a disposición del letrado o graduado social colegiado designado por la parte recurrente dentro de los 10 días siguientes a que se notifique la puesta a disposición.
Si la resolución impugnada no fuera recurrible en suplicación, el recurso no se hubiera anunciado en tiempo o el recurrente hubiera incumplido los requisitos necesarios para el anuncio del recurso de modo insubsanable o no los hubiera subsanado dentro de término conferido al efecto, el órgano judicial declarará, mediante auto, tener por no anunciado el recurso, quedando, pues, firme la ST impugnada.
Del escrito se dará traslado a las demás partes para que lo impugnen si lo consideran oportuno. En los escritos de impugnación podrán alegarse motivos de inadmisibilidad del recurso, así como eventuales rectificaciones de hecho o causas de oposición subsidiarias aunque no hubieran sido estimadas en ST.
Elevados los autos a la Sala, la tramitación es relativamente sencilla, pues, recibidos tales autos, si el Secretario apreciara defectos u omisiones subsanables en el recurso, concederá a la parte un plazo de 5 días para que se aporten los documentos omitidos o se subsanen los defectos apreciables.
 RECURSO DE CASACIÓN ORDINARIO La ley de procedimiento laboral lo denomina simplemente recurso de casación. La competencia para conocer y resolver el recurso viene atribuida a la Sala IV del TS. Como tal recurso extraordinario, solo es admisible con relación las resoluciones respecto de las que la ley prevé este medio de impugnación, y solo por los motivos que la norma autoriza.
Las resoluciones recurribles son: - ST dictadas en única instancia por las Salas de lo Social de los TSJ y Sala de lo Social de la Audiencia Nacional - Por lo que se refiere a los autos, la Ley amplia notablemente los supuestos en que cabe recurso. Así, puede interponerse contra autos que resuelvan el recurso de reposición interpuesto contra la resolución en que la Sala, antes del acto del juicio, declara la falta de jurisdicción o competencia, así como contra los autos dictados por dichas Salas que resuelvan el recurso de reposición, o de revisión o, en su caso, contra la resolución que disponga la terminación anticipada del proceso (por satisfacción extraprocesal, pérdida sobrevenida del objeto o falta de subsanación de requisitos advertidos en la demanda) El recurso habrá de fundarse en alguno de los siguientes motivos: - Abuso, exceso o defecto de jurisdicción - Incompetencia o inadecuación de procedimiento - Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la ST o de las que rigen los actos y garantías del procedimiento, siempre que en éste último caso se haya producido indefensión para la parte - Error en la apreciación de la prueba basada en documentos, que obren en autos que demuestren la equivocación del juzgados sin resultar contradichos por otros plementos probatorios - Infracción de las normas del OJ o de jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto del debate  RECURSO DE CASACIÓN POR UNIFICACIÓN DE DOCTRINA La relación entre la Sala de lo Social de los TSJ y la Sala IV del TS se lleva a cabo, fundamentalmente, a través del recurso de casación para unificación de doctrina. Es un recurso extraordinario que solo cabe interponer contras las ST dictadas en suplicación por las Salas de lo Social de los TSJ. El diseño actual de este recurso se acomoda perfectamente a las exigencias del art. 152 CE en relación con la organización del Estado español en CCAA.
La característica esencial de este recurso es que solo la existencia de contradicción entre la doctrina de los Tribunales Superiores entre sí, aunque se trate de ST dictadas por el mismo Tribunal en sus diversas secciones, o con la doctrina del TS, abre las puertas del recurso. Es decir, solo cabe recurso cuando existe la referida contradicción, respeto de los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación donde, en mérito o hechos fundamentados y pretensiones fundamentalmente iguales, se hubiera llegado a pronunciamientos distintos.
Dos novedades importantes son las siguientes: - Podrá alegarse como doctrina de contradicción la establecida en las ST dictadas por el TC y los órganos jurisdiccionales instituidos en los Tratados y Acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y libertades fundamentales ratificados por España - El MF, en su función de defensa de la legalidad, de oficio o a instancia de sindicatos, organizaciones empresariales, entre otros, podrá interponer tal recurso  RECURSO DE QUEJA La LRJS simplemente se refiere a este recurso sin regularlo indicando que los recursos de queja de que conozcan las Salas de lo Social de los TSJ o la Sala de lo Social del TS, según los casos, se tramitará de conformidad con lo dispuesto en la LEC para recurrir en queja.
La remisión hay que entenderla realizada al art. 495 LEC que señala que el recurso de queja se interpondrá ante el órgano al que corresponda resolver el recurso no tramitado, en el plazo de 10 días desde la notificación de la resolución que deniega la tramitación de un recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal o de casación. Con el recurso deberá acompañarse copia de la resolución recurrida y que presentado en tiempo el recurso con dicha copia, el tribunal resolverá sobre él en el plazo de 5 días.
Son recurribles en queja: - Los autos de los Juzgados de lo social que tenga por no anunciado el recurso de suplicación interpuesto contra ST o auto dictados por ese mismo Juzgado - Autos de los TSJ o de la AN que tengan por no preparado recurso de casación ordinario, o de casación por unificación de doctrina  RECURSO DE REVISIÓN La LRJS se refiere, en su art. 236, al recurso de revisión, contra cualquier ST firme dictada por los órganos del orden social de la jurisdicción y laudos arbitrales firmes, pero se remite en cuanto al trámite a la LEC. Se interpone directamente ante la Sala de lo Social del TS contra ST y laudos que hayan ganado firmeza, lo que convierte tan recurso en excepcional.
Está sujeto a motivos tasados previsto en el art. 510 de la LEC y al escrito plazo del transcurso de 5 años desde la publicación de la ST que se pretende impugnar, pasados los cuales no se puede solicitar la revisión. En caso de estimación, la ST de la Sala de lo Social del TS rescinde la impugnada a fin de que el recurrente pueda ejercitar su derecho a la correspondiente instancia. En todo caso se requiere la intervención de letrado y la constitución de depósito, en la misma cuantía que para el recurso de casación.
APUNTES MAGISTRADO La LEC es supletoria en todo lo no regulado en la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social. La jurisdicción es cuando España, como tal, es competente para conocer de un asunto.
El art. 2 de la ley reguladora de la jurisdicción social recoge todas las materias que se pueden llevar ante los Juzgados de lo social. Jurisdicción es, o cuando España es competente y, además, cuando la jurisdicción social puede conocer de la materia.
Las AP no tienen competencia, ni en el orden contencioso, ni en el orden social. El Juez de primera instancia, que es el juez de lo social, iremos al TSJ (recurso de suplicación/ o si es competente por materia), y al TS (recurso de casación).
PRINCIPIO DE ORALIDAD. El procedimiento laboral es eminentemente oral. Únicamente hay una tramitación escrita en cuanto al escrito de demanda (art. 80), pero ésta puede ser tan sucinta/breve/reducida, que incluso el actor puede cumplimentar esa demanda haciendo alguna alegación complementaria, en ese mismo acto, que no sea muy sustancial, pues podría llegar a producir indefensión. La contestación, fase de admisión y proposición de prueba, conclusiones y cualquier manifestación que se pueda hacer –incluso protestos- debe ser en el mismo acto de la vista.
Una vista laboral es muy dinámica, se es mucho más flexible. El juez que celebra el Juicio es quien debe dictar sentencia, y si no puede, debe celebrarse nuevamente el juicio.
PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN. Cuando se admite a trámite la demanda, se señala para los actos un momento inmediatamente después. Todos los que se pueden hacer en el mismo día, o días sucesivos, sin interrupciones, se hará. En el art. 85.1 de la misma ley establece que si no hubiera avenencia se pasará directamente a juicio. Al mismo tiempo, también hay celeridad.
Se pretende que la tutela de los derechos que entran en juego se resuelva de la manera más rápida posible.
El art. 63 y 64/ el 69 y 70. Como regla general, salvo excepciones, hay que presentar inicialmente un acto de conciliación o la reclamación administrativa previa. Si es con una AP, por ejemplo, un Ayuntamiento que tiene contratados laborales, habrá que interponer una reclamación administrativa previa. Pero cuando no estemos ante una AP, salvo las materias excluidas del art. 64 y art. 70, estos actos preprocesales son requisitos del proceso, sin acto de conciliación o reclamación administrativa previa, nunca se podrá interponer la demanda.
PRINCIPIO DE PRACTICIDAD, presentar la demanda simultáneamente al acto de conciliación, o en 2 o 3 días siguientes. La presentación de la solicitud de conciliación o de mediación suspenderá los plazos de caducidad e interrumpirá los de prescripción. El cómputo de la caducidad se reanudará al día siguiente de intentar la conciliación o mediación, o transcurridos 15 días hábiles, excluyendo del cómputo los sábados, desde su presentación sin que se haya celebrado.
En el apartado 2 se da la posibilidad de tener por precluido o agotado el trámite a los efectos de conciliación.
La demanda (art. 80). Hay que presentar un escrito de demanda. Primera diferenciación, no hay razonamientos jurídicos. Sí se debe establecer qué se solicita, y cómo se solicita. El objeto del proceso es la tutela que se pide ante el Juzgado o Tribunal, y esa pretensión hay que establecerla. La demanda se formulará por escrito, pudiendo utilizar formularios, entre otros.
Se deben enumerar clara y concretamente los hechos, juntamente con la suplica.
La ley reguladora de la jurisdicción social no es clara en la materia de los documentos que deben acompañar a la demanda. El art. 80 no habla de presentación documental, si no de algunos documentos imprescindible. El art. 87.6 establece el pedir conclusiones por escrito si las pruebas documentales o periciales practicadas resulten de extraordinario volumen o complejidad, se podrán formular sucintas conclusiones complementarias por escrito.
El art. 82.4 establece que se podrá requerir la petición anticipada, con 5 días de antelación al acto del juicio, que por su volumen y complejidad no se pueden examinar el mismo acto.
La reconvención, es, en el fondo, ampliar el objeto del proceso. Los requisitos son iguales que en el proceso civil, pero ésta debe presentarse en el acto de conciliación previa. El art. 438 se puede pedir con, al menos, 5 días antes de la celebración de la vista.
Respecto a la contestación a la demanda, esta se realizará en la vista: - Excepciones procesales (capacidad, legitimación, defectos en la formalización de la demanda, demanda no aclarada, entre otros). El menor de edad, aunque no esté emancipado, pero que sea mayor de 16, tiene plena capacidad procesal y capacidad para ser parte. Además, éstas se deben resolver previamente.
- Fondo del asunto La proposición de la prueba es eminentemente oral. No se puede proponer el propio interrogatorio de parte. El único que puede proponer el interrogatorio de una parte es el contrario. ¡! Pedir al Juez como diligencia final que la acorde de oficio. En cuanto a la prueba testifical, los Jueces puede limitar discrecionalmente el número de testigos, pero el art. 92.1 no establece dónde ni cuánto se debe limitar.
Las conclusiones tienen como finalidad para valorar la prueba con respecto a la controversia fijada.
¡! El art. 86.2 establece la prejudicialidad penal. Si se alega la falsedad de un documento de notoria influencia en el pleito, continuará el acto del juicio hasta el final, y quien alega la falsedad, tendrá 8 días para presentar querella penal, si el Juez considera que el documento es decisivo para resolver el fondo del asunto, y se suspende el plazo para dictar ST. Si la presenta la querella, el procedimiento laboral queda suspendido hasta tanto no se resuelva el procedimiento penal. Es el único supuesto de suspensión, por prejudicialidad.
Invierte la carga de la prueba (violación de derechos fundamentales), para ello hay que aportar un indicio (probar acoso laboral, prácticas antisindicales, por ejemplo).
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