Temas 8 y 9 - Práctica 7 (2014)

Trabajo Español
Universidad ESADE (URL)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Derecho Constitucional II
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 24/03/2015
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Están corregidas en clase con apuntes tomados en las clases participativas y correciones hechas.

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Sergio Gomollón Derecho Constitucional II 7 de Mayo de 2014 DERECHO CONSTITUCIONAL II: PRÁCTICA TEMA IX.
! Práctica n. 7: delimitación de competencias (2).
El Gobierno de la Generalitat dicta un Decreto que establece que todos los datos que figuren en las etiquetas de productos que se comercialicen en Cataluña deben figurar en catalán o en castellano, o bien en ambos idiomas. El Gobierno estatal considera que dicho Decreto vulnera lo establecido en un Real Decreto estatal que establece que todas las etiquetas deben figurar necesariamente en castellano.
! Normas: Constitución; Estatuto de Autonomía de Cataluña.
! ! Jurisprudencia: STC 68/1988 STC 31/2010 FFJJ 56-61 PREGUNTAS: 1.- ¿En qué título o títulos competenciales podría ampararse el Estado central para impugnar la normativa catalana? ¿Qué título puede alegar la Generalitat para defender su normativa? ! De toda la lista del 149.1, podría intentar hacerse por parte del Estado la defensa de su competencia a través del artículo 149.1.1 CE (alegando que todos los españoles tienen el derecho de poder ver las etiquetas en su idioma (ver también art. 3 CE), de modo que no suponga una desigualdad estar en Cataluña o en otra comunidad); El principio reconocido en el artículo 51 de la Constitución que dispone que los poderes públicos garantizarán la defensa de consumidores o usuarios, no especifica a quién corresponderá la materia, y es por ello que interpretó en el recurso el Abogado del Estado que era competencia del Estado, amén del artículo ya citado, mientras que opinaba el letrado de la Generalitat que era competencia de la autonomía.
! La Generalitat puede ampararse en el artículo 143.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña [partiendo del vigente Estatuto, y no el de 1979 que era el que estaba en vigor cuando se juzgó el conflicto] (“Correspon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de llengua pròpia, que inclou, en tot cas, la determinació de l'abast, els usos i els efectes jurídics de la seva oficialitat, i també la normalització lingüística del català.”) o incluso la contenida en el artículo 123, sobre el consumo (“La defensa dels drets dels consumidors i els usuaris”) si se hace una interpretación algo extensiva. Nuevamente, recordar que el artículo 51 CE al decir los poderes públicos utiliza un término suficientemente ambiguo, como todos los artículos del mismo Cap. III del Título I, pues no delimitan estos competencias sino principios que orientan al legislador, tanto estatal como autonómico (art. 53.3 CE).
! 2.- ¿Qué tipo de competencia se corresponde con este supuesto? ¿Qué potestades concretas tienen el Estado y la Generalitat? ! Tanto en el caso de la competencia del Estado como las de la Generalitat, todas ellas son competencias exclusivas. Por lo tanto, tendrían las potestades legislativa (normativa, para ser más precisos) y ejecutiva, en todos los casos (arts. 149.1.1 CE; arts. 123.a y 143.1 EAC). En cualquier caso deberá delimitarse previamente a quién corresponde la competencia para normar estos hechos para determinar quién tendrá la legitimidad para ejercer dichas potestades.
! — 1! — Sergio Gomollón Derecho Constitucional II 7 de Mayo de 2014 Con el fin de averiguar a quién compete dicha materia, podemos observar en el fallo de la STC 69/1988 que el Tribunal considera que es competencia de la Comunidad Autónoma esta materia (informar a los consumidores) por lo que el Decreto catalán es válido y no será expulsado del ordenamiento, y, al tratarse de una competencia exclusiva (amparándose tanto en el art. 123 o incluso si lo hiciera por el 143 EAC) será la Autonomía de Cataluña la que ostentará todas las potestades de dicha competencia.
! 3.- ¿Puede el Estado establecer normas básicas en un Real Decreto? Razona la respuesta a partir de la jurisprudencia que se adjunta.
! No. Si bien el Tribunal Constitucional argumenta (FJ 6 STC 69/1988) que “en los primeros años de vigencia de la Constitución, en los que la tarea urgente que imponía la implantación del sistema de distribución de competencias consistía en adaptar la legislación anterior al nuevo orden constitucional y no le era posible al Estado desplegar una actividad legislativa tan intensa que pudiera, de manera inmediata, configurar todas las ordenaciones básicas que contemplan la Constitución y los Estatutos, resultaba inevitable que el concepto material de «norma básica» adquiriese excepcional relevancia al objeto de conseguir, de la manera más rápida y eficaz, la progresiva determinación de los espacios normativos estatal y autonómico, quedando, por consiguiente, en un segundo plano, el componente formal incluido en la referida doctrina constitucional.”. Por lo tanto, sería aceptable hacerlo, en un principio, con normas de rango reglamentario atendiendo a la dificultad de articular las competencias y adaptar el ordenamiento a la nueva realidad, labor que no exigía demora; pero más adelante, el TC acaba obligando a que estas normas básicas se hagan a través de leyes formales aun cuando fuera iniciativa legislativa del Gobierno (“procede exigir […] la condición formal de que la «norma básica» venga incluida en Ley votada en Cortes que designe expresamente su carácter de básica […], debiendo también cumplirse esta condición en el supuesto excepcional de que la norma básica se introduzca por el Gobierno de la Nación en ejercicio de su potestad de reglamento.“).
! 4.- Si finalmente el Gobierno decidiera impugnar la norma catalana ¿ante qué órgano puede hacerlo? ¿A través de qué procedimiento? ¿Tiene la obligación de seguir algún procedimiento previo a la impugnación? ! Partiendo de que se trata de un Decreto, la norma catalana, esto es, una norma infralegalal, podría plantear el Gobierno un conflicto de competencia (pues se ve legitimado por el art. 60 LOTC) ante el TC (compete la resolución de conflictos de competencias, a tenor de lo establecido en los arts. 59 LOTC y 161.1.c CE), pues al tratarse de una norma infralegal no es objeto de recurso de inconstitucionalidad (no aparece en el art. 27 LOTC) sino de conflicto de competencia (art. 60 LOTC).
! La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no le obliga a seguir ningún procedimiento previo a la impugnación, es más, le permite expresamente impugnar la norma ante el TC (art. 62 LOTC).
! 5.- La impugnación del Gobierno, ¿suspende automáticamente la vigencia y aplicación de la normativa catalana? ! El Gobierno puede hacerlo, pues le habilita el art. 161.2 CE. No obstante, si no se hace a instancia del Gobierno, no se suspenderá la vigencia, luego no se suspende automáticamente dicha vigencia y aplicación, sin perjuicio de que el Gobierno tenga la potestad de solicitarlo con éxito.
! 6.- ¿Podría la Generalitat impugnar el Decreto estatal? ¿A través de qué procedimiento? ! Efectivamente, la Generalitat también está legitimada a plantear un conflicto de competencia (art. 60 LOTC), utilizando el mismo procedimiento, siempre y cuando, claro está, afectara a sus competencias, ergo a su autonomía. El procedimiento sería el mismo mencionado, un conflicto de competencia, que podría ser positivo o negativo (art. 60ss. LOTC).
— 2! — Sergio Gomollón ! Derecho Constitucional II 7 de Mayo de 2014 7.- ¿Qué pasaría si el Decreto autonómico versara sobre propiedad intelectual? ¿Ante qué tipo concreto de competencia nos encontraríamos? ¿Qué potestades concretas corresponderían al Estado y a la Generalitat? ! A priori, con una lectura del artículo 149.1.9 CE observamos que es competencia del Estado la legislación sobre propiedad intelectual, y podríamos pensar que sólo éste tiene la competencia. No obstante, acudiendo al Estatuto de Autonomía de Cataluña, en su art. 155 vemos cómo también compete a la Generalitat, luego se trata de una competencia compartida por ambos entes; para la que ambos tienen potestad normativa, luego correspondería al Estado, mediante una norma básica, una ley, de acuerdo con la jurisprudencia del TC antes analizada, fijar las bases, y la Generalitat o el Parlament, ya fuera a través de leyes autonómicas o normas del Gobierno autonómico, podría desarrollar su propia legislación de acuerdo con las bases establecidas por el Estado; además de tener la potestad ejecutiva que también les atribuye el art. 155 EAC.
! NO !!! EL EAC dice que es ejecutiva.
—— CLASE ! a) Crítica: Recurso de inconstitucionalidad como medio de resolución de conflictos y no como medio para depurar el ordenamiento jurídico b) Mediante Recurso de inconstitucionalidad. Sólo pueden impugnar, las CA, normas con rango de ley del Estado, cuando afecten a su competencia; no leyes de otra CA; y además las minorías de la CA no pueden interponer el recurso.
c) Recordemos, el 149 permitía a) Que hubiera una materia reservada exclusivamente al Estado b) Que tuviera potestad legislativa para el estado exclusivamente c) Que tuviera reservada la legislación básica para las competencias compartidas el Estado; para que las CCAA puedan asumir el desarrollo legislativo de las bases + Reglamentos y ejecución de dichas competencias d) Las no mencionadas pueden pertenecer enteramente a las CCAA en función de lo que dispongan sus Estatutos de Autonomía, si bien las que no tenga el Estatuto corresponderán al Estado (149.3 CE).
d) Para las normas bases no se opta por un concepto formal de las mismas, sino por uno material, sin perjuicio de que el TC exija en su jurisprudencia que las normas básicas tengan, con carácter general, rango de ley, optando además así también por un concepto formal de estas normas. Además, debe explicitarse cuales son las normas bases (segundo elemento formal).
a) Sin embargo puede haber excepciones, porque la tecnicidad de la materia obliga a ser norma infralegal, sin embargo SIEMPRE debe decirse explícitamente, o si no dejar muy claro cuáles son bases, de acuerdo con el TC.
b) Una norma infralegal podría llegar a actuar como parámetro de invalidez de una norma legal; si el Estado regulara las bases por norma infralegal.
c) Si se extralimita el Estado podrá ser inconstitucional la norma de bases; las bases solo deberán afectar a lo que es DE INTERÉS GENERAL, pero la última palabra la tiene el TC.
— 3! — ...