La persona 2 (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad de Málaga
Grado Trabajo Social - 2º curso
Asignatura Derecho de Familia
Año del apunte 2015
Páginas 5
Fecha de subida 03/01/2015
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LA INCAPACITACIÓN DE LA PERSONA Como hemos visto, son los mayores de edad los que tienen capacidad de obrar plena, ya que se entiende que esos mayores de edad tienen suficiente madurez para realizar adecuadamente cualquier tipo de actividad por sí mismos. Sin embargo, esta afirmación no siempre se corresponde con la realidad. Existen mayores de edad que no alcanzan esa madurez o capacidad de entender y querer necesaria para los actos de la vida civil. Se trata de personas que padecen ciertas enfermedades o deficiencias físicas o síquicas que les impiden autorregular sus intereses. En estos casos, si se les permitiese actuar como si tuviesen plena capacidad de obrar, podrían causarse graves daños en su persona y patrimonio, dadas las carencias que les caracterizan, (Por ejemplo, podrían engañarle al celebrar contratos); por ello, y teniendo en cuenta la gravedad de la medida, dichos sujetos pueden ser incapacitados por un Juez. La incapacitación será declarada, exclusivamente en beneficio de los sujetos incapaces, y, al suponer una modificación en la capacidad de obrar del sujeto, constituye un estado civil.
Los caracteres de la incapacitación son los siguientes (arts. 199 y 200 del CC): 1) La incapacitación sólo puede declararse en virtud de sentencia judicial. Solamente el Juez competente decidirá si se restringe el ámbito de actuación de una persona.
2) El Juez sólo podrá declarar la incapacitación si concurren alguna de las causas expresamente recogidas en la Ley. Son exclusivas, y no se admitirá ninguna otra.
Concretamente, nos referimos a las que se especifican en el art. 200 del CC, y que son: a) Enfermedades o deficiencias de carácter físico o psíquico. Lo más común será una deficiencia de carácter psíquico, pero, en casos extremos también podría tratarse de una deficiencia física.
b) De carácter persistente, es decir, que sea presumible que las circunstancias que darán lugar a la incapacitación se prolongarán en el tiempo y no tendrán un carácter meramente pasajero.
c) Que impidan a la persona gobernarse por sí misma. Es decir, que falte esa aptitud de entender y querer que constituyen la base del consentimiento y voluntad que rigen la vida de la persona y le permiten el libre desarrollo de la personalidad.
3) La incapacitación se declarará siempre en beneficio del sujeto incapaz, para protegerlo y asistirlo en los ámbitos en que sea necesario, pero sólo en éstos, lo que significa, que la limitación de la capacidad del incapacitado debe ser la menor posible. Ello se debe a que estamos ante una restricción de derechos fundamentales tales como el derecho a la libertad, a la dignidad, o al libre desarrollo de la personalidad.
4) La incapacitación constituye un estado civil de la persona, ya que modifica la capacidad de obrar. La sentencia de incapacitación deberá ser inscrita en el Registro Civil.
Procedimiento de incapacitación El procedimiento de incapacitación tiene como finalidad obtener una sentencia judicial que declare incapaz a una persona concreta, por encontrarse la misma incursa en algunas de las causas expresamente previstas en la ley.
El procedimiento de incapacitación lo regula la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, encontrándose en los arts. 748 a 763. Se trata de un procedimiento en el que se establecen medidas especiales que garanticen al presunto incapaz que podrá defender su libertad y su derecho a la capacidad de obrar. De entre los preceptos mencionados, destacaremos por su importancia los siguientes: Art. 749: Siempre será parte el Ministerio Fiscal en el procedimiento, aunque no haya sido promotor del mismo.
Art.754: Los tribunales podrán decidir en estos procedimientos que los juicios se celebren a puerta cerrada, cuando las circunstancias lo aconsejen, cosa que será más frecuente cuando se trate de incapacitación de menores, por ejemplo.
Art. 756: Serán competentes para dictar la incapacitación de una persona los Jueces de Primera Instancia del lugar donde ésta resida.
Art. 757: Legitimación en los procedimientos de incapacitación: Las personas que pueden solicitar del juez la incapacitación serán las siguientes: a) Cónyuge, pareja de hecho, descendientes, ascendientes o hermanos del presunto incapaz.
b) El Ministerio Fiscal, en el caso de que las personas anteriormente mencionadas no existieren o no lo hayan hecho.
No obstante, y aunque no están legitimados, este precepto señala que cualquier persona puede poner en conocimiento del Ministerio Fiscal la existencia de un presunto incapaz, para que éste solicite la incapacitación del Juez.
Establece, sin embargo un deber para las autoridades y funcionarios públicos, que, por razón de sus cargos, conocieran de la existencia de los mismos. Habrán de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal.
Art. 758: El presunto incapaz puede comparecer en el proceso con su propia defensa (abogado) y representación (procurador) Si no lo hicieren, serán defendidos por el Ministerio Fiscal, o por un Defensor Judicial si éste no hubiese promovido el procedimiento. Como se presume la capacidad, en tanto no exista una sentencia judicial que lo niegue, el sujeto podrá defenderse como cualquier persona con plena capacidad de obrar.
Art. 759: Pruebas obligatorias en este procedimiento: Será obligatoria para el Juez, la realización de las siguientes pruebas: a) Audiencia de los parientes más próximos del presunto incapaz, a los que tendrá que escuchar.
b) Examen personal del presunto incapaz por el Juez.
c) Petición de los dictámenes periciales necesarios para corroborar la incapacidad, entre ellos, obligatoriamente, un dictamen pericial médico.
Art. 760: Sentencia de incapacitación: La incapacitación puede ser desestimada por el juez, finalizando el procedimiento, por no haberse demostrado durante el mismo que la persona está incursa en las causas del art. 200 del CC.
Si la sentencia declara la incapacidad, deberá contener: a) La extensión de la incapacitación y los límites de ésta. Significa esto que en nuestro Ordenamiento jurídico actual la incapacitación no es única e idéntica para todos los sujetos, sino que es una incapacitación a medida para cada persona. Por eso, la sentencia declarará, de forma pormenorizada cuáles son los actos que el sujeto no puede realizar por sí mismo, y cuáles serán los que pueda seguir realizando.
b) El régimen de tutela o guarda a que haya que estar sometido el incapacitado: Lo normal será la designación de un tutor o un curador, aunque a veces, en los supuestos del art. 171 del CC, será la patria potestad. Que se nombre una u otra figura dependerá del grado de discernimiento que presente el incapaz. Si el grado de incapacidad es leve, se le designará un curador. Por el contrario, si tiene un bajo grado de discernimiento, será necesario la designación de un tutor. La diferencia fundamental entre ambos es que el tutor representará al menor en todos los actos que señale la sentencia judicial. El curador le asistirá, completando su capacidad, solamente en los actos jurídicos que señale el Juez en la sentencia. Uno representa, y el otro asiste o complementa al incapaz.
c) En su caso, se pronunciará el Juez sobre la necesidad de internamiento del incapaz. En algunas ocasiones, los parientes solicitan al Juez, al promover la incapacitación, que autorice el internamiento del incapaz en un centro asistencial adecuado a las necesidades del mismo, dado que, como dicho internamiento supone la restricción de la libertad del sujeto (sin su consentimiento), sólo se podrá realizar con autorización judicial.
Art. 761: La sentencia de incapacitación no impedirá que, si la capacidad del sujeto sufre variaciones, pueda plantearse un nuevo procedimiento, que podrá finalizar con una sentencia: a) Reintegradora de la capacidad del sujeto: Se producirá en los casos en que el incapaz recupere la plena capacidad de obrar.
b) Se amplíe la incapacitación: Se producirá en casos en que haya empeorado el incapaz y encuentre mayor dificultad para su autogobierno.
c) Se reduzca la incapacitación: En este supuesto, el incapaz habrá recuperado una parte de su capacidad, aunque todavía no llegue a la plena capacidad de obrar.
Internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico (Art. 763 LEC) Se contemplan dos situaciones diferentes a la hora del internamiento en un centro especializado de los incapaces: A) En primer lugar, cuando los que tienen la patria potestad o la tutela quieren internar al incapacitado que no esté en condiciones de decidirlo por sí mismo. Será necesario que soliciten autorización del juez. Deberá obtenerse, pues, como requisito previo al internamiento.
B) En segundo lugar, en situaciones de urgente necesidad, en que el incapaz requiera de una atención e internamientos inmediatos (por ejemplo, porque tienen un ataque y presentan cuadros de violencia o depresión severas) En estos casos, el Director del Centro realizará el internamiento sin autorización previa del Juez, pero deberá informar a éste lo antes posible, y en todo caso, dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicho internamiento. El Juez deberá ratificar dicha medida, una vez tenga conocimiento de los hechos.
El internamiento de menores se realizará siempre en un centro de salud mental adecuado a la edad de los mismos, previo informe de los servicios de asistencia al menor.
Al autorizar el internamiento, el Juez informará al Director del Centro de su obligación de emitir informes periódicos al tribunal sobre la necesidad de mantener la medida.
Cuando los facultativos que atiendan a la persona internada consideren que no es necesario mantener el internamiento, darán el alta al enfermo, y lo comunicarán inmediatamente al Juez. Hay que entender esta facultad de los médicos desde el punto de vista de los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente. La privación de libertad debe ser absolutamente imprescindible, y el momento en que deja de serlo, lo puede decidir el médico. Comunicándolo, eso sí, al juez, y justificando la decisión.
Por último, es necesario aclarar que, en situaciones de urgente necesidad, se pueden internar a personas que no son incapaces, esto es, que no tienen una sentencia judicial de incapacitación. En estos supuestos, cuando el Director del Centro informa al Juez, decidirá éste sobre si promueve la incapacitación o no del sujeto, dependiendo de si estima que pueden concurrir los requisitos del art. 200 del Cc.
Incapacitación del menor de edad Hasta ahora hemos contemplado la incapacitación de personas mayores de edad. Pero existe la posibilidad de que pueda incapacitarse a un menor de edad sujeto a la patria potestad de sus padres o a la tutela de un tutor, siempre que concurran en ese menor las causas legales de incapacitación. Aunque pueda parecer extraño e innecesario, la razón de ser de esta prematura incapacitación reside en razones de previsión. Se trata de evitar por el legislador que ese menor alcance la capacidad de obrar al cumplir los 18 años, permaneciendo en esta situación durante un periodo de tiempo que puede ser largo, mientras se tramita el procedimiento de incapacitación, lo cual podría ser claramente perjudicial para esa persona. El Juez acordará en su sentencia la prórroga automática de la patria potestad de los padres (o de la tutela del tutor) El art. 171 del CC contempla la ampliación de la patria potestad de los padres, más allá de la mayoría de edad de los hijos incapaces, en dos supuestos diferentes: a) Patria potestad prorrogada: Se produce cuando los padres, durante la minoría de edad de su hijo incapaz, promueven su incapacitación, que continuará cuando éste cumpla la mayoría de edad, prorrogándose entonces de forma automática la patria potestad. Sólo será posible esta figura cuando sea previsible que las causas de incapacitación que padece el menor no van a cesar durante la mayoría de edad.
b) Patria potestad rehabilitada: En este caso se trata de un mayor de edad, soltero, que vive con sus padres. Si fuere incapacitado, el Juez rehabilitará la patria potestad, pasando a ejercerla quien correspondiere si el hijo fuese menor de edad.
En estos dos casos, la sentencia señalará la forma y los límites de los padres en el ejercicio de esa patria potestad.
El Código Civil prevé tres cargos cuya función básica es la protección de menores e incapacitados: la tutela, la curatela y el defensor judicial El defensor judicial es un cargo cuyas funciones son similares a la del curador, es decir, es un cargo de asistencia, pero con una importante diferencia: mientras que el cargo de curador tiene carácter estable y permanente en el tiempo, en cambio el cargo s defensor judicial tiene carácter ocasional. El Juez designa un defensor judicial en favor de un menor o de un incapacitado para que le asista en un acto o negocio concreto, como por ejemplo, en aquellos negocios donde puede haber un conflicto de intereses entre el incapacitado y su tutor. El Juez nombrará un defensor judicial porque se estima que la actuación del tutor puede ser perjudicial a los intereses del incapacitado, ya que el tutor puede buscar un interés particular en lugar de defender el interés del incapacitado. Su régimen jurídico se encuentra recogido en los arts. 299 y ss. CC.
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