TEMA 12: Soluciones del Concurso (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Derecho Mercantil II
Profesor J.M.
Año del apunte 2016
Páginas 16
Fecha de subida 06/01/2016
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TEMA 12. SOLUCIONES DEL CONCURSO 1. El convenio El convenio concursal es un acuerdo entre el deudor y la colectividad de sus acreedores que se alcanza en el seno de un procedimiento seguido ante los tribunales de justicia y cuyo objeto en la satisfacción de los créditos concursales. Su naturaleza es doble, por un lado presenta un innegable perfil contractual en la medida en que constituye un instrumento a través del cual los principales involucrados en el concurso vienen a componer sus intereses de la manera que les parece conveniente.
1.1 Las propuestas de convenio y su tramitación La propuesta de convenio podrá realizarla tanto el deudor como los acreedores que, individual o conjuntamente, superen una quinta parte del pasivo resultante de los acreedores incluidos en textos definitivos. En este último caso, deberá ir acompañada de las adhesiones de acreedores privilegiados u ordinarios que superen una quinta parte del pasivo. La propuesta habrá de presentarse acompañada de un plan de pagos con detalle de los recursos previstos para su cumplimiento. Más aún cuando para atender el cumplimiento del convenio se prevé contar con los recursos que genere la continuación del ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor esta deberá ir acompañada además de un plan de viabilidad en el que se habrá de especificar los recursos necesarios, los medios y condiciones y los compromisos de prestación por terceros. Los créditos que se concedan para financiar el plan de viabilidad se pagarán como fije el convenio o si posteriormente se abre la liquidación con cargo a la masa.
Contenido de la propuesta de convenio concursal La propuesta de convenio podrá contener proposiciones de quita (reducción del importe de los créditos) o de espera (aplazamiento). Puede también contener proposiciones de ambos tipos.
No es posible cualquier proposición de quita o de espera, ya que respecto de los créditos ordinarios las proposiciones de quita no podrán exceder de la mitad del importe de cada una de ellos y la de espera no podrá superar los cinco años contados desde la firmeza de la resolución judicial que apruebe el convenio.
Por excepción a esta regla, el juez podrá autorizar motivadamente la superación de los límites señalados cuando se trate del concurso de empresarios cuya empresa pueda tener especial transcendencia para la economía siempre que así lo contemple el plan de viabilidad que se presente. También podrá el juez, a solicitud del deudor, autorizar la superación de aquellos límites por una propuesta anticipada de convenio que prevea contar con los recursos generados para la continuidad de la actividad del deudor, siempre que lo contemple el plan de viabilidad.
La ley se ocupa de precisar que la propuesta de convenio en ningún caso podrá consistir en la cesión de bienes y derechos a los acreedores en pago o para pago de sus créditos ni en cualquier forma de liquidación 1 global del patrimonio del concursado para la satisfacción de sus deuda con excepción del supuesto del artículo 155.4 de la Ley Concursal. Queda a salvo la posibilidad de fusionar o escindir la persona jurídica concursada. Tampoco podrá proponerse la alteración en la clasificación de créditos establecida por la ley.
La regla general es que la eficacia del convenio no puede quedar sometida a ninguna clase de condición.
Las propuestas han de aceptarse o rechazarse tal y como se formularon y fueron admitidas a trámite sin que puedan tampoco modificarse posteriormente por los proponentes.
Propuesta anticipada del convenio concursal Consiste en que el deudor que reúna ciertas condiciones formule una propuesta de convenio desde los primeros momentos del procedimiento.
El deudor podrá presentar ante el juez la propuesta anticipada de convenio desde la solicitud de concurso voluntario o desde la declaración de concurso necesario y hasta la expiración del plazo de comunicación de créditos.
No podrán presentar propuesta anticipada de convenio los deudores que se encuentre incursos en alguna de las prohibiciones del artículo 105 de la Ley Concursal.
Para su admisión a trámite, la propuesta anticipada ha de ir acompañada de adhesiones de acreedores de cualquier clase cuyos créditos superen la quinta parte del pasivo del deudor, aunque bastará la décima parte si se presenta con la propia solicitud del concurso.
Una vez admitida a trámite la propuesta, el secretario judicial dará traslado de ella a la administración concursal para que en un plazo no superior a diez días proceda a su evaluación. Si la evaluación fuera favorable se unirá al informe de la administración concursal y si fuera desfavorable o contuviera reserva se presentará lo antes posible al juez quien podrá dejar sin efecto la misión de la propuesta anticipada o decidir que continúe su tramitación con unión del escrito de evaluación al referido informe.
Para considerar aceptada una propuesta anticipada de convenio será necesaria la adhesión de acreedores que sean titulares de créditos por importe, al menos, de la mitad del pasivo ordinario del concurso. Pero si la propuesta prevé el pago íntegro de los créditos ordinarios como espera no superior a tres años o el pago íntegro de los créditos ordinarios vencidos con una quita inferior al 20%, será suficiente que se adhiera una porción de pasivo ordinario superior a la que vote en contra.
Debe tenerse en cuenta que la no aceptación de la propuesta en esta fase común del procedimiento no implica necesariamente su decaimiento definitivo.
Las propuestas en fase de convenio - Apertura de la fase de convenio y tramitación de las propuestas de convenio: Si el concursado no ha solicitado la liquidación ni se ha aprobado o mantenido una propuesta anticipada de convenio, el juez, una vez que sea definitivo el inventario y la lista de acreedores, dictará un auto por el que pondrá fin a la fase común y abrirá la de convenio.
2 Durante la fase del convenio persisten los efectos de la declaración de concurso sobre el deudor, sobre los acreedores, sobre los créditos y sobre los contratos.
Con anterioridad a este auto podrá presentarse propuesta de convenio por del convenio por el deudor y acreedores cuyos créditos superen un quinto del pasivo.
- Tramitación del convenio en junta de acreedores: Si no se hubiera presentado ninguna propuesta de convenio de conformidad con lo previsto en el artículo 113.1 de la Ley Concursal, ni el concursado hubiese solicitado la apertura de la liquidación, este y los acreedores cuyos créditos superen una quinta parte del total pasivo resultante de la lista definitiva podrán presentar sus propuestas de convenio desde la fecha de la convocatoria de la junta y hasta cuarenta días antes de la fecha señalada para su celebración.
Igual que ocurre con la propuesta anticipada el juez habrá de analizar si las presentadas para su sometimiento a la junta de acreedores cumplen las condiciones de tiempo, forma y contenido establecidas en la ley. Deberá decidir en los cinco días siguientes si admitirla o no a trámite.
En la misma providencia donde se admita a trámite la propuesta se da traslado de la misma a la administración concursal para que en plazo de diez días emita escrito de evaluación sobre su contenido.
Los acreedores adheridos en tiempo y forma a cualquiera de sus propuestas presentadas se tendrán por presentes a efectos del quórum de constitución aunque no asistan a las juntas.
Para que sea aceptada una propuesta en junta de acreedores es preciso el voto favorable de la mitad del pasivo ordinario del concurso, salvo que la propuesta prevea el pago de los créditos ordinarios sin quita y con una espera no mayor de tres años o por lo que se refiere a los créditos ordinarios vencidos, sin espera con una quinta menos del 20%, en cuyo caso bastará que haya votado a su favor más pasivo que en contra.
- Tramitación escrita del convenio concursal: Si no se hubiera presentado al amparo del artículo 113.1 de la Ley Concursal ninguna propuesta de convenio antes del auto de apertura de la fase común ni solicitado la liquidación por el deudor, este y acreedores cuyos créditos superen un 1/5 del pasivo pueden presentar propuestas de convenio hasta un mes antes del fin del plazo para manifestar adhesiones o votos en contra.
Desde la fecha del auto que acuerda la tramitación escrita, y hasta los dos meses siguientes, podrán los acreedores manifestar sus adhesiones o votos en contra, que se sujetarán a las exigencias de forma y contenido establecidas en el artículo 103 de la Ley Concursal.
3 No tendrán derecho de adhesión o de manifestación escrita de voto en contra los acreedores que carecen de derecho de voto en la junta de acreedores, los subordinados y los señalados en el artículo 122.1.2 de la Ley Concursal. Los privilegiados podrán abstenerse, pero si se adhieren a una propuesta que resulte aceptada y aprobada quedaran obligados por el convenio.
Dentro de los diez días siguientes al fin del plazo de pretensión de adhesiones, el juez verificará si la propuesta de convenio ha alcanzado la mayoría exigida para su aceptación.
Se entenderá aceptada una propuesta de convenio tramitada por escrito si cuenta con adhesiones de acreedores que representen la mitad del pasivo ordinario del concurso sin quita y con una espera no mayor de tres años, o, por lo que se refiere a los créditos ordinarios vencidos, sin espera con una quinta menos del 20%, en cuyo caso bastará que haya votado a su favor más pasivo que en contra.
Si ninguna de las propuestas de convenio eventualmente presentadas obtiene los votos, en junta de acreedores, o las adhesiones, en la tramitación escrita, necesarias para ser aceptada, el juez habrá de limitarse, sin más trámites, a acordar la apertura de la fase de liquidación, sin que pueda dar por aprobada una propuesta sobre la que no hubo acuerdo de los acreedores ni pretender reiterar el trámite para que se pronuncien de nuevo los acreedores sobre la mismas u otras nuevas propuestas de convenio.
1.2 La aprobación judicial del convenio concursal La propuesta de convenio una vez obtenida la mayoría o mayorías necesarias para considerarla aceptada por la colectividad de los acreedores queda sometida a la aprobación judicial.
La oposición a la aprobación judicial del convenio podrá fundarse en la infracción de las normas que esta ley establece sobre el contenido del convenio, la forma y el contenido de las adhesiones, las reglas sobre la tramitación escrita, la constitución de la junta o su celebración.
Podrá formularse oposición a la aprobación judicial del convenio.
Están legitimados para la oposición la administración concursal, los acreedores no asistentes a la junta, los que en la hubiera sido privados ilegítimamente de su derecho de voto y los que hubieran votado en contra de la propuesta de convenio aceptada por mayoría, en caso de propuesta anticipada o tramitación escrita, quienes no se hubiesen adherido a ella.
El incidente de oposición se resolverá mediante sentencia, que en ningún lugar podrá cambiar el contenido el convenio.
La sentencia que estime la oposición rechazada da el convenio por aceptado.
Si el juez estimase la oposición por apreciar que sean infringido las reglas relativas a la constitución o a la celebración de la junta se procederá a convocar nueva junta.
4 Y si estima la oposición por infracción legal en la tramitación escrita podrá el juez o convocar junta de acreedores o acordar nuevo tramitación escrita.
La sentencia que desestime la oposición u oposiciones formuladas aprobará el convenio aceptado por la junta. El convenio será plenamente eficaz desde la fecha de dicha resolución judicial.
La ley consagra la posibilidad de que el juez rechace el convenio de oficio, sin que se haya formulado previa oposición. Podrá hacerlo si aprecia la existencia de la infracción legal en la constitución o celebración de la junta, en el contenido de aquel o en la forma o en el contenido de las adhesiones. No cabrá el rechazo de oficio aunque el juez considere que el cumplimiento del convenio resulta objetivamente inviable.
En cuanto a los efectos de las resoluciones judiciales por las que rechace d oficio el convenio, la regla básica a que tiene las mismas consecuencias que las dictadas para poner fin a un incidente de oposición.
Debe recordarse que la aprobación del convenio cierra el paso a la fase de liquidación. Pero no de manera definitiva.
1.3 Los efectos del convenio concursal El convenio surte efecto desde la fecha de la sentencia que lo apruebe.
La eficacia del convenio no supone la conclusión del procedimiento. Sus efectos se traducen en la cesación de todos los efectos de la declaración de concurso, quedando estos sustituidos por los que se establezcan en el propio convenio. Con la aprobación del convenio:  Desaparecerá la intervención o suspensión de las facultades de disposición y administración del concursado.
 Desaparecerán las restricciones que pudieran existir sobre los derechos fundamentales del deudor.
 La ley se preocupa en particular de precisar que cesarán en su cargo los administradores concursales, sin perjuicio de las funciones que el convenio pudiera encomendarles a todos o algunos de ellos hasta su íntegro cumplimiento y de las que pudieran corresponderles legalmente si se forma la sección de calificación.
 Los créditos afectados por el convenio quedarán extinguidos en la parte a que alcance la quita y aplazados en su exigibilidad por el tiempo de espera establecido.
El contenido del convenio vinculará al deudor y a los acreedores ordinarios y subordinados respecto de los créditos que fuesen anteriores a la declaración aunque no hubiesen sido reconocidos.
1.4 La ejecución del convenio concursal Para la ejecución del convenio alcanzado entre el concursado y la colectividad de acreedores y aprobado por el juez, el propio convenio podrá establecer medidas prohibitivas o limitativas del ejercicio de las facultades 5 de administración y disposición del deudor, que serán inscribibles –aunque con efectos limitados. En los correspondientes registros públicos. La infracción de tales medidas constituirá incumplimiento del convenio cuya declaración podrá ser solicitada por cualquier acreedor El deudor deberá informar semestralmente al juez del grado de cumplimiento del convenio. El deudor que lo considere íntegramente cumplido el convenio presentará al juez del concurso un informe sobre el extremo con la justificación adecuada, y solicitará la declaración judicial del cumplimiento. El secretario judicial acordará poner de manifiesto en la oficina judicial el informe y la solicitud. Transcurridos quince días desde la puesta de manifiesto, el juez, se estimará cumplido el convenio, lo declarará mediante auto, aunque se dará la misma publicidad que a la sentencia de su aprobación.
Desde que se produzca el incumplimiento del convenio y hasta dos meses desde la publicación del auto de cumplimiento al que nos acabamos de referir, cualquier acreedor puede solicitar del juez la declaración de incumplimiento.
La legitimación para ejercitar esta acción corresponde a cualquier acreedor que estime incumplido el convenio en lo que le afecte. No estarán legitimados los acreedores no vinculados por el convenio y los que no hayan sufrido ningún incumplimiento.
La declaración del incumplimiento se traduce en la rescisión del convenio. Como consecuencia el juez abrirá de oficio la fase de liquidación y desaparecerán los efectos sobre los créditos a los que hace referencia el artículo 136 de la Ley Concursal.
Firme el auto de declaración de cumplimiento y transcurrido el plazo de caducidad de las acciones de declaración de incumplimiento, el juez dictará auto de conclusión del concurso.
2. La liquidación La liquidación es aquella fase del concurso de acreedores dirigida a convertir en dinero los bienes y derechos que integran la masa activa para el pago a los acreedores por el orden legalmente establecido. La liquidación del concurso se divide, a su vez, en dos etapas, la realización de las operaciones de liquidación, conforme al correspondiente plan o conforme a las reglas legales supletorias, y la de pago a los acreedores, si bien el pago podrá comenzar aunque no estén terminadas las operaciones de liquidación, en función de la liquidez de la masa activa y con las debidas garantías.
2.1 Apertura de la liquidación La apertura habrá de producirse necesariamente siempre que no llegue a aprobarse un convenio y siempre que se constate el fracaso del convenio aprobado. Se habla entonces de liquidación necesaria o, más exactamente, de apertura necesaria de la fase de liquidación. La liquidación se abre en unos casos a solicitud de parte y en otros de oficio por el juez- la liquidación deberá abrirse de oficio por el juez siempre que 6 fracase la solución convenida. La ley impone al concursado que hubiera alcanzado un convenio con sus acreedores el deber de solicitar la liquidación cuando conozca la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación judicial del convenio y, concede a los acreedores la facultad de solicitar la liquidación cuando acrediten la existencia durante la ejecución del convenio de alguno de los hechos que permiten la solicitud de concurso.
2.2 Efectos de la liquidación La situación del concursado durante la fase de liquidación será necesariamente la de suspensión del ejercicio de las facultades de administración y disposición, que se producirá automáticamente con su apertura. El procedimiento se orienta de modo inevitable a la realización de los bienes y derechos integrantes de la masa activa para repartir el producto entre los acreedores, y esa tarea se reserva a la admn. concursal. Además, si la apertura de la liquidación tuviera lugar tras la aprobación judicial de un convenio, será necesaria la reposición en el cargo de los mismos administradores concursales o el nombramiento de otros nuevos para que se encarguen de la liquidación.
Cuando el concursado sea una persona natural, la apertura producirá la extinción del derecho a alimentos con cargo a la masa activa, salvo cuando fuera imprescindible para atender a las necesidades mínimas del concursado y de su cónyuge o pareja de hecho. Cuando sea una persona jurídica, la resolución judicial de apertura de la fase de liquidación contendrá la declaración de disolución, si no se hubiera producido con anterioridad, así como la sustitución del órgano de administración y representación por la administración concursal a los efectos de realizar las operaciones de liquidación.
La apertura de la liquidación trae consigo dos efectos específicos sobre los créditos: el vencimiento anticipado de los que estuvieran aplazados y la conversión en dinero de los que consistan en otras prestaciones.
De otro lado, en caso de liquidación deberá formarse –o reabrirse- la sección de calificación del concurso, constituyendo la liquidación presupuesto necesario para la imposición de la eventual condena de la cobertura, total o parcial, del déficit a los administradores y liquidadores, de derecho o de hecho, y a los apoderados generales de la persona jurídica en los casos de concurso culpable.
2.3 Operaciones de liquidación La realización de las operaciones de liquidación se encomienda, como es lógico, a la Admn. Concursal, que actuará bajo vigilancia del juez del concurso. Las operaciones de liquidación giran en torno al denominado plan de liquidación, o de realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa, que habrá de ser elaborado por la Admn. Concursal, sometido a la consideración del deudor, de los acreedores, y, en su caso, de los representantes de los trabajadores y aprobado por el juez. Si, por cualquier razón, el plan no fuera 7 aprobado, se aplicarán las reglas legales supletorias. Puede hablarse pues, de dos formas de liquidación: la que sigue el plan de liquidación y la que sigue las reglas legales supletorias.
A) Plan de liquidación En 15 días desde la apertura de la fase de liquidación, la Administración Concursal deberá presentar un plan para la realización de todos los bienes y derechos, que conlleve la transformación del activo concursal en metálico. Si la complejidad del concurso lo justificara el juez, a solicitud de la administración concursal, podrá acordar la prórroga de este plazo por un nuevo período de igual duración. El secretario acordará poner de manifiesto el plan en la Oficina judicial y en los lugares que a este efecto designe y que se anunciarán en la forma que estime conveniente. Durante los quince días siguientes a la fecha en que haya quedado de manifiesto en la oficina judicial el plan de liquidación, el deudor y los acreedores concursales podrán formular observaciones o propuestas de modificación. Transcurrido dicho plazo, el juez, según estime conveniente para el interés del concurso, resolverá mediante auto aprobar el plan en los términos en que hubiera sido presentado, introducir en él modificaciones o acordar la liquidación conforme a las reglas legales supletorias.
Contra este auto podrá interponerse recurso de apelación. Asimismo, el plan de liquidación se someterá a informe de los representantes de los trabajadores, a efectos de que puedan formular observaciones o propuestas de modificación, aplicándose lo dispuesto en el apartado anterior, según que se formulen o no dichas observaciones o propuestas.
El juez, de oficio o a instancia de parte, podrá ordenar la consignación en la cuenta del juzgado de hasta un 15 por ciento de lo que se obtenga en cada una de las enajenaciones de los bienes y derechos que integran la masa activa o de los pagos en efectivo que se realicen con cargo a la misma. Este montante, se utilizará para hacer frente a las cantidades que resulten a deber a determinados acreedores, conforme a los pronunciamientos judiciales que se emitan en los recursos de apelación que pudieran interponerse frente a actos de liquidación. Dicha cantidad se liberará cuando los recursos de apelación hayan sido resueltos o cuando el plazo para su interposición haya expirado. La parte del remanente que haya quedado libre tras la resolución o expiración del plazo de interposición de los recursos, será asignada de acuerdo con el orden de prelación legalmente establecido, teniendo en cuenta la parte de créditos que ya hubieren sido satisfechos.
En el caso de personas jurídicas, el administrador concursal, una vez aprobado el plan de liquidación, deberá remitir, para su publicación en el portal de liquidaciones concursales del Registro Público Concursal, cuanta información resulte necesaria para facilitar su enajenación.
En particular, se remitirá información sobre la forma jurídica de la empresa, sector al que pertenece, ámbito de actuación, tiempo durante el que ha estado en funcionamiento, volumen de negocio, tamaño de balance, número de empleados, inventario de los activos más relevantes de la empresa, contratos vigentes con terceros, licencias y autorizaciones administrativas vigentes, pasivos de la 8 empresa, procesos judiciales, administrativos, arbitrales o de mediación en los que estuviera incursa y aspectos laborales relevantes.
B) Reglas legales supletorias Si el plan de liquidación no fuera aprobado, las operaciones de liquidación deberán ajustarse a las reglas legales supletorias, que se aplicarán igualmente en todo aquello que no hubiera previsto el plan de liquidación.
Las resoluciones que el juez adopte en estos casos deberán ser dictadas previa audiencia, por plazo de quince días, de los representantes de los trabajadores. Estas resoluciones revestirán la forma de auto y contra ellas no cabrá recurso alguno.
3. La calificación del concurso Es una operación eventual del procedimiento destinada a sancionar civilmente aquellas conductas del concursado, de sus representantes legales, de sus apoderados generales, de sus administradores o liquidadores , de sus socios, aunque gocen de responsabilidad limitada, e incluso de terceros que hubieran provocado o agravado el estado de insolvencia que determina la declaración de concurso. La calificación del concurso tiene sólo efectos civiles, hasta el punto de que se declara legalmente su independencia de las actuaciones penales que procedan por actos del deudor que pudieran ser constitutivos de delito.
En caso de apertura de la fase de liquidación el concurso deberá ser necesariamente calificado, en caso de convenio no se formara la sección de calificación cuando se acuerde, para todos los acreedores o para los de una o varias clases, una quita inferior a un tercio del importe de sus créditos o una espera para el pago inferior a tres años, lo que suele denominarse convenio no especialmente gravoso para los acreedores.
En el correspondiente procedimiento que culminará con la calificación del concurso de acreedores como fortuito o como culpable, podrá personarse y ser parte cualquier acreedor.
La ley prevé dos sistemas de enjuiciamiento de conducta.
- En primer lugar, el concurso se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiere mediado dolo o culpa grave del deudor persona natural o de sus representantes legales o de los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, o de los apoderados generales de la persona jurídica, así como de los socios, con arreglo a lo previsto en la normativa. También se presume culpable el concurso, cuando los socios o administradores se hubiesen negado a la capitalización de créditos o una emisión de valores o instrumentos convertibles y ello hubiera frustrado la consecución de un acuerdo de refinanciación ordinario de carácter colectivo, de un acuerdo de refinanciación homologado o de un acuerdo extrajudicial de pagos.
- En segundo lugar, se prevé un sistema que puede denominarse de hechos de calificación culpable, cuya simple concurrencia determina la calificación del concurso como culpable. Esos hechos 9 consisten en conductas de los referidos sujetos que, por su especial gravedad, implican de modo necesario a calificación del concurso como culpable. El primero de esos hechos es el incumplimiento sustancial del deber de contabilidad en el caso de que exista, en el que se incluyen expresamente la llevanza de doble contabilidad y la comisión de irregularidades relevantes para la comprensión de la situación patrimonial o financiera del deudor. El segundo hecho es la falsedad o inexactitud grave de cualquiera de los documentos que acompañen a la solicitud de concurso o que se presenten durante la tramitación del procedimiento. El tercero es la apertura de oficio de la liquidación por incumplimiento del convenio que sea imputable al concursado. El cuarto es el alzamiento de todo o parte de los bienes en perjuicio de los acreedores o la realización de actos que retrasen, dificulten o impidan la eficacia de un embargo en cualquier clase de ejecución iniciada o de previsible iniciación.
El quinto es la salida fraudulenta de bienes o derechos del patrimonio del deudor dentro de los dos años anteriores a la declaración del concurso. Y el sexto es la realización con anterioridad a la declaración de concurso de cualquier acto jurídico de simulación de una situación patrimonial ficticia.
En la sección de calificación se sanciona igualmente la cooperación con las personas afectadas. Tendrán la consideración de cómplices las personas que, con dolo o culpa grave, hubieran cooperado a la realización de cualquier acto que haya fundado la calificación del concurso como culpable.
3.1 Efectos de la calificación de concurso culpable La sentencia declarará el concurso como fortuito o como culpable. Si lo calificara como culpable, expresará la causa o causas en que se fundamente la calificación.
La sentencia que califique el concurso como culpable contendrá, además, los siguientes pronunciamientos: 1. º La determinación de las personas afectadas por la calificación, así como, en su caso, la de las declaradas cómplices. En caso de persona jurídica, podrán ser considerados personas afectadas por la calificación los administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, apoderados generales, y quienes hubieren tenido cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso, así como los socios que se hubiesen negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de valores o instrumentos convertibles en los términos previstos en el artículo 165.2, en función de su grado de contribución a la formación de la mayoría necesaria para el rechazo del acuerdo. Si alguna de las personas afectadas lo fuera como administrador o liquidador de hecho, la sentencia deberá motivar la atribución de esa condición.
La presunción contenida en el artículo 165.2 no resultará de aplicación a los administradores que hubieran recomendado la recapitalización basada en causa razonable, aun cuando ésta fuera posteriormente rechazada por los socios.
10 2.º La inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para administrar los bienes ajenos durante un período de dos a quince años, así como para representar a cualquier persona durante el mismo período, atendiendo, en todo caso, a la gravedad de los hechos y a la entidad del perjuicio, así como la declaración culpable en otros concursos.
En caso de convenio, si así lo hubiera solicitado la administración concursal, excepcionalmente la sentencia de calificación podrá autorizar al inhabilitado a continuar al frente de la empresa o como administrador de la sociedad concursada.
En el caso de que una misma persona sea inhabilitada en dos o más concursos, el período de inhabilitación será la suma de cada uno de ellos.
3.º La pérdida de cualquier derecho que las personas afectadas por la calificación o declaradas cómplices tuvieran como acreedores concursales o de la masa y la condena a devolver los bienes o derechos que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la masa activa, así como a indemnizar los daños y perjuicios causados.
La sentencia que califique el concurso como culpable condenará, además, a los cómplices que no tuvieran la condición de acreedores a la indemnización de los daños y perjuicios causados.
Quienes hubieran sido parte en la sección de calificación podrán interponer contra la sentencia recurso de apelación.
Cuando la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, el juez podrá condenar a todos o a algunos de los administradores, liquidadores, de derecho o de hecho, o apoderados generales, de la persona jurídica concursada, así como los socios que se hayan negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de valores o instrumentos convertibles en los términos previstos en el número 4.º del artículo 165, que hubieran sido declarados personas afectadas por la calificación a la cobertura, total o parcial, del déficit, en la medida que la conducta que ha determinado la calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia.
Si el concurso hubiera sido ya calificado como culpable, en caso de reapertura de la sección sexta por incumplimiento del convenio, el juez atenderá para fijar la condena al déficit del concurso tanto a los hechos declarados probados en la sentencia de calificación como a los determinantes de la reapertura.
En caso de pluralidad de condenados, la sentencia deberá individualizar la cantidad a satisfacer por cada uno de ellos, de acuerdo con la participación en los hechos que hubieran determinado la calificación del concurso.
11 La legitimación para solicitar la ejecución de la condena corresponderá a la administración concursal. Los acreedores que hayan instado por escrito de la administración concursal la solicitud de la ejecución estarán legitimados para solicitarla si la administración concursal no lo hiciere dentro del mes siguiente al requerimiento.
Todas las cantidades que se obtengan en ejecución de la sentencia de calificación se integrarán en la masa activa del concurso.
Quienes hubieran sido parte en la sección de calificación podrán interponer contra la sentencia recurso de apelación.
4. Conclusión y reapertura del concurso 4.1 Conclusión El concurso concluirá por el pago o consignación de todos los créditos, por el cumplimiento del convenio o por la inexistencia de bienes o derechos del concursado. Por el auto de conclusión del concurso, cesan todas las limitaciones en las facultades de administración y disposición que pudieran subsistir respecto del concursado, manteniéndose las que pudieran determinarse en la sentencia de calificación, y la Admn.
Concursal deberá realizar la oportuna rendición de cuentas. En caso de que se concluya con motivo de la inexistencia de bienes y derechos, el concursado quedará responsable del pago de los créditos restantes, de modo que los acreedores podrán iniciar ejecuciones individuales. Además, en caso de que aparecieran bienes y derechos con posterioridad a la conclusión, se podría reabrir el concurso.
4.2 Reapertura Si el concurso concluye por revocación de la declaración, por cumplimiento íntegro del convenio, por pago íntegro de todos los créditos, por solvencia sobrevenida del concursado por desistimiento o renuncia de todos los acreedores, la finalidad del concurso habrá quedado cumplida, por lo que se considerará definitivamente extinguido. Si, por el contrario, el concurso concluye por liquidación –sin pago íntegro- o por insuficiencia de la masa activa, la decisión legal de liberar de responsabilidad a los deudores personas naturales solo cuando concurran determinadas circunstancias, y de extinguir a las personas jurídicas deudoras obliga a prever la reapertura del concurso. Se establece, a tal efecto, que tendrá la consideración de reapertura del concurso la declaración de concurso de deudor persona natural que se produzca dentro de los cinco años siguientes a la conclusión de un concurso por liquidación o por insuficiencia de masa y que la reapertura del concurso de una persona jurídica que hubiera concluido por liquidación o por insuficiencia de la masa se limitara a la fase de liquidación de los bienes y derechos aparecidos con posterioridad.
12 La característica fundamental de la reapertura del concurso es que se trata del mismo procedimiento, que continua, y no de un nuevo concurso. Por ello, el procedimiento reabierto se limitará a actualizar las masas activa y pasiva y proceder en consecuencia.
5. Normas procesales y de derecho internacional privado 5.1 Normas procesales La flexibilidad que inspira todo el procedimiento concursal se combina con las características de rapidez y simplicidad.
La Ley de Enjuiciamiento Civil actúa como supletoria de la Ley Concursal, en cuanto ésta no contemple normas procesales especiales Se regula un procedimiento abreviado que el Juez podrá aplicar cuando el deudor sea:  Persona natural o persona jurídica.
 Que conforme a la legislación mercantil, esté autorizada a presentar balance abreviado.
 Que la estimación inicial de su pasivo no supere 10.000.000 de euros.
Pieza básica en este sistema procesal de la Ley es el incidente concursal, un procedimiento especial a través del cual se ventilarán todas las cuestiones que se susciten durante el concurso y que no tengan señalada en la Ley otra tramitación distinta. Este incidente se configura con dos modalidades procesales distintas, según la materia sobre la que verse: 1. Tiene por objeto resolver aquellas materias de índole laboral que se planteen en el marco del procedimiento concursal.
2. Para materias estrictamente concursales.
La celeridad de este procedimiento se complementa con un adecuado sistema de recursos, en el que, en principio, sólo se admite el de reposición contra providencias y autos y el de apelación contra sentencias que aprueben o rechacen el convenio, su cumplimiento o incumplimiento y la conclusión del concurso. Contra las sentencias resolutorias de incidentes planteados con posterioridad o durante la fase de liquidación, cabrá también recurso de apelación.
Sólo se admite el recurso de casación y el extraordinario de infracción procesal.
Se introduce el recurso de suplicación y los demás que prevé la Ley contra las resoluciones en materia laboral y las que resuelvan los incidentes concursales que versen sobre la misma materia.
5.2 Derecho internacional privado El incremento de las relaciones económicas internacionales ha tenido como consecuencia el aumento de los casos en los que la insolvencia produce efectos en diferentes países. Cada vez son más frecuentes concursos 13 de acreedores en los que bienes que integran la masa activa se encuentran fuera del Estado en el que ese procedimiento judicial ha sido abierto o en los que existen acreedores extranjeros. De ahí la necesidad de dictar normas de derecho internacional privado para intentar solucionar los múltiples problemas de esta dimensión internacional del concurso.
La Organización de las Naciones Unidas se ha ocupado de la insolvencia internacional mediante una “Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional”, acompañada de una “Guía para su incorporación al Derecho interno”.
Tanto la ley modelo como los Reglamento europeos persiguen los mismos objetivos: facilitar a los acreedores que no residen en el Estado de apertura del procedimiento la solicitud de reconocimiento de los respectivos créditos y atribuir a los órganos concursales las facultades necesarias para actuar sobre bienes situados en territorio de otros Estados.
La ley aplicable al procedimiento principal de insolvencia y a los efectos de la declaración judicial de apertura será la del Estado miembro en cuyo territorio hubiera sido abierto, aunque con las muy importantes excepciones establecidas en el propio Reglamento. El Admn. Concursal nombrado en el procedimiento concursal principal puede ejercer en el territorio de cualquier otro Estado miembro los poderes que le hayan sido conferidos por la ley del Estado en que se haya abierto el procedimiento principal, en la medida en que no haya sido abierto ningún otro procedimiento de insolvencia ni adoptada ninguna medida cautelar contraria.
A falta de tratados o convenios con otros estados extracomunitarios, el reconocimiento en España de las resoluciones extranjeras que declaren la apertura de un procedimiento de insolvencia deberá realizarse mediante el procedimiento de exequátur, salvo falta de reciprocidad o falta sistemática de cooperación por las autoridades de ese Estado extranjero. Una vez obtenido ese reconocimiento, cualquier otra solución dictada en ese procedimiento de insolvencia se reconocerá en España sin necesidad de procedimiento alguno.
La ley Concursal hace referencia al derecho internacional privado en sus arts. 199 y 200: > Art. 199. De las relaciones entre ordenamientos Las normas de este título se aplicarán sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento (CE) 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia y demás normas comunitarias o convencionales que regulen la materia.
A falta de reciprocidad o cuando se produzca una falta sistemática a la cooperación por las autoridades de un Estado extranjero, no se aplicarán respecto de los procedimientos seguidos en dicho Estado, los capítulos III y IV de este título.
14 > Art. 200. Regla general Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes, la ley española determinará los presupuestos y efectos del concurso declarado en España, su desarrollo y su conclusión.
6. El acuerdo extrajudicial de pagos Es un instrumento de negociación que se sustancia ante el Registrador mercantil, el Notario, o la Cámara comercial oficial del comercio, es impulsado por el mediador concursal, y se encamina a la aprobación de un plan de pagos, cuyo fracaso conduce al concurso consecutivo.
El deudor persona natural que se encuentre en situación de insolvencia, o que prevea que no podrá cumplir regularmente con sus obligaciones, podrá iniciar un procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores, siempre que la estimación inicial del pasivo no supere los cinco millones de euros.
En el caso de deudor persona natural empresario, deberá aportarse el correspondiente balance.
El deudor que pretenda alcanzar con sus acreedores un acuerdo extrajudicial de pagos solicitará el nombramiento de un mediador concursal.
Si el deudor fuere persona jurídica, será competente para decidir sobre la solicitud el órgano de administración o el liquidador.
La solicitud se hará mediante formulario normalizado suscrito por el deudor e incluirá un inventario con el efectivo y los activos líquidos de que dispone, los bienes y derechos de que sea titular y los ingresos regulares previstos. Se acompañará también de una lista de acreedores, especificando su identidad, domicilio y dirección electrónica, con expresión de la cuantía y vencimiento de los respectivos créditos, en la que se incluirán una relación de los contratos vigentes y una relación de gastos mensuales previstos.
Tan pronto como sea posible, y en cualquier caso con una antelación mínima de veinte días naturales a la fecha prevista para la celebración de la reunión, el mediador concursal remitirá a los acreedores, con el consentimiento del deudor, una propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos sobre los créditos pendientes de pago a la fecha de la solicitud.
Para que el acuerdo extrajudicial de pagos se considere aceptado, serán necesarias las siguientes mayorías, calculadas sobre la totalidad del pasivo que pueda resultar afectado por el acuerdo: a) Si hubiera votado a favor del mismo el 60 por ciento del pasivo que pudiera verse afectado por el acuerdo extrajudicial de pagos, los acreedores cuyos créditos no gocen de garantía real o por la parte de los créditos que exceda del valor de la garantía real, quedarán sometidos a las esperas, ya sean de principal, de intereses o de cualquier otra cantidad adeudada, con un plazo no superior a cinco años, 15 a quitas no superiores al 25 por ciento del importe de los créditos, o a la conversión de deuda en préstamos participativos durante el mismo plazo.
b) Si hubiera votado a favor del mismo el 75 por ciento del pasivo que pudiera verse afectado por el acuerdo extrajudicial de pagos, los acreedores cuyos créditos no gocen de garantía real o por la parte de los créditos que exceda del valor de la garantía real, quedarán sometidos a las esperas con un plazo de cinco años o más, pero en ningún caso superior a diez, a quitas superiores al 25 por ciento del importe de los créditos, y a las demás medidas previstas en el artículo 236.
Si la propuesta fuera aceptada por los acreedores, el acuerdo se elevará inmediatamente a escritura pública, que cerrará el expediente que el notario hubiera abierto. Para los abiertos por el registrador mercantil o la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, se presentará ante el Registro Mercantil copia de la escritura para que el registrador pueda cerrar el expediente. Por el notario, el registrador o la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación se comunicará el cierre del expediente al juzgado que hubiera de tramitar el concurso. Igualmente se dará cuenta del hecho por certificación o copia remitidas a los registros públicos de bienes competentes para la cancelación de las anotaciones practicadas.
Asimismo, publicará la existencia del acuerdo en el Registro Público Concursal por medio de un anuncio que contendrá los datos que identifiquen al deudor, incluyendo su Número de Identificación Fiscal, el registrador o notario competente o la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, el número de expediente de nombramiento del mediador, el nombre del mediador concursal, incluyendo su Número de Identificación Fiscal, y la indicación de que el expediente está a disposición de los acreedores interesados en el Registro Mercantil, Notaría o Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación correspondiente para la publicidad de su contenido.
Si la propuesta no fuera aceptada, y el deudor continuara incurso en insolvencia, el mediador concursal solicitará inmediatamente del juez competente la declaración de concurso, que el juez acordará también de forma inmediata. En su caso, instará también del juez la conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa.
Los acuerdos extrajudiciales de pagos adoptados por las mayorías y con los requisitos descritos en este Título no podrán ser objeto de rescisión concursal en un eventual concurso de acreedores posterior.
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