TEMA 4. LA CONSTITUCIÓN COMO FUENTE DEL DERECHO (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de las Palmas de Gran Canaria
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Constitución y Sistema de Fuentes
Profesor P.C.A.
Año del apunte 2014
Páginas 7
Fecha de subida 15/10/2017
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Constitución y Sistema de Fuentes.
T E M A 4º. LA CONSTITUCIÓN COMO FUENTE DEL DERECHO.
4.1. LA CONSTITUCIÓN COMO NORMA SUPREMA, SUPERIOR Y FUNDAMENTAL DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO DEL ESTADO.4.1.1. LA CONSTITUCIÓN COMO NORMA SUPERIOR, SUPREMA Y FUNDAMENTAL DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO.
Actualmente, la idea de la Constitución como verdadera norma jurídica, es aceptada por el constitucionalismo de forma unánime.
La naturaleza normativa de la Constitución significa que es una norma jurídica susceptible de aplicación por parte de los poderes públicos encargados de la aplicación del derecho y, sobre todo, por parte de los Tribunales.
Y, además, que se integra en el ordenamiento jurídico, como el resto de las normas ( en fuente de manifestación del ordenamiento jurídico).
A ello se añade que no es solo una norma jurídica sino la SUPERIOR, SUPREMA Y FUNDAMENTAL.
SUPERIOR: La constitución es la cúspide de la jerarquía normativa. Dicho de otro modo, la relación de las demás normas con ella sólo puede establecerse a través del principio de jerarquía.
La justificación de esta superioridad está en que es una norma primaria emanada del poder constituyente que la coloca por encima de las demás, pues todas ellas tienen su justificación en la Constitución.
SUPREMA: Hay una doble manifestación de esta supremacía: -- Formal, en la determinación formal de cómo deben crearse y funcionar los poderes públicos, que deben atenerse a los mandatos de la Constitución.
Los poderes constituidos no podrán afectar con sus decisiones a la Constitución y los procedimientos ordinarios de creación del derecho no le serán aplicables. Así, a modo de ejemplo, vemos cómo la reforma de la Constitución española tiene un procedimiento especial previsto en la propia Constitución.
-- Material, como habilitadora del funcionamiento de los poderes públicos y límite de su actuación.
Desde esta perspectiva, vemos que la Constitución española proclama que la potestad legislativa corresponde a la Cortes Generales y la potestad reglamentaria al Gobierno, y, al mismo tiempo, regula en su texto los aspectos mas destacados del procedimiento legislativo.
Podemos concluir diciendo que la Constitución es una norma que formalmente está por encima del resto de las normas estatales.
1 Constitución y Sistema de Fuentes.
FUNDAMENTAL: En cuanto que establece la organización fundamental del Estado y los derechos y garantías de los ciudadanos, así como los principios y valores de todo el ordenamiento jurídico.
4.1.2. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1.978 COMO PLENAMENTE NORMATIVA.
La propia Constitución española establece claramente su carácter normativo y su superioridad.
Con carácter general, en el articulo 9.1 señala que “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.
De su tenor literal se desprende que la Constitución pretende vincular a todos los sujetos, tanto públicos como privados.
Precisamente, esta referencia a que también vincula a los ciudadanos supone una innovación respecto a la noción clásica de Constitución, que en cuanto a la vinculación a sus mandatos se refería a los poderes públicos.
También de la Disposición Derogatoria, apdo. 3º, se deduce la superioridad normativa de la Constitución, cuando señala que “Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución".
Deja claro que quedan derogadas todas aquellas normas anteriores a la Constitución que sean contrarias a sus preceptos, lo cual supone que se le otorga una eficacia derogatoria máxima que es una muestra evidente de su superioridad frente a cuantas disposiciones preconstitucionales se opongan a sus preceptos.
4.1.3. EL ALCANCE DE LA SUPREMACÍA NORMATIVA: EFICACIA DIRECTA, EFECTO DEROGATORIO Y PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS CONFORME A LA CONSTITUCIÓN.
Las consecuencias de la supremacía normativa de la Constitución son las que ya hemos avanzado: 1º) EFICACIA DIRECTA La eficacia directa significa que tanto los jueces como todos los llamados a aplicar el derecho habrán de tener como parámetro la propia Constitución. El principio general se encuentra en el art. 9.1 CE, según el cual están sujetos a la Constitución «los Poderes Públicos», todos, sin distinción alguna.
2ª) EFECTO DEROGATORIO Derivado de su superioridad jerárquica sobre las normas preconstitucionales que se le opongan, las cuales han quedado derogadas por la propia Constitución (Disp. Derogatoria, apdo. 3º). Quiere decir esto que cualquier juez inaplicará sin más las normas anteriores a la Constitución que considere derogadas por ésta.
Asimismo, la Constitución deroga expresamente la Ley para la Reforma Política, de 4 de enero de 1977, así como las siete Leyes Fundamentales del régimen anterior (Disp. Derogatoria, apdo. 1º), así como la Ley de 25 de octubre de 1839 en lo que pudiera afectar a las provincias de Álava, 2 Constitución y Sistema de Fuentes.
Guipúzcoa y Vizcaya, y en los mismos términos deroga la Ley de 21 de julio de 1876. (Disp.
Derogatoria, apdo. 2º).
En este sentido, la entrada en vigor de la Constitución trajo consigo la necesidad de adaptación del ordenamiento jurídico a sus mandatos y postulados, pero sin que ello supusiese la perdida de vigencia de toda la normativa anterior, sino tan solo la que se opusiese al texto constitucional.En cuanto a las normas postconstitucionales, la superioridad de la Constitución queda garantizada con la posibilidad de que su constitucionalidad sea examinada por un órgano con esa función, que es el Tribunal Constitucional.
Por otra parte, cualquier Juez o Tribunal puede, en un caso del que conozca y de cuya validez dependa la resolución, plantear la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
La consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad es la expulsión de la norma del ordenamiento jurídico.
3ª) EL PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO CONFORME A LA CONSTITUCIÓN Es otra consecuencia de la superioridad normativa de la Constitución, pues si esto es así la interpretación del resto de las normas del ordenamiento jurídico debe acomodarse a la Constitución, de forma que entre dos interpretaciones posibles habrá que estar a la más acomodada al texto constitucional.
4.2 LOS VALORES SUPERIORES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO.
4.2.1. LA CONSTITUCIÓN COMO NORMA A LA QUE CORRESPONDE DECLARAR LOS VALORES SUPERIORES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO.
En el origen de todo ordenamiento hay unos valores.
Las distintas normas de ese ordenamiento (leyes, reglamentos, etc.) lo que tratan es precisamente realizar o cumplir dichos valores.
Pues bien, si la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico resulta lógico que en ella aparezcan los valores que deben informar todo el ordenamiento.
Por tanto, una Constitución no consiste en un conjunto de regulaciones inconexas de instituciones públicas y derechos individuales, sin relación. Por contra, viene a representar una toma de posición valorativa que se refleja en sus disposiciones concretas.
Dicho con otras palabras, si bien la Constitución no debe seguir un programa político, ni adscribirse a una concreta ideología, sí debe responder a una concepción valorativa de la vida social (es evidente, a modo de ejemplo, que los valores de democracia, libertad, etc., que proclama la Constitución nada tienen que ver con los valores del anterior régimen no constitucional).
Ello explica que muchas Constituciones no sólo contengan mandatos específicos, sino también declaraciones de tipo general y omnicomprensivo.
3 Constitución y Sistema de Fuentes.
4.2.2. LOS VALORES SUPERIORES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.
Este es el caso de la Constitución española, cuyo art 1.1 se refiere expresamente a los valores superiores del ordenamiento jurídico español, cuando dice que "España constituye un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político".
Estas declaraciones no pueden considerarse como meras cláusulas retóricas o de estilo o como simples manifestaciones de buenos propósitos, sino como verdaderas cláusulas con vocación jurídica que transcienden a todo el ordenamiento.
Los valores superiores se realizan a través del ordenamiento, y constituyen un parámetro esencial en la interpretación de las normas. Por ello, como ya dijimos, las distintas normas de ese ordenamiento (leyes, reglamentos, etc.) lo que tratan es de realizar o cumplir esos valores.
El Tribunal Constitucional ha proclamado que las normas constitucionales o de otro orden deben ser interpretadas de forma que no colisionen con los valores superiores, de forma que, entre las varias interpretaciones posibles, resultará correcta la que responda a los valores consagrados en el texto constitucional.
4.3. EL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO COMO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.El Estado social y democrático de derecho constituye el punto de partida para hacer efectivos los principios que recoge la Constitución.
Esta compleja expresión intenta definir el régimen político, y contiene un principio estructural del ordenamiento jurídico que se desarrolla a lo largo del articulado y que impregna todo el ordenamiento.
El Estado social supone dar cumplimiento, entre otros, a los principios de intervención estatal, de efectividad de la igualdad, de la libertad y de la participación, de libertad e igualdad de grupos, de autonomía colectiva laboral y profesional en la negociación de condiciones de empleo, de subordinación de la riqueza del país al interés general, de función social de la propiedad y de la herencia, de justicia, igualdad y de progresividad fiscal no confiscatoria del sistema tributario, etc.
El Estado democrático supone: principio de soberanía popular, de gobierno de la mayoría, de respeto a la minoría, de participación en los asuntos públicos en las múltiples formas previstos en la Constitución.
Y el Estado de derecho supone: la unidad del ordenamiento jurídico, de supremacía de la Constitución, de rigidez constitucional, de interpretación de todo el ordenamiento jurídico conforme a la Constitución, de jerarquía normativa, de vinculación de los poderes públicos a la Constitución, de legalidad, de publicidad de las normas, de seguridad jurídica, de unidad jurisdiccional, etc.
En todo caso, el Estado social y democrático de derecho como principio estructural parte del entendimiento unitario de la fórmula, en el sentido de que cada uno de los enunciados condiciona y 4 Constitución y Sistema de Fuentes.
nutre a los demás.
4.4. LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO.4.4.1. EXAMEN DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.
Se refiere nuestra Constitución en dicho precepto a los principios del ordenamiento jurídico español que garantiza la propia Constitución; esto es, enumera una serie de principios, que son los siguientes: 1º) Principio de jerarquía normativa: Es un principio estructural que constituye un elemento esencial para dotar de seguridad al ordenamiento jurídico (art. 9.3 CE).
Significa que existen diversas categorías de normas jurídicas cada uno de las cuales está dotada de un rango determinado, de forma que las de rango inferior no pueden contradecir a las de rango superior, mientras que las normas del mismo rango tienen la misma fuerza normativa.En la cúspide se encuentra la Constitución, cuya relación con el resto de las normas solo puede basarse en dicho principio.
2º) Principio de competencia: No expresamente recogido en el artículo 9.3 de la CE, pero que debe ser incluido junto con el de jerarquía para entender el sistema de fuentes.
Es, al igual que el anterior, un principio estructurante del ordenamiento y decisivo para determinar la validez de la norma.
Tiene una triple dimensión: Orgánica, en relación a la Institución de la que emana la norma (a su fuente de producción) y significa que la Constitución determina la competencia de los órganos para la creación de las normas.
Material, lo cual significa que determinadas materias solo pueden ser reguladas por un tipo de normas (ejs., en el caso español, los derechos fundamentales deben ser regulados por ley orgánica).
Territorial, lo que determina que sólo son válidas las normas o actos provenientes de una Administración determinada (estatal o territorial) cuando se es competente para ello.
3º) Principio de legalidad: Supone la consagración de imperio de la ley, lo que significa que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos, no solo a la Constitución, sino al resto del ordenamiento jurídico.
Dicho de otro modo, sólo cabe su actuación en el marco legal, sin margen alguno a la arbitrariedad.
4º) Principio de seguridad jurídica: Es, de una parte, un presupuesto para la existencia de un Estado de Derecho, y, por otra, un principio estructural del ordenamiento jurídico.
5 Constitución y Sistema de Fuentes.
Como principio estructurante presenta varias perspectivas: Como garantía de que los ciudadanos conozcan las normas por las que se producirá la evaluación jurídica de sus acciones (desde este punto de vista va unido indisolublemente al principio de publicidad de las normas).
Como garantía de la certeza del derecho; esto es, de que las normas surgen de las Instituciones con capacidad normativa y de que el ordenamiento jurídico constituye una unidad en la que no va a ser posible que queden zonas ajenas a la regulación por el derecho.
Como garantía de la predecibilidad de la interpretación del derecho por parte de la Administración y de los Tribunales de Justicia.
5º) Principio de publicidad de las normas: Es consustancial a un Estado de Derecho en el que no pueden existir normas secretas, y sólo es exigible el cumplimiento de las normas publicadas.
La publicación supone la advertencia de la existencia de la norma y del carácter imperativo de su cumplimiento sin necesidad de ninguna otra comunicación.
En el caso español, la publicidad se produce por la publicación en el Boletín Oficial del Estado, como último tramite previo a su vigencia, si bien las normas autonómicas se publican también en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de que se trate (ejs., el Estatuto de Autonomía de Canarias establece –art. 12.8– que “las leyes de Canarias serán promulgadas en nombre del Rey por el Presidente del Gobierno Canario, y publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad y en el Boletín Oficial del Estado. A efectos de su entrada en vigor regirá la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad”).
Tras la publicación sólo resta la entrada en vigor, que se producirá en el plazo que señale la propia norma y, en su defecto, en el plazo de veinte días desde la publicación.
En cuanto a la publicación, el artículo 2.1 del Código Civil, aplicable a todo el ordenamiento jurídico y no solo en el ámbito del derecho civil, dice que “Las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado si en ellas no se dispone otra cosa”, lo que significa que la propia ley puede prever su entrada en vigor el mismo día de la publicación, al día siguiente, a los seis meses, al año, etc.
6º) Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales: Significa que una norma jurídica, una vez que entre en vigor, no puede ser aplicada a situaciones pasadas cuando se trata de una norma sancionadora o restrictiva de derechos.
Una situación típica de la aplicación de este principio es el ámbito penal en el que, por ejemplo, una norma que incremente la pena por un determinado delito no puede ser aplicada si el delito se cometió 6 Constitución y Sistema de Fuentes.
bajo la vigencia de una norma que establecía una pena inferior.
Desde otro punto de vista, significa que, fuera de estos casos, es posible dar efectos retroactivos (hacia situaciones pasadas) a una norma jurídica. A ello se refiere el artículo 2.3. del Código Civil cuando dice que “Las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario”. Ello supone que es posible dar efectos retroactivos a una ley siempre que no se trate de una disposición sancionadora no favorable o restrictiva de derechos individuales.
7º) Principio de responsabilidad de los poderes públicos: Significa que los poderes públicos son responsables de su actuación y a esa responsabilidad se refieren distintos preceptos de la Constitución.
Así, el art. 106 se refiere a la responsabilidad por el funcionamiento de los servicios públicos en relación al derecho de los particulares a ser indemnizados por toda lesión en sus bienes y derechos, con un límite que es que el daño obedezca a fuerza mayor.
Por su parte, el art. 121 se refiere a la responsabilidad por daños derivados de la actuación judicial o del funcionamiento anormal de la Administración de justicia.
Junto con esta responsabilidad patrimonial, se regulan en distintas normas la responsabilidad civil, penal o disciplinaria de los responsables inmediatos del daño, lo cual es objeto de estudio en otras disciplinas jurídicas.
8º) Principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos: Va unido al principio de legalidad y supone que los poderes públicos no tienen margen alguno para actuar al margen del derecho y que su actuación está delimitada por el ordenamiento jurídico.
Significa, pues, que queda prohibida cualquier actuación de los poderes públicos contraria a las normas jurídicas.
El principio alcanza a la actuación de legislador, como a la actividad administrativa o judicial y va unido a la garantía de que se produzca en el marco legal.
El Tribunal Constitucional ha destacado la interdependencia de todos estos principios y su subordinación a los valores constitucionales. En este sentido, ha proclamado que estos principios del artículo 9.3 “(..) no son compartimentos estancos, sino que, por el contrario, cada uno de ellos cobra valor en función de los demás y en tanto sirva a promover los valores superiores del ordenamiento jurídico que propugna un estado de derecho (..)”.
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