Tema 3 (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Contractació i activitat de l'administració
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 24/10/2014
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Contratación y actividad de la Administración Bloque II BLOQUE 2. LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA TEMA 3. LAS CLASES DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA 3.1 La heterogeneidad de la actividad administrativa.
3.2 Los diversos criterios clasificatorios.
Conforman estas formas de actuar de la AP las actividades de policía, fomento y servicio publico, que son cosas distintas.
- Cuando hablamos de actividad de policía nos estamos refiriendo a una actividad de la AP que lo que hace es imponer ciertas limitaciones a la actividad de los particulares - Cuando hablamos de la actividad de fomento hacemos referencia a encaminar la actuación de los particulares en un determinado sentido, es decir, incentivar un determinado sector, encaminándolo al objetivo de interés publico - La actividad de prestación de servicios de la AP, en la que ésta va a poder, de forma directa, prestar ese servicio público o bien acudir a una serie de formulas de gestión indirecta En todo caso, esta trilogía de conceptos en realizar no agota todas las posibilidades clasificatorias, ya que la AP puede llevar a cabo una actividad planificadora o arbitral. Desde otras perspectiva podemos hablar también de actividad de prestación y limitación (encajan en la actividad de servicio público y policía).
Todas estas clasificaciones se traducen en el ejercicio por parte de la AP de una serie de potestades, potestades que a su vez se encasillan en cada una de estas formas de actividad que hemos ido citando. Por ejemplo, cuando hablamos de potestad inspectora o sancionadora estamos haciendo referencia a la actividad de policía, puesto que el particular sufre una limitación en tanto en cuanto si no tiene esa autorización, no puede ejercer la actividad que se trate; cuando hablamos de potestad de entregar subvenciones hacemos referencia a la actividad de fomento y cuando hablamos que existe una potestad tarifaria de la AP hablamos de servicio público.
a) Policía La actividad de policía incluye actuaciones que implican limitaciones o restricciones de los derechos de los particulares. Aquí se van a poner en marcha facultades que son coactivas. Sin embargo la AP no hace esto de forma arbitraria, sino que al marco de la ley va imponer una serie de deberes u órdenes de hacer o no hacer y va a desarrollar toda una regulación encaminada a hacer frente a los incumplimientos.
Sin embargo aparece un término más estricto de policía, que tiene que ver con el mantenimiento del orden público. Mantener el orden público es algo necesario para la vida en sociedad. Sobre todos nosotros cae el deber de mantener el orden público y no ponerlo en peligro, pero también le corresponde este deber, obviamente, a la Administración.
1 Contratación y actividad de la Administración Bloque II Hemos de tener en cuenta que, dado los riesgos que puede conllevar para los particulares y administrados este carácter coactivo de la forma de actuar de la AP, cobra especial importancia el principio de legalidad, según el cual no solo tiene la AP que contar con la habilitación expresa de la ley, sino que va a tener que actuar con una serie de apoderamientos legales precisos. Esto significa que se le marca a la AP con elementos determinados. Al principio de legalidad le acompaña el principio de proporcionalidad, que implica que la AP va a tener la posibilidad de actuar imponiendo una serie de medidas limitativas al particular, pero de forma proporcionada al actuar del mismo. Incluso va a tener que respetar otro principio, el principio de favor libertatis que aplicándolo, la AP, además de actuar de forma proporcionada, ha de imponer aquella medida menos gravosa de entre las que la ley le proporciona.
Esto se traduce en que la AP va a imponer órdenes y a establecer controles preventivos. Puede ejercer asimismo funciones de vigilancia, para verificar que lo impuesto se cumple, para lo cual desarrollará toda una serie de potestades de inspección y control. También tiene la AP una potestad sancionadora para el caso que no se cumpla lo establecido.
El que la AP en determinadas ocasiones exija el contar con una autorización administrativa supone actividad de policía, ya que es una de las técnicas incluidas en la actividad de limitación. Hoy, por motivo de la directiva de servicios 2006/123, en determinadas actividades (que estudiaremos en su momento) y para hacer efectivas las libertades comunitarias y teniendo como objetivo conseguir la simplificación procedimental, la autorización administrativa viene a convertirse en la excepción, no en la norma general. En este sentido han surgido la declaración responsable y la comunicación previa, que vienen a sustituir a la autorización. Esto hará que el particular pueda ejercer una determinada actividad sin necesidad de contar con la autorización administrativa correspondiente, acudiendo a la comunicación previa y la declaración responsable.
b) Actividad de fomento La AP, en el ejercicio de esta actividad, no recurre a medidas imperativas ni coactivas, sino que lo que hace es buscar a través de un incentivo y de las ventajas que se ofrecen a los particulares (de carácter económico normalmente) que éstos ajusten su actividad a los objetivos que marca la AP. A través de esta forma hace que el particular encauce su actividad a la búsqueda de un beneficio para la comunidad. El ejercicio más destacado es la subvención, aunque hay más instrumentos.
c) Actividad de servicio público La actividad de servicio público, en un sentido amplio, contiene aquellas prestaciones que la AP ofrece a los particulares, ya sea de forma directa (a través de su propia organización administrativa) o indirecta (acuden a fórmulas contractuales donde, por tanto, va a intervenir el particular).
Partiendo de esta noción general y de las dos vías, hemos de considerar también que efectivamente nos vamos a encontrar que cuando nos referimos a esto utilizamos una noción propia de nuestro derecho, pero lo estudiaremos en su momento, pero hacemos una referencia, a pero a nivel comunitario se habla de 2 Contratación y actividad de la Administración Bloque II servicios de interés general, con lo que se refiere a los servicios que las autoridades consideran imprescindibles. Estos servicios de interés general son los que nosotros conocemos como servicios públicos.
Para acotar el alcance del servicio público no basta con que nos fijemos en estas prestaciones y el contenido que tienen (actividades imprescindibles para la cohesión), sino que es preciso tener en cuenta una perspectiva formal de la actividad, en virtud de la cual esta queda reservada a la AO, por lo que esta asume el deber y la responsabilidad de garantizar su prestación de forma regular y continua; acto de reserva que se denomina publicatio y que no quiere decir que se tenga que prestar el servicio de forma directa.
Las actividades de servicio público tienen un régimen jurídico singular, que comparte rasgos con muchos aspectos que luego veremos, como queda condicionada o se desarrolla.
En este régimen jurídico existirá una potestad tarifaria; existirá la obligación de prestar este servicio con regularidad, continuidad, asequibilidad, que llegue a todos..
Vivimos en una sociedad de riesgo, por lo que junto a estas clasificaciones existe también lo que se conoce como actividad de intervención de la AP por razones de seguridad. La AP ejerce una actividad en materia de seguridad que se refiere a regular y gestionar los riesgos, que además está en gran expansión. No es lo mismo hablar de riesgo que de peligro, puesto que éste último tiene un origen natural (una plaga, etc.) mientras que un riesgo tiene origen en la actividad humana. Para hacer frente al peligro se ha utilizado la técnica de desarrollo tecnológico, pero frente a los riesgos es distinto, pues las tecnologías también generan de alguna manera riesgos, y a ese riesgo debe de hacérsele frente a través de unas formas.
Pero no existe el peligro 0, no encontramos con que en el ordenamiento arbitra una serie de regulaciones que tienen que ver con el riesgo permitidos, es decir, el que se sitúa en el eje de la actividad de intervención del actual derecho de regulación y gestión de riesgos. La AP, en base a lo que le establezca la norma, va a establecer cuáles son los riesgos y qué riesgos se aceptan. Aceptado ese riesgo permitido, hemos de hablar de cómo va a ser la gestión del mismo, por lo tanto, medidas encaminadas a controlar ese riesgo y a reducirlo. Es importante que la norma establezca el riesgo permitido para cada caso y, efectivamente, la AP adoptará las medidas oportunas a partir de estos riesgos. El que se establezcan de una forma genérica de los riesgos posibles en cada uno de los sectores no comporta que sea una norma legal la que lo regule, sino que puede ser una norma reglamentaria. En todo caso, se determinará que consecuencias tiene el riesgo permitido.
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