Convenios Colectivos (III) (0)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Derecho del Trabajo y la Seguridad Social
Año del apunte 0
Páginas 14
Fecha de subida 05/06/2014
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TEMA 7. LOS CONVENIOS COLECTIVOS (III): LOS CONVENIOS COLECTIVOS ESTATUTARIOS (II) I.
EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADOR La iniciativa para promover la negociación del CC corresponde a cualquiera de las partes legitimadas en su respectivo ámbito, mediante comunicación por escrito a la otra parte, haciendo constar la legitimación que ostente, los ámbitos del CC y las materias objeto de negociación (art. 89.1 ET). Así, están solo legitimadas para promover la negociación aquellas partes que reúnan los requisitos del 87 y 88ET, por lo que no basta con la legitimación inicial, sino que también es necesaria la legitimación plena, requisito que, además, debe concurrir en el momento de constitución de la Comisión negociadora, pues la firma del CC es solo la culminación de una fase anterior.
En el escrito de promoción de negociaciones también se ha de hacer constar los ámbitos del CC, que tienen una clara correlación con la legitimación de los sujetos, tanto des del punto de vista persona como funcional, así como las materias objeto de negociación, es decir, el contenido obligacional y normativo previsto y deseable que configura el pliego o tabla de reivindicaciones.
La comunicación promoviendo el proceso se dirige a la otra parte de la negociación, si que se entienda que exista obligación de comunicarlo a los otros sujetos legitimados para negociar, es decir, aunque el derecho a participar en la negociación se configura como un derecho que forma parte de la Comisión negociadora, se incluye el derecho a no ser rechazado si se pretende esa participación, pero no el derecho a ser llamado en tanto en cuanto si el legislador hubiera querido que ese hubiera sido su contenido, habría tenido que establecer quién de los participes de la negociación debía hacer ese llamamiento.
El escrito de iniciación de negociaciones no debe confundirse con el escrito de denuncia del CC vigente. En el supuesto de que la promoción sea el resultado de la denuncia de un CC vigente, la comunicación debe efectuarse simultáneamente con el acto de denuncia. Se deberá enviar copia a la autoridad administrativa laboral a efectos de registro, autoridad laboral que será aquella competencia territorial comprenda el ámbito territorial del CC.
Aunque constitucionalmente no existe la obligación de negociar, pues ello hubiera exigido la identificación concreta de los sujetos destinatarios de tal mandato, ello no impide que la ley, que debe “garantizar” el ejercicio del derecho constitucional a la negociación colectiva, imponga tal obligación, como un “plus” de garantía en esa función que la ley tiene atribuida constitucionalmente. Esto es lo que ha llevado a cabo el art. 89.1 ET, que dispone que la parte receptora de la comunicación solo podrá negarse a la iniciación de las negociaciones por causa legal o convencionalmente establecida, o cuando se trate de revisar un CC ya vencido. En cualquier caso, deberá contestar por escrito y motivadamente”.
Así pues, obligación de negociar (nunca de convenir) con dos posibles excepciones: A. Por causa legal (falta de legitimación para negociar de la parte promotora o receptora, o la no comunicación en forma del escrito de iniciación de las negociaciones, que la plataforma reivindicativa incluya materias para la negociación que el legislador haya reservado a CC de ámbito distinto del que se pretende, entre otros) o convencionalmente establecida (cualquier incumplimiento de los requisitos que el CC establezca a tal efecto, o respecto de la forma, condiciones y plazo de denuncia del CC, el incumplimiento de la reserva material de un Acuerdo marco o CC superior estructurador de la negociación colectiva) B. Cuando se trate de revisar un CC ya establecido, sin perjuicio de lo establecido en el art. 83 y 84 ET. Es decir, cuando se trate de revisar un CC en vigor y ello en función de la prohibición de concurrencia.
La existencia de un CC extraestatutario no impide el nacimiento de la obligación de negociar pues, además de que las normas del Título III del ET solo se refieren a los CC estatutarios, devendría ilegítimo por inconstitucional la existencia de un CC extraestatutario pudiera realizarse como un impedimento al derecho de negociación colectiva.
¡! Existe la obligación de negociar, pero no la de convenir. En el plazo máximo de un mes a partir de la recepción de la comunicación, debe constituirse la Comisión negociadora: la parte receptora de la comunicación debe responder a la propuesta de negociación y entre ambas partes, establecer el calendario de negociación. Se ha suprimido el plazo máximo para la negociación que estableció el RDL 7/2011, ahora no hay plazo máximo previsto legalmente, pero el art. 86.3 ET establece que, transcurrido el plazo máximo de 2 años desde la denuncia del CC sin que haya acordado un nuevo CC o dictado un laudo arbitral, el CC denunciado pierde, salvo pacto en contrario, vigencia, y se aplica, si lo hubiera, el CC que fuera de aplicación. Esta modificación legislativa obliga a llegar a un acuerdo y, por lo tanto, debilita la posición negociadora de la parte social que sabe que, si no llega a un acuerdo, cabe la posibilidad de que el CC denunciado pierda completamente su vigencia, lo que puede determinar incluso la falta de cobertura convencional.
En todo caso, el art. 89.1 ET establece que ambas partes están obligadas a negociar bajo el principio de buena fe. Aunque es difícil concluir cuando se negocia bajo dicho principio, la jurisprudencia constitucional ha acudido a la configuración de un “panorama de indicios contrarios”, tales como la escasa duración del proceso negociador, la ruptura inmediata de negociaciones y el rechazo a resolver el conflicto a través de técnicas previstas legal o convencionalmente, entre otros indicios. Es decir, la buena fe presupone la realización de un esfuerzo sincero de acercamiento de posiciones en orden a convenir u concluir en la suscripción del CC.
El art. 89.2 ET establece que la Comisión negociadora deberá constituirse dentro del plazo de 1 mes a partir de la recepción de la comunicación de iniciación de negociaciones, debiendo establecer igualmente las partes negociadoras el calendario o plan de negociación. El reparto de miembros con voz y voto en el seno de la Comisión se deberá efectuar con respecto al derecho de todos los legitimados que recoge el art. 87 ET, y en proporción a la representatividad, que recoge el art. 88.1 ET. Se debe tener en cuenta que los CC sectoriales, el número de miembros en representación de cada una de las partes no puede exceder de 15, y el resto de los CC el número es 13. Tal Comisión quedará válidamente constituida cuando los sindicatos, federaciones o confederaciones, y las asociaciones empresariales representen, como mínimo, respectivamente, la mayoría absoluta de los miembros de los Comités de empresa y delegados de personal, en caso, y a empresarios que ocupen la mayoría de los trabajadores afectados por el CC. En aquellos sectores donde no existan órganos de representación de los trabajadores, en los cuales no es aplicable la regla anterior, la ley prevé un procedimiento alternativo para valorar la válida constitución de la Comisión.
La designación de los componentes concretos de la Comisión corresponde a las partes negociadoras que ostenten la legitimación para negociar. La acreditación de la representatividad se acredita en el momento en el que se realiza el ejercicio de las funciones correspondientes, es decir, la constitución de la Comisión.
No obstante esta inicial libertad, el ET sí impone un número máximo de representantes por cada una de las partes, diferenciando entre CC empresariales y de ámbito superior, imponiendo, respecto de los empresariales, no más de 12 miembros por cada parte, y respecto de los de ámbito superior, no más de 15 miembros por parte. En definitiva, la Comisión debe componerse, en atención al criterio de proporcionalidad, representando “a escala” los % reales de representatividad de los sujetos legitimados.
Cabe la designación de Asesores, con voz pero sin voto, cabiendo también la designación con voz pero sin voto de un Presidente de mutuo acuerdo entre las partes. En el caso de que se optara por la no elección de presidente, las partes deberán consignar en el acta de la sesión constitutiva de la Comisión los procedimientos a emplear para moderar las sesiones y firmas las actas. Por el contrario, es obligatoria la designación de un Secretario, pues a él se le atribuye la competencia para firmar actas, junto con el Presidente, y un representante para cada una de las partes.
Una vez constituida la Comisión, y tras el período de negociación, la toma de acuerdos requiere del voto favorable de la mayoría (la mitad más uno), de cada una de las representaciones a tenor del art. 89.3 ET). Esta mayoría debe computarse aplicando el criterio proporcional y no un criterio personal. Solo el acuerdo final goza de la eficacia que le sea propia, sin que los preacuerdos alcanzados durante la negociación tengan valor alguno.
Aunque ya no existen plazos máximos para la negociación, no obstante, se prevé que el transcurso del procedimiento de negociación sin alcanzarse el acuerdo, puede determinar la puesta en marcha del proceso de arbitraje que hubiera podido preverse en los acuerdos interprofesionales del art. 83 ET, o de cualquier otro medio que hubiera podido preverse en dichos acuerdos para salvar las discrepancias que pudieran surgir en la negociación. Además, en cualquier momento de las deliberaciones, las partes negociadoras podrán acordar la intervención de un mediador designado por ellas. En cualquier caso, si pese a todas estas posibilidades no se llega a ningún acuerdo, se mantiene la vigencia del CC anterior (con el límite máximo, salvo pacto en contrario, de 2 años).
La forma escrita es esencial de los CC estatutarios. Así lo prescribe el art. 90.1 ET, que dispone la nulidad del CC no formalizado por escrito, pacto final que deberá ser firmado por las partes negociadoras. Así pues, el principio de publicidad, consecuencia de la proclamación de España como Estado de derecho y garantía esencial del principio de seguridad jurídica, lo que lleva aparejado la imposibilidad de tratar el CC como un hecho, supeditando su aplicación a la prueba de su existencia.
Además de la forma escrita, el ET impone unos trámites administrativos posteriores a la aprobación del CC, que vienen desarrollados por el RD 713/2010l, de 28 de mayo: - Presentación mediante medios electrónicos de la solicitud de inscripción del CC ante un Registro de la autoridad laboral competente. Es una obligación que se impone a la Comisión que se deberá llevar a cabo por la persona designada por la misma, debidamente acreditada - En la solicitud de inscripción debe hacerse constar una serie de datos identificativos, tales como los relativos a las partes firmantes del CC; ámbito persona, funcional, territorial y temporal; actividad/es económicas cubiertas por el CC, así como la cumplimentación de una serie de datos estadísticos, mediante la cumplimentación de unos modelos oficiales que figuran como anexos en el RD - A la solicitud de inscripción debe adjuntarse, también a través de medios electrónicos:  El texto original del CC o acuerdo firmado por los componentes de la Comisión o de la parte que formula la solicitud  Las actas de distintas sesiones celebradas, incluyendo las referentes a la constitución de la Comisión y de firma del CC, con expresión de las partes que lo suscriben Una vez presentada la solicitud, caben dos posibilidades: 1. Si la autoridad laboral comprueba que no reúne los requisitos exigidos por la normativa vigente, requerirá al solicitante para que, en un plazo de 10 días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos.
2. Si se comprueba que el CC o acuerdo no vulnera la legalidad vigente ni lesiona gravemente el interés de terceros, la autoridad laboral competente dictará resolución ordenando su registro, depósito y publicación en el BO correspondiente. Para ordenar la publicación tendrá un plazo de 20 días máximo desde la presentación del CC en el Registro. Una vez la autoridad laboral competente ordena la inscripción y publicación del CC, se le asigna un código.
Finalmente, los CC quedan recogidos en una base de datos centralizada de CC, cuya gestión corresponde a la Dirección General del Trabajo del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Con esta finalidad, las autoridades laborales competentes en materia de CC y acuerdos colectivos de trabajo, incluida la AGE, deben remitir por medios electrónicos a la base de datos centralizada, en un plazo de 8 día hábiles, todo asiento electrónico practicado en sus respectivos registros, así como los datos estadísticos en aquellos casos que sea necesario.
También deben remitir, por medios electrónicos y en el mismo plazo, los enlaces a dichos boletines en los que figure la publicación del texto de los CC.
II.
LA ADHESIÓN A LOS CONVENIOS COLECTIVOS El ET prevé mecanismos a través de los cuales la correspondencia entre ámbito de aplicación del CC y representatividad de las partes se excepciona a favor de una ampliación del campo de aplicación originario del CC. Este mecanismo se regula en el art. 92 ET, y son la adhesión y extensión del CC. El art. establece que en las respectivas unidades de negociación, las partes legitimadas para negociar, podrán adherirse, de común acuerdo, a la totalidad de un CC en vigor, siempre que no estuvieran afectadas por otro, comunicándolo a la autoridad laboral competente a efectos de registro.
No obstante, cabe concluir en la aplicabilidad de las mismas normas que venían rigiendo en la adhesión de los CC y que derivan, además de lo previsto en el 92.1 ET, del resto de preceptos recogidos en el Título III ET: - Es preciso el común acuerdo de las partes legitimadas para negociar la unidad de negociación que pretenda la adhesión (legitimación según las reglas del art. 87 y 88 ET) y se exige, en orden a la adopción del acuerdo, las mayorías previstas en el art. 89. 3 ET. No existe ninguna especialidad, por tanto, en materia de legitimación. Son las propias partes legitimadas para negociar un determinado CC las que optan por adherirse a un CC ya negociado, produciendo así una aplicación del campo de aplicación.
- Por lo que se refiere al procedimiento para la negociación, no viene previsto expresamente por la normativa, pero se entiende que será el mismo que rige para la negociación ex novo de un CC.
- Aunque no se refiera a ello expresamente el ET, debe existir una cierta homogeneidad entre el ámbito de una y otra unidad de negociación según la doctrina jurisprudencial referida a la “naturaleza de las cosas”.
- La adhesión debe ser de la totalidad del CC; si bien cabrá en la práctica la adhesión parcial con la diferencia formal de transcripción del articulado.
- El CC al que se adhiera debe estar en vigor, de tal forma que dada la libertad de las partes para determinar la fecha de inicio de vigencia del CC, solo a partir de esta fecha se podrá producir la adhesión - Las vicisitudes que afecten al CC base repercuten en el sector adherido.
- Las unidades de negociación que se adhieren al CC en vigor no deben estar afectadas por otro CC, si bien hay que tener en cuenta que la prohibición de concurrencia está despositivizada relativamente por el art. 84 ET, por lo que cabrá tal concurrencia en los supuestos del art. 84.2 y 84.3 ET.
- III.
Es obligatoria la comunicación a la autoridad laboral a efectos de registro LA EXTENSIÓN DEL CONVENIOS COLECTIVOS La extensión de los CC es el segundo mecanismo a través de los cuales, el inicial ámbito del CC fijado por las partes negociadoras en correspondencia a la representatividad que se ostenta, es objeto de ampliación, si bien, en este caso, la ampliación no tiene lugar por la voluntad de los agentes legitimados para negociar el nuevo ámbito territorial y funcional, sino en virtud de la intervención de la autoridad administrativa.
El art. 92.2 ET, en la nueva redacción dada por la Ley 24/1999, de 6 de julio, contempla la posibilidad de extensión de los CC, con la finalidad de cubrir vacíos de negociación en un determinado ámbito funcional o territorial. Se trata, por consiguiente, de la pervivencia de un cierto intervencionismo estatal, de naturaleza excepcional, del que la jurisprudencia constitucional declaró en su momento que la extensión no era un CC en sentido propio, sino que se trataba de un acto administrativo de carácter reglamentario y que, en cuanto perteneciente al ámbito de lo ejecutivo, podría pertenecer al ámbito competencial de las CCAA.
El objeto del acto de extensión es extender las disposiciones de CC en vigor a una pluralidad de empresas y trabajadores, o a un sector o subsector de un actividad, quedando excluida la posibilidad, antes existente, de extender un CC a una empresa singularmente, considerada, si bien excepcionalmente es posible, en caso de inexistencia del CC supraempresarial susceptible de ser extendido, la extensión de un CC de empresa a una pluralidad de empresas y trabajadores o a un sector o subsector de actividad de análogas condiciones económicas y sociales.
El procedimiento se inicia siempre a instancia de parte legitimada y por escrito, bien dirigido al MEYSS (cuando el ámbito de extensión abarque todo el territorio nacional o el territorio de más de una CCAA) o al órgano correspondiente de la CCAA (cuando el ámbito de extensión circunscriba a su territorio a ámbitos inferiores a éste).
El escrito de solicitud debe ir acompañado de una serie de documentación tendente a acreditar, por un lado, la ausencia de CC vigentes para las empresas o ámbitos para los que se pretende la extensión y, por otro lado, el cumplimiento del requisito de legitimación; juntamente con una memoria justificativa de la concurrencia del perjuicio que justifica y explica la extensión.
Las disposiciones de extensión de los CC deben ser objeto de inscripción en los Registros de CC y acuerdos colectivos a los que se refiere el RD 713/2010, correspondiendo la solicitud a la parte que solicite la extensión del CC. En tal caso, deberá transmitirse por medios electrónicos la siguiente documentación: a) Certificación del registro de CC correspondiente justificativa de que no existe inscripción que acredite la vigencia de CC en las empresas, sectores o subsectores para los que se solicite la extensión b) Certificado expedido por la oficina pública competente, acreditativo de la concurrencia de los requisitos de legitimación c) Acreditación de que concurren los presupuestos legales necesarios para la extensión del CC solicitado y una memoria descriptiva de los perjuicios que la ausencia del CC ocasiona a las empresas y trabajadores afectados La resolución administrativa decidirá motivadamente sobre la extensión solicitada, pudiendo decidir la no extensión de todo el CC. La extensión tendrá efectos desde la fecha de extensión de la solicitud hasta la finalización de la vigencia inicial o prorrogada del CC extendido.
IV.
IMPUGNACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO La impugnación del CC se puede llevar a cabo a través de 3 vías distintas: dos de carácter abstracto (el procedimiento de oficio y el proceso de conflicto colectivo), y una de carácter directo e individual, posibilidad que entronca directamente con el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE.
El que la impugnación abstracta quede limitada, en su legitimación activa, a determinados sujetos, con exclusión de trabajadores afectados por el CC, encuentra su fundamento en la necesidad de que exista una correspondencia entre el tipo de pretensión que se hace valer y el sujeto que la deduce, en cuanto que la pretensión lo es de impugnación abstracta de normas laborales convenidas por razones de legalidad, y cuya estimación tendrá efectos erga omnes a un grupo, categoría o clase.
El interés particular del trabajador individual le legitima únicamente para ejercitar acciones procesales contra las normas del CC que les causen una lesión concreta en sus derechos e intereses, pero no para demandar la nulidad, anulabilidad o inaplicación genérica de los CC.
 PROCEDIMIENTO DE IMPUGNACIÓN DE OFICIO Esto viene previsto en el art. 163 y 166 de la LJS, y a él se refiere también el art. 90.5 del ET, cuando dispone que si la autoridad laboral estimase que algún convenio conculca la legalidad vigente, o lesiona gravemente el interés de terceros, se dirigirá de oficio a la jurisdicción competente, la cual adoptará las medidas que procedan al objeto de subsanar supuestas anomalías, previa audiencia de las partes.
El procedimiento viene regulado en el art. 163 y 165 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, que incluye, entre otros actos impugnables, los laudos arbitrales sustitutivos de los CC.
Las causas que legitiman la intervención de oficio de la autoridad laboral son 2: - La ilegalidad. Es decir, la violación de normas tanto de forma (procedimiento, capacidad negocial, concurrencia de CC, entre otros), como de fondo (la contravención de los preceptos estatutarios de derecho necesario, por ejemplo).
- La lesividad de tercero. Es decir, la lesión de intereses de un tercero, si bien la jurisprudencia exige u2e se trate de un daño que además de grave, sea también verdadero y real, no bastando potencial o hipotético.
Por lo que respecta a los efectos de la impugnación, el art. 90.5 ET dispone que la jurisdicción competente adoptará las medidas que procedan al objeto de subsanar anomalías, previa audiencia de las partes. Por lo tanto, la resolución judicial que ponga fin al procedimiento deberá declarar la nulidad, total o parcial, del CC o, en su caso, la desestimación o sobreseimiento de la pretensión, lo que comportará, en el caos de nulidad total del CC, la necesidad de que las partes deban proceder a negociar otro CC.
De este art. se desprende que, el Juez, fundamentalmente en caso de nulidad parcial, pueda sustituir, previa audiencia de las partes, las cláusulas nulas por los preceptos adecuados, en aquellos casos en que la nulidad parcial derive de la violación de preceptos de derecho necesario. Dicha subsanación, por el contrario, no podrá tener lugar en dos supuestos: por un lado, cuando la nulidad se funde en incumplimiento de requisitos formales de negociación del CC, y, por otro lado, cuando en el CC se prevea una cláusula de vinculación a la totalidad (cuya finalidad, precisamente, es imposibilitar la subsanación).
Cuando la ST sea anulatoria, en todo o en parte, de un CC que hubiera sido objeto de publicación (requisito imprescindible para los CC regulados conforme el Título III ET), la ST se publicará en el BO en el que aquél hubiera sido publicado.
 IMPUGNACIÓN DIRECTA A TRAVÉS DEL PROCESO DE CONFLICTO COLECTIVO El art. 163.3 LJS dispone que si la autoridad laboral no contestara la solicitud a la que se refiere el art. 163.2 en el plazo de 15 días, la desestimara o el CC ya hubiere sido registrado, la impugnación de estos podrá instarse directamente por los legitimados para ello por los trámites del proceso de conflicto colectivo, mientras subsista la vigencia de la correspondiente norma convencional.
Aunque las causas que legitiman para impugnar el CC son las mismas que en el procedimiento de oficio, la legitimación ya no la ostente la autoridad laboral, sino otros sujetos distintos, que son los previstos en el art. 165 LJS, el cual distingue según la causa en la que se funde tal impugnación: - Si la impugnación se fundamente en la ilegalidad el CC, los órganos de representación legal o sindical de los trabajadores, sindicatos o asociaciones empresariales legitimadas, así como al MF, la AGE y la AP de las CCAA en su respectivo ámbito. A los efectos de impugnar cláusulas que pudieran contener discriminaciones directas o indirectas por razón de sexo, están también legitimados el Instituto de la Mujer y los organismos correspondientes de las CCAA.
- Si la impugnación se basara en la lesividad del CC, los terceros cuyo interés hubiera resultado gravemente lesionado, disponiendo la norma procesal que no se tendrán por terceros a los empresarios y trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del CC, y exigiendo, igualmente, que el perjuicio sea sufrido en los propios intereses del tercero. Tampoco es tercero, a estos efectos, las organizaciones representativas de los sujetos incluidos en el campo de aplicación del CC, aunque sí ostenta tal legitimación un Colegio Oficial cuando el CC es lesivo para los intereses de los profesionales a los que representa o agrupa.
La legitimación pasiva corresponderá a todas las representaciones integrantes de la Comisión o mesa negociadora del CC. También es parte obligada el MF.
Respecto al plazo para llevar a cabo la impugnación, ésta se podrá llevar a cabo bien cuando el CC ya hubiera sido registrado, bien cuando, aun no registrado, las partes o algún tercero hubieran instado de la autoridad laboral su impugnación de oficio y ésta, o bien la hubiera desestimado o bien no contestara a la solicitud en el plazo de 15 días.
La acción de nulidad de un CC tiene naturaleza declarativa y no constitutiva, por lo que la nulidad de un precepto por ST tiene efectos ex tunc.
 IMPUGNACIÓN INDIRECTA A TRAVÉS DEL EJERCICIO POR EL TRABAJADOR DE ACCIONES JUDICIALES DERIVADAS DE SU CONTRATO DE TRABAJO El fundamento de esta 3ª vía para la impugnación (indirecta) del CC se encuentra en el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 CE, pues como señala el TC, aunque dicha posibilidad no estaba expresamente señalada en la normativa procesal, se encuentra implícita en la misma, pues la reserva de legitimación colectiva que resulta de la derogada LPL no puede cerrar toda vía procesal para la defensa de los derechos afectados por el CC.
Esta doctrina del TC ha sido ahora objeto de recepción expresa por la LSJ, cuyo art. 163.4 señala que la falta de impugnación directa de un CC no impide la impugnación de los actos que se produzcan en su aplicación, a través de los conflictos individuales posteriores que pudieran promoverse por los legitimados para ello, fundada en que las disposiciones contenidas en los mismos no son conformes a Derecho.
V.
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE CONVENIOS El art. 91 ET dispone que sin perjuicio de las competencias legalmente atribuidas a la jurisdicción competente, el conocimiento y resolución de las cuestiones derivadas de la aplicación e interpretación de los CC corresponda a la Comisión paritaria de los mismos.
De este modo, en principio, la Ley señala 2 posibles vías para la interpretación de los CC: por un lado, las Comisiones paritarias y, por otro lado, la jurisdicción competente.
Por lo que respecta a la jurisdicción competente, no existe ni en la norma procesal ni en el ET prevista una demanda especial en tal sentido, por lo que tales funciones interpretativas se llevarán a cabo por los Tribunales en el cumplimiento de la función ordinaria que tienen atribuida y, por lo tanto, tal interpretación se llevará a cabo a través del conocimiento de asuntos concretos y, por lo tanto, deberá ser congruente con la petición formulada y vinculante solo para los sujetos que fueron parte en el proceso.
Por lo que respecta al papel de las Comisiones paritarias, el art. 853 ET, referido a las cláusulas mínimas del CC; prevé, en su epígrafe e) la obligación de designar una Comisión paritaria como representación de las partes negociadoras para entender de cuantas cuestiones estén establecidas por la ley y de cuantas otras les sean atribuidas. Dispone que deberá establecer los procedimientos y plazos de actuación de esta Comisión, incluido el sometimiento de las discrepancias producidas en su seno o sistemas no judiciales de conflictos colectivos establecidos mediante acuerdos interprofesionales.
Así pues, ésta Comisión tiene ahora un mayor poder en la interpretación o aplicación del CC, pues cualquier conflicto de interpretación o aplicación de éste exige una intervención con carácter previo al planteamiento formal del conflicto ante los Tribunales.
Los acuerdos de las Comisiones paritarias de interpretación de cláusulas determinadas del CC deben ser objeto de inscripción en los Registros de CC y acuerdos colectivos de trabajo.
La jurisprudencia ha reconocido a la interpretación realizada por la Comisión paritaria un gran valor, hasta el punto de que si opta por una interpretación admisible, si no constituye modificación de lo pactado, los órganos jurisdiccionales quedan vinculados por la misma. En todo caso, la función jurisdiccional d tutela del art. 24 CE está por encima de las competencias de las Comisiones paritarias, por lo que los Tribunales no quedan vinculados por su interpretación cuando ésta pueda exceder de sus funciones interpretativas.
Por lo que hace referencia a las reglas de interpretación de los CC, la jurisprudencia tiene declarado que la interpretación de CC y acuerdos colectivos ha de llevarse a cabo mediante la combinación de los criterios de interpretación de las normas legales (art. 3 y 4 CC) y los criterios de interpretación de los contrarios (art. 1281 + siguientes CC), pues se trata de una norma que surge y se elabora a través de un pacto, lo que supone, por consiguiente, que si los términos del CC son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus palabras, pero si éstas parecieran contratarías a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquellas.
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