3º seminario (2017)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Constitucional III: Derechos y Libertades
Año del apunte 2017
Páginas 7
Fecha de subida 15/09/2017
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Paula Campelo Fochs Drets i llibertats fonamentals Subgrup 301 PRÁCTICA NÚM. 3: DERECHO DE REUNIÓN Y PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD FUNDAMENTOS JURÍDICOS: - Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora de derecho de reunión - Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 66/1995, de 8 de mayo (RTC/1995/66) - Sentencia de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 4 de junio de 1992.
- Art. 21.1 CE: Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.
- Art. 21.2 CE: En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.
- Art. 1.1 LO 9/1983: El derecho de reunión pacífica y sin armas, reconocido en el artículo 21 de la Constitución, se ejercerá conforme a lo dispuesto en la presente Ley Orgánica.
- Art. 1.2 LO 9/1983: A los efectos de la presente Ley, se entiende por reunión la concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas, con finalidad determinada.
- Art 1.3 LO 9/1983: Son reuniones ilícitas las así tipificadas por las Leyes penales.
- Art. 5 LO 9/1983: La autoridad gubernativa suspenderá y, en su caso, procederá a disolver las reuniones y manifestaciones en los siguientes supuestos: a) Cuando se consideren ilícitas de conformidad con las Leyes penales.
b) Cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes.
c) Cuando se hiciere uso de uniformes paramilitares por los asistentes.
Tales resoluciones se comunicarán previamente a los concurrentes en la forma legalmente prevista.
Busca la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 66/1995, de 8 de mayo (RTC/1995/66), examina sus antecedentes, sus fundamentos jurídicos y el voto particular de J. González Campos, y contesta razonadamente a las siguientes preguntas: 1. ¿Cómo define el TC el derecho de reunión? ¿Por qué este derecho es “fundamental” para el TC en un estado social y democrático de derecho? El TC define el derecho de reunión, contemplado en el art. 21.1 CE, como: “una manifestación colectiva de la libertad de expresión ejercitada a través de una asociación transitoria de personas, que opera a modo de técnica instrumental puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas, la defensa de intereses o la publicidad de problemas y reivindicaciones, y cuyos elementos configuradores son el subjetivo (agrupación de personas), el temporal (duración transitoria), el finalista (licitud de la finalidad) y el real u objetivo (lugar de celebración)” El derecho de reunión es “fundamental” por ser considerado “cauce del principio democrático participativo” en un Estado social y democrático de derecho en su dimensión subjetiva y objetiva. Los grupos sociales tienen medios limitados para expresar públicamente sus ideas y reivindicaciones, por tanto, el derecho de reunión es uno de estos pocos medios constitucionalmente previstos que pueden utilizar para tal fin.
Describe como se manifiestan en este supuesto concreto los 3 elementos que configuran el derecho de reunión.
En la STC 66/1995 de 8 de mayo podemos identificar claramente los tres elementos que configuran el derecho de reunión.
En primer lugar, el elemento subjetivo que hace referencia a la agrupación de personas, en este caso son los miembros de la Federación de Banca, Ahorro, Seguros y Oficinas de la Unión General de Trabajadores que concertaron previamente una concentración donde la asistencia era voluntaria.
En segundo lugar, teniendo en cuenta que según el TC “la reunión consiste en una asociación transitoria”, en el caso de la STC que estudiamos la Federación dio a conocer a la autoridad gubernativa que el propósito era que la reunión tuviera una duración de aproximadamente dos horas y media a las trece horas del día 5 de junio de 1992.
En tercer lugar, a sabiendas de que la finalidad de la reunión debe ser lícita, en este caso el objetivo de la Federación es apoyar la negociación del Convenio de la Banca Privada.
Cabe añadir que en cuanto al elemento real u objetivo, el cual hace referencia al lugar de concentración, es la plaza de Canalejas-metro Sevilla, Madrid.
2. ¿Cuáles son los límites del derecho de reunión? Por el hecho de tener naturaleza de derecho fundamental, el derecho de reunión no se trata de un derecho absoluto, es decir, ilimitado. El art. 21.2 CE establece un límite específico al ejercicio de dicho derecho fundamental al afirmar que su ejercicio no puede producir alteraciones del orden público con peligro para personas y bienes. En muchos casos es necesario un control de la ponderación que se efectúa entre el ejercicio del derecho y el límite constitucional siempre desde la perspectiva de la repercusión de dicho ejercicio en la circulación de vehículos por vías urbanas que soportan una importantísimo densidad de tráfico.
Esto es así porque los poderes públicos deben garantizar el ejercicio del derecho de reunión por parte de todos en condiciones de igualdad y sin ninguna discriminación en razón del contenido de los mensajes que los promotores de las concentraciones pretenden transmitir, salvo que dicho contenido sea ilegal. En definitiva, para la correcta aplicación del límite constitucional regulado en el art. 21.2 CE cabe que se den dos requisitos.
En primer lugar, deben existir “razones fundadas” de alteración del orden público.
Consecuentemente, “la mera sospecha de que la misma produzca esta alteración no es suficiente al carecer de datos objetivos derivados de las circunstancias de hecho concurrentes en cada caso a partir de los que cualquier persona en una situación normal pueda llegar racionalmente a la conclusión a través de un proceso lógico basado en criterios de experiencia que la concentración producirá con toda certeza al referido desorden público”. De este modo, en caso de que existan dudas sobre la producción de dichos efectos, una interpretación sistemática del precepto constitucional lleva a la necesaria aplicación del principio de favor libertatis, el cual imposibilita la prohibición de realizar la concentración.
En segundo lugar, las concentraciones solamente pueden prohibirse cuando existan razones fundadas para concluir que de llevarse a cabo se producirá una situación de desorden material en el lugar de tránsito público afectado. Debemos interpretar tal desorden material como “el que impide el normal desarrollo el normal desarrollo de la convivencia ciudadana en aspectos que afectan a la integridad física o moral de personas o a la integridad de bienes públicos o privados”. Así pues, para que se pueda restringir tal derecho, deberán ponderarse todas y cada una de las circunstancias que concurran en las reuniones.
En conclusión, no cualquier corte de tráfico o invasión de calzadas producido en el curso de una manifestación o una concentración puede incluirse en los límites que hemos descrito y, por tanto, tal y como dice la recurrente, no puede admitirse la afirmación genérica de que determinada calles o zonas de una ciudad no son idóneas para el ejercicio del derecho de reunión debido a la densidad de tráfico que circula por ellas por término medio.
Y más concretamente, analiza la concepción del TC respecto a los 2 requisitos que establece el artículo 21.2 de la CE: a) El deber de comunicación ¿Qué naturaleza tiene? ¿Qué finalidad persigue? Según el TC el deber de comunicación regulado en el art. 8 de la Ley Orgánica 9/1983 “no constituye una solicitud de autorización (pues el ejercicio de ese derecho fundamental se impone por su eficacia inmediata y directa, sin que pueda conceptuarse como un derecho de configuración legal), sino tan sólo una declaración de conocimiento” La finalidad que persigue dicho deber es “que la autoridad administrativa pueda adoptar las medidas pertinentes para posibilitar tanto el ejercicio en libertad del derecho de los manifestantes, como la protección de derechos y bienes de titularidad de terceros, estando legitimada en orden a alcanzar tales objetivos a modificar las condiciones del ejercicio del derecho de reunión e incluso a prohibirlo, siempre que concurran los motivos que la Constitución exige, y previa la realización del oportuno juicio de proporcionalidad ” b) Las “razones fundamentadas de alteración del orden público, con peligro para las personas o bienes” ¿Qué entiende el TC por orden público? ¿Qué significa para el TC “peligro para personas o bienes”? ¿Qué significado le otorga el magistrado González Campos en su voto particular? En el caso que nos ocupa, el límite constitucional del art. 21.2 CE debe ser interpretado de forma restrictiva para que conceptos jurídicos indeterminados como “orden público” no se utilicen para restringir injustificadamente el ejercicio del derecho de reunión. Según el TC, el precepto constitucional (art. 21.2 CE) se refiere al orden público con peligro para personas o bienes. Dicha situación de peligro es un elemento sustantivo que define el contenido de ese precepto. Además, “orden público con peligro para personas o bienes” debe analizarse dentro del contexto constitucional que estamos tratando, es decir, como un límite del derecho fundamental de reunión en lugares de tránsito público. Así pues, el TC entiende que esta interpretación del orden público se refiere “a una situación de hecho, el mantenimiento del orden en sentido material en lugares de tránsito público, no al orden como sinónimo de respeto a los principios y valores jurídicos y metajurídicos que están en la base de la convivencia social y son fundamento del orden social, económico y político”.
Una vez definido este término, cuando en la STC se hace referencia a “alteración del orden público” hace referencia a “aquella situación en la que se impide el normal desarrollo de la convivencia ciudadana en lo que afecta a la integridad física o moral de las personas o a la integridad de bienes tanto públicos como privados, siempre y cuando se trate de un desorden material que ponga en peligro la integridad de personas o bienes”.
En referencia al “peligro para personas o bienes”, el TC considera que no debe interpretarse como un sinónimo de la utilización de violencia sobre personas o cosas por parte de quienes participan en las concentraciones, lo cual explica que las reuniones no pacíficas (aquellas en las que los participantes llevan a cabo actos violentos) ya están excluidas del derecho de reunión en el primer párrafo del art. 21 CE. Igualmente, el tribunal considera que incluso en las reuniones pacíficas puede darse dicho peligro definido como aquél que tiene probabilidades de darse en los supuestos de colapso circulatorio con inmovilización e imposibilidad de acceso a determinadas zonas por inexistencia de vías alternativas debido a que pueden verse paralizados, por ejemplo, servicios primarios como el de las ambulancias, bomberos, policías o urgencias médicas.
El magistrado González Campos, en su voto particular, discrepa en la extensión del límite constitucional del art. 21 CE al considerar que el peligro es indirecto. De este modo, el magistrado considera que la sentencia ha incluido dentro del límite del art. 21.1 CE los peligros para personas o bienes que pueden resultar de la celebración pacífica de la concentración “ya sea porque la misma cree situaciones que provoquen directamente esos peligros, ya porque imposibilite la realización de actividades tendentes a evitar o paliar los citados peligros”. Dicho esto, el magistrado González Campos afirma que lo dicho hubiera exigido una mayor concreción de ambos supuestos teniendo en cuenta que no se llega a la misma conclusión que el peligro para las personas y bienes derivado de la previsible alteración del orden público sea entendido como un peligro directo o sólo indirecto.
El magistrado en cuestión sigue su argumentación alegando que debido a que “en una sociedad democrática, el espacio urbano no es sólo un espacio de circulación, sino un espacio de participación”, de esta situación no se deriva necesariamente una alteración del orden público que traiga como consecuencia un peligro directo para la “integridad de las personas o de los bienes”. De este modo, declara que en realidad se está circunscribiendo dicho peligro a un extremo al que se recurre en varias ocasiones a lo largo de la sentencia: la imposibilidad de que se puedan seguir prestando servicios como la ambulancia, etc De este modo, el magistrado concluye que aunque tal situación de peligro puede producirse, el peligro para la integridad de las personas y bienes solamente posee un carácter indirecto o eventual, lo que trae consigo una discutible ampliación del límite establecido en el art. 21,2 CE.
Y, finalmente, afirma que “si tal peligro indirecto se puede evitar mediante medidas preventivas por parte de la autoridad administrativa, entre ellas la limitación del uso de una parte de la calzada por parte de los manifestantes, es evidente que dicha autoridad ha de ofrecer una mayor justificación de la imposibilidad de adoptar tales medidas“.
3. El TC analiza la decisión de prohibir la manifestación por parte de la autoridad gubernativa a través del juicio o test de proporcionalidad. ¿Qué elementos conforman este juicio o test? Para que el TC pueda comprobar si la decisión de prohibir la manifestación por parte de la autoridad gubernativa supera el juicio o test de proporcionalidad, deben cumplirse tres requisitos: En primer lugar, debe analizarse si la medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto.
De este modo, cabe decidir si dicha medida impuesta por el gobierno consigue convertirse en una garantía del orden público sin peligro para personas y bienes.
En segundo lugar, hay que comprobar que si dicha medida era necesaria, es decir, comprobar que no existiera otra medida más moderada para conseguir la misma finalidad con la misma eficacia.
Finalmente, hay que analizar la propia ponderación en sentido estricto, es decir, ver si la medida que se ha tomado es equilibrada o ponderada por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto.
4. ¿Cómo aplica el TC el test de proporcionalidad en este caso concreto? El TC considera que, en referencia a la primera condición, la medida sí que cumple con el fin perseguido teniendo en cuenta que, obviamente, la restricción ha conseguido garantizar el orden público para personas y bienes.
El problema aparece al tratar con las dos últimas condiciones, concretamente la segunda. El TC considera que no cabían medidas menos restrictivas del derecho de reunión debido a que si se hubiera optado por medidas menos drásticas como proponer modificar las circunstancias de la celebración de la concentración relativas a la hora, el lugar o al modo de ejecución de la misma prevista en el art. 10 de la Ley Orgánica 9/1983, el derecho de reunión se ve afectado igualmente. Incluso en el recurso de amparo, los recurrentes afirman que la localización que habían escogido para celebrar la manifestación tiene un valor especial ya que “en él se concentran importantes y muy numerosas Oficinas, varias de ellas Centrales, y los principales Bancos del país”. De este modo, si se hubiera propuesto hacer la manifestación, por ejemplo, por la tarde, cuando están cerradas las citadas oficinas, se estaría negando a los manifestantes de un importante medio de acción sindical.
Finalmente, el fallo de la STC analizada, después de todo lo expuesto, declara que se desestima el recurso de amparo interpuesto al considerar que existen datos objetivos suficientes para concluir que la prohibición perseguía garantizar el orden público 5. Razona y coméntanos si en tu opinión la decisión del TC te parece justa.
El test de proporcionalidad muestra claramente que las razones supuestamente fundadas para limitar el ejercicio de un derecho fundamental, que en este caso es el derecho de reunión, son fruto de la subjetividad. Ponderar siempre implica valorar, y es imposible hacer un juicio de valores dejando de lado los principios, ideales e intereses del sujeto que tenga que realizar dicha ponderación. De este modo, la autoridad gubernativa no interpreta el límite constitucional del derecho fundamental del art. 21 CE de manera restrictiva, sino que amplía el significado de términos para prohibir la reunión.
Todo el mundo tiene derecho a reivindicar y opinar sobre una situación político-social o económica que les incumba. El derecho de reunión es una herramienta para alcanzar dicho fin, una herramienta que permite organizar a los sujetos que quieran implicarse para ser escuchados, para que su lucha no sea en vano. De este modo, viendo la importancia del derecho de reunión expuesto, considero que sus límites, tal y como se dice en la STC, deben interpretarse de forma restrictiva para asegurar una mayor garantía de éste. De este modo, considero insuficientes los motivos que expone la autoridad gubernativa para limitar el derecho fundamental debido a que se basan en meras suposiciones de futuras alteraciones del orden público causadas por la intencionada concentración, no en datos objetivos y reales que realmente muestren el real peligro que supondría ésta.
Hablando todo el mundo se entiende a menos que una de las dos partes o ambas no tengan voluntad de ceder. Queda demostrado que las autoridades gubernativas muestran desde el primer momento su desacuerdo con la concentración en cuestión y que en ningún momento buscaron otras medidas posibles u otras opciones para que se pudiera realizar la concentración. Así pues, circunscriben directamente la situación al amparo de lo establecido por el segundo apartado del art. 5 LO 9/1983 que anuncia que una de las causas por las que la autoridad gubernativa puede suspender una reunión es “cuando se produzcan alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes perjudicando”.
* Complementad la práctica con una lectura de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, que regula el derecho de reunión.
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