DERECHO PROCESAL CIVIL (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Derecho Procesal Civil
Año del apunte 2016
Páginas 13
Fecha de subida 03/05/2017
Descargas 0
Subido por

Descripción

Apuntes tomados en clases magistrales.

Vista previa del texto

Natalia Álvaro de Mira DERECHO PROCESAL CIVIL TEMA 2. LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL ESPAÑOLA.
EL PODER JUDICIAL.
1. EL PODER JUDICIAL: CONCEPTO, FUNCIONES E INDEPENDENCIA.
El Poder Judicial es el conjunto de órganos con potestad jurisdiccional que representa al pueblo (se regula en el Tít. VI CE), puesto al servicio de un fin y sometido a unos principios relativos a su ordenación y a la organización interna de los órganos que lo integran. Su ejercicio se produce de un modo independiente, para evitar injerencias de los demás poderes del Estado, con el único sometimiento a la Ley (art. 117 CE), debiendo aplicarla para resolver los conflictos que se plantean. Se organiza en dos tipos: organización jurisdiccional (regulada en el art. 117 CE) y organización gubernativa (regulada en el art. 122 CE; sobre el gobierno de jueces y tribunales).
De esta forma, su principal característica es la independencia, consecuencia directa del principio de separación de poderes, que determina la necesaria repartición de las funciones básicas. Las principales garantías de esa independencia son fundamentalmente: 1) El autogobierno. Supone la autonomía del PJ y se plasma en la creación del Consejo General del Poder Judicial (art. 122.2 CE). Manifestación de esto son los órganos que ejercen funciones administrativas y de gobierno de los tribunales (Salas de Gobierno, Presidentes de Audiencias y Tribunales, Jueces decanos, Juntas de jueces, etc.).
2) La exclusividad en el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Los órganos jurisdiccionales están rodeados de medios y personal (no jurisdiccional) que, aun siendo necesarios para el desarrollo de la función jurisdiccional, no están integrados en el PJ. Se trata de:  Recursos humanos. Están constituidos por los funcionarios que prestan sus servicios en los órganos judiciales en categorías ajenas a la carrera judicial (Secretarios Judiciales, Médicos forenses, Tramitación y auxilio judicial, etc.).
 Recursos materiales. Son los necesarios para poder desarrollar las funciones de la Jurisdicción (edificios, mobiliario, material informático, etc.).
Las competencias afines con ambos están en manos del Poder Ejecutivo.
Concretamente, del Ministerio de Justicia o, en su caso, la respectiva Consejería autonómica (arts. 436 a 439 CE).
2. EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.
2.1. EL CGPJ: ASPECTOS BÁSICOS.
Es el organismo supremo de gobierno del poder judicial, de naturaleza administrativa. Está integrado por 20 miembros nombrados por el Rey por un periodo de 5 años (10 por cada Cámara) con mayoría de 3/5 cada una. De esos diez, 6 son magistrados en activo y otros 4, juristas de reconocido prestigio con más de 15 años en el ejercicio de su profesión. Los vocales no están ligados por mandato imperativo, no son comisionados de las cámaras, pero son inamovibles durante el tiempo que dura su mandato. El CGPJ se articula en diversos órganos que determinan su composición: - - - - El presidente. Es también presidente de TS y es la primera autoridad judicial de la nación que ostenta la representación del PJ y de su consejo. Ha de tener rango de presidente de sala.
El pleno. Está formado por el presidente y los vocales. Es el órgano más importante del Consejo, donde se hacen todos los nombramientos.
La Comisión permanente. Integrada por el Presidente y 7 vocales: 4 por el turno de jueces y magistrados y 3 entre los vocales elegidos entre juristas de reconocido prestigio (se nombra a los miembros por un año). Prepara las sesiones del pleno y tiene otras funciones que no sean las encomendadas al Presidente y a las restantes comisiones.
La Comisión disciplinaria. Está integrada por 7 vocales elegidos por el pleno: 4 del turno judicial y 3 entre juristas de prestigio. Son elegidos por 5 años. Su tarea es resolver los expedientes disciplinarios e imponen las sanciones que correspondan.
La Comisión de asuntos económicos. Integrada por 3 miembros que realizan estudios de carácter económico.
La Comisión de igualdad. Se compone de 3 vocales y vela por la igualdad entre hombres y mujeres entre las instituciones del Consejo.
2.2. SALAS DE GOBIERNO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES.
Están subordinadas al Consejo General del Poder Judicial. Hay dos tipos según sus atribuciones: 1) Sala de gobierno del TS y Sala de gobierno de la Audiencia Nacional. Los presidentes tienen atribuciones jurisdiccionales y gubernativas.
2) Salas de gobiernos de los 17 Tribunales Superiores de Justicia. Se integran por jueces y magistrados del ámbito competencial elegidos por sus compañeros por un periodo de 5 años.
La LOPJ regula las juntas de jueces, divididas en:    Reunión de jueces. La convoca el presidente del TSJ de la CA que se trate y reúne a todos los jueces y magistrados de una provincia o CA, con independencia del orden jurisdiccional, para tratar temas comunes y que rebasen el ámbito de un partido judicial.
Juntas generales. Las convoca un decano y reúne a los titulares de los juzgados con sede en una misma población, con independencia del orden jurisdiccional.
Juntas sectoriales. En ellas, el decano convoca a los jueces de un orden jurisdiccional para tratar temas del sector en sí y llegar a acuerdos sobre prácticas.
3. EN RELACIÓN CON LA JURISDICCIÓN.
3.1. EL PRINCIPIO DE UNIDAD JURISDICCIONAL.
El principio de unidad jurisdiccional implica que el Poder Judicial es único (al igual que la potestad jurisdiccional que ostenta), lo que determina que no cabe la existencia de tribunales al margen del mismo. La consecuencia es la prohibición de los tribunales especiales o de excepción (art. 117.6 CE), es decir, los creados ad hoc para resolver un determinado tipo de asuntos y que puedan escapar de las garantías y principios generales en el ejercicio de la potestad jurisdiccional.
3.2. LOS CONFLICTOS JURISDICCIONALES.
Son aquellos que se producen entre órganos de distintos poderes (básicamente el Ejecutivo y el Judicial) o con órganos jurisdiccionales no integrados en el Poder Judicial. La base de estos conflictos está en el planteamiento de asuntos respecto de los que se dude de cuál debe ser el órgano que debe resolverlos y el momento en el que tal órgano debe participar en dicha resolución. Los conflictos pueden ser de dos tipos: negativos, cuando ningún órgano de los dos poderes se considere competente; o positivos, cuando órganos de ambos poderes se consideren competentes.
Este tipo de conflictos se regulan por la LO 2/1987, de 18 de mayo de Conflictos Jurisdiccionales, que prevé la existencia de conflictos:    Entre la Administración (Poder Ejecutivo) y órganos del Poder Judicial.
Entre órganos del Poder Judicial y de la Jurisdicción Militar.
Entre la Administración y los órganos de la Jurisdicción Militar o del Tribunal de Cuentas.
4. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES.
1) Especialización. Se deriva de los múltiples conflictos que pueden plantearse. Los órganos judiciales se agrupan en función de la rama del Derecho sobre la cual pueden conocer: orden civil, penal, contencioso-administrativo y social (arts. 22 a 25 LOPJ). No obstante, en unos casos los órganos judiciales tienen competencia en un solo orden (Juzgados de lo Social) y en otros casos ostentan competencias en relación con varios órdenes (Juzgados de paz). En el caso de los órganos colegiados, ostentan competencias en varios órdenes, pero en destinan una Sala o Sección a cada orden (Sala 1ª de lo Civil del TS, Sala de lo Penal de la AN).
Además de la especialización general, cabe mencionar una especialización más concreta, que se puede realizar dentro de los propios órdenes jurisdiccionales (art. 98 LOPJ).
2) Territorial. Los órganos jurisdiccionales se crean conforme a un criterio territorial que exige la existencia de diversos órganos del mismo tipo en varios puntos de la geografía nacional, en los cuales cada uno ejerce potestad jurisdiccional. En este sentido, el art.
30 LOPJ prevé como divisiones territoriales del Estado el municipio, el partido judicial, la provincia y la Comunidad Autónoma. Todas ellas coinciden con las demarcaciones administrativas, salvo el partido judicial, que está integrada por uno o más municipios limítrofes pertenecientes a una misma provincia (art. 32 LOPJ). Para cada una de ellas se corresponden estos órganos: a. Para todo el territorio nacional son competentes el TS y la AN, en todos los órdenes jurisdiccionales (en Salas), salvo la AN que no tiene competencia en el orden civil.
b. La Comunidad Autónoma se corresponde con los TSJ, competentes en los 4 órdenes jurisdiccionales (Sala de lo Civil y Penal; de lo Contenciosoadministrativo; y Social).
c. La demarcación provincial se corresponde con la Audiencia Provincial, los Juzgados de lo Mercantil, los Juzgados de lo Penal, de lo Contenciosoadministrativo, de lo Social, de Menores y de Vigilancia Penitenciaria.
d. El partido judicial es el ámbito propio de los Juzgados de Primera Instancia e instrucción y de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
e. El municipio se identifica con el ámbito territorial de los Jueces de Paz, que tienen competencia en los órdenes civil y penal.
3) Composición. Según los titulares de la potestad jurisdiccional, los órganos judiciales pueden ser unipersonales, en los que la potestad corresponde a una sola persona (los Juzgados), o colegiados o pluripersonales (las Audiencias y Tribunales) en los que la potestad jurisdiccional se atribuye de modo conjunto a varias personas. Los órganos colegiados se organizan por Salas y Secciones, a través de las cuales los tribunales ejercitan su función jurisdiccional. La organización por Salas se corresponde con la diferenciación de órdenes jurisdiccionales, de modo que los Tribunales tienen una Sala por cada uno de los órdenes en los que tienen competencias. En función del número de Magistrados, las Salas se pueden dividir en Secciones, con el único criterio de la división material del trabajo.
5. DIVISIÓN DE LOS TRIBUNALES POR ÓRGANOS.
  Órganos colegiados: 1. Audiencias Provinciales.
2. Tribunales Superiores de Justicia.
3. Audiencia Nacional.
4. Tribunal Supremo.
Órganos unipersonales: 1. Juzgados de Paz.
2. Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
3. Juzgados de lo Mercantil.
4. Juzgados de Violencia sobre la mujer.
5. Juzgados de lo Penal.
6. Juzgados de lo Contencioso Administrativo.
7. Juzgados de lo Social.
8. Juzgados de Menores.
9. Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.
5.1. ÓRGANOS COLEGIADOS.
5.1.1. Audiencias Provinciales.
La Audiencia Provincial (art. 82.4 LOPJ) es un órgano de naturaleza pluripersonal que tiene su sede en la capital de la provincia, de la que tomarán su nombre, y extenderán su jurisdicción a toda ella. También podrán crearse sus Secciones fuera de la capital de la provincia, a las que quedarán adscritos uno o varios partidos judiciales. Además, las AP tienen competencias en el orden civil y penal.
5.1.2. Tribunales Superiores de Justicia.
Constituye el órgano superior en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma (art. 152.1 CE). Es competente en todos los órdenes, aunque se organiza en tres Salas (arts. 70, 71 y 72 LOPJ): 1º. Sala de lo Civil y Penal. Comparte competencias de esos dos órdenes por sus escasas competencias. Conoce en cuanto Sala de lo civil (art. 73 y 2 LOPJ): a. Del recurso de casación y de revisión siempre que se funde en la infracción de normas del Derecho Civil, Foral o Especial propio de la Comunidad.
b. De las demandas de responsabilidad civil por hechos cometidos en el ejercicio de sus cargos por el Presidente y Miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, contra los miembros de la Asamblea legislativa y contra todos o la mayor parte de los Magistrados de una Audiencia Provincial.
c. Las cuestiones de competencia entre órganos del orden civil con sede en el territorio de la Comunidad Autónoma que no tengan otro superior común.
2º. La Sala de lo Contencioso-administrativo. Conocerá: a. En única instancia:  De los recursos contencioso-administrativo contra los actos y disposiciones de los órganos de las Entidades locales y administración Autonómica que no estén atribuidos o se atribuyan por ley a los Juzgados de lo contenciosoadministrativo.
 Del recurso contencioso-electoral contra los acuerdos de las Juntas electorales sobre proclamación de electos, así como sobre la elección y proclamación de los Presidentes de las Corporaciones Locales.
b. En segunda instancia: de las apelaciones que se promuevan contra las sentencias y autos de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo con sede en la CA.
c. Existe un recurso de revisión contra las Sentencias firmes de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo; y un recurso extraordinario para la unificación de doctrina en los casos previstos en la LJCA.
3º. La Sala de lo Social. Conocerá, en única instancia (art. 75 LOPJ): a. De los procesos que la Ley establezca sobre controversias que afecten a los intereses de los trabajadores y empresarios en ámbito superior al de un Juzgado de lo Social, pero no superior al de la Comunidad Autónoma.
b. De los recursos que establezca la Ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Social de la Comunidad Autónoma.
c. De las cuestiones de competencia que se susciten entre los Juzgados de lo Social de la Comunidad Autónoma.
5.1.3. Audiencia Nacional.
Fue creada en 1977, con sede en Madrid y actualmente ejerce jurisdicción en toda España (art.
62 LOPJ), al igual que el Tribunal Supremo. Se compone de su Presidente (con la consideración de Presidente de Sala del TS y Presidente nato de todas sus Salas), los Presidentes de Sala (con la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo) y los Magistrados que determine la Ley para cada una de sus Salas y Secciones (art. 63 LOPJ). Tiene competencias en el orden penal, en el contencioso-administrativo y social: a) En relación con el orden penal, alberga tres tipos de órganos jurisdiccionales distintos:  Juzgados Centrales de Instrucción. Previstos en el art. 88 LOPJ, conocerán de la fase de instrucción de los procesos penales o causas, cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal o a los Juzgados Centrales de lo Penal de la Audiencia Nacional.
 Sala de lo Penal. Conocerá del enjuiciamiento de las causas seguidas por un determinado tipo de delitos, y de los recursos señalados en la Ley contra las sentencias y otras resoluciones de los órganos unipersonales (Juzgados) existentes en el ámbito de la AN.
 Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. Conocerá de los recursos de apelación.
b) En el orden contencioso-administrativo, la Sala conocerá en única instancia de los recursos contra disposiciones y actos emanados de los Ministros y de los Secretarios de Estado que la Ley no atribuya a los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo y de los recursos devolutivos que la Ley establezca contra las resoluciones de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo (art. 66 LOPJ).
c) En el orden social, la Sala de lo Social conocerá en única instancia:  De procesos especiales de impugnación de los convenios colectivos cuyo ámbito territorial de aplicación sea superior al de una Comunidad Autónoma.
 De procesos sobre conflictos colectivos cuya resolución haya de surtir efectos en un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma.
5.1.4. Tribunal Supremo.
Este órgano está previsto en el art. 123 CE y la organización de sus salas en el art. 55 LOPJ.
1º. Sala de lo Civil. Conoce: a. De los recursos de casación y de revisión, que se interpongan, respectivamente, frente a sentencias dictadas en apelación (generalmente) y contra sentencias firmes.
b. De las demandas de responsabilidad civil, por hechos realizados en el ejercicio de sus cargos, contra el Presidente del Gobierno, del Congreso o del Senado, entre otros (arts. 56.2 y 3 LOPJ).
2º. Sala de lo Penal. Es competente de conocer: a. De recursos de casación, revisión y otros extraordinarios que la Ley prevea.
b. Instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del Gobierno, de las Cámaras, del Fiscal General, del DP, etc.
c. Causas contra magistrados de la AN o de un TSJ.
3º. Sala de lo Contencioso-administrativo. Es competente (art. 58 LOPJ): a. En única instancia, de los recursos contencioso-administrativos promovidos contra actos y disposiciones emanadas del Consejo de Ministros, de sus Comisiones Delegadas, o del CGPJ; y contra los actos y disposiciones de los órganos de gobierno del Congreso de los Diputados y del Senado, del TC, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo en los términos y materias que la Ley establezca.
b. De los recursos de casación y revisión en los términos que la Ley establezca.
4º. Sala de lo Social (art. 59 LOPJ). Conocerá de los recursos de casación y revisión y otros extraordinarios que establezca la Ley en materias propias de este orden jurisdiccional.
5º. Sala de lo Militar. Es competente para conocer de los recursos de: a. Casación y revisión, incidentes de recusación, recursos jurisdiccionales contra sanciones disciplinarias judiciales, entre otras.
b. Apelación en conflictos jurisdiccionales contra resoluciones en primera instancia del Tribunal Militar Central.
Además de las competencias citadas, cada una de las Salas del TS conocerá de las recusaciones que se interpusieren contra los magistrados que las compongan, y de las cuestiones de competencia entre Juzgados o Tribunales del propio orden jurisdiccional que no tengan otro superior común (art. 60 LOPJ). Además, en el TS se constituirá una Sala especial (art. 61 LOPJ) compuesta por su Presidente, los Presidentes de Sala y el Magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas. Esta Sala conocerá:  De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas en única instancia por la Sala de lo Contencioso-administrativo de dicho Tribunal.
 De los incidentes de recusación del Presidente del Tribunal Supremo, o de los Presidentes de Sala, o de más de dos Magistrados de una Sala. En este caso, los afectados directamente por la recusación serán sustituidos por quienes corresponda.
 De las demandas de responsabilidad civil que se dirijan contra los Presidentes de Sala o contra todos o la mayor parte de los Magistrados de una Sala de dicho Tribunal por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo.
 De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra los Presidentes de Sala o contra los Magistrados de una Sala, cuando sean Juzgados todos o la mayoría de los que la constituyen.
 Del conocimiento de las pretensiones de declaración de error judicial cuando éste se impute a una Sala del Tribunal Supremo.
5.2. ÓRGANOS UNIPERSONALES.
5.2.1. Juzgados de Paz.
Los Juzgados de Paz, están previstos por la LOPJ (arts. 99 y ss.) para cada municipio donde no exista Juzgado de Primera Instancia e Instrucción (si existe un Juzgado de este tipo no hay Juzgado de Paz; son “incompatibles” con aquéllos), y con jurisdicción en el término municipal correspondiente.
Tiene competencias para resolver asuntos en lo civil y en lo penal. También ostentan competencias propias del orden penal, pues recae sobre ellos el enjuiciamiento de determinadas faltas (el art. 14 de la LEC les atribuye el enjuiciamiento de las tipificadas en los arts. 626, 630, 632 y 633 CP). Los jueces de Paz pueden ser legos en Derecho y son nombrados por un periodo de cuatro años por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal Superior de Justicia a propuesta del Municipio.
5.2.2. Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción (art. 85 LOPJ) pertenecen al orden jurisdiccional penal y son competentes para conocer de los siguientes procedimientos y actuaciones procesales: - Instrucción de los procesos por delito que deben enjuiciar los Juzgados de lo Penal y las AAPP.
Enjuiciamiento de las faltas.
Dictar sentencia (y laudos arbitrales) de conformidad cuando lo establezca la Ley.
Toman nombre de la localidad en la que se asientan y ejercen su jurisdicción, no solo en su localidad, sino sobre los pueblos que hay alrededor (demarcación del partido judicial). En las localidades donde existe un núcleo de población importante, se dividen las funciones.
La competencia de los Juzgados de Primera Instancia es extensiva: van a conocer siempre de todos los asuntos que no sean atribuidos específicamente por la LOPJ al conocimiento de otro órgano (en el ámbito civil, van a conocer de apelaciones). Y también conoce de concursos cuando son las personas naturales las que caen ellos.
Los Juzgados de Instrucción van a conocer de las faltas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda a la Audiencia Provincial y a los Juzgados de lo Penal, excepto de las causas de violencia sobre la mujer.
5.2.3. Juzgados de lo Mercantil.
Se trata de los órganos jurisdiccionales de más reciente creación, pues su existencia se debe a la LO 8/2003, de 9 de julio, que ha incluido en el texto de la LOPJ los arts. 86 bis y 86 ter, en los que se regulan este tipo de Juzgados.
Tienen demarcación provincial (con sede en la capital), si bien la Ley prevé la posibilidad de que se instauren Juzgados en poblaciones cuando la existencia de núcleos industriales o mercantiles y la actividad económica lo aconsejen.
Su competencia básica es el concurso o proceso concursal y todos los procesos tramitados en el marco del concurso en virtud de la vis attractiva de este proceso (básicamente los incluidos en el art. 86.ter.1 LOPJ). Además, el legislador atribuyó al Juzgado de lo Mercantil la competencia para conocer de un buen número de asuntos en materia del Derecho Mercantil o de la Empresa; son los expuestos en el art. 86.ter.2 LOPJ:         Procesos en materia de competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad.
Procesos en materia de transportes, ya sea nacional o internacional.
Procesos en materia de Derecho Marítimo.
Procesos relacionados con las condiciones generales de la contratación.
Los recursos contra las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de recurso contra la calificación del Registrador Mercantil.
De los procesos sobre actuaciones contrarias al Derecho de la Competencia.
De los asuntos atribuidos al Juzgado de Primera Instancia por el art. 8 de la Ley de Arbitraje, cuando el arbitraje verse sobre alguna de las materias anteriores.
Del reconocimiento y ejecución de sentencias y resoluciones extranjeras cuando se hayan dictado sobre las materias anteriores.
5.2.4. Juzgados de Violencia sobre la mujer.
La LO 1/2004 ha creado los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a los que, junto a las competencias en materia penal propias de los Juzgados de Instrucción, ha atribuido competencias civiles, que ejercerán de forma exclusiva y excluyente (art. 49 bis.5 LEC).
Tales Juzgados asumen en el orden civil el conocimiento de los procesos en materia de derechos de la persona, esencialmente de procesos matrimoniales y de relaciones paterno filiales. Según el art. 87 CE, conocerán de los siguientes supuestos: a) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los títulos del CP relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, b) c) d) e) siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género.
De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales.
De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Juez de Guardia.
Del conocimiento y fallo de las faltas contenidas en los títulos I y II del libro III del CP, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales.
Dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos establecidos por la Ley.
5.2.5. Juzgados de lo Penal.
Fueron creados para enjuiciar las causas por los delitos menos graves (ostenta competencias exclusivas en relación con el orden penal). Tal como prevé el art. 89 LOPJ, tienen un ámbito territorial provincial y sede en la capital de provincia (también pueden establecerse un Juzgado de lo Penal en otros partidos judiciales con suficiente carga de trabajo). Ostentan competencia para conocer: 1) De las causas por delito, a excepción de las que la Ley atribuye al conocimiento de los Juzgados de lo Penal (delitos con pena menor a 5 años de privación de libertad) o de otros Tribunales previstos en esta Ley (art. 14.4 LEC).
2) De los recursos que establezca la Ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Instrucción y de lo Penal de la provincia.
3) De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria en materia de ejecución de penas y del régimen de su cumplimiento.
También conocerán de los recursos contra las resoluciones de los Juzgados de Menores con sede en la Provincia y de las cuestiones de competencia entre los mismos.
5.2.6. Juzgados de lo Contencioso Administrativo.
Son órganos unipersonales de ámbito provincial (art. 90 LOPJ) con competencias en materias propias del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Los Juzgados Centrales de lo contencioso-administrativo (art. 90.4 LOPJ) conocerán de los recursos contencioso-administrativos contra algunas disposiciones y actos emanados de las Administraciones públicas con competencia en todo el territorio nacional (la concreción de estas competencias viene determinada en el art. 9 Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa).
5.2.7. Juzgados de lo Social.
Se trata de órganos unipersonales, con competencias en el orden laboral o social, que extiende su ámbito al territorio de la provincia y tienen su sede en su capital, si bien también podrán establecerse en poblaciones distintas de la capital de provincia cuando las necesidades del servicio o la proximidad a determinados núcleos de trabajo lo aconsejen (art. 92 LOPJ).
Los Juzgados de lo Social conocerán en general de todos los litigios que sean competencia del orden social, o lo que es lo mismo, que no se hayan atribuido a otros órganos de ese orden (art.
93 LOPJ).
5.2.8. Juzgados de Menores.
Poseen ámbito provincial y su competencia se extiende a las causas por delito y de su consiguiente responsabilidad civil, cometidos por menores de 18 años y mayores de 14. Al igual que los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, cuentan con un Juzgado Central de Menores, cuya sede está en Madrid y cuenta con ámbito nacional. Este Juzgado Central será competente para conocer de delitos de terrorismo perpetrados por menores (art. 65 LOPJ).
5.2.9. Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.
Tienen carácter provincial y están regulados por la LO 1/79. Conocen de la ejecución de las penas privativas de libertad, medidas de seguridad, control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias, etc. Tienen sede en Madrid y cuentan con jurisdicción en toda España.
Debe destacarse también la acción de los Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria, cuya competencia será excluyente en casos basados en delitos de la AN, ya que conocerá de ese tipo de casos el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria correspondiente.
6. TRIBUNALES CONSUETUDINARIOS O TRADICIONALES.
Son el Tribunal de las aguas de la vega de Valencia y la Junta o el Consejo de hombres buenos de la huerta de Murcia. Art 125 CE.
7. OTROS TRIBUNALES.
7.1. TRIBUNAL DE JURADO.
Se trata de una figura de origen anglosajón, en la que el legislador extrae por sorteo del censo electoral de cada provincia a ciertas personas, con la misión de dictar un veredicto. Conoce de los delitos contra la vida humana, los cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, contra el honor, de omisión del deber de socorro, contra la libertad y el medio ambiente, allanamiento de morada, malversación de fondos, etc. Sin embargo, en la práctica se ha reducido la competencia debido a razones económicas ante delitos insignificantes.
Los jurados actúan siempre sometidos a los mismos principios que los jueces y magistrados. Su misión es emitir un veredicto, que consiste en declarar (o no) probado el hecho judicial; y en proclamar la culpabilidad (o no) del acusado en su participación en el delito. Queda prohibida la abstención, pudiendo ser castigada con multa o sanción penal. El Magistrado Presidente será el que dicte la sentencia que recoge el veredicto del jurado, y basándose en éste impone la pena correspondiente.
En España, para elegir al jurado, se recurre al sistema objetivo: un sorteo entre el censo electoral escogiéndose una lista bienal de personas que pueden ser llamadas para formar el jurado. Sobre esta lista se hace otro sorteo hasta dar con 36 prejurados para conocer sobre una causa concreta, citados a comparecer, pudiendo las partes recusarlos. Si, como consecuencia de las recusaciones o por la no comparecencia, se quedan pocos jurados, se vuelve a hacer un tercer sorteo para que al menos haya 20 personas; de los cuales se seleccionarán los 9 que van a actuar como jurados, así como 2 suplentes.
7.2. TRIBUNAL DE CUENTAS.
Se puede considerar el supremo fiscalizador de las cuentas y la gestión económica del Estado y de todo el sector público (arts. 15 y 49 CE). Además de fiscalizar, enjuicia la responsabilidad contable de aquellas personas que manipulan o manejan los caudales públicos, a través de tres procedimientos: juicios de cuentas, reintegro por alcance y expediente de cancelación de fianzas.
Está integrado por 12 consejeros, designados por ambas Cámaras por mayoría de 3/5 y por un periodo de 9 años. Para ser consejero se requiere tener la categoría de magistrado, fiscal, defensor de cuentas, profesor universitario o ser un jurista de reconocido prestigio con al menos 15 años de ejercicio profesional.
7.3. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
Es el intérprete supremo de la CE y está regulado por la LO 2/1979. Sus funciones esenciales son: 1º. Proteger los DDFF y libertades públicas a través del recurso de amparo (art. 53). Todas las personas, ya sean físicas o jurídicas, están legitimadas para recurrir al recurso de amparo cuando se hayan vulnerado DDFF, pero teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad: hay que agotar la vía judicial previamente.
2º. El control de la constitucionalidad de las leyes. Posee el control normativo de establecer si la CE está debidamente respetada, es decir, si alguna norma ha violado la misma. Se siguen dos procedimientos para llevar a cabo este control constitucional: a. Recurso de inconstitucionalidad. Se interpone en un plazo de 3 meses desde la promulgación de la norma y cuya vigencia puede ser suspendida por el TC.
b. Cuestión de inconstitucionalidad. El órgano jurisdiccional, a la hora de aplicar la norma al caso concreto, tiene dudas de si ésta es constitucional o no. Esta duda opera como una cuestión prejudicial que hay que resolver antes de enjuiciar.
A los jueces ordinarios se les prohíbe el “non liquet”, es decir, tienen el deber de juzgar y de fallar, sin poder anular la norma en caso de dudas; entonces lo más habitual es que se plantee esta cuestión al TC. Tienen que concurrir dos circunstancias para la admisión del recurso: 1. El juez dictará un auto poniendo en relieve su duda, donde deberá exponerse el juicio de relevancia: explicar en qué medida esa norma depende el fallo, es decir, si es relevante para la resolución del asunto.
2. El juez planteará la cuestión, previa audiencia de las partes y del MF (con un plazo de 10 días para alegaciones), ya concluido el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia. Una vez dictado el auto, se suspenderá el procedimiento hasta que resuelva el TC sobre su admisión a trámite: si se admite, se publicará en el BOE y las partes podrán personarse ante el TC en el plazo de 15 días para formular alegaciones. Oídas las partes, el TC resolverá mediante sentencia, que tendrá fuerza de cosa juzgada, como las que recaen sobre el recurso de inconstitucionalidad.
3º. Complementación del ordenamiento jurídico. Las sentencias del TC son vinculantes para todos los órganos jurisdiccionales, los particulares y los poderes del Estado.
7.4. TRIBUNALES SUPRANACIONALES.
Son órganos que, no estando integrados en el PJ, ejercen la potestad jurisdiccional. Es decir, el Estado cede su soberanía (en particular la jurisdicción como parte de ella) a una institución supranacional. No obstante, no ejercen la Jurisdicción en su plenitud puesto que la ejecución de sus resoluciones está encomendada a los órganos del Poder Judicial español. Estos tribunales supranacionales son: órganos jurisdiccionales de la UE, TJUE, y Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas.
Estos órganos tienen dos funciones generales: comprobar que los actos de las instituciones europeas y de los Gobiernos son compatibles con los Tratados (recurso por incumplimiento, por omisión y de anulación); y pronunciarse, a petición de un tribunal nacional, sobre la interpretación o validez de las disposiciones del Dº comunitario (petición de decisión prejudicial).
7.5. EL TRIBUNAL O CORTE PENAL INTERNACIONAL.
Órgano jurisdiccional constituido en el seno de la ONU para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional, con carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales.
 ANEXO. EL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL.
El art. 24.1 CE dispone que “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. El art. 117.3 CE dispone que “el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan”. El derecho de acción del art. 24 CE puede ser definido como el derecho al libre acceso a los órganos de la jurisdicción, en orden a la interposición de la pretensión, y el de obtener una resolución judicial, a ser posible de fondo, congruente y motivada en la prueba y en el derecho objetivo. Contenido del derecho a la tutela: A) Derecho de acceso a la jurisdicción. Según el TC, es la libre facultad que tiene el demandante para incoar el proceso y someter al demandado a los efectos del mismo.
B) Derecho a un proceso con todas las garantías. Como dispone el 24.2 CE, “… todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia”. “La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos”. En este apartado se encuentran implícitos principios inherentes a la estructura del proceso:  Principio contradicción. Un proceso está presidido por el principio de contradicción cuando a ambas partes se les permite acceder al proceso con la finalidad de plantear sus respectivas pretensiones y resistencias, mediante la introducción de los hechos que las fundamenten y su correspondiente práctica de la prueba.
 Principio de igualdad. Según el cual es necesario que ambas partes tengan las mismas posibilidades de ataque y de defensa, de alegación, prueba, conclusión e impugnación.
C) Derecho a la obtención de una sentencia de fondo, motivada, fundada y congruente.
 De fondo. Los órganos deben dar una respuesta al conflicto que se les haya planteado.
 Motivada (art. 120.3 CE). Según el TC, en el derecho a la tutela judicial efectiva se comprende el de obtener, como respuesta a la pretensión de las partes, una resolución motivada, que ha de reunir los requisitos de ser razonada y fundada en derecho.
 Congruencia (art. 218.1 LEC). Una de las principales manifestaciones del principio dispositivo es la obligación del órgano judicial de resolver conforme a Derecho las pretensiones del actor y resistencias de la parte demandada, para dar así cumplimiento al mandato contenido en el art. 359 LEC.
D) Derecho a la ejecución de las sentencias (art. 18.2 LOPJ). El TC ha advertido que el derecho a la tutela debe impedir que las sentencias y los derechos en ellas reconocidos se conviertan en meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna. De ella deriva la exigencia constitucional de que el órgano judicial adopte las medidas que sean precisas para reaccionar frente a comportamientos impeditivos, dilatorios o fraudulentos en orden al cumplimiento de lo judicialmente decidido.
E) Derecho a las medidas cautelares. Derecho a obtener del juez la adopción de las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la efectividad de la futura sentencia.
Tutela judicial efectiva y medios de impugnación. El Derecho a la tutela se extiende al derecho al recurso o recursos que las leyes establezcan contra las resoluciones judiciales.
...