TEMA 2. La competencia judicial internacional (2017)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 4º curso
Asignatura Derecho Internacional Privado
Año del apunte 2017
Páginas 9
Fecha de subida 28/09/2017
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Apuntes de Derecho internacional privado completados con el Manual de Garciamartin

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TEMA 2: La competencia judicial internacional Función y efectos de las reglas de CJI El objeto de las normas de CJI es determinar si los tribunales españoles son o no competentes para conocer de un asunto internacional. Ej. Una ciudadana española contrae matrimonio en España con un ciudadano brasileño y se trasladan a vivir a Andorra. Tras varios años de vida común en este país, la mujer regresa a España y decide solicitar el divorcio. Las normas de CJI del Derecho español le dirán si puede o no solicitarlo ante nuestros tribunales. A su vez, las normas de CJI del Derecho brasileño le indicarán si puede o no hacerlo en Brasil; y las normas de CJI del Derecho andorrano, si puede hacerlo en Andorra. La mecánica de las reglas de CJI es la siguiente: escogen uno de los elementos de la relación privada internacional y atribuyen competencia a los tribunales españoles cuando ese elemento se vincula con nuestro país. Por eso se afirma que las normas de CJI y las normas de conflicto son Derecho de conexiones. El ámbito de identificación del Tribunal competente para conocer el asunto se ha denominado también como Derecho de conexiones. Los elementos de conexión acaban siendo elementos que vinculan un determinado asunto con el Estado y, en definitiva, con la competencia judicial internacional. Lo que debemos hacer primeramente delante de un caso determinado es identificar las conexiones: ¿Qué elementos de internacionalidad existen? ¿Qué conexión tiene ese elemento con un determinado Estado? Ej. El Reglamento Bruselas 1 bis tiene en cuenta el domicilio del demandado; por lo tanto, cuando el domicilio del demandado esté en España, la competencia judicial internacional permite que sean los Tribunales españoles los que puedan conocer sobre ese asunto (siendo el domicilio la conexión de la que hablábamos). ¿Qué pasa con el domicilio del demandante? No se tiene en cuenta. Efectos de la competencia judicial internacional La atribución de la CJI es el denominado efecto directo à a través de la conexión identifico la competencia judicial internacional. A parte, existen los efectos indirectos: 1- Derecho procesal: cuando atribuyo la competencia judicial internacional a un determinado país, lo que estoy haciendo es afectar elementos que tienen que ver con su DIPrivado y con su Derecho material. Si la norma me atribuye a través de la conexión una competencia judicial internacional (X Tribunal de Y país es el competente para conocer del asunto), indirectamente también me está diciendo que su Derecho procesal va a ser el aplicado. ¿Es posible que un Tribunal de un Estado extranjero aplique un Derecho procesal de otro país? No, la competencia judicial internacional obliga a aplicar el Derecho procesal del país que está conociendo del asunto, pero sí que es posible la aplicación de un Derecho extranjero. 2- Sistema de costes: no es lo mismo litigar en tu país que en otro. Ej. Trayectos, movilización de peritos,… ESENCIALES Efecto directo Las conexiones me permiten identificar la competencia judicial internacional. 1- Derecho procesal: identificada la competencia judicial internacional, voy a Efectos indirectos aplicar el Derecho procesal del país competente para conocer del asunto. 2- Sistema de costes: no es lo mismo litigar en tu país que en otro. ¿Son competentes los tribunales españoles? - Sí à consecuencias: o Ley aplicable al proceso: ley española. o Ley aplicable al fondo del litigio: ley designada por las NdC españolas. o Distribución de las cargas jurisdiccionales: notificación, prueba, ejecución… - No à consecuencias: o CJI tribunales extranjeros. o Ley aplicable al proceso: ley procesal extranjera. o Ley aplicable al fondo del litigio: ley designada por las NdC extranjeras. o Cargas jurisdiccionales: distribuidas inversamente. En bastantes casos pueden ser competentes los tribunales de más de un estado. Entre varios foros alternativos, el potencial actor tiene la facultad de elegir. Para ello, tendrá en cuenta los beneficios y costes asociados a cada estrategia procesal y escoger aquella más eficiente desde su punto de vista. CJI y sectores afines 1- Jurisdicción: si tiene jurisdicción puede resolver, es un paso ex ante de la competencia judicial internacional. En realidad, jurisdicción y competencia judicial internacional son sinónimos. 2- Competencia territorial: derecho interregional (distribución dentro de un determinado país de distintos ordenamientos jurídicos). La competencia judicial internacional lo que va a hacer es identificar la competencia judicial de un determinado Tribunal, y se decidirá internamente (es decir, a nivel Estatal) qué Tribunal concreto tenga que conocer el asunto. 3- Normas de competencia: las normas de competencia judicial internacional identifican si un determinado Tribunal va a ser competente o no para conocer de un asunto concreto. Debemos tener en cuenta que una resolución/sentencia de un determinado país puede ser reconocida/ejecutable en un determinado país o no. Elementos de la competencia judicial internacional: 1- Respeto a la autonomía de la voluntad: la competencia judicial internacional parte de la apreciación de la autonomía de la voluntad a la hora de que las partes puedan establecer ex ante cuál será la competencia judicial para conocer sobre el asunto que les concierne. 2- Proximidad razonable: es la que permite que una situación, por ejemplo, de daño extracontractual, la proximidad donde se ha producido efectivamente el daño sea preferible al domicilio del demandante. 3- Tipificación legal: en los diferentes reglamentos (sobretodo los comunitarios) lo que existe es una identificación de circunstancias abstractas. Ej. Relaciones civiles y mercantiles, responsabilidad extracontractual,… Lo que se pretende es que estos reglamentos sean lo más ampliamente extensibles a todas las circunstancias que caigan bajo su ámbito material. El marco jurídico El marco jurídico que predetermina el diseño del sistema de CJI de España son las normas o principios supralegales que condicionan la actuación del legislador. Viene definido por la CE, el DIP y el Derecho de la UE. - CONSTITUCIÓN La CE no delimita el ámbito de CJI de los tribunales españoles pero sí fija límites, máximos y mínimos, de atribución. El sistema de CJI delimita el alcance de la tutela judicial que van a ofrecer sus tribunales. La delimitación tiene dos efectos: 1) El efecto positivo es la afirmación de la CJI de nuestros tribunales en cierto número de litigios internacionales. o Plantea el problema desde la perspectiva del demandado, pues se le somete a nuestra jurisdicción: tiene la carga procesal de comparecer en España ante el riesgo de ser condenado. Es un problema de sometimiento a la jurisdicción del estado español. o La CE impone límites máximos en cuanto el legislador no puede afirmar la CJI de nuestros tribunales cuando ello suponga someter al demandado a una carga procesal arbitraria o manifiestamente irrazonable. 2) El efecto negativo es la negación de la CJI de los tribunales españoles para el resto de los litigios internacionales. o El problema se plantea desde la perspectiva del actor, ya que ve cerrada la posibilidad de reclamar tutela judicial de sus derechos subjetivos ante tribunales españoles. Es un problema de imposibilidad de acceso. o El art 24 CE impone límites mínimos en el sentido de que el legislador español incurrirá en denegación de justicia si impide irrazonablemente el acceso a nuestros tribunales, o aun existiendo en abstracto motivos para negarlo, el actor no tiene una vía alternativa razonable para satisfacer sus derechos. El TC ha afirmado que se puede incurrir en inconstitucionalidad tanto por exceso (efecto positivo de la CJI) como por defecto (efecto negativo). Hay cuatro consecuencias: 1ª La CE garantiza un mínimo e impone un volumen máximo de CJI, pero dentro de estos límites, la formulación concreta del régimen de CJI es una cuestión de configuración legal. 2ª No existe un derecho constitucional de los españoles a no ser demandados en el extranjero; de hecho, de los parámetros constitucionales se deriva una carga de comparecer como demandado en un tribunal extranjero. 3ª Tampoco existe un derecho constitucional absoluto a demandar ante los tribunales españoles. Los derechos del demandado también están en juego: en el contexto internacional, favorecer el acceso a la justicia española del actor puede suponer dificultar el acceso a la justicia del demandado. Las normas de CJI no establecen una opción entre acceder o no acceder a la jurisdicción, sino en hacerlo a una jurisdicción particular, la española. Una respuesta negativa (si tribunales españoles no tienen CJI) puede entenderse como una remisión implícita a otro tribunal extranjero más apropiado. 4ª Los límites constitucionales pueden exigir un desarrollo judicial del derecho. Si el legislador no ha abierto un foro de CJI en España, pero al actor no le quede otra posibilidad jurisdiccional efectiva (pq no hay tribunales extranjeros disponibles) el juez español debe admitir su competencia. El foro de necesidad Para garantizar plenamente el derecho a la tutela judicial efectiva, hay situaciones en las que se debe permitir el acceso a los tribunales españoles aunque no existiese la posibilidad aplicando el régimen legal. Las hipótesis en las que hay riesgo de denegación de justicia en el ámbito internacional son: o Lagunas de jurisdicción: § Supuesto de imposibilidad jurídica: Puede ser que según las normas de CJI españolas los tribunales españoles no sean competentes para conocer de un litigio, pero tampoco haya otro estado que según sus normas lo sea. § También puede ser la imposibilidad de hecho: cuando el estado extranjero, aun siendo competente, de hecho tampoco va a proveer una tutela judicial (situaciones de enfrentamiento bélico, revoluciones internas…). En estos dos casos hay un riesgo de denegación de justicia declarativa. El art. 22 LOPJ dice que aunque los tribunales españoles no tuviesen CJI conforme a las reglas generales, deberán aceptar su competencia, cuando el supuesto litigioso presentase vinculación con España y los tribunales de los distintos estados conectados con el supuesto hayan declinado su competencia. o Negativa al reconocimiento: también hay riesgo de denegación de justicia cuando el estado español se niega a reconocer una decisión extranjera y el actor no puede satisfacer su pretensión en el extranjero ni iniciar un nuevo proceso en España por carecer nuestros tribunales de CJI para conocer. Si el demandado tiene sus bienes en España, o la relación declarada o constituida en el extranjero es un requisito previo para ejercitar un derecho en España, la negativa a reconocer la decisión sin posibilidad de iniciar un procedimiento ex novo tanto en el extranjero como en España, puede constituir una violación de derechos de tutela judicial efectiva. Si pasa lo anterior, el juez español ha de admitir su CJI desarrollando judicialmente un foro de necesidad. - DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO El DIP no hace un reparto de la CJI entre los estados, no distribuye los litigios entre las jurisdicciones de los estados. Cada estado delimita unilateralmente su competencia, aunque no tienen libertad absoluta. El DIP impone algunos límites generales a la actividad judicial de los tribunales españoles y extranjeros en los litigios internacionales. Principio de territorialidad El primer límite deriva del Pº de territorialidad de la soberanía estatal: cada estado solo puede ejercer sus atributos de soberanía dentro de su territorio o en los espacios libres de soberanía de otro estado. Así, España no puede realizar actos directamente en el territorio de otro estado (a menos que lo permita). Si estos actos son necesarios para procurar una tutela judicial intl efectiva, deberá recabarse la cooperación del estado en cuyo territorio deban llevarse a cabo dichos actos, y viceversa. Inmunidad de jurisdicción y ejecución El DIP establece algunos supuestos de inmunidad. Si el demandado goza de este privilegio, los tribunales españoles no pueden ejercer su poder jurisdiccional sobre él. Y como la jurisdicción es un presupuesto sobre CJI, si no hay jurisdicción no hay lugar para preguntar sobre la CJI. La inmunidad también tiene que apreciarse en el trámite exequátur (en el proceso de RyE). Los supuestos de inmunidad jurisdiccional impuestos por el DIPr a España son: 1. Inmunidad del estado extranjero y sus órganos. 2. Inmunidad de misiones diplomáticas y consulares. 3. Inmunidad de organismos internacionales. Cada uno tiene su propio régimen jurídico y alcance. - EL DERECHO EUROPEO Los tratados constitutivos de la UE no hacen una distribución de la CJI entre EM. No obstante, han conferido competencia al legislador europeo para hacerlo. Actualmente hay una serie de textos, adoptados en el marco del art. 81 TFUE, que responden al proceso de europeización: Cooperación judicial civil en Europa: incluye normas procesales y de ley aplicable. a. Hay textos “dobles”, que contienen reglas de CJI y de RyE: i. Reglamento de Bruselas I bis: Reglamento 1215/2012 relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Extendido a Dinamarca. ii. Reglamento de Bruselas II bis: Reglamento 2201/2003, relativo a la competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental. b. Textos relativos al desarrollo del procedimiento: i. Reglamento 1393/2007, relativo a la notificación y traslado en los EM de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil. ii. Reglamento 1206/2001, cooperación entre órganos jurisdiccionales de EM en el ámbito de obtención de pruebas en materia civil o mercantil. c. Textos relativos a la supresión exequátur y procesos especiales: i. Reglamento TEE ii. Reglamento proceso monitorio iii. Reglamento escasa cuantía iv. Reglamento OERC d. Textos relativos al acceso a la justicia e. Textos relativos a soluciones extrajudiciales f. En el ámbito de ley aplicable (NdC): i. Reglamento de Roma II: 864/2007, sobre obligaciones extracontractuales. ii. Reglamento de Roma I: 593/2008, sobre obligaciones contractuales. iii. Reglamento de Roma III: 1259/2010, sobre divorcio y la separación judicial. g. Textos que regulan los tres sectores del DIPr (CJI, NdC y RyE). i. Reglamento 4/2009, sobre obligaciones alimenticias. ii. Reglamento de insolvencia iii. Reglamento de sucesiones h. Convenios bilaterales o multilaterales firmados por la UE: i. Convenio de Lugano 2007 ii. Convenio de La Haya sobre acuerdos de elección de foro. Modelo de regulación Las normas de CJI son derecho de conexiones: utilizan un elemento de relación que subyace al litigio internacional para, cuando se verifiquen en España, atribuir CJI a nuestros tribunales. El modelo normativo de nuestro derecho es un modelo de justicia de derecho privado. 1- Arranca de la autonomía de la voluntad de los particulares. Las normas de CJI son en gran medida dispositivas: las partes pueden elegir los tribunales estatales competentes para conocer de litigios internacionales. Podrán atribuir CJI a tribunales españoles o excluirla y atribuírsela a uno extranjero o arbitraje. Aunque la autonomía es absoluta (se explica en tema siguiente). 2- Utiliza el principio de proximidad razonable del litigio con el foro como criterio supletorio. Opera en aquellos ámbitos donde no haya autonomía privada y cuando las partes no hayan hecho uso de ella. Los tribunales solo deben afirmar su CJI para conocer de un litigio internacional cuando presente una vinculación razonable con España. ...

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