Tema 1 Derecho Administrativo (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Regimen juridico de la actuacion administrativa
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 23/06/2017
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Tema 1: Tipos de actuación jurídica de la Administración: norma, resolución y contrato.
La administración no se para aunque no haya gobierno. La administración no puede hacer nada que no esté en la ley, se encuentra sometida a ella pues solo cumple y ejecuta la ley. Este año no vamos a ver el complejo subjetivo, sino como actúa, como llega a los particulares, como los ciudadanos tienen que relacionarse con la administración y cuál es su régimen jurídico. Sustancialmente, la administración actúa a través de tres categorías primarias: 1. Los reglamentos: dictan sus propias normas que regulan su interior. Es una manifestación paradigmática, prototípica. Es la gran manifestación del poder público.
2. Los actos administrativos: resoluciones unilaterales que afectan a uno o varios ciudadanos. La diferencia con la norma es que el acto afecta hasta que se agota. Un acto es la ejecución de la norma para un caso concreto. Por ejemplo, el permiso de armas para poder cazar.
3. Los contratos.
La ley 30/98 en su exposición de motivos dice que toda la actividad de la administración se puede recurrir en última instancia a estas tres categorías. Cuando actúa lo hace de alguna de estas maneras. Esto es muy importante porque cada una tiene un procedimiento y un régimen jurídico muy diferente.
A veces no es fácil distinguir entre un reglamento y un acto administrativo, hay determinadas actuaciones que no se sabe si es un acto o una norma jurídica, un acto o un contrato. Por ejemplo, saltarse un semáforo es un acto administrativo que puede dar lugar al correspondiente procedimiento sancionador.
Como punto de partida, cuando hablamos de acto administrativo estamos hablando de resolución administrativa. Parece que acto no es igual a actuación administrativa, parece que son términos diferentes y parecidos. Cada concepto lleva aparejado un régimen jurídico diferente. El derecho administrativo es un conjunto de conocimiento con una terminología precisa. ¿Qué diferencia hay entre acto y actuación administrativa? No toda actuación es un acto administrativo, cuando se habla de resoluciones es una manera de manifestación de la administración, pero no todos lo son. El acto por el que se selecciona a un funcionario no es igual que la policía vaya y precinte una obra que se está realizando sin licencia. El concepto de actuación de la administración no solo engloba las resoluciones sino que también engloba las llamadas actuaciones materiales o vías de hecho y también engloba la inactividad de la administración.
Hasta 1998 los únicos actos que se podían recurrir en vía contencioso-administrativa eran los actos administrativos. Más tarde se crea la figura del silencio administrativo, ante este silencio como medio de defensa y garantía, el ordenamiento ha previsto que cuando la administración no responde se ha previsto que produce silencio positivo, si no contesta dentro del plazo se entiende por otorgado lo pedido. Desde 1958, solo se puede impugnar en vía contenciosoadministrativa el auxilio de los jueces cuando estábamos ante resoluciones expresas y presuntas. A partir de 1998 se plantea que hay otras formas de actuación de la administración que afectan a los ciudadanos, el art. 106 CE y el art. 24 CE hacen que se tenga que expandir esta protección pues siempre había un ámbito que no estaba sometido a la jurisdicción de los jueces. Esto es imposible en un Estado de derecho ya que todo ha de estar sometido a la jurisdicción. LJCA fue modificada por obligación al legislador de los artículos de la CE anteriores en 1998 para ampliar el objeto de control de la jurisdicción. No hay ningún ámbito exento del control jurisdiccional en nuestro ordenamiento.
El acto presunto es no contestar cuando tiene la obligación de contestar.
En el art. 1 LJCA y en el art. 25 LJCA. Ejemplo de vía de hecho es el embargo, la entrada al domicilio, la ocupación de un terreno que a va a ser expropiado. La actuación material puede dar lugar a una vía de hecho y ser objeto de la actuación contencioso-administrativa es así porque toda actuación material de la administración requiere de un acto administrativo previo. Si hemos sido expropiados, se ha cumplido el procedimiento, ha sido notificado y no nos vamos, nos van a echar forzados. Si se ha saltado alguna fase da lugar a una vía de hecho que nos echen forzados. La administración está obligada a actuar y si no lo quiere hacer se puede obligar a través de la vía contencioso-administrativa.
También la LJCA ha ampliado el concepto de resolución administrativa y de actuación administrativa. Si leemos los arts. 1 y 3 LJCA, nos encontraremos con una afirmación sorprendente, ¿cómo es posible que también los jueces del órgano jurisdiccional contenciosoadministrativo conozcan de actos del congreso, del tribunal de cuentas…? La Administración Pública subjetiva es la administración institucional, territorial y los órganos conectados a ella. En sentido objetivo da lugar a una polémica doctrinal que no tiene sentido hablarlo. El art. 1 LJCA la constriñe a la mera actuación administrativa. La ampliación del objeto del recurso y de lo que es actuación administrativa se ha extendido notablemente porque no solo son las resoluciones tradicionales, sino que hemos incluido las actuaciones materiales que son vía de hecho y a las actuaciones de la administración.
Arts. 29 y 30 LJCA.
No hay actuación de la administración pública que no pueda ser objeto del control jurisdiccional. Esto empieza contra las inmunidades del poder para que el ordenamiento jurídico prevalezca sobre las decisiones arbitrarias de la administración pública. Durante muchos años los altos cargos públicos los hacía el gobierno y no eran susceptibles de control jurisdiccional. Toda la materia de abastecimientos y transportes durante muchos años no se podía controlar. La administración está sometida plenamente al derecho debido a que vivimos en un Estado de derecho.
En el año 1994, el TS tuvo que resolver un recurso contencioso-administrativo que había puesto un partido político por el nombramiento del Fiscal General ya que no se habían cumplido todas las condiciones. Lo primero que se planteo es si ese acto era susceptible de control. Durante muchos años y todavía hay diferencia entre los actos políticos del Gobierno y los actos administrativos del Gobierno. La separación de poderes exige que no sea controlado jurisdiccionalmente las decisiones políticas pues convertiríamos a los jueces en políticos y esto es inadmisible. Entonces, ¿se puede controlar la decisión de un Gobierno de salirse de la OTAN? ¿Se puede controlar un posible “Brexit”? ¿Dónde está el respeto al principio de separación de poderes? ¿Qué límites tienen las decisiones judiciales? Todo ha de estar controlado, otra cuestión es que la sustancia de la decisión tomada no es cuestionable. El elemento puramente político no es controlable, pero si el procedimiento, si ha sido dictado por el órgano competente… estos actos políticos han desaparecido de nuestro ordenamiento, hay decisiones políticas, pero todas las decisiones son susceptibles de control jurisdiccional.
Los jueces no pueden convertirse en parlamento o el gobierno, pero han de tener toda la administración bajo su control. Tienen discrecionalidad, un cierto de margen de apreciación, pero no tiene nada que ver con la arbitrariedad acabada en España desde hace muchos años.
El art. 28 LJCA exceptúa de control jurisdiccional a determinados actos expresos administrativos.
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