Derecho Tributario (2013)

Trabajo Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Derecho tributario y financiero
Profesor E.A.
Año del apunte 2013
Páginas 12
Fecha de subida 22/03/2015
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Primer trabajo evaluable. Nota del trabajo: 9.76

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Lorena Muñoz Fernández NIUB: 16121825 Derecho Tributario y Financiero –M1 BLOQUE TEMÁTICO 1 Comentario en materia de “Política Fiscal” LOS PRINCIPIOS MATERIALES DE JUSTICIA TRIBUTARIA “Acerca de los principios materiales de justicia tributaria” Cuestión 1: Los grupos parlamentarios recurren el texto del “Anteproyecto de Ley por el que se crea el Impuesto sobre acampados y prados mal aprovechados” debido a que el nuevo impuesto supone la violación de tres principios constitucionales tales como la capacidad económica, igualdad y no confiscatoriedad.
Principio de generalidad: En el articulo 3.2 sobre “Causas de calificación como mal aprovechados de prados y acampados” se encuentra el principio de generalidad, debidamente tratado en el impuesto, ya que responde a su definición de prohibición de la discriminación y privilegios fiscales “[…]sea su naturaleza pública o privada de su titular…”. Es decir, existe un trato igual en cuanto a la exigencia del tributo e expropiación de los acampados o prados de aquéllos sin establecer diferenciación alguna o trato desigual o en beneficio del contribuyente.
Principio de igualdad: Se traduce como el respeto a la capacidad económica. Así si no se cumple el principio de capacidad económica tampoco se cumple el principio de igualdad y por consiguiente provocara una desigualdad en cuanto a la cuota impuesta a los contribuyentes que no atenderá a las situaciones individuales. El principio de igualdad lo encontramos tanto en el contenido esencial del tributo pero adquiere preponderancia cuando se ve unido en un mismo precepto al principio de capacidad económica y no confiscatoriedad.
Principio de capacidad económica: En conformidad con el artículo 2 del mismo, titulado tal como “Hecho imponible” se pone de manifiesto la presencia del principio de capacidad económica en los sujetos pasivos,- tasados en unidades monetarias. No obstante, hallado su localización en el texto comprenderemos que el parámetro utilizado para medir la capacidad económica 1 Lorena Muñoz Fernández NIUB: 16121825 Derecho Tributario y Financiero –M1 del sujeto es la base imponible. Este lance se percibe en el artículo 5 titulado de igual manera. El hecho cuestionado vendría a dar una estimación objetiva de la capacidad económica de los sujetos, esta estimación se da en base a una cantidad que no suele representar realmente el hecho imponible ya que éste incluso puede ser inexistente. La base imponible debe adecuarse a la capacidad económica de los sujetos que se determina a través del estudio de diversos supuestos facticos. En el artículo atendemos unos parámetros para determinar la capacidad económica de los sujetos calculando la diferencia entre la carga ganadera potencial y la carga ganadera real, estableciendo la misma diferencia si el prado tuviera alcornoques que pudiese producir corcho. Así mismo, se realiza una estimación objetiva, artículo 52 LGT “[…] la aplicación de las magnitudes, índices, módulos o datos previstos en la normativa propia de cada tributo”. Esta estimación no es suficiente para evaluar correctamente la capacidad económica los sujetos, cohesionándose así con el principio de igualdad, ya que sólo esclarece un rendimiento medio pero no el real. La estimación que se debería haber seguido hubiese sido la regulada en los artículos 50.3 y 51 LGT donde “Las bases imponibles se determinarán con carácter general a través del método de estimación directa […]” y “El método de estimación directa podrá utilizarse por el contribuyente y por la Administración tributaria […] utilizará las declaraciones o documentos presentados, los datos consignados en libros y registros comprobados administrativamente y los demás documentos, justificantes y datos que tengan relación con los elementos de la obligación tributaria.”. Tal como dice el último artículo para determinar una capacidad económica más ajustada a cada tipo de sujeto sin que se pretenda atentar contra dos principios constitucionales a la vez se debería haber evaluado detalladamente cada situación para establecer una base imponible al hecho de carácter menos general.
Principio de progresividad: El principio de progresividad se refiere a determinar que cuanto mayor es la riqueza del sujeto más contribución debe aportar al sistema tributario. Éste va normalmente unido al principio de no confiscatoriedad ya que si no fuese así se produciría una progresividad excesiva que supondría la violación de otros derechos constitucionales. En el caso del impuesto analizado la progresividad se acentúa en la revalorización de los acampados 2 Lorena Muñoz Fernández NIUB: 16121825 Derecho Tributario y Financiero –M1 en función de los años de no aprovechamiento transcurridos, sin atender a la capacidad económica del titular o propietario.
Principio de no confiscatoriedad: En el artículo 6 sobre “La Cuota tributaria” encontramos el principio de no confiscatoriedad mezclado con una parte de otro principio como es de progresividad, que también se observa en el artículo 1 del mismo texto. En suma, el principio de no confiscatoriedad se enmarca en el hecho que el aumento de la carga o gravamen, en base a los años que pasan desde que un campo está desaprovechado, puede llegar a suponer la producción de efectos confiscatorios afectando en mayor grado el patrimonio del sujeto. Se percibe el hecho en el aumento de hasta un 80% en la carga tributaria provoca al titular del prado o acampado una privación mayor de su renta haciendo que el Estado se quede con casi toda la actividad contributiva de éste.
Cuestión 2: Evaluando detenidamente el impuesto se puede observar que tiene una naturaleza contributiva ya que requiere en todo caso que los sujetos pasivos de este tributo contribuyan al pago de sus cargas tributarias. Así mismo, ésta capacidad del tributo nace de la necesidad de contribuir al financiamiento de unos gastos para retribuir necesidades publicas tales como la que enumera el artículo 1.2 del mismo, “Los ingresos que se obtengan por este impuesto serán destinados por el Consejo de Gobierno a la financiación del sector agrario”. La aptitud de contribuir por parte de los sujetos tendrá que estar en todo caso sujeta al principio de igualdad y capacidad económica adecuándose a cada caso concreto y en función de su economía o situación personal. A todo ello, el punto focal en la búsqueda de su naturaleza se ha dado tanto en el hecho imponible como en la cuota tributaria. En su caso, el hecho imponible queda inscrito en el artículo 2 en que se especifica que el pago del tributo recaerá sobre los sujetos titulares de prados o acampados mal aprovechados. En el siguiente artículo, que constituye el punto central de la naturaleza contributiva del impuesto, es el 6 sobre la cuota donde aparece el efecto progresivo de éste en su aplicación. En suma, podemos decir que es un tributo de naturaleza contributiva absoluta ya que la cantidad a pagar es progresiva y acepta gravamen. Otro motivo que me ha llevado a considerar que no tiene naturaleza sancionadora es el hecho de que la conducta descrita que debe realizar el sujeto pasivo en ningún caso supone la infracción de una norma jurídica sino una mera 3 Lorena Muñoz Fernández NIUB: 16121825 Derecho Tributario y Financiero –M1 contribución (en gran parte de los casos solidaria) al Estado para que éste cumpla con el beneficio de otorgar ayudas a otros sectores.
Se advierte así, que por capacidad contributiva se entiende “la aptitud económica personal para soportar las cargas públicas en mayor o menor grado”. Esto conlleva que se tenga en cuenta la capacidad económica de los sujetos atendiendo al grado de mayor o menor riqueza1 y estableciendo la seguridad de garantizar el principio de igualdad tributaria.
1 Aquí se está hablando del principio constitucional de progresividad, F. Pérez Royo “Se entiende por progresividad aquella característica de un sistema tributario según el cual a medida que aumenta la riqueza de cada sujeto aumenta la contribución en proporción superior al incremento de riqueza. Los que tienen más contribuyen en proporción superior a los que tienen menos” 4 Lorena Muñoz Fernández NIUB: 16121825 Derecho Tributario y Financiero –M1 BLOQUE TEMÁTICO NÚMERO 2 COMENTARIO DE DOCTRINA Cuestión 1: Considera usted que el Reglamento ocupa una posición prominente en Derecho tributario. Justifique la respuesta.
El reglamento es de carácter general, aprobado por el poder ejecutivo, pasando a formar parte del ordenamiento y erigiéndose como fuente de derecho. Así mismo, se debe concretar que el papel del reglamento en la regulación de materia tributaria obtiene una posición preponderante debido a que responde a la incapacidad del legislador para dar una solución a lo que demanda el Estado. No obstante, en la Constitución no se sitúa como un principio normativo de gran relevancia sino más bien impera en papel secundario a la ley. Este hecho no se puede contrarrestar en la práctica ya que el reglamento en cuanto a su aplicación en materias de diversa índole (en especial materia tributaria) adquiere una gran fuerza e incluso es mucho más aplicado que la propia ley.
Por ejemplo, predomina reglamento tributario en las disposiciones administrativas.
Además otra de las cuestiones que nos llevan a decir que el reglamento ocupa una posición importante es porque en muchas ocasiones se encarga es solventar la complejidad técnica que tiene el derecho tributario.
Cuestión 2: Considera que existe un carácter prominente del Gobierno en relación con el resto de los órganos del Estado. Qué factores avalarían en su caso este hecho.
Actualmente se puede decir que existe un carácter prominente del Gobierno sobre los demás órganos del Estado ya que como queda regulado en la Constitución española de 1978: el gobierno es de carácter autónomo, tiene preeminencia sobre los demás órganos y en el interior de la potestad gubernativa impera el presidente. Este carácter se ve acentuado por tres factores, el primero vendría a ser el hecho de que existe una relativa división de poderes; el segundo que el Parlamento está perdiendo gradualmente su fuerza soberana y por último que el poder ejecutivo está venciendo contra el legislativo.
5 Lorena Muñoz Fernández NIUB: 16121825 Derecho Tributario y Financiero –M1 En materia tributaria este hecho se ha visto acentuado en la subida de poder de la Administración tributaria en la creación de normas de carácter reglamentario.
Cuestión 3: ¿Qué naturaleza tiene la reserva de ley en materia tributaria? Para analizar la naturaleza de la reserva de ley en materia tributaria hemos de atender a la distinción que se establece entre reserva de ley absoluta y relativa. Por absoluta entendemos las materias que sólo pueden verse reguladas por ley y relativas por aquéllas que sólo una parte será regulada por ley, la de mayor relevancia, y lo demás podrá verse ordenado por reglamento.
Cuestión 4: En materia financiera y tributaria, podría explicar qué materias están reservadas a ley (reparto horizontal) y con qué alcance (reparto vertical).
En el reparto horizontal, intenta esclarecer que no todas las materias están reservadas a ley y por lo tanto emprender la búsqueda de las materias que sí han de ser reguladas por ley. La Carta Magna indica que materias si están reservadas a ley: los tributos, las prestaciones patrimoniales y personales de carácter público y las exenciones. Respecto a los tributos la Constitución dice que sólo podrán ser regulados y ex novo creados mediante ley. En las prestaciones patrimoniales o personales se ven reservadas a ley y las exenciones donde se dice que si una norma quiere alterar los efectos de una norma con rango de ley, deberá tener el mismo rango.
En el reparto vertical, se habla de que hay materias que dada su complejidad pueden contener elementos primarios y secundarios. Los primeros deberán verse regulados a través de ley pero los segundos podrán desarrollarse mediante reglamentos. Además el Tribunal Constitucional dictamina que “el alcance de la colaboración del reglamento estará en función de la diversa naturaleza de las figuras jurídico-tributarias y de los distintos elementos de las mismas”.
Cuestión 5: Las órdenes ministeriales son reglamentos generales. Considera que el Ministro de Hacienda tiene potestad reglamentaria. Necesita habilitación legal y reglamentaria.
La Orden Ministerial es entendida como una norma reglamentaria que surge del Consejo de ministros del Gobierno y se establece a nivel individual. Jerárquicamente, se sitúa por debajo del Real Decreto del Consejo de ministros. Así mismo, el ministro de 6 Lorena Muñoz Fernández NIUB: 16121825 Derecho Tributario y Financiero –M1 Hacienda según el artículo 7.1 de la LGT “En el ámbito de competencias del Estado, corresponde al Ministro de Hacienda dictar disposiciones de desarrollo en materia tributaria, que revestirán la forma de orden ministerial, cuando así lo disponga expresamente la ley o reglamento objeto de desarrollo. Dicha orden ministerial podrá desarrollar directamente una norma con rango de ley cuando así lo establezca expresamente la propia ley”. Con todo ello, se resuelve que el ministro de hacienda si está dotado de potestad reglamentaria en cuanto puede dictar nomas de régimen interno, disposiciones que desarrollen materia tributaria…es decir, le corresponde una potestad reglamentaria “doméstica”. Finalmente, éste necesita para realizar sus funciones de una habilitación legal por ley y reglamentaria.
Cuestión 6: Tiene el Ministro de Hacienda competencia de interpretación de las normas tributarias. Es dicha competencia una consecuencia de la potestad reglamentaria del Ministro en su caso.
La competencia que rige el Ministro de Hacienda se regula en el artículo 12.3 de la LGT “En el ámbito de las competencias del Estado, la facultad de dictar disposiciones interpretativas o aclaratorias de las leyes y demás normas en materia tributaria corresponde de forma exclusiva al Ministro de Hacienda.” Esta facultad consiste en la aclaración o correcta interpretación del significado de las leyes en materia de regulación de tributos. Esta competencia no está en ningún caso aparejada con la creación ex novo de tributos que ha de verse regulado por ley, artículo 133 de la Constitución. En suma, la potestad que adquiere el ministro es puramente la de dictar disposiciones en materia tributaria e imponer su criterio interpretativa tanto a la Administración Pública como a los demás órganos del Ministerio.
7 Lorena Muñoz Fernández NIUB: 16121825 Derecho Tributario y Financiero –M1 BLOQUE TEMÁTICO 3 COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA Y RESERVA DE LEY Cuestiones: Atendiendo a la STC 6/1983 de 4 de febrero y al Fundamento Jurídico número tres de la STC 185/1995 de 14 de diciembre, exprese cuál es la postura del Alto tribunal.
Cuestión 1: En primer lugar habría que establecer que se entiende por “principio de legalidad” regulado en el artículo 31.3 CE y visto a través de la jurisprudencia indicada catalogándolo dentro de la materia tributaria. Así tenemos el principio de legalidad tributaria encargado de “ordenar el establecimiento de tributos y prestaciones de carácter público mediante ley”2. En la STC 185/1995, el principio de legalidad se relaciona bajo la idea de que en materia de regulación y pago de tributos ha de garantizar que se cumpla con la prestación de carácter pública dada por el Ente en cuestión. En la STC 6/1983 aparece la razón de ser del principio de igualdad en el fundamento jurídico número cuatro, donde a través de lo que cita el art. 31.3 CE se ampara a determinar que la legalidad tributaria exige que las prestaciones actúen en conformidad con la ley. Además en el precepto número dos de los fundamentos jurídicos aparecen las exenciones o reducciones donde el principio de legalidad es de obligada aplicación y tiene notoria importancia ya que su establecimiento se hace mediante ley (art. 133.3 CE).
Referente a la reserva de ley (alcance material del principio de legalidad) se define como “garantía de la autoimposición preservando a los ciudadanos de imposiciones arbitrarias del poder político”. En la STC 185/1995, la reserva de ley actúa como el núcleo para que se produzca el pago, sin voluntad del sujeto, a la prestación impuesta por el ente público. La finalidad de ésta es velar porque el ente público cuente con la aceptación de sus representantes. En la STC 6/1983, se habla de que “la reserva de ley hay que entenderla referida a los criterios o principios con arreglo a los cuales se ha de regir la materia de tributación”.
2 ANDRÉS AUCEJO. E “Relaciones entre Reglamento-Ley en materia tributaria”, pp.113 y ss.
8 Lorena Muñoz Fernández NIUB: 16121825 Derecho Tributario y Financiero –M1 En el fundamento jurídico que tratamos, el Alto tribunal muestra las situaciones en que se produce la coacción del pago de la prestación. En todo caso, la intervención de un ente público como podría ser el Estado implica la obligación del cumplimiento de la obligación. En este punto el principio de legalidad debe ser respetado siempre que se produzca sobre una prestación de carácter público y el imperante de la reserva de ley asegure que esta sea aceptada por los representantes del ente en cuestión.
Cuestión 2: El Tribunal Constitucional justifica que las prestaciones patrimoniales de “carácter público” están sometidas a reserva de ley para garantizar su cumplimiento mediante la aceptación de los contribuyentes.
En conformidad con la STC 185/1995 de 14 de diciembre, en el punto tres de los fundamentos jurídicos, se plantea el hecho primordial de que impere en el principio de legalidad una reserva de ley que imponga el pago de una prestación patrimonial de carácter público. Primordialmente para entender la postura que opta dicho tribunal se ha de esclarecer que para que las prestaciones estén sometidas al principio de reserva de ley han de presentar las circunstancias de coactividad, esencialidad o exclusividad. Si no fuese así se hablaría de regulación de precios públicos no tributarios y por tanto su regulación no se haría a través de ley así como tampoco estarían bajo el imperativo de reserva de ley. De esta forma, una de las notas por la que podemos valorar que se trata de una prestación patrimonial pública es porque ésta deriva de la obligación dada por un poder o ente público sin que exista la voluntad del contribuyente prevaleciendo el principio de coercitividad, es decir, las situaciones de coactividad definidas en el precepto serian el núcleo para afirmar que se trata de éste tipo de prestaciones así como también de que la finalidad sea de interés público.
Los criterios para determinar que estamos ante una prestación de carácter público o privado se encuentran en la STC 185/1995 de 14 de diciembre. En la primera se hace referencia a que “la coactividad es la nota distintiva fundamental del concepto de prestación patrimonial de carácter público” y en suma, la prestación es impuesta por un ente público. En el segundo supuesto, el carácter privado hace referencia al impuesto que nace de “forma libre y espontánea por el sujeto obligado”.
En consonancia con la STC 6/1983 de 4 de diciembre se está tratando una prestación de carácter público ya que ésta emana de un ente público como es el Estado. Por 9 Lorena Muñoz Fernández NIUB: 16121825 Derecho Tributario y Financiero –M1 consiguiente, se propone como una medida coercitiva donde el contribuyente, en este caso los dos sujetos que realizan el recurso de inconstitucionalidad, se ven obligados a su cumplimiento aunque no exista previa voluntad a disfrutarla.
Después de haber leído la STC 6/1983, así como el fundamento jurídico número 5 de la Sentencia 185/1995, conteste también a las siguientes preguntas: Cuestión 3: El precepto cinco de los fundamentos jurídicos “que la reserva de ley en materia tributaria exige que «la creación ex novo de un tributo y la determinación de los elementos esenciales o configuradores del mismo», debe llevarse a cabo mediante una ley”, es decir, los elementos que la ley debe regular en materia tributaria son básicamente los que hacen referencia al contenido esencial tales como: el hecho imponible que se origina por el deber de pagar un tributo; los sujetos pasivos que hace referencia a las personas públicas o privadas que deben pagar por último tenemos, la base imponible y la cuota. Además, tal como dice el artículo 133.1 de la Constitución la creación ex novo del tributo debe ir regulada por ley.
De acuerdo con la STC 185/1995 no sólo las tasas, las contribuciones especiales y los impuestos deben estar regulados por ley sino que entran en juego las prestaciones patrimoniales o personales, artículo 31.3 CE, como por ejemplo los precios públicos y las sanciones o multas en materia tributaria. En este punto hay que decir que todas las obligaciones formales, relacionadas con los tributos, habrán de ser obligatoriamente reguladas por ley. Así mismo, también encontramos las exenciones, plasmadas en el artículo 133.3 como “beneficio fiscal”, que tendrán que estar reguladas por ley debido a que sólo modificará los efectos de otra norma si tienen el mimo nivel jerárquico.
Cuestión 4: A partir de conocer las materias que deben estar reguladas mediante ley, se busca establecer en las que también el reglamento colabora. En conformidad con la STC 185/1995, el Tribunal Constitucional tiene una apreciación mucho más flexible a la hora de dejar paso a la intervención del reglamento en cuestiones reguladas explícitamente por ley tales como tasas, prestaciones patrimoniales, etc. En la sentencia el tribunal declara que “El alcance de la colaboración del reglamento estará en función de la diversa naturaleza de las figuras jurídico-tributarias y de los distintos elementos de las mismas”, es decir, el Tribunal Constitucional admite más tolerancia en función del carácter de las figuras jurídico-tributarias y de sus elementos. Así mismo, el reglamento 10 Lorena Muñoz Fernández NIUB: 16121825 Derecho Tributario y Financiero –M1 puede actuar siempre y cuando se trate de una reserva de ley relativa y no absoluta y cuando su intervención sea necesaria para cumplimiento de la prestación tal como dice la sentencia “sea indispensable por motivos técnicos o para optimizar el cumplimiento de las finalidades propuestas por la Constitución o por la propia ley […] se produzca en términos de subordinación o complementariedad”. La cuestión, reservada a ley, en que el reglamento interviene más es en las tasas. Referente a los elementos que he nombrado con anterioridad hacen referencia al hecho imponible, la base imponible y al tipo de gravamen. La base imponible de la prestación acepta la colaboración del reglamento debido a que en numerosas ocasiones requiere de una mayor ayuda técnica como es el ejemplo de los tributos locales.
Finalmente, decir que para que una materia propia de los tributos pueda verse regulada a través de reglamento cuando presenta una gran complejidad para ser entendida y por lo tanto hay que esclarecer, en la medida de lo posible, dicha norma regulado por ley.
Cuestión 5: Sentencia 37/1981 de 16 de noviembre (fundamento jurídico número 4) sobre la creación de tasas, deriva necesariamente de la que también tiene para crear instituciones y organizar servicios públicos, y debe ser ejercida conforme a la Constitución y a las leyes, y la Constitución (artículos 31.3 y 133.2) Sentencia 233/1999 de 16 de diciembre (fundamento jurídico 19) creación de un tributo o de sus elementos esenciales, que es la reserva de ley que nuestra Constitución regula en los arts. 31.3 y 133 11 Lorena Muñoz Fernández NIUB: 16121825 Derecho Tributario y Financiero –M1 CONCLUSIÓN: Referente al trabajo realizado decir en primer lugar que he sabido distribuir mi tiempo para realizarlo. He estado cinco días haciendo el trabajo poco a poco, consultando legislación, monografías y manuales tanto el de Ferreiro como el de Pérez Royo.
También he consultado esquemas del Tirant online y desde la facultad he mirado sentencias de Aranzadi. En total habré dedicado 2 horas cada tarde más o menos (quizás más). Solo decir que me lo he tomado con calma, sin prisas por acabar y sintetizando los contenidos.
Respecto a las cuestiones que se planteaban he notado una fuerte dificultad en la primera del bloque 1 y en las del tercer bloque por la complejidad en entender las sentencias. No son difíciles pero he de confesar que no estoy muy familiarizada con la jurisprudencia. No obstante, me ha gustado realizar el trabajo y me ha ayudado a entrar más en materia y a saber más del tema de los principios, la reserva de ley, el principio de legalidad y la relación entre ley y reglamento.
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