Introducción a los Procedimientos Tributarios (0)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Procedimientos y Sistemas Tributarios
Año del apunte 0
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Fecha de subida 05/06/2014
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BLOQUE II. PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS TEMA 3. REGLAS GENERALES DE LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS La LGT tiene V títulos: - TTÍTULO I Disposiciones generales del OJ tributario - TÍTULO II Los tributos, ordenación general, elementos, - TÍTULO III Aplicación de los tributos, que se realiza a través de procedimientos administrativos - TÍTULO IV Potestad sancionadora, dentro del cual está el procedimiento sancionador, que no se constituye como un procedimiento de aplicación de los tributos, pues la sanción no es un tributo - TÍTULO V Revisión en vía administrativa, ya que el Derecho tributario puede ser considerada como una rama del Derecho Administrativo, el cual será entonces Derecho supletorio para todas las cuestiones que no estén reguladas en la LGT en materia de procedimientos. Una característica es que dentro de los procedimientos la APT puede realizar actos administrativos, y existe un procedimiento general de revisión de dichos actos administrativos. Incluso como una manifestación de la autotutela administrativa, la APT puede revisar sus propios actos, y si un ciudadano desea impugnar un acto administrativo, no puede acudir directamente a los TJ, sino que previamente ha de utilizar la vía prevista de revisión administrativa ante órganos de la AP. Esta revisión también se aplica en materia tributaria: cuando la APT emana un acto administrativo tributario, cuando el obligado tributario quiera impugnarlo, deberá hacerlo primero por vía administrativa. Esta impugnación ante la administración se realizará mediante los procedimientos en revisión en vía administrativa. Estos procedimientos están ligados con la aplicación de los tributos, pero en sí mismos no aplican los tributos, su finalidad es en realidad revisar el acto administrativo y tributario.
APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS En este TÍTULO están los siguientes CAPÍTULOS: 1. Principios generales 2. Normas comunes de actuaciones y procedimientos tributarios 3. Actuaciones y procedimiento de gestión tributaria 4. Actuaciones y procedimiento de inspección 5. Actuaciones y procedimiento de recaudación Por consiguiente, los tres grandes procedimientos en materia de aplicación de los tributos son los procedimientos de gestión, inspección y recaudación.
Aunque digamos que en la aplicación de los tributos se utilizan procedimientos administrativos, también es cierto que existen muchas actuaciones de los particulares que son necesarias en la aplicación de los tributos. En algunas ocasiones, la aplicación de los tributos, solo necesita la actuación de los particulares y se aplicarán los tributos simplemente mediante actuaciones de éstos.
En la aplicación de los tributos podemos distinguir entre actuaciones de particulares y actuaciones de la AP.
 ACTUACIONES DE LOS PARTICULARES MATERIALES Y FORMALES Las actuaciones materiales son el cumplimiento de una obligación material, de pago, tributaria; para ello habrá actuaciones formales que complementan las materiales, son accesorias a éstas. En otras ocasiones hay conductas meramente formales: los obligados tributarios deben realizar conductas sin necesidad de un pago (ej. obligación de llevar la contabilidad).
Otras obligaciones formales son la obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones, deberes de información de los notarios o entidades financieras, entre otros. Las autoliquidaciones son la forma más habitual hoy en día de aplicación de los tributos según la cual el obligado tributario ha de cuantificar su obligación tributaria y ha de realizar el ingreso de la cuota correspondiente, que es el resultado de la autoliquidación.
 ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN Y ASISTENCIA En la aplicación de los tributos la APT tiene, por un lado, obligaciones de información relevantes, es decir, deberes de suministrar información a los obligados tributarios, de prestar asistencia, entre otros.
Tradicionalmente, en la aplicación de los tributos, el papel de la Administración era esencial, y el sistema tradicional consistía en: si un obligado tributario realiza un HI lo ha de comunicar a la AP presentando una declaración, tras la cual se ha de cuantificar la deuda tributaria (liquidación), y esta liquidación estaba realizada por la APT. Una vez liquidada la obligación tributaria debía realizarse el pago.
HI  DECLARACIÓN (OT)  LIQUIDACIÓN (APT)  PAGO (OT) Hoy en día aparece el sistema de la autoliquidación, es decir, cuando un obligado tributario realiza un HI, tiene posteriormente una obligación de autoliquidar, y dentro de esta obligación se comprende la obligación de liquidar y la de pagar. Por tanto la APT ya no tiene tareas que sí tenía antes.
Para cuantificar una obligación tributaria se distinguen dos tipos de operaciones, en primer lugar la operación de calificación jurídica (aplicación de norma: exenciones, requisitos, etc.). A veces el incumplimiento de la obligación tributaria viene por falta de calificación jurídica, cuando por ejemplo el contribuyente pensaba que no debía pagar un tributo porque no ha realizado correctamente la calificación jurídica --> responsabilidad. Por tanto no hay solo un desplazamiento de las tareas de la AT al contribuyente, sino que además el OT tendrá la responsabilidad de la calificación jurídica (correcta interpretación, conocimiento y aplicación de la norma), responsabilidad que no tendría si la AT realizara la calificación y liquidación.
Ante esta situación, el legislador establece que el OT tiene que conocer la norma tributaria, pero se les ayuda a cumplir sus tareas: deber de información y asistencia de la administración.
Para lo relativo al deber de información y asistencia, están las publicaciones de la normativa tributaria, las comunicaciones de los actos administrativos, y en concreto hay dos cosas relevantes: las consultas tributarias escritas (obligación específica que consiste en que la AT está obligada a responder toda consulta planteada por los obligados tributarios en cuanto al régimen fiscal o a la obligación tributaria de unos determinados hechos: la respuesta de la AT la vincula a ella misma).
Puede haber muchas operaciones cuyo valor sea relevante a efectos de aplicación de los tributos pero que sean difíciles de valorar.
¡! Colaboración social en la aplicación de los tributos: la AT está obligada a una información y asistencia hacia los obligados tributarios, pero ahora dentro de esas actuaciones se contempla que hay obligados tributarios que también han de prestar información y colaborar con la AT. Dentro de esta colaboración social se establece que la AT puede suscribir convenios con distintas entidades que colaboren en la aplicación de los tributes: ej. con Colegios profesionales, Sindicatos, etc., porque estas asociaciones pueden suministrar a los asociados información para que les sirva de ayuda para cumplir obligaciones tributarias. Esta colaboración es voluntaria.
Otro deber de información según el cual existen entidades y personas que están obligadas a suministrar datos a la AT y este suministro de datos no es voluntario, hay una obligación jurídica, se puede existir y si no lo cumple hay una sanción. Todas las entidades públicas están obligadas a dar información, incluso los jueces y tribunales.
¡! Carácter reservado de los datos: la AT solo puede utilizarlos con la finalidad de aplicación de tributos. En algunos lugares, la información de las AT se publican (ej. países nórdicos) porque hay situación de transparencia.
PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS Los procedimientos de gestión que tienen como finalidad la liquidación tributaria. Cuando en el Derecho tributario hablamos de liquidación, esta significa exactamente cuantificación de la deuda tributaria.
El procedimiento de inspección es una forma de control que trata de verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias y el descubrimiento de hechos no declarados por los obligados tributarios.
El procedimiento de recaudación tiene como finalidad el ingreso de las deudas tributarias (el pago es un acto de recaudación).
Como hemos visto, los procedimientos de gestión tienen como finalidad la liquidación tributaria (cuantificación de la deuda tributaria). Tradicionalmente, los obligados tributarios declaraban y la APT liquidaba, y ahora son los obligados los que hacen ambas tareas (autoliquidación) además de ingresar.
 GESTIÓN  AUTOLIQUIDACIÓN Además de esta gestión tributaria, también hay un procedimiento de inspección, que tiene la finalidad de controlar si efectivamente los obligados tributarios han cumplido. Por tanto, la inspección no controla a la APT, porque ésta se auto-controla.
 INSPECCIÓN  DESCUBRIMIENTO DE HECHOS NO DECLARADOS Al incorporarse el nuevo procedimiento, la autoliquidación, las tareas de liquidación que realizaba exclusivamente la APT las realizan en su mayor parte los obligados tributarios. En cuanto a la organización de la APT, la organización de las agencias tributarias y de la APT que ejerce las funciones de Hacienda Pública, tenían órganos destinados a funciones de gestión tributaria y órganos distintos dedicados a la inspección. En el seno de la AT hay órganos de gestión y órganos de inspección. Pero como las funciones de autoliquidación se han transferido a los obligados tributarios, ¿qué ocurre con los órganos de gestión? Paralelamente se ha producido que los órganos de gestión, actualmente, no realizan liquidaciones tributarias pero sí comprueban si las declaraciones realizadas por los obligados tributarios son formalmente correctas. Para ello no investigan si hay cosas no declaradas, no realizan esa función fuera del ámbito de lo declarado por los obligados tributarios, pero sí examinan las declaraciones en sí.
Han surgido así las nuevas funciones de comprobación, funciones que realizan los órganos de gestión de la APT sobre las declaraciones de los obligados tributarios. Esta comprobación se refiere a la corrección formal y material de lo presentado, pero sin ir más allá, sin intentar descubrir cosas no declaradas. ¡! Los órganos de inspección también realizan funciones de comprobación pero de distinta naturaleza, son funciones inspectoras encaminadas al descubrimiento.
La gestión tributaria tiene por tanto como finalidad llegar a una liquidación, y dentro de los procedimientos de gestión encontramos funciones y procedimientos de comprobación.
Se distinguen los procedimientos de gestión, inspección y recaudación por su finalidad, pero hay que tener en cuenta que en la práctica pueden superponerse y entrelazarse. En el tiempo no es necesario que se inicie y termine el procedimiento de gestión para iniciar el de inspección, y así sucesivamente.
Ejemplo: dentro del procedimiento de gestión y autoliquidación está la fase del ingreso, que se corresponde con el procedimiento de recaudación. Posteriormente puede haber una inspección, que puede terminar descubriendo que falta algo por declarar y pagar, y por tanto acabará la inspección en una liquidación (acto propio de la gestión tributaria aunque en realidad como el propio inspector puede recaudar, comprobar e incluso liquidar, la liquidación se realiza dentro del procedimiento de inspección tributaria, aunque sigue siendo una finalidad propia de la gestión) y finalmente se va a cobrar (recaudación).
Ejemplo: el procedimiento de gestión no se produce mediante una única declaración o autoliquidación, como los pagos a cuenta: los obligados tributarios en el IRPF que realicen AAEE están obligados a realizar pagos fraccionados.
NORMAS COMUNES SOBRE ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS Artículo 97 Regulación de las actuaciones y procedimientos tributarios Las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos se regularán: a) Por las normas especiales establecidas en este título y la normativa reglamentaria dictada en su desarrollo, así como por las normas procedimentales recogidas en otras leyes tributarias y en su normativa reglamentaria de desarrollo.
b) Supletoriamente, por las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos.
Artículo 98 Iniciación de los procedimientos tributarios 1. Las actuaciones y procedimientos tributarios podrán iniciarse de oficio o a instancia del obligado tributario, mediante autoliquidación, declaración, comunicación, solicitud o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria.
2. Los documentos de iniciación de las actuaciones y procedimientos tributarios deberán incluir, en todo caso, el nombre y apellidos o razón social y el número de identificación fiscal del obligado tributario y, en su caso, de la persona que lo represente.
3. La Administración tributaria podrá aprobar modelos y sistemas normalizados de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria para los casos en que se produzca la tramitación masiva de las actuaciones y procedimientos tributarios. La Administración tributaria pondrá a disposición de los obligados tributarios los modelos mencionados en las condiciones que señale la normativa tributaria.
4. En el ámbito de competencias del Estado, el Ministro de Hacienda podrá determinar los supuestos y condiciones en los que los obligados tributarios deberán presentar por medios telemáticos sus declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones, solicitudes y cualquier otro documento con trascendencia tributaria.
Artículo 99 Desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios 1. En el desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios, la Administración facilitará en todo momento a los obligados tributarios el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, en los términos previstos en los apartados siguientes.
2. Los obligados tributarios pueden rehusar la presentación de los documentos que no resulten exigibles por la normativa tributaria y de aquellos que hayan sido previamente presentados por ellos mismos y que se encuentren en poder de la Administración tributaria actuante. Se podrá, en todo caso, requerir al interesado la ratificación de datos específicos propios o de terceros, previamente aportados.
3. Los obligados tributarios tienen derecho a que se les expida certificación de las autoliquidaciones, declaraciones y comunicaciones que hayan presentado o de extremos concretos contenidos en las mismas.
4. El obligado que sea parte en una actuación o procedimiento tributario podrá obtener a su costa copia de los documentos que figuren en el expediente, salvo que afecten a intereses de terceros o a la intimidad de otras personas o que así lo disponga la normativa vigente. Las copias se facilitarán en el trámite de audiencia o, en defecto de éste, en el de alegaciones posterior a la propuesta de resolución.
5. El acceso a los registros y documentos que formen parte de un expediente concluido a la fecha de la solicitud y que obren en los archivos administrativos únicamente podrá ser solicitado por el obligado tributario que haya sido parte en el procedimiento tributario, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 95 de esta ley.
6. Para la práctica de la prueba en los procedimientos tributarios no será necesaria la apertura de un período específico ni la comunicación previa de las actuaciones a los interesados.
7. Las actuaciones de la Administración tributaria en los procedimientos de aplicación de los tributos se documentarán en comunicaciones, diligencias, informes y otros documentos previstos en la normativa específica de cada procedimiento.
Las comunicaciones son los documentos a través de los cuales la Administración notifica al obligado tributario el inicio del procedimiento u otros hechos o circunstancias relativos al mismo o efectúa los requerimientos que sean necesarios a cualquier persona o entidad. Las comunicaciones podrán incorporarse al contenido de las diligencias que se extiendan.
Las diligencias son los documentos públicos que se extienden para hacer constar hechos, así como las manifestaciones del obligado tributario o persona con la que se entiendan las actuaciones. Las diligencias no podrán contener propuestas de liquidaciones tributarias.
Los órganos de la Administración tributaria emitirán, de oficio o a petición de terceros, los informes que sean preceptivos conforme al ordenamiento jurídico, los que soliciten otros órganos y servicios de las Administraciones públicas o los poderes legislativo y judicial, en los términos previstos por las leyes, y los que resulten necesarios para la aplicación de los tributos.
8. En los procedimientos tributarios se podrá prescindir del trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución cuando se suscriban actas con acuerdo o cuando en las normas reguladoras del procedimiento esté previsto un trámite de alegaciones posterior a dicha propuesta.
En este último caso, el expediente se pondrá de manifiesto en el trámite de alegaciones.
El trámite de alegaciones no podrá tener una duración inferior a 10 días ni superior a 15.
Artículo 100 Terminación de los procedimientos tributarios 1. Pondrá fin a los procedimientos tributarios la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se fundamente la solicitud, la imposibilidad material de continuarlos por causas sobrevenidas, la caducidad, el cumplimiento de la obligación que hubiera sido objeto de requerimiento o cualquier otra causa prevista en el ordenamiento tributario.
2. Tendrá la consideración de resolución la contestación efectuada de forma automatizada por la Administración tributaria en aquellos procedimientos en que esté prevista esta forma de terminación.
Artículo 103 Obligación de resolver 1. La Administración tributaria está obligada a resolver expresamente todas las cuestiones que se planteen en los procedimientos de aplicación de los tributos, así como a notificar dicha resolución expresa.
2. No existirá obligación de resolver expresamente en los procedimientos relativos al ejercicio de derechos que sólo deban ser objeto de comunicación por el obligado tributario y en los que se produzca la caducidad, la pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento, la renuncia o el desistimiento de los interesados.
No obstante, cuando el interesado solicite expresamente que la Administración tributaria declare que se ha producido alguna de las referidas circunstancias, ésta quedará obligada a contestar a su petición.
3. Los actos de liquidación, los de comprobación de valor, los que impongan una obligación, los que denieguen un beneficio fiscal o la suspensión de la ejecución de actos de aplicación de los tributos, así como cuantos otros se dispongan en la normativa vigente, serán motivados con referencia sucinta a los hechos y fundamentos de derecho.
Artículo 104 Plazos de resolución y efectos de la falta de resolución expresa 1. El plazo máximo en que debe notificarse la resolución será el fijado por la normativa reguladora del correspondiente procedimiento, sin que pueda exceder de seis meses, salvo que esté establecido por una norma con rango de ley o venga previsto en la normativa comunitaria europea.
Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen plazo máximo, éste será de seis meses.
El plazo se contará: a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha de notificación del acuerdo de inicio.
b) En los procedimientos iniciados a instancia del interesado, desde la fecha en que el documento haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.
Queda excluido de lo dispuesto en este apartado el procedimiento de apremio, cuyas actuaciones podrán extenderse hasta el plazo de prescripción del derecho de cobro.
2. A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente acreditar que se ha realizado un intento de notificación que contenga el texto íntegro de la resolución.
Los períodos de interrupción justificada que se especifiquen reglamentariamente y las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración tributaria no se incluirán en el cómputo del plazo de resolución.
3. En los procedimientos iniciados a instancia de parte, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa producirá los efectos que establezca su normativa reguladora. A estos efectos, en todo procedimiento de aplicación de los tributos se deberá regular expresamente el régimen de actos presuntos que le corresponda.
En defecto de dicha regulación, los interesados podrán entender estimadas sus solicitudes por silencio administrativo, salvo las formuladas en los procedimientos de ejercicio del derecho de petición a que se refiere el artículo 29 de la Constitución y en los de impugnación de actos y disposiciones, en los que el silencio tendrá efecto desestimatorio.
Cuando se produzca la paralización del procedimiento por causa imputable al obligado tributario, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, podrá declarar la caducidad del mismo.
4. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya notificado resolución expresa producirá los efectos previstos en la normativa reguladora de cada procedimiento de aplicación de los tributos.
En ausencia de regulación expresa, se producirán los siguientes efectos: a) Si se trata de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, los obligados tributarios podrán entender desestimados por silencio administrativo los posibles efectos favorables derivados del procedimiento.
b) En los procedimientos susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen se producirá la caducidad del procedimiento.
5. Producida la caducidad, ésta será declarada, de oficio o a instancia del interesado, ordenándose el archivo de las actuaciones.
Dicha caducidad no producirá, por sí sola, la prescripción de los derechos de la Administración tributaria, pero las actuaciones realizadas en los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción ni se considerarán requerimientos administrativos a los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 27 de esta ley.
Las actuaciones realizadas en el curso de un procedimiento caducado, así como los documentos y otros elementos de prueba obtenidos en dicho procedimiento, conservarán su validez y eficacia a efectos probatorios en otros procedimientos iniciados o que puedan iniciarse con posterioridad en relación con el mismo u otro obligado tributario.
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