TEMA 8 - El Acto Administrativo: Validez, Eficacia y Ejecución (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Instituciones Básicas del Derecho Administrativo
Año del apunte 2014
Páginas 15
Fecha de subida 31/03/2015
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Instituciones Básicas del Derecho Administrativo TEMA 8 – El acto administrativo: Validez, Eficacia y Ejecución TEMA 8 - EL ACTO ADMINISTRATIVO: Validez, Eficacia y Ejecución La validez eficacia y ejecución son 3 aspectos del acto administrativo que se ordenan de este modo porque son producto de una secuencia lógica. La validez es el fundamento de la eficacia y la eficacia es el fundamento de la ejecución. Esta ordenación nos pone de manifiesto una secuencia que se refiere a los momentos del acto administrativo que van des del Derecho hasta el hecho.
→ La validez es una cualidad del acto administrativo alusiva a su conformidad a Derecho.
→ Mientras que la ejecución se refiere a convertir lo dispuesto por el Derecho en un hecho.
En resumen, la ejecución es convertir la decisión en que consiste el acto administrativo en una realidad. De modo que ésta ordenación hace referencia a la secuencia que sigue todo acto administrativo para llegar a ser una realidad fáctica, que va des de la conformidad con el Derecho hasta una consecuencia real.
No debemos olvidar que estamos hablando del acto administrativo, esa forma de la que se sirve la Administración Pública para dar a conocer sus decisiones. El contenido del acto administrativo está en función del ejercicio del poder y se convierte realidad a través de la ejecución.
El acto administrativo es una forma que es extraordinariamente importante ya que gracias a ella el ejercicio del poder puede ser controlado. La forma a través de la cual se hace posible la garantía de los derechos e intereses de los ciudadanos es la tutela efectiva.
El acto administrativo puede tener muchos contenidos diferentes: Derechos u obligaciones.
1.
LA VALIDEZ: Cuando pensamos en “lo valido” nos referimos a aquello que se ajusta a algo que consideramos una regla. La validez siempre tiene que tener un parámetro; siempre se examina en comparación con una norma. Lo que es válido lo es porque se ajusta a aquello que consideramos que son las normas que rigen la validez.
Cuando hablamos de la validez del acto administrativo nos referimos a si se ajusta a las reglas que le son aplicables porque le vienen impuestas por el Derecho. Hablamos, pues, de la legalidad del acto administrativo. Esto es así porque el principio de legalidad, descrito en el artículo 103.1 de la CE, determina que la Administración Pública actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Es decir, el sometimiento a la Ley es condición imprescindible de toda actuación de la Administración. Ese requisito imprescindible, en virtud del cual toda la actuación de la 1   Instituciones Básicas del Derecho Administrativo TEMA 8 – El acto administrativo: Validez, Eficacia y Ejecución Administración Pública se ajusta a la ley y al Derecho, es la validez; la legalidad. Los actos administrativos tienen que respetar este principio para existir y para producir efectos.
Ahora bien, aquí se plantea un problema práctico porque en el plano del Derecho se pueden establecer reglas (derecho positivo) que no por imponerlas se conviertan necesariamente en hechos.
Las leyes del Derecho forman parte del mundo social, son leyes de necesidad. La sociedad con sus intereses y sus libertades pueden incumplirlas. En resumen, no siempre se va a cumplir que la Administración Pública actúe conforme a las leyes y al Derecho; la Administración como toda persona incurre en ilegalidad.
En esta situación hay un problema muy importante porque el infractor es la Administración Pública, un sujeto que tiene poder y ese poder le permite convertir en hecho un acto administrativo ilegal. Esa condición deja una huella con relación a la validez que se proyecta sobre la eficacia.
La Administración Pública no necesita consentimiento para actuar, para hacer surgir en el ámbito del Derecho una obligación porque es titular de un poder habilitado por el Derecho. Por este motivo, sólo otro poder (un tribunal) puede decir que lo decidido por la Administración no es ajustado a Derecho. El principio de división de poderes tiene como raíz última que un poder sólo puede ser controlado por otro poder. El poder judicial es el único que puede declarar que el acto de la Administración Pública, que ella considera que es válido, no lo es. La consecuencia es que si no hay una sentencia judicial que declare la invalidez o ilegalidad del acto administrativo ese acto administrativo por el sólo poder de la Administración, aunque ilegal, produce los efectos que le son propios.
Los tribunales no pueden revisar de oficio los actos administrativos porque podría haber peligro de una dictadura judicial. El ciudadano lesionado o perjudicado tiene que reaccionar frente la acción de la Administración Pública. En el plano práctico los actos de la Administración son legales hasta que un tribunal diga lo contrario. Si un tribunal no declara la ilegalidad del acto, entonces, el acto seguirá desplegando sus efectos jurídicos.
LA PRESUNCIÓN DE VALIDEZ: Es una regla que salva un problema dogmático y tiene unas consecuencias prácticas muy poderosas: ¿Cómo es posible que actos administrativos inválidos surtan efecto si la Administración Pública siempre actúa con pleno sometimiento a la Ley? Dado que el acto administrativo se presume legal ese acto puede seguir desplegando efectos, no obstante, ser ilegal. La presunción de validez es una conexión directa entre la validez y la ejecución.
2   Instituciones Básicas del Derecho Administrativo TEMA 8 – El acto administrativo: Validez, Eficacia y Ejecución En un mundo perfecto podríamos interpretar que como toda la actividad de la Administración debe ser conforme a la ley, para que una norma dictada por esta pudiese producir efectos, primero un juez o un Tribunal debe declarar que es conforme a Derecho. La Administración Pública actuaría entonces como los particulares y nos encontraríamos en un mundo caótico. Para evitarlo la CE determina, junto al principio de legalidad, el principio de eficacia de modo que los actos de la Administración Pública producen efectos hasta que un juez, en su caso, decida que no es legal. Se presume que el acto es válido hasta que un juez declare lo contrario (presunción iuris tantum). La presunción iuris tantum de validez (art. 57.1 Ley 30/92) tiene dos consecuencias prácticas: • Como regla general encontramos la eficacia jurídica inmediata del acto administrativo (art. 57.2 Ley 30/92): Precisamente porque se presume que el acto administrativo es válido, produce efectos jurídicos de manera inmediata des del momento de su producción y notificación. No es necesario el consentimiento del particular para que el acto administrativo surja efectos; la obligación surge por la sola voluntad de la Administración Pública.
• Carga de accionar: La carga de accionar es la que recae sobre el sujeto que pretende recurrir, del dañado. El recurrir o no recurrir está entregado a la libertad del interesado. Precisamente porque se presume válido el acto administrativo aquel que recibe el acto administrativo y crea que no es válido, tiene que alzarse contra dicho acto. En esta situación, la Administración Pública está en la posición procesal más cómoda; lo único que tiene que hacer es esperar a si el ciudadano recurre o no recurre.
→ La diferencia entre la carga y la obligación: La carga es dispositiva en cambio la obligación no depende de la voluntad.
CONSECUENCIAS DE LA INVALIDEZ: Toda ilegalidad debe ser castigada. Si no fuese así, no podríamos hablar de ilegalidad ni podríamos decir que la regla del sometimiento es una regla jurídica eficaz. Si la CE impone que la Administración Pública tenga que actuar con sometimiento a la ley y al Derecho tiene que haber un castigo que sancione las desviaciones. Ese castigo lo sufre el acto. El castigo no lo reciben las personas sino que lo recibe el acto. Ese castigo está relacionado con la gravedad de la ilegalidad. Cuanto más grave es la ilegalidad mayor importancia ha de tener el castigo, debe ser proporcional a la acción. Si se rompe esa proporción pueden crearse incentivos perversos.
Una de las ideas que nos permite entender la invalidez de los actos administrativos, es el principio de conservación de los actos. El Derecho Administrativo no quiere siempre eliminar sus actos. El acto administrativo es un acto de un poder jurídico, además al servicio del interés general, por lo 3   Instituciones Básicas del Derecho Administrativo TEMA 8 – El acto administrativo: Validez, Eficacia y Ejecución tanto, es comprensible que presumamos la validez del acto administrativo porque es la decisión de un poder del Estado y por ello podemos presumir que la ilicitud es algo extraordinario.
Efectivamente pero existen 3 castigos que van desde el más grave hasta el más leve: è NULIDAD DE PLENO DERECHO (art. 62 Ley 30/92): Es la sanción más importante y es la sanción que merece el acto administrativo que incurre en una ilegalidad singularmente grave y en contextos muy excepcionales. Por lo tanto, deber ser una ilegalidad extraordinaria y además es interpretada restrictivamente por el principio de seguridad jurídica y el principio de conservación de los actos. La nulidad absoluta o de pleno Derecho se caracteriza en general por: → Carácter automático e inmediato de la invalidez, la cual se produce sin necesidad de impugnación judicial, cuya sentencia tiene, en cualquier caso, naturaleza declarativa.
→ Sus efectos erga omnes, de tal forma que es susceptible de ser alegada por cualquiera y que, por su carácter de orden público, puede ser apreciada por los jueces de oficio.
→ Su insubsanabilidad, ya que la nulidad no se extingue por prescripción, ni puede sanarse por convalidación mediante actos posteriores.
El art. 62 de la Ley 30/92 enumera los supuestos donde el acto administrativo debe ser considerado nulo de pleno Derecho y sólo en estos supuestos: • Los actos son nulos de pleno derecho porque lesionan bienes jurídicos de primera importancia: -­‐ Actos que lesionen los derechos y libertades susceptibles a amparo constitucional (Sección I, Capítulo II, Título I de la Constitución).
-­‐ Actos que sean constitutivos de infracción penal o que se dicten como consecuencia de ésta: Esos actos son nulos, como la prevaricación.
• Actos que infringen gravemente la legislación administrativa relevante para la producción del acto administrativo correspondiente: -­‐ Actos dictados por órganos escandalosamente incompetentes por razón de materia o territorio.
-­‐ Actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.
-­‐ Actos dictados prescindiendo total y absolutamente de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
En el funcionamiento de los órganos colegiados hay reglas de quorum, reglas de formación de la voluntad que se tienen que respetar.
• Actos por infracción grave de las normas administrativas para la adquisición de derechos: 4   Instituciones Básicas del Derecho Administrativo -­‐ TEMA 8 – El acto administrativo: Validez, Eficacia y Ejecución Actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. (Ej: Conceder el carné de conducir a un niño de 7 años).
• Actos irracionales: -­‐ Actos que tengan un contenido imposible (Ej: Licencia de urbanismo que te permite construir en la luna) • Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal (en la Ley).
La interpretación de la nulidad de pleno derecho se puede realizar en función de la gravedad de la ilegalidad por: Bienes jurídicos lesionados: Derechos y libertades.
Conductas merecedoras de un reproche penal: Infracción penal.
Infracción grave de normas administrativas esenciales para constituir adecuadamente el propio acto administrativo: Incompetencia del órgano, procedimiento y formación de la voluntad.
Infracción grave de las normas administrativas esenciales para la adquisición de derechos o facultades.
Irracionalidad del propio acto: Contenido imposible.
La interpretación de las condiciones de nulidad es de interpretación y aplicación restrictiva por las consecuencias jurídicas que provoca: o No se permite la convalidación: El acto que sufre el vicio de ilegalidad que da lugar a la nulidad de pleno Derecho es un vicio que no puede ser sanado.
o Imprescriptibilidad de la acción: Siempre está abierta la posibilidad de recurrir contra el acto nulo de pleno Derecho. Si queremos evitar que el acto ilegal continúe produciendo efectos lo que debemos hacer es recurrir y siempre hay un plazo para hacerlo. En el caso de los actos nulos de pleno Derecho ese plazo puede reabrirse siempre a través de la revisión de oficio.
o Ineficacia del acto nulo de pleno Derecho: El acto nulo de pleno Derecho en teoría no debería producir efectos. Para evitar que produzca efectos procede la suspensión del acto. El juez deberá suspender la eficacia del acto administrativo cuando considere que ese acto tenga apariencia de ser nulo de pleno Derecho. Es una suspensión cautelar.
5   Instituciones Básicas del Derecho Administrativo TEMA 8 – El acto administrativo: Validez, Eficacia y Ejecución è ANULABILIDAD (o nulidad relativa). Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación del poder (art. 63.1 Ley 30/92).
La desviación de poder es el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico.
Como la delimitación ha de llevarse a cabo en negativo, cualquier acto que realice la Administración Pública no regulado en el art. 62 Ley 30/92y constituya una infracción podrá ser anulable.
→ Salvo que la infracción esté sancionada con la nulidad de pleno derecho (regulada art. 62 Ley 30/92) o → Que la infracción no sea objeto de sanción o castigo (irregularidad no invalidante).
Reglas especiales de la anulabilidad: No se dará lugar a un castigo salvo que se cumplan las condiciones de: • Defecto de forma (art. 63.2 Ley 30/92).
• Defecto de tiempo (art. 63.3 Ley 30/92).
• Desviación de poder (art. 70.2 LJCA).
Consecuencias jurídicas de la anulabilidad: Ø Convalidación: La Administración puede convalidar los actos anulables, subsanando los vicios que adolezcan (art. 67.1 Ley 30/92). La ilegalidad que da lugar a una anulación puede ser sanada. El acto administrativo ilegal puede ser convalidado. Lo que no sucede en ningún caso respecto del vicio de nulidad de pleno derecho.
Ø Prescriptibilidad de la acción. El recurso contra el acto administrativo anulable está sometido a plazo, como sucede con todos los recursos. La diferencia es que si el recurso se dirige contra un acto anulable, si vence ese plazo sin haberse presentado el recurso, ese acto deviene inatacable, no puede ser atacado nunca más, y al no poder ser atacado nunca más se produce un fenómeno de sanación, de convalidación tras haber pasado el plazo. En cambio, si el vicio fuere tan grave que fuese merecedor de la nulidad de pleno derecho si trascurre el plazo y no se ha recurrido, hay un mecanismo jurídico (revisión de oficio) a través del cual se puede recurrir.
Ø Eficacia. No es motivo de la suspensión de la eficacia. Los actos administrativos producen efectos jurídicos desde el momento de su producción. Sólo se podrá interponer la suspensión de la eficacia por medio de las medidas cautelares o en virtud de una sentencia judicial. Que el acto tenga un vicio susceptible de anulabilidad no suspende la suspensión de la eficacia del acto.
6   Instituciones Básicas del Derecho Administrativo TEMA 8 – El acto administrativo: Validez, Eficacia y Ejecución è IRREGULARIDADES NO INVALIDANTES: Son unas ilegalidades menores que por no producir la extinción del acto administrativo se considera que son como una mera irregularidad. No hace desaparecer el acto administrativo, sino que el acto se conserva por el principio de seguridad jurídica. No invalidan el acto administrativo ni imponen castigo (empeño legislación administrativa en conservar los actos, la invalidez sólo será en supuestos realmente importantes).
En esta situación es preferible conservar un mal acto que provocar el caos buscando la justicia.
Precisamente por este motivo se pueden conservar actos administrativos ilegales o injustos.
Los actos administrativos se intenta conservarlos incluso a riesgo de que sean injustos porqué la búsqueda de la justicia puede perjudicar a los demás. Son dos en nuestro ordenamiento los supuestos principales: -­‐ El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados (art. 63.2 Ley 30/92). A sensu contrario, cualquier otro defecto de forma no determinará la anulación.
-­‐ El defecto de tiempo sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. Sólo cuando sea esencial el cumplimento del plazo el defecto de tiempo podría dar lugar a la invalidez del acto administrativo además de si se cumplen los requisitos del artículo 63 de la Ley 30/92.
La regla es que el defecto de forma o de tiempo no daría lugar a la invalidez del acto administrativo excepto en los casos mencionados en los art. 63.2 y 63.3 de la Ley 30/92.
Las reglas restrictivas de la invalidez son reglas dirigidas a reducir aún más los casos de invalidez de los actos administrativos.
• Incomunicación interna del vicio (art. 64.2 Ley 30/92). Dentro del mismo procedimiento la nulidad de un acto administrativo no se extiende a otros que no guarden con este una relación de dependencia/causalidad. Si un acto administrativo ha sido anulado no tiene porqué extenderse a otros dentro o fuera (incomunicación externa) del mismo procedimiento.
• Incomunicación externa (art. 64.1 Ley 30/92).
• Como consecuencia: Conservación de actos y trámites (art. 66 Ley 30/92).
• Conversión de actos viciados (art. 65 Ley 30/92).
• Convalidación (art. 67 Ley 30/92).
7   Instituciones Básicas del Derecho Administrativo 2.
TEMA 8 – El acto administrativo: Validez, Eficacia y Ejecución LA EFICACIA: Los actos administrativos, como expresión primaria de la actividad de la Administración Pública, están dotados de fuerza jurídica singular. Dicha fuerza no tiene su origen en ninguna característica intrínseca de los actos, en sí mismos considerados: Son consecuencia de los privilegios posicionales que ostenta la Administración como organización integrante de los poderes públicos.
Se tiende a confundir eficacia y ejecución del acto administrativo. Se mueven en mundos distintos; el mundo del derecho (eficacia) y el mundo de los hechos (ejecución). El acto administrativo es la consecuencia o resultado del ejercicio del poder jurídico que da lugar a un acto jurídico que produce eficacia jurídica sobre la esfera jurídica de los ciudadanos imponiendo obligaciones jurídicas y reconociendo derechos jurídicos de los ciudadanos.
La eficacia es cuando el acto administrativo entra en contacto con el sujeto. En este punto, el Acto jurídico incide e incorpora a la esfera jurídica del sujeto (ciudadano) derechos o bien obligaciones.
Pero una cosa es lo que podemos apreciar en el mundo del derecho y otra la que se aprecia en el mundo de los hechos. El ciudadano que en el mundo del Derecho un acto eficaz le ha impuesto unas obligaciones o reconocido unos derechos que integran su esfera jurídica debe convertirlas en hechos. Para hacerlo debe ejecutarlos. En el caso de la conversión del Derecho subjetivo en un hecho la ejecución se llama ejercicio; en el caso de la obligación se llama cumplimiento.
Eficacia material o de hecho: • Voluntaria: cumplimiento • Involuntaria o forzosa.
El poder de la Administración Pública no se circunscribe sólo al ámbito del Derecho, también se extiende al mundo de los hechos. La autotutela declarativa (mundo de derecho) se confunde con el poder y las consecuencias del poder, como la Administración es titular de poder realiza un acto administrativo que produce los efectos jurídicos en la esfera jurídica de los ciudadanos. Los 8   Instituciones Básicas del Derecho Administrativo TEMA 8 – El acto administrativo: Validez, Eficacia y Ejecución actos administrativos poseen la eficacia inherente al poder de autotutela declarativa que ostenta la Administración. Tales actos constituyen pues, declaraciones o decisiones capaces de modificar o extinguir por sí mismas situaciones jurídicas subjetivas de sus destinatarios, sin contar para ello con el concurso de los órganos judiciales y con independencia del consentimiento o colaboración del sujeto destinatario de aquéllas.
La autotutela ejecutiva (mundo de los hechos) es el poder que tiene la administración de ejecutar forzosamente el acto administrativo y convertir la eficacia jurídica en hecho, hacer que la obligación impuesta se convierta en realidad.
FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA EFICACIA: Ø Validez: art. 103.1 CE: La Administración actúa con sometimiento pleno a la Ley. La Ley como fundamento de la actividad y, por lo tanto, de sus efectos, por parte de la Administración Pública.
La ley es la que atribuye a la Administración el poder que le permite crear derechos e imponer obligaciones a los ciudadanos. Precisamente porque la Administración Pública está sometida a la Ley y al Derecho, la Ley es consciente de que la única manera que tiene la Administración de servir a los intereses generales es habilitarle poder que le permita producir efectos jurídicos en la esfera jurídica de los ciudadanos. Sin poder la Administración no puede cumplir la función que le asigna la CE. Por eso, la ley rodea a la Administración Pública y el ejercicio de poder de garantías para evitar que el ejercicio del poder sea arbitrario. El poder lleva incluido la esclavitud de soportar unas restricciones para garantizar a los afectados por ese poder una serie de garantías.
La fuente de la eficacia de los actos administrativos está en la ley, es decir, los actos del poder que son los actos administrativos producen efectos jurídicos porque son expresión de un poder habilitado por la ley; es la ley la que quiere que la Administración Pública adopte decisiones y que esas decisiones produzcan efectos jurídicos. La Fuente, por lo tanto, del poder, de la eficacia del acto administrativo es la Ley. Por eso es un requisito la legalidad, la validez.
Ø La actividad de la Administración debe ser válida pero puede ser inválida. Por esa razón, control de la Administración y cualquier actividad puede ser impugnada.
Ø Si para ser eficaz la actividad de la Administración debe ser válida ¿Cómo salvar la distancia entre el debe ser y el ser? El acto jurídico producido por ese poder jurídico de la Administración Pública que le atribuye una norma jurídica tiene efectos jurídicos en la esfera jurídica de los ciudadanos porque se presume que es legal (presunción de validez). El acto administrativo es producto de un poder del Estado y se presume que lo decidido por ese poder del Estado es legal/válido.
9   Instituciones Básicas del Derecho Administrativo TEMA 8 – El acto administrativo: Validez, Eficacia y Ejecución CARACTERÍSTICAS DE LA EFICACIA: Los actos administrativos producen efectos jurídicos por la sola voluntad de la administración: unilateralidad. Son los efectos jurídicos de un poder de la Administración Pública y ese poder se impone sin necesidad de recabar el consentimiento del ciudadano, las obligaciones no nacen de un contrato (como en el Derecho Civil) sino que surgen desde el mismo momento que la Administración Pública comunica la obligación impuesta. Los efectos jurídicos se producen por la sola voluntad de la Administración.
Los efectos jurídicos se producen sobre la esfera jurídica de los destinatarios: Derechos o Intereses.
Los efectos jurídicos de los actos administrativos sobre la esfera jurídica pueden ser: • Constitutivos à La Administración Pública puede crear derechos subjetivos u obligaciones que se integran en la esfera jurídica del ciudadano.
• Modificadores à Los actos administrativos pueden modificar los derechos u obligaciones de la esfera jurídica del ciudadano.
• Extintivos à Los actos administrativos pueden exitinguir o hacer desaparecer los derechos u obligaciones integradas en la esfera jurídica de los ciudadanos.
Tales efectos jurídicos pueden ser, desde la perspectiva del destinatario: • Favorables à Aumenta esfera jurídica (reconoce o crea un derecho).
• Desfavorables (o de gravamen) à Impone una obligación, reduce esfera jurídica.
EL TIEMPO DE LA EFICACIA: La cuestión de cuándo comienza a producir efectos jurídicos el acto administrativo es esencial porque se añade a la posibilidad de ejercer el derecho o se asocia el comienzo del plazo para el cumplimiento de la obligación y se fija el momento a partir del cual el ciudadano puede interponer recursos para proteger sus derechos. Normalmente el acto produce efectos jurídicos hacia adelante; hacia el futuro. Ahora bien hay excepciones: la eficacia retroactiva que es posible fundamentalmente cuando de ella se deduzcan efectos favorables para el interesado.
• Eficacia “pro-futuro”: Es la regla general. Puede ser: → Inmediata: El acto administrativo produce efectos desde la fecha en que se dicte (art.
57.1 Ley 30/92) hacia el futuro.
→ Demorada: Porqué está condicionada a cierto hecho (art. 57.2 Ley 30/92). Es lo más frecuente.
-­‐ Lo exige el contenido del acto.
10   Instituciones Básicas del Derecho Administrativo -­‐ TEMA 8 – El acto administrativo: Validez, Eficacia y Ejecución Está supeditada a la notificación, publicación o aprobación del acto. (Cuando el ciudadano tenga conocimiento de que se aplicará el acto).
• Eficacia “pro-pasado”: Eficacia retroactiva: Es la excepción.
Sólo se aplica en los supuestos previstos en el art. 57.3 de la Ley 30/92. Es posible la eficacia retroactiva cuando: → Sean actos dictados en sustitución de actos anulados y → Cuando produzcan efectos favorables al interesado.
Siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotaiga la eficacia del acto y esta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.
NOTIFICACIÓN DEL ACTO: Se notificarán a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses (art. 58.1 Ley 30/92).
Plazo: “Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado” Contenido: • • • Texto íntegro de la resolución.
Indicación de si es o no definitiva en vía administrativa.
Recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.
Práctica (art. 59 Ley 30/92).
PUBLICACIÓN: Se utiliza cuando el acto tenga por destinatario una pluralidad indeterminada de personas o cuando la Administración estime que la notificación es insuficiente para garantizar la notificación a todos los interesados, siendo, en este último caso, adicional a la notificación (art. 59.6 Ley 30/92).
O cuando se trata de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo (art. 59.6 Ley 30/92).
SUSPENSIÓN DE LA EFICACIA: La fuerza de obligar de los actos administrativos, así como la potestad de la Administración de ejecutarlos, puede experimentar interrupciones transitorias, que se conocen genéricamente con el nombre de suspensión. Este carácter tendencialmente transitorio o temporal es lo que distingue la suspensión de la extinción definitiva del acto, aunque es perfectamente posible que la situación de suspensión se prolongue, de hecho, hasta el momento mismo en que el acto se extingue.
11   Instituciones Básicas del Derecho Administrativo TEMA 8 – El acto administrativo: Validez, Eficacia y Ejecución Los efectos jurídicos se producen a partir del momento en que el sujeto es consciente del contenido del acto (normalmente el acto comienza a producir efectos a partir de la notificación del acto). Si el acto administrativo produce efectos jurídicos de manera inmediata tenemos un problema práctico: ¿Qué sucede si el acto es ilegal? El problema se da cuando no sólo es ilegal sino que además provoca unos daños que son irreparables. Por esto surge la suspensión de la eficacia.
Nuestro sistema normativo no prevé una potestad genérica de la Administración que le habilite para suspender la eficacia de sus propios actos. Considerada como una excepción al principio de eficacia inmediata y permanente, la suspensión sólo se autoriza en una serie de supuestos singulares, que pueden clasificarse en base a dos finalidades: Ø La suspensión se concibe como una medida cautelar en caso de recurso, tendente a asegurar la integridad del objeto litigioso, que puede adoptarse en todo tipo de procedimientos de revisión de la legalidad de un acto administrativo. Por esta razón la suspensión de la eficacia conlleva la suspensión de la ejecución.
Ø La suspensión es una técnica que trata de asegurar en los conflictos que enfrentan a Administraciones territoriales entre sí, la prevalencia del interés defendido por el ente de nivel superior frente al de nivel inferior.
Regla general: No se da la suspensión como consecuencia de la interposición de recurso (art. 111 Ley 30/92). No por interponer el recurso se suspende la eficacia del acto administrativo, se tiene que solicitar expresamente la suspensión de los efectos de la ejecución al iniciar el procedimiento.
La ejecución no es más que llevar los derechos a hechos. La ley regula la suspensión de la eficacia.
El acto administrativo no produce efectos una vez se acuerde la suspensión.
Supuestos en que procede pedir la suspensión (art. 111.2 Ley 30/92).
• Cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
• Y cuando la impugnación se basa en algunas de las causas de nulidad de pleno derecho.
La suspensión deberá ser considerada o apreciada (art. 111.2 Ley 30/92) por el Tribunal contencioso administrativo o la misma administración después de llevar a cabo una ponderación razonada entre: A.
El perjuicio que causaría la suspensión al interés público o a terceros (INTERÉS PÚBLICO de cumplir la obligación y ejecutar el acto administrativo) y B.
La que causaría la suspensión al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto (INTERÉS PRIVADO).
12   Instituciones Básicas del Derecho Administrativo 3.
TEMA 8 – El acto administrativo: Validez, Eficacia y Ejecución LA EJECUCIÓN FORZOSA: Uno de los rasgos característicos de la eficacia de los actos administrativos, como entes vimos, es el de poder hacerse efectivos a través de la potestad de autotutela ejecutiva de que la Administración está dotada. Dichos actos, primariamente, han de ser cumplidos de modo voluntario por sus destinatarios; pero, cuando esto no sucede, la Administración debe hallarse en condiciones de llevar a la práctica su contenido, venciendo la resistencia de sus destinatarios. Así pues, la temática de la ejecución se ciñe a los supuestos de ejecución forzosa de los actos.
A través de la ejecución, los efectos jurídicos de los actos administrativos se convierten en palpables, en reales. El poder de la Administración Pública no se limita a producir el acto administrativo si no que se extiende hasta la ejecución del mismo. El poder no es sólo decidir si no también ejecutar lo decidido en caso de incumplimiento.
EJECUCIÓN FORZOSA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS: Actuación de la Administración Pública con la finalidad de realizar materialmente el contenido de un previo acto administrativo impositivo de una obligación incumplida por su destinatario venciendo su resistencia. La Administración Pública puede forzar la realización material del contenido del acto administrativo. Supone que la Administración Pública disfruta de un poder que ningún ciudadano tiene pero tampoco otras Administraciones de otros sistemas jurídicos. Ninguno de nosotros tenemos el poder que nos permite forzar incluso ejerciendo violencia física que un deudor nos pague la deuda contraída.
La autotutela de la Administración Pública le permite declarar o producir el acto administrativo, pero también le permite ejecutarlo forzosamente en el caso que se produzca el incumplimiento de la obligación de los ciudadanos que se incluya en la esfera jurídica del mismo.
REQUISITOS DE LA EJECUCIÓN FORZOSA: 1.
Existencia de un título jurídico de la ejecución del acto administrativo previo (art. 93 Ley 30/92). Tiene que haber un acto administrativo previo ya que la ejecución forzosa es sobre un acto administrativo.
2.
Acto administrativo impositivo de una obligación de hacer o de no hacer. No sirve cualquier acto administrativo. Un acto administrativo que reconoce derechos no es susceptible de ejecución forzosa à si no se ejerce bien el derecho, se pierde el derecho, no se obliga por parte de la Administración Pública a hacerlo correctamente. En cambio, si el acto administrativo es impositivo de una obligación y esta se incumple puede entrar la ejecución forzosa por parte de la Administrativo.
13   Instituciones Básicas del Derecho Administrativo 3.
TEMA 8 – El acto administrativo: Validez, Eficacia y Ejecución Incumplimiento de la obligación por el destinatario del acto. El ciudadano ha tenido la oportunidad de cumplir el acto administrativo, de cumplir la obligación pero la ha incumplido, lo que desencadena la ejecución forzosa.
4.
Aparcibimiento previo al obligado (art. 95 Ley 30/92). Antes de que la Administración Pública pase a la acción debe dar una última oportunidad al ciudadano, un último apercibimiento o amenaza.
PRINCIPIOS DE EJECUCIÓN FORZOSA: Ø Proporcionalidad (art. 96.1 Ley 30/92). La proporcionalidad quiere decir que entre el medio elegido entre la fuerza física o coerción puesta en acción por la Administración Pública y la obligación incumplida tiene que haber una proporción. Tiene que haber una relación que permita afirmar que el medio elegido no va más allá de lo necesario.
Ø Favor libertatis (art. 96.2 Ley 30/92). Quiere decir que ese poder de ejecución forzosa en manos de la Administración Pública ha de interpretarse y aplicarse de la manera que resulte más beneficiosa para el ciudadano, no es un poder que la Administración pueda interpretar y aplicar de manera generosa; ante la duda se tiene que ir a favor de la libertad. No es un poder ampliable, ni flexible porque estamos hablando de un poder de coacción.
Ø Interdicción de la entrada en domicilio sin consentimiento o sin autorización judicial (art.
96.3 Ley 30/92). Está prohibida la entrada en el domicilio. La Administración Pública no puede ejecutar un acto que suponga la entrada en domicilio salvo que cuente con el consentimiento o la autorización judicial.
MEDIOS DE EJECUCIÓN FORZOSA: 1.
Apremio sobre el patrimonio (art. 97 Ley 30/92).
→ Acto ejecutable à Acto administrativo impositivo de una obligación de pago de cantidad líquida. Es el más usual.
→ Procedimiento à Cuando se incumple esa obligación de pago la Administración Pública podrá acudir a este medio de ejecución forzosa que consiste en el embargo y la posterior subasta del patrimonio del sujeto para sufragar la cantidad de la obligación más los intereses y cualquier otro gasto que se hayan producido.
2.
Ejecución subsidiaria (art. 98 Ley 30/92).
→ Acto ejecutable à Acto administrativo de una obligación no personalísima de hacer. Es decir, puede ser cumplida por cualquier otra persona.
→ Procedimiento à Ejecución del acto por la Administración (por si o sirviéndose de un tercero) a costa del obligado que deberá satisfacer todos los gastos, daños y perjuicios, incluso de manera anticipada (liquidación provisional).
3.
Multa coercitiva (art. 99 Ley 30/92).
14   Instituciones Básicas del Derecho Administrativo TEMA 8 – El acto administrativo: Validez, Eficacia y Ejecución → Acto ejecutable à Acto administrativo impositivo de una obligación personalísima de hacer o no hacer, cuya ejecución forzosa no puede llevarse a cabo o no sea conveniente por la vía de la compulsión sobre las personas.
Las multas no tienen carácter sancionador; compatibilidad con las sanciones. No hay contravención prohibición de la doble sanción (art. 99.2 Ley 30/92).
→ Procedimiento à Se requiere habilitación legal expresa. Las multas se van reiterando a través del tiempo hasta que se cumpla el acto.
Las multas no son sancionadoras sino que son multas que pretenden obligar al sujeto a cumplir con la obligación. La acumulación de multas da lugar a una obligación de pago que puede ser ejecutada forzosamente mediante el primer medio de ejecución forzosa.
La exacción de la multa se puede llevar por la vía del apremio sobre el patrimonio.
4.
Compulsión sobre las personas (art. 100 Ley 30/92).
→ Acto ejecutable à Acto administrativo impositivo de una obligación personalísima de no hacer o soportar cuya ejecución forzosa pueda llevarse a cabo, por expresa autorización legal, por la vía de la compulsión.
→ Procedimiento à Habilitación legal expresa. Ejercicio de la fuerza sobre la persona del obligado.
Se proyecta sobre la libertad de las personas. Es un poder extremo, es el poder que actúa sobre la libertad de las personas porque se va a obligar a alguien a hacer algo que no quiere hacer llegando a poder ejecutar violencia física. El caso más relevante es el del ocupante de la vía pública (ilegalmente) à Manifestaciones y acampan en la calle; otro caso sería la realización de una manifestación ilegal. La Administración Pública puede lanzar a todos los ocupantes ilegales del dominio público sin orden judicial previa.
Ejercicio de la violencia física à Proporcional + Ley previa La única manera de coaccionar a alguien es o a través del patrimonio o mediante la restricción de la libertad.
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