El ingreso en la empresa (0)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Derecho del Trabajo y la Seguridad Social
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Fecha de subida 05/06/2014
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TEMA 14. EL INGRESO EN LA EMPRESA I.
LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR COMO TRABAJADOR Para determinar la aptitud exigible para realizar actos jurídicos válidos y eficaces del OJ tiene en cuenta fundamentalmente el que se haya cumplido una determinada edad (en que se supone que la persona adquiere la madurez necesaria para entender las consecuencias que se derivan de sus actos). El art. 7 del ET establece que podrán contratar la prestación de trabajo: - Quienes tengan plena capacidad de obrar conforme a lo dispuesto en el CCivil - Los menores de 18 y mayores de 16 años, que vivan de forma independiente, con consentimiento de sus padres o tutores, o con autorización de la persona o institución que lo tenga a su cargo. Si el representante legal de una persona de capacidad limitada la autoriza expresa/tácitamente para realizar un trabajo, queda ésta también autorizada para ejercitar los derechos y cumplir los derechos que se deriven de su contrato y para su cesación - Los extranjeros, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación específica sobre la materia  EDAD Puede haber, por un lado, una capacidad plena para celebrar el contrato de trabajo como trabajador y, por otro lado, una capacidad limitada.
· Respecto a la capacidad para celebrar el contrato de trabajo como trabajador, la plena capacidad para poder realizar esto, de conformidad con el art. 7.a) del ET, se reconoce a quienes tengan plena capacidad de obrar conforme a lo dispuesto en el CCivil, remitiéndose a las normas del mismo para su determinación. De este modo, la capacidad de obrar plena se obtiene con la mayoría de edad. Por lo tanto, la mayoría de edad supone la plena capacidad de obrar salvo la existencia de una declaración judicial de incapacitación.
De igual modo, gozan de esta capacidad los emancipados por el matrimonio, por concesión de quienes ejerzan la patria potestad y por concesión judicial, exigiéndose en estos dos últimos supuestos que el menor tenga + 16 años. En cuanto a la emancipación por matrimonio, cabe que éste pueda celebrarse mediante dispensa judicial a partir de los 14 años. En lo relativo a esto, un sector de la doctrina lo considera como un supuesto de emancipación que permite la válida celebración de un contrato de trabajo, argumentando que el art. 7.1 ET resulta modificado por los preceptos del CCivil. Por el contrario, para otros, no se alcanza la verdadera capacidad para celebrar un contrato de trabajo hasta que no se haya cumplido los 16 años, siendo insuficiente el simple acto del matrimonio para que la emancipación surta efectos en la esfera laboral, al considerar el art. 6.1 ET una norma de derecho necesario absoluto, por pertenecer al orden público laboral.
Asimismo, tienen capacidad plena los + 18 años y + 16 que vivan de forma independiente con consentimiento de sus padres o tutores. Dicho consentimiento podrá ser tanto expreso como tácito, de tal manera que la vida económica independiente hace suponer tal consentimiento.
El ET permite que dicho consentimiento sea prestado tanto por padres como por tutores, a diferencia del CCivil, en el que se hace referencia exclusiva a los padres.
· Respecto a la capacidad limitada, se encuentran con esta capacidad los + 16 años y -18 años no emancipados formalmente o de hecho, necesitando para la celebración del contrato la previa autorización de sus representantes legales. Esta autorización permite celebrar el contrato al propio menor de manera válida y eficaz y, consecuentemente, es al menor a quien corresponde ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del mismo, así como para la cesación. El art. 7.b) del ET señala quiénes podrán otorgar dicha autorización, haciendo referencia concreta a la persona o institución que les tengan a su cargo. Así, pues, solo quien ostente la patria potestad (padres), en su defecto, el tutor o, en su caso, la institución que lo tuviere a su cargo. En lo relativo a la forma de autorización, el ET hace referencia a que la misma puede concederse tanto de forma expresa como tácita. El contrato celebrado por un -18 y +16 sin la debida autorización es anulable.
 INCAPACITACIÓN JUDICIAL La mayoría de edad supone la plena capacidad de obrar, salvo la existencia de declaración judicial de incapacitación. Nadie puede ser declarado incapaz sino por ST judicial, y en virtud de causas establecidas en la Ley. Estas causas, de conformidad con lo que dispone el CCivil, son las enfermedades, deficiencias persistentes –de carácter físico o psíquico-, que impidan a una persona gobernarse por sí mismo.
En todo caso, la ST que declara dicha incapacitación determinará la extensión y límites de ésta, así como el régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado y deberá anotarse o inscribirse en el Registro Civil.
Dependiendo del grado de incapacidad, se utilizará para la defensa del mismo la tutela o curatela. Cuando la capacidad de autogobierno sea mínima, estará sometido a tutela y quedará representado por el tutor para actos y negocios jurídicos de la esfera personal y patrimonial, pudiendo realizar por sí solo los que la ST de incapacitación le permita. Cuando el incapacitado quede sometido a curatela, requerirá la asistencia del curador únicamente para la realización de actos y negocios jurídicos que se señalen de forma expresa en la ST de incapacitación.
II.
EL TRABAJO DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA: EXTRANJEROS EXTRACOMUNITARIOS Y TRABAJADORES DE LA UNIÓN EUROPEA  EL TRABAJO DE EXTRANJEROS NO COMUNITARIOS El art. 7.c) del ET recoge la posibilidad de que los extranjeros puedan contratar la prestación de su trabajo de acuerdo con lo dispuesto en la legislación específica sobre la materia. La normativa a la que hace referencia – que ha sufrido distintas modificaciones, que tenían como finalidad mejorar tanto los medios e instrumentos sancionadores previstos para luchar contra la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos, como la gestión mediante la simplificación de los trámites administrativos- el ET es la LO 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y su Reglamento de ejecución.
A través de esta normativa, y como regla general, se establece la necesidad de que un nacional de un país no comunitario que quiera realizar cualquier actividad lucrativa, laboral o profesional, obtenga, además de la correspondiente autorización para residir, una autorización administrativa para trabajar. En lo relativo al ejercicio del derecho del trabajo no existe, por lo tanto, equiparación entre españoles y extranjeros, y ello porque el art. 35 CE lo reconoce únicamente a los extranjeros.
 EL TRABAJADORES DE LA UNIÓN EUROPEA Los trabajadores de Estados miembros de la UE gozan del derecho de libre circulación en territorio español. Este derecho supone la imposibilidad de que cualquier ciudadano de la UE pueda ser objeto de discriminación en lo referente al empleo, la remuneración y demás condiciones de trabajo. La propia C Europea garantiza a todo ciudadano de la UE la libertad de buscar empleo, trabajar, establecerse o prestar servicios en cualquier Estado miembro.
Además, también comprende los siguientes derechos: - El derecho a aceptar libremente las ofertas de trabajo y desplazarse a estos efectos por el territorio comunitario - El derecho a residir en cualquiera de los Estados miembros para ejercer con plena libertad un empleo en las mismas condiciones que cualquier nacional - El derecho a poderse quedar tras haber desempeñado un empleo Los límites que se establecen a estos derechos vienen determinados por razones de orden público, seguridad y salud pública, y por el establecimiento de determinadas reservas de empleos públicos a los nacionales.
La aprobación de la directiva 2004/38/CEE ha sido transpuesta por el RD 240/2007, que viene a regular las condiciones para el ejercicio de los derechos de entrada b salida, libre circulación, estancia, residencia, residencia de carácter permanente y trabajo en España por parte de los ciudadanos de otros Estados miembros de la UE y de los restantes Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, así como las limitaciones por las razones de orden público, seguridad y salud pública.
III.
LA CAPACIDAD PARA TRABAJAR. LIMITACIONES Y PROHIBICIONES Esta capacidad ya no hace referencia a la capacidad de las personas para celebrar el contrato, sino la capacidad referente a la aptitud para cumplir con el objeto de la prestación. Así, es posible que una persona pueda contratar conforme al art. 7 del ET pero que carezca de la necesaria aptitud para realizar la prestación de trabajo > por ello, se hace necesaria dicha aptitud. Con ello, hay determinadas prohibiciones legales por razón de edad o nacionalidad que impiden a determinadas personas cumplir con la prestación de trabajo.
 EDAD: EL TRABAJO DE LOS MENORES La adopción de una edad mínima de acceso al empleo debe ser considerada como una medida fundamental y básica de protección de los menores, ya que con la misma se persigue evitar, por un lado, que el trabajo prematuro pueda perjudicar su salud y, por otro lado, que pueda resultar comprometida su instrucción, impidiéndole obtener una preparación necesaria para su posterior vida de adulta. En la elección de ese límite de edad influyen sensiblemente las circunstancias económicas, sociales y culturales de los países.
En nuestra legislación, el interés de proteger al menor ante las repercusiones negativas que el trabajo le puede ocasionar tendría su primera manifestación en 1873 con la denominada Ley Benot, que admitía la no admisión al trabajo en ninguna fábrica, taller, fundición o mina de los niños/as menores de 10 años.
Actualmente, la legislación española, acomodándose a las previsiones del Convenio número 138, e incluso mejorándolo en lo referente a la edad, en el art. 6.1 del ET prohíbe la admisión al trabajo de menores de 16 años (que coincide con la edad en que finaliza la enseñanza básica, ya que si fuera inferior la edad mínima de admisión al trabajo a la edad límite de enseñanza obligatorio, esto podría dar lugar al abandono escolar dada la posibilidad de acceder al trabajo).
De igual modo, la Ley 20/2007, por la que se regula el Estatuto del trabajo autónomo establece, en su art. 9, que los menores de 16 años no podrán ejecutar trabajo autónomo ni actividad profesional, ni siquiera para sus familiares. De esta forma, la prestación personal de servicios por menores de 16 resulta prohibida. No obstante, establece que en lo relativo a prestaciones de servicios en espectáculos públicos se estará a lo establecido en el art. 6.4 del ET. Por lo tanto, esta prestación de menores en espectáculos públicos se permite.
Es necesario destacar que existe una excepción a la prohibición: los menores de 16 años en espectáculos públicos. Solo es posible su autorización en casos excepcionales, autorización cuya concesión corresponde a la autoridad laboral, que deberá tener en cuenta para otorgarla el que no suponga un peligro para la salud física ni para la formación profesional ni humana del menor, siendo necesario que dicho permiso conste por escrito y para actos determinados.
De igual manera, cabe destacar que determinados trabajos resultan prohibidos a los menores de 18 años por la peligrosidad que entrañan los mismos. El ET prohíbe realizar aquellas actividades o puestos de trabajos que el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo y SS, y consultando previamente con las organizaciones sindicales más representativas, declare que son insalubres, penosos, nocivos o peligrosos, tanto para salud como para la formación humana y profesional.
Esto viene regulado en el Decreto de 26 de julio de 1957, que distingue entre prohibiciones absolutas (aquellas no sujetas a ningún tipo de condicionamiento) y prohibiciones relativas (la prohibición aparece condicionada a la existencia o no, por ejemplo, de dispositivos de seguridad).
Una prohibición es el trabajo nocturno, entendido el comprendido entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Como también se prohíben las horas extraordinarias. De igual modo, no podrán realizar más de 8 horas de trabajo efectivo, incluyendo, el tiempo dedicado a la formación. Este límite actúa como un tope máximo absoluto que no puede sobrepasarse.
Además, el descanso en jornada continuada debe ser de 30 minutos cuando la jornada supera las 4 horas y media, y el descanso semanal de 2 días ininterrumpidos, debiendo ser el domingo uno de los días de disfrute.
 SEXO. NO DISCRIMINACIÓN El principio de igualdad reconocido en el art. 14 CE impide cualquier discriminación, directa o indirecta, por razón de sexto. Del mismo modo, el art. 35 CE reproduce, en el ámbito laboral, la misma prohibición de discriminación, reiterándose nuevamente en distintos preceptos del ET.
De igual manera, las medidas en ordena a la igualdad y eliminación de cualquier forma de discriminación encuentran su máxima expresión en la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de las mujeres y hombres. Esta normativa tiene como objetivo combatir todas las manifestaciones que aún subsisten de discriminación por razón de sexo, ya sea directa o indirectamente, y promover la igualdad entre mujeres y hombres, con remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla.
¡! Para facilitar la prueba de discriminación por razón de sexo, se prevé en la LRJS la denominada “inversión” de la carga de la prueba, en la que pesa sobre el empresario la prueba fehaciente de carácter objetivo y razonable de la medida adoptada, mientras que el trabajador solo deberá aprobar una prueba indiciaria de discriminación sufrida.
 OTRAS CAUSAS · Las exigencias de una titulación académica o profesional concreta para desempeñar un determinado puesto de trabajo también pueden afectar a la capacidad para trabajar · Incompatibilidades del sector público impide que determinadas personas, bajo ciertas circunstancias, puedan compatibilizar varios empleos en el sector público juntamente con el sector público o privado · Por razón de salud, se prohíbe la contratación para ciertas actividades especialmente peligrosas de quienes no hayan superado un reconocimiento médico previo a su contratación, requiriéndose asimismo para su mantenimiento en el puesto de trabajo superar los reconocimientos sucesivos · La aptitud legal para el ejercicio de un determinado cargo o profesión puede verse condicionada por la imposición de una pena de inhabilitación por la comisión de un delito ...