Tema 8 mercantil (2017)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Derecho Mercantil
Año del apunte 2017
Páginas 2
Fecha de subida 21/06/2017
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Tema 8: Soluciones extrajudiciales de la empresa.
Hay dos motivos que en España y fuera de España explican a falta de éxito de los procesos formales. El primero de ellos es el coste de un sistema concursal formal. Sin embargo, esto no es suficiente pues todavía la entrada de cumplimientos de sistema formales lleva consigo daño reputacional en el ámbito profesional, es decir, por una parte un juicio de desaprobación o mayor riesgo a que la gente piense que algo ha hecho mal y se cree la duda de por qué se originó esa deuda lo que dificulta la concesión de nueva financiación a crédito, y por otra parte, existen problemas serios institucionales pues aunque nuestros juzgados funcionan bien, contamos con pocos profesionales administrativos ya que tienen poca cualificación y que tienen que trabajar en malas condiciones. Ante esta disyuntiva, la Comisión Europea, en el 2014, saco la recomendación sobre las reestructuraciones formales para que los países fueran estableciendo el marco judicial… falta. Esta propuesta de directiva es una obligación de modificación de los países, pero España consciente de sus propios problemas, ya desde 2014 lo que hizo fue modernizar su sistema creando mecanismos de solución de la crisis en parte fuera de los jugados por lo que no deberá modificar mucho ahora. Los schemes of arriangement hacían que las empresas se fueran a Inglaterra a reestructurarse y para evitarlo, el legislador modificó nuestro sistema.
En España, los 3 grandes cambios en la materia son por motivos sociológicos.
El sistema de solución de la crisis de acuerdos extrajudiciales (AE): 1. AE de Pagos: si el deudor es pequeño o micropyme tiene un proceso especial regulado en los arts. 231 y ss LC.
2. Acuerdo de refinanciación (AR): para todos, pequeñas y grandes empresas. Una empresa pequeña podrá elegir qué tipo de acuerdo usar. Subclasificación: 2.1. AR no colectivo: son acuerdos de refinanciación regulados en el art. 71 bis LC que no requieren mayorías. Tienen las características del art. 71 bis LC. El art. 2 LC son acuerdo en los que se incrementa más el pasivo que el activo, es decir, acuerdos tan obviamente positivos para el deudor que no hay ningún problema en protegerlo, aunque no hay mayoría. Estos acuerdos no existen, pero es un instrumento y posibilidad de la ley.
2.2. AR colectivos: se vincula a los acreedores que participan y a los que no.
2.2.1. AR simple: art.71 Bis 1 LC se deberá proceder al menos a la ampliación significativa de crédito disponible…. Son acuerdos cuyo contenido implica una ampliación del crédito o refinancian la deuda permitiendo pagarse en un tiempo o se reduce la deuda o se refinancia y se reduce la deuda. Es el acuerdo extrajudicial estándar. Son acuerdos flexibles en los que el deudor decide a quien involucrar. Necesita una serie de mayorías 3/5 del pasivo total de la compañía y debe ampliar el crédito o aliviar el que ya existe, que lo va a hacer el auditor. Ese acuerdo está protegido y no puede ser rescindido posteriormente, así como todas las actuaciones hechas a raíz de este acuerdo. Esto es así porque los bancos no estaban dispuestos a proteger al deudor fuera del concurso ante el riesgo de que, si acababa en insolvencia, el acuerdo fuera rescindible ya que esto suponía un gran perjuicio patrimonial y en ocasiones, el juez subordinaba su crédito. No se vincula a nadie que firme el acuerdo. Esto es importante porque estos acuerdos no trascienden, son acuerdos entre el deudor y sus acreedores financieros. Los que restantes acreedores que no tienen conocimiento, como los proveedores, es necesario que no se enteren de la refinanciación pues es posible que dejen de dar crédito al deudor dejándole sin materia prima.
2.2.2. AR homologado: avengoa. Se regulan en la DA 4ª LC. Tiene dos efectos: 2.2.2.1. Protección frente a las rescisorias: para la cual las mayorías son bajas (51%).
2.2.2.2. Vinculación de los acreedores no participantes o disidentes. Son solo para los acreedores financieros, no afecta a los trabajadores, comerciales o acreedor público.
Tiene dos especialidades procesales: 1.2.2.1. Son acuerdos que requieren mayorías elevadas: dependen del tipo de acuerdo y a quien vinculan.
1.2.2.2. Son acuerdos que han de ser homologados judicialmente: se hacen fuera del juzgado, pero una vez que tienen han de llevarse al juez para que los confirme o los rechace, es decir, son acuerdos híbridos.
Ambos tipos pueden beneficiarse del art. 5 bis que es un parche que dice que el deudor insolvente tiene un plazo de 5 meses para pedir la declaración de insolvencia, por lo que todo deudor que tenga una situación de liquidez tiene que pedir concurso de acreedores y en 2009 todos estaban en esta situación. Lo que dice es que, si el deudor quiere negociar una solución con sus acreedores por estar en situación de dificultades para alcanzar un acuerdo, lo debe notificar al juzgado y desde ese momento tiene 3 meses para negociar con sus acreedores. Estos 3 meses son un periodo de protección porque implican dos consecuencias importantes: 1. Ningún acreedor podrá solicitar el concurso de acreedores.
2. Ningún acreedor va a poder ejecutar decisiones judiciales de pago de créditos o ejecutar garantías con la excepción de los créditos públicos que no están sometidos a esta paralización. ¿por qué es lamentable esta excepción? Porque en el momento de la constitución del art. 5 bis, la Hacienda Pública se aprovecha y ejerce las acciones pertinentes para que se paguen sus créditos.
6 meses es el plazo total para que el deudor llegue a un acuerdo con sus acreedores y evite un concurso, protegiendo así su activo.
Desde que terminan los 3 meses, hay otro mes para declarar concurso.
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