Tema 4 Derecho Penal (2016)

Resumen Español
Universidad Universidad de Alicante (UA)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Derecho Penal II
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 31/03/2016
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TEMA 4. AMENAZAS. COACCIONES. OTRAS FORMAS DE COACCIONES Y AMENAZAS: MATRIMONIO FORZADO Y ACOSO. DETENCIONES ILEGALES Y SECUESTROS Bajo el nombre de «DELITOS CONTRA LA LIBERTAD» se recogen en el TÍTULO VI del LIBRO II del Código penal.
La libertad a que se refiere la rúbrica del Título VI es la libertad de actuación en un sentido amplio, como un atributo de la capacidad que tiene una persona para decidir lo que quiere o no quiere hacer y para trasladarse de un lugar a otro o situarse por sí mismo en el espacio, sin que su decisión se vea constreñida o mediatizada por otras personas.
Dentro del Título VI la libertad es el bien jurídico protegido y, al mismo tiempo, el objeto inmediato de ataque, diferenciándose en esto de otros delitos que atacan también a la libertad.
I.
AMENAZAS En el Capítulo II del Título VI se tipifican las amenazas. Gramaticalmente la voz «amenaza» significa «dar a entender a otro con actos o palabras que se le quiere hacer algún mal». La amenaza en sentido jurídico-penal prácticamente coincide con el sentido gramatical de la expresión, pudiendo, por tanto, definirse simplemente como la exteriorización hecha por una persona a otra del propósito de causarle a ella, a su familia o persona allegada un mal, dependiendo luego del respectivo tipo delictivo la determinación de la naturaleza de dicho mal. Antes de estudiar los diversos tipos legales, veamos algunas cuestiones comunes a los mismos. Tipo objetivo La acción consiste en exteriorizar un propósito. Tal propósito ha de consistir en un mal, es decir, en la privación de un bien presente o futuro. El mal ha de ser en principio ilícito, delictivo o no. Sólo en las amenazas condicionales puede también el mal ser lícito. El sujeto activo ha de exteriorizar su propósito de un modo que haga creer al sujeto pasivo que es real, serio y persistente, independientemente de la forma que se use para su exteriorización. No es 133 preciso, sin embargo, que el sujeto activo piense realizar ese propó- sito realmente, basta con que aparentemente pueda considerarse como tal por parte del sujeto pasivo. Es necesario, por tanto, para la consumación que la amenaza llegue a conocimiento del amenazado (sujeto pasivo), aunque sea por vía indirecta, y que éste comprenda el sentido de la amenaza. De aquí se deduce que hay que tener en cuenta las circunstancias del hecho. La cuestión de la gravedad del mal y su adecuación para intimidar tiene que relacionarse con la persona del amenazado y con las circunstancias que lo rodean; pero no es preciso que la amenaza llegue a intimidar al amenazado, sino que basta con que objetivamente sea adecuada para ello. Expresiones como «te voy a matar», «cuando vayas por mi pueblo te voy a dar una paliza que vas a recordar el resto de tus días», etc., pueden ser más o menos intimidantes en función de las circunstancias y de la propia condición del que profiere las amenazas y del que las recibe. Desde luego, hay amenazas que, por muy graves que parezcan, objetivamente no despiertan ningún sentimiento de inseguridad, ni tienen capacidad para modificar las decisiones de una persona («perro que mucho ladra, poco muerde»). Esto es muy importante en las amenazas simples, no condicionales, ya que el bien jurídico protegido en este delito es, más que la libertad en la formación del acto voluntario, el sentimiento de seguridad o de tranquilidad, y no parece que una amenaza poco creíble o difícilmente realizable («cuando gane las elecciones voy a hacer que te detengan») tenga tanta eficacia como para perturbar el sentimiento de seguridad de nadie. Sin embargo, las amenazas de muerte empuñando armas de fuego o esgrimiendo un afilado cuchillo sí pueden considerarse suficientemente graves como para que, aunque no se imponga ninguna condición, se perturbe el sentimiento de seguridad. El mal puede recaer en el propio amenazado, en su familia o en otras personas con las que esté íntimamente ligado. Tipo subjetivo Es necesario el dolo, que en el caso de la amenaza condicional debe referirse también a la consecución de lo que el que amenaza solicita (una cantidad de dinero, la realización de una determinada actividad). En los casos de bromas pesadas y de falta de seriedad de 134 la amenaza, podrá aplicarse el delito leve contenido en el art. 171,7 (véase infra). Tentativa La doctrina dominante sostiene que las amenazas se consuman cuando llegan a conocimiento del amenazado. En algún caso cabe que la amenaza no llegue a conocimiento del amenazado sino de un tercero que la denuncia (así, por ejemplo, la carta amenazadora es interferida antes de que llegue a su destinatario), pudiendo apreciarse tentativa, aunque en la práctica, es el amenazado el que, una vez tenga noticia de la amenaza, decide hasta qué punto la expresión objetivamente amenazante puede tener intensidad suficiente como para perturbar su libertad o su sentimiento de seguridad. En la amenaza condicional se distingue según que el sujeto amenazado haya cumplido con la condición impuesta o no, es decir, según el culpable hubiera conseguido su propósito o no (art. 169,1º y 171,1); en el primer caso la pena es más grave que en el segundo, pero la consecución del propósito del culpable es una condición objetiva que agrava la punibilidad, y no el resultado consumativo.
Tipos legales A) AMENAZA DE UN MAL QUE CONSTITUYE DELITO El art. 169 recoge las amenazas de mal que constituyen delito, siempre que se trate de uno de los delitos que allí se enumeran (homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico). Hay que distinguir entre: 1. Amenaza condicional Art. 169,1º: «…si se hubiere hecho la amenaza exigiendo una cantidad o imponiendo cualquier otra condición, aunque no sea ilícita.» La condición que se exige al amenazado, hacer u omitir, puede ser lícita o ilícita, pero el mal que se amenaza causarle ha de ser en este supuesto siempre delito. Amenazar con injurias: decir, por ejemplo, que se va a hacer público un defecto o una actividad 135 deshonrosa si no se recibe una cantidad de dinero, constituye amenaza de mal delictivo. La realización del mal (delito) depende, por tanto, de que el amenazado cumpla la condición exigida o no. La pena varía según el culpable (sujeto activo) hubiera conseguido su propósito (prisión de uno a cinco años) o no (prisión de seis meses a tres años). Se impondrá de todos modos la pena en su mitad superior «si las amenazas se hicieren por escrito, por teléfono o por cualquier medio de comunicación o de reproducción, o en nombre de entidades o grupos reales o supuestos» (art. 169,1º, párrafo 2º). 2. Amenaza no condicional Se tipifica en el art.
169,2º. Se comete cuando se amenaza con un mal constitutivo de uno de los delitos enumerados en el art. 169, pero sin exigir condición alguna («te voy a matar»). La pena es de prisión de seis meses a dos años. 3. Amenaza con finalidad terrorista Según el art.
170,1, «si las amenazas de un mal que constituyere delito fuesen dirigidas a atemorizar a los habitantes de una población, grupo étnico, cultural o religioso, o colectivo social o profesional, o a cualquier otro grupo de personas, y tuvieran la gravedad necesaria para conseguirlo, se impondrán respectivamente las penas superiores en grado a las previstas en el artículo anterior». Este precepto se refiere a supuestos de amenazas a colectivos o grupos más o menos homogéneos, calificados por su pertenencia a un determinado pueblo, etnia, religión, etc., y la razón de la agravación de lo que normalmente constituye una amenaza no condicional («vamos a quemar a todos los negros, a los de este pueblo, o la sinagoga, o la mezquita, o la iglesia, etc.»), es que ello conlleva un propósito terrorista. El tipo objetivo requiere, sin embargo, que las amenazas tengan «la gravedad necesaria», es decir, una probabilidad objetiva de poder realizarse. Tras la reforma de 2015, el art. 573,1 convierte en delito de terrorismo casi cualquier delito grave cometido con alguna de las finalidades en él previstas, entre ellas, la de provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella, definición que coincide en gran parte con las amenazas con finalidad terrorista del art. 170,1, cuando son condicionales, por lo que habrá que apreciar entre ambos preceptos concurso de leyes a resolver por alternatividad. 136 Según el apartado 2 del art. 170, «serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años, los que, con la misma finalidad y gravedad, reclamen públicamente la comisión de acciones violentas por parte de organizaciones o grupos terroristas» (véase infra, capítulo XXXVIII: terrorismo). B) AMENAZA CONDICIONAL DE MAL NO CONSTITUTIVO DE DELITO Tiene una doble regulación en el art. 171. a) Tipo básico El art. 171,1 dice: «Las amenazas de un mal que no constituya delito serán castigadas con pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses, atendidas la gravedad y circunstancia del hecho, cuando la amenaza fuere condicional y la condición no consistiere en una conducta debida. Si el culpable hubiere conseguido su propósito se le impondrá la pena en su mitad superior.» La estructura es la misma que las amenazas condicionales ya estudiadas, pero aquí el mal con que se amenaza no es delito (o, más concretamente, no constituye uno de los delitos mencionados expresamente en el art. 169). El mal puede consistir en un hecho ilícito (no penal), e incluso también en uno lícito, así, por ejemplo, si se conoce que un sujeto ha cometido una irregularidad administrativa y se le amenaza con denunciarlo a Hacienda (mal lícito), si no entrega determinada suma de dinero (condición). En el fondo, lo importante para poder apreciar el delito del art. 171,1 es la relación existente entre el mal con el que se amenaza y la pretensión que se solicita, que en la medida en que no sea debida, es una pretensión ilícita o, como dice el propio art. 171,1 más gráficamente, no consiste en una «conducta debida». Sin embargo, como inmediatamente vamos a ver al comentar el art. 171,2, cierto tipo de amenazas como la de exigir una determinada cantidad a una persona a cambio de no divulgar determinados hechos relativos a su intimidad, como la homosexualidad, el adulterio, etc., tienen mayor pena. b) Tipo cualificado: el delito de chantaje El art. 171,2 dice: «Si alguien exigiere de otro una cantidad o recompensa bajo la amenaza de revelar o difundir hechos referentes a su 137 vida privada o relaciones familiares que no sean públicamente conocidos y puedan afectar a su fama, crédito o interés, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años, si ha conseguido la entrega de todo o parte de lo exigido, y con la de cuatro meses a dos años, si no lo consiguiere.» Este precepto viene a penalizar expresamente el llamado «chantaje». Ciertamente, en el «chantaje» nos encontramos siempre con que el sujeto que amenaza o chantajea impone una condición (normalmente, que se le entregue una cantidad de dinero a cambio de su silencio, «precio del silencio»), pero los hechos sobre los que recae («hechos de la vida privada o relaciones familiares que no sean públicamente conocidos y puedan afectar a su fama, crédito o interés») y la trascendencia que pueden tener no sólo en la libertad del sujeto amenazado, sino en su honor e intimidad, ha llevado al legislador a darle un tratamiento punitivo más grave que el de otras amenazas condicionales de mal no constitutivo de delito. Muchas veces el hecho con cuya revelación se amenaza puede ser irrelevante desde el punto de vista jurídico (por ej., homosexualidad), pero en la medida en que social y objetivamente pueda valorarse como algo negativo para la reputación social del amenazado, éste puede verse obligado a cumplir con la condición que le impone el chantajista (entrega de una cantidad o recompensa). Con mucha mayor razón puede el chantajeado cumplir con la condición que le impone el chantajista cuando la amenaza consista en revelar o denunciar la comisión de algún delito, de ahí que el apartado 3 del mismo art. 171, siguiendo un discutible principio de oportunidad y con el objeto de facilitar el castigo del chantaje, conceda una especie de excusa absolutoria para el delito con cuya revelación se hubiere amenazado, salvo que éste tuviera pena de prisión superior a dos años; pero incluso en este caso, el mismo precepto permite que el juez o tribunal rebaje la pena del delito en cuestión en uno o dos grados. Esta generosidad del legislador para con el chantajeado no puede, sin embargo, admitirse en los casos en que sea la propia víctima del delito por él cometido el que le exige la cantidad o recompensa a modo de indemnización cuando tiene derecho a la misma, pues en este caso la condición impuesta es una «condición debida» que, igual que en el supuesto del art.
171,1, convertiría en atípicas la amenaza y la exigencia de la condición. Pero si el sujeto (que puede ser también su abogado) pretende aprovecharse de la situación y exigir una cantidad superior a la debida, entonces se comete este 138 delito. Y lo mismo sucede cuando el que amenaza con denunciar no es el perjudicado por el delito, ni su abogado o representante legal, sino un tercero que quiere sacar provecho de la situación, porque para este tercero la condición que impone a cambio de no denunciar no consiste en una «conducta debida». Por otra parte, si la divulgación de estos hechos es constitutiva de un delito de injurias o contra la intimidad, habrá que incluir la amenaza en el nº 1º del art. 169 (amenaza de mal constitutivo de delito). C) AMENAZAS LEVES Tras la supresión de las faltas en la reforma de 2015, se ha añadido un apartado 7 al art. 171 en cuyo primer párrafo se castiga, mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, con multa de uno a tres meses, al que de modo leve amenace a otro.
En la anterior regulación, la jurisprudencia entendía que la diferencia entre el delito y la falta radicaba en la gravedad, seriedad y credibilidad de la conminación del mal con que se amenaza, lo que debía de determinarse según las circunstancias del caso, criterio de distinción que seguramente se mantendrá ahora para diferenciar el tipo básico de este tipo privilegiado. Amenazas leves en el ámbito de la violencia de género, doméstica y asistencial. El párrafo segundo del apartado 7 del art. 171 dispone: «Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, la pena será la de localización permanente de cinco a treinta días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses, ésta última únicamente en los supuestos en los que concurran las circunstancias expresadas en el apartado 2 del artículo 84. En estos casos no será exigible la denuncia a que se refiere el párrafo anterior». Sin embargo, si la amenaza leve contra estos sujetos se realiza con armas o instrumentos peligrosos, o si la víctima es mujer que esté o haya estado ligada, aun sin convivencia, con el que la amenaza, o una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, el hecho se castiga más gravemente (llegando incluso a poder imponerse pena de prisión) en el art. 171,4 y 5, donde se prevén además una serie de tipos cualificados. El régimen punitivo es similar al previsto en los arts. 153 y 172, y complementa el delito contra la integridad moral previsto en el art. 173,2, a cuya exposición en el capítulo VIII nos remitimos. Concursos Es de tener en cuenta que si la amenaza se dirige contra determinadas personas (Jefe de Estado, Ministro, etc.) son de aplicación los 139 tipos que prevén especialmente estas figuras (cfr. arts. 490,2, 498, 504, 550, etc.). En el caso en que se realice de forma inmediata el mal que se amenaza y éste fuera constitutivo de algún delito, la amenaza se consume por estos delitos, pero no si existe un lapso de tiempo entre la amenaza del mal y su realización. Por otro lado, al igual que las coacciones, a menudo las amenazas no son más que medios de comisión de otros delitos. En muchos otros lugares del Código se tipifican delitos cuya modalidad ejecutiva típica consiste en la aplicación de violencia o intimidación en las personas (agresión sexual, art. 178; robo con intimidación, art. 242; extorsión, art. 243; usurpación, art. 245; etc.), constituyendo delitos complejos en una unidad que sólo puede considerarse separadamente en algunos casos como, por ejemplo, en la tentativa cualificada en el desistimiento voluntario de consumar el delito. Por lo demás, cabe perfectamente aplicar las reglas del concurso de delitos en los casos en que las amenazas o coacciones no sean elementos típicos de otros delitos, como, por ejemplo, en el delito previsto en el art. 542: impedir a una persona el ejercicio de los derechos cívicos reconocidos por las leyes.
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